{"id":139,"date":"2014-11-04T02:29:10","date_gmt":"2014-11-04T02:29:10","guid":{"rendered":"http:\/\/yoaldo.org\/?p=139"},"modified":"2014-11-04T02:29:10","modified_gmt":"2014-11-04T02:29:10","slug":"estudio-critico-del-proceso-civil-ensayo","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/yoaldo.org\/?p=139","title":{"rendered":"Estudio cr\u00edtico del proceso civil (Ensayo)"},"content":{"rendered":"

3.2 PROCESO CIVIL, A LA LUZ DEL C\u00d3DIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

________________________________________________________________<\/span><\/p>\n

SUMARIO<\/span><\/strong><\/i><\/b><\/p>\n

El C\u00f3digo de Procedimiento Civil instituye a partir de su art\u00edculo 59 un proceso lineal, esto es, que no est\u00e1 dividido en etapas espec\u00edficas para incidentes, medidas de instrucci\u00f3n, etc., sino que toda pretensi\u00f3n ha de promoverse ante el tribunal, de manera oral, p\u00fablica y contradictoria, una vez se aperture la instancia, y durante toda la sustanciaci\u00f3n de la causa. El \u00fanico \u201ccorte\u201d que tiene este proceso es la etapa In limine litis, en la que deben proponerse las excepciones; y es que tan pronto se propongan fines de inadmisi\u00f3n o conclusiones al fondo, precluye el momento procesal para las excepciones; salvo que se trate de una excepci\u00f3n de nulidad de fondo, y se justifique alguna imposibilidad material de proponerse en el referido momento ideal (caso excepcional). <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Para principiar el proceso, el demandante emplaza en la octava franca al demandado mediante acto de alguacil instrumentado a la luz del art\u00edculo 61 del indicado c\u00f3digo. Vencido el referido plazo franco, la parte m\u00e1s interesada (usualmente el demandante) solicita la fijaci\u00f3n de audiencia ante el tribunal competente, el cual procede a fijar un d\u00eda para celebrar la audiencia. Una vez fijada la audiencia, la parte que la ha promovido est\u00e1 llamada a notificar dicha fecha a la contraparte, mediante el correscpondiente acto recordatorio o avenir, a fin de que est\u00e9 presente ese d\u00eda y produzca sus conclusiones. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/p>\n

La usanza es que en la primera audiencia el expediente est\u00e1 vac\u00edo y las partes (incluyendo al propio demandante) solicitan una medida de comunicaci\u00f3n de documentos para depositar la documentaci\u00f3n de lugar. Una vez completa la glosa procesal, las partes producen conclusiones: sea incidentalmente (excepciones, inadmisiones o medidas de instrucci\u00f3n) o al fondo (lo que pretende cada cual en relaci\u00f3n a la parte petitoria de la demanda: que se acoja o que se rechace). <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

Se estila que los tribunales, salvo que se trate de algo elemental, o que por su naturaleza sea factible decidirlo en el momento<\/span>[1]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a>, acumulan las cuestiones incidentales para decidirlas conjuntamente con el fondo, pero por dispositivos distintos. Este mecanismo ha surgido como una manera de evitar que los procesos sufran dilaciones innecesarias, mediante apelaciones contra sentencias incidentales y el consecuente pedimento de sobreseimiento, hasta tanto se resuelva la apelaci\u00f3n en la alzada. Esto as\u00ed, atendiendo a que muchas veces las apelaciones se incoaban con el exclusivo prop\u00f3sito de retardar el fondo de la causa. Adem\u00e1s de que, en franca deslealtad procesal, se utilizaba mucho la estrategia de apelar sentencias preparatorias, que en buen derecho no son apelables m\u00e1s que conjuntamente con el fondo; y como consecuencia de dicho recurso inapropiado, de igual manera se peticionaba el sobreseimiento de la causa.<\/span>\u00a0 <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

Una vez resueltos o acumulados los incidentes, e instrumentadas las medidas de instrucci\u00f3n, en caso de haber sido dispuestas -a petici\u00f3n de partes o de oficio- el tribunal concede plazos discrecionales, a fin de que las partes aporten escritos justificativos de conclusiones, quedando el expediente en estado. El proceso estar\u00e1 en condiciones de ser fallado al momento de vencer los referidos plazos para ampliar motivaciones: cuando todo eso se cumpla, entonces se dice que el proceso est\u00e1 en estado y en condiciones de ser fallado. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

En suma, el proceso previsto en el CPC comprende los siguientes pasos: 1.-<\/span><\/strong><\/b><\/span><\/span> Emplazamiento, a cargo del demandante; <\/span>2.-<\/span><\/strong><\/b> Constituci\u00f3n de abogado, por parte del demandado; <\/span>3.-<\/span><\/strong><\/b> Solicitud de fijaci\u00f3n de audiencia, por la parte m\u00e1s diligente (normalmente el demandante); <\/span>4.-<\/span><\/strong><\/b> Fijaci\u00f3n de audiencia por parte del tribunal; <\/span>5.-<\/span><\/strong><\/b> Notificaci\u00f3n a la contraparte de la fecha de audiencia asignada por el tribunal; <\/span>6.-<\/span><\/strong> Producci\u00f3n de conclusiones de las partes, en audiencia (incidentales, de fondo o ambas); <\/span>7.- <\/span><\/strong>Fallo del tribunal, dentro de los noventa d\u00edas que prev\u00e9 la Ley de Organizaci\u00f3n Judicial. <\/span><\/i><\/p>\n

________________________________________________________________<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

3.2.1 Emplazamiento al demandado<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

El proceso civil instituido en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a partir espec\u00edficamente del art\u00edculo 59<\/span>[2]<\/span><\/span><\/a>, principia con el emplazamiento que hace el demandante al demandado, a fin de notificarle la demanda que al efecto se ha entablado; al tiempo de conminarlo para que en la octava franca constituya abogado.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Antes del vencimiento del referido plazo franco, el demandante no puede perseguir audiencia, ya que se trata del plazo m\u00ednimo<\/span>[3]<\/span><\/span><\/a> para que la parte demandada tenga oportunidad de conseguir el abogado de su elecci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La consecuencia procesal de que se persiga audiencia antes de la octava franca es la nulidad de la audiencia, por violaci\u00f3n al derecho de defensa del demandado. Sin embargo, muchas veces el remedio procesal que se peticiona a los tribunales en este caso, es la declaratoria de \u201cmal perseguida la audiencia\u201d<\/span><\/i><\/span><\/span>[4]<\/span><\/span><\/a>, lo cual \u2013en definitiva- produce el mismo efecto: <\/span>la invalidez de la audiencia<\/span><\/i>. Pero en derecho puro, la soluci\u00f3n procesal debe ser la nulidad, ya que conforme al estado actual de nuestro derecho, la sanci\u00f3n aplicable a una violaci\u00f3n de alg\u00fan derecho es la nulidad.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Ahora bien, debe aclararse que el plazo de la octava franca si bien, en principio, es el m\u00ednimo que debe esperar el demandante, antes de proceder a perseguir audiencia; sin embargo, en caso de que la contraparte constituya abogado antes, aun sea al otro d\u00eda de recibir el acto de emplazamiento, perfectamente la parte m\u00e1s interesada pudiera perseguir audiencia. Evidentemente, en caso de haber varios demandados, debe aguardarse hasta que todos constituyan abogados: si son tres codemandados y s\u00f3lo uno constituye al tercer d\u00eda, por ejemplo, no podr\u00eda el demandante perseguir audiencia a partir de ese tercer d\u00eda; debe esperar que se venza la octava para v\u00e1lidamente perseguir audiencia, sino ser\u00eda nula la misma, por violaci\u00f3n al derecho de defensa de los dos restantes codemandados incomparecientes. <\/span><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Es importante destacar que el tiempo m\u00e1ximo que puede durar el demandante desde que emplaza al demandado para perseguir audiencia, son tres a\u00f1os; pues ese es el lapso legal para la perenci\u00f3n. Sin embargo, no debe perderse de vista que la perenci\u00f3n no opera de pleno derecho; por tanto, deber\u00eda ser pedida por la \u00fanica parte con inter\u00e9s legal para ello, que es el demandado: perfectamente, un emplazamiento pudiera tener vigencia, si no se reclama la perenci\u00f3n, hasta el momento preciso de cumplirse la prescripci\u00f3n veinte\u00f1al, que ataca al derecho de acci\u00f3n. A diferencia de la perenci\u00f3n, que afecta \u00fanicamente a la instancia.<\/span><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

Sobre la perenci\u00f3n, nos resulta interesante comentar que el Anteproyecto del C\u00f3digo Procesal Civil se aparta sobre este punto de la escuela francesa, positivista por naturaleza, y hace acopio de una tendencia constitucionalista del derecho. As\u00ed, el derecho franc\u00e9s admite casos restringidos para la interrupci\u00f3n de la perenci\u00f3n; lo que deriva la secuela de que el asunto se estudie en funci\u00f3n de \u201cpapelitos fr\u00edos\u201d<\/span><\/i><\/span><\/span>, mediante el empleo de un simple c\u00e1lculo aritm\u00e9tico, observando la fecha del lanzamiento de la demanda y del \u00faltimo acto procesal; o bien comparando el intervalo transcurrido entre un acto del proceso instrumentado despu\u00e9s del emplazamiento y otro posterior; si se verifica exeg\u00e9ticamente que han mediado tres a\u00f1os, pues <\/span>ipso facto<\/span><\/i>, debe declarase la perenci\u00f3n de la instancia.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Por otro lado, el Anteproyecto aboga porque para la perenci\u00f3n no emplee un mecanismo tan fr\u00edo, en base a puros papeles, sino que debe cada juez adentrase a la casu\u00edstica de cada caso, a fin de determinar si, en caso de invocarse, efectivamente, ha mediado en el caso alguna situaci\u00f3n de puro hecho que constituya un obst\u00e1culo de fuerza mayor que haya impedido al accionante instrumentar alg\u00fan acto del procedimiento ante el tribunal apoderado; lo cual, por tratarse de un hecho jur\u00eddico, pudiera ser acreditado por cualquier medio, visto: \u201cArt\u00edculo 112<\/span><\/strong><\/b><\/span><\/span>, p\u00e1rrafo III, del ACPC: \u201cNo operar\u00e1 la perenci\u00f3n cuando la paralizaci\u00f3n del proceso se deba a una causa de fuerza mayor que los litigantes no hayan podido superar con los medios procesales a su alcance\u201d [Sic].<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Sobre esta nueva concepci\u00f3n relativa a las causas de interrupci\u00f3n de la perenci\u00f3n, por ser hoy d\u00eda el derecho comparado una fuente de indiscutible val\u00eda en nuestro reciente derecho constitucionalizado, en la actualidad ya existe el precedente, a nivel de tribunales inferiores, en el sentido de ordenar la comparecencia personal de las partes e informativos testimoniales, para acreditar el hecho jur\u00eddico que constituye la circunstancia de fuerza mayor invocada al efecto, que ha impedido que dentro del plazo <\/span>de tres a\u00f1os<\/span>[5]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i> el demandante d\u00e9 curso a su demanda. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En otro orden de ideas, se ve en la cotidianidad que algunos abogados proceden a llevar a cabo varios tr\u00e1mites mediante un solo acto, lo cual es una manifestaci\u00f3n del principio de concentraci\u00f3n<\/span><\/i><\/span><\/span> del proceso civil<\/span>[6]<\/span><\/span><\/a>. Por ejemplo, mediante el mismo acto de alguacil se intima al demandado a pagar la deuda en al menos un d\u00eda franco y se emplaza para que dentro de la octava franca constituya abogado, a fin de comparecer legalmente a la audiencia a fijar para tales efectos.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Esta pr\u00e1ctica ser\u00e1 v\u00e1lida siempre y cuando se respeten todos los plazos previstos para cada requerimiento. As\u00ed, si se intima a pagar dentro de un d\u00eda franco, y luego se invita a comparecer en la octava, la solicitud de audiencia necesariamente deber\u00e1 llevarse a cabo tomando en cuenta ambos plazos; si se fija audiencia antes de que venza cada uno sucesivamente, operar\u00eda un fin de inadmisi\u00f3n que invalidar\u00eda al demandante para ejercitar su derecho de acci\u00f3n, por el plazo prefijado instituido en el art\u00edculo 44 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978: en el ejemplo propuesto deber\u00edan mediar, en principio, m\u00ednimo 13 d\u00edas antes de la solicitud de fijaci\u00f3n de audiencia, ya que ese n\u00famero es el resultado de la sumatoria de un d\u00eda franco (que en principio se traduce en 3) y de la octava franca (que se convierte en 10, salvas las excepciones legales para cuando termina en d\u00eda feriado, etc.). <\/span><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

A prop\u00f3sito de la pr\u00e1ctica indicada precedentemente, resulta de inter\u00e9s comentar que lo determinante para establecer si se han respetado los plazos procesales en cada caso concreto, para v\u00e1lidamente celebrarse la audiencia, es el momento de la solicitud de fijaci\u00f3n de audiencia, no la fecha en que finalmente el tribunal fije la misma. Aclaramos esto, porque aparecen en los tribunales abogados que pretenden persuadir, en el sentido de que independientemente de que la audiencia se haya solicitado tres d\u00edas despu\u00e9s del emplazamiento, si finalmente \u00e9sta se fija para dentro de tres meses, todo se subsanar\u00eda y la audiencia \u201cdeber\u00eda pasar\u201d.<\/span><\/i><\/span><\/span> Al respecto, preciso es aclarar que taxativamente el art\u00edculo 77 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, establece: \u201cDespu\u00e9s de vencidos los plazos del emplazamiento, cualquiera de las partes podr\u00e1 promover la audiencia\u201d. Por tanto, es evidente que en buen derecho, deben las partes aguardar hasta que se venza el plazo de la octava franca, para entonces promover v\u00e1lidamente (mediante instancia dirigida al tribunal) la audiencia de rigor. Esto as\u00ed, sin menosprecio de la excepci\u00f3n admitida en la pr\u00e1ctica, referida precedentemente, de que si se verifica una constituci\u00f3n de abogado antes, perfectamente se pudiera perseguir audiencia a partir de dicha constituci\u00f3n, l\u00f3gico. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Una estrategia que emplean algunos abogados de la parte demandante para evitar que se prolongue innecesariamente el proceso, es comunicar conjuntamente con el emplazamiento las pruebas que pretenden hacer valer en el juicio; parecido a la realidad procesal en materia laboral. Con este mecanismo se crean las condiciones para peticionar al juez en la primera audiencia, que se rechace la acostumbrada comunicaci\u00f3n de documentos, bajo la pr\u00e9dica de que ya han sido comunicados los mismos. Y en caso de no ser acogido tal ingenioso y sustentable petitorio, se recurre, como plan subsidiario, a solicitar que en caso de otorgarse la comunicaci\u00f3n de documentos (como es costumbre) que sea la \u00fanica. Muchas veces da resultado dicha estrategia, pues \u2013en honor a la verdad- se trata de un mecanismo serio y eficiente. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En las cortes de apelaci\u00f3n suele dar mayor resultado la referida oposici\u00f3n a la acostumbrada comunicaci\u00f3n de documentos en la primera audiencia, para el demandante ganar tiempo en la tramitaci\u00f3n de su demanda, ya que como es sabido, en dicha jurisdicci\u00f3n de segundo grado la comunicaci\u00f3n de documentos es opcional. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Por otro lado, una t\u00e1ctica que suelen usar los abogados representantes de la parte demandada es, cuando les interesa que se conozca r\u00e1pido la demanda lanzada en su contra<\/span>[7]<\/span><\/span><\/a>, perseguir ellos audiencia tan pronto reciben el acto de emplazamiento; al tiempo de notificar mediante el mismo acto de constituci\u00f3n de abogados, las piezas que aportar\u00e1n para fundar sus medios de defensa. As\u00ed, en caso del demandante pretender solicitar en la primera audiencia, la habitual comunicaci\u00f3n de documentos, tener un argumento v\u00e1lido para oponerse: <\/span>que ya las piezas han sido comunicadas. Lo cual fuerza al proponente de la medida a probar la seriedad de su pedimento.<\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

