{"id":201,"date":"2015-06-18T00:21:26","date_gmt":"2015-06-18T00:21:26","guid":{"rendered":"http:\/\/yoaldo.org\/?p=201"},"modified":"2015-06-18T00:21:26","modified_gmt":"2015-06-18T00:21:26","slug":"fragmento-ponencia-2","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/yoaldo.org\/?p=201","title":{"rendered":"(Fragmento Ponencia)"},"content":{"rendered":"

FUNDACI\u00d3N INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

(FINJUS)<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

El Derecho y los Negocios<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u201cEl Rol de los Tribunales en los Procedimientos de Insolvencia\u201d<\/span><\/strong><\/i><\/b><\/p>\n

Ponente: Magistrado Yoaldo Hern\u00e1ndez Perera.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La correspondiente salutaci\u00f3n a los dem\u00e1s integrantes del panel y al p\u00fablico en general.<\/span><\/p>\n

Constituye un honor para nosotros participar en estas actividades conmemorativas del 25 aniversario de la Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia (FINJUS). Justamente, hemos tenido un acercamiento con esta instituci\u00f3n, a prop\u00f3sito de diversos programas formativos que ha venido coordinando el Lic. Lucas Guzm\u00e1n; nos sentimos parte de esta familia y valoramos el gran aporte que en diversas \u00e1reas hace a nuestra sociedad. <\/span><\/p>\n

En el marco de la semana del derecho y los negocios, y dentro del m\u00f3dulo de estrategias y reestructuraci\u00f3n e insolvencia, nos enfocaremos durante el desarrollo de este panel relativo al <\/span>\u201cRol de los tribunales en los procedimientos de insolvencia\u201d, <\/span><\/i>a esbozar la situaci\u00f3n normativa nacional, as\u00ed como a comentar las tendencias y los criterios de aplicaci\u00f3n m\u00e1s recurrentes ante los tribunales del orden judicial, en materia de insolvencia de los deudores, sean \u00e9stos personas f\u00edsicas o morales.<\/span><\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, ha de precisarse que no es lo mismo que un deudor enfrente en un momento determinado una situaci\u00f3n econ\u00f3mica adversa y, como secuela de ello, se vea imposibilitado de honrar su compromiso de pago coyunturalmente, a que el deudor haya colapsado econ\u00f3micamente y, por tanto, de manera definitiva le ser\u00eda imposible cumplir con su obligaci\u00f3n monetaria. En efecto, en la primera situaci\u00f3n, el deudor no es que pierda su capacidad econ\u00f3mica, simplemente se retrasa en el pago, producto de circunstancias moment\u00e1neas que pudieran sucederle a cualquiera; ya en el segundo caso, cuando los activos no son suficientes para solventar la deuda, es que proceder\u00eda la liquidaci\u00f3n de los activos por razones de quiebra. En una u otra circunstancia, por seguridad jur\u00eddica, deber\u00eda existir un mecanismo normativo que permita a los deudores reorganizarse para, seg\u00fan el caso, pagar regularmente sus deudas, al tiempo de liquidar sus activos de manera eficaz. <\/span><\/p>\n

La experiencia alecciona en el sentido de que en nuestro pa\u00eds, el C\u00f3digo de Comercio y la Ley No. 4582 del 1956, que prev\u00e9 un preliminar obligatorio de conciliaci\u00f3n ante una C\u00e1mara de Comercio, previo al inicio del tr\u00e1mite de la quiebra, al d\u00eda de hoy son obsoletos. Urge la promulgaci\u00f3n de una normativa acorde con los nuevos tiempos, y <\/span>\u2013de entrada-<\/span><\/i> parecer\u00eda que el anteproyecto que se ha elaborado sobre este aspecto representa, al menos, un gran avance en t\u00e9rminos jur\u00eddicos. <\/span><\/span><\/p>\n

Importa resaltar que en el estado actual de nuestro ordenamiento jur\u00eddico, hay \u00e1reas espec\u00edficas, como la bancaria, de seguros, de electricidad, etc. que cuentan con legislaciones particulares que regulan el proceso de insolvencia, pero no es lo ideal. Por un tema de <\/span>seguridad jur\u00eddica<\/span><\/i>, lo m\u00e1s factible ser\u00eda que se estandaricen estos tr\u00e1mites. <\/span><\/span><\/p>\n

