La prueba civil entre la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva: estudio comparado del derecho francés y dominicano ante los desafíos de la transformación digital

Resumen

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Una mirada a la prueba como presupuesto esencial de la justicia civil, abordando sus fundamentos, principios, objeto, carga y medios de producción, así como la distinción entre la acreditación de los actos y la de los hechos jurídicos. Analizando, desde una perspectiva comparada entre los ordenamientos francés y dominicano, su dimensión constitucional, especialmente en relación con el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. Y examinando los desafíos que plantea la transformación digital, particularmente en materia de prueba electrónica, autenticidad, integridad y valoración judicial, para sostener que la legitimidad de la decisión jurisdiccional no depende únicamente de la correcta aplicación del derecho material o sustantivo, sino también, en el contexto procesal, de la obtención, incorporación y valoración racional de la prueba.

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Palabras claves

Prueba civil, carga probatoria, medios de prueba, derecho a la prueba, debido proceso, tutela judicial efectiva, valoración probatoria, prueba electrónica, derecho francés, derecho dominicano.

Contenido

I.- Mirada preliminar a la cuestión probatoria, II.- La principiología aplicada a la actividad probatoria, III.- La prueba como presupuesto de la tutela judicial efectiva, IV.- Fundamento constitucional y procesal de la actividad probatoria, V.- Prueba de los actos jurídicos y prueba de los hechos jurídicos,VI.- El derecho francés moderno: entre la prueba legal y la libertad probatoria, VII.- La prueba en el proceso civil dominicano: tradición civilista y lectura constitucional, VIII.- Las nuevas tecnologías y la transformación de la prueba civil, IX.- La prueba pericial, la inspección judicial y el deber de esclarecimiento, X.- La prueba ilícita, el derecho de defensa y la protección de los derechos fundamentales, XI.- Una metodología práctica para saber probar en el proceso civil, XII.- Consideraciones finales: probar es convertir una afirmación en una conclusión jurídicamente justificable.

I.- Mirada preliminar a la cuestión probatoria

En concreto, la prueba[1] no es otra cosa que el instrumento mediante el cual se procura acreditar la existencia, inexistencia o configuración de los actos y hechos jurídicamente relevantes para la solución de una controversia, a fin de proporcionar al juzgador los elementos necesarios para fundamentar racionalmente su decisión. Sin ella, las pretensiones corren el riesgo de permanecer en el plano de las simples afirmaciones, desprovistas de la fuerza demostrativa indispensable para obtener su reconocimiento jurisdiccional. De ahí su mayúscula importancia procesal, y es que la prueba constituye el puente que conecta la teoría del caso sometida por cada parte con la decisión judicial, permitiendo que la aplicación del derecho no descanse en conjeturas, intuiciones o apreciaciones arbitrarias, sino en una reconstrucción razonada de la realidad sometida a juicio[2].

No deben confundirse, de entrada, los conceptos de prueba, principio de prueba[3] y medio de prueba[4] con los de carga de la prueba[5], objeto de la prueba[6] y procedimiento probatorio[7], pues, aunque se encuentran estrechamente relacionados, responden a categorías conceptuales distintas. En efecto, la prueba, en sentido estricto, alude a la actividad y al resultado demostrativo orientados a establecer la veracidad o acreditación procesal de un acto o hecho jurídico; el principio de prueba constituye un elemento inicial de acreditación que puede servir de fundamento para completar la demostración mediante otros medios; mientras que el medio de prueba es el instrumento o mecanismo jurídicamente reconocido a través del cual se incorpora información relevante al proceso, como ocurre con los documentos, los testimonios, las presunciones, las inspecciones judiciales y las experticias. Por su parte, la carga de la prueba determina quién soporta las consecuencias de que un hecho relevante permanezca sin acreditar; el objeto de la prueba delimita aquello que debe demostrarse, y el procedimiento probatorio establece las condiciones bajo las cuales los elementos de convicción se proponen, incorporan, contradicen y valoran. Estas distinciones, lejos de responder a un mero rigor terminológico, resultan indispensables para comprender la estructura de la actividad probatoria y evitar confusiones que puedan comprometer la correcta aplicación del derecho.

En el ordenamiento dominicano, esta temática encuentra uno de sus puntos de partida en el artículo 1315 del Código Civil, conforme al cual quien reclama la ejecución de una obligación debe probarla, mientras que quien pretende estar liberado debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. La disposición expresa una regla cardinal de distribución de la carga probatoria y sintetiza una máxima de permanente actualidad en la práctica forense, que reza: “alegar no es probar”. No basta, por consiguiente, con formular una pretensión jurídicamente atendible, invocar una norma favorable o afirmar la existencia de un derecho; es indispensable aportar los elementos que permitan establecer los presupuestos fácticos de su reconocimiento, conforme al régimen probatorio aplicable. De ahí que saber probar constituya una competencia jurídica tan relevante como saber interpretar la ley o, más bien, interpretar el derecho, que transciende la ley[8], pues una pretensión sustantivamente fundada puede resultar desestimada si los hechos que la sustentan no alcanzan el grado de acreditación exigible.

No debe perderse de vista que, a la luz de la constitucionalización del derecho procesal, la teoría del proceso debe examinarse bajo el prisma de sus principios y garantías fundamentales, puesto que las instituciones procesales no constituyen formalidades aisladas ni pueden aplicarse al margen de la función que desempeñan en la protección efectiva de los derechos. El proceso civil, en un Estado constitucional de derecho, debe concebirse, tal como planteara COUTURE[9], como un instrumento de tutela de las situaciones jurídicas sustanciales y, al mismo tiempo, como un espacio institucional sometido a reglas que aseguren la igualdad procesal, la imparcialidad judicial, la contradicción y la proscripción de la arbitrariedad. De ahí que principios como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de armas, la contradicción, la legalidad de la prueba, la buena fe procesal, la seguridad jurídica, la motivación de las decisiones, etc., no puedan faltar del análisis de la cuestión probatoria. Todos ellos encuentran especial conexión con el artículo 69 de la Constitución dominicana y, en el ámbito internacional, con las garantías judiciales reconocidas por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos entre otros instrumentos Supranacionales.

Desde esta perspectiva, el derecho a la prueba no debe reducirse a la posibilidad formal de depositar documentos o solicitar la práctica de determinadas diligencias. Comprende, en los términos establecidos por el ordenamiento, la oportunidad real de aportar elementos pertinentes, controvertir los presentados por la contraparte y obtener una valoración judicial racional, congruente y debidamente motivada. La garantía constitucional se vería comprometida tanto si se impidiera injustificadamente demostrar un hecho decisivo como si se atribuyera eficacia concluyente a un elemento cuya autenticidad, licitud o fuerza demostrativa no hubiese sido examinada adecuadamente. La justicia probatoria exige, por tanto, un equilibrio entre la necesidad de esclarecer los hechos y el deber de respetar las garantías que legitiman su incorporación y valoración dentro del proceso.

En este orden de ideas, resulta fundamental distinguir entre la prueba de los actos jurídicos y la prueba de los hechos jurídicos, pues la naturaleza de aquello que se pretende acreditar condiciona los medios admisibles y las exigencias legales correspondientes. Cuando se trata de actos jurídicos, la ley puede establecer exigencias particulares de prueba escrita, en atención a la necesidad de preservar la estabilidad de las relaciones jurídicas, la certeza de las obligaciones y la seguridad del tráfico jurídico. En cambio, tratándose de hechos jurídicos, la ausencia ordinaria de una documentación preconstituida justifica una mayor flexibilidad en la selección de los medios de acreditación. Así, según las circunstancias, el esclarecimiento de los hechos puede requerir no solo documentos, sino también declaraciones testimoniales, comparecencias personales, descensos al lugar de los acontecimientos, experticias caligráficas o informáticas, indicios y presunciones. No se trata de privilegiar indiscriminadamente un medio sobre otro, sino de identificar el instrumento idóneo para demostrar cada aspecto de la controversia, sin confundir libertad probatoria con ausencia de regulación ni prueba legal con formalismo absoluto[10].

A este panorama se añaden los avances tecnológicos que, sin duda, han producido un impacto significativo en la cuestión probatoria[11]. Hasta hace relativamente poco tiempo, habría resultado difícil imaginar que una comunicación electrónica, una firma digital, los registros de una plataforma informática o los metadatos de un archivo pudieran desempeñar un papel determinante en la acreditación de una relación jurídica. Hoy, sin embargo, buena parte de las operaciones comerciales, contractuales y financieras se desarrolla en entornos digitales, mientras que las comunicaciones, fotografías, grabaciones audiovisuales y demás datos electrónicos se han convertido en fuentes habituales de información relevante para los litigios civiles. Incluso, la inteligencia artificial permite generar contenidos sintéticos capaces de reproducir, con considerable realismo, voces, imágenes y documentos, lo que plantea nuevos desafíos en materia de autenticidad, integridad, atribución de autoría y fiabilidad de la información.

Por eso, justamente, la tendencia contemporánea ha sido hacia la adaptación de los sistemas probatorios a las nuevas formas de producción y conservación de la información, procurando que la naturaleza electrónica de un documento no constituya, por sí sola, un obstáculo para su admisibilidad o eficacia. En la República Dominicana, esta orientación encuentra una manifestación normativa en la Ley núm. 126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, así como la Ley núm. 339-22 sobre Uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, entre otras, mientras que en Francia se refleja, entre otras disposiciones, en los artículos 1365, 1366 y 1367 del Código Civil, relativos al escrito electrónico y a la firma electrónica. No obstante, la equivalencia jurídica entre soportes no supone que todo archivo digital sea auténtico ni que su contenido deba aceptarse sin examen crítico. La valoración de estas pruebas exige atender a su procedencia, integridad, trazabilidad, contexto y posibilidad de verificación, así como garantizar que la contraparte disponga de oportunidades efectivas para cuestionarlas. La innovación tecnológica amplía las posibilidades de acreditación, pero también incrementa la necesidad de rigor en el control de la fiabilidad de los elementos aportados.

Los tribunales, ante dicha realidad, están llamados a desarrollar una interpretación jurídicamente fundada que permita integrar los nuevos instrumentos probatorios sin sacrificar las garantías esenciales del proceso. Ello requiere distinguir entre la admisibilidad de un elemento y su fuerza demostrativa; entre la autenticidad de un archivo y la veracidad de la información que contiene; y entre la utilidad de una herramienta tecnológica y la posibilidad de atribuir valor concluyente a sus resultados. Asimismo, exige ejercer las facultades de instrucción reconocidas por el ordenamiento cuando proceda, disponer las medidas necesarias para esclarecer hechos relevantes y motivar las decisiones probatorias de forma que las partes puedan comprenderlas y, cuando corresponda, someterlas al control de los órganos de revisión. La tecnología puede auxiliar en la organización y el análisis de la información, pero no sustituye la función jurisdiccional ni releva al juzgador de su deber de valorar críticamente las pruebas y justificar sus conclusiones.

La ley, sin dudas, desempeña una función insustituible en esta materia, pues corresponde al legislador establecer las condiciones de admisibilidad, las garantías de autenticidad, los efectos jurídicos de los documentos electrónicos y los mecanismos de protección frente a los riesgos derivados de las nuevas tecnologías. Sin embargo, mientras la regulación se adapta a las transformaciones de la realidad social, económica y tecnológica, los tribunales, en aras de cristalizar la anhelada seguridad jurídica, están llamados a interpretar las disposiciones vigentes de manera coherente con la Constitución, respetando el principio de legalidad y evitando tanto el rechazo injustificado de medios probatorios tecnológicamente novedosos como su aceptación irreflexiva. Esta labor interpretativa no autoriza a sustituir al legislador ni a crear excepciones contra legem; exige, por el contrario, armonizar las reglas probatorias existentes con las garantías fundamentales, dentro de los márgenes que el propio ordenamiento permita.

En definitiva, la cuestión probatoria constituye uno de los ámbitos en los que se manifiesta con mayor intensidad la relación entre el derecho sustantivo, el proceso y la Constitución. Su adecuada comprensión exige conocer las reglas de distribución de la carga probatoria, distinguir los regímenes aplicables a los actos y hechos jurídicos, identificar los medios idóneos para cada supuesto y asegurar que su incorporación y valoración se realicen conforme a la ley, la contradicción y la racionalidad judicial. A su vez, el estudio comparado del derecho francés y del dominicano permite identificar convergencias, particularidades y soluciones útiles para afrontar los desafíos contemporáneos, sin perder de vista las diferencias normativas e institucionales entre ambos ordenamientos.

Porque, en última instancia, la prueba es el fundamento fáctico sobre el cual se construye la decisión judicial; la contradicción, la garantía de su examen imparcial; la motivación, la expresión racional de su valoración; y la Constitución, el marco que asegura que todo ese proceso se desarrolle con respeto a los derechos fundamentales. De ahí que la máxima “alegar no es probar” conserve plena vigencia, aunque su comprensión contemporánea deba trascender la visión tradicional de los documentos y abrirse a una concepción técnicamente rigurosa, constitucionalmente orientada y tecnológicamente actualizada de la actividad probatoria, capaz de contribuir a una justicia civil más efectiva, previsible y respetuosa de la seguridad jurídica.

II.- La principiología aplicada a la actividad probatoria

La principiología (o principialística), en el Estado constitucional de derecho, supone el estudio, sistematización y aplicación de los principios jurídicos que informan, orientan y condicionan la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, operando como mandatos de optimización y criterios de racionalidad para la actuación de los poderes públicos y, particularmente, de los órganos jurisdiccionales. Aplicado a la cuestión probatoria, este enfoque supone comprender que la actividad de probar no se encuentra gobernada exclusivamente por reglas legales de carácter procedimental, sino también por principios que determinan cómo debe proponerse, incorporarse, controvertirse y valorarse la prueba, siempre en armonía con la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad jurídica[12].

A partir del estudio de la doctrina procesal contemporánea, representada por autores como Couture, Gozaíni, Peyrano, entre otros, en diálogo con los aportes clásicos y fundamentales de Carnelutti, Cappelletti, Taruffo, etcétera, es posible identificar, entre otros, los siguientes principios rectores de la actividad probatoria: necesidad de la prueba, carga dinámica probatoria, libertad probatoria, legalidad, pertinencia, conducencia, utilidad, contradicción, igualdad de armas, comunidad o adquisición procesal, inmediación, concentración, publicidad, autorresponsabilidad probatoria, unidad de la prueba, valoración racional y motivación.

Debe tenerse presente que los principios jurídicos, por su propia naturaleza, no constituyen categorías necesariamente cerradas ni excluyentes; antes bien, poseen capacidad de irradiación, complementariedad y concreción según la naturaleza de la controversia y las particularidades del ordenamiento aplicable. De hecho, los autores citados no coinciden en el número de principios, cada uno realiza su propia construcción a partir de su ordenamiento jurídico. Por ello, la relación que sigue no pretende ser exhaustiva, ni impide reconocer otros principios derivados de la Constitución, la legislación procesal y la evolución de la doctrina y la jurisprudencia. Pero lo cierto es que la teoría procesal supone manejar, además de las reglas contenidas expresamente en la norma procesal, los principios, estén o no de manera expresa en la ley[13]. Pasemos, pues, a examinar, desde una perspectiva conceptual y aplicada, cada uno de estos principios, precisando su contenido, alcance, fundamento jurídico y manifestaciones concretas en el proceso civil.

Principio de necesidad de la prueba. Significa, en concreto, que el juez debe fundamentar su decisión en los hechos acreditados mediante pruebas legítimamente incorporadas al proceso, y no en su conocimiento privado, intuiciones, prejuicios o simples afirmaciones de las partes.Este principio supone que los hechos controvertidos[14] necesitan demostración. El juez no puede tener por acreditada una circunstancia simplemente porque una parte la afirme con convicción o porque su relato parezca verosímil.

Verbigracia,una persona demanda el pago de un préstamo de RD$500,000.00. El demandante afirma que entregó esa cantidad al demandado, pero este último niega haber recibido el dinero. El tribunal no puede tener por demostrada la entrega por la sola afirmación del demandante, necesita examinar el contrato, el recibo, la transferencia bancaria, el reconocimiento de deuda o los demás elementos probatorios pertinentes.Como consecuencia jurídica de ello, la decisión judicial debe descansar en hechos probados, sin perjuicio de los hechos admitidos, notorios o legalmente dispensados de prueba.

Principio de carga dinámica de la prueba. Constituye, en suma, una modalidad de distribución de la carga probatoria conforme a la cual, atendiendo a las circunstancias particulares del litigio, el deber de aportar o producir determinada prueba puede recaer sobre aquella parte que se encuentre en mejores condiciones técnicas, profesionales, económicas o materiales para hacerlo.Se trata de una concepción que flexibiliza la distribución tradicional de la carga probatoria, evitando que su aplicación rígida produzca situaciones de indefensión o dificulte injustificadamente el acceso a la justicia.En el derecho dominicano, su aplicación debe armonizarse con el artículo 1315 del Código Civil y con las garantías constitucionales del debido proceso y la igualdad procesal. No supone una inversión automática de la carga de la prueba, sino una distribución razonada, justificada y respetuosa del derecho de defensa.

Por ejemplo, un paciente demanda a un centro médico por una intervención quirúrgica y cuestiona determinadas actuaciones documentadas durante el procedimiento. El centro médico tiene bajo su control exclusivo o predominante la historia clínica, los registros de intervención y los protocolos aplicados. Resultaría irrazonable exigir al paciente que aporte documentos a los que no tiene acceso y que están bajo la custodia de la institución demandada.El tribunal puede adoptar las medidas procesales pertinentes para procurar su aportación y, cuando el ordenamiento lo permita, valorar la conducta de quien se encuentra en mejores condiciones de producirlos.Y como consecuencia jurídica de todo lo anterior resulta que la carga probatoria no debe convertirse en una barrera insuperable para quien, por razones objetivas, carece de acceso al medio necesario para demostrar sus alegaciones.

Principio de libertad probatoria. Este principiosupone que, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico, las partes pueden servirse de los medios de prueba idóneos para demostrar los hechos controvertidos, sin quedar restringidas a una enumeración rígida o cerrada de instrumentos probatorios.Su fundamento radica en que la búsqueda de la verdad jurídicamente relevante exige admitir mecanismos de demostración compatibles con la naturaleza de los hechos y la evolución de las relaciones sociales y tecnológicas.Pero, ojo,la libertad probatoria no significa arbitrariedad, más bien está limitada por la legalidad, los derechos fundamentales, la pertinencia y las reglas especiales sobre determinados actos jurídicos. En concreto, cada parte es libre de aportar los medios lícitos que estime pertinente para acreditar su teoría del caso, sin que exista un listado cerrado de los medios que se pueden aportar. Lejos de eso, la parte decide que deposita una factura, un conduce, una comparecencia personal de partes, una experticia, etc. Por ejemplo, una parte pretende demostrar que recibió instrucciones contractuales mediante comunicaciones electrónicas. Puede aportar correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, registros digitales y otros elementos pertinentes, sin que pueda rechazarse su incorporación por el solo hecho de tratarse de medios tecnológicos. Como consecuencia jurírica de esto deriva que la innovación tecnológica no puede convertirse, por sí sola, en una causa de exclusión probatoria. Lo que sí debe tenerse muy en cuenta al momento de seleccionar los diversos medios probatorios en cada caso es lo que se pretende demostrar.

En efecto, tal como veremos más adelante, mientras los actos jurídicos se prueban, esencialmente, por escrito y son valorados conforme al sistema de la axiología legal o prueba tasada, los hechos jurídicos, de su lado, se prueban por todos los medios y se valoran mediante el sistema de valoración probatoria de la axiología racional o sana crítica, como le llaman algunos autores. Y es que, si bien, como se ha dicho, la libertad probatoria supone que cada parte aporte los elementos de convicción que estime, debe tener presente, vale recalcar, si lo que desea demostrar es un acto jurídico o un hecho jurídico para, a partir de ello, medir su pertinencia. Esto enlaza con el principio de conducencia de la prueba que veremos más adelante que, justamente, supone conducir la prueba hacia el sistema de valoración probatoria que corresponda, según se trate de un acto jurídico o de un hecho jurídico.

No sería, por ejemplo, pertinente (ni conducente) un informativo testimonial para probar una obligación distinta a la que existe contenida en un contrato o un crédito avalado por un pagaré notarial. Esa medida de instrucción, como medio probatorio, en el contexto de los actos jurídicos, no tendría pertinencia, porque no sería útil y, por tanto, sería rechazada. Y aunque el objetivo sea la misma obligación debatida, haciéndola “pertinente”, no sería conducente[15], por no haberse adaptado al sistema que correspondería, que en ese caso sería el sistema de la axiología legal o prueba tasada, que esencialmente supone pruebas por escrito.

Principio de legalidad de la prueba. Concretamente,exige que la obtención, proposición, incorporación y producción de los medios probatorios se realicen conforme al ordenamiento jurídico y con respeto de los derechos fundamentales.No basta con que una prueba sea útil o pertinente, también debe haber sido obtenida e incorporada legítimamente.Este principio encuentra fundamento directo en el artículo 69 de la Constitución dominicana, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, particularmente en el numeral 8), que establece que es nula toda prueba obtenida en violación a la ley. Por ejemplo, una parte presenta una grabación obtenida mediante la interceptación clandestina de comunicaciones privadas, sin autorización ni fundamento jurídico que legitime su obtención. Aunque su contenido pudiera resultar relevante para el litigio, su utilización debe examinarse a la luz del derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y las garantías constitucionales aplicables.Como consecuencia jurídica de ello deriva que la finalidad de esclarecer los hechos no legitima la utilización de cualquier medio ni justifica sacrificar derechos fundamentales.

Principio de pertinencia de la prueba. Conforme a este principio,una prueba es pertinente cuando guarda una relación lógica y jurídica con los hechos controvertidos que deben ser establecidos en el proceso.La pertinencia exige una conexión entre el objeto de la prueba y el objeto del litigio. No se trata de presentar cualquier información, sino aquella que contribuya a esclarecer los hechos relevantes para resolver la controversia.Por ejemplo, en una demanda por incumplimiento de un contrato de compraventa, resulta pertinente aportar el contrato, las comunicaciones relativas a la entrega, los comprobantes de pago y los requerimientos de cumplimiento. En cambio, los documentos relativos a controversias personales ajenas a la relación contractual carecerían, en principio, de pertinencia.La consecuencia jurídica de lo anterior es que la prueba debe guardar relación con los hechos que integran la controversia; de lo contrario, su incorporación puede generar dilaciones y desviaciones innecesarias del debate procesal. Por eso, la decisión judicial ha de ser la desestimación de la prueba impertinente al escrutar el acervo probatorio de la glosa procesal.

Principio de conducencia de la prueba. Se refiere, en síntesis, a la aptitud jurídica del medio probatorio para demostrar determinado hecho, atendiendo a las exigencias legales aplicables.Mientras la pertinencia examina la relación entre la prueba y el hecho, la conducencia examina si el medio elegido resulta jurídicamente idóneo para acreditarlo.Esta distinción es particularmente importante en el proceso civil, donde existen reglas especiales sobre la prueba de determinados actos jurídicos.Por ejemplo, una parte pretende demostrar mediante testimonios la existencia de un acto jurídico para cuya prueba la legislación exige, bajo determinadas condiciones, prueba escrita. Aunque los testimonios guarden relación con el hecho, debe examinarse si son jurídicamente admisibles para acreditar ese acto, considerando las excepciones legales correspondientes.Como consecuencia jurídica de esto resulta queno todo medio pertinente es necesariamente conducente; su idoneidad debe examinarse conforme a la naturaleza de lo que se desea probar, si un acto jurídico o un hecho jurídico, y al régimen legal aplicable.

Principio de utilidad (y no redundancia) de la prueba. Exige que el medio probatorio tenga capacidad real de contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos. Una prueba es útil cuando aporta información relevante que permite confirmar, descartar o complementar una hipótesis fáctica.Su finalidad es evitar actuaciones probatorias superfluas, redundantes o carentes de eficacia demostrativa.Por ejemplo,en una controversia sobre la entrega de una mercancía, las partes aportan cinco documentos bancarios que reproducen exactamente la misma transferencia. Si uno de ellos acredita suficientemente el pago y los restantes no añaden información, el tribunal puede considerar innecesaria su reproducción, conforme a las reglas procesales aplicables.Como consecuencia jurídica de esto deriva quela actividad probatoria debe orientarse a la demostración de los hechos, no a la acumulación indiscriminada de documentos. Y pudiera sostenerse que, al amparo de la complementariedad de los principios, que la utilidad probatoria se enlaza, de alguna manera, con los principios de pertinencia y conducencia de la prueba.

Principio de contradicción de la prueba. Garantiza que cada parte tenga la posibilidad efectiva de conocer, examinar, cuestionar y controvertir los medios probatorios aportados por su contraparte.Es una manifestación esencial del derecho de defensa y del debido proceso, reconocido en el artículo 69 de la Constitución dominicana.La contradicción no se satisface con una posibilidad meramente formal, no, se requiere una oportunidad real de formular objeciones, solicitar aclaraciones, cuestionar la autenticidad y discutir la eficacia demostrativa de la prueba.Verbigracia,una parte deposita capturas de conversaciones de WhatsApp para demostrar el reconocimiento de una deuda. La contraparte debe tener oportunidad de cuestionar su autenticidad, integridad, atribución de autoría o contenido, así como de aportar elementos que contradigan su eficacia.Como consecuencia jurídica de esto, destaca queninguna prueba debe convertirse en fundamento decisivo de una sentencia sin que las partes hayan tenido una oportunidad efectiva de ejercer contradicción, conforme a las reglas procesales. Y es que el “factor sorpresa” es extraño al debido proceso.

Principio de igualdad de armas. Supone que las partes dispongan de oportunidades procesales sustancialmente equivalentes para presentar sus argumentos, proponer pruebas, controvertir las de su adversario y defender sus respectivas posiciones.No significa que ambas partes deban encontrarse en idéntica situación material o económica, sino que el proceso no puede establecer ventajas o desventajas procesales injustificadas que comprometan el equilibrio de la controversia.Por ejemplo,si el demandante tiene oportunidad de presentar un informe pericial y fundamentar sus conclusiones, el demandado debe contar con una oportunidad razonable para examinarlo, objetarlo y, cuando corresponda, aportar un informe contradictorio.¿Qué consecuencia jurídica deriva de esto? Sencillo, queel juez debe preservar el equilibrio procesal y evitar que una parte quede en situación de desventaja sustancial frente a la otra.

Principio de comunidad o adquisición procesal de la prueba. Una vez que la prueba se incorpora válidamente al proceso, deja de pertenecer exclusivamente a la parte que la aportó y pasa a integrar el acervo probatorio común, pudiendo beneficiar o perjudicar indistintamente a cualquiera de los litigantes.La eficacia de la prueba no depende de quién la haya producido, sino de su contenido, fiabilidad y relación con los hechos controvertidos.Tal sería el caso en que el demandante aporta un documento para demostrar una obligación contractual. Sin embargo, del mismo documento resulta que el demandado realizó un pago parcial que no había sido reconocido en la demanda. El tribunal puede valorar ese contenido en beneficio del demandado.Consecuencia jurídica de esto: la prueba no tiene dueño procesal. Una vez incorporada legítimamente, debe valorarse por lo que demuestra, no por quién la aportó.

Principio de inmediación. En concreto, este principio implicaun contacto directo del juzgador con los medios probatorios cuya percepción personal resulte relevante, especialmente en la práctica de testimonios, comparecencias e inspecciones judiciales.Su finalidad es permitir que el juez conozca directamente las fuentes de prueba y pueda apreciar las circunstancias en que se producen, sin depender exclusivamente de referencias indirectas.Por ejemplo, en un proceso civil donde se discute si una persona reconoció determinada obligación, el tribunal recibe directamente su comparecencia y puede examinar sus respuestas, aclaraciones y explicaciones, dentro de los límites racionales de valoración.Esto supone, jurídicamente, que la inmediación favorece una valoración más directa de la prueba, sin que ello autorice a sustituir el razonamiento objetivo por impresiones subjetivas sobre las personas.

En grado de apelación suele invocarse este principio para justificar que un testigo o una parte que ya ha declarado ante el tribunal a-quo vuelva a hacerlo en alzada. Tradicionalmente, se alega que ya las actas que recogen tales declaraciones forman parte del expediente, por lo que “no es necesario volver a escucharlos”. Sin embargo, el efecto devolutivo de la apelación supone retrotraer a su fase inicial la sustanciación del proceso, lo que implica volver a oír testigos y a las partes, si es solicitado para sustentar una teoría del caso. No es lo mismo leer fríamente lo que se recoge en un acta de audiencia (muchas veces deficientemente redactadas) que la impresión directa del tribunal al recibir -en vivo- tales afirmaciones. Suele acogerse el alegato de escuchar nuevamente al testigo o a la parte, basado en este principio de inmediación procesal.

Principio de concentración. Procura que las actuaciones procesales, especialmente las relacionadas con la producción y discusión de la prueba, se desarrollen de manera ordenada y concentrada, evitando dispersiones y dilaciones innecesarias.Este principio se relaciona con la celeridad procesal, la economía procesal y la efectividad de la tutela judicial.Por ejemplo,en lugar de celebrar múltiples audiencias separadas para recibir testimonios, discutir documentos y examinar determinados medios probatorios, el tribunal organiza su práctica y discusión de manera coordinada, en una misma vista.Consecuencia jurídica: la concentración contribuye a una administración de justicia más eficiente, sin sacrificar el derecho de defensa ni la calidad de la actividad probatoria.

Principio de publicidad. Establece que las actuaciones judiciales deben desarrollarse, como regla general, de manera pública, permitiendo el control ciudadano sobre el ejercicio de la función jurisdiccional.Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 69 de la Constitución dominicana, sin perjuicio de las excepciones legalmente justificadas para proteger derechos e intereses legítimos.Por ejemplo, la recepción de testimonios en una audiencia civil debe desarrollarse, como regla general, de manera pública, permitiendo que las actuaciones sean conocidas y sometidas al control correspondiente. Como dice COUTURE, el juez de los jueces es el pueblo, el cual tiene, en virtud de este principio, el derecho de presenciar las audiencias, por regla general.,

Sin embargo, cuando concurran circunstancias que justifiquen la reserva, por ejemplo, para proteger la intimidad de menores de edad, podrán aplicarse las restricciones legalmente previstas. La consecuencia jurídica de este principio es que la publicidad fortalece la transparencia, la confianza en la administración de justicia y el control democrático de la actividad jurisdiccional, sin que se trate de un principio que no admita flexibilizaciones, atendiendo la caso concreto, como se ha dicho.

Principio de autorresponsabilidad probatoria. Significa que cada parte debe asumir las consecuencias procesales derivadas de su propia conducta probatoria, especialmente cuando omite aportar los elementos necesarios para acreditar los hechos cuya demostración le corresponde.Este principio se encuentra estrechamente relacionado con la carga de la prueba y con el artículo 1315 del Código Civil dominicano.Por ejemplo, el demandante reclama el pago de una deuda, pero no aporta contrato, recibo, reconocimiento ni ningún otro elemento que permita acreditar su existencia. Si no consigue demostrar el hecho constitutivo de su pretensión, deberá soportar las consecuencias desfavorables de esa insuficiencia probatoria.Como consecuencia jurídica de esto tenemos que quien tiene la carga de demostrar un hecho no puede trasladar al tribunal las consecuencias de su propia inactividad probatoria. Y esto enlaza, a su vez, con el principio dispositivo, que tiene preponderancia en procesos de interés privado como el civil: las partes impulsan sus pretensiones y los medios probatorios para soportarlas[16].