Asimismo, los abogados de la parte demandada, muchas veces para ganar tiempo, peticionan la nulidad del acto, o bien el aplazamiento de la audiencia, a fin de que el abogado representante de la parte demandante indique expresamente la direcci\u00f3n de su cliente en el acto introductivo de demanda; esto as\u00ed, bajo la pr\u00e9dica de que en caso de no constar dicha direcci\u00f3n de manera expresa, no ser\u00eda posible notificar v\u00e1lidamente el emplazamiento para la apelaci\u00f3n; ya que no necesariamente el abogado de primera instancia ser\u00e1 el mismo en la alzada, y la ley expresa que ese acto contentivo del recurso es a persona que debe hacerse. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Dicho petitorio carece de sostenibilidad jur\u00eddica, ya que, en palabras de la Suprema Corte de Justicia: \u201csi bien es cierto que el acto de apelaci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 456 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe, a pena de nulidad, ser notificado a la propia persona del recurrido o en su domicilio, no menos cierto es que dicha notificaci\u00f3n tambi\u00e9n es v\u00e1lida si se hace en el domicilio de elecci\u00f3n que figura en el acto de notificaci\u00f3n de la sentencia de primer grado, m\u00e1xime si el notificante elige dicho domicilio para todas las consecuencias legales de ese acto de notificaci\u00f3n de sentencia\u2026\u201d<\/span>[8]<\/span><\/span><\/a><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Sobre el acto de emplazamiento, muchas veces ocurre que los ministeriales no notifican dicho acto en la direcci\u00f3n que indica el cuerpo del mismo, y lo que hacen es que en una nota al final aclaran que el referido documento se notific\u00f3 realmente en otra direcci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Lo propio en estos casos ser\u00eda que el alguacil actuante indique en la l\u00ednea en blanco dejada para completar con las generales de quien haya recibido el acto, una \u201cnota\u201d que refiera \u201cver al final\u201d<\/span><\/i><\/span><\/span>. Y, en efecto, entonces al final del acto que aclare que no notific\u00f3 \u00e9ste en el lugar que se menciona en el cuerpo de la escritura, sino en aquel indicado al final <\/span>(generalmente lo hacen mediante anotaciones manuscritas, pero con el sello que da constancia de fe p\u00fablica)<\/span><\/i>. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Con este \u00faltimo mecanismo para dar cuenta de que el acto de emplazamiento realmente se notific\u00f3 en otro lugar, se evitan confusiones, en el sentido de que en la primera parte se diga que hubo un traslado, por ejemplo, a la Calle Mois\u00e9s Garc\u00eda y se habl\u00f3 con \u201cfulano de tal\u201d<\/span><\/i><\/span><\/span>, pero antag\u00f3nicamente al final del mismo acto haya una nota diciendo que realmente se notific\u00f3 en la Josefa Brea, en el Luper\u00f3n, y all\u00ed fue que realmente habl\u00f3 con <\/span>\u201cfulano de tal\u201d<\/span><\/i>. Contradicci\u00f3n esta que pudiera implicar la nulidad del emplazamiento, aun de oficio, por parte del juez que presida el proceso; esto as\u00ed, en caso de ser en defecto que se conozca el asunto, pues si ambos est\u00e1n presentes, se ha admitido que habr\u00eda que probar un agravio. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

No resulta ocioso aclarar que todas las menciones que indica el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil son de forma<\/span>[9]<\/span><\/span><\/a>. Por tanto, la inobservancia de alguna de ellas genera una nulidad de forma, no de fondo como generalmente suele, equ\u00edvocamente, interpretarse. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En ese sentido, en vista de que la inobservancia de alguna indicaci\u00f3n prevista en el citado art\u00edculo 61 produce una nulidad de forma, procesalmente para invocarla debe probarse un agravio: Si se denuncia que no se indic\u00f3 en el acto el nombre completo del ministerial, o del tribunal, etc., debe probarse al tribunal qu\u00e9 agravio ha producido dicha omisi\u00f3n, en t\u00e9rminos de violaci\u00f3n del derecho de defensa o bien cualquier otra prerrogativa procesal. <\/span><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

Una deficiencia que recurrentemente afecta los actos de alguacil es que, en casos de notificaciones a domicilio desconocido, de conformidad con el art\u00edculo 69.7 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el ministerial no indica que real y efectivamente se ha trasladado ante el procurador fiscal, como manda la ley<\/span>[10]<\/span><\/span><\/a>; sino que se limita a mencionar que notific\u00f3 a domicilio desconocido por no haber encontrado el domicilio del demandado. Evidentemente, en estos casos el acto debe ser anulado; m\u00e1xime cuando se trata, como es lo usual, de un defecto: <\/span>Los jueces del fondo deben ser muy cautos al momento de pronunciar un defecto; deben constatar que la parte incompareciente haya sido convocada debidamente para la audiencia, a fin de ejercer una tutela judicial efectiva, al tenor del art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n proclamada el 26 de enero de 2010.<\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Por otro lado, algunas oficinas de abogados, para \u201ccurarse en salud\u201d<\/span><\/i><\/span><\/span>, registran<\/span>[11]<\/span><\/span><\/a> todos los actos que instrumenten en un proceso<\/span>[12]<\/span><\/span><\/a>; pero lo cierto es que para fines de emplazar a una parte para que constituya abogado y comparezca al proceso, no es menester llevar a cabo dicho registro. As\u00ed, la mayor\u00eda de los tribunales de la Rep\u00fablica dan como bueno y v\u00e1lido el acto de emplazamiento que no est\u00e1 registrado; postura con la cual comulgamos, ya que se trata de un acto que tiene esencialmente efectos <\/span>inter partes<\/span><\/i>, en raz\u00f3n de que incumbe esencialmente al requirente y al requerido: <\/span>Cuando se emplaza no se pretende oponer el emplazamiento a terceras personas, lo que debe revisar el tribunal es que el acto haya efectivamente llegado a su destinatario, siendo los terceros ajenos a dicha revisi\u00f3n.<\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Sobre el registro de los emplazamientos ha sido juzgado que \u201c\u2026 independientemente de que la omisi\u00f3n del registro de los actos procesales no est\u00e1 sancionada por la ley con su nulidad, dicha eventualidad s\u00f3lo acarrea el pago de una sanci\u00f3n pecuniaria a cargo del alguacil actuante, que no incide en la validez procesal del mismo entre las partes envueltas en el acto de que se trate, salvo desde luego, la oponibilidad de su contenido frente a terceros por carecer de fecha cierta\u2026<\/span>[13]<\/span><\/span><\/a>\u201d <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La Suprema Corte de Justicia ha juzgado que la conjunci\u00f3n indefinida de \u201cY\/O\u201d<\/span><\/i><\/span><\/span> para notificar no es v\u00e1lida, ya que dicha indeterminaci\u00f3n impide que se sepa realmente a qui\u00e9n es que se est\u00e1 emplazando<\/span>[14]<\/span><\/span><\/a>. En caso de estar las partes presentes en el tribunal, habr\u00eda que probar un agravio, pero cuando se trata de un proceso en defecto, mayoritariamente los tribunales, en acopio de una tutela judicial efectiva, disponen la rectificaci\u00f3n del acto o, en el peor de los casos, la nulidad de \u00e9ste. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Igualmente, ha sido admitido que cuando se trata de una pareja matrimoniada, un solo traslado a la vivienda conyugal es suficiente para llevar a cabo satisfactoriamente la notificaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En el caso de las entidades comerciales, la Ley No. 259, art\u00edculo 3, derogatoria de la denominada ley <\/span>Alfonseca-Salazar<\/span>[15]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>, permite que sean notificadas tanto en la cede principal como en cualquier sucursal instalada en una localidad distinta. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Por otro lado, en lo relativo al emplazamiento, en materia de liquidaci\u00f3n de astreinte, se suele peticionar al tribunal la nulidad de la demanda, o simplemente de la audiencia, sobre la base de que para fines de esa instancia sobre liquidaci\u00f3n, no se instrument\u00f3 un emplazamiento con constituci\u00f3n para constituir abogado como manda el proceso civil. Al respecto, preciso es aclarar que en el estado actual de nuestro derecho, \u201c\u2026 con la solicitud de liquidaci\u00f3n de la astreinte no se inicia una nueva instancia, pues no se trata de un proceso distinto o diferente, sino que la misma es la continuaci\u00f3n de la instancia en el curso de la cual ella es pronunciada y que constituye su desarrollo y continuaci\u00f3n\u2026\u201d<\/span>[16]<\/span><\/span><\/a>. Con lo cual, el planteamiento que ocupa nuestra atenci\u00f3n carece de m\u00e9ritos y, por tanto, debe ser rechazado: <\/span>un simple acto de recordatorio o avenir ser\u00eda suficiente para que sea v\u00e1lida la audiencia; y en caso de no presentarse el abogado constituido en la instancia, el defecto ser\u00eda por falta de concluir. Si nunca oper\u00f3 constituci\u00f3n de abogados, la audiencia para liquidar astreinte, ha sido admitido, pudiera fijarla la parte interesada sin necesidad de redactar citatorio alguno. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

En ese orden, se ha presentado la situaci\u00f3n en que un demandante en validez pretende lanzar dicha demanda ante el tribunal del domicilio del tercero embargado, bajo la pr\u00e9dica de que conjuntamente con su demanda en validez ha demandado, al mismo tiempo, el cobro y, por tanto, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 59 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es su facultad elegir dentro los domicilios de los codemandados para dirigir su acci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Este pedimento no es sostenible jur\u00eddicamente, ya que en el esquema actual de nuestro ordenamiento procesal civil, el tercero embargado no es deudor del embargante, sino del deudor embargado<\/span>[17]<\/span><\/span><\/a>. Por lo que los preceptos del citado Art\u00edculo 59 no aplican, ya que dicho texto se refiere es a una pluralidad de deudores del acreedor, que no es el caso.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, en el caso concreto, se hab\u00eda demandado el cobro conjuntamente con la validez del embargo retentivo, por lo que es evidente que la decisi\u00f3n que habr\u00eda de intervenir deber\u00e1 corresponderse con una decisi\u00f3n de validez y, por ende, los par\u00e1metros para la competencia, sin dudas, est\u00e1n centrados en el art\u00edculo 567 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que sostiene que es ante el tribunal del domicilio de la parte ejecutada que debe perseguirse la validez: <\/span>la doctrina ha razonado en el sentido de que la competencia establecida en el art\u00edculo 567 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no es sino una consecuencia del principio general establecido por el art\u00edculo 59, ya que el deudor embargado ser\u00e1 siempre la parte demandada (GERM\u00c1N MEJ\u00cdA<\/strong><\/b><\/span><\/span>, Mariano. V\u00edas de Ejecuci\u00f3n, Tomo II, p. 333).<\/span><\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

    \n
      \n
        \n
          \n
        1. Emplazamento a breve r\u00e9rmino<\/span><\/strong>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Ya hemos comentado que el plazo de ley para los emplazamientos es el de la octava franca, pero es de inter\u00e9s precisar que, de manera excepcional, la ley faculta al tribunal a autorizar el emplazamiento a breve t\u00e9rmino (Art. 72 C.P.C.).<\/span><\/p>\n

          \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Para que proceda esta autorizaci\u00f3n necesariamente debe probarse al tribunal al urgencia que justifique la misma. Por ejemplo, que el demandado est\u00e1 de paso por el pa\u00eds y se teme que se marche pronto; que el objeto de la demanda lo constituyan bienes perecederos, etc.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Es materia de controversia la cuesti\u00f3n de saber si cuando el tribunal autoriza el amplazamiento a breve t\u00e9rmino debe proceder, <\/span>ipso facto<\/span><\/i>, a fijar la audiencia. Hay quienes sostienen que el hecho de autorizar que se emplace antes de la octava franca no implica que sea fijada la audiencia: <\/span>si se autoriza, pues que se proceda a emplezar a un d\u00eda franco, por ejemplo<\/span><\/i>. Por otro lado, partiendo de la finalidad del emplazamiento abreviado, que es justamente ganar tiempo, se ha interpretado que una vez sea autorizado dicho emplazamiento excepcional, el tribunal, para eficacia de su decisi\u00f3n, debe fijar mediante la misma decisi\u00f3n graciosa que autoriza la medida, el d\u00eda en que deber\u00e1 celebrarse la audiencia. <\/span><\/p>\n