Los tribunales de la Rep\u00fablica, dado que no existen en la actualidad los preceptos legales que posibiliten la planificaci\u00f3n ante una situaci\u00f3n precaria en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, est\u00e1n conociendo una cantidad importante de ejecuciones, a causa del incumplimiento de los deudores: <\/span>embargos inmobiliarios basados en hipotecas, ejecuci\u00f3n de prenda sin desapoderamiento, de venta condicional de muebles, etc.<\/span><\/i> Y en caso de que \u00e9stos <\/span>(deudores)<\/span><\/i> no tengan ninguna garant\u00eda constituida para asegurar el pago de la deuda, los acreedores en muchas oportunidades ven perdidas sus inversiones, ya que no cuentan con una f\u00f3rmula eficaz de ejecuci\u00f3n forzosa.<\/span>\u00a0 <\/span><\/span><\/p>\n

Para no darlo todo por perdido, los acreedores cuyos deudores carecen de garant\u00edas para asegurar su deuda o, peor aun, cuando tales deudores, no obstante carecer de garant\u00eda constituida, no tienen bienes capaces de servir de prenda general para saldar la deuda, deben <\/span>(los acreedores)<\/span><\/i> contentarse con demandar ante los tribunales el cobro de dinero, a fines de agenciarse un t\u00edtulo, que ser\u00eda la sentencia reconociendo el cr\u00e9dito; y nada\u2026. Con la demanda en cobro en sede judicial, tiene el acreedor veinte a\u00f1os para ejecutar econ\u00f3micamente a su deudor: <\/span>en la medida en que dentro de este lapso el deudor vaya adquiriendo bienes, el acreedor va ejecutando hasta que se cubra la deuda. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Con el escenario descrito precedentemente nadie gana, pues los deudores ven ejecutar sus bienes puestos en garant\u00eda o, si no hab\u00edan dado garant\u00eda, son asediados con ejecuciones basadas en sentencias condenatorias; los acreedores tendr\u00e1n que muchas veces recibir pagos en especie, producto de ejecuciones mobiliarias e inmobiliarias, lo que supone emplear tiempo para vender y finalmente convertir en l\u00edquido el valor; muchos suplidores pierden sus clientes, en fin\u2026 perdemos todos como naci\u00f3n. Lo m\u00e1s provechoso ser\u00eda, tal como sucede en otros ordenamientos jur\u00eddicos, que existan regulaciones para fines de planificaci\u00f3n de los deudores. En efecto, estad\u00edsticamente se ha demostrado que las naciones que han adoptado leyes para reglamentar la insolvencia, consiguen mejorar significativamente su acceso al cr\u00e9dito externo, y se registran alrededor de doscientos pa\u00edses con leyes vigentes en este \u00e1mbito. <\/span><\/p>\n

Debe crearse la conciencia de que un sistema eficaz de reestructuraci\u00f3n mercantil resguardar\u00eda los negocios suscritos por las partes en diversas escalas, sin necesidad de emplear tiempo y dinero acudiendo a los tribunales a dirimir los conflictos. En efecto, la empresa pudiera reestructurar su modelo, los deudores tuvieran la oportunidad de suscribir acuerdos de pago con sus acreedores, sin necesidad de ser ejecutados por la v\u00eda de los embargos y de las ejecuciones en sentido general. Y si se tratase de una situaci\u00f3n que amerite la liquidaci\u00f3n de los activos producto de una quiebra, el hecho de existir un esquema definido de<\/span>\u00a0 <\/span>reestructuraci\u00f3n posibilita que, sin mayores escollos, se haga una distribuci\u00f3n equitativa de los activos entre los acreedores, sin perder de vista <\/span>\u2013evidentemente-<\/span><\/i> el orden de prelaci\u00f3n de dichos acreedores, seg\u00fan cuenten con garant\u00edas o no. <\/span><\/span><\/p>\n