Principio de unidad de la prueba. Exige que los medios probatorios sean examinados de manera integral, armónica y conjunta, evitando valoraciones fragmentarias que puedan conducir a conclusiones equivocadas.El juzgador debe identificar las coincidencias, contradicciones, complementariedades y limitaciones de los distintos elementos probatorios.Verbigracia,una parte presenta un contrato, una transferencia bancaria y varias conversaciones de WhatsApp para demostrar que realizó un préstamo. El tribunal no debe examinar cada elemento de manera aislada, sino determinar si, considerados conjuntamente, permiten establecer la existencia de la operación, su naturaleza y las condiciones convenidas.Esto tiene como consecuencia jurídica que la convicción judicial debe construirse a partir del conjunto probatorio y no de la consideración desarticulada de elementos individuales. Es lo que en el argot procesal suele denominarse como una “valoración conjunta y armónica de la prueba”[17].

Principio de valoración racional de la prueba. Impone, este principio, al juzgador el deber de examinar los medios probatorios conforme a criterios de lógica, experiencia, conocimientos científicos y razonabilidad, explicando por qué atribuye determinado grado de eficacia demostrativa a cada elemento.Se contrapone tanto a la arbitrariedad como a la apreciación puramente subjetiva de la prueba y enlaza directamente con el concepto de “debida motivación” que ha construido el Tribunal Constitucional.  En el proceso civil dominicano debe distinguirse entre los supuestos sometidos a reglas legales de prueba y aquellos en los que corresponde una valoración racional conforme a la libertad probatoria.Imaginemos quese presentan fotografías que, supuestamente, demuestran daños en un inmueble. El tribunal no debe asumir automáticamente que las imágenes acreditan la responsabilidad del demandado. Debe examinar su fecha, procedencia, correspondencia con el inmueble, contexto y relación con los demás elementos probatorios. De suerte y manera que, como consecuencia jurídica de todo esto, destaca quela valoración probatoria debe responder a un razonamiento verificable, susceptible de control mediante los mecanismos de impugnación correspondientes.

Es importante resaltar que, si bien es un principio que, de entrada, va dirigido al tribunal, las partes pueden (y deben) invocarlo en sus respectivas teorías del caso, en el sentido de sugerir, con fundamento, cómo debe interesarse racionalmente determinado medio de prueba, y para ello hacer acopio de este principio de valoración racional de la prueba.

Principio de preclusión. Este principio procesal tiene una aplicación relativamente limitada en el proceso civil dominicano vigente, fundamentalmente porque este no responde a una estructura rigurosamente organizada por fases procesales, como ocurre, por ejemplo, en los procesos penal e inmobiliario. Su manifestación más definida se encuentra, tal vez, en la etapa in limine litis, esto es, antes de proponer medios de inadmisión o concluir al fondo, pues, una vez superada esta oportunidad procesal sin que se hayan planteado las excepciones correspondientes, opera, como regla, la preclusión de dicha facultad, resultando inadmisible su ejercicio posterior.

Fuera de ese supuesto, su aplicación es más bien casuística. Así ocurre, por ejemplo, cuando se ordena una reapertura de debates con una finalidad probatoria específica. Si esta, por ejemplo, se dispone exclusivamente para someter determinada pieza al contradictorio, pudiera sugerirse que queda precluida la oportunidad de introducir medios distintos, como una comparecencia personal o un informativo testimonial. Sin embargo, debe precisarse que la reapertura de debates constituye una figura de construcción jurisprudencial, no una fase procesal expresamente estructurada por la ley. Por tanto, nada impide que, si las circunstancias del caso lo justifican y resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos, el tribunal amplíe su alcance y autorice otros medios probatorios, siempre que garantice a las partes la contradicción y el pleno ejercicio del derecho de defensa.

En definitiva, la preclusión tiene una incidencia relativamente reducida en el proceso civil dominicano, precisamente por la ausencia de una ordenación sistemática por fases o estadios procesales. Su aplicación seguirá siendo predominantemente puntual mientras no se produzca una reforma que estructure el proceso civil en etapas claramente delimitadas, con oportunidades procesales definidas y consecuencias preclusivas expresas, solución que permitiría fortalecer la seguridad jurídica, la celeridad y la ordenación racional del debate.

Principio de extensión de la prueba. Este principio supone que la eficacia demostrativa de un medio probatorio no queda necesariamente circunscrita al hecho específico para cuya acreditación fue aportado, sino que puede proyectarse sobre otros hechos controvertidos que guarden conexión lógica y jurídica con su contenido, siempre que hayan sido regularmente introducidos al proceso y se respete el principio de contradicción. Por ejemplo, un contrato aportado para demostrar la existencia de una obligación puede acreditar, además, sus condiciones, plazos, obligaciones recíprocas y modalidades de cumplimiento, aunque inicialmente se haya depositado para demostrar un aspecto particular de la relación contractual.

Debe precisarse, sin embargo, que este principio no autoriza a ampliar la “causa” de la demanda, introducir nuevos hechos constitutivos de la pretensión ni modificar su objeto al margen de las reglas procesales correspondientes. Una cosa es extender la eficacia demostrativa de una prueba y otra, sustancialmente distinta, modificar el fundamento fáctico de la acción. En definitiva, la prueba puede extender su eficacia demostrativa, pero esa extensión no comporta, por sí misma, una ampliación del objeto litigioso, ni puede utilizarse para sorprender a la contraparte o menoscabar su derecho de defensa.

Principio de motivación probatoria. Exige que el juzgador explique de manera suficiente, coherente y jurídicamente fundada cómo ha valorado los medios probatorios y por qué considera acreditados o no los hechos relevantes para resolver la controversia.No basta con enumerar las pruebas depositadas ni con afirmar genéricamente que fueron examinadas. Es necesario exteriorizar el razonamiento que conduce de los elementos probatorios a las conclusiones fácticas.Este principio tiene fundamento constitucional en el artículo 69 de la Constitución dominicana y se relaciona directamente con la tutela judicial efectiva y el derecho a una decisión razonada. Y, desde el punto de vista forense, supone un buen manejo de la teoría de la argumentación, aunado al deber de motivación o, más bien, de una “debida motivación”, que se baste en hechos y en derecho.

Por ejemplo,si el tribunal considera demostrado un incumplimiento contractual mediante un contrato, comunicaciones electrónicas y una certificación bancaria, debe explicar qué acredita cada elemento, cómo se complementan y por qué permiten concluir que existió el incumplimiento alegado. A su vez, para convencer sobre su teoría del caso, cada parte debe hacer lo propio, a fines de conseguir que sus alegatos se conviertan en decisión judicial, al ser acogido su planteamiento. Como consecuencia jurídica de todo esto resulta queuna sentencia que no explica racionalmente cómo llegó a sus conclusiones probatorias puede incurrir en un déficit de motivación, susceptible de control mediante los recursos legalmente establecidos. Y, desde el punto de vista del abogado litigante, una tesis que no sea debidamente explicada, en el plano probatoria, estaría condenada a no ser acogida por el tribunal. Insistiendo con VIGO, citado más arriba en otro principio, no basta con tener la razón, hay que saber decirla, ¿cómo? Argumentando.

En fin, visto este y todos los principios anteriores, que hay que insistir con que no son limitativos, en el marco de una consideración integradora, hay que entenderlos como un sistema de garantías probatorias. En efecto, los principios examinados no operan de manera aislada ni constituyen compartimentos extraños entre sí. Por el contrario, conforman un sistema de garantías y directrices que debe interpretarse de manera armónica, atendiendo a la naturaleza de la controversia, las particularidades de cada medio probatorio y las exigencias constitucionales del proceso.

Por todo lo cual, la libertad probatoria encuentra sus límites en la legalidad; la pertinencia y la conducencia delimitan la idoneidad de los medios; la contradicción y la igualdad de armas garantizan su discusión; la comunidad probatoria determina su aprovechamiento procesal; y la valoración racional, junto con la motivación, controla la legitimidad de las conclusiones judiciales. Todo como un verdadero sistema de garantías probatorias.

III.- La prueba como presupuesto de la tutela judicial efectiva

En el proceso civil, la razón jurídica no basta por sí sola para obtener una decisión favorable, es indispensable acreditar, mediante los medios de prueba legalmente admisibles y regularmente incorporados al proceso, los actos y hechos que sirven de fundamento a las pretensiones formuladas. De ahí que una de las máximas fundamentales de la ciencia procesal, evocada varias veces en el apartado anterior, pueda expresarse en los siguientes términos: “alegar no es probar”. En efecto, afirmar un hecho no equivale a demostrar su existencia, y tener razón en el plano sustantivo[18] no garantiza, por sí solo, que esa razón pueda ser judicialmente reconocida.

Esta premisa encuentra una expresión normativa clásica en el artículo 1315 del Código Civil dominicano, conforme al cual quien reclama la ejecución de una obligación debe probarla, mientras que quien pretende estar liberado debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. La disposición no constituye una simple regla de técnica procesal, más que eso, representa un criterio de distribución de los riesgos derivados de la incertidumbre probatoria y, al mismo tiempo, una garantía de equilibrio entre las partes, pues impide que una pretensión sea acogida exclusivamente sobre la base de afirmaciones que no encuentren respaldo suficiente en el material probatorio.

Desde esta perspectiva, la prueba ocupa una posición central en la arquitectura del proceso civil. No es un elemento accesorio de la argumentación jurídica, ni un trámite destinado a satisfacer formalidades, sino el instrumento mediante el cual el juez reconstruye, dentro de los límites del procedimiento y con arreglo a las reglas de la sana valoración, los acontecimientos relevantes para resolver la controversia sometida a su jurisdicción. De suerte que la actividad probatoria exige un conocimiento que va más allá de saber invocar normas jurídicas. Es necesario saber qué debe probarse, a quién corresponde hacerlo, mediante qué instrumento, bajo cuáles condiciones de admisibilidad y con qué fuerza demostrativa. La eficacia de una pretensión depende, en buena medida, de la correspondencia entre el acto o hecho que se procura establecer y el medio de prueba escogido para acreditarlo.

Esta cuestión adquiere particular relevancia en el derecho procesal contemporáneo, donde confluyen dos tradiciones jurídicas de gran interés para el estudio comparado, que son la francesa, que ha experimentado una importante evolución legislativa y jurisprudencial en materia de prueba, y la dominicana, cuyo régimen conserva instituciones clásicas de raigambre francesa, pero debe interpretarse en armonía con la Constitución, las leyes especiales y las transformaciones tecnológicas que inciden en la producción, conservación y circulación de la información. El análisis conjunto de ambos sistemas permite sostener que la prueba civil debe abordarse desde una doble exigencia; por un lado, rigor jurídico en la acreditación de los actos y, por otra parte, flexibilidad racional en la demostración de los hechos, sin sacrificar la legalidad probatoria, la contradicción, el derecho de defensa ni la seguridad jurídica.

IV.- Fundamento constitucional y procesal de la actividad probatoria

La cuestión probatoria no puede examinarse exclusivamente desde las disposiciones del Código Civil, de Procedimiento Civil o de cualquier otra norma que regule los medios de prueba. En el Estado Constitucional de derecho, su interpretación debe integrarse con las garantías constitucionales que disciplinan el ejercicio de la función jurisdiccional. Así, en la República Dominicana, el artículo 69 de la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Estas garantías comprenden, entre otros aspectos, la posibilidad real de acceder a la justicia, conocer las pretensiones formuladas en contra de una persona, controvertir los elementos probatorios adversos, proponer los medios de prueba pertinentes y obtener una decisión motivada, dictada por un tribunal competente e imparcial.

De esta garantía se desprende que el derecho a la prueba no puede reducirse a la posibilidad puramente formal de depositar documentos. Debe comprender una oportunidad efectiva de aportar y discutir los elementos relevantes para la solución del litigio, siempre que se satisfagan las exigencias legales de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. A su vez, el artículo 68 constitucional impone a los poderes públicos el deber de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, mientras que el artículo 74, numeral 4, orienta la interpretación de los derechos y garantías hacia la solución que resulte más favorable a su titular, dentro del marco constitucional aplicable. En el plano internacional, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a ser oído, con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial.

Estas disposiciones no autorizan a desconocer las reglas legales de la prueba ni permiten que el juez sustituya indiscriminadamente la iniciativa de las partes. Exigen, más bien, que las normas probatorias se interpreten y apliquen de forma compatible con el derecho de defensa y con la necesidad de que el proceso constituya un instrumento efectivo de protección de los derechos. En ese orden, deben distinguirse tres dimensiones complementarias: 1.- El derecho a aportar pruebas, que faculta a las partes para presentar los elementos pertinentes destinados a sustentar sus pretensiones, defensas y excepciones, 2.- El derecho a contradecir las pruebas, que garantiza la posibilidad de conocerlas, cuestionar su autenticidad, discutir su alcance y oponerse a su utilización cuando resulte jurídicamente improcedente y 3.- El derecho a obtener una valoración racional y motivada, que obliga al tribunal a examinar los elementos regularmente incorporados al proceso y a explicar, con suficiente coherencia, las razones por las cuales les atribuye o niega eficacia demostrativa.

La tutela judicial efectiva se comprometería tanto si se impidiera injustificadamente a una parte demostrar un hecho relevante como si se acogiera una pretensión sobre la base de pruebas ilícitas, no contradichas o carentes de fuerza suficiente. La justicia probatoria, por tanto, no consiste en admitirlo todo, sino en garantizar que la controversia se resuelva a partir de un material probatorio legalmente obtenido, procesalmente debatido y racionalmente valorado. Por ejemplo, si se impidiera a una parte aportar una prueba pertinente y lícita, se vulneraría su derecho de defensa; pero también ocurriría si el tribunal fundara su decisión en elementos ilícitos o insuficientes. No sería, por tanto, una tutela judicial efectiva entendida como libertad probatoria ilimitada, sino como garantía de una actividad probatoria legítima y equilibrada. Es decir, no basta con poder probar: es indispensable hacerlo conforme al derecho y bajo el control contradictorio de las partes.

V.- Prueba de los actos jurídicos y prueba de los hechos jurídicos

Uno de los aspectos más relevantes para comprender el sistema probatorio civil consiste en distinguir entre el acto jurídico y el hecho jurídico. Esta diferenciación no es meramente conceptual, determina, en gran medida, los medios de prueba que pueden utilizarse y la intensidad de las exigencias legales para tener por acreditada una determinada realidad. Así, para la prueba de los actos jurídicos existe una preeminencia del escrito y la axiología legal. En efecto, los actos jurídicos son manifestaciones de voluntad destinadas a producir consecuencias jurídicas. El contrato de compraventa, el préstamo, el reconocimiento de deuda, la transacción y la constitución de determinadas obligaciones son ejemplos de esta categoría.

Cuando la controversia recae sobre la existencia, el contenido o la modificación de un acto jurídico, el ordenamiento puede exigir la utilización de determinados medios probatorios. En estos supuestos opera el sistema de prueba legal o tasada, con una prueba preconstituida en lo que concierne a la documentación de los actos, en cuya virtud la ley determina anticipadamente las condiciones que deben satisfacerse para acreditar ciertos negocios jurídicos. Aquí la preeminencia del escrito responde a una razón elemental de seguridad jurídica, y es que, si las partes han exteriorizado su voluntad para constituir una obligación, resulta razonable que esa voluntad quede documentada de manera que pueda verificarse posteriormente, incluso cuando surja una controversia o se haya deteriorado la relación entre los contratantes.

El documento permite fijar el contenido de lo convenido, identificar a sus autores, establecer las condiciones pactadas y delimitar las obligaciones asumidas. Cumple, por tanto, una función preventiva, al reducir las controversias, y una función procesal, al proporcionar al juez un elemento susceptible de examen y contradicción. En el derecho dominicano, esta orientación se manifiesta en las disposiciones del Código Civil relativas a la prueba literal, especialmente en los artículos 1317 y siguientes, que regulan el acto auténtico y el acto bajo firma privada, así como en las reglas que determinan su eficacia probatoria. Ahora bien, la preeminencia del escrito no debe confundirse con una superioridad absoluta e incondicionada de todo documento frente a cualquier otro medio de prueba. Es necesario diferenciar entre la existencia de un documento, su autenticidad, su admisibilidad y su fuerza demostrativa. Un escrito puede existir materialmente sin que se haya establecido quién lo produjo; puede ser auténtico sin demostrar todos los hechos alegados; o puede resultar insuficiente para acreditar una circunstancia que exceda su contenido.

De igual modo, la exigencia legal de prueba escrita no excluye automáticamente toda posibilidad de acudir a otros medios. El ordenamiento contempla excepciones, como los supuestos en que la ley admite la prueba testimonial, la existencia de un principio de prueba por escrito, la imposibilidad material o moral de procurarse un documento y otras circunstancias legalmente reconocidas, según la naturaleza del litigio y las disposiciones aplicables. Por consiguiente, el abogado debe identificar, antes de iniciar su actividad probatoria, si la pretensión se sustenta en un acto jurídico sujeto a exigencias particulares de documentación. No es suficiente presentar testigos que afirmen que un contrato existió si no existe alguna situación de hecho que haga flexibilizar la prueba documental, tal como un extravío del documento, alguna simulación del negocio jurídico, etc.

La primera regla práctica es, pues, que cuando se pretende demostrar un acto jurídico, debe comenzarse por identificar el régimen legal de prueba que lo gobierna y determinar si el escrito constituye una exigencia probatoria, una formalidad de validez o simplemente el medio más idóneo para acreditarlo. Estas tres cuestiones son distintas y no deben confundirse. Siendo, concretamente, lo determinante saber si lo que se pretende acreditar es una situación de hecho, en cuyo caso habría libertad probatoria o un acto jurídico que, por regla general, se prueba mediante documentos.

Por otro lado, la prueba de los hechos jurídicos, tal como se ha adelantado, se lleva a cabo mediante una libertad probatoria y flexibilidad de los medios. En efecto, los hechos jurídicos son acontecimientos o circunstancias a los cuales el ordenamiento atribuye consecuencias jurídicas, independientemente de que hayan sido queridos con esa finalidad por quien los realiza.La posesión material de un inmueble, la ocupación de una propiedad, la ocurrencia de un accidente, la ejecución de trabajos, la existencia de daños, la entrega efectiva de una cosa y determinadas circunstancias relativas al cumplimiento o incumplimiento de una obligación pueden requerir la acreditación de hechos jurídicos.En estos supuestos adquiere especial relevancia el principio de libertad probatoria; salvo que la ley establezca una restricción particular, el hecho puede acreditarse mediante los medios idóneos disponibles, valorados conforme a las reglas aplicables.

La doctrina más depurada sobre el régimen de prueba de las obligaciones y la distinción entre actos y hechos jurídicos, permite comprender la razón de esta flexibilidad, y es que los hechos ordinariamente no se documentan de antemano con la finalidad de utilizarlos en un proceso futuro. A diferencia de los negocios jurídicos, que pueden y suelen formalizarse mediante documentos, los acontecimientos de la vida material ocurren con independencia de la eventual necesidad de demostrarlos ante un tribunal. No sería razonable, por ejemplo, exigir que cada acto de ocupación, cada daño causado, cada conversación relevante o cada modificación física de un inmueble hubiese sido documentado previamente mediante un instrumento formal. Una exigencia semejante haría prácticamente imposible la acreditación de numerosos acontecimientos jurídicamente relevantes.

Por ello, cuando lo que se pretende demostrar es un hecho jurídico, el juez debe contar con la posibilidad de examinar un conjunto plural de elementos, entre los cuales pueden figurar documentos, tales como contratos, recibos, certificaciones, comunicaciones, fotografías, actas y otros registros relacionados con el acontecimiento; informativos testimoniales, que son declaraciones de personas que percibieron directamente los hechos o que pueden aportar información relevante sobre su desarrollo; comparecencias personales de las partes, con interrogatorios o declaraciones de las partes; descensos al lugar de los hechos, que permiten al tribunal verificar directamente las condiciones materiales del lugar, las características de una ocupación o la existencia de determinadas circunstancias. También peritajes y experticias, con análisis técnicos, científicos, topográficos, contables, informáticos o caligráficos que requieran conocimientos especializados; presunciones, mediante  circunstancias acreditadas que, examinadas conjuntamente y mediante un razonamiento lógico, permitan inferir la existencia de un hecho desconocido, así como registros audiovisuales y electrónicos de fotografías, vídeos, mensajes, correos electrónicos, registros de sistemas y otros datos cuya autenticidad, integridad y procedencia puedan establecerse.

Esta enumeración no implica que todos estos medios sean admisibles en cualquier controversia ni que tengan idéntico valor probatorio. Significa que la naturaleza del hecho debe orientar la selección de los instrumentos adecuados para demostrarlo. Así, si se discute la autenticidad de una firma, una experticia caligráfica puede resultar decisiva; si se controvierte la ocupación efectiva de un terreno, un descenso judicial acompañado de testimonios y levantamientos técnicos puede aportar información que ningún documento aislado ofrece; y si se debate la ejecución de una transferencia bancaria, los registros electrónicos de la operación pueden resultar más relevantes que las declaraciones generales de los interesados. La flexibilidad probatoria, por consiguiente, no equivale a ausencia de reglas. Supone adaptar los medios de demostración a la naturaleza del hecho, sin desconocer las exigencias de legalidad, pertinencia, autenticidad, contradicción y fiabilidad.

Casos con actos jurídicos y con hechos jurídicos. Visto todo lo anterior, resulta de interés resaltar que un mismo litigio puede exigir ambos regímenes: para acto y para hechos jurídicos.  Es importante evitar una interpretación excesivamente rígida de la clasificación precedentemente comentada. En un mismo proceso, vale insistir, pueden concurrir actos jurídicos y hechos jurídicos, cada uno sometido a sus propias exigencias probatorias.En una demanda en cumplimiento de contrato, por ejemplo, el demandante puede necesitar demostrar documentalmente la existencia y el contenido de la convención, mientras que la entrega de la cosa, la ejecución de los trabajos, la ocurrencia de los daños o el incumplimiento material pueden acreditarse mediante una combinación de documentos, testimonios, peritajes y otros medios legalmente admisibles.

Del mismo modo, en una controversia inmobiliaria, el título puede ser determinante para establecer la titularidad de un derecho registrado, mientras que un levantamiento parcelario y las declaraciones testimoniales pueden resultar necesarios para esclarecer la ubicación de una ocupación, la identidad física del área controvertida o las circunstancias de una intervención material. En estos casos, la cuestión no consiste en elegir entre prueba escrita y libertad probatoria como si fueran categorías incompatibles, sino en determinar qué elementos de la pretensión requieren la acreditación de un acto jurídico y cuáles exigen demostrar hechos concretos relacionados con su existencia, ejecución o consecuencias. La técnica procesal comienza precisamente con esa descomposición de la controversia en hechos relevantes y con la identificación del régimen probatorio correspondiente a cada uno.

VI.- El derecho francés moderno: entre la prueba legal y la libertad probatoria

El derecho francés constituye un referente particularmente útil para el análisis de la cuestión probatoria dominicana, no solo por la influencia histórica del Código Civil francés sobre nuestro ordenamiento jurídico, sino también por la evolución experimentada por su régimen de prueba a partir de la reforma del derecho de las obligaciones introducida mediante la Ordenanza núm. 2016-131, de 10 de febrero de 2016[19]. Esta reforma reorganizó las disposiciones relativas a la prueba de las obligaciones en el Código Civil francés, actualmente contenidas en sus artículos 1353 y siguientes. En efecto, el artículo 1353 mantiene la regla tradicional de distribución de la carga de la prueba, conforme a la cual quien reclama la ejecución de una obligación debe probar su existencia, mientras que quien afirma haberse liberado de ella debe justificar el pago o el hecho que haya producido su extinción.

Por su parte, el artículo 1358 consagra la libertad de prueba como principio general, al disponer que, salvo los casos en que la ley establezca lo contrario, la prueba puede aportarse por cualquier medio. A su vez, el artículo 1359 establece determinadas exigencias de prueba escrita para los actos jurídicos cuyo importe o valor exceda el umbral fijado reglamentariamente, así como restricciones para probar contra o más allá del contenido de un documento que acredite un acto jurídico[20]. De este régimen se desprende una idea fundamental, y es que la libertad probatoria constituye la regla general, pero no elimina las restricciones legales que protegen la seguridad de los actos jurídicos. Justamente, sobre la prueba de los actos jurídicos en el Código Civil francés, resulta de interés resaltar que el artículo 1364 del Código Civil francés dispone que la prueba de un acto jurídico puede preconstituirse mediante un escrito auténtico o bajo firma privada[21].

Esta disposición expresa con claridad la utilidad preventiva de la documentación, ya que las partes pueden anticiparse a una eventual controversia y dotar al negocio jurídico de un soporte susceptible de acreditar su existencia y contenido. El artículo 1359, por su parte, exige, como hemos visto más arriba, prueba escrita para los actos jurídicos relativos a sumas o valores superiores al umbral establecido reglamentariamente y limita, en los términos que establece, la posibilidad de probar contra o más allá de un escrito mediante testimonios u otros medios. La aplicación de estas exigencias debe complementarse con las excepciones y reglas especiales previstas en el propio ordenamiento. Esta solución pone de manifiesto que la preeminencia del escrito no es un vestigio formalista desprovisto de justificación.

Lo anterior responde a la necesidad de preservar la estabilidad de las relaciones jurídicas, impedir que el contenido de los acuerdos quede sujeto exclusivamente a reconstrucciones testimoniales contradictorias y ofrecer parámetros objetivos para la solución de los conflictos. Sin embargo, la regulación francesa tampoco permite confundir la prueba del acto jurídico con la demostración de todos los acontecimientos relacionados con él. Que un contrato de compraventa deba acreditarse mediante el medio legalmente exigido no significa que la entrega del bien, su ocupación, el cumplimiento de determinadas prestaciones o los daños derivados de su ejecución deban demostrarse necesariamente por el mismo instrumento. La técnica probatoria requiere, por tanto, separar la prueba de la convención de la prueba de los hechos que la preceden, acompañan o suceden.

Por otro lado, en cuanto a la libertad de prueba de los hechos jurídicos, hay que decir que el artículo 1358 del Código Civil francés establece que, fuera de los casos en que la ley disponga lo contrario, la prueba puede aportarse por cualquier medio. Esta regla permite utilizar testimonios, documentos, indicios y otros elementos adecuados para acreditar acontecimientos o circunstancias relevantes para el litigio. La libertad probatoria se complementa con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil francés. Su artículo 9 impone a cada parte la carga de probar, conforme a la ley, los hechos necesarios para el éxito de su pretensión[22]. El artículo 10 reconoce al juez la facultad de ordenar de oficio medidas de instrucción legalmente admisibles[23], mientras que el artículo 11 establece el deber de colaboración de las partes y contempla, bajo las condiciones legales, la posibilidad de ordenar la producción de documentos en poder de una parte o de terceros[24].

Este modelo revela una distribución funcional de responsabilidades. Por un lado, a las partes corresponde alegar los hechos relevantes, aportar los elementos probatorios disponibles y solicitar oportunamente las medidas necesarias para sustentar sus pretensiones. De su lado, al juez corresponde dirigir el procedimiento probatorio dentro de sus atribuciones, resolver las controversias relativas a la admisibilidad y eficacia de los medios y, cuando legalmente proceda, ordenar medidas de instrucción. Y a los auxiliares técnicos y peritos corresponde aportar conocimientos especializados que permitan esclarecer aspectos que exceden la formación ordinaria del juzgador.

El proceso civil francés no descansa, por consiguiente, en una concepción puramente pasiva del juez ni en una investigación judicial ilimitada. Reconoce la iniciativa de las partes, pero admite facultades de instrucción destinadas a esclarecer los hechos relevantes, preservando las garantías de contradicción y defensa[25]. Este planteamiento ofrece una enseñanza importante para el proceso dominicano, y es que la actividad probatoria debe organizarse de manera que la distribución de la carga de la prueba no se convierta en un obstáculo irrazonable para esclarecer hechos decisivos, especialmente cuando determinados elementos se encuentran bajo el control exclusivo de la contraparte o de terceros. Teniendo en cuanta que, en todo caso, la Ley 834, que modifica nuestro Código de Procedimiento Civil, prevé la producción forzosa de documentos, bajo astreinte, tanto respecto de la contraparte como en relación de terceros, en su artículo 55 y siguientes.

En lo que tiene que ver con el derecho a la prueba y la evolución jurisprudencial francesa, resulta de interés resaltar que uno de los desarrollos más significativos del derecho francés contemporáneo se refiere a la relación entre el derecho a la prueba, la lealtad procesal y la protección de los derechos fundamentales.Así,en su sentencia de Asamblea Plenaria de 22 de diciembre de 2023, dictada en el asunto núm. 20-20.648, la Cour de cassation estableció que la ilicitud o deslealtad en la obtención de un medio de prueba no conduce necesariamente a excluirlo del proceso civil. Cuando se plantea el conflicto, el juez debe ponderar los derechos e intereses contrapuestos y examinar si la utilización del elemento resulta indispensable para ejercer el derecho a la prueba y si la afectación de los derechos de la contraparte es estrictamente proporcionada al objetivo perseguido.

Esta decisión representa una evolución importante. La cuestión deja de resolverse mediante una exclusión automática basada exclusivamente en el modo de obtención y exige un examen concreto de la equidad del procedimiento en su conjunto. No significa que cualquier prueba obtenida ilícitamente deba admitirse, ni que el derecho a la prueba justifique la vulneración indiscriminada de la intimidad, el secreto profesional o los derechos de terceros. La solución exige ponderación judicial, indispensabilidad y proporcionalidad. Y hay que destacar que la relevancia constitucional de esta orientación es evidente, ya que el derecho a la prueba forma parte de las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos sustantivos[26], pero su ejercicio debe armonizarse con los demás derechos fundamentales[27].

Conviene precisar, sin embargo, que esta doctrina francesa no puede trasladarse automáticamente al proceso dominicano como si constituyera una regla jurisprudencial vinculante para nuestros tribunales. Su valor comparativo consiste en ofrecer criterios argumentativos para resolver tensiones entre la eficacia probatoria, la tutela judicial efectiva y la protección de otros derechos, siempre dentro del marco de la Constitución y de la legislación dominicanas.

VII.- La prueba en el proceso civil dominicano: tradición civilista y lectura constitucional

El derecho dominicano conserva la estructura clásica de la prueba civil de origen francés, particularmente visible en el artículo 1315 del Código Civil y en las disposiciones relativas a la prueba literal, testimonial, las presunciones y los demás medios previstos legalmente. El punto de partida es inequívoco: quien reclama una obligación debe probarla, y quien afirma haberse liberado debe acreditar el hecho extintivo correspondiente. Pero esta distribución de la carga probatoria no puede analizarse aisladamente de las normas que regulan los medios de prueba ni de las garantías constitucionales que disciplinan su utilización.

Así, sobre la carga de la prueba, el riesgo de la incertidumbre y el deber de argumentación, ha de precisarse que la carga de la prueba constituye, ante todo, una regla que permite determinar quién soporta las consecuencias de que un hecho relevante permanezca sin demostrar al momento de decidir.No se trata, necesariamente, de una obligación coercible de probar, sino de una carga procesal cuyo incumplimiento puede perjudicar a quien tenía interés en acreditar el hecho.Si el demandante reclama el cumplimiento de una obligación y no consigue demostrar sus elementos constitutivos, la incertidumbre puede conducir al rechazo de su pretensión. Si el demandado sostiene que pagó, compensó o extinguió la obligación por otro medio, deberá acreditar el hecho en que fundamenta esa defensa, conforme al artículo 1315 y a las reglas especiales que resulten aplicables.