          \u00a0 <\/span><\/p>\n

          \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/span>Particularmente, comulgamos con la segunda postura que, dicho sea de paso, es la m\u00e1s socorrida ante los tribunales civiles y comerciales de la Rep\u00fablica; y es que el fijar al instante la fecha de la audiencia nos parece af\u00edn con los principios de celeridad, econom\u00eda procesal, eficacia de la decisi\u00f3n, etc.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>3.2.1.2 Constituci\u00f3n de abogado y notificaci\u00f3n de acto recordatorio (Avenir)<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          El demandado cuenta con el plazo de la octava franca para notificar al demandante su constituci\u00f3n de abogado. Procesalmente se considera que tan pronto el demandado lleve a cabo tal notificaci\u00f3n, ha comparecido: en esta matria se comparece mediante el ministerio de abogados<\/span><\/i><\/span>; esto as\u00ed, en virtud de la Ley No. 91 que crea el Colegio de Abogados de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          La parte que persiga audiencia, que necesariamente deber\u00e1 ser cuando venza la octava franca, o\u00a0 <\/span><\/span>bien desde que se produzca la constituci\u00f3n de abogados de la (s) parte (s) demandada (s), est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de notificar a las partes instanciadas la fecha de la audiencia que previamente ha designado el tribunal; tr\u00e1mite procesal que se materializa mediante el correspondiente acto recordatorio o avenir. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          El avenir est\u00e1 reglado por la Ley No. 362 del 16 de septiembre de 1932, de apenas un art\u00edculo. B\u00e1sicamente, se trata de una notificaci\u00f3n a la contraparte de la fecha de la audiencia que al efecto ha fijado el tribunal para conocer la demanda. Este acto, ha sido juzgado, no tiene que describir el objeto de la demanda, es suficiente con precisar el d\u00eda, lugar y hora de la citaci\u00f3n, as\u00ed como el concepto: demanda tal o cual. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          El plazo para tramitar el venir es de dos d\u00edas francos. Si no se respeta dicho lapso procesal, la audencia deber\u00e1 ser declarada mal perseguida<\/span><\/i><\/span>. Ahora bien, si las partes han quedado citadas mediante sentencia <\/span>in voce<\/span><\/i> dictada en la audiencia anterior, suponiendo que se hayan producido aplazamientos de audiencias previas, es evidente que el avenir no ser\u00eda necesario, pues ya con aquella sentencia esa parte ha quedado cubierta.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Asimismo, en caso de que el avenir contenga alg\u00fan error material, pero la parte destinataria del mismo ha comparecido y no ha probado ning\u00fan agravio, pero alega que no est\u00e1 en condiciones de concluir en esa oportunidad, lo propio es -en vista de que en efecto se ha incurrido en un error material- aplazar la audiencia, y con ello se subsana el impasse; quedando las partes citadas por sentencia, sin necesidad de tramitar nuevo avenir. Soluci\u00f3n procesal esta que contribuye con el tema de la economia procesal, vista en sus dos vertientes: factor tiempo y facto econ\u00f3mico; <\/span><\/i><\/span>y es que de esta manera se evita pagar nuevo acto de alguacil y retardar el proceso justamente para dar tiempo a la redacci\u00f3n de tal acto. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          3.2.2 La audiencia<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          En esta parte, vamos a tratar las casu\u00edsticas m\u00e1s frecuentes acontecidas durante las audiencias celebradas en materia civil.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          3.2.2.1 Situaciones presentadas en audiencia, a prop\u00f3sito del Mandato ad-litem <\/span><\/i><\/span>de los abogados<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Lo primero que deben hacer los abogados empoderados por las partes al postular en la primera audiencia, es presentar formalmente sus calidades al tribunal. En ocasiones ocurre que algunos abogados pretenden anteponer un determinado pedimento al formal tr\u00e1mite de presentaci\u00f3n de calidades. Por ejemplo, requieren que \u2013antes de dar calidades- el tribunal revise la \u00faltima acta de audiencia, a fin de cerciorarse si quien dio calidades en aquella oportunidad es el abogado que le pidi\u00f3 que le suba a audiencia; o bien alguna situaci\u00f3n que acarree la nulidad del acto, etc. Pero sucede que tal pretensi\u00f3n es procesalmente incorrecta. El tribunal para, si quiera, escuchar al abogado que postule en una tribuna determinada, debe saber qui\u00e9n le est\u00e1 dirigiendo la palabra, previa acreditaci\u00f3n de su condici\u00f3n de abogado; lo cual se establece normalmente con la presentaci\u00f3n del carnet del Colegio de Abogados<\/span>[18]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          El juez ducho, ante una situaci\u00f3n procesal de esta naturaleza, debe corregir al abogado y explicarle que hasta que no presente formal calidades, el tribunal no estar\u00e1 en condiciones de ponderar pedimento alguno, por sencillo que sea.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          El contrato de cuota litis <\/span><\/i><\/span>que suscriben los abogados con sus clientes, jur\u00eddicamente constituye un mandato <\/span>ad-litem<\/span><\/i>[19]<\/span><\/span><\/a>. As\u00ed, el cliente es el mandante y el abogado el mandatario. Por tanto, al momento de revisar cualquier situaci\u00f3n que se pueda producir en virtud de un contrato de cuotalitis, el estudio deber\u00e1 llevarse a cabo bajo el prisma del art\u00edculo 1984 del C\u00f3digo Civil, que instituye el mandato. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En ese orden de ideas, puede ocurrir que en un momento determinado dos o m\u00e1s abogados den calidades por la misma persona f\u00edsica o moral. En esos casos, el remedio procesal no es un\u00e1nime: hay tribunales que en estrados verifican r\u00e1pidamente qui\u00e9n, conforme al expediente, es el letrado facultado para postular en representaci\u00f3n de tal parte y, a seguidas, mandan a bajar al otro abogado; y hay otros tribunales, m\u00e1s conservadores, que para evitar \u201cponer innecesariamente en aprietos a un abogado\u201d, permiten que ambos presenten calidades y produzcan conclusiones (por lo general piden una comunicaci\u00f3n de documentos), y luego \u2013reflexivamente- verifican qui\u00e9n realmente es el letrado que debe postular y para la pr\u00f3xima audiencia, ya con las aguas m\u00e1s calmadas, indican cu\u00e1l ser\u00e1 el abogado que postular\u00e1 en el proceso.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Partiendo de que en materia civil el mandato se presume, si el expediente no es muy voluminoso y, sin problemas, se puede verificar a nombre de cu\u00e1l abogado est\u00e1n los actos procesales m\u00e1s recientes \u2013por ejemplo- pues lo m\u00e1s saludable ser\u00eda decidir ese asunto sobre la barra, en ese mismo momento; y con ello se evitar\u00eda el impasse de que ambos letrados produzcan conclusiones antag\u00f3nicas (comunicaci\u00f3n de documentos y el otro concluir al fondo, ante el defecto de la contraparte, por ejemplo). Sobre todo, si a leguas se advierte que se trata de una chicana<\/span><\/i><\/span> de alg\u00fan abogado <\/span>\u201crebelde sin causa\u201d<\/span><\/i> que pretende incidentar el proceso, arguyendo que representa la misma parte que otro abogado. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Sobre esta casu\u00edstica, podemos comentar que en nuestra experiencia personal ante los tribunales civiles de la Rep\u00fablica, cr\u00e9anme, se nos han presentado situaciones similares, en que ambos abogados que dicen representar a la misma persona, hacen tal afirmaci\u00f3n con una seriedad tal que parecer\u00eda que realmente se lo creen. No debemos perder de vista que los clientes, a veces de manera aviesa, cambian de abogado sin consultar al letrado; por lo que perfectamente pudiera darse el caso de que un abogado realmente suba a estrados pensando que a\u00fan est\u00e1 apoderado del caso. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En una situaci\u00f3n parecida a esta -pero ya hab\u00edan pasado varias audiencias y las partes estaban prestas para concluir al fondo-<\/span><\/i><\/span> debemos decir que, como juez que presidi\u00f3 la causa,<\/span>\u00a0 <\/span>nos dio resultados satisfactorios, la soluci\u00f3n salom\u00f3nica de acumular el aspecto sobre la determinaci\u00f3n del abogado realmente apoderado y permitir que ambas partes concluyan, a reserva de ponderar reflexivamente -con la paz del despacho- la glosa procesal y, consecuentemente, determinar a cu\u00e1l abogado era que le correspond\u00eda producir conclusiones: <\/span>el \u00fanico percance que pudiera surgir, es si ambos abogados que se disputan la misma representaci\u00f3n formulan conclusiones incompatibles; por ejemplo, uno solicita un aplazamientos para los fines que sea, y todos los dem\u00e1s est\u00e9n contestes en concluir al fondo ese d\u00eda. Excepcionalmente \u2013pensamos- en un caso como ese no ser\u00eda factible, si quiera, pensar en la acumulaci\u00f3n.<\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En definitiva, el buen juicio del juez ser\u00e1 determinante para resolver un impasse de esta naturaleza. El par\u00e1metro que habitualmente emplean los tribunales para determinar \u2013r\u00e1pidamente- qui\u00e9n es el abogado apoderado al momento de la audiencia, es aquel que figure en los actos procesales m\u00e1s recientes. A partir de ah\u00ed, ya ser\u00e1 cada casu\u00edstica que orientar\u00e1 en torno a si lo prudente ser\u00eda decidir el asunto en ese momento o si, por lo voluminoso del expediente, la seriedad de las afirmaciones de los abogados, etc., lo adecuado ser\u00eda estatuir al respecto en otra ocasi\u00f3n, o bien conjuntamente con el fondo, en caso de que todas las partes est\u00e9n en condiciones para concluir al fondo. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Tambi\u00e9n tiene que ver con el car\u00e1cter ad-litem<\/span><\/i><\/span> del mandato de los abogados, el tema de los desistimientos que frecuentemente se producen respecto de procesos civiles y comerciales; los cuales son positivos, considerando que las v\u00edas alternativas de resoluci\u00f3n de disputas son el derecho del futuro. En este caso, aunque ya se hab\u00eda inicialmente judicializado la controversia, el que se resuelva la controversia antes de que se produzca una decisi\u00f3n al fondo \u2013sin dudas- es algo positivo. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Resulta que por el car\u00e1cter ad-litem<\/span><\/i><\/span> del mandato de los abogados, \u00e9stos perfectamente pudieran desistir de alg\u00fan petitorio incidental, sin previa consulta a su cliente; ya que se supone que este \u00faltimo no tiene conocimientos t\u00e9cnicos como para comprender la naturaleza de tal petitorio incidental. As\u00ed, es el criterio del profesional del derecho, en principio, lo determinante para mantener o desistir de un asunto t\u00e9cnico incidental. Tanto es as\u00ed que las decisiones incidentales, la ley no exige que sean notificadas a la persona de la parte, sino que basta con que sean notificadas al abogado, justamente porque es \u00e9ste quien domina \u2013se supone- la t\u00e9cnica jur\u00eddica. Sin embargo, cuando se trata de un desistimiento de la instancia, propiamente, una inteligente administraci\u00f3n de justicia sugiere requerir al abogado que deposite, en soporte de papel, el desistimiento firmado por la persona que al efecto ha desistido de la instancia que ha aperturado mediante el ejercicio de su derecho de acci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Muchas veces ocurre que los abogados presentan un acto firmado por ellos, sin constancia alguna de la voluntad expresa de la persona de la parte; esto as\u00ed, bajo la pr\u00e9dica de que cuentan con un mandato de representaci\u00f3n, pero lo cierto es que tal mandato ad-litem<\/span><\/i><\/span> no le faculta para ello: <\/span>en derecho puro, es la parte misma que debe dar cuenta de que no quiere mantener abierta la instancia que ha aperturado, no el abogado por s\u00ed solo. <\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Por otro lado, el argumento de que el cliente no puede revocar el mandato del abogado luego de firmar el cuotalitis es insostenible, ya que el art\u00edculo 2004 del C\u00f3digo Civil, expresamente prev\u00e9 la posibilidad de revocar el mandato cuando se considere pertinente. Esto as\u00ed \u2013claro- al margen de la responsabilidad disciplinaria que pueda sufrir un letrado que acepte el caso sin previamente verificar que el abogado apoderado en primer lugar haya sido debidamente notificado y desinteresado<\/span>[20]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Sobre este tema, usualmente los abogados \u2013para evitar que los desapoderen del caso- insertan en el cuotalitis una cl\u00e1usula penal, en el sentido de que en caso de romperse el mandato antes de culminar el proceso, la pena es pagar la totalidad del porcentaje convenido, cual si se hubiese mantenido vigente el cuota litis<\/span><\/i><\/span>. As\u00ed, en caso de una persona pactar con su abogado una partici\u00f3n de alguna masa conyugal ascendente a cien millones de pesos, suscribiendo a tales fines un treinta por ciento de dicha masa como pago por los honorarios del abogado; si el cliente decide \u2013como es su derecho- revocar el mandato antes de terminar la litis, por efecto de la cl\u00e1usula penal deber\u00e1 ese cliente, de todos modos, pagar el citado treinta por ciento al abogado: <\/span>ay \u00f1e\u00f1e!.<\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Al respecto, existe el precedente que inaplica tal cl\u00e1usula penal, sobre la base concreta de su car\u00e1cter abusivo: resulta exorbitante prever una cl\u00e1usula penal que sancione con la totalidad misma de lo originalmente pactado, cuando en realidad se ha revocado el mandato; m\u00e1xime cuando es facultad de todo mandante revocar el mandato a su mandatario.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          Por otro lado, otros tribunales aplican tal cl\u00e1usula penal, sobre la base del principio de la autonom\u00eda de la voluntad, instituido en el art\u00edculo 1134 del C\u00f3digo Civil: <\/span>si el cliente, libre y voluntariamente, convino esa cl\u00e1usula, debe el juez conferir vigencia a la misma, ya que se trata de un precepto que es\u00a0 <\/span>\u201cley entre partes\u201d. <\/span><\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          Sobre esta situaci\u00f3n procesal, conforme a nuestras m\u00e1ximas de experiencia, podemos dar cuenta de que suceden dos cosas con frecuencia: aparecen abogados abusadores que se aprovechan de la ingenuidad de algunos clientes y, por otro lado, hay clientes \u201cp\u00edcaros\u201d que descomedidamente empoderan y desapoderan a los abogados y, por ello, estos \u00faltimos buscan la manera de evitar quedar en el aire de buenas a primeras. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          El juez a la hora de estudiar una casu\u00edstica de esta naturaleza debe ser cauto y tomar como insumo para ello, tanto la autonom\u00eda de la voluntad como las previsiones, sobre todo de naturaleza doctrinal, sobre la ineficacia de las cl\u00e1usulas abusivas. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          3.2.2.2 Comunicaci\u00f3n de documentos<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span>En la primera audiencia, lo que se estila es solicitar la medida de <\/span>comunicaci\u00f3n de documentos<\/span>[21]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>. Lo l\u00f3gico es que sea el demandado quien peticione dicha medida, ya que \u2013como se ha dicho- el proceso civil vigente es lineal, en tanto que no est\u00e1 comprendido por audiencias y, por tanto, cuando llega a la primera audiencia no conoce la documentaci\u00f3n que pretende hacer valer el demandante en su contra. Sin embargo, muy frecuentemente es el propio demandante quien quiere la consabida medida. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Tambi\u00e9n suele pasar que una de las partes primitivas (demandante principal o demandado principal), llama en intervenci\u00f3n forzosa a un tercero; o bien que un tercero intervenga voluntariamente en el proceso; independientemente de que hayan pasado audiencias previas, si es la primera vez que el abogado constituido por dicho tercero se presenta, solicita la comunicaci\u00f3n de documentos, bajo la pr\u00e9dica de que: \u201cPara \u00e9l, viene siendo la primera audiencia\u201d. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Lo que est\u00e1 ocurriendo en el d\u00eda a d\u00eda ante los tribunales de derecho com\u00fan, es que el expediente llega al tribunal vac\u00edo; el demandante completa el mismo luego de perseguir la fijaci\u00f3n de audiencia y, por su lado, el demandado deposita los documentos para sustentar su defensa, tambi\u00e9n haciendo acopio de la aludida medida de comunicaci\u00f3n de documentos; y muchas veces, solicitando su pr\u00f3rroga. M\u00e1s aun, el juez cuando sube a la primera audiencia no ha visto en ning\u00fan momento el expediente; es decir, en resumidas cuentas, la primera audiencia se ha convertido en un tr\u00e1mite rutinario en el que nadie sabe nada del expediente, ya que \u2013cr\u00e9ase o no- por norma general est\u00e1 vac\u00edo en ese momento. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Generalizadamente, se invoca la comunicaci\u00f3n de documentos como si se tratase de \u201cun pedimento de derecho, que se impone por ser la primera audiencia\u201d.<\/span><\/i><\/span> Lo cual es una falacia, ya que el esp\u00edritu de la Ley No. 834, en lo que tiene que ver con la comunicaci\u00f3n de documentos, es que las partes comuniquen \u00e9stos de manera extrajudicial; esto as\u00ed, independientemente de que nada obsta para que sea peticionada en audiencia: <\/span>puede solicitarse, pero no es que sea algo de pleno derecho, ni mucho menos que sea obligatorio. <\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          En los \u00faltimos tiempos, por el tema de la constitucionalizaci\u00f3n de los procesos, los jueces han estado aplicando los principios rectores del proceso civil; es decir, no solamente administran justicia gui\u00e1ndose exeg\u00e9ticamente por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por las leyes Nos. 834 y 845, sino que en caso de verificarse alguna casu\u00edstica con situaciones at\u00edpicas, recurren a los principios para resolver el impasse presentado, o bien para concebir posibles soluciones procesales en aras de un proceso constitucionalizado. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En ese orden de ideas, se ven casos en que -atendiendo a la naturaleza de cada situaci\u00f3n- en la primera audiencia se disponen, adem\u00e1s de la habitual comunicaci\u00f3n de documentos, otras medidas de instrucci\u00f3n, para fines de econom\u00eda procesal, como informativos testimoniales, comparecencia personal de las partes, etc.<\/span>[22]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          3.2.2.3 Incomparecencia del demandante<\/span><\/strong><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Ante la no presencia del abogado representante del demandante en la audiencia, de conformidad con el art\u00edculo 434 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se produce el defecto del demandante por falta de concluir y el descargo puro y simple de la parte demanda. Asimismo, la condenaci\u00f3n en costas, en caso de ser solicitado, en contra del demandante defectuante: recordemos que las costas con un asunto de inter\u00e9s privado; por tanto, si no se solicitan los jueces no deben pronunciarse al respecto.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Sin embargo, pudiera darse el caso de que el demandado tenga inter\u00e9s de, no obstante la ausencia f\u00edsica del demandante, producir conclusiones al fondo. En esta hip\u00f3tesis, el juez deber\u00e1 estudiar las conclusiones vertidas en el acto introductivo de demanda, cual si el demandante se hubiere presentado, y acoger las mismas s\u00f3lo si reposaren en prueba l\u00edcita y pertinente; al tenor del art\u00edculo 150 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Sobre esta \u00faltima posibilidad, de concluir al fondo no obstante la\u00a0 <\/span><\/span>ausencia f\u00edsica del abogado del demandante en estrados, ha sido juzgado que: \u201cSi el demandante no comparece o no concluye, el demandado puede a su elecci\u00f3n solicitar el descargo puro y simple de la demanda o que sea examinado y fallado el fondo. Si el recurrido solicita el descargo de la demanda, el juez no puede examinar el fondo\u201d.<\/span>[23]<\/span><\/span><\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Por lo general el criterio para optar por una posibilidad u otra es si el expediente cuenta o no con prueba suficiente para sustentar la demanda. As\u00ed, si el demandado, previo a la audiencia, constata que el expediente est\u00e1 vac\u00edo, o con pruebas d\u00e9biles (copias, fotos, etc.), preferir\u00e1 peticionar al fondo el rechazo, a fin de que ese proceso se torne en \u201ccosa juzgada\u201d<\/span><\/i><\/span> y, consecuentemente, pues ante una eventual reintroducci\u00f3n de la demanda, poder oponer el fin de inadmisi\u00f3n, como medio de defensa, por la cosa juzgada, al tenor del art\u00edculo 44 de la Ley No. 834; y es que cuando se descarga pura y simplemente al deudor, dicha decisi\u00f3n \u2013que por dem\u00e1s no es una sentencia propiamente- justamente por no resolver ning\u00fan punto litigioso, no juzga nada y por tanto, perfectamente pudiera reintroducirse la demanda sin que se configure el precepto de <\/span>\u201ccosa juzgada\u201d<\/span><\/i>: <\/span>se descarga pura y simplemente de la instancia, pero no del derecho de acci\u00f3n, el cual pudiera ser ejercitado nuevamente por el demandante, quien estar\u00eda habilitado para reintroducir la demanda otra vez, esto es, agenciar un nuevo acto introductivo, perseguir audiencia otra vez, etc.. Todo sobre la base de los mismos hechos y con las mismas pruebas. Sin menosprecio de que pueda hacerse alguna modificaci\u00f3n al objeto de la demanda, ya que por ser en ese caso otra instancia, se descartar\u00eda la aplicaci\u00f3n del principio de inmutabilidad del proceso.<\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          Por otro lado, cuando el demando, antes de subir a audiencia, verifica que en el expediente constan suficientes pruebas como para condenar a su cliente, entonces lo propio es que opte por peticionar, ente la no presencia del demandante en estrados, el descargo puro y simple para evitar una condenaci\u00f3n en ese momento. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Como estrategia en estos casos, algunos abogados -a fin de lograr tiempo para que su cliente re\u00fana el dinero que debe, por ejemplo- proceden a no obstante pedir el descaro, solicitar un plazo de quince d\u00edas, a fin de \u2013supuestamente- depositar un escrito justificativo; logrando con ello que el demandante deba esperar que venza tal tiempo antes de poder reintroducir la demanda: no ser\u00eda posible reintroducir la demanda ante un descargo, si la demanda primigenia est\u00e1 en estado. La parte demandada por lo general se ocupa de denunciar al tribunal esa situaci\u00f3n en caso de que el demandante demande antes de disponerse formalmente el descargo de la primera demanda. Al respecto, la soluci\u00f3n procesal no es un\u00e1nime: unos sobreseen, otros acogen la inadmisibilidad por cosa juzgada, otros se decantan por el plazo prefijado. Pero en definitiva, el fondo de la segunda demanda nunca pasa, a la luz de este escenario procesal. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          3.2.2.4 Estrategias para acercar o alejar el conocimiento del fondo de la controversia, seg\u00fan los intereses representados<\/span><\/strong><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Ocurre tambi\u00e9n que en la primera audiencia el demandante (o el demandado, que excepcionalmente es quien persigue audiencia) <\/span><\/i><\/span>no tiene a mano el acto de avenir o recordatorio, de abogado a abogado, a fin de mostrarlo el tribunal, lo cual permitir\u00eda al juez establecer que la parte que no est\u00e9 presente en el juicio ha sido debidamente citada. Si no se presentase el avenir correspondiente y, no obstante, el juez que preside dicta sentencia, sea incidental o al fondo, dicha decisi\u00f3n ser\u00eda nula; y es que ha sido juzgado que \u201cdebe ser casada la sentencia que se dict\u00f3 a consecuencia de una audiencia que fue fijada por una de las partes sin previo acto recordatorio (avenir) notificado a la otra\u201d<\/span>[24]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Al respecto, una soluci\u00f3n procesal que se ha propuesto ante algunos tribunales, unos m\u00e1s liberales lo acogen, otros m\u00e1s conservadores lo rechazan, es peticionar que ante dicho impasse (no tener a mano el avenir), cuando ha sido un error puramente involuntario, que se ha traspapelado en los documentos de la oficina profesional, etc., se solicita al tribunal que le permita producir conclusiones al fondo, al tiempo de otorgarle un plazo breve para depositar el consabido avenir y con ello evitar dilaciones innecesarias, en el sentido de esperar meses para conocer otra audiencia, cuando realmente el acto recordatorio s\u00ed ha sido instrumentado, s\u00f3lo que por error material involuntario no se llev\u00f3 copia al tribunal.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Los tribunales conservadores que rechazan el referido petitorio sostienen que \u201cen derecho lo errores se pagan con tiempo y dinero\u201d; \u201cque nadie puede prevalecerse de su propia falta\u201d, etc. En fin, el que se equivoca que se atenga a las consecuencias. Y otros, m\u00e1s que conservadores, exeg\u00e9ticos, van m\u00e1s all\u00e1, sosteniendo que el defecto no es susceptible de diferirse para estudiar su procedencia luego de verificar reflexivamente la glosa procesal, por cuanto el mismo se produce en audiencia con el llamamiento de la causa, al tenor del art\u00edculo 149 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y por tanto, constituye una contradicci\u00f3n de motivos la pr\u00e1ctica de algunos tribunales de \u201cratificar\u201d en la sentencia de fondo, el defecto que ha sido pronunciado en audiencia. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Esta \u00faltima posici\u00f3n usa como fundamento el precedente jurisprudencial que sostiene que \u201cCuando es acogido el defecto, se infiere que ha sido examinada la regularidad del emplazamiento, por lo que, al ser pronunciado el mismo el tribunal apoderado, por v\u00eda de consecuencia, ha declarado v\u00e1lido dicho acto. Se incurre en contradicci\u00f3n de motivos cuando se pretende invalidar el defecto ya pronunciado con la simple declaraci\u00f3n de dejar \u201csin ratificar\u201d el mismo, admitiendo una irregularidad de forma que ya hab\u00eda descartado impl\u00edcitamente\u201d<\/span>[25]<\/span><\/span><\/a>. Sin embargo, al analizar el contexto de dicho precedente, mediante el estudio de la decisi\u00f3n \u00edntegra, se comprueba que la casu\u00edstica decidida versaba en el sentido de que el tribunal decidi\u00f3 sobre la barra el defecto y, no obstante, luego no \u201cratific\u00f3\u201d el mismo para subsanar un yerro, por inobservancia de alguna irregularidad en el emplazamiento, que es un caso distinto a que el tribunal, justamente cuando verifique que no es posible por el volumen del expediente, revisar sobre la barra la regularidad del acto, para evitar violentar el derecho de defensa de la otra parte, pues difiere ese asunto para el fondo.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En algunas jurisdicciones se ha interpretado, criterio que hacemos nuestro, que aun en el caso de que el tribunal se haya equivocado, en el sentido de pronunciar en audiencia el defecto, pasando por alto alguna irregularidad, una tutela judicial efectiva, al tenor del art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n vigente, sugiere \u201cdejar sin efecto\u201d<\/span><\/i><\/span> dicho defecto y, consecuentemente, reabrir los debates para que sea debidamente citada dicha parte injustamente calificada de defectuante; y es que cuando el tribunal revisa el expediente, a fin de decir el derecho, a\u00fan est\u00e1 apoderado del caso; por cuanto, mal podr\u00eda validar conscientemente una conculcaci\u00f3n de derechos: <\/span>Independientemente de que exista un doble grado de jurisdicci\u00f3n, y por el efecto devolutivo el asunto se tramita de nuevo en la alzada, lo cierto es que el juez de primera instancia debe tomar todos los miramientos necesarios para administrar justicia de la manera m\u00e1s transparente posible, evitando desconocer derechos de las partes, y menos de manera consciente.