Cuando existen reglas claras en la \u00f3rbita de la insolvencia, los acreedores se sienten m\u00e1s en confianza de prestar mayor cantidad de dinero, pues saben que es confiable el pago debido, independientemente de que su deudor entre en un estado de cesaci\u00f3n de pago o de que quiebre. Pero adem\u00e1s, esto posibilita la conservaci\u00f3n de los entes productivos, lo que trae aparejado la existencia de empleos a favor de la ciudadan\u00eda. <\/span><\/p>\n

Debe destacarse que la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha concebido una pieza sobre el r\u00e9gimen de la insolvencia, as\u00ed como una legislaci\u00f3n tipo sobre insolvencia transfronteriza y una especie de manual para su incorporaci\u00f3n al derecho interno de cada naci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

Asimismo, importa rese\u00f1ar que la tendencia, sobre todo en pa\u00edses de econom\u00edas emergentes, es hacia la modernizaci\u00f3n de las legislaciones de cada pa\u00eds, a fines de asegurar un proceso de insolvencia di\u00e1fano, y con ello consolidar el estado de derecho. Esto as\u00ed, con el firme prop\u00f3sito de lograr estabilidad en sus econom\u00edas y de sostenerlas en tiempos de crisis. <\/span>\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Finalmente, respecto del rol de los tribunales en los procedimientos de insolvencia, decir que al d\u00eda de hoy son los acreedores los que suelen mecanizar diversos tr\u00e1mites, a fines de ejecutar sus acreencias. Si existe una garant\u00eda, ejecutando la misma y, en caso de no haber garant\u00eda, diligenciando medidas conservatorias o procurando t\u00edtulos para luego ejecutar definitivamente a sus deudores. De su lado, ya incursos en los procesos judiciales, los deudores suelen peticionar plazos de gracia, o bien incidentar los tr\u00e1mites para retardar su desenlace. <\/span><\/p>\n

Cuando los acreedores incurren en irregularidades durante el cobro de sus acreencias, el instituto del <\/span>referimiento<\/span><\/i> ha venido siendo de gran utilidad, en el sentido de levantar o suspender provisionalmente la ejecuci\u00f3n, hasta tanto se conozca la demanda de fondo, que suele ser en nulidad de mandamiento de pago.<\/span>\u00a0 <\/span><\/span><\/p>\n

Albergamos la esperanza de que los procesos de ejecuci\u00f3n pasen a ser la <\/span>ultima ratio<\/span><\/i>, s\u00f3lo para casos en que la reorganizaci\u00f3n amigable no sea posible, y ello s\u00f3lo se consigue si se evita que una ley en este sentido no se erija en un escudo para que deudores aviesos evadan su obligaci\u00f3n de pago. Recordemos que el Tribunal Constitucional ya ha decidido que forma parte del <\/span>debido proceso<\/span><\/i> y de la <\/span>tutela judicial efectiva<\/span><\/i>, el que sea posible ejecutar en buena <\/span>lid<\/span><\/i> los t\u00edtulos. En ese sentido, es incorrecto excluir a los acreedores que cuenten con garant\u00edas en sus cr\u00e9ditos de la<\/span>\u00a0\u00a0 <\/span>reorganizaci\u00f3n de deudas, como impropiamente se prev\u00e9 en legislaciones comparadas; de igual modo, el hecho de que se formalice un proceso de reorganizaci\u00f3n no debe ser obst\u00e1culo para que los acreedores realicen inscripciones de hipotecas o de privilegios respecto de sus deudores. <\/span><\/span><\/p>\n

El <\/span>debido proceso<\/span><\/i> y la <\/span>tutela judicial efectiva<\/span><\/i> deben ser celosamente resguardados por los tribunales, pero esto as\u00ed, tanto desde la perspectiva de los <\/span>deudores<\/span><\/i>, evitando que sean ejecutados sin que est\u00e9n las condiciones de rigor, como de los <\/span>acreedores<\/span><\/i>, asegurando que puedan cobrar por la v\u00eda habilitada su acreencia, sin mayores contratiempos.<\/span>\u00a0 <\/span>\u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

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