La aplicación de esta disposición exige identificar con precisión los hechos constitutivos de la pretensión y los hechos impeditivos, modificativos o extintivos invocados por la contraparte. Una distribución incorrecta de la carga probatoria puede conducir a una decisión jurídicamente desacertada, incluso cuando el tribunal haya identificado correctamente las normas sustantivas aplicables[28]. En ese sentido, el artículo 1315 debe interpretarse como una regla de atribución del riesgo probatorio, no como una autorización para que el juez resuelva mecánicamente toda controversia sin examinar el material aportado ni las reglas especiales que puedan modificar la distribución ordinaria de la carga.

En cuanto a la legalidad, pertinencia y contradicción de la prueba, es importante comentar que el principio de legalidad probatoria exige que los medios empleados para demostrar los hechos se ajusten al ordenamiento jurídico. No todo elemento que pueda aportar información es necesariamente admisible, ni todo medio admitido posee, por esa sola circunstancia, suficiente fuerza para demostrar el hecho controvertido. La propia Constitución establece, en su artículo 69.8, que es nula toda prueba obtenida en violación a la ley, o sea, se trata de un principio de raigambre constitucional.

La pertinencia de la prueba supone una relación racional entre el medio ofrecido y los hechos que deben establecerse. La utilidad exige que su práctica pueda contribuir efectivamente al esclarecimiento del litigio[29]. La autenticidad, cuando resulte relevante, obliga a examinar la procedencia e integridad del elemento[30]. Y la contradicción requiere que la parte contra quien se invoca tenga una oportunidad efectiva de conocerlo y cuestionarlo. Estas exigencias se integran con el derecho de defensa reconocido en el artículo 69 de la Constitución dominicana. Como puede verse, la prueba no debe convertirse en un instrumento de sorpresa procesal ni puede valorarse de manera decisiva sin respetar las oportunidades de contradicción que correspondan.

La observancia de estas garantías es especialmente importante en los procesos en los que se presentan documentos tardíos, grabaciones, comunicaciones electrónicas, informes técnicos o piezas cuya autenticidad se cuestiona. El tribunal debe determinar, conforme a la normativa aplicable, si el elemento puede incorporarse al debate, qué objeciones suscita y cuál es su verdadera eficacia demostrativa. Y, en ese orden, sobre la motivación judicial como garantía de racionalidad probatoria, cabe destacar que la valoración de la prueba constituye una de las manifestaciones más delicadas de la función jurisdiccional, y es que el juez no se limita a enumerar los documentos depositados ni a reproducir las declaraciones de los testigos, debe explicar qué hechos considera acreditados, cuáles estima no demostrados y qué razonamiento lo conduce a esa conclusión. En palabras de nuestro Tribunal Constitucional: una debida motivación.

La debida motivación probatoria. La motivación debe permitir que las partes comprendan por qué prospera o fracasa una pretensión y que el órgano de revisión pueda controlar la corrección jurídica del razonamiento. No basta, por ejemplo, con afirmar que un documento acredita la propiedad, que un testimonio resulta creíble o que un informe pericial es concluyente. Es necesario precisar qué aspecto acredita el documento, por qué el testimonio merece credibilidad en relación con el punto controvertido y de qué manera la metodología y las conclusiones del peritaje se relacionan con los demás elementos del expediente. Siendo que la motivación probatoria cumple una función de transparencia, control y legitimación de la decisión judicial. Constituye una garantía frente a la arbitrariedad y una condición de la tutela judicial efectiva, pues permite verificar que el fallo se sustenta en razones jurídicas y probatorias susceptibles de examen.

VIII.- Las nuevas tecnologías y la transformación de la prueba civil

El desarrollo tecnológico ha modificado profundamente la manera en que se producen, conservan y transmiten los elementos de prueba. En la actualidad, una parte importante de las relaciones jurídicas se desarrolla mediante plataformas digitales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, firmas electrónicas, sistemas bancarios informatizados y bases de datos. Esta transformación, hay que reconocer, obliga a reconsiderar la noción tradicional de documento, sin abandonar las exigencias de autenticidad, integridad, fiabilidad y contradicción que garantizan su eficacia procesal.

Así, respecto del documento electrónico y su fuerza probatoria, ha de resaltarse que, en nuestro país, la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales reconoce, en su artículo 9, la admisibilidad de los documentos digitales y mensajes de datos como medios de prueba, atribuyéndoles la fuerza probatoria correspondiente a los actos bajo firma privada. Su artículo 10 establece criterios para valorar esa fuerza probatoria, entre ellos la confiabilidad de la forma en que la información fue generada, archivada o comunicada, la integridad de su conservación y la identificación de su creador o iniciador. La tendencia, hay que estar claro en eso, es la justicia digital[31]. Justamente, la reciente reforma a la Ley núm. 339-22, sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial de la República Dominicana, mediante la Ley núm. 87-26, prevé, entre otras cosas, que las sentencias con firmas digitales valen para fines de ejecución, sin necesidad de ninguna otra certificación.

O sea, ya no es necesaria la tradicional certificación secretarial para poder ejecutar una sentencia. Además de que los documentos que se vienen valorando para decidir los casos en sede judicial son los digitalizados y subidos por las partes en la plataforma de Acceso Digital del Poder Judicial. La justicia digital, más que el futuro, es ya el presente. Igual que la inteligencia artificial, esta ya se ha venido implementando en el Poder Judicial de otros países y la gestión judicial que ha iniciado formalmente en el mes de noviembre del presente año 2026, a cargo del magistrado Justiniano Montero, dentro de sus ejes de gestión, figura la implementación de la inteligencia artificial para su uso ético en el Poder Judicial dominicano.

En el marco de la justicia digital, sería deseable que la plataforma del Poder Judicial (Acceso Digital) fuera objeto de una revisión tecnológica que permita a los usuarios reutilizar, en distintos procesos judiciales, los documentos que ya han sido depositados en otros expedientes, mediante un mecanismo que posibilite vincular una misma pieza documental a más de un expediente, sin necesidad de proceder a su desglose y posterior depósito. Y es que no parece razonable que, en plena era de transformación digital, las partes deban reproducir innecesariamente operaciones materiales para incorporar a un nuevo proceso documentos que ya se encuentran bajo custodia del sistema judicial.

Una vez depositados digitalmente, estos deberían integrar un repositorio documental que permita a su titular disponer de ellos para otros procesos, con las debidas garantías de autenticidad, integridad, confidencialidad y control de acceso, así como con una trazabilidad que registre cada consulta, utilización y vinculación procesal. De esta manera, se contribuiría a optimizar la producción documental, reducir actuaciones procesales redundantes y favorecer la economía y eficiencia del sistema de justicia. Esta propuesta guarda correspondencia con el enfoque de transformación institucional que ha anunciado la actual gestión del Poder Judicial, iniciada en noviembre de 2026, en cuanto a concebir la digitalización no como un mecanismo de imposición o sustitución absoluta de la presencialidad, sino como una herramienta al servicio de los usuarios, orientada a agilizar los procedimientos y facilitar el acceso a la justicia, sin excluir a quienes, por carecer de los medios o las condiciones necesarias para desenvolverse en entornos digitales, prefieran continuar realizando sus actuaciones de manera presencial.

En Francia, los artículos 1365[32] y 1366[33] del Código Civil reconocen una concepción tecnológicamente neutral del escrito y atribuyen al escrito electrónico la misma fuerza probatoria que al escrito en papel, siempre que pueda identificarse debidamente a su autor y que su elaboración y conservación garanticen su integridad. El artículo 1367[34] regula, además, la firma electrónica y las condiciones de fiabilidad de los procedimientos de identificación. Ambos ordenamientos muestran una orientación convergente, y es que el soporte tecnológico no debe constituir, por sí solo, una razón para negar eficacia probatoria a una información jurídicamente relevante.

Sin embargo, la equivalencia probatoria entre soportes no significa que todo archivo electrónico posea automáticamente la misma fuerza que un documento auténtico o que cualquier mensaje de una aplicación pueda considerarse concluyente. Un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, una fotografía digital o una captura de pantalla pueden ser relevantes, pero su valoración exige examinar, según las circunstancias, la identidad de quien aparece como autor o emisor, la integridad del contenido y la posibilidad de alteraciones, la fecha, el contexto y la continuidad de la comunicación, la correspondencia entre el archivo aportado y la fuente de la cual procede, la existencia de elementos externos que corroboren su autenticidad y las posibilidades de contradicción y verificación técnica por la contraparte.

Una captura de pantalla, por ejemplo, puede mostrar el contenido aparente de una conversación por WhatsApp, pero no necesariamente permite establecer, por sí sola, que el interlocutor identificado fue efectivamente quien escribió los mensajes, que el contenido está completo o que no ha sido manipulado. Cuando exista una impugnación fundada, puede resultar necesario aportar el dispositivo original, los archivos de origen, los registros disponibles o una experticia tecnológica. La solución dependerá de la naturaleza de la controversia y de las exigencias legales aplicables. Por lo pronto, aplicando las reglas generales que gobiernan la cuestión probatoria en el derecho dominicano, de marcada raigambre francesa, si una captura de pantalla no ha sido objeto de cuestionamientos por la parte a quien se le opone, como “hecho no controvertido” que sería, se daría como válida dicha pieza en el contexto de la justicia probatoria.

Al respecto, ha sido juzgado por los tribunales de la República: “Resulta de interés destacar, en el ámbito probatorio, que ni el tribunal a-quo ni esta alzada han forjado su convicción única y exclusivamente con base en capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, sino que, más bien, judicialmente se han visto tales documentos como principios de prueba que, como tales, deben corroborarse por otros medios[35]. Y, justamente, se han robustecido, como se ha visto, con comparecencias, fotos, etc. (…) En todo caso, no es ocioso precisar que, conforme a la mejor doctrina, las conversaciones por WhatsApp pueden ser incorporadas a los procesos, equiparándose con los documentos públicos y privados tradicionales. Y, si no son contradichos, la información que contenga se da como válida en el juicio[36]. Justamente, el expediente pone de relieve que la crítica de la parte recurrente a tales medios de conversaciones por WhatsApp consistía, concretamente, en que, en el estricto plano formal, no fueron sometidos a experticia alguna, pero sin contradecir la información en ellas contenidas, propiamente. Y resulta que, como se ha visto, la experticia no es un presupuesto de validez para la información que, en sí, no se ha contradicho”[37].

Como puede advertirse, en el caso concreto, el tribunal, aun cuando tuvo ante sí el cuestionamiento relativo a la ausencia de una experticia caligráfica o informática de las conversaciones de WhatsApp incorporadas al proceso, interpretó que tal circunstancia, por sí sola, no despojaba de eficacia probatoria a dichos elementos, especialmente cuando su contenido no había sido materialmente contradicho y, además, encontraba corroboración en otros medios de prueba legítimamente incorporados al debate. Tal criterio encuentra sustento en los principios constitucionales de razonabilidad, efectividad de la tutela judicial, libertad probatoria y valoración racional de la prueba, así como en las exigencias de contradicción, igualdad procesal y proscripción del formalismo excesivo. En efecto, el debido proceso no puede convertirse en un obstáculo ritual para el esclarecimiento de los hechos, ni la seguridad jurídica puede confundirse con la imposición de solemnidades que no resulten legalmente exigibles ni constitucionalmente justificadas.

En definitiva, la actividad probatoria tiene como finalidad proporcionar al juzgador elementos objetivos y racionalmente verificables que le permitan reconstruir los hechos controvertidos y alcanzar, dentro de los límites del proceso y con pleno respeto de las garantías de las partes, la verdad jurídicamente relevante sobre la cual habrá de aplicar el derecho. De ahí que la valoración de los medios digitales no deba quedar supeditada, de manera automática, a la realización de una experticia, sino a la apreciación conjunta de su autenticidad, integridad, fiabilidad, coherencia y correspondencia con los restantes elementos probatorios. A contrario sensu, pudiera alegarse que admitir conversaciones digitales sin una experticia técnica compromete su autenticidad y abre la posibilidad de manipulación, alteración o atribución indebida de autoría. Se trata, ciertamente, de una objeción atendible, pues la naturaleza electrónica de estos medios impone cautelas particulares en su valoración. Sin embargo, de ello no se sigue que la experticia constituya, en todos los casos y bajo cualquier circunstancia, un requisito ineludible de admisibilidad o eficacia probatoria. Una cosa es reconocer la posibilidad de manipulación de un documento electrónico y otra, muy distinta, presumir su falsedad por la sola ausencia de un examen pericial.

Si, como ha sostenido la doctrina constitucional, los órganos jurisdiccionales deben decantarse por la interpretación que resulte más conforme con la Constitución, la solución constitucionalmente adecuada consiste en reconocer que la ausencia de experticia no invalida automáticamente las conversaciones digitales, siempre que su autenticidad o contenido no hayan sido objeto de una impugnación concreta y fundada, que existan elementos de corroboración suficientes y que su valoración se produzca de manera motivada, contradictoria y conjunta con el acervo probatorio. En pocas palabras, la Constitución no exige una ritualidad probatoria uniforme, sino garantías efectivas de autenticidad, contradicción y valoración racional. La prueba digital no puede ser excluida por el solo hecho de ser digital, ni aceptada acríticamente por el solo hecho de haber sido aportada al proceso.

Todo ello permite formular la siguiente regla jurídica probatoria: la ausencia de experticia técnica o caligráfica sobre conversaciones de WhatsApp no determina, por sí sola, su inadmisibilidad ni su ineficacia probatoria; por consiguiente, cuando su contenido no haya sido objeto de una impugnación específica y razonablemente sustentada, y encuentre corroboración en otros elementos de prueba legítimamente incorporados al proceso, el juzgador podrá atribuirles valor probatorio, siempre que, mediante una motivación suficiente, justifique su fiabilidad, su correspondencia con el conjunto probatorio y el respeto de las garantías del debido proceso.

Todo lo anterior, teniendo muy presente el fino abordaje jurídico-probatorio realizado por el tribunal, al distinguir entre el cuestionamiento relativo a la ausencia de una experticia técnica practicada a las capturas de pantalla de las conversaciones sostenidas por WhatsApp y la efectiva contradicción del contenido de la información que estas reflejaban. Es decir, la parte recurrente circunscribió su objeción al plano estrictamente formal, sosteniendo que dichos elementos carecían de eficacia probatoria por no haber sido sometidos a un examen pericial que acreditara su autenticidad, integridad o procedencia; sin embargo, al hacerlo, no controvirtió concretamente la veracidad de las comunicaciones, ni identificó alteraciones, manipulaciones, falsedades o inconsistencias específicas que pusieran razonablemente en entredicho la información en ellas contenida.

Precisamente, esa distinción resultó determinante, porque el tribunal no confundió la ausencia de una diligencia técnica con la demostración de una irregularidad material en el documento, ni convirtió la experticia en una solemnidad probatoria indispensable para reconocer eficacia a toda comunicación electrónica. Por el contrario, atendió al contexto fáctico-probatorio en su conjunto, constatando que aquellas conversaciones no constituían el fundamento exclusivo de su convicción, sino que operaban como elementos de corroboración, reforzados por otros medios de prueba legítimamente incorporados al proceso. Por eso, la regla jurídico-probatoria previamente desprendida de este caso debe aplicarse en contextos en los que, como el examinado, la objeción se limite a la ausencia de experticia, sin que exista una impugnación concreta y fundada de la autenticidad, integridad o veracidad del contenido, y siempre que los documentos digitales encuentren respaldo en otros elementos probatorios y su valoración se produzca con pleno respeto del contradictorio y mediante motivación racional.

En suma, no debe confundirse la falta de una experticia con la falta de autenticidad[38], ni la ausencia de una formalidad técnica con la inexistencia de valor probatorio[39]. La exigencia constitucional no consiste en someter indiscriminadamente todo documento digital a una comprobación pericial, sino en garantizar que su incorporación, contradicción y valoración respondan a criterios de fiabilidad, razonabilidad y suficiencia probatoria. Lo contrario supondría sacrificar injustificadamente la verdad jurídicamente relevante en favor de un formalismo que, lejos de proteger el debido proceso, podría obstaculizar la efectividad de la tutela judicial y la correcta aplicación del derecho.

En otro orden, sobre la firma electrónica y la contratación digital, ha de resaltarse que la contratación electrónica demuestra de manera particularmente clara la necesidad de adaptar las categorías tradicionales de la prueba a las nuevas formas de manifestación de voluntad.Un contrato puede celebrarse sin que las partes coincidan físicamente ni estampen una firma manuscrita sobre un mismo soporte. La voluntad contractual puede exteriorizarse mediante mecanismos electrónicos cuya eficacia dependerá de las normas que regulen el negocio y de la fiabilidad del procedimiento utilizado.

En este contexto, el análisis probatorio debe diferenciar tres cuestiones, que son: 1.- La existencia del documento: si el archivo que contiene las condiciones contractuales ha sido efectivamente generado y conservado, 2.- La atribución de autoría: si existen elementos fiables para vincular el documento con la persona a quien se atribuye y 3.- La manifestación del consentimiento: si el procedimiento empleado permite establecer que esa persona aceptó las obligaciones contenidas en el documento. Estas cuestiones no son equivalentes. La existencia de un archivo no demuestra necesariamente el consentimiento de una persona, del mismo modo que la identificación de un usuario no demuestra, por sí sola, que haya aceptado todas las cláusulas que se le atribuyen.

La prueba electrónica exige, por tanto, examinar el funcionamiento del mecanismo de contratación, los registros de aceptación, la identificación del usuario y las condiciones de integridad y conservación de la información. Y en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, contenido sintético y prueba digital, conviene resaltar que la inteligencia artificial introduce nuevos desafíos. Hoy es técnicamente posible generar imágenes, vídeos, voces y documentos sintéticos que reproduzcan, con distintos grados de realismo, elementos aparentemente auténticos.

Esta circunstancia obliga a distinguir entre la apariencia visual o sonora de una prueba y su autenticidad verificable. Un vídeo no debe considerarse auténtico únicamente porque parezca real; una grabación de voz no acredita automáticamente la identidad de quien habla, y un documento producido mediante una herramienta de inteligencia artificial no demuestra que el acontecimiento que describe haya ocurrido. Cuando existan dudas razonables, pueden resultar pertinentes el examen de los metadatos, la verificación de la fuente original, la comprobación de la continuidad del archivo, el análisis de posibles alteraciones y la intervención de especialistas en informática forense.

También es necesario reconocer que estas técnicas tienen limitaciones, y es que los metadatos pueden modificarse, algunos archivos pierden información durante su transmisión y los detectores automáticos de contenido sintético no son infalibles. Por ello, la autenticidad debe establecerse mediante una evaluación conjunta de las características técnicas del archivo, su procedencia, el contexto en que se produjo y los restantes elementos probatorios. La inteligencia artificial puede auxiliar en la clasificación de documentos, la detección de inconsistencias o el análisis preliminar de grandes volúmenes de información. Sin embargo, sus resultados no sustituyen la prueba del hecho controvertido ni liberan al juez de su deber de motivar la decisión. La tecnología debe servir a la justicia, no reemplazar el razonamiento judicial ni crear presunciones de veracidad carentes de fundamento legal.

IX.- La prueba pericial, la inspección judicial y el deber de esclarecimiento

La evolución tecnológica no disminuye la importancia de los medios tradicionales de prueba. Por el contrario, en numerosas controversias, su combinación con herramientas modernas resulta indispensable. En efecto, la prueba documental puede demostrar la existencia de una relación jurídica, pero no siempre permite esclarecer la realidad material de los acontecimientos. El testimonio puede aportar información sobre lo percibido por una persona, pero quizá no resulte suficiente para determinar una cuestión científica o técnica. El peritaje puede explicar una circunstancia especializada, pero tampoco sustituye al juez en la decisión sobre las consecuencias jurídicas de los hechos. De ahí la importancia de utilizar los medios de prueba de forma complementaria.

La comparecencia personal y la prueba testimonial. La comparecencia de las partes puede contribuir a esclarecer contradicciones, precisar las circunstancias de una operación o identificar hechos que requieren explicación. Incluso, no es ocioso recordar que, distinto a lo penal -que no hay autoincriminación-, en materia civil: a confesión de parte, relevo de prueba. Y, como enseña el profesor Froilán (hijo), la confesión, como prueba perfecta que es, no siempre surge espontáneamente, sino producto de una comparecencia personal, basado en un interrogatorio bien estructurado. La prueba testimonial, por su parte, permite reconstruir acontecimientos mediante las declaraciones de quienes tuvieron conocimiento de ellos.

No obstante, el testimonio debe examinarse atendiendo a la fuente de conocimiento, la coherencia interna, la precisión de las declaraciones, su correspondencia con otros elementos y las circunstancias que puedan afectar su credibilidad. La inmediación judicial puede favorecer esa evaluación, pero no autoriza a fundar la decisión exclusivamente en impresiones subjetivas sobre la conducta del declarante. La credibilidad debe justificarse mediante razones susceptibles de control, visto todo de manera conjunta y armónica; es decir, no solamente fallar en función de un testimonio, sino corroborar dicho testimonio con una foto, una experticia, otros testimonios, etc. Y esto ocurre, básicamente, en materia de hechos jurídicos que, como hemos visto más arriba, se prueban por todos los medios; y en ese ámbito es que adquieren relevancia los informativos, las comparecencias, etc. Lo que versa sobre actos jurídicos (contrato, factura, pagaré, etc.), por regla general, se prueba por escrito.

En otro orden, respecto la inspección de lugares (o descensos al lugar de los hechos), importa destacar que dicha medida adquiere especial relevancia cuando el litigio se relaciona con circunstancias materiales que pueden verificarse directamente.En materia inmobiliaria, por ejemplo, un descenso puede permitir observar la ocupación efectiva de un terreno, la existencia de construcciones, los accesos, los linderos aparentes o las condiciones físicas del área controvertida. En materia civil, propiamente, permite advertir si, ciertamente, el inmueble alquilado ha sido usado para un fin distinto al previsto contractualmente, etc.  La inspección proporciona información directa; el peritaje permite interpretarla desde una perspectiva especializada; y la documentación registral aporta los elementos jurídicos que correspondan. La decisión debe resultar de su valoración conjunta, sin atribuir a ninguno de estos medios un alcance que legalmente no posee.

Las experticias caligráficas, informáticas y técnicas. Las experticias son especialmente útiles cuando la controversia requiere conocimientos que el juez no está llamado a suplir mediante intuiciones personales.Una experticia caligráfica puede contribuir a determinar si una firma presenta características compatibles con la escritura de una persona. Una experticia informática puede examinar la integridad de un archivo digital. Un levantamiento parcelario (deslinde, subdivisión, etc.) a cargo de un agrimensor puede esclarecer la correspondencia entre un área física y su representación técnica.  No obstante, el informe pericial no es una sentencia anticipada. Su valor depende de la idoneidad del especialista, la suficiencia de los materiales examinados, la metodología empleada, la claridad de las conclusiones y la posibilidad de someterlas a contradicción.El juez, hay que decir, conserva la responsabilidad de apreciar el informe junto con los demás elementos de prueba y de explicar por qué lo acepta o se aparta de él.

X.- La prueba ilícita, el derecho de defensa y la protección de los derechos fundamentales

La búsqueda de la verdad procesal no puede justificar cualquier método de obtención de información. El derecho a la prueba debe armonizarse con la intimidad, el secreto profesional, la protección de datos, la inviolabilidad de las comunicaciones y los demás derechos que puedan resultar afectados. En este ámbito, resulta útil la evolución jurisprudencial francesa antes examinada, pero su recepción en el derecho dominicano debe realizarse con cautela. En efecto, la admisibilidad de una prueba obtenida mediante una actuación cuestionable no puede decidirse mediante una regla abstracta que ignore las circunstancias concretas. Es necesario identificar la naturaleza de la irregularidad, el derecho afectado, la relevancia del elemento, las alternativas probatorias disponibles y las consecuencias que su utilización tendría para la equidad del proceso.

En el ordenamiento dominicano, este examen debe realizarse conforme a la Constitución y a la legislación aplicable, sin trasladar automáticamente criterios extranjeros ni convertir la necesidad de probar en una autorización general para vulnerar derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, pueden formularse cuatro criterios orientadores, que son: 1.- Legalidad, en el sentido de determinar si la obtención, incorporación y utilización de la prueba respetan las normas aplicables, 2.- Necesidad, en el orden de establecer si el elemento es realmente relevante para esclarecer un hecho decisivo y si existen medios alternativos menos lesivos, 3.- Proporcionalidad, que implica valorar la intensidad de la afectación de los derechos contrapuestos frente a la finalidad probatoria perseguida y 4.- Contradicción, que supone garantizar que la contraparte pueda conocer el elemento, impugnarlo y discutir su autenticidad y alcance.

Estos criterios no reemplazan las reglas legales de exclusión que resulten aplicables. Sirven para orientar el análisis constitucional allí donde el ordenamiento permita una ponderación judicial. Y es que la tutela judicial efectiva no protege exclusivamente a quien pretende aportar una prueba. También protege a quien se opone a ella por razones legítimas y tiene derecho a que su utilización no se convierta en una fuente de indefensión.

XI.- Una metodología práctica para saber probar en el proceso civil

De las consideraciones anteriores se desprende una metodología que puede ser útil para abogados, jueces y demás operadores jurídicos. Antes de presentar una prueba o decidir sobre su admisión, conviene recorrer ordenadamente las siguientes etapas. Primero, Identificar el hecho controvertido, esto es, precisar qué acontecimiento, circunstancia, obligación o situación necesita demostrarse, evitando afirmaciones genéricas. Segundo, determinar quién soporta la carga probatoria, aplicando el artículo 1315 del Código Civil y las reglas especiales pertinentes e identificando los hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos. Tercero, distinguir el acto jurídico del hecho jurídico, para a partir de ello precisar el método de valoración probatoria aplicable, si la axiología legal o prueba tasada o la axiología racional o prueba libre. Cuarto, seleccionar los medios idóneos, en el sentido de elegir documentos, testimonios, comparecencias, inspecciones, peritajes, indicios o registros digitales según la naturaleza del hecho y las exigencias legales.

Igualmente, quinto, verificar legalidad, autenticidad y fiabilidad, en el orden de examinar la procedencia de los elementos, su integridad, la regularidad de su obtención y las posibles objeciones de admisibilidad. Sexto, garantizar la contradicción, permitiendo que las partes conozcan, cuestionen y controviertan los medios de prueba en las condiciones y oportunidades establecidas por la ley. Séptimo, valorar el conjunto probatorio, examinando las convergencias, contradicciones y limitaciones de cada elemento, evitando conclusiones automáticas o aisladas. Y, octavo, motivar la conclusión judicial, explicando cuáles hechos se consideran probados, cuáles no y cómo esa conclusión conduce a la solución jurídica del litigio.

Esta metodología permite comprender que la actividad probatoria no consiste en acumular documentos indiscriminadamente. La eficacia de la prueba depende de su adecuación al hecho o al acto jurídico que se pretende demostrar, de su regular incorporación al proceso y de su capacidad para sustentar una conclusión racional. Pero todo lo anterior debe estar necesariamente acompañado de una adecuada argumentación jurídica; y es que, como ha afirmado, con sobrado acierto, VIGO, no basta con tener la mejor razón para que esta triunfe; hay que saber expresarla, ¿cómo? Argumentando. De suerte que todo el acervo probatorio ofrecido debe presentarse acompañado de una argumentación que, con rigor jurídico, explique su pertinencia, conducencia, utilidad y fuerza demostrativa, estableciendo con claridad qué hecho pretende acreditarse, mediante qué elemento y por qué de este puede inferirse racionalmente su existencia.

Esto supone superar la simple enumeración o depósito de medios probatorios y construir un verdadero razonamiento probatorio, que conecte los elementos aportados con los hechos controvertidos, anticipe y responda las posibles objeciones y permita al juzgador comprender la relevancia de cada prueba dentro del conjunto. Solamente así, la actividad probatoria y la argumentación jurídica se integran en una misma operación racional, orientada a proporcionar al tribunal fundamentos verificables para establecer los hechos, alcanzar la verdad jurídicamente relevante y aplicar correctamente el derecho, con pleno respeto de la contradicción, la igualdad procesal, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

XII.- Consideraciones finales: probar es convertir una afirmación en una conclusión jurídicamente justificable

La comparación entre el derecho francés moderno y el dominicano permite advertir que la ciencia probatoria se encuentra en una posición de equilibrio entre dos exigencias que no deben sacrificarse mutuamente, que son la seguridad jurídica de los actos y la necesidad de esclarecer los hechos relevantes para la decisión. El sistema de la prueba legal o tasada conserva una función indispensable cuando el ordenamiento exige determinadas formas de acreditación de los actos jurídicos. La documentación escrita, en particular, permite preservar el contenido de las convenciones, identificar a sus autores y reducir la incertidumbre en torno a las obligaciones asumidas.

Pero el proceso civil no puede quedar prisionero de un formalismo que desconozca la naturaleza de los acontecimientos sometidos a juicio. Los hechos jurídicos requieren, ordinariamente, una aproximación más flexible, capaz de integrar documentos, testimonios, comparecencias, experticias, presunciones y medios electrónicos. La experiencia francesa demuestra, además, que el derecho a la prueba continúa evolucionando, especialmente frente a las tensiones entre la eficacia probatoria, la lealtad procesal y la protección de los derechos fundamentales. La legislación dominicana sobre documentos y firmas digitales confirma que las nuevas tecnologías deben incorporarse a la práctica judicial mediante criterios de autenticidad, integridad y fiabilidad, sin confundir el soporte electrónico con la demostración automática de la verdad de su contenido.

En definitiva, el artículo 1315 del Código Civil dominicano conserva plena relevancia como punto de partida, pero su aplicación exige una técnica probatoria rigurosa, una comprensión adecuada de la naturaleza de los hechos y una lectura constitucional del proceso. Y es que la tutela judicial efectiva no se satisface con permitir que una persona presente una demanda; exige que tenga una oportunidad real de sustentarla conforme a la ley y, a su vez, que el demandado pueda defenderse con las garantías mínimas previstas. El debido proceso no se agota en la celebración de audiencias, requiere que las pruebas puedan ser conocidas, discutidas y valoradas racionalmente. Y la seguridad jurídica no depende únicamente de la existencia de normas claras, sino también de que los tribunales determinen los hechos relevantes mediante procedimientos confiables y decisiones debidamente motivadas.

Por todo lo anterior, saber probar constituye una competencia jurídica tan importante como saber interpretar el derecho. El abogado debe comprender que una pretensión bien formulada puede fracasar por insuficiencia probatoria; el juez debe reconocer que la aplicación correcta del derecho presupone una reconstrucción razonada de los hechos; y el legislador debe procurar que las reglas probatorias respondan a las transformaciones sociales y tecnológicas sin debilitar las garantías fundamentales. La máxima de que “alegar no es probar” debe entenderse, entonces, como una invitación a ejercer el derecho con rigor, previsión y responsabilidad.

No basta con afirmar que un derecho existe, es necesario identificar el régimen probatorio que lo gobierna, seleccionar los medios idóneos para demostrarlo y someterlos a un debate respetuoso de las garantías procesales. Justamente, en un Estado constitucional de derecho, la prueba es el puente entre la afirmación de un derecho y su reconocimiento jurisdiccional. Su correcta administración permite que la decisión judicial no sea el resultado de una mera convicción subjetiva, sino la conclusión jurídicamente fundada de un procedimiento en el que las partes hayan tenido una oportunidad efectiva de defender sus intereses.

En definitiva, la prueba es al proceso lo que los cimientos son al edificio, porque constituye el soporte fáctico sobre el cual descansa la decisión jurisdiccional y del que depende, en buena medida, su legitimidad. Dicho de otro modo, y más contundentemente, sin prueba suficiente, lícita y regularmente incorporada al contradictorio, la decisión judicial corre el riesgo de convertirse en una mera afirmación de autoridad, antes que en una expresión razonada de justicia. Un poeta, desde la sensibilidad de sus versos, diría: «La verdad necesita luz para hacerse visible». Un jurista, desde la razón del derecho y el ideal de justicia, afirmaría: «La justicia necesita de la prueba para transformar las afirmaciones en hechos jurídicamente acreditados y convertir el derecho invocado en una tutela jurisdiccional legítima».