<\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Por otro lado, tribunales que cuentan con criterios m\u00e1s liberales sostienen que en acopio y aplicaci\u00f3n del principio constitucional de la razonabilidad<\/span><\/i><\/span>, instituido en el art\u00edculo 40.15 de la Constituci\u00f3n, la norma procesal no debe ser interpretada irrestrictamente, dando la espalda a las particularidades de cada casu\u00edstica sometida al escrutinio del juez apoderado de la controversia. As\u00ed, si la parte compareciente motiva adecuadamente y persuade al tribunal de que el avenir existe, s\u00f3lo que lo traspapel\u00f3 y no lo pudo presentar, no ser\u00eda justo ni \u00fatil aplazar la audiencia para que sea tramitado nueva vez el avenir, ya que en todo caso, si no se deposita dicho documento dentro del plazo breve que otorgue el tribunal para tales efectos, sencillamente se declarar\u00eda, de oficio, la nulidad de la audiencia, y con ello pues no se lacerar\u00eda el derecho de defensa de la parte que no ha hecho acto de presencia en dicha audiencia: <\/span>se trata de un remedio jur\u00eddico que permite ganar tiempo sin riesgo de violentar el derecho de defensa de la otra parte, pues de no aportarse finalmente el avenir el tribunal no fallar\u00e1 el caso al fondo. <\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          Definitivamente, la pr\u00e1ctica es muy rica, y es v\u00e1lido que los abogados constantemente se ingenien mecanismos para bienestar de sus patrocinados. Ciertamente la sostenibilidad jur\u00eddica de la soluci\u00f3n procesal objeto de estudio es discutible, pero \u2013en honor a la verdad- no creemos que se trate de un petitorio descabellado. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En esa misma l\u00ednea de pensamiento, existe el precedente de que se ha declarado nula la audiencia en que se produjo un descargo puro y simple a favor de la parte demanda; esto as\u00ed, ante la casu\u00edstica consistente en que la \u201cincomparecencia\u201d del demandante se produjo a causa de que el avenir cursado por la demandada (quien persigui\u00f3 audiencia) conten\u00eda un error.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          El precedente es discutible, ya que \u2013a diferencia de un defecto diferido o, simplemente, un defecto ya pronunciado en audiencia<\/span><\/i><\/span>, <\/span>que no desapodera al tribunal- <\/i>\u00a0<\/span><\/span>una decisi\u00f3n de descargo puro y simple, si bien no es una sentencia propiamente, pero s\u00ed desapodera al tribunal de esa instancia en espec\u00edfico; independientemente de que luego se reintroduzca la demanda y se abra otra instancia. Entonces: \u00bfhasta qu\u00e9 punto ser\u00eda sostenible jur\u00eddicamente que, luego del tribunal decidir algo <\/span>(descargo)<\/span><\/i>, <\/span>\u201ceche para atr\u00e1s eso\u201d<\/span><\/i> y se <\/span>\u201cdestape\u201d<\/span><\/i> con una nulidad de esa audiencia de descargo?<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Ciertamente se trata de algo \u2013si se quiere- revolucionario, no compartido por muchos, pero vale la pena al menos conocer los fundamentos del consabido precedente: \u201cConsiderando<\/span><\/strong><\/b><\/span>: Que luego de revisar la glosa procesal, el tribunal pudo constatar que el juez que a la saz\u00f3n presidi\u00f3 la causa no advirti\u00f3 que el acto de <\/span>avenir<\/span><\/i> cursado por el demandado <\/span>(quien persigui\u00f3 audiencia)<\/span><\/i> al demandante no cumple con el plazo legal de dos d\u00edas francos. As\u00ed, preciso es recordar que conforme al estado actual de nuestro derecho, toda sentencia dictada en una audiencia donde no se haya tramitado correctamente el avenir a la contraparte deber\u00e1 ser casada. Por tanto, se impone la declaratoria de la nulidad de la audiencia de marras, y con ella todo lo all\u00ed ocurrido \u2026\u201d<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Lo cierto es que como consecuencia de esta sentencia \u201cirreverente\u201d<\/span><\/i><\/span> se evit\u00f3 que un ciudadano se prive de recibir una decisi\u00f3n judicial pronta, a causa de una violaci\u00f3n al debido proceso; en tanto que al ser anulada dicha audiencia, el demandante oportunamente persigui\u00f3 otra, en la que dio adecuadamente avenir a la contraparte, y entonces pudo producir sus conclusiones en tiempo oportuno.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Independientemente del mencionado precedente at\u00edpico, si no se anulare la referida audiencia, el demandante pudiera en ese caso \u2013como se ha dicho- ejercitar nuevamente su derecho de acci\u00f3n y entablar otra vez la demanda, aunque eso implique pagar nuevo acto de emplazamiento, someter nueva instancia de fijaci\u00f3n de otra audiencia, en fin, todo el tiempo que implica el tr\u00e1mite para poner un caso en condiciones de ser estudiado por el tribunal. Esto as\u00ed, en virtud de que conforme a nuestro derecho positivo, \u201c\u2026 las sentencias en defecto que se limitan a pronunciar el descargo por falta de concluir del demandante no acogen ni rechazan las conclusiones de las partes, ni resuelven en su dispositivo ning\u00fan punto de derecho. Por tanto, el tribunal apoderado no tiene que proceder al examen del fondo del proceso, sino limitarse a pronunciar el descargo puro y simple solicitado, cuando se cumplan los requisitos para ello\u201d<\/span>[26]<\/span><\/span><\/a>.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En otro sentido, en la pr\u00e1ctica, a fin de ganar tiempo, los letrados (tanto los que representan a los demandantes como a los demandados)<\/span><\/i><\/span> comunican al tribunal que han hecho dep\u00f3sito de alguna documentaci\u00f3n fuera del plazo que a tales fines ha otorgado previamente el tribunal, pero <\/span>\u2013y ah\u00ed viene el petitorio-<\/span><\/i> que si la contraparte da por conocida dicha documentaci\u00f3n, estar\u00edan dispuestos a concluir al fondo en esa misma audiencia. O tambi\u00e9n, en esa l\u00ednea, cuando una parte solicita un aplazamiento para depositar nueva documentaci\u00f3n, la contraparte manifiesta al tribunal que da por conocida toda la documentaci\u00f3n que pueda aportarse conjuntamente con el escrito justificativo. Evidentemente, esto as\u00ed, cuando se sepa de antemano que de lo que se trata es de un petitorio retardatorio y, por tanto, que no hay riesgos de que pudiera depositarse alguna pieza contundente, capaz de definir la soluci\u00f3n del caso. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Sobre este remedio procesal, lo cierto es que ha sido juzgado que las conclusiones en los documentos que atan a los jueces del fondo son aquellos que son sometidos al contradictorio en un juicio oral, p\u00fablico y contradictorio, no petitorios y documentos depositados luego de finalizada la \u00faltima audiencia oral, mediante escrito justificativos de conclusiones<\/span>[27]<\/span><\/span><\/a>. Sin embargo, si bien eso es as\u00ed, cuando ambas partes dan aquiescencia a la documentaci\u00f3n que se pretenda aportar fuera del plazo, no vemos justificaci\u00f3n l\u00f3gica para no acoger dicho planteamiento; pues en todo caso \u201ca quien se estar\u00eda tutelando\u201d si se rechaza tal pedimento es justamente a la parte que ha dado la aquiescencia al dep\u00f3sito de documentos; por tanto, ser\u00eda poco l\u00f3gico \u2013en nombre de una tutela judicial efectiva- desconocer la propia voluntad de esta parte e imponerle un aplazamiento no deseado: <\/span>ese caso constituye una perfecta manifestaci\u00f3n del principio dispositivo que rige el proceso civil.<\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Ahora bien, no obstante lo esbozado ut supra<\/span><\/i><\/span>, no resulta ocioso aclarar que no todo lo que las partes consientan, al un\u00edsono, debe ser acogido por el tribunal. As\u00ed, en caso de que lo propuesto altere a todas luces el debido proceso, perfectamente el juez del fondo pudiera, en nombre de la tutela judicial efectiva, rechazarlo. Por ejemplo, si las partes solicitan, todas, depositar documentaciones conjuntamente con su escrito justificativo, y otro plazo para contradecir dichas nuevas piezas, y otro plazo m\u00e1s para r\u00e9plicas y contrarr\u00e9plicas, la decisi\u00f3n debe ser negar tal planteamiento, pues con ello es evidente que lo que se persigue hacer es un debate meramente escrito, fuera del juicio oral, p\u00fablico y contradictorio; lo cual resulta cardinalmente incompatible con el debido proceso<\/span>[28]<\/span><\/span><\/a>. No es lo mismo la primera casu\u00edstica donde, si bien se dio aquiescencia a una nueva documentaci\u00f3n, ello no implica que se vayan a entablar \u201cdebates\u201d ajenos a los petitorios sometidos al contradictorio, como s\u00ed ocurrir\u00eda en el \u00faltimo caso, que debe rechazarse. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Por otro lado, se ve frecuentemente que en la primera audiencia, o bien en otra posterior, los abogados, no obstante no concluir al fondo, peticionan la declaratoria del defecto de la contraparte. Por ejemplo: ante la incomparecencia de la otra parte, solicitan que se aplace la audiencia para tramitar alguna medida de instrucci\u00f3n, al tiempo de pedir el defecto en contra de la parte incompareciente. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Este pedimento de defecto debe ser rechazado, ya que ha sido constantemente admitido que el plazo de la octava franca no es fatal y, por tanto, las partes podr\u00edan constituir abogados en cualquier momento, durante la tramitaci\u00f3n del proceso. Por tanto, en vista de que la solicitud de alguna medida de instrucci\u00f3n produce una sustanciaci\u00f3n del proceso, el defecto ser\u00eda a todas luces extempor\u00e1neo. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Sobre ese punto, imaginemos el caos procesal que supondr\u00eda que un juez poco ducho acoja el pedimento de defecto, y el d\u00eda fijado para la medida, \u00a1oh sorpresa\u2026! comparece un letrado en representaci\u00f3n de la parte que previamente hab\u00eda sido declarada en defecto; sin dudas ser\u00eda una violaci\u00f3n grosera al derecho de defensa de dicha parte, lo cual irremediablemente producir\u00eda la nulidad de la sentencia que se dictase en dichas condiciones: es muy cuesta arriba confirmar una sentencia cuando en el acta de audiencia instrumentada al efecto se da cuenta de la decisi\u00f3n del tribunal de negar a una parte el ejercer su leg\u00edtimo derecho de defensa. Y por ser una situaci\u00f3n de puro hecho, pudiera acreditarse por cualquier medio; con lo cual, si dicha circunstancia no estuviere recogida en el acta de audiencia, pudiera probarse por cualquier otro medio en la alzada.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En otro sentido, en ocasiones abogados meticulosos, para incidentar el proceso, solicitan la nulidad del acto de emplazamiento, sobre la base de que el mismo se ha preparado en un d\u00eda de fiesta legal. Al respecto, preciso es recordar que conforme a la mejor doctrina: \u201cHay controversia acerca de saber si es v\u00e1lido el acto de alguacil preparado en un d\u00eda de fiesta legal o de vacaciones judiciales \u2026 Se ha sostenido que el acto es nulo, por tratarse de una disposici\u00f3n de orden p\u00fablico (en ese sentido, Cas. 16 de abril, 1923, BJ 153-155, p. 3); pero predomina en doctrina y jurisprudencia la opini\u00f3n de que el acto es v\u00e1lido porque la ley no pronuncia expresamente su nulidad (Cas, 26 de mayo, 1941, BJ 370, p. 623; 10 de julio, 1956, BJ552, p. 1403; 18 de noviembre, 1983, BJ 876, p. 3624; 26 de noviembre, 1984, BJ 888, p. 3091)\u201d [Sic]<\/span>[29]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Y en ese mismo sentido, m\u00e1s recientemente la Suprema Corte de Justicia ha juzgado que \u201cEl art\u00edculo 63 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil no sanciona la violaci\u00f3n a lo por \u00e9l prescrito, salvo la multa que se\u00f1ala en perjuicio del alguacil o curial actuante\u201d<\/span>[30]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Por todo lo cual, es evidente que la nulidad por esta causa carece de m\u00e9ritos. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Tambi\u00e9n, el abogado representante de la parte demandada, cuando desea ganar tiempo, emplea la estrategia de que tan pronto le sea notificado el emplazamiento, se adelanta al demandante y persigue \u00e9l audiencia, solicitando \u2013informalmente- al tribunal (generalmente v\u00eda secretar\u00eda) que \u201cno hay prisa, y como saben que el tribunal tiene su agenda muy atareada, que no importa que fijen ese expediente lo m\u00e1s lejano posible\u201d<\/span><\/i><\/span>. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En estos casos, cuando el demandante viene a perseguir \u00e9l su audiencia, se encuentra con que ya el demandado se adelant\u00f3 y \u2013adrede- fij\u00f3 para una fecha distante, a fin de lograr tiempo y que su cliente cumpla con su obligaci\u00f3n antes de que se conozca la demanda. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Frente a esta estratagema, al demandante no le quedar\u00eda otro camino que introducir una instancia ante el tribunal que deba conocer de la demanda, peticionando que el juez titular, en ejercicio de sus atribuciones administrativas, proceda a rectificar la fecha de la audiencia por otra m\u00e1s pr\u00f3xima: la fijaci\u00f3n de audiencias se encuadra dentro de las atribuciones puramente administrativas y facultativa del tribunal; perfectamente pudiera variarse una fijaci\u00f3n de audiencias, en ejercicio de dichas atribuciones administrativas propias de los jueces. Sin embargo, la pr\u00e1ctica es que los tribunales en estas circunstancias espec\u00edficas, rechazan tal petitorio y el demandante \u2013v\u00edctima de la astucia del demandado- debe aguardar mayor tiempo para que se conozca su caso. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          3.2.2.5 Polic\u00eda de la audiencia<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Los jueces del fondo deben velar porque durante el conocimiento de las audiencias sea respetada la solemnidad propia del juicio, en virtud de la Ley No. 821 sobre Organizaci\u00f3n Judicial. Para ello, la ley les confiere ciertas atribuciones coercitivas, a fin de \u2013en caso de que sea necesario- imponer el orden: recordemos el s\u00edmbolo aleg\u00f3rico de la justicia, representado por la Diosa Temis, la cual \u2013entre otras cosas- posee una espada, que justamente ilustra sobre el poder de la justicia.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          En ese orden de ideas, el art\u00edculo 89 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, faculta a los magistrados que presidan las audiencias a ordenar a los revoltosos que abandonen la sala, previa advertencia v\u00eda alguacil o directamente del juez, de que guarden silencio. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En caso de resistirse a abandonar el sal\u00f3n, no obstante la orden del juez, podr\u00e1n ser detenidos ante la c\u00e1rcel p\u00fablica hasta por 24 horas. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          El art\u00edculo 90 del mismo c\u00f3digo expresamente prev\u00e9: \u201csi el desorden fuese ocasionado por un individuo que desempe\u00f1e alg\u00fan destino en el tribunal, podr\u00e1 ser suspendido de sus funciones, adem\u00e1s de las penas de que trata el art\u00edculo precedente (sobre privaci\u00f3n de libertad hasta por 24 horas o abandono del sal\u00f3n); la suspensi\u00f3n, por la primera vez, no podr\u00e1 exceder de tres meses. La sentencia ser\u00e1 ejecutoria provisionalmente\u2026\u201d.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          3.2.2.6 Diferencia entre delito de audiencia y delito en audiencia<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          El art\u00edculo 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, trata el delito de audiencia<\/span><\/i><\/span>, que consiste en un atentado contra la solemnidad del juicio. Se trata de una indisciplina que interrumpe el fiel desenvolvimiento de la instancia, como ser\u00eda vociferar consignas, irrespetarse rec\u00edprocamente las partes, o personas del p\u00fablico; insultar al juez, etc. Para ello la ley prev\u00e9 medidas coercitivas, b\u00e1sicamente para lograr reestablecer el orden en el sal\u00f3n de audiencias.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Por otro lado, en el art\u00edculo 92 del mismo cuerpo normativo, se consagra el delito en audiencia<\/span><\/i><\/span>, que no es m\u00e1s que una infracci\u00f3n ordinaria, s\u00f3lo que se comete en el sal\u00f3n de audiencias. Es decir, el \u00e1nimo del infractor no es propiamente alterar el orden en la sala de audiencias, sino cometer una infracci\u00f3n cualquiera de las previstas en el C\u00f3digo Penal, por la raz\u00f3n que sea. Por ejemplo, el individuo que ataca mortalmente a un testigo, por temor a que \u00e9ste deponga en su contra; el carterista que sustrae fraudulentamente la billetera de una persona presente en el p\u00fablico del juicio, o aquel que sostiene una ri\u00f1a con otro por motivos ajenos a la causa del juicio, etc. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En el caso de los delitos de audiencia<\/span><\/i><\/span>, al tenor del art\u00edculo 91, la ley prev\u00e9 como sanci\u00f3n la privaci\u00f3n de libertad, hasta un mes, y multa de no menos de RD$25.00, ni m\u00e1s de RD$100.00 (multa irrisoria al d\u00eda de hoy).<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Para el caso de los delitos en audiencia<\/span><\/i><\/span>, seg\u00fan el art\u00edculo 92, la pena aplicable ser\u00e1 aquella prevista para la infracci\u00f3n que se haya cometido; y es que en este caso lo que ocurre es que se conduce al infractor ante la jurisdicci\u00f3n represiva para que all\u00ed sea juzgado conforme al procedimiento de lugar. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          3.2.2.7 Incidentes <\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          En la audiencia, previo al fondo, las partes pueden producir conclusiones incidentales. El orden de peticionar en el proceso civil es: a) Excepciones, b) Fines de inadmisi\u00f3n, c) Medidas de Instrucci\u00f3n y d) Fondo.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Puede ocurrir que las partes se avoquen a concluir directamente el fondo sin proponer ning\u00fan medio incidental, o bien que promuevan incidentes, pero no medidas de instrucci\u00f3n. Sin embargo, la usanza es que las partes, como medio de defensa de inter\u00e9s privado, antes de concluir al fondo formulan conclusiones incidentales; y cuando en el caso juzgado se verifica alguna situaci\u00f3n de hecho, por norma general se recurre a las medidas de instrucci\u00f3n para edificar m\u00e1s eficazmente al tribunal: el demandante para sustentar su demanda, suele pedir la acumulaci\u00f3n del (los) incidente (s), al tiempo de promover medidas de instrucci\u00f3n. Por su lado, si finalmente se acumulan los incidentes, el demandado, subsidiariamente, pide el derecho a un contra informativo, o bien que la comparecencia de partes, si se ha dispuesto, se haga extensiva a su defendida; esto as\u00ed, cuando dicho demandante tenga inter\u00e9s de acreditar alg\u00fan punto de su defensa.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En el estado actual de nuestro derecho, al tenor del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, las excepciones<\/span>[31]<\/span><\/span><\/a> y los medios de inadmisi\u00f3n<\/span>[32]<\/span><\/span><\/a> constituyen medios de defensa de inter\u00e9s privado y, por ende, no pueden ser suplidos de oficio por los jueces, salvo la falta de inter\u00e9s o cualquier otro aspecto que sea de orden p\u00fablico<\/span>[33]<\/span><\/span><\/a>. Otro panorama ser\u00e1 cuando entre en vigor el Anteproyecto del C\u00f3digo Procesal Civil, pendiente de sanci\u00f3n al momento de redactar estas l\u00edneas, conforme al cual los jueces cuentan con poder para declarar de oficio cualquier excepci\u00f3n o medio de inadmisi\u00f3n. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Es importante discernir la distinci\u00f3n entre una demanda incidental y los incidentes. Las primeras son las acciones en justicia que lanzan las partes del proceso, seg\u00fan los c\u00e1nones instituidos en el art\u00edculo 337 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil<\/span>[34]<\/span><\/span><\/a>, y las segundas son propuestas mediante simples conclusiones vertidas en estrados<\/span>[35]<\/span><\/span><\/a>. As\u00ed, en doctrina y jurisprudencia se ha admitido que la distinci\u00f3n entre estos dos asuntos es esencialmente sobre la manera de canalizarse, as\u00ed como sobre su finalidad, y es que mientras las demandas incidentales persiguen adicionar pedimentos a las conclusiones inicialmente vertidas en el acto introductivo de demandas (dda. Adicional); reclamar, m\u00e1s all\u00e1 del rechazo puro y simple de la demanda, indemnizaciones o cualquier otro petitorio (dda. Reconvencional); que un tercero sea llamado forzosamente por una de las partes (int. Forzosa) o, finalmente, que un tercero intervenga voluntariamente en el proceso (dda. int. Voluntaria). Por su lado, los incidentes lo que buscan es retardar o impedir el conocimiento del fondo.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En cuando a las excepciones, en el Distrito Nacional se ve con cierta frecuencia la petici\u00f3n de declinatoria por ante otra sala de la misma c\u00e1mara, en raz\u00f3n de tratarse de demandas con afinidad atendible, a fin de evitar una eventual contradicci\u00f3n de decisiones. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En este caso, es preciso recordar que ha sido juzgado que respecto de las salas de una misma c\u00e1mara no se verifica la conexidad ni la litispendencia, ya que para ambos casos la ley requiere que se trate de dos jurisdicciones dis\u00edmiles; cosa que no acontece entre tribunales que integran una misma jurisdicci\u00f3n<\/span>[36]<\/span><\/span><\/a>. As\u00ed, procesalmente hablando lo adecuado ser\u00eda no calificar el incidente como conexidad ni litispendencia y, en esas atenciones, simplemente solicitar la remisi\u00f3n del caso bajo la f\u00f3rmula gen\u00e9rica de una excepci\u00f3n declinatoria: <\/span>tanto la incompetencia, como la conexidad y la litispendencia constituyen excepciones declinatorias; por tanto, es dentro de dicho g\u00e9nero que en todo caso se encuadrar\u00eda el petitorio que ocupa nuestra atenci\u00f3n. <\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          Por otra parte, las excepciones de nulidad del acto de emplazamiento y del acto de avenir o recordatorio, de abogado a abogado, tambi\u00e9n constituyen petitorios frecuentes. Al respecto, nos remitimos al apartado atinente a la utilidad pr\u00e1ctica de los principios rectores del proceso civil, espec\u00edficamente en lo que tiene que ver con el principio de saneamiento del proceso civil. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En lo que tiene que ver con los fines de inadmisi\u00f3n, resulta de inter\u00e9s comentar que ha sido juzgado que los cinco medios enunciados en el art\u00edculo 44 de la Ley No. 834 no son limitativos<\/span>[37]<\/span><\/span><\/a>. As\u00ed, pudieran existir medios de inadmisi\u00f3n no previstos de manera expresa por la ley<\/span>[38]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Entre los medios de inadmisi\u00f3n no previstos expresamente en el aludido art\u00edculo 44 de la Ley No. 834 destacan la inadmisibilidad por falta de objeto, as\u00ed como en base a previsiones de alguna ley adjetiva, sobre la imposibilidad de acceder al tribunal ordinario sin agotar previamente alguna etapa extrajudicial: Ley No. 146 sobre Seguros, Ley No. 288-05 sobre Bur\u00f3 de Cr\u00e9dito, etc. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En cuanto al fin de inadmisi\u00f3n por falta de objeto, algunos abogados \u2013minoritariamente- interpretan que la causal de carencia de objeto debe constituir un asunto de fondo, no un incidente. Esto as\u00ed, bajo la pr\u00e9dica de que para determinar la existencia del objeto en un caso determinado, necesariamente hay que valorar la prueba al fondo. No obstante, el criterio mayoritario es entender, y nos sumamos a esa postura, que la falta de objeto genera es un fin de inadmisi\u00f3n, ya que en derecho puro no constituye un asunto de fondo.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          La manera procesal de determinar si la valoraci\u00f3n que ha hecho un juez en un caso en concreto ha sido al fondo o simplemente en el \u00e1mbito de los presupuestos procesales de la acci\u00f3n, es verificar si al efecto se han fijado hechos. En caso afirmativo, indefectiblemente el estudio de la prueba fue al fondo y, por ende, cualquier decisi\u00f3n deber\u00e1 ser rendida dentro de ese \u00e1mbito: fondo<\/span><\/i><\/span>. Sin embargo, si no se han establecido los hechos de la causa, pues perfectamente la valoraci\u00f3n de prueba pudiera ser s\u00f3lo para determinar alg\u00fan incidente, sin inmiscuir el fondo. As\u00ed, para determinar la calidad de una persona que demande, por ejemplo, a t\u00edtulo de esposa de una persona fallecida a causa de un accidente de tr\u00e1nsito, necesariamente deber\u00e1 estudiarse el acto del estado civil que d\u00e9 cuenta de esa relaci\u00f3n alegada; y sin embargo, con ello no se toca el fondo. Por tanto, <\/span>mutatis mutandis<\/span><\/i>, en caso de que se determine que, por ejemplo, una demanda en validez de oferta real de pago carece de objeto, en raz\u00f3n de que el contrato que dio pie a dicha oferta ha sido previamente resuelto, se estar\u00eda estudiando un \u00e1mbito incidental, y el fondo no habr\u00eda que conocerlo.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En cuanto a los medios de inadmisi\u00f3n surgidos a causa de leyes adjetivas que instituyen la prohibici\u00f3n del acceso a la justicia ordinaria, hasta que no sea agotado un tr\u00e1mite extrajudicial, nos referiremos a los dos casos m\u00e1s comunes: Ley No. 146 sobre Seguros y Ley No. 288-05 sobre Bur\u00f3s de Cr\u00e9dito.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En cuanto al medio de inadmisi\u00f3n fundado en el hecho de que no se ha agotado la fase de arbitraje<\/span><\/i><\/span>[39]<\/span><\/span><\/a> que contempla la Ley No. 146 sobre Seguros, previo a acudir al tribunal ordinario, ha sigo juzgado mediante <\/span>sentencia declarativa<\/span>[40]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i> que: \u201cde aplicarse de manera obligatoria el agotamiento del procedimiento de arbitraje antes de acudir ante los tribunales, tal y como se consagra en los art\u00edculos 105 y 106 de la referida ley, dicha exigencia se convertir\u00eda en un obst\u00e1culo al derecho de acceso a la justicia, raz\u00f3n por la cual procede que esta Sala haga una interpretaci\u00f3n de dichos textos conforme a la Constituci\u00f3n, y en lugar de considerar obligatorio el requisito procesal consagrado en los mismos, lo considere facultativo u opcional, lo cual supone dejar a las partes en libertad de agotarlo o no agotarlo; que en consecuencia, se rechaza el medio de inadmisi\u00f3n\u201d<\/span>[41]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Por otro lado, en lo que tiene que ver con la inadmisibilidad fundada en la falta de tr\u00e1mite del proceso administrativo instituido en la ley que rige los bur\u00f3 de cr\u00e9ditos, constituye un precedente que \u201clas disposiciones de la Ley No. 288-05 del 18 de agosto de 2005, en lo referente al proceso, previo y obligatorio, que debe ser agotado antes de que un titular de Informaci\u00f3n pueda dirigirse a la justicia ordinaria, coloca en una situaci\u00f3n de desigualdad de armas a este \u00faltimo respecto de los Bur\u00f3s de Informaci\u00f3n Crediticia (B.I.C) y los Aportantes de Datos, puesto que constituye ese procedimiento una manera proteccionista de que \u00e9stos cubran las posibles faltas en que pudieran incurrir, en violaci\u00f3n de las propias disposiciones de la ley antes citada, sin que se le remunere al reclamante por el da\u00f1o que se pueda provocar en su perjuicio por el ofrecimiento de una informaci\u00f3n errada o inexacta \u2026 derivamos de todas las consideraciones precedentes que el art\u00edculo 27, cap\u00edtulo IV, t\u00edtulo III, de la Ley No. 288-05 del 18 de agosto de 2005, deviene en inaplicable para el caso que nos ocupa, por ser contrario a la Constituci\u00f3n\u2026\u201d<\/span>[42]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          3.2.2.8 Medidas de Instrucci\u00f3n <\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Las medidas de instrucci\u00f3n que con m\u00e1s frecuencia de solicitan en los tribunales de derecho com\u00fan son la comparecencia personal de las partes y los informativos testimoniales. Con menos frecuencia, se peticionan peritajes, y con menos periodicidad aun, se requieren inspecci\u00f3n de lugares. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          La Ley No. 834 reglamenta lo atinente a las comparecencias personales de las partes y a los informativos testimoniales (Arts. 60 y sgts. y 73 y sgts., respectivamente). El C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en los art\u00edculos 295 y siguientes y\u00a0 <\/span><\/span>302 y siguientes prev\u00e9 la inspecci\u00f3n de lugares y el peritaje, respectivamente.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/ol>\n<\/ol>\n<\/ol>\n

