(Precisiones jurídicas)

Sobre el recurso de revisión por causa de error material y el alcance de la noción de “órgano competente”, prevista en el artículo 84 de la L. 108-05. Por regla procesal general, el tema recursivo es de orden público y, por tanto, cualquier irregularidad en la tramitación de los diferentes recursos, ha de ser suplida de oficio por los tribunales del orden judicial. El objeto del recurso de revisión por causa de error material lo constituyen, según el capítulo II de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, las decisiones jurisdiccionales dictadas por los tribunales del orden inmobiliario. Justamente, bajo ese epígrafe (contra decisiones jurisdiccionales) se desarrollan en la aludida normativa el recurso de apelación, de casación, de revisión por causa de error material y de revisión por causa de fraude.

Reglamentariamente, los alcances del citado recurso de revisión por causa de error material fueron extendidos a los órganos administrativos de la JI, a saber: Registro de Títulos (art. 175 y sgts.) y Mensuras Catastrales (art. 218 y siguientes). Pero, asumiendo que es válida dicha ampliación recursiva por la vía reglamentaria, al margen del contenido original de la ley, el objeto de cada acción recursiva variaría: decisiones jurisdiccionales, respecto de los tribunales; actuaciones registrales, respecto del Registro; y finalmente, actuaciones técnicas de mensuras, en el caso de dicho órgano administrativo.

Se trata, pues, de un recurso legalmente concebido únicamente para las decisiones de los tribunales de tierras y que por la vía reglamentaria se ha ampliado su alcance a las actuaciones del Registro y de Mensura. En ningún caso, lógicamente, se ha concebido la “secretaría del tribunal” como un órgano que “dicta sentencia susceptible de corrección”.

Por vía de consecuencia, es incorrectísima la declinatoria ante la secretaría del tribunal dispuesta judicialmente, pretextando que el error invocado “fue cometido en aquella dependencia”. La norma, en sentido lato, ha de interpretarse de forma integral, no fragmentada. Por consiguiente, el artículo 84 de la ley que rige la materia, que es el que se invoca para decidir en el sentido descrito, debe verse en armonía con el 83, visto: Art. 83.- Definición. Es la acción que, sin pretender afectar un derecho o cuestionar el fondo de una decisión de los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, se interpone para corregir un error puramente material”. (Subrayado nuestro). Un elemental método teleológico de interpretación de la norma pone de relieve que lo que ha querido el legislador (en el caso de las decisiones judiciales, al tenor de la L. 108-05, al margen de lo que luego prevíeron los reglamentos de Registro y de Mensura) es que un tribunal revise un error material contenido una decisión que ha dictado. Es una vía recursiva destinada, pues, a las decisiones jurisdiccionales (contenciosas y graciosas), a ser conocida por los tribunales de tierras.

El consabido artículo 84, cuando habla de “órgano que generó esta acción”, obvio que se refiere al tribunal que ha emitido la decisión con el error incurso. La secretaria es una funcionaria que forma parte del tribunal; es éste (tribunal) el que ha de ordenar, en caso de proceder, que sea corregido el error de que se trate (error en un “decreto registro”, etc.). La secretaria es una canalizadora de las decisiones judiciales y vela, a su vez, por la operatividad del tribunal. Pero salta a la vista que no se trata de un “órgano” que se encuadre dentro de los preceptos del comentado artículo 84, que prevé quién debe conocer la revisión por causa de error materia, en el marco de las decisiones judiciales.

Cuando el objeto del recurso es una actuación administrativa del Registro de Títulos o de Mensuras Catastrales, dado que por la vía reglamentaria se ha ampliado el radio de aplicación de la revisión por causa de error material a dichas actuaciones, ha de tenerse en cuenta que el objeto es distinto, según se trate de una decisión jurisdiccional, de una actuación registral o de una técnica, de Mensuras.

De suerte y manera, que resulta improcedente declarar la “incompetencia” de un tribunal de tierras para conocer de revisión por causa de error material, porque supuestamente el órgamo que ha cometido el error ha sido Registro o Mensuras. En rigor procesal, como se trata de una acción que se ha interpuesto ante un órgano determinado, en este caso un tribunal, y la decisión emanada de dicho órgano no contiene el error denunciado, la respuesta ha de ser el rechazo, pura y simplemente, no la declinatoria por supuesta “incompetencia”. En efecto, si se ha reclamado un “error” que no es tal, por no estar ubicado en la decisión alegada, debe rechazarse la revisión y que la parte interesada promueva otro recurso de revisión, pero esta vez dirigido a una actuación registral o técnica, según sea emitida por el Registro o por Mensuras, y que el órgano en cuesitón determine si ha cometido o no tal error.

Ese pernicioso “pin pon”, de incompetencia y declinatoria en el descrito contexto, si bien ha sido “costumbre”, no por ello debe tenerse como ley. Es incorrecto, y punto. Lo viable -volvemos a repetir- es acoger o rechazar la revisión, dependiendo de si la decisión emitida por el órgano apodrerado tiene o no un error. Y el tema de la “incompetncia” ha de reservarse para casos que realmente proceda, tales como la situacón de que el error de una decisón judicial se someta ante un tribunal que no la dictó; o que el error de una actuación registral se someta ante un Registrador que no ha dictado tal actuación o, en su caso, que un error en una actuación técnica de una direccción regional de Mensuras se someta ante otra dirección regional.

Tradicionalmente, el aspecto procesal en la Jurisdicicón Inmobiliaria ha sido un “talón de Aquiles”. Es hora de ir fortaliciendo esa debilidad, aplicando las preglas procesales en su justo contexto.

 

 

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