[1] “En general, dícese de todo aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de lo conocido hacia lo desconocido” (COUTURE, Eduardo J. Vocabulario jurídico, 4ta. edición, p. 609).

[2] Si la función de la prueba es la de producir la convicción psicológica del juzgador en torno a la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado, apreciar la prueba procesal no puede querer decir sino expresar el resultado psicológico de las operaciones probatorias: exteriorizar la convicción del juez tal como esta surge al finalizar los actos de prueba” (GUASP, Jaime. Derecho procesal civil, tomo I, p. 338.

[3] El artículo 1347 del Código Civil precisa que para que exista un principio de prueba por escrito es necesario: a) que se trate de un escrito, b) que emane de aquel a quien se le opone o de quien lo representa y c) que haga verosímil el hecho alegado. En concreto, es un elemento de convicción que, por sí solo, no persuade, sino que debe corroborarse por otros medios. La jurisprudencia ha ido identificando documentos que pueden fungir como principio de prueba en el proceso civil, a saber: “Las fotocopias constituyen un principio de prueba por escrito si no muestran signos de alteración” (SCJ, 3ra. Sala, 17 de octubre de 2012, núm. 35, B.J. 1223, pp. 1747-1761); “Los recibos de pago hechos por una sociedad vendedora de vehículos y su presidente constituyen un principio de prueba por escrito de la existencia de un contrato verbal de venta de vehículo” (SCJ, 1ra. Sala, 13 de abril de 2011, núm. 9, B.J. 1205, pp. 140-148); “Los cheques con que se pagó parte del precio de venta de un inmueble constituyen un principio de prueba de la existencia de un contrato verbal de venta de inmueble” (SCJ, 1ra. Sala, 14 de enero de 2015, núm. 3, B.J.1250, pp.82-91); “Un correo electrónico puede constituir un principio de prueba por escrito” (SCJ, 1ra. Sala, 31 de octubre de 2018, núm. 63, B.J. 1295, pp. 815.823); “Las fotografías no constituyen por sí solas un medio de prueba; solo pueden ser aceptadas de manera complementaria a otra u otras pruebas que sirvan de orientación al juez, quien, valorando el conjunto de pruebas producidas, podría dar por probado el hecho alegado” (SCJ, 1ra. Sala, 14 de diciembre de 2021, núm. 81, B.J. 1333, pp. 714-722). De su lado, Juan Manuel Pellerano Gómez realizó una sustanciosa aproximación al principio de prueba por escrito, mediante un trabajo de 20 páginas con ese mismo título, el cual se encuentra disponible en línea.

[4] “Medio de prueba es todo aquel elemento que sirve, de una u otra manera, para convencer al juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado” (GUASP, Jaime. Derecho procesal civil, tomo I, p. 340).

[5] “Carga de la prueba. El art. 1315 del C. Civil, colocado en el punto de vista de la prueba de las obligaciones, enuncia acerca de la carga de la prueba dos reglas correlativas (…) En el terreno procesal esas reglas significan, en primer término, que el demandante debe proar los hechos y actos que alega en apoyo de su demanda y, en segundo término, que el demandado debe probar los hechos y los actos que alega en apoyo de su defensa o de los medios de inadmisión y excepciones que opone al demandante” (TAVARES, Froilán (hijo). Elementos de derecho procesal civil dominicano, vol. II, p. 222). Y hay que resaltar que pretorianamente, a nivel jurisprudencial, basado en el citado artículo 1315, se ha reconocido la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba que, en concreto, significa que debe probar el que esté en mejores circunstancias de producir la prueba. Por ejemplo, en materia de desalojo, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central estableció que, con base en el citado principio, está la parte demandada en mejores condiciones para probar que no tiene calidad de “intruso”, sino de copropietario por alguna relación de hecho del tipo more uxorio, por algún contrato o por lo que sea. De su lado, el demandante en desalojo cumpliría su carga probatoria con establecer su titularidad del inmueble del cual presente desalojar a la parte demandada.

[6] “El objeto de la prueba lo constituyen los mismos datos que integran el contenido de las alegaciones procesales” (GUASP, Jaime. Derecho procesal civil, tomo I, p. 328).

[7] “El procedimiento de la prueba viene integrado por el encadenamiento de todas aquellas actividades que se dirigen específicamente a convencer al juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado” (Ibidem, p. 336).

[8] En el estado actual del derecho comparado, y local, el ordenamiento jurídico se analiza en clave principiológica. No solamente se toma en cuenta la ley y las reglas que esta prevé, sino también los principios, estén estos expresamente previstos o no en la normativa positiva. Ambos: reglas y principios, tal como aclara PEYRANO, tienen fuerza normativa. Tanto así que el artículo 7 de la Ley 2-23, de Recurso de Casación, sobre el objeto de la casación, habla, ya no de violación a la ley, sino de violación a “las reglas de derecho”, que es más amplio, considerando reglas y principios. Por tanto, la cuestión probatoria, en esa línea, debe verse, igualmente, en la matriz de los principios aplicables: carga dinámica de la prueba, comunidad probatoria, igualdad de armas, inmediación, etc. Y, en general, manejar espuelas del pensamiento jurídico, sistemas de interpretación y de argumentación, etc.

[9] Cfr COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil, 4ta. edición, p. 120.

[10] “A diferencia de la prueba de los actos jurídicos, que normalmente en derecho civil, como lo acabamos de ver, es una prueba legal, la prueba de los hechos jurídicos es, en principio, una prueba libre. El sistema de libertad de la prueba está justificado para los hechos jurídicos debido a la imposibilidad de acomodar una prueba preconstituida…” (LARROUMET, Christian. Derecho civil. Introducción al estudio del derecho privado, p. 405).

[11] “Las pruebas digitales aportadas en el contexto de la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico de Documentos y Firmas Digitales, constituyen medios equiparables a los actos bajo firma privada” (SCJ, 1ra. Sala, 25 de noviembre de 2020, núm. 160, B.J. 1320, pp. 1900-1912); “Los correos electrónicos no tienen que ser corroborados con otros elementos de prueba para tener validez, pues conforme a la Ley 126-02, estos elementos de prueba son perfectamente válidos en justicia” (SCJ, 1ra. Sala, 29 de septiembre de 2021, núm. 153, B.J. 1330, pp. 1500-1514), entre otros criterios de nuestra SCJ que ponen de relieve el auge de la tecnología en materia probatoria. Y a ello debe sumarse la Ley de Medios Digitales, núm. 339-22, con su reciente reforma en el año 2026, mediante la ley núm. 87-26, que permite que las pruebas sean valoradas en versión digital por los tribunales, aportadas por las partes en la plataforma del Poder Judicial, Acceso Digital.

[12] Ver: “Del formalismo al debido proceso y la tutela judicial efectiva: extraer principios, construir justicia”, del suscrito, colgado en: www.yoaldo.org.

[13] Ver: “La teoría general del proceso civil: una herramienta práctica para la tutela efectiva del derecho”, de la autoría del suscrito, colgado en www.yoaldo.org.

[14] Recordemos que, por regla probatoria general, los hechos no controvertidos, igual que los hechos notorios y los hechos evidentes, constituyen dispensas de prueba y, como tales, no requieren actividad probatoria. Distinto a los hechos controvertidos, que sí implican demostración.

[15] Ver, más abajo, el principio de conducencia de la prueba.

[16] Distinto pasa en procesos de orden público, como el saneamiento, de interés general y efectos erga omnes, o la materia de tutela de derechos fundamentales, como el amparo, o asuntos relacionados con el interés superior del niño, como la manutención, o bien conflictos entre trabajadores y empleadores, de marcado interés social, que el tribunal, por la naturaleza de lo decidido, tiene un papel activo que impacta el tema probatorio. En materias como esas, de oficio, el tribunal pudiera ordenar descensos, experticias, comparecencias, etc. En cambio, como se ha dicho, en procesos de interés privado, como el civil, el principio dispositivo prima: el tribunal es más pasivo, son las partes que deben ofertar pruebas.

[17] “Los tribunales, al valorar la prueba sometida a su escrutinio, pueden (y deben) valorar todos los elementos de convicción de manera conjunta y armónica, a fines de llegar a la verdad jurídica, despejando, siempre que sea posible, cualquier aparente incongruencia que pudiera existir entre un documento y otro” (Sentencia núm. 0031-TST-2024-R-00249 dictada, el 10 de diciembre del 2024, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).

[18] Entendiendo por plano sustantivo el ámbito de las normas que reconocen, regulan y protegen los derechos y obligaciones de las personas, con independencia de las reglas procesales que disciplinan su reclamación ante los tribunales.

[19] Ver en línea: Article 4 – Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – Légifrance

[20] Mediante decisión del 28 de agosto del 2025, en Francia, el Tribunal Judicial de Évreux, RG n. 24/01648, estableció, en concreto, que la reclamación judicial de una obligación dineraria superior a 1.500 euros exige, como regla general, prueba escrita conforme a las formalidades legales y que, cuando el documento presentado no reúne los requisitos del artículo 1376 del Código Civil francés, el acreedor debe aportar otros elementos probatorios que corroboren la existencia de la obligación reclamada; de lo contrario, procede desestimar su pretensión por insuficiencia probatoria. Es decir, deriva de este criterio la regla jurídica general, en el contexto probatorio, de que los actos jurídicos deben acreditarse mediante los medios de prueba y las formalidades legalmente exigibles, mientras que los hechos jurídicos pueden demostrarse por cualquier medio probatorio admisible, sin perjuicio de las restricciones establecidas por la ley.

[21] En Francia se ha establecido que la prueba de los derechos subjetivos se estructura sobre la distinción entre la carga de la prueba, que corresponde en principio a quien invoca el derecho, y los medios de acreditación, cuya admisibilidad depende de la naturaleza del objeto probatorio, reconociéndose la libertad probatoria respecto de los hechos jurídicos y estableciéndose, como regla general, la exigencia de prueba escrita para los actos jurídicos que superen el umbral lega (Ver en línea: CAPACITE EN DROIT INTRODUCTION AUX DROITS SUBJECTIFS SECOND SUPPORT. UNIVERSITE DE STRASBOURG. FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION. Année universitaire 2025/2026)

[22] Article 9: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

[23] Article 10: “Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admisibles”.

[24] Article 11: “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.

[25] La Cour de cassation, deuxième chambre civile, mediante sentencia del 7 de marzo de 1979, pourvoi n° 77-13.385, reconoció judicialmente que el juez tiene la facultad de ordenar a una parte o a un tercero la producción de documentos.

[26] Entendiendo por derechos sustantivos, en este contexto, aquellos derechos e intereses jurídicamente protegidos por el ordenamiento, tales como la propiedad, el honor, la intimidad y los derechos contractuales, cuya existencia, reconocimiento o protección se procura obtener mediante el proceso judicial.

[27] Recordando que los derechos fundamentales son, de acuerdo a nuestra constitución y, en general, a todo el bloque de constitucionalidad, aquellos derechos inherentes a la dignidad humana, reconocidos y garantizados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, que imponen límites al poder público y aseguran las condiciones esenciales para el libre desarrollo de la persona. Y, en el ámbito procesal, constituyen garantías esenciales que tutelan a las partes frente a actuaciones arbitrarias y aseguran un proceso justo, contradictorio y respetuoso de la dignidad humana.

[28] Las normas sustantivas aplicables son, en concreto, aquellas disposiciones jurídicas que reconocen, regulan, modifican o extinguen los derechos y obligaciones cuya tutela se reclama en el proceso. Por ejemplo, la obligación de cumplir lo pactado, que deriva de la fuerza obligatoria de las convenciones consagrada en el artículo 1134 del Código Civil, así como la responsabilidad que puede generar su incumplimiento.

[29] Por ejemplo, poco importa que se prueba ser propietario de un vehículo, si dicho bien mueble es extraño al conflicto de que se trata; por ejemplo, la obligación de entrega de otro bien diferente. Esa titularidad, siendo el conflicto sobre otro bien, no tendría pertinencia.

[30] Ahora, con el tema de la IA en boga, la autenticidad de la prueba ha cobrado relevancia, porque son muchos los materiales audiovisuales, entre otros, que se generan con IA induciendo al error. Experticias en tecnología son esenciales en estos casos.

[31] Por justicia digital, a la cual ha apostado la República Dominicana, debe entenderse, en concreto, la incorporación, utilización e integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia, con el propósito de modernizar la función jurisdiccional, agilizar los procedimientos, facilitar el acceso a los órganos judiciales y garantizar una tutela judicial efectiva, sin menoscabo de las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y los demás derechos fundamentales de las partes. Es en ese contexto que se ha creado la plataforma Acceso Digital, en la que las partes pueden depositar documentos y dar, en general, seguimiento a sus casos, sin tener que desplazarse al tribunal. Y, de igual modo, se han acompañado dichos pasos con la promulgación de la ley de  medios digitales en la justicia, núm. 339-22, modificada recientemente mediante la Ley núm. 87-26, reforzando la eficacia digital. Un avance que, sin dudas, constituirá realmente una conquista si, lejos de ser una imposición y la única alternativa para los usuarios del sistema de justicia, se ve como una herramienta al servicio solamente del que desee servirse de ella. Y, justamente, esto último, por fortuna, es el enfoque que se le ha venido dando en los últimos tiempos a la cuestión de la digitalización de la justicia.

[32] Article 1365: “L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.”

[33] Article 1366: “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”.

[34] Article 1367: “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.”

[35] “En el estado actual de nuestro derecho y de las reglas que gobiernan la prueba, la fotografía no es admitida como medio de prueba, sino que su presentación, por lo tanto, solo puede ser recibida de manera complementaria a otra u otras pruebas que sirvan de orientación al juez, quien, valorando en su conjunto todas las pruebas producidas, podría tener eventualmente por acreditados los hechos alegados” (SCJ, 1ra. Sala, 02 de julio del 2023, núm. 6, B.J. 112, pp. 85-90). En la especie, trátese de fotos de conversaciones de WhatsApp tomadas como “capturas” mediante un dispositivo móvil o celular, corroboradas con declaraciones ofrecidas mediante comparecencias, etc.

[36] GARCÍA MESCUA, Daniel. Aportación de mensajes de WhatsApp a los procesos judiciales, pp. 63-64.

[37] Sentencia núm. 0031-TST-2024-S-00182 dictada, el 03 de abril de 2024, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.

[38] La falta de experticia constituye la ausencia de un mecanismo técnico de comprobación; la falta de autenticidad, en cambio, supone una duda razonable sobre la genuinidad, integridad o procedencia del documento. Son cuestiones distintas, pues la ausencia de peritaje no demuestra, por sí sola, falsedad, alteración o manipulación. En el caso concreto, la parte recurrente cuestionó la ausencia de experticia, pero no contradijo materialmente el contenido de las conversaciones ni acreditó circunstancias que comprometieran su autenticidad. Por ello, el tribunal valoró dichos elementos atendiendo a su corroboración con otras pruebas y al conjunto del acervo probatorio. En definitiva, la falta de experticia no equivale a falta de autenticidad, ni determina automáticamente la ineficacia probatoria del documento digital; su valoración dependerá de su fiabilidad, de las posibilidades efectivas de contradicción y de una motivación judicial racional, conforme al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.

[39] La ausencia de una formalidad técnica, en sí, consiste en la omisión de un mecanismo instrumental de comprobación; de su lado, la inexistencia de valor probatorio implica la falta de aptitud del elemento para acreditar, siquiera como principio de prueba, los hechos que pretende demostrar. En el caso concreto, se verificó lo primero, pero no lo segundo, pues el contenido de las conversaciones no fue materialmente contradicho y, además, encontró corroboración en otros medios de prueba. Es decir, la ausencia de experticia no se tradujo en ausencia de fiabilidad ni de eficacia probatoria, por lo que su exclusión automática habría supuesto privilegiar el formalismo sobre la valoración racional e integral de la prueba, en detrimento de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la búsqueda de la verdad jurídicamente relevante.

Día de la Constitución: del poder que aprendimos a limitar a los desafíos de la era digital

Hoy, 06 de noviembre, conmemoramos el Día de la Constitución en nuestro país, en virtud de la Ley núm. 52-93. Conmemoramos la proclamación de la primera Constitución dominicana de San Cristóbal de 1844. Propicio es, por tanto, detenernos a reflexionar sobre lo que representa la Constitución para una sociedad y, particularmente, sobre lo que ha significado para el pueblo dominicano. En términos generales, la Constitución es la norma jurídica fundamental sobre la cual se estructura y organiza el Estado. Es, en otras palabras, el pacto jurídico-político mediante el cual una comunidad establece las bases de su organización, determina la distribución y el ejercicio del poder público, reconoce los derechos fundamentales de las personas y fija los límites que las autoridades no pueden traspasar. No se trata, pues, de un simple documento normativo ni de una declaración solemne de principios, es, más bien, la expresión jurídica de los valores, aspiraciones y compromisos fundamentales de una sociedad.

En palabras llanas, la Constitución[1] es la norma fundamental que establece cómo se organiza un país, quiénes tienen autoridad para gobernarlo, ejerciendo el poder, cuáles son sus facultades y, sobre todo, cuáles son los límites de esa autoridad. Cuando hablamos de “poder”, nos referimos a la capacidad que tiene una persona o institución para tomar decisiones que afectan a los demás. Y “ejercer el poder” significa, precisamente, utilizar esa autoridad para adoptar decisiones, establecer reglas, administrar los recursos públicos, impartir justicia o dirigir los asuntos del Estado. Es decir, la Constitución determina quién puede tomar esas decisiones, sobre qué asuntos puede hacerlo, mediante qué procedimientos y hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, establece qué puede decidir el presidente de la República, qué corresponde al Congreso Nacional y qué asuntos deben resolver los tribunales de justicia. Pero también establece aquello que ninguna de esas autoridades puede hacer, aunque tenga la facultad de gobernar, legislar o juzgar.

Es, en cierto modo, el conjunto de reglas fundamentales que permite que un país funcione de manera organizada, pero que, al mismo tiempo, impide que quienes gobiernan puedan hacer todo cuanto quieran. Porque tener autoridad no significa tener un poder ilimitado, significa ejercer unas competencias que la propia Constitución reconoce, regula y somete a controles. De ahí que la Constitución no solo organice el Estado, sino que también proteja a las personas frente a los posibles abusos de autoridad, garantice sus derechos y establezca las condiciones bajo las cuales las decisiones públicas son jurídicamente legítimas. En definitiva, la Constitución establece quién tiene el poder, cómo puede ejercerlo, para qué puede utilizarlo y, fundamentalmente, qué no puede hacer con él.

El constitucionalismo, según explica el constitucionalista Eduardo Jorge Prats, a partir de la tradición aristotélica, puede comprenderse, en sentido descriptivo, como el conjunto de normas y principios que rigen la organización del poder en una comunidad política. Sin embargo, en su acepción moderna, trasciende la mera existencia de una Constitución, para designar un movimiento político, social, filosófico y jurídico dirigido

a transformar las estructuras tradicionales de dominación y a instaurar una nueva forma de organización y fundamentación del poder político, cuya idea cardinal es, precisamente, su limitación[2].

En ese sentido, el constitucionalismo no se agota en que un Estado tenga una Constitución escrita, exige que esta sea auténtica expresión de un orden político sometido a límites jurídicos, en el que los derechos de las personas no dependan de la voluntad de quien gobierna. Su propósito esencial es que el poder no se justifique por sí mismo, sino que encuentre en el derecho su fundamento, su competencia y, al mismo tiempo, sus límites. Y conectado a ello, preciso es comprender que el constitucionalismo no ha permanecido estático, sino que ha experimentado una evolución histórica que responde a las transformaciones de la sociedad y a las exigencias de libertad, igualdad y justicia de cada época.

En una primera etapa encontramos el constitucionalismo liberal o clásico, surgido al calor de las revoluciones de finales del siglo XVIII, particularmente la estadounidense de 1776 y la francesa de 1789. Su principal preocupación fue limitar el poder absoluto, establecer la separación de los poderes públicos y reconocer las libertades individuales, mediante la consagración de derechos civiles y políticos. La Constitución pasó a concebirse como garantía frente al Estado y como instrumento para impedir la concentración arbitraria del poder. Posteriormente, se desarrolla el constitucionalismo democrático, que amplía las bases de legitimidad del poder político, al reconocer que la soberanía reside en el pueblo y que la participación política no puede quedar reservada a determinados sectores sociales. Su evolución se vincula con la expansión del sufragio, la representación política y la progresiva universalización de la ciudadanía. Ya no bastaba con limitar al gobernante, era indispensable garantizar que el poder emanara efectivamente de la voluntad popular.

Más adelante surge el constitucionalismo social, particularmente a partir de las transformaciones económicas y sociales de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esta corriente comprende que la libertad formal resulta insuficiente cuando las condiciones materiales impiden a las personas ejercer efectivamente sus derechos. De ahí que incorpore a los textos constitucionales derechos económicos, sociales y culturales, tales como el trabajo, la educación, la salud, la seguridad social y la protección de la familia. El Estado deja de ser concebido exclusivamente como una autoridad que debe abstenerse de interferir en las libertades individuales y asume, además, obligaciones positivas dirigidas a procurar condiciones de vida dignas y mayor igualdad material.

Más recientemente, en la evolución contemporánea se sitúa el neoconstitucionalismo, corriente que atribuye a la Constitución una fuerza normativa efectiva, reconoce la centralidad de los principios y valores constitucionales y exige que todo el ordenamiento jurídico, así como la actuación de los poderes públicos, se interpreten y apliquen conforme a sus mandatos. En esta concepción, la Constitución deja de ser un documento predominantemente político o programático para convertirse en una norma jurídica directamente vinculante, cuya protección corresponde a los órganos jurisdiccionales y, en general, a todas las autoridades del Estado.

El constitucionalismo dominicano encuentra uno de sus antecedentes intelectuales más significativos en el pensamiento de Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria y precursor de nuestro pensamiento constitucional. Su Proyecto de Ley Fundamental constituye una expresión particularmente reveladora de su concepción de República: un gobierno propio, libre, independiente, popular, electivo, republicano y responsable, sustentado en la soberanía nacional y en la distribución del poder entre las ramas municipal, legislativa, judicial y ejecutiva. Sin embargo, esos postulados no encontraron plena acogida en la Constitución de San Cristóbal, proclamada el 6 de noviembre de 1844. Duarte había sido apartado del proceso de organización del nuevo Estado y se encontraba en el exilio, por lo que su proyecto no fue el texto sometido a deliberación por la Asamblea Constituyente.

La Constitución finalmente aprobada, aunque incorporó principios propios del constitucionalismo liberal, quedó condicionada por las tensiones políticas y militares de la época y, particularmente, por la inclusión del célebre artículo 210, que concedió al presidente Pedro Santana amplias facultades para adoptar medidas de defensa y seguridad nacional sin estar sujeto a responsabilidad durante el período allí previsto. Aquella disposición constituye una referencia histórica especialmente ilustrativa de la tensión que ha acompañado al constitucionalismo dominicano, que es la que existe entre la aspiración de someter el poder a límites jurídicos y la pretensión de justificar su concentración en circunstancias excepcionales. Es, en definitiva, una muestra de que no basta con proclamar derechos ni con establecer formalmente la separación de poderes; es necesario asegurar que tales garantías sean efectivas y que ninguna coyuntura política pueda convertir la excepción en regla.

Décadas después, la evolución del pensamiento constitucional dominicano encontraría una expresión particularmente significativa en la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010. Sobre esta, Eduardo Jorge Prats sostiene que el neoconstitucionalismo constituye la teoría constitucional más adecuada para comprender, interpretar y aplicar sus disposiciones. Y no se trata de una afirmación menor, ya que, efectivamente, la propia configuración de nuestro texto constitucional permite advertir una clara orientación neoconstitucionalista. Ello se evidencia, siguiendo los rasgos identificados por el jurista español Luis Prieto Sanchís, en cuatro elementos fundamentales.

El primero de estos elementos es el reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución, como norma suprema y vinculante; segundo, la rematerialización del ordenamiento jurídico, mediante la incorporación de un amplio catálogo de valores, principios y derechos fundamentales, especialmente en su Título II; tercero, la garantía jurisdiccional de la Constitución y su aplicación directa, no solamente por el Tribunal Constitucional, sino también por los tribunales ordinarios y los demás órganos del Estado, dentro de sus respectivas competencias; y cuarto, la rigidez constitucional, que establece procedimientos especiales para su modificación y procura preservar su supremacía. A ello se añade un elemento de particular relevancia, que es el reconocimiento expreso de la ponderación y de la concordancia práctica como criterios para resolver las tensiones entre derechos fundamentales, conforme al artículo 74.4 de nuestra Carta Magna[3].

Esto supone comprender que los derechos constitucionales, aun siendo fundamentales, pueden entrar en situaciones de colisión, por lo que su interpretación exige armonizarlos de manera que se preserve, en la mayor medida posible, su contenido y eficacia. Incluso, el artículo 40.15 de la Constitución vigente recoge una tradición constitucional anterior, al disponer que la ley debe ser justa y útil. Esta exigencia reafirma que el legislador no dispone de una libertad absoluta para configurar el ordenamiento jurídico, pues su producción normativa también está sometida a los valores, principios y mandatos sustantivos de la Constitución.

El constitucionalismo, vale precisar, no puede permanecer ajeno a las transformaciones tecnológicas de nuestro tiempo. De ahí que, más recientemente, se hable del constitucionalismo digital, entendido como la proyección de los principios constitucionales al entorno digital y a las nuevas estructuras de poder que emergen en una sociedad interconectada. Su preocupación fundamental consiste en garantizar que la transformación tecnológica no se convierta en un espacio exento de controles jurídicos. En una sociedad cada vez más informatizada, donde las plataformas digitales, los algoritmos, la inteligencia artificial y el tratamiento masivo de datos inciden directamente en la vida de las personas, resulta indispensable establecer límites al poder tecnológico, proteger la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad de expresión, la igualdad y los demás derechos fundamentales.

En definitiva, el constitucionalismo digital plantea una cuestión esencial, y es que, si históricamente la Constitución surgió para limitar el poder del gobernante, hoy también debe ofrecer respuestas frente a las nuevas manifestaciones de poder que operan en el espacio digital, incluso cuando estas provienen de actores privados con capacidad de incidir significativamente en los derechos y libertades de las personas[4]. En definitiva, un día como hoy es propicio para recordar que la Constitución no se honra únicamente con actos conmemorativos, discursos solemnes o referencias a nuestra historia republicana. Se honra, fundamentalmente, respetándola, aplicándola y exigiendo su cumplimiento. Y es que hay que decirlo con claridad: la Constitución no fue concebida para legitimar el poder de quienes gobiernan, sino para someterlo a límites y garantizar los derechos de quienes son gobernados.

Por eso, su verdadera fortaleza no se mide exclusivamente por la solemnidad de sus proclamaciones, sino por su capacidad de hacerse efectiva en la vida cotidiana; en la actuación de las autoridades, en las decisiones de los tribunales, en la producción de las leyes y en el respeto irrestricto de los derechos de cada persona. Que esta fecha nos recuerde, entonces, que la Constitución no es patrimonio de los gobernantes ni de los órganos del Estado, pertenece al pueblo, del cual emana la soberanía y en cuyo beneficio debe ejercerse el poder. Porque una Constitución que no limita al poder, que no protege los derechos y que no se hace efectiva en la realidad, corre el riesgo de convertirse en una promesa escrita, pero no en una garantía vivida.


[1] Hoy se habla del «bloque de constitucionalidad», entendido como el conjunto de normas, principios y disposiciones que, aun cuando no se encuentren formalmente incorporados en el texto de la Constitución, tienen relevancia y jerarquía constitucional por disposición del propio ordenamiento jurídico. Es decir, la supremacía constitucional ya no se comprende únicamente desde las disposiciones escritas en la Carta Magna, sino también desde aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos, principios y normas que la complementan, amplían y sirven de parámetro para controlar la validez de las actuaciones del Estado. En el caso dominicano, esta concepción encuentra fundamento, particularmente, en los artículos 26, 74.3 y 74.4 de la Constitución, que reconocen la integración del derecho internacional, la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado y el principio de interpretación más favorable a la persona.

[2] Cfr JORGE PRATS, Eduardo. Derecho constitucional, vol. I, 5ta. edición, p. 1 y sgts.

[3] Cfr JORGE PRÁTS, Eduardo, p. 17.

[4] Ver “La eficacia de los derechos fundamentales ante la fragmentación del poder”, de nuestra autoría, colgada en www.yoaldo.org, explicando, concretamente, que el poder se ha transformado en las últimas décadas, caracterizándose por su creciente fragmentación, y cómo ello ha incidido en la manera en que se ejerce la autoridad en las sociedades contemporáneas, siendo la expresión mas significativa de la fragmentación del poder la emergencia de actores no estatales con capacidad de incidir en los derechos fundamentales, en particular, plataformas digitales de la mano con las grandes corporaciones tecnológicas.

La responsabilidad penal del médico en el nuevo Código Penal dominicano: análisis comparado con el derecho francés y proyección sobre la responsabilidad civil derivada del hecho punible

Resumen

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La responsabilidad penal del médico exige encontrar un equilibrio razonable entre la protección efectiva de los derechos de los pacientes y las garantías indispensables para el ejercicio seguro de la medicina. Este ensayo examina la relación entre la responsabilidad civil y penal del profesional sanitario, sus diferencias, puntos de conexión y respectivos límites, con especial atención a la necesidad de distinguir el daño médico de la infracción penal jurídicamente acreditada. A partir del ordenamiento dominicano y de una aproximación comparada a la doctrina y jurisprudencia francesas, se analiza la importancia de interpretar las normas conforme a los principios de legalidad, culpabilidad, causalidad y proporcionalidad. Se sostiene que la tutela de las víctimas y la exigencia de responsabilidad por las conductas ilícitas no deben traducirse en una criminalización automática del resultado adverso ni fomentar una “medicina defensiva” que comprometa la calidad de la asistencia. En definitiva, se propugna un modelo de responsabilidad médica que combine la reparación justa del daño, la sanción de las infracciones debidamente probadas y la seguridad jurídica necesaria para que el médico ejerza su profesión con diligencia, autonomía y confianza.

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Palabras claves

Responsabilidad penal médica, responsabilidad civil, culpa médica, negligencia, causalidad, lex artis, derechos del paciente, proporcionalidad, medicina defensiva, seguridad jurídica.

Contenido

I.- Mirada preliminar de la cuestión, II.- Aproximación a la responsabilidad médica en el marco del nuevo Código Penal, III.- Atentados culposos contra la vida (Art. 112, CP),IV.- Infracciones culposas que provocan incapacidad (Art. 150, CP), V.- Intrusismo o usurpación de título (Art. 320, CP), VI.- En el marco del secreto profesional y la confidencialidad, divulgación de información secreta (Arts. 195 y 196, CP), VII.- En el contexto del consentimiento informado e información al paciente, experimentos biomédicos no consentidos (Arts. 158 y 159, CP), VIII.- Estudios genéticos y reproducción asistida (Arts. 200 al 206, CP), IX.- En el contexto de certificaciones y actos médicos, la emisión de certificación falsa de estado de salud (Art. 354, CP), X.- Dopaje y suministro no reglamentado (Art. 105, CP), XI.- En el marco de la interrupción del embarazo y la eximente por intervención de emergencia (Arts. 106 al 111, CP),XII.- Mirada al sistema francés,XIII.- La interrelación entre la responsabilidad civil y penal del médico: autonomía, concurrencia y límites, XIV.- Conclusión.