          La Suprema Corte de Justicia fij\u00f3 el criterio mediante sentencia No. 7 dictada el 18 de agosto de 2004, compilada en el Bolet\u00edn Judicial No. 1125, p\u00e1ginas 83-88 que, para evitar dilaciones innecesarias, es posible acumular medidas de instrucci\u00f3n, para estudiar su procedencia reflexivamente cuando se estudie el expediente, luego de cerrados los debates. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En el Distrito Nacional, las dos salas que integran la Corte de Apelaci\u00f3n Civil y Comercial, han hecho acopio de la referida jurisprudencia, esencialmente para casos en que a simple vista no sea posible estudiar en estrados la procedencia de la medida, sea por la extensi\u00f3n del expediente, por la naturaleza del hecho juzgado o por lo que fuere. Por ejemplo, el caso de una demanda en responsabilidad civil por mala pr\u00e1ctica m\u00e9dica, en que se alegan situaciones de hecho y para acreditarlas se solicitan medidas de instrucci\u00f3n, pero la otra parte se opone alegando que ya en el expediente constan sendas experticias que surten las informaciones que se persiguen con las medidas de instrucci\u00f3n solicitadas. En este caso o en cualquier otro con similares rasgos, la \u00fanica manera del tribunal estar en condiciones de verificar los m\u00e9ritos del pedimento de instrucci\u00f3n es luego de estudiar la glosa procesal; esto as\u00ed, dada la naturaleza del proceso vetusto vigente hasta el d\u00eda de hoy en nuestro pa\u00eds, en que los jueces suben a las audiencias sin conocer el expediente, ya que son las partes las que forman el mismo mediante la aportaci\u00f3n de pruebas.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Muchos letrados cuestionan dicha soluci\u00f3n procesal, bajo la pr\u00e9dica de que rompe con toda l\u00f3gica procesal el decidir con el fondo algo que es propio de la sustanciaci\u00f3n de la causa. Postura esta que luce sostenible: se supone que la instrucci\u00f3n va antes que el fondo, no pueden ir juntos ambos asuntos<\/span><\/i><\/span><\/span>. Pero no debe perderse de vista que dicho precedente, pragm\u00e1tico por dem\u00e1s, no implica alterar el orden procesal l\u00f3gico: <\/span>si bien se decide conjuntamente con el fondo, una vez cerrados los debates, la procedencia de la medida de instrucci\u00f3n \u2013no obstante- se estudia primero que el fondo, y en caso de contar con m\u00e9ritos, pues sencillamente se dispone sin ver el fondo. <\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          No es pac\u00edfico el criterio en torno a si, en caso de hacerse acopio de la referida jurisprudencia, es necesario o no reaperturar los debates para tramitar la medida, cuando estando en estado el expediente, finalmente se determina su utilidad: unos sostienen que no es necesario, pues al acumularse la medida, siguiendo un orden l\u00f3gico procesal, si se dispone todo debe remontarse al momento mismo de la audiencia que en se solicit\u00f3 y, por tanto, no es necesario reabrir los debates que virtualmente para esos fines nunca se cerraron. Por otro lado, hay quienes entienden que independientemente de que se haya o no acumulado la medida, lo cierto es que en caso de acumularse, una vez en el despacho el juez, ya los debates materialmente se cerraron y, por consiguiente, en derecho procesal puro, deber\u00edan reaperturarse dichos debates. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En nuestra opini\u00f3n, se trata de una discusi\u00f3n poco \u00fatil, m\u00e1s bien sem\u00e1ntica, ya que en definitiva, sea un remedio u otro, se produce el mismo efecto: se conoce la medida, y punto. <\/span><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span>Otras cortes, como la de San Pedro de Macor\u00eds, por ejemplo, adoptan una soluci\u00f3n procesal diferente. Aquel tribunal petromacorisano, cuando no puede edificarse sobre la utilidad de la medida en la misma audiencia, procede a \u201crechazar la medida en ese momento procesal <\/span>(en la audiencia)<\/span><\/i>, haciendo reserva de disponerla oficiosamente, en caso de que cuando se avoque a estudiar el expediente advierta que es necesaria\u201d.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          3.2.2.9 Acumulaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          La acumulaci\u00f3n tiene como fundamente no solamente el art\u00edculo 4 de la Ley No. 834, sino varios principios rectores del proceso civil, como el de concentraci\u00f3n, econom\u00eda procesal, etc.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          La raz\u00f3n de ser de este mecanismo es evitar que los procesos sufran dilaciones innecesarias, ya que muchas veces los tr\u00e1mites civiles se tornaban interminables por algunas chicanas<\/span><\/i><\/span><\/span> incidentales por parte de abogados, en el sentido de apelar cualquier decisi\u00f3n, aun sean preparatorias y, consecuentemente, solicitar el sobreseimiento de la causa hasta que se decida el recurso de apelaci\u00f3n en alzada: <\/span>la t\u00e1ctica era incoar la apelaci\u00f3n consciente de su inadmisibilidad, por la naturaleza de la sentencia<\/span>[43]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a>, pero entretanto la corte decida lograban retardar el proceso.<\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Con la acumulaci\u00f3n dicha t\u00e1ctica ha ido perdiendo terreno, puesto que los jueces del fondo, pretorianamente han optado por decidir los aspectos incidentales mediante la misma sentencia que resuelve el fondo, aunque por dispositivos distintos y, evidentemente, respetando el orden l\u00f3gico procesal: excepciones, inadmisiones, medidas de instrucci\u00f3n, fondo. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Este mecanismo no tendr\u00e1 raz\u00f3n de ser cuando entre en vigor el Anteproyecto del C\u00f3digo Procesal Civil, el cual se encuentra pendiente de estudio y aprobaci\u00f3n ante el Congreso Nacional, al momento de redactar estas l\u00edneas, ya que dicha pieza novedosa proh\u00edbe de manera expresa que se apelen sentencias preparatorias de manera independiente al fondo, y resuelve definitivamente el impasse cuando taxativamente dispone que en caso de que, no obstante, se interponga el recurso impropiamente, <\/span>\u201cse dar\u00e1 por no presentado\u201d<\/span>[44]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Constituye un precedente jurisprudencial que \u201c\u2026 la acumulaci\u00f3n de los incidentes procesales se admite con la finalidad de no eternizar los procedimientos; que, seg\u00fan ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, los jueces del fondo pueden mediante una sola sentencia, pero por disposiciones distintas decidir, como se ha hecho en la especie, todos los incidentes procesales que sean promovidos, siempre y cuando las partes hayan sido puestas en condiciones de concluir sobre ellos\u2026 \u201c<\/span>[45]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Igualmente, ha sido juzgado que: \u201cla sentencia que contiene la decisi\u00f3n de acumular incidentes para decidirlos conjuntamente con el fondo, pero por dispositivos dis\u00edmiles, es de naturaleza preparatoria y, por ende, no puede apelarse de manera separada al fondo\u201d<\/span>[46]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Finalmente, queremos destacar que si bien la acumulaci\u00f3n es una herramienta \u00fatil para lidiar con el procedimiento vigente, de m\u00e1s de dos siglos, no debemos perder de vista \u2013sin embargo- que hay asuntos que por su propia naturaleza no admiten una acumulaci\u00f3n. Por ejemplo, la nulidad de alguna audiencia, la nulidad de un avenir, en fin, cuestiones que a todas luces ser\u00edan ineficaces si no se deciden en el momento mismo de proponerse; y en todo caso, si el juez que preside no se siente seguro de resolver el asunto sobre la barra, pues lo propio ser\u00eda diferirlo para una fecha pr\u00f3xima, breve; pero no seguir la instrumentaci\u00f3n de la causa<\/span>[47]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          3.2.2.10 Conclusiones <\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          De conformidad con el art\u00edculo 72 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cen la audiencia las partes se limitar\u00e1n a exponer sus conclusiones motivadas y el juez les conceder\u00e1 plazos moderados para el dep\u00f3sito de r\u00e9plica y contrarr\u00e9plica que no deber\u00e1n exceder quince d\u00edas para cada una de las partes y ser\u00e1n consecutivos\u201d.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En cuanto a la manera de proponer los incidentes al tribunal, hay dos estilos que se emplean com\u00fanmente: 1.- Exponer incidente por incidente y 2.- Plantear de manera principal los incidentes y, a seguidas, concluir subsidiariamente al fondo. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En cuanto a la primera forma de presentar incidentes, uno por uno, preciso es comentar que ello implica que se vaya sometiendo al contradictorio cada incidente propuesto de manera individual. Es decir, tan pronto se proponga una excepci\u00f3n de incompetencia, por ejemplo, debe darse la palabra a la contraparte para que opine al respecto. Y consecuentemente el tribunal tomar\u00e1 la decisi\u00f3n, pudiendo a tales efectos, acumularla o resolverla sobre la barra<\/span>[48]<\/span><\/span><\/a>; o bien fijar una fecha \u00fanicamente para rendir la correspondiente decisi\u00f3n incidental. Si se opta por la acumulaci\u00f3n, entonces debe inquirirse al demandado, en el sentido de si tiene alg\u00fan otro incidente que proponer. En caso positivo, procede retornarle la palabra para que lo plantee. En caso negativo, la palabra debe ser concedida al demandante para que concluya al fondo y despu\u00e9s al demandado para que, subsidiariamente, produzca conclusiones al fondo. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En cambio, si se proponen los incidentes de manera principal y las conclusiones al fondo, a t\u00edtulo subsidiario, luego que dicho demandado termina de producir conclusiones, entonces se retorna la palabra al demandante para que se refiera, en una sola intervenci\u00f3n, a todos los incidentes propuestos de manera principal: es m\u00e1s expedito el tr\u00e1mite cuando el demandado expone sus incidentes principalmente y sus conclusiones al fondo subsidiariamente, pues solamente habr\u00eda que devolver la palabra una vez al demandante para que se pronuncie de manera conjunta sobre todos los incidentes, y la din\u00e1mica del contradictorio quedar\u00eda cubierta. Por otro lado, uno por uno supone dar la palabra al demandado, volver a d\u00e1rsela al demandante, y luego otra vez al demandado, para que \u2013una vez se decida sobre el incidente individual- produzca conclusiones subsidiarias al fondo o sobre otro incidente. <\/span><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          Particularmente, estimamos que si bien pudiera resultar m\u00e1s prolongado y, probablemente, m\u00e1s mon\u00f3tono, pero para fines de contundencia del incidente, si se promueve de manera individual se persuadir\u00eda m\u00e1s eficazmente al juez, y hasta se podr\u00eda lograr que se produzca una decisi\u00f3n en estrados, en base a las motivaciones orales que las partes viertan sobre el particular; posibilidad \u00faltima que no ser\u00eda posible si la misma parte es quien invita al juez a acumular todos los incidentes, al tiempo de propon\u00e9rselos conjuntamente con las conclusiones del fondo. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En la cotidianidad se ha presentado la situaci\u00f3n de que, para ganar tiempo, los letrados representantes de la parte demandante \u201crenuncian\u201d al plazo para justificar conclusiones y, con esa excusa, solicitan que solamente se le d\u00e9 un plazo para contrarr\u00e9plica luego de vencido el plazo dado al demandado para justificar conclusiones: en suma, se pretende tener la \u00faltima palabra, aun siendo el demandante.<\/span><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Algunos tribunales han decidido en el sentido de que dicho pedimento contraviene la secuencia l\u00f3gica del contradictorio<\/span>[49]<\/span><\/span><\/a>, ya que se supone que quien debe tener la \u00faltima palabra es a quien se le opone un petitorio determinado; en este caso ser\u00edan todas las conclusiones vertidas en el acto introductivo de la demanda que se pretenden oponer al demandado: <\/span>de qu\u00e9 se va a defender alguien si no le han informado qu\u00e9 es lo que se persigue con la demanda.<\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

