INCOMPETENCIA DE ATRIBUCI\u00d3N EN MATERIA DE AMPARO: <\/b><\/p>\n
\u00bfpuede ser declarada de oficio por los tribunales?<\/i><\/b><\/p>\n
Por.: Yoaldo Hern\u00e1ndez Perera<\/i><\/p>\n
(Gaceta Judicial A\u00f1o 16, n\u00famero 315)<\/b><\/p>\n
RESUMEN<\/i><\/b><\/p>\n
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Se cuestiona la posibilidad de que, en materia de amparo, los tribunales de la Rep\u00fablica \u00a0declaren su incompetencia de atribuci\u00f3n, sin que sea peticionado por las partes. <\/i><\/p>\n
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PALABRAS CLAVES<\/i><\/b><\/p>\n
Acci\u00f3n de amparo, competencia de atribuci\u00f3n, competencia territorial, derechos fundamentales, debido proceso, Ley No. 137-11, Ley\u00a0 No. 437-06, supremac\u00eda constitucional, Rep\u00fablica Dominicana. <\/i><\/p>\n
Durante la vigencia de la hoy abrogada Ley No. 437-06, que reg\u00eda el procedimiento de amparo en nuestro pa\u00eds, no era materia de controversia la inviabilidad de declarar de oficio la incompetencia del tribunal de amparo, sea territorial o de atribuci\u00f3n. De manera expresa, el art\u00edculo 9 de la citada Ley No. 437-06 sosten\u00eda lo siguiente \u201cNing\u00fan tribunal podr\u00e1 declarar de oficio su incompetencia material o territorial para conocer de una acci\u00f3n de amparo\u201d. <\/i><\/p>\n
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La justificaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n legal de pronunciar oficiosamente la incompetencia en materia de amparo, seg\u00fan se ha explicado en doctrina, es la protecci\u00f3n de la accesibilidad a la justicia en esta materia de tutela efectiva de derechos fundamentales, al tiempo de impedir que se retarde injustificadamente el proceso como secuela de declinatorias de un tribunal a otro, sin que sea peticionado por el accionante o por el accionado.<\/p>\n
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En efecto, sobre la celeridad del procedimiento de amparo, ha sido admitido lo siguiente: \u201cSiendo un procedimiento sumario, ha de suponerse como un procedimiento urgente que permita la salvaguarda con celeridad del derecho vulnerado\u201d[1]<\/a>.<\/p>\n <\/p>\n Sin embargo, la Ley No. 137-11, Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que es derogatoria de la Ley No. 437-06, al momento de establecer la prohibici\u00f3n a los jueces de amparo, de declarar de oficio su incompetencia, taxativamente establece lo siguiente en su art\u00edculo 72, p\u00e1rrafo III: \u201c Ning\u00fan juez podr\u00e1 declarar de oficio su incompetencia territorial<\/span>\u2026\u201d. (Subrayado del autor). <\/i>Es decir, que la normativa vigente excluye de la referida prohibici\u00f3n la competencia material o de atribuci\u00f3n, preservando \u00fanicamente la competencia territorial en el contexto que nos ocupa.<\/p>\n <\/p>\n A partir de lo precedentemente expuesto, algunos tribunales han fijado el precedente de declarar de oficio su incompetencia material o de atribuci\u00f3n en materia de amparo, arguyendo para ello que la Ley No. 137-11 lo que proh\u00edbe es que sea declarada de oficio la incompetencia territorial, pero nada establece respecto de la competencia material o de atribuci\u00f3n. Y que al tenor del art\u00edculo 40.15 de la Constituci\u00f3n, lo que la ley no proh\u00edbe es permitido jur\u00eddicamente; m\u00e1xime cuando el aspecto competencial es consustancial al debido proceso, el cual, seg\u00fan ordena el art\u00edculo 69 de la Carta Fundamental, debe ser tutelado celosamente por todos los tribunales. Tambi\u00e9n, que el art\u00edculo 7 de la Ley No. 137-11 instituye el principio de oficiosidad[2]<\/b><\/a><\/i> en la justicia constitucional, para casos en que sea menester proteger los derechos de las personas, incluyendo el caso en que las reglas legales sean aplicadas incorrectamente por las partes.\u00a0<\/p>\n <\/p>\n Como cr\u00edtica al criterio esbozado ut supra<\/i>, se ha establecido que a partir de la Ley No. 437-06, sustituida por la Ley No. 137-11, todos los tribunales de la Rep\u00fablica cuentan con atribuci\u00f3n para conocer sobre las acciones de amparo, independientemente de que sea posible declinar el caso cuando exista otro tribunal que -atendiendo a sus atribuciones-<\/i> sea m\u00e1s af\u00edn con el derecho fundamental alegadamente conculcado[3]<\/a>. Que por esa raz\u00f3n, ser\u00eda s\u00faper abundante que la legislaci\u00f3n se\u00f1ale la competencia de atribuci\u00f3n o material al momento de prohibir la declaratoria de incompetencia de manera oficiosa. Y que por v\u00eda de consecuencia, al d\u00eda de hoy persiste en todo caso la imposibilidad de declarar de oficio la incompetencia de los tribunales de amparo.<\/p>\n <\/p>\n Sobre la cuesti\u00f3n estudiada, el ingenio doctrinal ha razonado en este tenor: \u201cCon estas disposiciones, es obvio que la LOTCPC preserva el esp\u00edritu y letra de la antigua legislaci\u00f3n de amparo, en el sentido de \u201cevitar que el juego de la competencia jurisdiccional o la implicaci\u00f3n de los distintos \u00f3rdenes jurisdiccionales resten la efectividad del procedimiento de protecci\u00f3n en amparo, al tiempo de garantizar el amparo a trav\u00e9s de todas las jurisdicciones como v\u00eda de control y protecci\u00f3n contra la inconstitucionalidad\u201d[4]<\/a>.