I.- Mirada preliminar de la cuestión

El estudio de la responsabilidad penal del profesional de la medicina en la República Dominicana adquiere particular relevancia a partir de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, en tanto obliga a examinar, desde una perspectiva sistemática y constitucional, los presupuestos bajo los cuales el ejercicio de la actividad médica puede trascender el ámbito de la responsabilidad profesional y dar lugar a una imputación de naturaleza penal. Uno de los aspectos que suscita mayor interés dogmático es la configuración normativa, en cierto modo dispersa, de las conductas susceptibles de comprometer la responsabilidad penal del médico, cuyos elementos deben identificarse a partir de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento penal, atendiendo a la naturaleza de la conducta, la modalidad de culpabilidad, el resultado producido y las exigencias de imputación correspondientes. Esta circunstancia hace indispensable una lectura integral del nuevo texto legal, que permita delimitar con precisión el ámbito de lo penalmente prohibido y evitar tanto la impunidad de las actuaciones verdaderamente reprochables como la indebida penalización de los riesgos inherentes al ejercicio legítimo de la medicina.

Con ese propósito, abordaremos los fundamentos de la responsabilidad penal médica conforme al nuevo Código Penal dominicano, prestando especial atención a la tipicidad, la culpa, la infracción del deber objetivo de cuidado, la relación de causalidad y los criterios de imputación del resultado. De igual modo, examinaremos el tratamiento que el derecho francés dispensa a la responsabilidad penal derivada de la actividad médica, como referente de derecho comparado que permite contrastar las soluciones normativas, los criterios de atribución de responsabilidad y las garantías que delimitan el poder punitivo del Estado. La finalidad de este contraste no será trasladar mecánicamente categorías extranjeras al ordenamiento dominicano, sino identificar herramientas conceptuales que contribuyan a una interpretación coherente, garantista y dogmáticamente fundada de la legislación nacional.

El análisis se extenderá, asimismo, a la conexión entre la infracción penal y la responsabilidad civil que puede derivarse del daño ocasionado en el ejercicio de la profesión médica, con especial referencia al régimen de responsabilidad cuasidelictual consagrado en el artículo 1383 del Código Civil dominicano, en conexión con el artículo 1382 que, en general, consagra la obligación de reparación ante un daño ocasionado. Conforme a esta disposición, la obligación de reparar no se circunscribe al perjuicio ocasionado intencionalmente, sino que comprende también aquel que resulta de la negligencia o la imprudencia. De ahí que la ausencia de intención de causar el daño no excluya, por sí misma, la responsabilidad civil, siempre que concurran los presupuestos jurídicamente exigibles para su configuración. En el ámbito médico, ello impone examinar si la conducta del profesional se apartó del estándar de diligencia exigible, si produjo un daño cierto y si existe una relación causal jurídicamente relevante entre ambos. La valoración de estos elementos deberá efectuarse sin confundir la falta civil con la culpa penal, pues, aunque ambas puedan encontrar fundamento en un mismo acontecimiento dañoso, responden a presupuestos, finalidades y exigencias de imputación que no son necesariamente coincidentes.

La articulación de estas dos formas de responsabilidad plantea una cuestión central para la tutela efectiva de los derechos de los pacientes, y es determinar de qué manera el ordenamiento jurídico puede ofrecer una respuesta proporcionada al daño derivado de una actuación médica defectuosa, garantizando tanto la protección de la integridad personal y el derecho a obtener reparación como el respeto de las garantías fundamentales del profesional investigado. La responsabilidad penal, por su carácter aflictivo, exige una comprobación estricta de los elementos del tipo y de la culpabilidad individual; la responsabilidad civil, por su parte, se orienta primordialmente a la reparación del perjuicio y requiere la acreditación de sus propios presupuestos. Por consiguiente, la existencia de una infracción penal no debe presentarse, sin las debidas precisiones, como condición universal ni como consecuencia automática de toda obligación indemnizatoria, del mismo modo que la ausencia de condena penal no permite descartar, por sí sola, cualquier posible responsabilidad civil.

Todo este examen se inscribe en las exigencias propias del Estado constitucional de derecho, particularmente en los principios de legalidad, seguridad jurídica, culpabilidad, proporcionalidad, tutela judicial efectiva y presunción de inocencia. La delimitación clara de las conductas médicas penalmente relevantes no constituye únicamente una exigencia de técnica legislativa, sino una garantía frente a la arbitrariedad y la incertidumbre en la aplicación del poder punitivo. Al mismo tiempo, la determinación rigurosa de los presupuestos de la responsabilidad civil resulta indispensable para que la reparación del daño no dependa de apreciaciones intuitivas ni de la sola constatación de un desenlace clínico desfavorable, sino de una valoración jurídicamente fundamentada de la conducta, el daño y su relación causal.

En definitiva, este trabajo se propone examinar la responsabilidad penal del médico conforme al nuevo Código Penal dominicano, contrastarla con las soluciones del derecho francés y determinar sus puntos de conexión con la responsabilidad civil cuasidelictual prevista en el artículo 1383 del Código Civil. Se persigue, con ello, contribuir a una comprensión integrada de los mecanismos de prevención, imputación y reparación aplicables a la actividad médica, sobre la base de un equilibrio jurídicamente razonable entre la protección de los bienes fundamentales del paciente, la exigencia de responsabilidad por las conductas culposas efectivamente acreditadas y la preservación de las garantías que deben regir toda actuación del Estado en materia sancionadora.

En otras palabras, el ordenamiento jurídico debe ser riguroso en la exigencia de un ejercicio diligente, competente y eficaz de la medicina, sin que dicha exigencia pueda desnaturalizarse hasta convertirse en una fuente de temor o incertidumbre permanente para quienes desempeñan una profesión tan noble como indispensable para la humanidad. La responsabilidad jurídica debe cumplir su función de prevenir conductas negligentes, imprudentes o técnicamente reprochables, proteger la integridad de los pacientes y garantizar la reparación de los daños injustamente ocasionados, pero nunca erigirse en una amenaza latente frente a toda decisión clínica ni en un mecanismo de criminalización automática de los resultados adversos. La medicina, por su propia naturaleza, es una actividad sometida a los límites del conocimiento científico, a la complejidad de los organismos humanos y a la incertidumbre inherente a numerosos procesos patológicos; por ello, como regla general, no puede exigírsele una certeza absoluta de curación ni garantizarse el éxito de toda intervención. Lo jurídicamente exigible es que el profesional actúe con la preparación, la prudencia, la diligencia y el rigor técnico que demandan las circunstancias concretas, no que se le atribuyan facultades sobrehumanas ni que se le juzgue como si estuviera obligado a vencer indefectiblemente todas las limitaciones de la ciencia.

Al médico se le exige ser un profesional competente, diligente y prudente, no un ser infalible; pues la obligación jurídica consiste en ejercer la medicina conforme a las reglas de su arte y a los deberes de cuidado exigibles, no en garantizar aquello que la propia naturaleza humana y los límites de la ciencia no siempre permiten asegurar. Solo desde ese equilibrio entre la protección efectiva del paciente y la preservación de las garantías del profesional puede construirse un régimen de responsabilidad compatible con la seguridad jurídica, la proporcionalidad y los principios fundamentales del Estado constitucional de derecho.

II.- Aproximación a la responsabilidad médica en el marco del nuevo Código Penal

Las previsiones del nuevo Código Penal dominicano, conjuntamente con las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal, han suscitado preocupación entre los galenos del país, canalizadas públicamente mediante el Colegio Médico Dominicano (CMD), advirtiendo sobre las posibles repercusiones de este nuevo marco normativo en el ejercicio de la medicina, particularmente ante el riesgo de una eventual expansión de la persecución penal contra los profesionales de la salud y el consecuente incentivo de prácticas de “medicina defensiva”[1]. A juicio del gremio, la incertidumbre sobre el alcance de las nuevas disposiciones podría incidir en la toma de decisiones clínicas, incrementar los costos de la atención sanitaria y comprometer la disponibilidad de determinados servicios especializados.

En ese contexto, el CMD ha insistido en la necesidad de establecer criterios claros que permitan distinguir el error médico, los resultados adversos inherentes a la complejidad de la práctica clínica y las actuaciones que, por reunir los presupuestos legalmente exigidos, puedan dar lugar a responsabilidad penal. Asimismo, ha planteado que las controversias derivadas de actuaciones médicas que no comporten dolo, fraude o negligencia temeraria sean examinadas, preferentemente, en las jurisdicciones civil, administrativa o disciplinaria, según corresponda, al tiempo que ha reclamado garantías procesales efectivas para los profesionales de la salud. Tales planteamientos sitúan en el centro del debate la delimitación del ámbito de intervención del derecho penal en la actividad médica y su relación con los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica[2].

En ese sentido, resulta de especial interés abordar el alcance de las disposiciones cuestionadas y las inquietudes expresadas por el gremio médico, a fin de examinar las cuestiones jurídicas que suscita su aplicación y contribuir a una comprensión precisa de las implicaciones del nuevo ordenamiento penal para el ejercicio profesional del sector salud. En definitiva, el debate planteado por el CMD invita a analizar, ante todo, qué realmente se ha regulado mediante el nuevo Código Penal en ese contexto, con visión técnica, y a partir de ello definir cómo deben interpretarse y aplicarse dichas nuevas previsiones legales, atendiendo tanto a la protección de los derechos de los pacientes como a las garantías que asisten a los profesionales de la medicina, sin perder de vista la necesidad de distinguir entre la legítima exigencia de responsabilidad y la atribución de consecuencias penales por el solo hecho de haberse producido un resultado clínico desfavorable.

Es importante saber, de entrada, que en el Código Penal de la República Dominicana (Ley núm. 74-25) la responsabilidad de los médicos, en el manejo de la información del paciente y las sanciones por negligencia profesional no están agrupados bajo un único capítulo titulado “mala práctica”, sino distribuidos en varias secciones y capítulos del texto legal según la conducta. En efecto, la responsabilidad por mala práctica y negligencia (delitos culposos) está prevista en el artículo 112 sobre atentados culposos contra la vida, artículo 150, relativo a infracciones culposas que provocan incapacidad, artículo 320, sobre intrusismo o usurpación de títulos. De igual modo, sobre el secreto profesional y confidencialidad, el artículo 195 regla la divulgación de información secreta y en el artículo 196 se prevén eximentes de la divulgación en casos en que la ley exige o autoriza la divulgación o informar a las autoridades sobre indicios de agresiones físicas, de violencia sexual o malos tratos contra niños, niñas y adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Igualmente, en relación a la temática del consentimiento informado e información al paciente, el artículo 158 y el 159, en el ámbito de experimentos biomédicos no consentidos, sancionan expresamente la realización de procedimientos o ensayos biomédicos sin haber obtenido el consentimiento previo, libre e informado, del paciente o de su representante legal. Y los artículos 200 y 2024, respecto de estudios genéticos y reproducción asistida, penalizan la realización de análisis genéticos o de reproducción asistida sin el consentimiento de la paciente. Por otro lado, sobre las certificaciones y actos médicos, el artículo 354, atinente a la certificación falsa de estado de salud, sanciona al médico que expida un certificado falso sobre la salud, enfermedad, lesión o causa de muerte de una persona.

De su lado, el artículo 105, en el contexto del dopaje y suministro no reglamentado, castiga la prescripción o administración de tratamientos o sustancias prohibidas o no reglamentadas. Y el artículo 111 consagra una eximente por intervención de emergencia, eximiendo de sanción penal la interrupción del embarazo practicada por personal de salud especializado cuando se agoten los medios técnicos para salvar la vida de la madre o del feto.

En definitiva, la dispersión de las disposiciones penales aplicables al ejercicio de la medicina exige una interpretación sistemática y rigurosa del nuevo Código Penal, que permita delimitar con precisión los deberes jurídicos de los profesionales de la salud y los presupuestos bajo los cuales su incumplimiento puede generar responsabilidad penal. Desde la perspectiva de la seguridad jurídica, resulta fundamental que la aplicación de estas normas se encuentre sujeta a las exigencias derivadas de los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad, de modo que ninguna consecuencia penal se atribuya al margen de los elementos constitutivos de la infracción correspondiente. Ello supone distinguir entre la mera producción de un resultado clínico adverso y la realización de una conducta penalmente relevante, así como precisar el alcance de los deberes de información, confidencialidad, consentimiento y cuidado que vinculan al médico en el ejercicio de su profesión.

En tal sentido, la interpretación de estas previsiones debe procurar un equilibrio entre la protección efectiva de la vida, la integridad y la autonomía del paciente, y las garantías constitucionales que amparan al profesional de la salud frente al ejercicio arbitrario del poder punitivo del Estado. Solo mediante criterios de aplicación claros, previsibles y compatibles con el debido proceso podrá asegurarse que la exigencia de responsabilidad penal responda a conductas debidamente tipificadas y culpables, sin convertir el desenlace desfavorable de una actuación médica, por sí solo, en fundamento suficiente para la imposición de una sanción penal.

III.- Atentados culposos contra la vida (Art. 112, CP)

El Código Penal de la República Dominicana no contempla un tipo penal autónomo y específicamente denominado mala práctica médica con resultado de muerte. En tales supuestos, cuando el fallecimiento de una persona es consecuencia de una actuación médica caracterizada por la torpeza, la imprudencia, la inadvertencia o la negligencia, la conducta puede subsumirse, siempre que concurran los presupuestos objetivos y subjetivos exigidos por la ley, en el tipo penal de atentados culposos contra la vida, previsto en el artículo 112 del nuevo Código Penal dominicano, instituido por la Ley núm. 74-25.

En consecuencia, la eventual responsabilidad penal del profesional de la medicina no deriva automáticamente del resultado luctuoso ni de la mera constatación de un desenlace clínico adverso, sino de la acreditación de una conducta penalmente relevante, atribuible al agente a título de culpa, que haya vulnerado el deber objetivo de cuidado exigible conforme a las circunstancias del caso y que guarde una relación de causalidad jurídicamente relevante con el fallecimiento del paciente. Todo ello deberá establecerse mediante la valoración rigurosa de los elementos probatorios pertinentes, incluidos los hallazgos periciales médicos, con observancia de los principios de legalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.

En efecto, el tipo penal de atentados culposos contra la vida, previsto en el artículo 112 del nuevo Código Penal (Ley núm. 74-25) tiene como núcleo de la conducta típica causar u ocasionar la muerte de otra persona mediante una actuación caracterizada por torpeza, imprudencia, inadvertencia o negligencia. Se trata, en su configuración básica, de un delito de resultado material, cuyo perfeccionamiento exige la producción efectiva de la muerte de una persona y la existencia de una relación de imputación jurídicamente relevante entre dicho resultado y la conducta atribuida al agente.

Es decir, para que se configure esta infracción no basta con constatar el fallecimiento de una persona ni con establecer que este ocurrió durante o después de una actuación determinada; resulta necesario acreditar que el resultado mortal es objetivamente imputable a una conducta que haya creado o incrementado un riesgo jurídicamente desaprobado, y que ese riesgo se haya concretado precisamente en el resultado producido. Asimismo, debe verificarse la infracción del deber objetivo de cuidado exigible en las circunstancias concretas, atendiendo a la naturaleza de la actividad desarrollada, las condiciones en que se ejecutó, los conocimientos y las capacidades relevantes del agente, así como las precauciones que razonablemente le eran exigibles.

De lo anterior derivan los siguientes elementos constitutivos que deben concurrir en cada caso concreto para caracterizar el tipo penal en cuestión:

  1. Una conducta humana atribuible al agente, consistente en una acción u omisión jurídicamente relevante, exteriorizada mediante un comportamiento que pueda ser objeto de valoración penal. Cuando se trate de una omisión, deberá determinarse, además, si existía un deber jurídico de actuar y si el agente se encontraba en condiciones de cumplirlo.
  2. La infracción del deber objetivo de cuidado, manifestada en alguna de las modalidades de conducta contempladas por la disposición (torpeza, imprudencia, inadvertencia o negligencia), valoradas conforme a las circunstancias concretas. No toda equivocación ni toda desviación de una práctica recomendada satisface, por sí sola, este elemento.
  3. La producción efectiva de la muerte de otra persona, como resultado material exigido por el tipo penal. La existencia de lesiones, complicaciones o deterioro de la salud, sin que se produzca el fallecimiento, no basta para configurar esta modalidad específica, sin perjuicio de que los hechos puedan subsumirse en otra disposición penal.
  4. La relación de causalidad entre la conducta y el resultado mortal, de modo que pueda establecerse que la actuación u omisión atribuida al agente contribuyó causalmente a la muerte, conforme a los criterios jurídicos aplicables.
  5. La imputación objetiva del resultado, en cuanto sea posible afirmar que la muerte constituye la realización del riesgo jurídicamente desaprobado creado o incrementado por la conducta, dentro del ámbito de protección de la norma infringida. Este examen permite excluir la atribución automática de resultados que, aunque temporalmente relacionados con la actuación del agente, no sean jurídicamente imputables a ella.
  6. El elemento subjetivo exigido por la modalidad aplicable, que, en la configuración básica del artículo 112, corresponde a una conducta culposa, sin que sea necesaria la voluntad de producir la muerte. Debe distinguirse, no obstante, la culpa ordinaria de la modalidad agravada contemplada en el párrafo I, cuyo alcance requiere acreditar los presupuestos adicionales establecidos expresamente por el legislador.

Como se advierte, el artículo 112 contempla una modalidad básica de atentado culposo contra la vida, sancionada con pena de dos a tres años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público, y una modalidad diferenciada en su párrafo I, para la cual prevé una pena de tres a cinco años de prisión y multa de igual cuantía cuando concurran las circunstancias allí descritas. La interpretación de esta última disposición exige especial rigor, particularmente para determinar el alcance de la expresión «a sabiendas de las consecuencias» y su relación con el elemento subjetivo de la infracción, sin equipararla automáticamente al dolo de matar ni confundirla con la mera previsibilidad abstracta de un resultado dañoso.

Por su parte, el párrafo II del artículo comentado establece un régimen específico para determinados supuestos relacionados con inmuebles e instalaciones destinados a actividades públicas, privadas o comerciales, cuando la infracción de obligaciones normativas de reparación, construcción o seguridad física provoque la muerte de una o varias personas. Esta previsión contempla consecuencias penales diferenciadas según el número de fallecidos, por lo que su aplicación exige comprobar tanto las condiciones particulares previstas por la norma como la relación jurídicamente relevante entre el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y el resultado mortal.

En definitiva, la configuración del delito previsto en el artículo 112 no puede descansar en la sola constatación de una muerte ni en la existencia de un desenlace desfavorable, sino en la acreditación de todos los elementos objetivos y subjetivos exigidos por la modalidad penal correspondiente. En el ámbito sanitario, ello supone examinar la actuación del profesional de la salud a la luz de las circunstancias clínicas concretas, los medios disponibles, las obligaciones inherentes a su función y las reglas de la lex artis, sin presumir la responsabilidad penal por el solo hecho de que el tratamiento no haya alcanzado el resultado esperado. Esta exigencia deriva de los principios de legalidad, culpabilidad y responsabilidad penal personal, y constituye una garantía esencial de seguridad jurídica frente al ejercicio del poder punitivo del Estado.

Por ejemplo, en el contexto de este artículo, si un médico, al atender una emergencia, incurre en una omisión negligente de las precauciones exigibles conforme a la lex artis y, como consecuencia jurídicamente imputable de dicha conducta, se produce el fallecimiento del paciente, su actuación podría subsumirse en el tipo penal previsto en el artículo 112, siempre que se acrediten los restantes elementos constitutivos de la infracción. En cambio, si el paciente fallece como consecuencia de una complicación imprevisible o de un riesgo inherente al procedimiento médico, pese a que el profesional actuó diligentemente y conforme a los conocimientos científicos y los medios disponibles, la sola producción de la muerte no permitiría atribuirle responsabilidad penal por este delito, al faltar la acreditación de una conducta culposa jurídicamente relevante.

En pocas palabras, no es la muerte del paciente, por sí sola, lo que convierte la actuación médica en delictiva, sino la concurrencia demostrada de una conducta culposa, un resultado mortal y los correspondientes nexos de causalidad e imputación jurídica, en los términos exigidos por la ley. Y, en el contexto probatorio, la determinación de la responsabilidad penal médica exige una actividad probatoria suficiente, capaz de demostrar la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción. No basta alegar la existencia de una negligencia profesional ni invocar el fallecimiento del paciente como fundamento automático de responsabilidad; es necesario acreditar, mediante pruebas legalmente obtenidas e incorporadas al proceso, cuál fue la conducta atribuible al médico, en qué consistió la eventual infracción del deber objetivo de cuidado y de qué manera dicha conducta se relaciona causal y jurídicamente con el resultado producido.

Ello puede requerir, según las particularidades del caso, la valoración de la historia clínica, los protocolos aplicables, las circunstancias de la atención y los informes periciales correspondientes. Jurídicamente, los hechos se acreditan mediante pruebas sometidas a contradicción y valoración conforme a las reglas procesales, sin que las conjeturas, las presunciones carentes de fundamento suficiente o la mera constatación de un resultado adverso puedan sustituir la demostración de los presupuestos de la responsabilidad penal. Y, para aplicar el principio de legalidad en su dimensión de estricta tipicidad, resulta indispensable que la conducta probada se corresponda con los elementos objetivos y subjetivos descritos por el legislador en el tipo penal invocado, sin recurrir a interpretaciones extensivas desfavorables al imputado ni suplir mediante inferencias la ausencia de alguno de sus componentes esenciales.

En consecuencia, la atribución de responsabilidad penal debe descansar en hechos acreditados, subsumibles en una disposición penal previa, expresa y suficientemente determinada, con observancia de la presunción de inocencia y del estándar probatorio exigible para dictar una condena. Solo así se evita que el derecho penal opere sobre la base de resultados indeseados, en lugar de hacerlo sobre conductas cuya relevancia delictiva haya sido debidamente demostrada.

IV.- Infracciones culposas que provocan incapacidad (Art. 150, CP)

Es importante tener en cuenta que no existe un artículo redactado exclusivamente para la profesión médica en materia de incapacidades culposas. Al igual que ocurre con el homicidio involuntario, el código regula estas situaciones bajo la figura genérica de las infracciones culposas contra la integridad física, aplicable a los médicos en el ejercicio de su labor cuando causan daño por negligencia, imprudencia, torpeza o inobservancia. Situaciones de hecho que deben, evidentemente, acreditarse con un acervo probatorio robusto en cada caso concreto: experticias, testimonios, etc.

La infracción prevista en el artículo 150 del Código Penal dominicano aplica, como se ha visto, a la actividad médica, en la medida en que sanciona la producción culposa de determinados resultados lesivos para la salud o la capacidad laboral de una persona, cuando estos sean consecuencia de una conducta caracterizada por torpeza, imprudencia, inadvertencia o negligencia. Se trata, por tanto, de una infracción contra la integridad de las personas cuya estructura típica descansa en la infracción del deber objetivo de cuidado, la producción de un resultado lesivo expresamente contemplado por la norma y la existencia de una relación de causalidad jurídicamente relevante entre la conducta del agente y dicho resultado.

En términos de teoría general del delito, nos encontramos ante una infracción de naturaleza culposa o imprudente, en la que el fundamento del reproche penal no reside en la voluntad deliberada de lesionar a la víctima, sino en la realización de una conducta que, por apartarse del estándar de diligencia exigible en las circunstancias concretas, ocasiona un resultado que el ordenamiento jurídico procura prevenir. El desvalor de la conducta se encuentra, esencialmente, en la infracción del deber de cuidado; el desvalor del resultado, en la enfermedad o incapacidad laboral que sobreviene como consecuencia de aquella.

La aplicación de esta disposición al ejercicio de la medicina exige considerar que el galeno desarrolla una actividad especializada, sometida a exigencias particulares de conocimiento científico, prudencia clínica, diligencia profesional y observancia de las reglas técnicas que gobiernan su especialidad. En consecuencia, la valoración de su conducta no puede realizarse desde un parámetro abstracto o meramente retrospectivo, sino atendiendo a las circunstancias existentes al momento de la intervención, al estado del paciente, a los medios razonablemente disponibles, a la urgencia de la situación y a las reglas de la lex artis ad hoc, entendidas como los criterios científicos y técnicos exigibles a un profesional competente ante una situación clínica determinada.

De lo anterior derivan como elementos constitutivos de la infracción los siguientes:

Primero: una conducta humana atribuible al agente, por acción u omisión jurídicamente relevante. Debe identificarse una actuación concreta del médico o una abstención respecto de una conducta que tenía el deber jurídico y la posibilidad real de ejecutar. En el ámbito médico, dicha conducta puede consistir, por ejemplo, en la administración incorrecta de un medicamento, la ejecución técnicamente defectuosa de un procedimiento, la omisión de controles clínicos indispensables, la falta de vigilancia posoperatoria exigible o la demora injustificada en adoptar una medida terapéutica necesaria. La mera condición de médico, la participación formal en la atención del paciente o la pertenencia a un equipo sanitario no bastan para fundamentar responsabilidad penal individual del experto de la salud.

Segundo: la infracción del deber objetivo de cuidado. La conducta debe revelar una desviación jurídicamente reprochable del estándar de diligencia exigible en las circunstancias concretas. En la actividad médica, este elemento se determina mediante la confrontación entre la actuación efectivamente realizada y aquella que habría observado un profesional razonablemente diligente, dotado de la preparación correspondiente y situado ante circunstancias clínicas equivalentes. La torpeza puede manifestarse en una insuficiencia relevante de destreza; la imprudencia, en la asunción de riesgos evitables; la inadvertencia, en la falta de atención a circunstancias que debían ser advertidas; y la negligencia, en la omisión de precauciones, verificaciones o actuaciones profesionalmente exigibles.

Tercero: la producción de un resultado lesivo comprendido en el tipo penal. El artículo 150 no sanciona la mera imperfección técnica ni cualquier desviación de las reglas profesionales, sino la conducta culposa que provoca una enfermedad o una incapacidad total para el trabajo durante el período establecido en la disposición. Su párrafo contempla, asimismo, una sanción diferenciada cuando la incapacidad laboral sea de noventa días o menos. Por consiguiente, debe acreditarse la existencia efectiva del resultado exigido por la norma, sin que baste demostrar una irregularidad médica desprovista de las consecuencias típicas correspondientes.

Cuarto: la relación de causalidad entre la conducta y el resultado. Es indispensable demostrar que la enfermedad o incapacidad es consecuencia de la actuación u omisión atribuida al profesional. No basta la sucesión cronológica entre una intervención médica y el deterioro de la salud del paciente. Debe establecerse, con fundamento en los conocimientos científicos pertinentes, que la conducta tuvo una incidencia causal en el resultado y que este puede ser jurídicamente imputado al agente. Esta valoración debe considerar, entre otros factores, la enfermedad preexistente, la evolución natural del cuadro clínico, las complicaciones inherentes al procedimiento, las actuaciones de otros intervinientes y las posibles causas alternativas del daño.

Quinto: la realización culposa del hecho. El resultado debe ser atribuible a alguna de las modalidades de culpa expresamente contempladas en el artículo 150. En otras palabras, ha de demostrarse que el agente actuó con torpeza, imprudencia, inadvertencia o negligencia, y no simplemente que el tratamiento no produjo el resultado esperado. La culpa penal requiere una infracción del cuidado jurídicamente exigible, vinculada con el resultado producido, y no puede deducirse exclusivamente de la gravedad del daño.

Sexto: la imputación personal y la ausencia de una causa que excluya la responsabilidad penal. La conducta debe ser personalmente atribuible al profesional investigado, conforme a las reglas generales de responsabilidad penal. La acusación deberá individualizar su intervención, el deber que le correspondía cumplir y la forma en que lo habría infringido. Asimismo, deben examinarse las circunstancias concretas del caso, incluidas las limitaciones materiales, la urgencia asistencial y las posibles causas de justificación o de exclusión de culpabilidad que resulten jurídicamente pertinentes.

Aplicados estos elementos a la actividad médica, la responsabilidad penal prevista en el artículo 150 exige demostrar que el profesional, en el ejercicio de sus funciones, se apartó de manera jurídicamente relevante de las exigencias de cuidado propias de su actuación, que dicho apartamiento se manifestó en alguna de las modalidades de culpa contempladas por la ley y que produjo una enfermedad o incapacidad laboral comprendida en el supuesto normativo. La prueba pericial médica adquiere especial importancia para esclarecer la adecuación de la conducta a la lex artis, la naturaleza del resultado, su duración y la relación causal correspondiente; sin embargo, la determinación definitiva de la tipicidad, la culpabilidad y la responsabilidad penal compete al órgano jurisdiccional, a partir de la valoración integral de las pruebas.

De esta manera, el artículo 150 debe interpretarse como una norma de protección de la integridad personal frente a resultados lesivos producidos por comportamientos culposos, y no como un mecanismo de responsabilidad objetiva del profesional de la medicina. El Derecho penal no sanciona el simple fracaso terapéutico, la aparición de una complicación conocida ni la persistencia de una enfermedad que no pudo evitarse mediante una actuación diligente. Sanciona, cuando concurren todos los presupuestos legales, la producción de un resultado típico que pueda atribuirse a una conducta personalmente reprochable por infracción del deber de cuidado.

V.- Intrusismo o usurpación de título (Art. 320, CP)  

Este artículo consagra como infracción penal la usurpación de títulos profesionales o intrusismo, consistente, en lo que concierne al ejercicio de las profesiones reguladas, en atribuirse o utilizar ilegítimamente una titulación, diploma o calidad profesional o técnica cuyo otorgamiento, reconocimiento, disfrute u ostentación se encuentra sujeto a condiciones legalmente establecidas, así como en ejercer una profesión sin disponer del exequátur, licencia o habilitación administrativa correspondiente, cuando estos sean legalmente exigibles. Se trata de una disposición dirigida a proteger la legalidad del ejercicio profesional, la autenticidad de las cualificaciones oficialmente reconocidas y la confianza pública depositada en quienes desempeñan actividades cuya realización requiere conocimientos especializados y el cumplimiento de requisitos habilitantes establecidos por el ordenamiento jurídico.

Concretamente, de lo que se trata es de impedir que una persona, sin reunir las condiciones técnicas y científicas necesarias, se presente ante la sociedad como titular de una cualificación profesional que no posee legítimamente o ejerza una actividad profesional regulada sin contar con la habilitación requerida. La razón de ser de esta incriminación radica en que determinadas profesiones, por la naturaleza de los bienes e intereses sobre los cuales inciden, no pueden quedar sometidas exclusivamente a la libre iniciativa individual, sino que requieren la acreditación de conocimientos, competencias y condiciones de habilitación cuya comprobación corresponde a las autoridades competentes, conforme a la legislación aplicable.

Es decir, el legislador no sanciona, en abstracto, la carencia de un título como condición personal, ni cualquier irregularidad académica o administrativa desvinculada de los comportamientos descritos en la norma. Lo que adquiere relevancia penal es la realización de alguna de las conductas expresamente previstas en el artículo 320, tales como la utilización ilegítima de un título, diploma o calidad profesional o técnica legalmente regulados, o el ejercicio de una profesión sin el exequátur o la licencia correspondiente, cuando estos constituyan requisitos legalmente exigibles. Por consiguiente, la interpretación del precepto debe permanecer vinculada a sus elementos típicos, en observancia del principio de legalidad penal, que impide extender la punibilidad a supuestos no comprendidos razonablemente en la descripción legislativa.