          Sin embargo, lo que se alega para fundar la procedencia de este pedimento es que el acto introductivo de la demanda ya tiene desarrollas todas las motivaciones y, por tanto, para evitar \u201cllover sobre mojado\u201d<\/span><\/i><\/span><\/span>, lo propio ser\u00eda que el demandado primero argumente a contrario para entonces luego responder el demandante cualquier punto novedoso. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Visto de esa manera, no parecer\u00eda descabellado el planteamiento, pero particularmente s\u00f3lo transar\u00eda con esta posibilidad, a fin de evitar dilaciones innecesarias, siempre y cuando el demandado tenga la \u00faltima palabra. O sea, si se inicia el plazo con el demandado para responder los alegatos que ya est\u00e1n incursos en el acto introductivo de la demanda, conferir otro posterior de para r\u00e9plicas al demandante, pero que se termine la din\u00e1mica con un \u00faltimo plazo al demandado para contrarr\u00e9plica.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Otro caso parecido, pero distinto, se presenta cuando \u2013tambi\u00e9n para ganar tiempo- el demandante, confiado de sus motivaciones esgrimidas en el acto introductivo de demanda, renuncia al plazo para fines de dep\u00f3sito de escritos justificativos de conclusiones, al tiempo de peticionar al tribunal que en todo caso solamente conceda un \u00fanico plazo al demandado para que \u00e9l motive sus conclusiones. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Esta solicitud parecer\u00eda sostenible, partiendo de que la usanza es que los actos introductivos de demanda describen motivadamente el objeto de la acci\u00f3n y, m\u00e1s aun, conociendo que muchas veces lo que el demandante deposita en el consabido plazo para dep\u00f3sito de escrito justificativo es una copia de lo mismo que est\u00e1 redactado en el acto de emplazamiento. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Pero para cuidar que en la alzada no se mal interprete que hubo en primer grado alguna violaci\u00f3n a la igualdad de armas<\/span><\/i><\/span><\/span>, ser\u00eda prudente que el juez d\u00e9 acta de la renuncia expresa que ha hecho en estrados el demandante, respecto del plazo para fines de dep\u00f3sito de escrito justificativo de conclusiones.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En cuanto a los escritos que se depositan luego de cerrados los debates, la doctrina vanguardista ha aclarado que deben llamarse escritos justificativos, no ampliatorios, ya que lo que se permite es fundamentar el petitorio que se ha vertido en el juicio oral, p\u00fablico y contradictorio, no incluir nuevos aspectos que no hayan sido previamente esgrimidos durante la instrumentaci\u00f3n de la causa.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Nos es un\u00e1nime el criterio para determinar si los debates est\u00e1n formalmente cerrados cuando termina la \u00faltima audiencia en que las partes esgrimen sus conclusiones o si procesalmente se cierran es cuando terminan los plazos para fines de dep\u00f3sitos de escritos justificativos, de r\u00e9plicas y de contrarr\u00e9plicas.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Los que abogan porque los debates se cierran es cuando venzan los plazos para el dep\u00f3sito de documentos, usan como aval la parte final del art\u00edculo 343 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, incurso en el apartado propio de la renovaci\u00f3n de instancia y constituci\u00f3n de nuevo abogado, que taxativamente establece: \u201c\u2026 Si se tratase de asuntos que se instruyen por escrito, la causa estar\u00e1 en estado cuando la instrucci\u00f3n est\u00e9 completa, o hayan transcurrido los plazos para las producciones y r\u00e9plicas<\/span><\/span><\/span><\/span>\u201d. <\/span>(Subrayado nuestro)<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          La postura que ha prevalecido en la mayor\u00eda de los tribunales es la primera, sobre la base de que un debido proceso supone que los petitorios y documentos que atan al juez son los que se someten al contradictorio, no los producidos mediante escritos justificativos; y es que la finalidad exclusiva de estos \u00faltimos es simplemente robustecer los motivos para justificar lo que se haya pedido en el juicio.\u00a0 <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En caso de que luego de cerrados los debates se entienda que existe alguna documentaci\u00f3n novedosa que justifique retomar los debates nuevamente, a fin de someter al contradictorio dicha (s) pieza (s) nueva, a nivel jurisprudencial se ha creado el remedio jur\u00eddico denominado \u201creapertura de debates\u201d<\/span><\/i><\/span><\/span>, que no es m\u00e1s que, una vez cerrados los debates, fijar mediante auto gracioso una nueva fecha para continuar con el conocimiento de las argumentaciones encontradas de las partes; auto que deber\u00e1 notificar la parte que primero tome conocimiento del mismo a la contraparte. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Doctrinariamente se habla de reapertura plena y de reapertura limitada. La primera es cuando se retoma la instrucci\u00f3n del expediente, en t\u00e9rminos gen\u00e9ricos, esto es, que libremente las partes podr\u00edan solicitar el dep\u00f3sito de nuevos documentos, as\u00ed como medidas de instrucci\u00f3n. La segunda es cuando el objeto de la reapertura es limitado expresamente por la decisi\u00f3n que la ordena. Por ejemplo, si se reapertura \u00fanicamente para que el demandante tome conocimiento de una documentaci\u00f3n depositada fuera de plazo por el demandado, pero que pudiera definir el desenlace del pleito; en ese caso, es \u00fanicamente para validar el referido dep\u00f3sito que se ha dispuesto la reapertura.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Algunos niegan la existencia de la reapertura de debates plena, consintiendo solamente la parcial. Pero lo cierto es que esta medida no est\u00e1 prevista en la ley y, por tanto, en este momento los tribunales est\u00e1n disponiendo una u otra, atendiendo a la casu\u00edstica de que se trate. De tal suerte, que es indudable que \u2013en t\u00e9rminos materiales- s\u00ed existen las consabidas dos clases de reaperturas de debates. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En el \u00e1mbito jurisprudencial, se ha establecido que \u201cLa solicitud de reapertura de debates debe estar acompa\u00f1ada de documentos nuevos o de la prueba de la existencia de hechos nuevos con capacidad para producir un cambio en la soluci\u00f3n del caso\u201d.<\/span>[50]<\/span><\/span><\/a>\u00a0 <\/span>Asimismo, que \u201ccuando el tribunal est\u00e1 apoderado por conclusiones formales al fondo y una de las partes solicita una reapertura de los debates para comunicar documentos, debe notificar dicha solicitad a la otra partes, d\u00e1ndole copia de los documentos que se van a hace valer, para luego el tribunal apoderado apreciar la procedencia o no de la medida\u201d.<\/span>[51]<\/span><\/span><\/a> De igual modo, que \u201cla reapertura de los debates puede ser dispuesta de oficio por los jueces cuando as\u00ed lo aconseje una buena administraci\u00f3n de justicia\u201d<\/span>[52]<\/span><\/span><\/a>. Y, finalmente, nos resulta de inter\u00e9s comentar que ha sido juzgado que \u201cla sentencia que ordena una reapertura de los debates no resuelve ni prejuzga el fondo y es, por su naturaleza, de car\u00e1cter preparatorio\u201d<\/span>[53]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Para concluir esta parte, resulta \u00fatil comentar que cuando la reapertura de los debates es ordenada de oficio por el tribunal, lo propio es comisionar un alguacil oficiosamente. Esto as\u00ed, en raz\u00f3n de que muchas veces ocurre que el tribunal decide la reapertura y ninguna de las partes se entera de ella, ya que para \u00e9stas el proceso est\u00e1 en estado; y como los tribunales cuentan con noventa d\u00edas para decidir, sin mora, no procuran revisar el expediente hasta luego de transcurrido un lapso considerable, retard\u00e1ndose innecesariamente el proceso. Impasse que no ocurre cuando el tribunal comisiona un alguacil para que efect\u00fae de oficio la notificaci\u00f3n: con esta medida se garantiza que<\/span><\/i><\/span><\/span>las partes se enteren de la existencia de la reapertura, pues sin que ninguna de ellas vaya al tribunal, el alguacil estar\u00e1 llamado a notificar la decisi\u00f3n, generalmente, a la solicitante de la reapertura; la que deber\u00e1 notificar ella a la contraparte la decisi\u00f3n: la pr\u00e1ctica es que el alguacil comisionado de oficio solamente notifica a la parte interesada y dicha parte notificada queda a cargo de notificar a la contraparte. <\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          3.2.3 La sentencia<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

