Tràmites extrajudiciales y el principio de acceso a la justicia (Artìculo jurìdico)

TRÀMITES EXTRAJUDICIALES Y EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA

EN EL MARCO DE LA SENTENCIA TC/0085/13 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por.: Yoaldo Hernández Perera

(Edición de Gaceta Judicial de agosto 2014)

RESUMEN

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La jurisprudencia ha sido errante en torno al carácter obligatorio de tramitaciones extrajudiciales instituidas en leyes especiales. Por un lado, se sostuvo que esos trámites no debían ser imperativos, pues violarían el principio de acceso a la justicia y, en otro sentido, se estatuyó confiriendo un carácter de obligatoriedad de dichas tramitaciones. Pero de manera más reciente, se ha venido interpretando que el Tribunal Constitucional se ha inclinado por sostener que una tramitación extrajudicial previa no viola el citado principio de acceso a la justicia, y por aplicación del principio de vinculatoriedad instituido en el artículo 7.13 de la Ley No. 137-11, los preceptos emanados de esta última alta corte son vinculantes a los tribunales inferiores.

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PALABARAS CLAVES

Trámites extrajudiciales, leyes especiales, Constitución, acceso a la justicia, jerarquía, jurisprudencia ordinaria, Tribunal Constitucional, principio de vinculatoriedad, interpretación extensiva, procedimiento civil, fin de inadmisión, República Dominicana.

Existen leyes que prevén tramitaciones extrajudiciales, previo al lanzamiento de demandas en sede judicial, tales como la Ley No. 146-02, sobre Seguros y Fianzas, Ley 172-13 (derogatoria de la Ley No. 288-05) sobre Burós de Crédito, Ley No. 173 sobre Agentes Importadores; Ley No. 358-05, General de los Derechos del Consumidor o Usuario, etc.

 Ha sido controvertida la cuestión de saber si este tipo de tramitaciones choca con el principio constitucional de acceso a la justicia. En el caso concreto de la materia de seguros, la Suprema Corte de Justicia sostuvo en primer término que la etapa de arbitraje[1] prevista en la Ley No. 146-02 no afecta el acceso a la justicia de las personas, sino que regula su derecho de acción, logrando descongestionar los tribunales, pues eventualmente las partes llegan a un avenimiento[2]. Sin embargo, un año después el criterio de nuestro máximo órgano del Poder Judicial varió, sosteniendo que la consabida fase previa y extrajudicial no debe ser imperativa, pues de imponerse a las partes sí habría una violación al principio de acceso a la justicia, el cual tiene rango constitucional[3].

También en materia de Ley No. 288-05, hoy derogada por la Ley No. 172-13[4], existen precedentes que se inclinan por declarar inconstitucional, por la vía difusa, la etapa previa y extrajudicial instituida antes de cualquier demanda ante la justicia ordinaria, en reclamación a los Burós de Crédito por publicaciones crediticias; criterios estos fijados tanto a nivel de cortes de apelación[5] como de Suprema Corte de Justicia[6].

La discusión sobre el carácter obligatorio de las tramitaciones extrajudiciales instituidas en leyes adjetivas ha sido ya abordada, incluso en artículos previos publicados en esta misma revista. En esta discusión, particularmente, hemos externado nuestra inclinación por el criterio que promueve la insostenibilidad del carácter imperativo de estos trámites, por chocar con el principio constitucional de acceso a la justicia. El punto novedoso que agrega un nuevo elemento al debate es el criterio externado por el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia TC/0085/13, dictada con ocasión de una demanda lanzada a la luz de la Ley No. 173 sobre Agentes Importadores.

En esta sentencia, la referida  alta corte ha interpretado que el hecho de que la Ley No. 173 establezca una fase de registro del contrato ante el Banco Central, así como una conciliación ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, previo a la demanda en sede judicial, en nada viola la tutela judicial ni la consecuente prerrogativa de acceso a la justicia de que son acreedoras las personas, ya que –a juicio de este tribunal-  ese trámite no impide el ejercicio del derecho de acción en los tribunales ordinarios, una vez se cumplan las condiciones requeridas legalmente, a saber:

 

“(…) La empresa accionante señala en su escrito introductivo que las disposiciones del artículo 10 de la Ley No. 173, sobre Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo cual, a juicio de este tribunal, constituye una aseveración jurídicamente incierta, en vista de que el referido artículo dispone que los agentes o distribuidores concesionarios deben registrar con carácter obligatorio los datos de las empresas extranjeras en cuyo nombre actúan como representantes dentro del territorio nacional, así como el plazo en el cual ha de realizarse dicho registro, a fin de legitimar la libertad de comercio que surge de un contrato de concesión suscrito entre ambas partes, requisito, que en nada perjudica a la accionante en cuanto al acceso al sistema de acciones y mecanismos jurisdiccionales que supone el derecho a la tutela judicial efectiva (…) el artículo 7 de la atacada Ley No. 173-66, sobre Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, modificada por la Ley No. 622, de fecha veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos setenta y tres (1973), establece los mecanismos y condiciones requeridas para ejercer cualquier acción interpuesta de conformidad con dicha ley; prescribe que en caso de conflicto, previamente será solicitada a la Cámara de Comercio y Producción que conozca sobre la conciliación entre el concedente y el concesionario y en caso de que en la etapa conciliatoria sea levantada acta de no acuerdo, se procederá con la demanda, la cual, al igual que las demás acciones sucesivas, estará regida por el derecho común, siendo protegido de este modo el derecho a la tutela judicial efectiva. (…) al preceder a la inscripción de datos, el concesionario queda habilitado para acceder válidamente a la etapa conciliatoria ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y eventualmente acceder a los tribunales civiles a reclamar los derechos derivados del referido artículo 7 de Ley No. 173-66 y sus modificaciones[7]. (Subrayado del autor)