Desde la teoría general del delito, la infracción presenta una estructura que exige examinar la conducta, su adecuación al tipo penal, la imputación subjetiva y la antijuridicidad y culpabilidad del comportamiento. Se trata de una figura cuya consumación, en principio, no requiere que el agente haya provocado una lesión efectiva a una persona determinada, pues el núcleo de la prohibición reside en la usurpación de una cualificación regulada o en el ejercicio profesional sin la habilitación exigible. En este sentido, la producción de un daño concreto al paciente no constituye, según el tenor del artículo transcrito, un elemento necesario para la configuración de esta infracción, sin perjuicio de que las consecuencias lesivas de la actuación puedan dar lugar a otras responsabilidades si concurren sus respectivos presupuestos.

De lo anterior derivan los siguientes elementos constitutivos de la infracción:

Primero: la existencia de una profesión, titulación, diploma o calidad profesional o técnica jurídicamente regulada. La conducta debe recaer sobre una cualificación cuyo otorgamiento, reconocimiento, utilización u ostentación se encuentre sujeto a condiciones establecidas por la ley, o sobre una profesión para cuyo ejercicio se exija legalmente un exequátur, licencia u otra habilitación correspondiente. Este presupuesto exige identificar la normativa sectorial aplicable y determinar cuáles son las condiciones jurídicas necesarias para ejercer legítimamente la actividad de que se trate.

Segundo: la realización de alguna de las conductas expresamente descritas en el artículo 320. La norma contempla, por una parte, la utilización sin derecho de un título profesional, diploma oficial o calidad profesional o técnica sometidos a regulación legal y, por otra, el ejercicio de una profesión sin el exequátur o la licencia correspondiente, cuando estos sean exigibles. Aunque ambas modalidades se orientan a proteger la regularidad del ejercicio profesional, deben analizarse de manera diferenciada, pues la primera se relaciona con la utilización ilegítima de una cualificación regulada, mientras que la segunda se refiere al desempeño de una profesión sin la habilitación jurídica requerida.

Tercero: la ausencia del derecho o de la habilitación legalmente exigida. La conducta debe realizarse sin que el agente posea la legitimidad necesaria para utilizar el título, diploma o calidad correspondiente, o sin contar con la autorización requerida para ejercer la profesión. No basta, por tanto, la mera afirmación de que una persona carece de determinada formalidad: es indispensable establecer que dicha formalidad constituye un requisito legal aplicable al supuesto concreto y que el agente efectivamente carecía de ella al realizar la conducta imputada.

Cuarto: la imputación subjetiva del comportamiento. Como presupuesto general de la responsabilidad penal, debe establecerse que la conducta puede atribuirse personalmente al agente conforme al régimen subjetivo aplicable. La mera existencia de una irregularidad documental o administrativa no permite, por sí sola, presumir todos los elementos necesarios para imponer una sanción penal. Corresponde examinar las circunstancias del caso y los elementos probatorios que permitan determinar la naturaleza de la actuación y la concurrencia de los presupuestos de culpabilidad exigidos por el ordenamiento.

Quinto: la antijuridicidad y la culpabilidad. La conducta típica debe ser contraria al ordenamiento jurídico y personalmente reprochable al autor, sin que concurra una causa de justificación o de exclusión de culpabilidad que resulte aplicable. La determinación de estos extremos requiere una valoración individualizada, respetuosa de la presunción de inocencia y de las garantías propias del proceso penal.

Aplicado todo lo anterior al ejercicio médico, el artículo 320 adquiere una especial relevancia debido a que la medicina constituye una profesión regulada, cuyo ejercicio legítimo está sujeto a requisitos de formación y habilitación profesional establecidos por la legislación dominicana. En consecuencia, puede resultar penalmente relevante que una persona se atribuya o utilice ilegítimamente una titulación médica, se presente como titular de una especialidad o cualificación profesional regulada sin tener derecho a ello, o ejerza la medicina sin el exequátur o la licencia correspondiente cuando la normativa aplicable los exija.

En este contexto, resulta indispensable distinguir entre la falta de habilitación profesional y el ejercicio médicamente defectuoso de una profesión legítimamente habilitada. El artículo 320 se ocupa de la primera problemática, mientras que las actuaciones negligentes, imprudentes o técnicamente inadecuadas de un médico que cuenta con la habilitación correspondiente deben examinarse a la luz de los tipos penales que, según la naturaleza de la conducta y el resultado producido, pudieran resultar aplicables. Así, el médico que ejerce legítimamente su profesión, pero incurre en una conducta culposa que ocasiona una lesión o la muerte de un paciente, no queda comprendido automáticamente en el delito de intrusismo profesional por el solo hecho de haber actuado de manera negligente; su eventual responsabilidad deberá determinarse conforme a los elementos de la infracción que corresponda. De igual modo, la ausencia de habilitación no demuestra, por sí sola, que el agente haya causado un daño concreto a un paciente, aunque pueda configurar el delito previsto en el artículo 320 si se acreditan sus presupuestos.

Esta distinción posee especial importancia desde la perspectiva de la teoría general del delito, pues evita confundir la infracción de las condiciones legales de acceso al ejercicio profesional con la vulneración de las reglas técnicas que deben observarse durante la prestación de la asistencia médica. Se trata de problemas jurídicos diferentes. En efecto, el primero concierne a la legitimidad para ejercer la profesión; el segundo, a la corrección de la conducta desplegada en el ejercicio de una actividad profesional legítima. Ambos pueden concurrir en un mismo supuesto fáctico, siempre que se acrediten de forma independiente los elementos constitutivos de cada infracción y se respeten las reglas aplicables al concurso de delitos.

En conclusión, el delito de usurpación de títulos profesionales o intrusismo, aplicado a la profesión médica, constituye un instrumento de protección de la legalidad del ejercicio sanitario y de la confianza pública en las cualificaciones profesionales oficialmente reconocidas. Su finalidad consiste, como hemos visto, en impedir que quienes carecen de la habilitación jurídicamente exigida ejerzan una profesión regulada o se atribuyan ilegítimamente una condición profesional que no les corresponde. No obstante, su aplicación debe permanecer estrictamente vinculada a la conducta descrita por el legislador y a la comprobación de sus elementos constitutivos, sin convertir cualquier irregularidad administrativa en una infracción penal ni confundir el ejercicio profesional no habilitado con la mala práctica médica. De este modo, la disposición contribuye a proteger los intereses de los pacientes y la regularidad del sistema sanitario, al tiempo que preserva los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad y seguridad jurídica que fundamentan el ejercicio legítimo del poder punitivo en un Estado constitucional de derecho.

VI.- En el marco del secreto profesional y la confidencialidad, divulgación de información secreta (Arts. 195 y 196, CP)

Los artículos 195 y 196 del nuevo Código Penal dominicano regulan la divulgación de información secreta y determinadas circunstancias en las cuales dicha divulgación no constituye la infracción penal prevista por el legislador. Estas disposiciones adquieren particular relevancia en el ejercicio de la medicina, en razón de que la relación médico-paciente se encuentra caracterizada por una confianza especial, que permite al profesional acceder a información relativa a la salud, la intimidad, los antecedentes personales y otras circunstancias de la vida privada del paciente, cuyo conocimiento resulta necesario para la adecuada prestación de los servicios médicos.

Desde la perspectiva de la teoría general del delito, el artículo 195 consagra una infracción contra el secreto profesional, cuya configuración exige examinar la naturaleza secreta de la información divulgada, la condición del agente como depositario de aquella en razón de su estado, profesión, función o cargo, la ausencia del consentimiento de la persona afectada y la realización de una conducta de divulgación jurídicamente relevante. Se trata de una disposición orientada a proteger la confidencialidad de determinadas informaciones y, con ello, la intimidad personal, la confianza legítima depositada en quienes ejercen funciones o profesiones sujetas a deberes de reserva y las condiciones necesarias para el desenvolvimiento adecuado de dichas actividades.

En el ámbito médico, el secreto profesional constituye una exigencia particularmente significativa, pues la prestación de asistencia sanitaria presupone, en numerosas ocasiones, que el paciente comunique información sensible que razonablemente espera que permanezca reservada. La protección penal de dicha información no responde únicamente a un interés individual de carácter privado, sino que también contribuye a preservar la confianza en el sistema sanitario, evitando que el temor a una divulgación injustificada disuada a las personas de solicitar atención médica o de comunicar datos indispensables para su diagnóstico y tratamiento.

Concretamente, de lo que se trata es de impedir que quien conoce información reservada por razón de su profesión o función la divulgue sin la autorización de la persona afectada, fuera de los supuestos en que el ordenamiento jurídico permita o imponga legítimamente dicha revelación. En consecuencia, el fundamento del reproche penal no reside en el mero conocimiento de información sensible ni en su conservación dentro del ámbito profesional, sino en la realización de una conducta de divulgación que reúna los elementos exigidos por la norma. La determinación de cuándo existe una divulgación penalmente relevante requiere considerar la naturaleza de la información, las circunstancias en que fue obtenida, la condición en que se encontraba el agente y el contexto en que se produjo su comunicación a terceros.

De lo anterior derivan los siguientes elementos constitutivos de la infracción prevista en el artículo 195:

Primero: la existencia de una información de carácter secreto. La información debe reunir las condiciones que permitan considerarla reservada y protegida frente a su divulgación no autorizada. En el ámbito médico, pueden revestir esta naturaleza los antecedentes clínicos, diagnósticos, resultados de pruebas, tratamientos, datos relativos a la salud mental, información genética y demás circunstancias íntimas conocidas legítimamente durante la asistencia sanitaria. No obstante, la naturaleza secreta de la información debe determinarse atendiendo a las circunstancias del caso y a las normas aplicables, sin presumir que toda información conocida por un profesional se encuentra necesariamente sometida al mismo régimen de confidencialidad.

Segundo: la condición del agente como depositario de la información en razón de su estado, profesión, función o cargo. El tipo penal exige una relación entre el conocimiento de la información y la condición en virtud de la cual el agente tuvo acceso a ella. Aplicado a la medicina, este elemento concurre cuando el profesional conoce los datos protegidos precisamente por razón de la atención sanitaria, de la relación asistencial o de las funciones que desempeña. El fundamento de la obligación de reserva deriva, por tanto, de la posición jurídica y profesional que permite acceder a la información, y no exclusivamente de la circunstancia material de haberla conocido.

Tercero: una conducta de divulgación. Debe acreditarse que el agente comunicó, reveló o hizo accesible a otra persona una información protegida. La valoración de este elemento exige identificar qué información fue comunicada, a quién se transmitió y bajo qué circunstancias. En el contexto médico, la divulgación puede manifestarse, por ejemplo, en la comunicación injustificada de un diagnóstico a personas ajenas a la asistencia, en la entrega de resultados clínicos a terceros no autorizados o en la difusión de datos identificables del paciente por medios físicos o digitales. La calificación penal de cada supuesto dependerá de las circunstancias concretas y de la concurrencia de los restantes elementos típicos.

Cuarto: la ausencia del consentimiento de la persona afectada. Conforme al artículo 195, la divulgación debe producirse sin el consentimiento de quien resulta afectado por la revelación. Por ello, es necesario examinar si existió autorización jurídicamente relevante y cuál era su alcance. El consentimiento no debe presumirse por la sola circunstancia de que el paciente haya compartido información con el médico para recibir asistencia, pues esa comunicación se produce dentro de una relación profesional que presupone determinados límites de confidencialidad. Del mismo modo, el alcance de una autorización debe valorarse de acuerdo con las circunstancias en que fue otorgada y con las disposiciones legales aplicables.

Quinto: la ausencia de una circunstancia legal que excluya la tipicidad de la divulgación. La conducta debe examinarse a la luz de las previsiones del artículo 196, que identifica supuestos en los cuales la infracción establecida en el artículo 195 no se tipifica. Por consiguiente, no basta con constatar materialmente una revelación de información reservada: también debe determinarse si la divulgación estaba impuesta o autorizada por la ley, o si concurría alguna de las circunstancias específicas relativas a la comunicación de hechos graves a las autoridades competentes.

Sexto: la imputación subjetiva y la culpabilidad del agente. Como presupuesto general de la responsabilidad penal, debe establecerse que el comportamiento resulta personalmente atribuible al agente conforme a las exigencias subjetivas del ordenamiento. La mera constatación de que una información llegó a conocimiento de un tercero no permite atribuir automáticamente su divulgación al profesional investigado ni tener por acreditados todos los presupuestos necesarios para imponer una sanción. Deben examinarse las circunstancias de la comunicación, la intervención del agente y los elementos probatorios pertinentes, con observancia de la presunción de inocencia y de las demás garantías del proceso penal.

La aplicación de estos elementos al ejercicio de la medicina exige distinguir entre la comunicación legítima de información para fines asistenciales, la divulgación consentida por el paciente, la revelación jurídicamente impuesta o autorizada y aquella que carece de fundamento legal. No toda comunicación de información clínica constituye una infracción contra el secreto profesional. Así, la transmisión de datos a otros integrantes del equipo sanitario puede encontrarse justificada por las necesidades de atención, siempre que respete las reglas aplicables de confidencialidad, pertinencia y acceso a la información. En cambio, la comunicación de datos íntimos a personas sin autorización ni fundamento jurídico puede adquirir relevancia penal si concurren los elementos del artículo 195.

De su lado, el artículo 196 reviste especial importancia, porque delimita situaciones en las cuales la divulgación de información secreta no configura la infracción establecida en el artículo precedente. Su análisis debe realizarse de manera diferenciada, atendiendo al fundamento y a los requisitos particulares de cada supuesto.

Primero: divulgación impuesta o autorizada por la ley. El numeral 1 dispone que la infracción no se tipifica cuando la ley impone o autoriza la divulgación del secreto. Esta previsión reconoce que el deber de confidencialidad, aun siendo esencial en la actividad médica, no posee carácter absoluto. Pueden existir obligaciones legales de comunicación, mecanismos de notificación o requerimientos formulados por autoridades competentes que justifiquen la transmisión de determinada información. Sin embargo, la existencia de una finalidad legítima no equivale, por sí sola, a una autorización legal: debe identificarse el fundamento normativo que impone o permite la revelación y respetarse los límites de dicha habilitación.

Segundo: comunicación a las autoridades competentes con consentimiento de la víctima, en los supuestos previstos por la norma. El numeral 2 contempla el supuesto en que una persona sujeta al deber de secreto profesional comunica información al Ministerio Público o a otra autoridad judicial o administrativa competente, con el consentimiento de la víctima, cuando se trate de sevicias comprobadas en el ejercicio profesional que hagan presumir la comisión de violencias sexuales o físicas, o de cualquier otra infracción grave. La aplicación de esta previsión exige comprobar las condiciones que el texto establece, en particular la existencia del consentimiento, la naturaleza de los hechos comunicados y la competencia de la autoridad receptora. No se trata, por tanto, de una autorización general para divulgar información clínica a terceros, sino de un supuesto específico de comunicación a las autoridades previstas por el legislador.

Tercero: comunicación relativa a hechos graves cometidos contra personas especialmente vulnerables. El numeral 3 contempla la información suministrada por una persona sujeta al deber de secreto profesional al Ministerio Público u otra autoridad judicial o administrativa competente acerca de atentados sexuales, sevicias u otras infracciones graves infligidas a niños, niñas o adolescentes, así como a personas que no se encuentren en condiciones de protegerse debido a su edad, estado de salud, discapacidad o vulnerabilidad. Esta disposición reviste especial trascendencia para el personal sanitario, que puede advertir durante la atención clínica signos o circunstancias compatibles con situaciones de violencia o abuso. La norma busca permitir la comunicación de determinados hechos graves a las autoridades competentes en atención a la protección de las personas afectadas, conforme a las condiciones expresamente establecidas.

En relación con este último supuesto, debe evitarse una interpretación que convierta la mera sospecha clínica en una declaración definitiva de culpabilidad contra un tercero. El profesional de la medicina debe distinguir entre sus observaciones clínicas, los hallazgos documentados y las conclusiones que corresponden a los órganos competentes para investigar y juzgar los hechos. La comunicación autorizada por el artículo 196 no sustituye la investigación penal ni elimina la necesidad de valorar rigurosamente las pruebas, sino que permite poner determinados hechos en conocimiento de las autoridades conforme al régimen legal aplicable.

Aplicación particular al secreto profesional médico. En la práctica médica, el deber de confidencialidad debe armonizarse con otros intereses jurídicamente protegidos, entre ellos la integridad física y psíquica de las personas, la protección de los menores de edad, la prevención de la violencia y el cumplimiento de las obligaciones legales de comunicación. De ahí que el profesional no pueda concebir el secreto como una prohibición absoluta de revelar cualquier información bajo toda circunstancia, pero tampoco como un deber disponible a su exclusiva voluntad.

La decisión de divulgar información clínica debe sustentarse en una base jurídica identificable, en el consentimiento válido de la persona afectada cuando este sea necesario o en alguno de los supuestos legalmente previstos. En particular, la comunicación a las autoridades debe limitarse al destinatario competente y a la información pertinente para la finalidad legal que la justifica. Esta interpretación contribuye a evitar divulgaciones excesivas o ajenas al propósito de protección, sin obstaculizar las comunicaciones que el ordenamiento autoriza o exige.

Desde la teoría general del delito, la concurrencia de una circunstancia contemplada en el artículo 196 debe examinarse como parte del juicio de tipicidad, atendiendo a la formulación expresa del precepto, que dispone que la infracción establecida en el artículo 195 no se tipifica en esos casos. No corresponde, por tanto, tratar indistintamente todas estas situaciones como causas de justificación o de exclusión de culpabilidad, pues el legislador las ha regulado específicamente como supuestos en los que no se configura la infracción descrita en el artículo anterior.

Asimismo, el análisis debe distinguir el deber de secreto profesional de otras obligaciones de protección de datos, confidencialidad institucional o responsabilidad deontológica. Una misma divulgación podría suscitar consecuencias en distintos ámbitos jurídicos, pero la responsabilidad penal únicamente procederá si se acreditan los presupuestos específicos del tipo penal aplicable. La existencia de una irregularidad administrativa o ética no demuestra, por sí sola, la comisión del delito previsto en el artículo 195.

En conclusión, la infracción contra el secreto profesional, aplicada a la medicina, constituye un mecanismo de protección de la intimidad, la confidencialidad y la confianza inherente a la relación médico-paciente. Su configuración requiere acreditar que el profesional, en razón de su estado, profesión, función o cargo, divulgó información secreta sin el consentimiento de la persona afectada y que concurren los demás presupuestos exigidos por el ordenamiento, sin que resulte aplicable alguno de los supuestos previstos en el artículo 196. A su vez, estas disposiciones reconocen que la confidencialidad médica debe armonizarse con las obligaciones legales de comunicación y con la necesidad de proteger a víctimas de determinadas infracciones graves, especialmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad.

La interpretación conjunta de ambos artículos debe efectuarse, en definitiva, conforme a los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, intimidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, propios del Estado constitucional de derecho. De este modo, se protege al paciente frente a la divulgación injustificada de sus datos más sensibles, al tiempo que se proporciona al profesional sanitario un marco normativo para distinguir entre la revelación ilícita y la comunicación legítima de información cuando el ordenamiento jurídico así lo impone o autoriza.

VII.- En el contexto del consentimiento informado e información al paciente, experimentos biomédicos no consentidos (Arts. 158 y 159, CP)

Los artículos 158 y 159 del nuevo Código Penal dominicano consagran un régimen específico de protección de la persona frente a la realización de experimentos biomédicos sin el consentimiento jurídicamente exigible, estableciendo consecuencias penales diferenciadas según la conducta ejecutada y, en su caso, la gravedad del resultado producido. Estas disposiciones adquieren particular relevancia en el ámbito médico y científico, en el que el desarrollo de la investigación biomédica, aun cuando persiga finalidades terapéuticas o contribuya al avance del conocimiento, debe permanecer subordinado al respeto de la dignidad humana[3], la integridad personal y la autonomía de la voluntad del sujeto sometido a experimentación.

Desde la perspectiva de la teoría general del delito, el artículo 158 tipifica una infracción que se caracteriza por la realización u orden de realización de un experimento biomédico sobre otra persona sin haber obtenido previamente su consentimiento expreso, o el de quien deba legalmente otorgarlo en su lugar, así como por la continuación de la experimentación después de que dicho consentimiento haya sido expresamente revocado. Se trata de una figura penal que, conforme a su formulación, no exige la producción de un daño efectivo para su consumación, pues el propio texto establece que la conducta es sancionable aun cuando no ocasione perjuicio alguno a la víctima. El núcleo del injusto reside, por tanto, en someter a una persona a una experimentación biomédica sin respetar las condiciones de consentimiento establecidas por el legislador.

Concretamente, de lo que se trata es de impedir que el cuerpo humano y la integridad personal sean utilizados como instrumentos de experimentación al margen de la voluntad jurídicamente relevante de la persona afectada. El consentimiento no constituye una formalidad accesoria ni un simple requisito documental, sino una manifestación del derecho de autodeterminación[4] respecto de las intervenciones que inciden sobre la propia persona. En el contexto biomédico, este principio adquiere especial trascendencia debido a la posible exposición del participante a riesgos, procedimientos, tratamientos o intervenciones cuya naturaleza y consecuencias deben ser evaluadas dentro de un marco de respeto a sus derechos fundamentales.

En consecuencia, la legitimidad científica de una investigación, su eventual utilidad terapéutica o el propósito altruista de quienes la desarrollan no sustituyen el consentimiento exigido por la norma. La investigación biomédica debe desenvolverse dentro de los límites jurídicos que protegen a las personas sometidas a ella, de modo que el interés colectivo en el progreso científico no autoriza, por sí solo, a disponer de la integridad o autonomía de un individuo sin observar las condiciones legalmente establecidas.

Pasemos ahora a ver los elementos constitutivos de la infracción prevista en el artículo 158, que es un ejercicio obligado en esta materia, por el principio de legalidad, que prohíbe que se aplique lo que no está previsto legalmente de forma expresa. A saber:

Primero: la realización u orden de realización de un experimento biomédico sobre otra persona. La conducta típica exige que el agente practique el experimento o disponga que sea realizado sobre un tercero. En el ámbito médico, esta conducta puede manifestarse en la aplicación de un procedimiento experimental, la administración de una sustancia en el marco de una investigación biomédica o la ejecución de una intervención destinada a obtener conocimientos científicos, siempre que la actividad reúna las características propias de un experimento biomédico. La determinación de este elemento requiere atender a la naturaleza real de la intervención, sus objetivos, su metodología y el contexto en que se desarrolla, sin confundir automáticamente la asistencia clínica ordinaria con la experimentación.

Segundo: la ausencia de consentimiento expreso jurídicamente exigible. El artículo 158 exige que el consentimiento de la persona afectada, o de quien legalmente deba otorgarlo en su lugar, no haya sido obtenido antes de la realización del experimento. Este elemento impone comprobar si existió una manifestación expresa de voluntad y si fue otorgada por quien tenía capacidad y legitimación para hacerlo conforme al régimen aplicable. La mera firma de un documento no resuelve por sí sola todos los problemas relativos a la validez del consentimiento, pues deben examinarse las circunstancias en que fue otorgado y las condiciones jurídicas que lo hacen relevante.

Tercero: la realización del experimento después de la revocación expresa del consentimiento. La disposición contempla también el supuesto en que, habiéndose otorgado inicialmente el consentimiento, este sea revocado de manera expresa y, pese a ello, el experimento continúe o se practique. De este modo, la autorización inicial no constituye una habilitación irrevocable para someter a la persona a procedimientos experimentales. La voluntad del participante conserva relevancia durante el desarrollo de la investigación, de acuerdo con los términos del artículo y las demás disposiciones aplicables.

Cuarto: la imputación personal y subjetiva de la conducta. La realización u orden de realización del experimento debe ser atribuible al agente conforme a los presupuestos generales de responsabilidad penal. La investigación deberá determinar quién ejecutó el procedimiento, quién lo ordenó y cuál fue la intervención concreta de cada persona. La sola pertenencia a un equipo de investigación o a una institución sanitaria no permite atribuir automáticamente responsabilidad penal, pues es necesario individualizar la conducta y acreditar los elementos subjetivos exigibles.

Quinto: la ausencia de un resultado lesivo como requisito de consumación. El propio artículo 158 establece que la infracción es sancionable aun cuando el experimento no ocasione daño a la víctima. Por consiguiente, la producción de lesiones, incapacidad o muerte no constituye un presupuesto necesario de la modalidad básica. La consumación debe analizarse a partir de la conducta experimental no consentida descrita por la norma, sin perjuicio de que un resultado lesivo pueda determinar la aplicación del artículo 159 si se acreditan sus presupuestos.

Aplicados estos elementos al ejercicio de la medicina, el artículo 158 puede resultar relevante cuando un médico, un investigador o cualquier otra persona realiza u ordena realizar una experimentación biomédica sin el consentimiento expreso requerido, o cuando prosigue con ella después de la revocación expresa del consentimiento. La condición de médico no constituye, por sí sola, el fundamento de la infracción; lo determinante es la realización de la conducta descrita por el tipo penal y la concurrencia de sus elementos constitutivos.

Debe distinguirse, por tanto, entre una intervención médica ordinaria destinada al diagnóstico o tratamiento del paciente y una actividad que, por su naturaleza y finalidad, constituye experimentación biomédica. No toda innovación terapéutica ni toda intervención novedosa configura automáticamente un experimento penalmente relevante. La calificación exige un examen técnico y jurídico de las características de la actuación, del protocolo aplicable y de las circunstancias concretas en que se desarrolló.

Asimismo, el consentimiento para recibir atención médica no equivale necesariamente al consentimiento para participar en una investigación. La autorización para una intervención terapéutica tiene un objeto determinado y no puede extenderse automáticamente a procedimientos experimentales distintos de aquellos respecto de los cuales la persona manifestó su voluntad. La delimitación del consentimiento debe atender a la naturaleza de la intervención, a la información proporcionada y a las exigencias establecidas por el ordenamiento jurídico.

De las consecuencias lesivas previstas en el artículo 159. El artículo 159 contempla un régimen sancionador agravado cuando el experimento no consentido produce determinados resultados lesivos. La disposición distingue tres supuestos: la muerte de la víctima, la producción de una lesión permanente o incapacidad superior a noventa días y la incapacidad total para el trabajo durante noventa días o menos. La gravedad de la sanción aumenta en función del resultado previsto por el legislador, lo que revela una estructura que diferencia la experimentación no consentida, por una parte, y las consecuencias particularmente graves que de ella puedan derivarse, por otra.

Desde la teoría general del delito, la aplicación del artículo 159 exige acreditar no solo la existencia del experimento no consentido, sino también el resultado agravante correspondiente y la relación de causalidad jurídicamente relevante entre aquel y este. No basta demostrar que una persona participó en un experimento irregular y que, en algún momento posterior, sufrió una lesión o falleció. Es necesario establecer que el resultado es atribuible a la experimentación en los términos exigidos por el ordenamiento y que concurren los restantes presupuestos de imputación penal.

En el caso de la muerte, deberá determinarse si el fallecimiento fue consecuencia del experimento no consentido y si puede imputarse jurídicamente al agente. En los supuestos de lesión permanente o incapacidad laboral, será necesario acreditar la naturaleza y duración del perjuicio mediante los medios probatorios pertinentes, incluidos los informes periciales que resulten necesarios. La valoración médico-legal debe esclarecer los aspectos científicos del caso, mientras que la determinación definitiva de la responsabilidad penal corresponde a la autoridad jurisdiccional competente.

La relación entre los artículos 158 y 159 requiere, además, un examen sistemático para determinar la modalidad aplicable y evitar duplicidades sancionadoras incompatibles con las reglas de concurso de infracciones. No corresponde presumir que toda consecuencia lesiva produce automáticamente la aplicación de una determinada agravación: es indispensable comprobar que el resultado encaja en el supuesto legal correspondiente y que concurren sus presupuestos de imputación.

Aplicación al ejercicio médico y garantías del Estado constitucional de derecho. La aplicación de estas disposiciones a la medicina debe efectuarse mediante una interpretación rigurosa de los elementos típicos, respetuosa de los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia. La importancia de proteger la autonomía del paciente no autoriza a extender la figura penal a conductas que no se encuentren comprendidas en su descripción legal, del mismo modo que la finalidad científica de una intervención no permite ignorar las condiciones de consentimiento expresamente exigidas por el legislador.

El análisis debe distinguir también la responsabilidad penal de las posibles consecuencias civiles, administrativas o disciplinarias derivadas de la investigación biomédica. La infracción penal puede coexistir con otras formas de responsabilidad si concurren sus respectivos presupuestos, pero ninguna de ellas debe deducirse automáticamente de la sola existencia de una irregularidad. En particular, la eventual obligación de reparar los daños ocasionados exige examinar el perjuicio, la relación causal y el fundamento jurídico de la responsabilidad civil correspondiente.

En conclusión, los artículos 158 y 159 del nuevo Código Penal dominicano establecen un régimen de protección penal frente a la experimentación biomédica no consentida, cuya aplicación al ejercicio de la medicina exige diferenciar la ausencia de consentimiento, como fundamento de la modalidad básica, de los resultados lesivos que pueden determinar una respuesta penal agravada. Su finalidad consiste en garantizar que la investigación científica se desarrolle dentro de los límites jurídicos que protegen la dignidad, la integridad y la autonomía de las personas, sin desconocer la importancia del progreso científico ni convertir toda intervención novedosa en una fuente automática de responsabilidad penal.

El equilibrio normativo exige, por tanto, que la investigación biomédica se practique con respeto a las condiciones legales de consentimiento y que la eventual responsabilidad se determine a partir de la conducta efectivamente acreditada, la intervención individual de cada agente y la concurrencia de los elementos exigidos por la ley. Solo así puede garantizarse una protección efectiva de los participantes en investigaciones biomédicas, al tiempo que se preservan la seguridad jurídica, la libertad científica ejercida dentro de la legalidad y las garantías fundamentales propias del Estado constitucional de derecho.

VIII.- Estudios genéticos y reproducción asistida (Arts. 200 al 206, CP)

 La infracción basada en estudios genéticos sin consentimientoconsiste en someter a una persona a estudios genéticos sin su consentimiento previo, libre e informado, o bien sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo en su nombre, continuar después de su retirada u oposición, desviar el estudio de sus finalidades médicas o científicas, o divulgar a terceros la información genética obtenida.Se trata, como se ve, de una disposición que comprende cuatro modalidades de conducta punible.

Del contenido del artículo 200 del Código Penal deriva como elementos constitutivos de este tipo penal el elemento legal, representado por dicho texto que lo prevé y el elemento material, que se manifiesta mediante cualquiera de las siguientes conductas:1.-Realizar un estudio genético sin consentimiento válido. Por ejemplo, obtener y analizar una muestra biológica de un paciente para determinar una predisposición genética sin haber obtenido su autorización previa, libre e informada; 2.- Continuar pese a la retirada u oposición. Verbigracia, un paciente retira su consentimiento antes de la realización de un análisis genético y el médico continúa con el procedimiento; 3.- Desviar la finalidad del estudio. Tal sería el caso de utilizar una muestra obtenida para diagnosticar una enfermedad hereditaria con el propósito diferente de investigar características genéticas no comprendidas en la autorización original y 4.- Divulgar información genética a terceros. Ese sería el caso de comunicar a una empresa, a un familiar o a una persona ajena a la atención sanitaria resultados genéticos confidenciales sin la autorización correspondiente.

Cabe destacar que las modalidades indicadas precedentemente son alternativas, esto es, que para la configuración de la infracción no es necesario que concurran las cuatro. Finalmente, deriva del consabido artículo 200 el elemento moral, que supone que debe examinarse la culpabilidad del agente conforme a las reglas generales del Código Penal y a la formulación concreta del tipo. En particular, habrá que determinar si el profesional de la medicina conocía la ausencia o retirada del consentimiento, si actuó deliberadamente y qué circunstancias rodearon la utilización o divulgación de la información. No debe presumirse automáticamente la responsabilidad penal por el simple hecho de existir un defecto documental.