          A partir de que el expediente est\u00e9 en estado y en condiciones de ser fallado, seg\u00fan el art\u00edculo 165 de la Ley No. 821 sobre Organizaci\u00f3n Judicial (Modificada por la Ley No. 1021 del 1935, G.O. 4841), los jueces del fondo cuentan con un plazo de noventa d\u00edas para dictar su sentencia. Vencido dicho lapso, legalmente estar\u00eda en mora el tribunal.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          En la pr\u00e1ctica, algunos tribunales han instaurado un sistema de \u201creclamaci\u00f3n de fallo\u201d<\/span><\/i><\/span><\/span>, que no es m\u00e1s que la solicitud mediante instancia, dirigida al tribunal, a fin de que se decida el caso de que se trate. A tales efectos, la costumbre ha sido dar curso a aquellas solicitudes hechas respecto de casos que real y efectivamente tienen m\u00e1s de noventa d\u00edas sin resolver. Esto as\u00ed, ya que hay casos en que se solicitan fallos aun cuando est\u00e1n abiertos los plazos para fines de dep\u00f3sito de escritos justificativos o, en casos menos extremos, cuando todav\u00eda el tribunal se encuentra dentro del tiempo legal para decidir.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          El art\u00edculo 141 indica cu\u00e1les son los miramientos m\u00ednimos que debe tener una sentencia para ser v\u00e1lida, visto: \u201cLa redacci\u00f3n de las sentencias contendr\u00e1 los nombres de los jueces, del fiscal y de los abogados; los nombres, profesiones y domicilios de las partes; sus conclusiones, la exposici\u00f3n sumaria de los puntos de hecho y de derecho, los fundamentos y el dispositivo.\u201c<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Es importante comentar que algunos tribunales, para evitar que se lentifique el proceso innecesariamente, respecto de las sentencias preparatorias, encaminadas a instruir pura y simplemente la causa, ordenan la ejecuci\u00f3n provisional, sin fianza, de las mismas; utilizando como fundamento legal el art\u00edculo 130.10 de la Ley No. 834, conforme al cual, en suma, las decisiones que disponen alguna medida de pura sustanciaci\u00f3n del proceso son ejecutorias de pleno derecho.<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Con esto se evitan chicanas<\/span><\/i><\/span><\/span> como recurrir en apelaci\u00f3n una sentencia preparatoria que se limite a disponer una comunicaci\u00f3n de documentos, y luego proponer el sobreseimiento del proceso sobre la base del efecto suspensivo de dicho recurso ordinario: <\/span>evidente t\u00e1ctica dilatoria que, desafortunadamente, tuvo eficacia alguna vez, cuando los tribunales interpretaban que no era facultad de ellos decidir sobre la procedencia del recurso, siendo facultad exclusiva de la corte calificar su decisi\u00f3n y consecuentemente decidir la apelaci\u00f3n. Lo cual es cierto, pero era poco inteligente en ese caso obviar el consabido art\u00edculo 130.10 que vino a resolver esta barbaridad procesal. Desafortunadamente, este texto incurso desde el 1978 en nuestra normativa procesal, no hab\u00eda sido descubierto por algunos tribunales hasta hace a penas unos a\u00f1os.<\/span><\/i><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          Para ampliar sobre lo que es la sentencia, como acto jurisdiccional, as\u00ed como los diferentes tipos que existen de \u00e9sta, nos remitimos a las consideraciones desarrolladas en el apartado sobre la sentencia y los recursos de este trabajo. <\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n