 

El precedente esbozado ut supra, el que por aplicación del principio de vinculatoriedad instituido en el artículo 7.13 de la Ley No. 137-11 (Modificada por la Ley No. 145-11), Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, se impone a los tribunales inferiores, ha venido siendo invocado extensivamente en los procesos judiciales, respecto de fases previas y extrajudiciales instituidas en otras leyes especiales, tales como la Ley No. 146-02, Ley No. 172-13 (derogatoria de la Ley No. 288-05), etc., y se ha hecho aludiendo el carácter vinculante de las decisiones Tribunal Constitucional.

 

El ejercicio hecho por algunos letrados consiste, en acopio de una interpretación extensiva, en interpretar que toda fase previa y extrajudicial consignada en leyes adjetivas debe equipararse para los fines de estudiar la posible vulneración del principio de acceso a la justicia; que independientemente de que cada ley rige para un área particular, el test de razonabilidad en estos casos, por versar sobre un tema constitucional, como lo es el acceso a la justicia, es genérico.

 

Con esta tesis los demandados en las materias donde apliquen fases previas, fundamentan fines de inadmisión contra las demandas lanzadas en esas áreas en sede judicial, por falta de agotamiento de dicha tramitación extrajudicial.

 

En nuestro concepto, no es cierto que a partir del dictado de la Sentencia TC/0085/13 todas las fases previas y extrajudiciales consagradas en diversas leyes adjetivas son obligatorias. Es incorrecta la invocación del principio de vinculatoriedad del artículo 7.13 de la Ley No. 137-11, de manera extensiva. El precedente ha sido establecido en la materia concreta de Ley No. 173 sobre Agentes Importadores, atendiendo a las particularidades de ese tipo de contratación, de cara a la utilidad de la norma, la cual ha de disponer sólo para lo que sea justo y útil.

 

Cada situación, a nuestro juicio, debe ser estudiada de manera particular; con lo cual, hasta tanto se produzcan sentencias del Tribunal Constitucional que versen sobre cada materia en particular, en lo que a las fases previas se refiere, no han de estar los tribunales inferiores atados a un criterio establecido, si bien de manera vinculante, pero en relación a una situación específica. Por vía de consecuencia, en nuestro entendimiento no desconocen el ordenamiento actual las sentencias que, al margen del caso concreto de la Ley No. 173 sobre Agentes Importadores, persisten en el rechazo de medios de inadmisión basados en la falta de agotamiento de alguna fase previa instituida en una ley adjetiva, ya que esto, de concebirse como un imperativo a las partes, violaría –sin dudas-  el principio constitucional de acceso a la justicia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÌA

 

HERNÀNDEZ PERERA, Yoaldo. “Soluciones Procesales, ante los Juzgados de Paz y de Primera Instancia”, 2da. Edición. Editora Búho, SRL, 2011. Reimpresión 2014. 

 

______________ Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas en la República Dominicana.

 

______________ Ley No. 288-05, que Regula las Entidades de Intermediación Crediticia y Protección al Titular de la Información.

 

______________ Ley No. 172-13, sobre Protección Integral de los Datos Personales Asentados en Archivos, Registros Públicos, Bancos de Datos u otros Medios Técnicos de Tratamiento de Datos Destinados a dar Informes.

 

_______________ Ley No. 173 Sobre Protección de Agentes Importadores de Mercaderías y Productos.

 

________________ Ley No. 358-05, General de los Derechos del Consumidor o Usuario.

 

Sentencia TC/0085/13, dictada en fecha 4 del mes de junio del año 2013.

 

Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 24 de agosto de 2011 (No compendiada)

 

Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 29 de agosto de 2012 (No compendiada)

 

Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 20 de marzo de 2013 (No compendiada)

 

Sentencia dictada en fecha 27 de mayo de 2009, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

 

 

 



[1] No es, en derecho estricto, un arbitraje lo que prevé la Ley No. 146-02, es más bien una etapa de conciliación para llegar a un punto de entendimiento en torno al monto de los daños a pagar por la aseguradora.

[2] Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 24 de agosto de 2011, No. 26,  B. J. No. 1209

[3] Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 29 de agosto de 2012, No. 80, B. J. No. 1221.

[4] Al momento de redactar estas líneas, esta Ley No. 172-13 no figura formalmente publicada en la Gaceta Oficial. La misma fue objeto de una acción principal en inconstitucionalidad, cuyo desenlace no ha llegado; probablemente esa situación ha atrasado su publicación. Pero lo cierto es que tenemos constancia de que en el ámbito bancario, ya la Superintendencia de Bancos ha dado instrucciones a las diversas instituciones de intermediación financiera, para que actualicen los formatos de contratos, incluyendo la Ley No. 172-13, en sustitución de la Ley No. 288-05, lo cual es un indicador de que se ha estado aplicando ya la reciente normativa de referencia.

[5] Sentencia dictada en fecha 27 de mayo de 2009, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

[6] Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 20 de marzo de 2013.

[7] Sentencia TC/0085/13, dictada en fecha 4 del mes de junio del año 2013

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