\u00a0<\/b>Jurisdicci\u00f3n inmobiliaria<\/b>. Las m\u00e1ximas de experiencia, en funci\u00f3n de la cotidianidad ante los tribunales del orden inmobiliario, aleccionan en el sentido de que \u2013desafortunadamente<\/i>– \u00a0de manera recurrente, tanto jueces como los abogados litigantes, al momento de elaborar su criterio en torno a cualquier aspecto jur\u00eddico, se limitan a hacer acopio del principio VIII y al art\u00edculo 3 de la Ley No. 108-05, que instituyen el car\u00e1cter supletorio del derecho com\u00fan en la materia inmobiliaria, para casos no expresamente reglados en este \u00faltimo subsistema jur\u00eddico.<\/p>\n
Huelga concienciar en el orden de que la constitucionalizaci\u00f3n del derecho, en sentido general, transversaliza con todas las materias. Por consiguiente, el ejercicio primario ha de ser el tamiz de la constitucionalidad: qu\u00e9 resulta justo y \u00fatil, en el marco de la razonabilidad jur\u00eddica, en cada casu\u00edstica dilucidada.<\/i> As\u00ed, respecto de lo procesal, ha de estudiarse el proceso bajo el prisma de sus principios, conscientes de que \u2013incluso<\/i>– la tendencia de la jurisprudencia es hacia atemperar los rigores formalistas. El principio de saneamiento<\/i>, de concentraci\u00f3n<\/i>, de congruencia<\/i>, de inmediaci\u00f3n<\/i>, de defensa<\/i>, de razonabilidad procesal<\/i>, etc., no pueden desconocerse. Es que la constitucionalizaci\u00f3n fuerza que el estudio del proceso se lleve a cabo, m\u00e1s all\u00e1 de la Ley No. 108-05 y del Reglamento de los Tribunales, modificado por la Resoluci\u00f3n No. 1-2016, valorando el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n, el art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9), el art\u00edculo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Pol\u00edticos, el art\u00edculo 6 de la Convenci\u00f3n Europea de Derecho Humanos, as\u00ed como tomando en consideraci\u00f3n las decisiones en materia de debido proceso que entran en el bloque de constitucionalidad, del Tribunal Constitucional o de tribunales Supranacionales.<\/p>\n
Consecuencialmente, lo expuesto debe considerarse en relaci\u00f3n a los plazos en cada caso en particular, al ejercicio de las v\u00edas recursivas, a la instrumentaci\u00f3n de procesos sobre ventas en que figuran sociedades comerciales con situaciones meramente societarias que impiden cristalizar directamente la transferencia ante el Registro de T\u00edtulos, a los asuntos simulados, a la aplicabilidad de la figura del tercer adquiriente de buena fe y a t\u00edtulo oneroso, a las solicitudes de desglose de piezas en casos que ya no resulte \u00fatil mantenerlos archivados. Asimismo, a la factibilidad de comisionar, en los tribunales colegiados, a un solo juez para que instruya alguna medida, etc. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
En el \u00e1mbito material o sustantivo del derecho inmobiliario, cada criterio debe forjarse sin perder de vista que el Derecho de Propiedad<\/i> cuenta con rango constitucional. Teniendo siempre presente, en el caso de los tribunales, el plano axiol\u00f3gico<\/i> de las decisiones, lo cual supone una reflexi\u00f3n en cada caso sometido a su escrutinio, sobre la transcendencia de lo ordenado en el seno de la sociedad, evitando incurrir en tecnicismos embadurnados de un marcado positivismo jur\u00eddico, en funci\u00f3n de la letra irrestricta de la ley y de \u201cpapeles fr\u00edos\u201d<\/i>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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