\u00a0<\/p>\n <\/p>\n A nuestro juicio, por ser esencialmente expedito el procedimiento aplicable al instituto del amparo[5]<\/a>; y por ser dicha acci\u00f3n constitucional un mecanismo de tutela judicial efectiva de derechos verdaderamente fundamentales[6]<\/a>, es forzoso convenir en que la postura m\u00e1s af\u00edn con el texto sustantivo es la que promueve la idea de que ning\u00fan tribunal est\u00e1 llamado a declarar de manera oficiosa su incompetencia, ni territorial ni de atribuci\u00f3n. La Constituci\u00f3n consagra en su art\u00edculo 8 que el deber primordial del Estado es tutelar los derechos de las personas. Todos los tribunales est\u00e1n llamados a proteger celosamente la supremac\u00eda de la constitucionalidad; por tanto, deben estar todos los magistrados capacitados en materia de derechos fundamentales, los cuales han de prevalecer en todos los subsistemas jur\u00eddicos: penal, civil, inmobiliario, laboral, etc. <\/i><\/p>\n <\/p>\n \u00a0Esperemos la soluci\u00f3n que sobre este particular deber\u00e1 rendir oportunamente el Tribunal Constitucional cuando est\u00e9 en condiciones de hacerlo, en ocasi\u00f3n de las acciones sometidas a su escrutinio. Las decisiones de esta alta corte son vinculantes a los tribunales inferiores[7]<\/a>, por lo que contribuir\u00eda significativamente a la unidad jurisprudencial y a la consecuente seguridad jur\u00eddica, el que se fije criterio sobre el consabido aspecto competencial, apegado a los mejores intereses de la sociedad, la que para su desarrollo precisa de la existencia de estructuras normativas sostenibles y eficaces, a los fines de garantizar los derechos fundamentales de las personas.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n BIBLIOGRAF\u00cdA<\/b>:<\/p>\n <\/p>\n ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA, \u00a0Agencia Espa\u00f1ola de Cooperaci\u00f3n Internacional. El Recurso de Amparo<\/i>, 2006, Rep\u00fablica Dominicana. \u00a0\u00a0<\/p>\n <\/p>\n FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional<\/i> . Una publicaci\u00f3n del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernizaci\u00f3n de la Justicia, 2010, Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n <\/p>\n Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Constituci\u00f3n Comentada. <\/i>Una publicaci\u00f3n editada en la Rep\u00fablica Dominicana, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), <\/i>2011.<\/p>\n <\/p>\n JORGE PRATS, Eduardo. Comentarios a la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales<\/i>, Editora Amigos del Hogar, 2011, Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n <\/p>\n __________________ REP\u00daBLICA DOMINICANA, Ley No. 437-06, que establece el Recurso de Amparo.<\/p>\n <\/p>\n _________________\u00a0 REP\u00daBLICA DOMINICAMA, Ley No. 137-11, Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.<\/p>\n [1]<\/a> Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Inc., Constituci\u00f3n Comentada<\/i>, p. 176.<\/p>\n<\/div>\n [2]<\/a> Principio de oficiosidad<\/b>: \u201cTodo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremac\u00eda constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado err\u00f3neamente\u201d<\/i>. (Art. 7.11, Ley No. 137-11).<\/p>\n<\/div>\n [3]<\/a> Antes de la entrada en vigor de la Ley No. 437-06, el procedimiento de amparo se reg\u00eda siguiendo la decisi\u00f3n las pautas trazadas por la Suprema Corte de Justicia, mediante decisi\u00f3n dictada el 24 de febrero de 1999, que hab\u00eda asimilado como procedimiento a seguir en materia de amparo, el previsto para los referimientos. Y solamente era competente para conocer sobre dicha acci\u00f3n el juzgado de primera instancia civil y comercial.\u00a0<\/p>\n<\/div>\n [4]<\/a> JORGE PRATS<\/b>, Eduardo. Comentarios a la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales<\/i>, p. 165. (Citando a URE\u00d1A<\/b>, Miguelina y JIM\u00c9NEZ<\/b>, Pilar. El Procedimiento de Amparo en los Tribunales de la Rep\u00fablica Dominicana. En Escuela Nacional de la Judicatura. El Recurso de Amparo. Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura<\/i>, 2006.<\/p>\n<\/div>\n [5]<\/a> Op. Cit., Constituci\u00f3n Comentada, p. 176.<\/p>\n<\/div>\n [6]<\/a> No debe perderse de vista que entre los principios rectores de la justicia constitucional figuran la accesibilidad<\/i>, la celeridad<\/i> y la eficacia<\/i> (Art. 7 de la Ley No. 137-11).<\/p>\n<\/div>\n [7]<\/a> Art. 7.13, Ley No. 137-11: \u201cVinculatoriedad<\/b>. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes vinculantes para los poderes p\u00fablicos y todos los \u00f3rganos del Estado\u201d.<\/i><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" INCOMPETENCIA DE ATRIBUCI\u00d3N EN MATERIA DE AMPARO: \u00bfpuede ser declarada de oficio por los tribunales? 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