De igual modo, el artículo 200 apareja un cuarto elemento constitutivo, que es la ausencia de consentimiento jurídicamente suficiente. El consentimiento debe ser previo, libre e informado. No basta necesariamente con una autorización genérica para recibir atención médica si el estudio genético tiene una finalidad específica que no fue explicada o autorizada. Cuando otra persona otorga el consentimiento, debe verificarse que está legalmente facultada para hacerlo y que la decisión se mantiene dentro del ámbito de esa facultad.

En otro orden, respecto de los sujetos de la infracción, destacan el sujeto activo, que puede sercualquier persona que realice alguna de las conductas descritas. En el ámbito sanitario puede ser el médico, el investigador o el profesional que maneje y divulgue los resultados.Por otro lado, el sujeto pasivo, que esla persona sometida al estudio genético o cuya información genética sea utilizada o divulgada indebidamente. Y en lo que tiene que ver con la consumación del tipo penal, esta dependerá de la modalidad concreta. Así, en la realización no consentida, cuando se ejecuta el estudio genético en las condiciones descritas por la norma.En la continuación indebida, cuando se prosigue pese a la retirada u oposición.En el desvío de finalidad, cuando se utiliza el estudio ya realizado para un propósito ajeno al autorizado y comprendido en la prohibición y, finalmente, en la divulgación, cuando la información se comunica a un tercero. Teniendo en cuenta que en estas modalidades no se exige expresamente que se produzca un daño físico al paciente.

Sobre la sanción aplicable, el código prevé privación de libertadde uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público. Y, enfocando todo al tema de la responsabilidad médica, ha de precisarse que el galeno debe asegurarse de que el consentimiento identifique suficientemente el estudio, su finalidad y el uso previsto de los resultados. Si el proyecto de investigación cambia sustancialmente, debe examinarse si es necesario obtener una nueva autorización.

La confidencialidad también se extiende al manejo de muestras, informes y bases de datos, y es que el hecho de que una información haya sido obtenida legítimamente no significa que pueda divulgarse libremente. Por ejemplo, un genetista obtiene una muestra de sangre de un paciente para investigar una enfermedad hereditaria. Posteriormente, sin autorización adicional, utiliza los resultados para un proyecto comercial destinado a identificar predisposiciones genéticas y entrega los datos a una empresa privada. En efecto, podría configurarse la infracción si se demuestra que hubo un desvío de la finalidad autorizada o una divulgación a terceros comprendida en el artículo 200. Deben probarse la conducta concreta, las condiciones del consentimiento y la culpabilidad del responsable.

De su lado, el artículo 201 prevé eximentes de la infracción. En efecto, dicho textoestablece una excepción a la aplicación del artículo 200 cuando los hechos descritos en este último son realizados por la autoridad judicial competente, en el ejercicio de sus funciones, durante una investigación judicial preliminar en curso y conforme al Código Procesal Penal dominicano.La excepción no constituye una autorización general para efectuar estudios genéticos sin consentimiento. Su alcance está delimitado por las condiciones expresamente previstas en la norma.

Elementos que deben concurrir. Para que opere esta eximente deben verificarse conjuntamente los siguientes aspectos: 1.- Autoridad competente: la actuación debe proceder de la autoridad judicial que tenga competencia legal para ello; 2.- Ejercicio legítimo de funciones: la medida debe realizarse en el desempeño de las atribuciones de esa autoridad 3.- Investigación judicial preliminar en curso: debe existir una investigación en el marco procesal indicado por el artículo y 4.- Conformidad procesal: la actuación debe ajustarse al Código Procesal Penal y a las condiciones aplicables a los exámenes corporales y otros de igual naturaleza.

Elemento material. Consiste en la realización de actuaciones que, en otras circunstancias, podrían encajar en el artículo 200, pero que se encuentran amparadas por la excepción legal por haber sido ordenadas o efectuadas legítimamente en el contexto judicial descrito. Todo ello, aplicado al ejercicio médico supone que el personal médico puede intervenir en la práctica de exámenes genéticos o corporales dentro de una investigación judicial. Sin embargo, debe distinguir entre ejecutar una medida judicial válida y actuar por iniciativa propia sin consentimiento.La existencia de una investigación penal no faculta automáticamente a cualquier médico para tomar muestras o divulgar información genética. Deben verificarse la autoridad de la que procede la medida, su alcance y los requisitos procesales correspondientes.

Por ejemplo,un médico forense realiza un examen genético en cumplimiento de una medida legalmente dispuesta por la autoridad judicial competente dentro de una investigación preliminar, observando los requisitos procesales aplicables. La conducta podría quedar comprendida en la eximente del artículo 201, siempre que concurran todas sus condiciones. Si el médico excede el alcance de la medida y utiliza los resultados para una finalidad privada ajena a ella, esa actuación adicional deberá analizarse separadamente.

En otro orden, el artículo 202 prevé la temática de la manipulación genética.Esta infracción sanciona a quien manipule genes humanos alterando el genotipo con una finalidad distinta de las admitidas por el consabido artículo: tratamiento, diagnóstico o investigación científica relacionada con la biología, la genética y la medicina, orientada a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la humanidad.La norma no prohíbe indiscriminadamente toda intervención genética. El aspecto central es la alteración del genotipo y la finalidad que persigue esa intervención.

De lo anterior, derivan como elementos constitutivos el elemento legal, instaurado en el artículo 202 del Código Penal dominicano. Por otro lado, el elemento material, que comprende dos componentes:1.-La manipulación de genes humanos y 2.- La alteración del genotipo con una finalidad diferente de las expresamente admitidas por la disposición.El genotipo se refiere a la constitución genética de un individuo. Por ello, el análisis requiere identificar qué intervención se realizó, si modificó el genotipo y cuál era su finalidad concreta. Y en cuanto al elemento moral, debe determinarse la culpabilidad del agente conforme a las reglas generales aplicables. La finalidad perseguida es especialmente relevante, porque permite diferenciar las intervenciones contempladas como admisibles de aquellas que el artículo sanciona.No toda intervención genética experimental constituye automáticamente esta infracción. Es necesario examinar su naturaleza, propósito y circunstancias.

También es un elemento constitutivo de esta infracción la finalidad no permitida. En efecto, la conducta debe perseguir un propósito distinto de los contemplados en el artículo estudiado, que son: el tratamiento, el diagnóstico y la investigación científica en los campos indicados, orientada a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la humanidad. Y en cuanto a los sujetos que intervienen en este artículo destacan el sujeto activo, que puede sercualquier persona que ejecute la manipulación genética prohibida, incluidos los profesionales sanitarios que intervengan en ella y, por otro lado, el sujeto pasivo, que esla persona cuyo genotipo es manipulado y, atendiendo a la naturaleza de la conducta, los intereses colectivos vinculados a la protección de la dignidad humana.

Consumación. La infracción se consuma cuando se realiza la manipulación genética con alteración del genotipo y concurre la finalidad prohibida. Conforme a la redacción del artículo, no es necesario que se produzca una enfermedad o lesión clínica posterior. Y respecto de las sanciones, el código prevé privación de libertadde cinco a diez años de prisión mayor, multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público y, además, consecuenciasadicionales, tales comopenas complementarias y medidas de seguimiento socio-judicial correspondientes.

Aplicación práctica al ejercicio médico. La investigación genética debe evaluarse no solo por su técnica, sino también por su finalidad. Un procedimiento dirigido a tratar una enfermedad no se equipara automáticamente a otro destinado a alterar características humanas con fines ajenos a la salud.El médico investigador debe documentar el objetivo terapéutico o científico, el fundamento de la intervención, el protocolo aplicado y las autorizaciones exigibles. El consentimiento del paciente, aunque esencial cuando corresponda, no convierte por sí solo en lícita una finalidad prohibida por la ley.

Por ejemplo,un investigador modifica deliberadamente el genotipo de embriones humanos con el propósito de seleccionar características hereditarias por preferencias estéticas, sin que la intervención esté orientada al tratamiento, diagnóstico o investigación sanitaria contemplados en el artículo. Aquí podría configurarse la infracción del artículo 202 si se demuestra la manipulación, la alteración del genotipo y la finalidad prohibida. Según las características de los hechos, también habría que examinar si concurren otras infracciones, particularmente las previstas en el artículo 203, que veremos a continuación.

En efecto, el artículo 203 trata el tema de la fecundación de óvulos para fines distintos a la procreación.Esta disposición sanciona dos grupos de conductas, que son: a) Fecundar óvulos humanos o el embrión resultante para cualquier finalidad distinta de la procreación humana y b) Dedicarse a la creación de seres humanos mediante clonación o a efectuar otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza.Aunque ambas modalidades se encuentran en el mismo artículo, deben analizarse separadamente, porque describen comportamientos distintos.

En relación a los elementos constitutivos, el elemento legal se encuentra, como se ha visto, en el propio artículo 203 del Código Penal dominicano.Sobre el elemento material, en la primera modalidad, consiste, como se ha dicho, en fecundar óvulos humanos o el embrión resultante para un propósito diferente de la procreación humana.La segunda modalidad consiste, vale recalcar, en dedicarse a la creación de seres humanos por clonación o a realizar otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza.Y en lo atinente al elemento moral, debe examinarse el conocimiento y la voluntad del agente respecto de la conducta ejecutada y su finalidad, conforme a los principios generales de responsabilidad penal.En la primera modalidad, la finalidad distinta de la procreación constituye un aspecto esencial del tipo. En la segunda, deben acreditarse los elementos específicos de la clonación o del procedimiento de selección de la raza y, cuando corresponda, la dedicación a esa actividad.

Como cuarto elemento constitutivo resalta la finalidad prohibida. En efecto, la norma distingue la reproducción humana de la utilización de la fecundación o del embrión para otros fines. Por ello, no debe confundirse la investigación biomédica en general con la conducta específica descrita por el artículo. Por otro lado, sobre los sujetos que intervienen, resaltan el sujeto activo, que escualquier persona que realice la conducta prohibida; en el ámbito médico, puede tratarse de profesionales que intervengan en procedimientos de reproducción humana o investigación embrionaria y, por otro lado, el sujeto pasivo, siendo que la protección recae sobre los intereses humanos y colectivos que la norma tutela frente a las prácticas descritas.

Consumación. En la primera modalidad, la consumación se produce cuando se ejecuta la fecundación en las condiciones y con la finalidad prohibidas. La norma no exige expresamente que el embrión se implante o que se produzca un nacimiento.En la segunda modalidad, debe atenderse a la conducta concreta de creación por clonación o de realización de procedimientos de selección de la raza, sin extender el tipo por analogía a prácticas no comprendidas en su texto.Y, como sanciones aplicables, para las dos modalidades, el código prevé privación de libertad de dos a tres años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.

Aplicación al ejercicio médico. En medicina reproductiva deben diferenciarse los procedimientos destinados a lograr un embarazo de las intervenciones realizadas con finalidades ajenas a la procreación. También es necesario distinguir las técnicas diagnósticas de los procedimientos dirigidos a seleccionar características humanas por criterios raciales.La evaluación jurídica de un caso concreto exige precisar qué material biológico fue utilizado, qué procedimiento se ejecutó, cuál era su finalidad y qué participación tuvo cada profesional.Por ejemplo, un equipo de laboratorio fecunda deliberadamente óvulos humanos para desarrollar un procedimiento experimental cuyo propósito no es la procreación humana.Podría configurarse la primera modalidad del artículo 203 si se demuestra que se realizó la fecundación y que su finalidad era distinta de la procreación. El carácter experimental del procedimiento no determina por sí solo su licitud o ilicitud: debe analizarse la conducta exacta a la luz del tipo penal.

De su lado, el artículo 204 prevé la reproducción asistida no consentida.Esta infracción consiste en practicar técnicas de reproducción asistida a una mujer sin su consentimiento.La disposición protege de forma directa la libertad de decisión de la mujer respecto de las intervenciones reproductivas a las que puede ser sometida. Destacando como elementos constitutivos de esta infracción el elemento legal, caracterizado en el artículo 204 del Código Penal dominicano.El elemento material, que es la ejecución de un procedimiento de reproducción asistida sobre una mujer sin que exista el consentimiento requerido.En la práctica clínica, el análisis puede comprender procedimientos de inseminación artificial, fecundación in vitro u otras técnicas de reproducción asistida, siempre que la actuación concreta se encuentre comprendida en el concepto jurídico aplicable.Y, para el elemento moral, debe determinarse la culpabilidad del profesional que ejecuta la técnica. Resultando relevante establecer si conocía la falta de consentimiento, si actuó pese a la negativa de la paciente o si las circunstancias permiten atribuirle responsabilidad conforme a las reglas generales.

De igual modo, como cuarto elemento constitutivo destaca la ausencia de consentimiento. El consentimiento debe corresponder al procedimiento efectivamente practicado. No puede presumirse que una mujer ha aceptado cualquier intervención reproductiva por el hecho de haber acudido a una consulta, iniciado un tratamiento de fertilidad o consentido previamente una técnica diferente. Y, sobre los sujetos que intervienen en la infracción, está el sujeto activo, que puede sercualquier persona que practique la reproducción asistida en las condiciones prohibidas, incluido el profesional que ejecute el procedimiento y, por otra parte, el sujeto pasivo, que esla mujer sometida al procedimiento sin su consentimiento.

Consumación. La infracción se consuma cuando se practica la reproducción asistida sin el consentimiento de la mujer. La disposición no exige expresamente que se produzca un embarazo, una fecundación exitosa o un nacimiento. Como sanciones el código prevéprivación de libertad de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público. Y viendo la cuestión desde una aplicación práctica al ejercicio médico, resulta de interés resaltar que el consentimiento para las técnicas de reproducción asistida debe verificarse antes de ejecutar la intervención y documentarse adecuadamente. El equipo sanitario debe respetar la negativa de la paciente y detener el procedimiento cuando esta retire válidamente su autorización, sin perjuicio de las reglas jurídicas aplicables a cada etapa clínica.

Es importante distinguir esta infracción de los desacuerdos entre profesionales, los errores técnicos y los resultados adversos de un tratamiento. El núcleo del tipo es practicar la reproducción asistida sin consentimiento. Por ejemplo, una especialista en reproducción humana practica una inseminación artificial a una paciente que había rechazado expresamente el procedimiento. La conducta podría constituir la infracción del artículo 204 si se demuestra que se practicó la técnica y que la paciente no había consentido su realización. No sería necesario acreditar que quedó embarazada para examinar la consumación del tipo descrito.

El artículo 205 consagra la tentativa de la infracción.La tentativa consiste en iniciar la ejecución de una infracción sin llegar a consumarla por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, en los términos establecidos por las reglas generales aplicables.El citado artículo 205 dispone expresamente que la tentativa de las infracciones definidas en los artículos 200 al 204 será sancionada como el hecho consumado; por tanto, establece un régimen específico para las infracciones de esta sección.Destacando como elementos constitutivos el elemento legal, que se encuentra en el propio artículo 205, en relación con cualquiera de los artículos 200 al 204.Y, en otro orden, el elemento material, que supone que debe existir un principio de ejecución de la conducta prohibida. No basta una intención interna, una idea o la mera preparación que no alcance el grado exigido por las reglas generales.

El elemento moral sería el tercer elemento constitutivo. Debe examinarse la voluntad de ejecutar la infracción y las circunstancias por las que esta no llegó a consumarse. Y viendo el asunto desde una aplicación a las infracciones médicas, cabe resaltar que la tentativa debe analizarse de acuerdo con la modalidad concreta de cada tipo penal. De suerte y manera que, en relación a los estudios genéticos sin consentimiento, podría discutirse la tentativa si el profesional inicia actos ejecutivos dirigidos a realizar el estudio, pero este no llega a efectuarse por causas ajenas a su voluntad. En lo relativo a la manipulación genética,habría que determinar si comenzaron actos ejecutivos idóneos dirigidos a la manipulación prohibida y si la alteración del genotipo llegó a producirse.

Respecto de la fecundación de óvulos, debe identificarse el momento en que comienza la ejecución de la fecundación prohibida y si esta se consuma. Y sobre la reproducción asistida no consentida,habría que establecer cuándo comienza la ejecución del procedimiento y si los actos realizados alcanzan el grado de tentativa punible. Y hay que decir que para el abordaje del artículo 200, además, debe tenerse en cuenta que las modalidades de desvío de finalidad y divulgación pueden consumarse en momentos distintos de la realización inicial del estudio. Por ejemplo, un médico prepara e inicia los actos directamente dirigidos a practicar una técnica de reproducción asistida a una paciente que la ha rechazado, pero el procedimiento es interrumpido por la intervención de otro profesional antes de su ejecución completa. Aquí debe determinarse si los actos alcanzaron el principio de ejecución requerido para la tentativa. Si se acredita, la regla del artículo 205 ordena sancionarla como el hecho consumado. No basta, sin embargo, con probar que el médico había considerado realizar el procedimiento.

En otro orden, el artículo 206 prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este artículo permite declarar penalmente responsables a las personas jurídicas por las infracciones previstas en los artículos 200 al 204, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 8 al 11 del Código Penal. En el ámbito médico, esta disposición es particularmente importante para clínicas, hospitales privados, centros de reproducción asistida, laboratorios genéticos y empresas dedicadas a la investigación biomédica. Y dentro de los elementos que deben examinarse está el elemento legal, que se encuentra en el artículo 206, en relación con los artículos 8 al 11 y 39 del Código Penal. El elemento material, que supone que debe haberse cometido alguna de las infracciones previstas en los artículos 200 al 204 y deben concurrir los requisitos legales para atribuir responsabilidad a la persona jurídica.

Un tercer elemento a considerar es la atribución de responsabilidad. En efecto, la responsabilidad de la institución no surge automáticamente porque uno de sus empleados haya cometido una infracción. Deben verificarse las condiciones legales de atribución correspondientes, incluida, cuando resulte aplicable, la relación de la conducta con la actividad, organización, dirección o funcionamiento de la entidad. Y como cuarto elemento constitutivo resalta la responsabilidad individual, ya que la eventual responsabilidad penal de la clínica o del laboratorio no excluye la del médico, investigador, directivo u otra persona física cuya propia conducta reúna los requisitos de una infracción penal. Y, en relación a los sujetos del tipo, resaltan el sujeto activo, que esla persona jurídica a la que pueda atribuirse responsabilidad conforme al régimen legal aplicable y las personas físicas involucradas, tales comomédicos, investigadores, administradores, directivos y otros participantes, según sus actuaciones individuales.

También entra en la ecuación infraccional el sujeto pasivo, que dependerá de la infracción subyacente; puede ser el paciente o la mujer afectada, además de los intereses protegidos por las normas sobre genética y reproducción humana. Y, en cuanto a las sanciones, el artículo 206 remite a las penas previstas en el artículo 39 para las personas jurídicas. La determinación concreta de la sanción requiere consultar ese artículo y las reglas generales de responsabilidad corporativa. También debe verificarse si concurren circunstancias que excluyan o atenúen la responsabilidad de la entidad, conforme a los artículos pertinentes.

Aplicación al ejercicio médico. Las instituciones sanitarias deben contar con procedimientos verificables para obtener y conservar los consentimientos informados, controlar el acceso a resultados genéticos y muestras biológicas, autorizar los proyectos de investigación y sus cambios de finalidad, verificar la autorización de las técnicas de reproducción asistida y supervisar al personal y establecer mecanismos de prevención y detección de infracciones.Estos controles no garantizan por sí solos la ausencia de responsabilidad, pero contribuyen a prevenir conductas ilícitas y pueden ser relevantes al valorar la responsabilidad de la entidad conforme a la ley.

Por ejemplo,un centro privado de genética establece y ejecuta un programa comercial para utilizar resultados genéticos de pacientes con fines diferentes de los autorizados, y la dirección conoce y permite esa práctica. Podría examinarse la responsabilidad penal de la entidad conforme al artículo 206, en relación con el artículo 200 y las disposiciones sobre responsabilidad corporativa. También habría que determinar la responsabilidad individual de los profesionales y directivos que intervinieron, autorizaron o facilitaron la conducta.

Del análisis conjunto de estas disposiciones se desprenden cinco conclusiones fundamentales, que son: 1. El consentimiento informado es una garantía jurídica esencial. En materia genética y reproductiva, no constituye una simple formalidad administrativa: determina si determinadas intervenciones pueden realizarse legítimamente, 2. La información genética merece protección específica. El hecho de que un médico haya obtenido legítimamente los resultados no lo autoriza a utilizarlos para finalidades distintas de las admitidas ni a divulgarlos indebidamente, 3. La finalidad de la intervención genética es jurídicamente relevante. El artículo 202 distingue las intervenciones dirigidas al tratamiento, diagnóstico e investigación científica sanitaria de aquellas que persiguen otros fines prohibidos, 4. La autonomía reproductiva debe respetarse. El artículo 204 sanciona la práctica de reproducción asistida sin consentimiento, independientemente de que el procedimiento alcance el resultado reproductivo esperado y 5. La responsabilidad puede alcanzar a profesionales e instituciones. La responsabilidad penal individual y la de una persona jurídica deben examinarse separadamente, de acuerdo con los requisitos legales aplicables a cada una.

IX.- En el contexto de certificaciones y actos médicos, la emisión de certificación falsa de estado de salud (Art. 354, CP)

El artículo 354 del Código Penal dominicano, conforme al texto modificado por la Ley núm. 44-26, sanciona al médico que expida un certificado falso sobre la existencia o inexistencia, presente o pasada, de una enfermedad o lesión de una persona, así como sobre la causa de su muerte. La disposición también sanciona a quien haga uso fraudulento de dicho certificado. La norma adquiere especial importancia en el ámbito de la responsabilidad penal médica, porque los certificados médicos constituyen documentos destinados a acreditar circunstancias relacionadas con la salud y pueden producir consecuencias jurídicas, laborales, administrativas, civiles, aseguradoras y penales.

La expedición de un certificado médico no es una actuación meramente administrativa. Supone que el profesional hace constar hechos que, por razón de sus conocimientos técnicos y de su función, deben corresponderse con la realidad clínica y con los hallazgos que sustentan su declaración. Por consiguiente, la falsedad de un certificado puede afectar tanto la confianza en la actividad médica como los derechos de las personas que resulten perjudicadas por su contenido.

Bien jurídico protegido. La disposición protege principalmente la fe pública y la confianza en las certificaciones médicas, ya quese procura que los certificados expedidos por médicos reflejen fielmente los hechos sanitarios que pretenden acreditar.También se ha protegido la correcta administración de justicia, puesto queun certificado falso puede influir en una investigación, un proceso judicial o la determinación de responsabilidad penal. De igual modo, queda protegida la salud y la libertad personal, en razón de queuna certificación falsa puede ocasionar el ingreso injustificado de una persona sana en un hospital o centro de salud mental.Y, de igual modo, los derechos e intereses de terceros se protegen, habidas cuentas de que la falsedad puede afectar derechos laborales, prestaciones, seguros, procedimientos administrativos y otras relaciones jurídicas.La determinación del bien jurídico directamente afectado dependerá de las circunstancias del caso, aunque la protección de la confianza en la certificación médica constituye un aspecto central de la disposición.

Importancia para el ejercicio de la medicina. El médico tiene la obligación de distinguir entre los hechos que ha comprobado, los que se desprenden razonablemente de la evaluación clínica y aquellos que no puede afirmar con suficiente fundamento.Esta obligación cobra especial relevancia al expedir certificados de enfermedad o incapacidad, certificados de lesiones, certificaciones sobre enfermedades padecidas anteriormente, certificados relacionados con el estado de salud mental, certificados de defunción o documentos médicos que indiquen la causa de muerte, informes médicos destinados a procedimientos judiciales o médico-legales.

Sin embargo, hay que decir que no toda inexactitud constituye automáticamente una infracción penal. Para establecer responsabilidad debe examinarse el contenido de la certificación, la naturaleza de la falsedad, las circunstancias de su expedición y los elementos de culpabilidad exigidos por el ordenamiento jurídico.

Concepto de la infracción. La certificación falsa de estado de salud consiste en la expedición, por parte de un médico, de un certificado que afirma falsamente la existencia o inexistencia, presente o pasada, de una enfermedad o lesión de una persona, o que atribuye falsamente una causa a su muerte. La misma disposición sanciona a quien hace uso fraudulento de ese certificado. La infracción comprende, por tanto, dos conductas principales, que son: 1. La expedición del certificado falso, atribuida específicamente al médico en el primer supuesto y 2. El uso fraudulento del certificado falso, que puede ser realizado por una persona distinta del médico que lo expidió. Y la norma contempla, además, circunstancias específicas de agravación de la pena, relacionadas con la intervención de un médico forense en el ejercicio de sus funciones o con determinadas consecuencias derivadas de la certificación falsa.

Fundamento legal. El fundamento legal es el artículo 354 del Código Penal dominicano, modificado por la Ley núm. 44-26, según se ha visto más arriba. Este artículo establece como sanción ordinaria la prisión menor de uno a dos años y una multa de tres a seis salarios mínimos del sector público. En los supuestos de agravación previstos en el párrafo del artículo, las sanciones aumentan a prisión menor de dos a tres años y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público. Siendo que la aplicación de la sanción agravada requiere comprobar la circunstancia específica correspondiente y no puede basarse únicamente en la condición profesional del autor, salvo que concurra el supuesto legal expresamente previsto.

Elementos constitutivos de la infracción. Para determinar la existencia de la infracción de certificación falsa de estado de salud, deben examinarse los elementos que integran la conducta descrita por el artículo 354. Elelemento legal está constituido por el artículo 354 del Código Penal dominicano, modificado por la Ley núm. 44-26. Este elemento exige que la conducta atribuida al médico o a la persona que utiliza el certificado corresponda a alguno de los supuestos expresamente previstos en la disposición.

Por otro lado, el elemento material se manifiesta mediante la expedición de un certificado falso o el uso fraudulento de dicho documento. La falsedad puede recaer sobre distintos aspectos del estado de salud o de la información médica certificada. Veamos: falsedad sobre la existencia de una enfermedad, que se presenta cuando el médico certifica que una persona padece una enfermedad que realmente no tiene. Por ejemplo, un médico expide un certificado indicando que un trabajador padece una enfermedad incapacitante, pese a saber que no existe tal enfermedad.

Otro aspecto es la falsedad sobre la inexistencia de una enfermedad. Esta se configura, en principio, cuando el médico certifica que una persona no padece una enfermedad, aunque realmente la presenta, en circunstancias en las que la afirmación constituye una certificación falsa. Por ejemplo, un médico certifica que una persona no presenta una enfermedad infecciosa, aun cuando dispone de información clínica concluyente que demuestra su existencia. Otra vertiente es la falsedad sobre una enfermedad presente o pasada. Esta disposición contempla enfermedades actuales y enfermedades padecidas anteriormente; con lo cual, la falsedad puede recaer tanto sobre el estado de salud al momento de expedirse el certificado como sobre antecedentes patológicos. Por ejemplo, un médico hace constar que una persona sufrió anteriormente una enfermedad que nunca padeció, con el propósito de facilitarle una prestación económica.

En otro orden, puede darse la falsedad sobre la existencia o inexistencia de una lesión. Estainfracción también comprende las certificaciones relativas a lesiones corporales, tal sería el caso en que un médico certifique la existencia de lesiones producidas por un accidente cuando sabe que estas no existen, o niega lesiones que ha comprobado clínicamente.Asimismo, se ha previsto la falsedad sobre la causa de muerte. El artículo objeto de estudio incluye expresamente la certificación falsa sobre la causa de muerte de una persona. Por ejemplo, un médico altera deliberadamente la causa de muerte consignada en un certificado para ocultar las circunstancias reales del fallecimiento.

Debe distinguirse entre una causa de muerte consignada falsamente y una conclusión médica que, aunque posteriormente resulte incorrecta, fue emitida de buena fe con base en los datos disponibles. El error diagnóstico no equivale automáticamente a falsedad penal. También se ha previsto el uso fraudulento del certificado. Justamente, la segunda conducta consiste en utilizar fraudulentamente el certificado falso. Por ejemplo, una persona obtiene un certificado médico falso y lo presenta ante una institución para conseguir una licencia laboral, una prestación o una ventaja que no le corresponde. En esta modalidad, debe comprobarse que el documento utilizado es falso y que su utilización reúne las condiciones de fraude exigidas por la disposición. La mera recepción o tenencia del documento no equivale necesariamente a su uso fraudulento.

En otro orden, el elemento moral exige examinar la culpabilidad del autor conforme a las reglas generales del Derecho penal. En la conducta del médico, es particularmente relevante determinar si expidió el certificado con conocimiento de la falsedad de lo declarado y voluntad de emitirlo en esas condiciones. A esos efectos, deben distinguirse las siguientes situaciones: falsedad deliberada, en la queel médico sabe que el hecho certificado no corresponde a la realidad y, aun así, lo hace constar en el documento. El error diagnóstico, enel que el médico llega a una conclusión equivocada a partir de una evaluación clínica realizada de buena fe.

Por otro lado, debe distinguirse la situación de negligencia profesional,en la que el médico actúa sin la diligencia exigible y expide una certificación incorrecta por una evaluación deficiente. Pero también está la inexactitud documental, que existe una discrepancia o un error en el certificado que no necesariamente implica una falsedad penalmente imputable. Estas situaciones no son jurídicamente equivalentes. La negligencia, el error diagnóstico y la falsedad deliberada deben analizarse de acuerdo con sus características y con las exigencias del tipo penal aplicable. Y resulta de interés resaltar que la determinación definitiva del elemento moral requiere examinar las circunstancias concretas y las reglas generales sobre culpabilidad. No debe afirmarse que toda certificación incorrecta constituye automáticamente el delito.

Relación entre la certificación y la realidad médica. Para establecer la falsedad, resulta necesario comparar lo declarado en el certificado con los hechos médicos que podían acreditarse.Pueden ser relevantes, entre otros medios de prueba la historia clínica, los resultados de laboratorio y de estudios de imagen, los informes de especialistas, los registros de consultas y hospitalizaciones, los hallazgos del examen físico, los informes periciales, las declaraciones del médico y de otras personas que intervinieron.La valoración debe considerar también la fecha de expedición del certificado, porque el estado de salud puede cambiar con el tiempo. Una enfermedad que no está presente al momento de la evaluación pudo haber existido anteriormente, y una lesión puede haber desaparecido antes de emitirse una certificación retrospectiva.

Sujetos de la infracción. En esta infracción interviene un sujeto activo. En la modalidad de expedición del certificado falso, el sujeto activo expresamente previsto es el médico. El párrafo relativo a la agravación contempla específicamente al médico forense que actúa en el ejercicio de sus funciones. En la modalidad de uso fraudulento, el sujeto activo puede ser la persona que utiliza el certificado falso, aunque no sea quien lo expidió. Por ejemplo, un médico puede emitir el documento y otra persona presentarlo posteriormente para obtener una ventaja indebida. En ese caso, la responsabilidad de cada participante debe determinarse individualmente. Por otro lado, en cuanto al sujeto pasivo, estepuede ser la persona cuyo estado de salud se certifica falsamente, cuando sus derechos o intereses resultan afectados.También pueden resultar perjudicados terceros o instituciones que confían en el documento, así como la administración de justicia cuando el certificado se utiliza en un procedimiento judicial.En los supuestos agravados, una persona sana que sea recluida injustificadamente en un hospital o centro de salud mental constituye un ejemplo especialmente grave de persona afectada.

Consumación de la infracción. La determinación del momento de consumación depende de la modalidad examinada. Así, en cuanto a la expedición del certificado falso, en principio, esta modalidad de expedición se consuma cuando el médico emite el certificado falso en las condiciones descritas por la norma. El texto no exige, como elemento general de esta modalidad, que el certificado llegue a utilizarse posteriormente ni que produzca un perjuicio efectivo. La producción de determinadas consecuencias puede, sin embargo, activar la agravación contemplada en el párrafo del artículo.