          <\/p>\n
          \n
          \n

          [1]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Como ser\u00eda una nulidad de acto de avenir o de audiencia; o la declaratoria de mal perseguida la audiencia, etc.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [2]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Si revisamos el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, desde su libro II, t\u00edtulo I, se refiere a los tribunales de primera instancia, pero ese t\u00edtulo I de dicho libro, modificado por la Ley No. 5119 del 4 de mayo del 1959, que inicia con el art\u00edculo 48 (modificado por la Ley No. 845 del 15 de julio del 1978), trata es del embargo conservatorio como medida preventiva para tutelar un cr\u00e9dito en caso de no contar con un t\u00edtulo ejecutorio, lo cual si bien es competencia de los tribunales de derecho com\u00fan, no se corresponde con el procedimiento contencioso, sino que es relativo a las atribuciones graciosas de dicho tribunal. Es por eso que para fines de este cap\u00edtulo iniciamos el estudio a partir de los emplazamientos (Art. 59 y sgts.), que es como propiamente principia todo proceso contencioso. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [3]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> La octava franca es el plazo m\u00ednimo, por lo que no es posible perseguir audiencia antes de que se cubra ese tiempo, pero el plazo m\u00e1ximo ser\u00edan los tres a\u00f1os de la perenci\u00f3n. Pero, ojo, resulta que la perenci\u00f3n no opera de pleno derecho, por lo que si aun transcurriendo tres a\u00f1os nadie demanda la perenci\u00f3n, y luego de vencido ese tiempo para perimir la instancia se interrumpe la misma mediante la ejecuci\u00f3n de alg\u00fan acto procesal, en este caso una solicitud de fijaci\u00f3n de audiencia, el emplazamiento persistir\u00eda vigente y funcionar\u00eda v\u00e1lidamente para iniciar un proceso. Es decir, que perfectamente pudiera ocurrir que un acto instrumentado 5 o seis a\u00f1os atr\u00e1s, si nadie ha demandado la perenci\u00f3n, sea v\u00e1lido. En todo caso, la prescripci\u00f3n veinte\u00f1al ser\u00eda la aplicable; pero siendo la prescripci\u00f3n un medio de defensa de inter\u00e9s privado, salvo cuando raye con el orden p\u00fablico, debe invocarse; no pueden los jueces hacerlo de oficio (el anteproyecto s\u00ed permite que los jueces adopten oficiosamente todos los fines de inadmisi\u00f3n). Por todo lo anterior, no compartimos el criterio de algunos tribunales de mandar a reiterar el emplazamiento en caso de que sean <\/span>\u201cviejos\u201d<\/span><\/i>; si no se ha demandado la perenci\u00f3n, y en el tiempo para cuando se demande no se ha notificado ninguna constituci\u00f3n de abogado, lo propio es dar como v\u00e1lido el emplazamiento, sin importar que se haya instrumentado en el 2007, por ejemplo, y se persiga audiencia en el 2011. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [4]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Esta soluci\u00f3n creada en la pr\u00e1ctica, ya que no est\u00e1 prevista en la ley, aplica es cuando impropiamente se persigue audiencia en momentos en que las condiciones procesales no est\u00e1n dadas. Por ejemplo, el pedir fijaci\u00f3n de audiencia cuando a\u00fan no ha cesado la causa de un sobreseimiento; perseguir audiencia por ante una sala de alguna c\u00e1mara civil y comercial que no corresponda, etc. En estos casos se requiere al tribunal que proceda a asignar un d\u00eda para celebrar la audiencia, pero no se verifica una violaci\u00f3n a alg\u00fan derecho procesal propiamente, como ocurrir\u00eda en el caso de perseguirse audiencia antes de vencer la octava franca. Por eso es que cuando se fija audiencia antes de que venza el referido plazo, lo que se produce en buen derecho es la nulidad de la audiencia. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [5]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Como hemos dicho y en otra parte de este libro, el Anteproyecto que est\u00e1 circulando al momento de redactarse estas l\u00edneas, reduce este plazo a s\u00f3lo un a\u00f1o. No obstante, en las discusiones entabladas entre los comisionados redactores y distintos sectores del \u00e1rea procesal civil, se ha barajado insistentemente la posibilidad de fijar un tiempo ecl\u00e9ctico entre las disposiciones del actual CPC y el ACPC: <\/span>2 a\u00f1os<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [6]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Revisar el contenido de este principio en el apartado sobre la utilidad pr\u00e1ctica de los principios rectores del proceso civil. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [7]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Puede pasar lo contrario, que el demandado \u2013lejos de querer que se conozca r\u00e1pido el asunto- deseen que dure para conseguir el dinero de la deuda, etc. Pero hay demandas que a todas luces no tienen m\u00e9ritos, y en esos casos es que tienen inter\u00e9s en que \u201cpase r\u00e1pido\u201d el asunto. En ese \u00e1nimo es que emplean esta estrategia. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [8]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Cas. Civ. No. 08 del 16 de junio de 2004, B.J. No. 1123, p.p. 171-177.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [9]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> B\u00e1sicamente, todo lo que la ley indique que debe contener un acto determinado es de forma y, por ende, en caso de no incluirse tal o cual menci\u00f3n, la nulidad que pudiera generarse ser\u00eda de forma, no de fondo. Una nulidad de fondo, propiamente, es aquella que se produce como secuela de algo que afecta a alguna de las partes o al ministerial actuante, como ser\u00eda una incapacidad por minor\u00eda de edad, por el estado de <\/span>sub iudice<\/span><\/i>, etc. O bien, en cuanto al ministerial, que el mismo no ostente tal condici\u00f3n, o que haya estado suspendido al momento de redactarse el acto, etc. En estos casos, como es bien sabido, no habr\u00eda que probar agravio, ya que se tratar\u00eda de una nulidad de fondo, la cual no requiere agravio y puede ser peticionada en todo estado de causa. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [10]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Este art\u00edculo 69.7, adem\u00e1s que ante el fiscal, manda que se fije el emplazamiento en la puerta del tribunal que deba conocer la demanda. En la pr\u00e1ctica, muchas veces no se fija en la puerta del tribunal y, no obstante, algunos tribunales dan como bueno y v\u00e1lido dicho tr\u00e1mite de emplazamiento, sobre la base de que tal fijaci\u00f3n es obsoleta y no contribuye en una medida considerable con la publicidad deseada. Particularmente, confesamos ser adeptos de la escuela positivista en este caso, e interpretamos que por seguridad jur\u00eddica, si se trata de un mandato legal, por qu\u00e9 no acatarlo?<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [11]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> El registro, b\u00e1sicamente, lo que persigue es hacer oponible el acto a terceros. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [12]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> En buen derecho, los alguaciles son los que est\u00e1n llamados a redactar ellos mismos los actos que notifican. Sin embargo, desafortunadamente, en la pr\u00e1ctica son los abogados que redactan los mismos y los facilitan a los alguaciles para que lo notifiquen. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [13]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Cas. Civ. No. 2 del 4 de febrero de 2004, B.J. No. 1119, p.p. 76-82.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [14]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Cas. Civ. del 30 de mayo de 2001, B.J. No. 7086, p.p. 158-164.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [15]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Ley denominada de esa manera en honor a los apellidos de los dos legisladores que la propusieron.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [16]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>LUCIANO PICHARDO<\/span><\/strong><\/b>, Rafael. <\/span>De las astreintes y otros escritos<\/span><\/i>, 2da. Edici\u00f3n, p. 502.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [17]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>GERM\u00c1N MEJ\u00cdA<\/span><\/strong><\/b>, Mariano. <\/span>V\u00edas de Ejecuci\u00f3n<\/span><\/i>, Tomo II, p. 299<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [18]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sucede con frecuencia que estudiantes de derecho y, peor aun, personas ajenas totalmente a las ciencias jur\u00eddicas usurpan la calidad de abogado <\/span>(siendo la usurpaci\u00f3n de funciones\u00a0 <\/span><\/span>algo inconstitucional)<\/span><\/span><\/i> y suben a litigar ante los tribunales. Asimismo, ocurre que abogados cuyo exequ\u00e1tur est\u00e1 suspendido pretenden, no obstante, postular. Es en esas atenciones que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, a requerimiento del entonces presidente del Colegio de Abogados,<\/span>\u00a0 <\/span>mediante oficio requiri\u00f3 a los tribunales inferiores que soliciten a los abogados el carnet del Colegio antes de permitirles postular. Y en caso de que alg\u00fan letrado, libre y voluntariamente, no desee formar parte de tal gremio, por la raz\u00f3n que fuere, entonces que pruebe no solamente que es abogado, mediante el t\u00edtulo universitario correspondiente, sino que est\u00e1 autorizado para ejercer la profesi\u00f3n, lo cual se logra mediante el decreto que le haya otorgado el exequ\u00e1tur. Desafortunadamente, dicha medida de prevenci\u00f3n no se implementa en todos los tribunales, pero al menos en el Distrito Nacional algunos s\u00ed lo hacen. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [19]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> \u201c\u2026<\/span>un contrato de cuota litis \u2026 se trata de un mandato ad-litem propiamente calificado que obliga a las partes contratantes\u2026\u201d<\/span><\/i>: <\/span>C\u00e1ms. Reuns. No. 17 del 23 de agosto de 2006, B.J. No. 1149, p.p. 125-134<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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          [20]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> La Ley No. 302 sobre Honorario de Abogados prev\u00e9 sanciones disciplinarias contra abogados que incurran en esta pr\u00e1ctica desleal. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [21]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Antes de la promulgaci\u00f3n de la Ley No. 834, en el 1978, la comunicaci\u00f3n de documentos constitu\u00eda una excepci\u00f3n del proceso, que deb\u00eda ser propuesta <\/span>inlimini litis<\/span><\/i>, pero luego de entrar en vigor dicha normativa pas\u00f3 a ser un elemento de lealtad procesal, dejando de ser una excepci\u00f3n procesal. Alguno sostienen que hoy d\u00eda se trata de una verdadera demanda, otros entienden que de lo que se trata es de una medida de coerci\u00f3n. La primera postura nos parece m\u00e1s correcta, ya que una \u201cdemanda\u201d tiene sus propias particularidades que, definitivamente, no tiene la comunicaci\u00f3n de documentos: definitivamente, esta medida se acerca m\u00e1s a una medida de instrucci\u00f3n que a una demanda, la cual implica emplazamiento, constituci\u00f3n de abogados, etc.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [22]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Ver el cap\u00edtulo de esta obra, sobre la utilidad pr\u00e1ctica de las garant\u00edas y principios rectores del proceso civil. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [23]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, B.J.752.2089<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [24]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, B.J.740.1636<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [25]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, 1ra. C\u00e1m, No. 8 del 11 de junio de 2003, B.J. No. 1107, p.p. 63-68.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [26]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, 1ra. C\u00e1m, No. 2 del 26 de junio de 2002, B.J. No. 1099, p.p. 105-110.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [27]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Cas. Civ. No. 13 del 18 de mayo de 2005, B.J. No. 1134, p.p. 120-126.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [28]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> \u00cddem<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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          [29]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>TAVARES<\/span><\/strong><\/b>, Froil\u00e1n (Hijo). <\/span>Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano<\/span><\/i>, Vol. I, p. 210.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [30]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, 1ra. C\u00e1m, dictada el 24 de abril de 2002.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [31]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Art\u00edculo 1 de la Ley No. 834 del 15 de Julio de 1978.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [32]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> \u00cddem, Art\u00edculo 44.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [33]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, 1ra. C\u00e1m, No. 13 del 29 de enero de 2003, B.J. No. 1106, p.p. 102-108.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [34]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Cuando la demanda incidental la interpone el demandante para adicionar alg\u00fan petitorio a su demanda primigenia, se denomina demanda adicional; si la lanza el demandado para contrademandar al demandante, se llama demanda reconvencional; en caso de ser un intercero que voluntariamente quiere intervenir en el proceso, se nomina intervenci\u00f3n voluntaria y si es una de las partes del proceso respecto de un tercero para que forzosamente forme parte de la litis, ser\u00eda una demanda en intervenci\u00f3n forzosa. Pero todas son demandas incidentales: Ver: TAVARES, Froil\u00e1n (Hijo). Elementos de de Derecho Procesal Civil Dominicano, Volumen I, p. p. 307-308. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [35]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Estas ser\u00edan las excepciones, los fines de inadmisi\u00f3n, sobreseimientos.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [36]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Ver: Cas. Civ. No. 41 del 31 de agosto de 2005, B.J. No. 1137, p.p. 372-379.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [37]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Los fines de inadmsi\u00f3n que est\u00e1n expresamente previstos en el art\u00edculo 44 de la Ley Nol 834 son: 1) Falta de calidad; 2) falta de inter\u00e9s; 3) la prescripci\u00f3n; 4) el plazo prefijado y 5) La cosa juzgada. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [38]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> \u201c\u2026<\/span>\u00a0 <\/span>la propia Ley No. 834-78 establece que no es necesario que la inadmisibilidad resulte de alguna \u201cdisposici\u00f3n expresa\u201d\u2026: <\/span>Cas. Civ. No. 9 del 22 de mayo de 2002, B.J. No. 1098, p.p. 122-128.<\/span><\/strong><\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [39]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Independientemente de que la Ley No. 146 denomine esa etapa como \u201carbitraje\u201d, lo cierto es que \u2013concretamente- de lo que se trata es de una conciliaci\u00f3n entre las partes. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [40]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Doctrinariamente se denomina sentencia declarativa a aquellas decisiones que, sin declarar la inconstitucionalidad del precepto juzgado, fuerza su interpretaci\u00f3n al esp\u00edritu de la Constituci\u00f3n. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [41]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia No. 549-2008 de fecha 26 de septiembre de 2008, dictada por la Segunda Sala de la C\u00e1mara Civil y Comercial de la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [42]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia dictada en fecha 27 de mayo de 2009 por la Primera Sala de la C\u00e1mara Civil y Comercial de la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [43]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Ha sido juzgado que las sentencias preparatorias solamente se apelan de manera diferida; es decir, conjuntamente con el fondo, no de manera independiente: Cas. Civ. No. 4 del 15 de enero, B.J. No. 1106, p.p. 47-51. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [44]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Ver el apartado de este libro, sobre el proceso instituido en el Anteproyecto del C\u00f3digo Procesal Civil. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [45]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Cas. Civ. No. 7 del 18 de agosto de 2004, B.J. No. 1125, p.p. 83-88.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [46]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Cas. Civ. No. 48 del 26 de abril de 2006, B.J. No. 1145, p.p. 285-289.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [47]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Ver:<\/span><\/strong><\/b> Art\u00edculo <\/span>\u201cHermen\u00e9utica sobre la pol\u00edtica de acumulaci\u00f3n de los incidentes con el fondo en materia civil\u201d<\/span><\/i> de la autor\u00eda del Magistrado Edynson Alarc\u00f3n, publicado en la revista Gaceta Judicial, a\u00f1o 13, N\u00famero 274<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [48]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Es incorrecta la pr\u00e1ctica de algunos tribunales de decidir en estrados la excepci\u00f3n de incompetencia, y en caso de rechazarla seguir de inmediato la audiencia, ya que en ese caso lo procesalmente correcto es, tan pronto se dicte la decisi\u00f3n incidental, fijar una nueva audiencia posterior, a no menos de quince (15) d\u00edas, para fines del <\/span>Contredit<\/span><\/i> o Impugnaci\u00f3n, por si la parte perdidosa quisiere impugnar dicha decisi\u00f3n. La sentencia que no considere el correspondiente plazo para el <\/span>Contredit <\/span><\/i>es anulable.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [49]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Ver en el cap\u00edtulo de este libro, sobre la utilidad pr\u00e1ctica de los principios rectores del proceso civil, lo atinente al principio de contradicci\u00f3n, espec\u00edficamente la parte sobre la din\u00e1mica del contradictorio. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [50]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, 1ra. C\u00e1m, del 23 de junio de 1999, B.J. No. 1063, p.p. 275-282.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [51]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, 1ra. C\u00e1m, del 21 de marzo de 2001, B.J. No. 1084, p.p. 148-153.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [52]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, 1ra. C\u00e1m, del 17 de abril de 2002. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          [53]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, 1ra. C\u00e1m, del 15 de enero de 1998, B.J. No. 1046, p.p. 140-149. <\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          3.2 PROCESO CIVIL, A LA LUZ DEL C\u00d3DIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ________________________________________________________________ SUMARIO El C\u00f3digo de Procedimiento Civil instituye a partir de su art\u00edculo 59 un proceso lineal, esto es, que no est\u00e1 dividido en etapas espec\u00edficas para incidentes, medidas … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/139"}],"collection":[{"href":"http:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=139"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/139\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":140,"href":"http:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/139\/revisions\/140"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}