En lo que tiene que ver con el uso fraudulento del certificado, en esta modalidad, debe determinarse cuándo se produce dicho uso fraudulento del documento. La presentación del certificado ante una institución o autoridad para obtener una ventaja indebida constituye un ejemplo de conducta que puede satisfacer este supuesto. La simple elaboración o recepción del documento no debe confundirse automáticamente con su uso. Y en cuanto a las consecuencias posteriores, cabe resaltar que, si el certificado falso ocasiona el ingreso de una persona sana en un centro hospitalario o de salud mental, o contribuye a que se la exima de responsabilidad penal por una infracción cometida, debe examinarse la circunstancia agravante correspondiente.Siendonecesario demostrar la relación exigida por el texto entre la expedición del certificado falso y la consecuencia producida.

Circunstancias agravantes especiales. El párrafo del artículo 354 establece dos supuestos en los que las penas aumentan de uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público a dos a tres años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público. La primera agravante: intervención de un médico forense en el ejercicio de sus funciones. Estaprimera circunstancia se configura cuando quien comete el hecho es un médico forense en el ejercicio de sus funciones. La agravación se justifica por la especial función médico-legal del profesional, cuyos certificados e informes pueden incidir directamente en investigaciones judiciales, procedimientos periciales y decisiones de las autoridades.

La condición de médico forense no basta, por sí sola, para aplicar esta agravante, ya que la norma exige que el hecho se cometa en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, un médico forense expide deliberadamente una certificación falsa sobre la causa de muerte de una persona en el contexto de una investigación judicial. Si se prueban la falsedad, los elementos de culpabilidad y la relación de la actuación con el ejercicio de las funciones forenses, podría aplicarse la pena agravada prevista en el artículo 354.

Por otro lado, la segunda agravante, relativa a las consecuencias de la certificación falsa, estase refiere a los casos en que, como consecuencia de la expedición del certificado falso, una persona sana resulta recluida en un hospital o centro de salud mental; ouna persona queda eximida de alguna responsabilidad penal por la infracción cometida.Se trata de supuestos en los que la certificación falsa produce consecuencias particularmente graves. En relación a la reclusión de una persona sana, sería el caso en que un médico expide un certificado falso que presenta a una persona sana como afectada por una enfermedad mental que justificaría su ingreso en un centro especializado. Como consecuencia de esa certificación, la persona es recluida.Si se acredita que el ingreso fue consecuencia de la certificación falsa y concurren los restantes requisitos de responsabilidad, podría aplicarse la agravante.

En relación a la exención de responsabilidad penal, sería la situación en queun médico expide un certificado falso sobre una enfermedad para que una persona obtenga una exención de responsabilidad penal relacionada con una infracción que cometió.Debe acreditarse la falsedad y que, como consecuencia de ella, la persona fue efectivamente eximida de responsabilidad penal en el sentido previsto por la disposición. No basta con demostrar que el certificado se presentó durante el procedimiento si no se verifica la consecuencia requerida.

Respecto de la concurrencia de agravantes, ha de precisarse que, si en un mismo caso concurren ambas circunstancias, la determinación de la pena debe efectuarse conforme a las reglas generales aplicables, sin presumir automáticamente que las penas se acumulan. El artículo comentado establece un marco de sanción agravada, pero no dispone en el texto suministrado una suma aritmética de las penas por la concurrencia de ambos supuestos.Y, desde luego,la imposición concreta de la pena dependerá de la comprobación de los hechos, la culpabilidad, las circunstancias agravantes aplicables y las reglas generales del Código Penal.

Modificación introducida por la Ley núm. 44-26. El texto original de la primera circunstancia agravante establecía: «Si quien comete el hecho es un médico forense u otro profesional de la medicina, en el ejercicio de sus funciones, que presta servicios en el sector público». La redacción original contemplaba una categoría de sujetos más amplia que la del texto modificado. Para que operara esta agravante, debían examinarse tres condiciones: 1. Que el autor fuera un médico forense u otro profesional de la medicina, 2. Que actuara en el ejercicio de sus funciones y 3. Que prestara servicios en el sector público. En consecuencia, la agravante original no se limitaba a los médicos forenses, pues también podía alcanzar a otros profesionales de la medicina que reunieran las condiciones indicadas.

Texto modificado. La nueva redacción establece:«Si quien comete el hecho es un médico forense en el ejercicio de sus funciones».Como puede verse, la modificación elimina las referencias a «otro profesional de la medicina» y a la prestación de servicios en el sector público.En definitiva, la modificación reduce el ámbito subjetivo de la primera circunstancia agravante.En el texto original, la agravación podía alcanzar a un médico forense y también a otro profesional de la medicina que prestara servicios en el sector público y cometiera el hecho en ejercicio de sus funciones.En el texto modificado, en cambio, la agravante se refiere específicamente al médico forense que actúa en el ejercicio de sus funciones; con lo cual, la condición de trabajar en el sector público deja de figurar expresamente como requisito autónomo de esta circunstancia, mientras que la categoría profesional se restringe al médico forense.

Esto no significa que los demás profesionales de la medicina queden exentos de responsabilidad penal por expedir certificados falsos. Significa que, conforme a la redacción modificada, no se les aplica esta agravante por el mero hecho de ser médicos que trabajan en el sector público. Su conducta puede seguir siendo sancionada conforme al supuesto ordinario del artículo 354, salvo que concurra otra circunstancia legalmente aplicable. Asimismo, la eliminación de la referencia al sector público no debe interpretarse como una supresión de los requisitos funcionales de la agravante: el texto continúa exigiendo que el médico forense actúe en el ejercicio de sus funciones.

Modificación de la segunda circunstancia agravante. De acuerdo con los textos original y modificado que has proporcionado, la segunda circunstancia agravante conserva el mismo contenido sustancial: el aumento de las penas cuando, como consecuencia de la expedición del certificado falso, una persona sana resulta recluida en un hospital o centro de salud mental, o una persona queda eximida de responsabilidad penal por la infracción cometida.Por consiguiente, la modificación comentada se concentra en la primera circunstancia agravante, relativa a la condición profesional del autor.

En definitiva,el artículo 354 del Código Penal dominicano protege la confianza en las certificaciones médicas y sanciona tanto la expedición de certificados falsos como su uso fraudulento. Su aplicación exige diferenciar la falsedad deliberada del error diagnóstico y de otras inexactitudes que no necesariamente reúnen los elementos de una infracción penal.

X.- Dopaje y suministro no reglamentado (Art. 105, CP)

El artículo 105 que transcribes tipifica el delito de daños por dopaje, estableciendo una modalidad básica, circunstancias agravantes y una modalidad agravada por el resultado lesivo. Desde la perspectiva del ejercicio de la medicina, su relevancia radica en que algunas de las conductas descritas —prescribir, proporcionar, dispensar, suministrar y administrar sustancias— forman parte de actividades que un médico puede realizar legítimamente en el ejercicio profesional, pero que pueden adquirir relevancia penal cuando se ejecutan con la finalidad de mejorar las capacidades físicas mediante sustancias prohibidas o métodos o tratamientos no reglamentados.

El análisis debe distinguir entre el acto médico lícito, la infracción de las normas sanitarias o deportivas y la conducta que reúne los elementos necesarios para constituir el delito. El bien jurídico principalmente protegido es la salud y la integridad física de la persona sometida al dopaje. Esta protección se refuerza expresamente cuando la conducta pone en peligro la vida o la salud, ocasiona una lesión o incapacidad permanente o produce la muerte. También pueden identificarse otros intereses jurídicos relacionados a la vida humana, cuando el dopaje genera un peligro vital o causa la muerte, la integridad corporal, cuando produce lesiones, la protección especial de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, la libertad de decisión de la persona, cuando se utilizan engaño, intimidación o coacción y la seguridad en el ejercicio profesional, cuando el autor se aprovecha de una relación de superioridad laboral o profesional o de una relación contractual.

La protección de la salud no significa, sin embargo, que cualquier tratamiento no autorizado o cualquier medicamento empleado fuera de sus indicaciones constituya por sí solo dopaje penalmente sancionable. Es necesario examinar la conducta concreta y los elementos del tipo penal. Sobre los elementos constitutivos de esta infracción, debe identificarse un sujeto activo: ¿quién puede cometerlo? La expresión inicial «quien» indica que, conforme al texto examinado, se trata de un delito común, porque puede cometerlo cualquier persona que realice alguna de las conductas previstas.

En el ámbito médico, pueden quedar comprendidos, según su intervención concreta, el médico que prescribe una sustancia prohibida para aumentar el rendimiento físico, el médico que suministra o administra directamente esa sustancia, el médico que facilita tratamientos o métodos no reglamentados destinados a incrementar las capacidades físicas, el médico que participa en un programa de dopaje junto con entrenadores, preparadores físicos u otros profesionales y el profesional que ofrece o facilita estas prácticas, aunque no ejecute personalmente la administración. Pero hay que saber que la responsabilidad no deriva automáticamente de la condición de médico, de trabajar con deportistas ni de haber prescrito un medicamento que posteriormente arroje un resultado positivo en una prueba antidopaje. Debe probarse la conducta individual atribuida al profesional y su correspondencia con los elementos del tipo penal.

Por otro lado, respecto del sujeto pasivo: ¿quién es la víctima?Esta es la persona a quien se prescriben, proporcionan, dispensan, suministran, administran, ofrecen o facilitan las sustancias, métodos o tratamientos objeto del delito.La víctima puede ser un deportista profesional, un deportista aficionado o cualquier otra persona, siempre que concurran los elementos exigidos por el artículo. La redacción transcrita no limita expresamente la aplicación del delito a los participantes en competiciones deportivas.Este punto es relevante porque el dopaje también puede presentarse en gimnasios, programas de musculación, actividades recreativas o tratamientos dirigidos a aumentar artificialmente la fuerza, la resistencia o la capacidad física.

 El artículo contiene siete verbos rectores. Cada uno permite identificar una posible forma de intervención médica. La enumeración es amplia y permite que el delito se configure por diferentes formas de intervención. No obstante, la mera existencia de una receta o de una administración farmacológica no basta, debe acreditarse que el objeto y la finalidad de la conducta coinciden con lo que exige el artículo. Y en cuanto al objeto material, esto es, sustancias, métodos y tratamientos, el artículo contempla dos grandes categorías: 1.- Sustancias controladas prohibidas, que sonaquellas que, de acuerdo con el régimen normativo aplicable, se encuentran comprendidas en la prohibición pertinente y 2. Métodos o tratamientos no reglamentados, tales comoprocedimientos utilizados para aumentar las capacidades físicas que no se ajustan a la regulación aplicable.

La interpretación de estas categorías requiere especial cuidado. No todo medicamento que mejora la fuerza o la resistencia está prohibido, y no todo tratamiento que se encuentra fuera de una indicación autorizada es automáticamente un método de dopaje penal. De suerte que, para el análisis del caso concreto, habría que determinar qué sustancia, método o tratamiento se utilizó, también si estaba prohibido o carecía de la reglamentación exigible y cuál era la finalidad de su prescripción o aplicación. De igual modo, si el médico conocía las características relevantes de la sustancia o del método y si existía una indicación terapéutica legítima y si esta era compatible con las normas aplicables. De su lado, en el ámbito deportivo debe consultarse también la normativa antidopaje correspondiente. La Ley dominicana núm. 44-23, de Política Nacional Antidopaje, establece un marco específico en esta materia y toma como referencia el Código Mundial Antidopaje.

En lo relativo al elemento subjetivo, esto es, la finalidad de aumentar las capacidades físicas, este es uno de los elementos más importantes para determinar la posible responsabilidad del médico. La frase «destinados a aumentar sus capacidades físicas» vincula la sustancia, el método o el tratamiento con una finalidad de mejora física. En la aplicación penal, deberá establecerse cómo se interpreta esa finalidad y qué conocimiento e intención exige el tipo subjetivo, atendiendo a las reglas generales del Código Penal. Cabe distinguir, por ende, tres escenarios: 1.- Tratamiento terapéutico legítimo: el médico prescribe un medicamento para tratar una enfermedad, corregir una deficiencia o atender una necesidad clínica real. En principio, esto no equivale a dopaje por el solo hecho de que el medicamento pueda mejorar alguna capacidad física. Otro escenario: tratamiento con finalidad mixta: el medicamento tiene una indicación médica, pero también se utiliza para mejorar el rendimiento físico. Será necesario examinar la finalidad efectiva, las circunstancias de la prescripción y la normativa aplicable.

Y un tercer escenario, que sería la intervención dirigida al dopaje: el profesional prescribe, administra o facilita la sustancia o el método con el propósito de incrementar artificialmente el rendimiento físico mediante una práctica prohibida o no reglamentada. No debe presumirse el dolo únicamente por el resultado deportivo, por la naturaleza del medicamento o por el hecho de que el paciente haya obtenido una ventaja física. La imputación penal requiere probar los elementos subjetivos que resulten exigibles.

Pena para la modalidad básica del delito. La conducta básica se sanciona, conforme al texto analizado, con prisión menor de dos a tres años, multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público y sanciones complementarias contempladas en el artículo 34. Esta modalidad básica exige que concurran los elementos del delito, aunque no se haya producido una lesión permanente ni la muerte. La redacción no condiciona expresamente esta modalidad a que se produzca un daño corporal efectivo. Por ello, el análisis debe distinguir entre la consumación de la conducta descrita y la aparición de sus consecuencias médicas. La ausencia de lesión no excluye necesariamente el delito básico, mientras que la producción de un peligro para la salud o la vida puede situar el caso en la modalidad agravada del párrafo I.

Por ejemplo,un médico prescribe deliberadamente a un deportista una sustancia prohibida con la finalidad de aumentar su fuerza, sin que se produzca un daño clínico demostrable.Si se prueban los restantes elementos exigidos por el tipo penal, la ausencia de lesión no impediría por sí sola la aplicación de la modalidad básica.Por el contrario, si el médico prescribe un medicamento permitido para tratar una enfermedad diagnosticada, siguiendo una indicación clínica legítima, no cabe concluir que exista dopaje únicamente porque el medicamento produzca una mejora física secundaria.

Agravantes del párrafo I del artículo comentado.  El párrafo I establece una pena de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público cuando concurra cualquiera de las siete circunstancias enumeradas.La expresión «en cualquiera de los casos siguientes» indica que, en principio, basta con que se configure una de ellas, sin necesidad de que concurran todas simultáneamente. En relación al peligro para la salud o la vida, se agrava la conducta cuando el dopaje pone en peligro la salud o la vida de una persona. En el caso del médico, habrá que examinar los riesgos de la sustancia, la dosis, la vía de administración, las contraindicaciones y las circunstancias clínicas. No es indispensable, según esta redacción, que se produzca una lesión permanente, el supuesto se refiere al peligro. La prueba pericial médica puede ser determinante para establecerlo.

Sobre la víctima menor de edad, la agravante se configura cuando la víctima es niño, niña o adolescente. El médico que administra sustancias de dopaje a un menor podría quedar comprendido en esta modalidad, siempre que se pruebe el delito base. El consentimiento del menor o la autorización de sus padres no convierte en lícita una conducta penalmente prohibida. Y en relación al engaño, intimidación o coacción, se agrava el delito cuando se emplean estos medios para realizar la conducta. Por ejemplo, si se oculta al deportista la naturaleza de la sustancia administrada, se le amenaza con perder su puesto en el equipo o se le obliga a someterse al procedimiento.Debe acreditarse el empleo del medio agravante en relación con los hechos imputados.

En otro orden, sobre la persona con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, la norma concede una protección reforzada a estas víctimas. En un caso médico, será necesario determinar la situación concreta de la persona y su encaje en el supuesto legal, así como los elementos de responsabilidad exigidos al autor. Y en relación al buso de superioridad laboral o profesional, esta es una de las agravantes de mayor relevancia para el análisis del médico. Puede resultar aplicable si el profesional se aprovecha de su autoridad, conocimientos especializados o posición dentro de una estructura deportiva o sanitaria para imponer o facilitar el dopaje.No basta con que exista una relación profesional: la redacción exige que el autor se haya prevalido de ella. Debe probarse el aprovechamiento de esa posición.

En lo que tiene que ver con el aprovechamiento de una relación contractual, puede comprender situaciones en las que el médico se aprovecha de un contrato con el deportista, el club, la institución o los representantes legales de la víctima para ejecutar la conducta. La existencia del contrato no es suficiente por sí sola; debe establecerse el aprovechamiento de esa relación en los términos del artículo. Y respecto del suministro de medicamentos no aptos para el consumo humano, la agravante puede concurrir cuando el autor suministra medicamentos que no son aptos para el consumo humano. En el caso médico, habría que determinar el estado y las características del producto, su procedencia, conservación y aptitud, además del conocimiento y demás requisitos subjetivos que sean legalmente exigibles.Esta circunstancia es especialmente grave cuando se utilizan productos adulterados, contaminados o destinados a usos distintos del consumo humano.

Consecuencia para el médico. La pena de cinco a diez años de prisión mayor puede aplicarse incluso si no se ha producido una lesión permanente, siempre que se configure el delito base y concurra una agravante del párrafo I.Por ejemplo, si un médico administra deliberadamente una sustancia de dopaje a un adolescente, la minoría de edad constituye una circunstancia expresamente contemplada. Si, además, el procedimiento pone en peligro la vida, podrían concurrir dos circunstancias agravantes del mismo párrafo. La determinación de la pena concreta y de los efectos de su concurrencia requiere aplicar las reglas generales pertinentes, sin presumir que las penas se suman automáticamente.

Modalidad agravada por el resultado: lesión o incapacidad permanente, o muerte. El párrafo II dispone una pena de diez a veinte años de prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector público cuando el dopaje produce una lesión permanente, produce una incapacidad permanente o causa la muerte de la víctima.Esta modalidad se diferencia de la anterior, porque exige un resultado material específico y una relación causal jurídicamente relevante entre el dopaje y dicho resultado.Así, sobre la lesión permanente, podría presentarse, por ejemplo, cuando la administración de una sustancia provoca un daño orgánico irreversible. No basta con demostrar que la víctima sufrió un malestar temporal: debe acreditarse el carácter permanente de la lesión en el sentido jurídicamente aplicable.Por otro lado, la incapacidad permanente se refiere a una pérdida duradera de capacidades que afecta a la víctima. Será necesario establecer médicamente la existencia, naturaleza y permanencia de la incapacidad, sin confundirla con una incapacidad temporal o con una recuperación prolongada.

En caso de muerte de la víctima, si la esta fallece como consecuencia del dopaje, puede entrar en juego esta modalidad agravada. Sin embargo, la sucesión temporal entre la administración de una sustancia y la muerte no demuestra por sí sola la causalidad. Debe determinarse, entre otros aspectos, si la sustancia o el tratamiento produjo o contribuyó causalmente al fallecimiento, si existieron patologías previas o factores concurrentes, si se produjo una interacción farmacológica relevante, si hubo errores de administración, sobredosis o falta de vigilancia y si el resultado puede atribuirse jurídicamente al comportamiento del médico. El resultado mortal no elimina la necesidad de acreditar los elementos de responsabilidad penal. La modalidad concreta de imputación deberá determinarse conforme al tipo penal y las reglas generales aplicables.

Cabe preguntar, ¿qué ocurre si concurren una agravante del párrafo I y un resultado del párrafo II? La redacción establece una pena específica para los resultados permanentes y la muerte, pero no regula expresamente en el fragmento transcrito cómo resolver todas las posibles concurrencias entre ambos párrafos.Por ello, no sería correcto sumar mecánicamente las penas ni afirmar, sin examinar las reglas generales, que cualquier agravante del párrafo I incrementa automáticamente la sanción del párrafo II. Habrá que analizar la estructura del delito, la relación entre los supuestos y las normas aplicables a la determinación de la pena.

Sobre las formas de responsabilidad penal del médico, cabe resaltar que para determinar si un médico incurre en responsabilidad penal por daños por dopaje, deben diferenciarse varios supuestos. En efecto, en caso de responsabilidad por actuación directa, se presenta cuando el médico realiza personalmente alguna de las conductas descritas en el artículo: prescribe, suministra, administra, ofrece o facilita la sustancia, el método o el tratamiento. Por ejemplo, un médico prepara y administra un protocolo farmacológico prohibido con la finalidad de aumentar el rendimiento físico de un deportista.En este supuesto, la investigación debe centrarse en la sustancia utilizada, la finalidad de la intervención, el conocimiento del profesional y las circunstancias de su ejecución.

En otro orden, en el caso de responsabilidad por colaboración con terceros, el médico puede intervenir junto con un entrenador, preparador físico, dirigente deportivo u otro profesional.Por ejemplo, un entrenador selecciona las sustancias y el médico las prescribe y administra como parte de un programa coordinado de dopaje.La responsabilidad de cada interviniente debe determinarse individualmente. La existencia de un plan conjunto no significa que todos respondan automáticamente por cualquier resultado producido: habrá que probar su participación y los requisitos de autoría o complicidad que correspondan.

En relación a la responsabilidad por actuación negligente, hay que decir que el artículo 105 no establece expresamente una modalidad culposa o imprudente. Por tanto, no debe concluirse que todo error de prescripción, falta de vigilancia o desconocimiento de una contraindicación constituya automáticamente el delito de daños por dopaje. Si el médico actúa negligentemente y causa una lesión o la muerte, podría ser necesario examinar otros tipos penales relativos a las lesiones o a los atentados imprudentes contra la vida, según los hechos y las disposiciones aplicables. La infracción de la lex artis médica y la comisión del delito de dopaje son cuestiones relacionadas, pero jurídicamente diferentes.

Sobre el punto jurídico de la responsabilidad derivada del resultado, si el dopaje produce una lesión permanente, una incapacidad permanente o la muerte, deberá analizarse si ese resultado puede atribuirse jurídicamente al médico. No basta con demostrar que el profesional intervino en el tratamiento. Es preciso establecer el vínculo causal y los requisitos subjetivos de imputación correspondientes. Por ejemplo, si un deportista fallece después de recibir una sustancia, pero existen indicios de una patología previa independiente, será necesario determinar mediante la investigación clínica y pericial si la sustancia produjo o contribuyó al resultado y en qué medida puede atribuirse al comportamiento investigado.

 XI.- En el marco de la interrupción del embarazo y la eximente por intervención de emergencia (Arts. 106 al 111, CP)

Los artículos 106 al 111 regulan distintas conductas relacionadas con la interrupción del embarazo y establecen consecuencias penales diferenciadas según la intervención de terceros, la participación de la mujer embarazada, la condición profesional del autor, la existencia de consentimiento, la producción de la muerte de la mujer y la concurrencia de la eximente prevista en el artículo 111. Desde la perspectiva de la responsabilidad penal médica, estas disposiciones tienen especial importancia porque determinadas actuaciones destinadas a interrumpir un embarazo pueden comprometer la responsabilidad del profesional sanitario. Sin embargo, para establecer la existencia de un delito es necesario examinar las circunstancias concretas de la intervención, la conducta atribuida al médico, el consentimiento de la mujer, el resultado producido y la posible aplicación de la eximente legal.

El análisis debe partir de una distinción fundamental, que es que no toda intervención médica que interrumpe un embarazo genera automáticamente responsabilidad penal. El propio artículo 111 contempla una eximente relacionada con la actuación de personal médico especializado cuando existe peligro para la vida de la madre, del feto o de ambos y se agotan los medios científicos y técnicos disponibles. Su aplicación exige interpretar cuidadosamente el supuesto legal, sin extenderlo ni restringirlo más allá de lo que permita la norma.

Artículo 106: aborto consentido. El artículo 106 sanciona a quien, mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o cualquier otro medio, cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con ese propósito, aun cuando ella consienta. La pena prevista es de dos a tres años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.La disposición contempla tanto la ejecución directa del aborto como la colaboración dirigida a producirlo. En el ámbito médico, la conducta puede consistir en administrar medicamentos con finalidad abortiva, practicar procedimientos instrumentales o intervenir de cualquier otra forma para provocar la interrupción del embarazo. La expresión «coopere con dicho propósito» también permite examinar la participación de profesionales que contribuyan a la realización del procedimiento, aunque no sean quienes lo ejecuten materialmente.

El consentimiento de la mujer no excluye por sí mismo la aplicación de este artículo. Precisamente, la norma contempla expresamente la conducta realizada aun cuando la mujer consienta. Por tanto, deben distinguirse dos cuestiones, que son, por un lado, el consentimiento como expresión de la voluntad de la paciente y, por otra parte, la licitud penal de la intervención conforme al régimen legal aplicable. El consentimiento puede ser relevante para diferenciar el aborto consentido del aborto forzado, pero no constituye, por sí solo, una autorización suficiente para descartar la responsabilidad penal prevista en el artículo 106. En cuanto al médico, la imputación exigiría determinar si su actuación estuvo dirigida a causar la interrupción del embarazo o a cooperar con ese propósito, así como examinar el elemento subjetivo exigible y la posible aplicación de una eximente. No bastaría con demostrar que el profesional atendió a una mujer embarazada o que participó en una intervención obstétrica: debe acreditarse la conducta específicamente contemplada en la disposición.

Artículo 107: aborto provocado por la mujer. El artículo 107 sanciona a la mujer que se provoque un aborto, que consienta utilizar sustancias destinadas a ese propósito o que acepte someterse a medios abortivos. La pena prevista es de uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público.A diferencia del artículo 106, que se dirige a quien provoca el aborto o coopera con esa finalidad, esta disposición contempla específicamente la conducta de la mujer embarazada. Desde la perspectiva médica, su importancia consiste en que el profesional debe distinguir entre la responsabilidad que la norma atribuye a la paciente y la que puede corresponder a quien prescribe, suministra o administra los medios abortivos.

El consentimiento de la mujer para utilizar una sustancia o someterse a un procedimiento constituye un elemento relevante de la conducta descrita, pero no determina por sí solo la responsabilidad del médico. Este debe ser evaluado conforme a las disposiciones que regulan su propia actuación, particularmente los artículos 106 y 108. Tampoco cabe trasladar automáticamente al profesional la responsabilidad atribuida a la paciente: es necesario acreditar su intervención y los elementos del delito que se le impute. Una cuestión interpretativa importante es que el artículo 107, según el texto transcrito, no precisa expresamente si la sanción requiere que el aborto se haya consumado. Por ello, para determinar el alcance de la disposición en casos de ingestión de medicamentos, procedimientos fallidos o interrupciones que no llegan a producirse, será necesario acudir a las reglas generales sobre consumación, tentativa y participación, sin asumir que todos esos supuestos reciben necesariamente el mismo tratamiento penal.

Artículo 108: sanción a los profesionales de la salud y las parteras. El artículo 108 establece que los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la salud, así como las parteras que provoquen el aborto desde su profesión u oficio, serán sancionados con dos a tres años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.Esta disposición identifica expresamente a determinadas categorías profesionales como posibles sujetos activos del delito. Su relevancia radica en que la intervención se realiza aprovechando o utilizando los conocimientos, procedimientos o medios propios de la actividad sanitaria. No obstante, el texto no establece que el mero hecho de ser médico constituya una agravante automática: fija una sanción específica para los profesionales y las parteras que realicen la conducta descrita.

En el caso del médico, la responsabilidad puede examinarse cuando prescribe o administra sustancias con finalidad abortiva, practica un procedimiento dirigido a interrumpir el embarazo o interviene directamente en su ejecución. También deberá analizarse la relación entre este artículo y el artículo 106, puesto que ambos contemplan conductas que pueden coincidir materialmente. La aplicación conjunta o diferenciada de las disposiciones dependerá de las reglas sobre concurso de normas y delitos, y no debe resolverse suponiendo que necesariamente se acumulan ambas penas. La actuación profesional tampoco puede analizarse al margen del artículo 111. Si la interrupción del embarazo se realiza bajo las condiciones de la eximente allí prevista, deberá determinarse si la intervención queda fuera de la sanción penal.

La existencia de una indicación médica, por sí sola, no resuelve automáticamente el problema: debe examinarse si concurren los requisitos legales concretos. Por último, debe diferenciarse la responsabilidad penal de la eventual responsabilidad civil, disciplinaria o profesional. Una conducta podría plantear consecuencias en varios ámbitos, pero cada uno requiere sus propios presupuestos jurídicos.

Artículo 109: muerte de la mujer. El artículo 109 dispone que, si los hechos previstos en el artículo 106 causan la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público.Esta disposición contempla una modalidad agravada por el resultado. No basta con demostrar que una persona causó o ayudó a causar la interrupción del embarazo: para aplicar esta sanción debe acreditarse, además, que la conducta produjo la muerte de la mujer y que el resultado puede atribuirse jurídicamente al responsable.

En el ámbito médico, la cuestión puede resultar especialmente compleja cuando el fallecimiento se relaciona con hemorragias, infecciones, reacciones farmacológicas, perforaciones uterinas, complicaciones anestésicas u otros eventos adversos. La aparición de una complicación después de un procedimiento no demuestra automáticamente que exista responsabilidad penal. Es necesario determinar la causa de la muerte, la intervención del profesional, el nexo causal y los requisitos subjetivos exigibles conforme a la legislación aplicable.

También debe tenerse presente que el artículo 109 remite expresamente a los hechos del artículo 106. Por ello, no corresponde extender sin más su ámbito de aplicación a cualquier muerte que ocurra durante un embarazo o después de una intervención obstétrica. Si los hechos revelan una actuación negligente, una conducta distinta o una infracción diferente, habrá que examinar los tipos penales que resulten pertinentes. La pena prevista evidencia que el legislador distingue entre la conducta de provocar o facilitar un aborto y aquella que, además, ocasiona la muerte de la mujer. Esta diferencia hace indispensable la prueba médico-forense para determinar si el fallecimiento deriva de la intervención imputada o de una causa independiente.

Artículo 110: aborto forzado. El artículo 110 sanciona el aborto practicado contra la voluntad de la mujer, fuera de la eximente del artículo 111, con diez a veinte años de prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector público.La diferencia esencial respecto de los artículos anteriores es la ausencia de consentimiento de la mujer. La norma protege su autonomía y su integridad frente a la imposición de un procedimiento destinado a interrumpir el embarazo. El consentimiento no puede presumirse por la existencia de una relación médico-paciente, por una autorización genérica para recibir asistencia sanitaria ni por la aceptación de otros procedimientos médicos.

En el ejercicio profesional, podría examinarse esta disposición cuando un médico administra deliberadamente sustancias abortivas sin informar a la paciente de su finalidad, practica un procedimiento contra su voluntad o interviene bajo circunstancias que no permiten considerar que exista consentimiento válido. La calificación concreta dependerá de los hechos probados y de las reglas aplicables al consentimiento sanitario. La responsabilidad también podría alcanzar a quien ordene, facilite o coopere en el procedimiento, siempre que se acrediten los requisitos de participación correspondientes. No obstante, la responsabilidad de cada interviniente debe establecerse individualmente.

El artículo contiene dos consecuencias agravadas adicionales. En primer lugar, su párrafo I establece que, si el aborto forzado ocasiona la muerte de la mujer, la pena será de veinte a treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público. En este supuesto se requiere demostrar tanto la falta de consentimiento como el resultado mortal y la relación causal jurídicamente exigible. En segundo lugar, el párrafo II contempla el caso en que no se consigue provocar el aborto forzado, pero se causa al feto una lesión o enfermedad que perjudica su desarrollo o que origina en la persona nacida una grave afectación física o psíquica. La pena prevista es de diez a veinte años de prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector público.

Esta última modalidad presenta una particularidad: el aborto no llega a consumarse, pero se produce un resultado lesivo expresamente contemplado en la norma. Para su aplicación, será necesario acreditar la lesión o enfermedad, su relación con la conducta imputada y los demás elementos exigidos por el tipo penal. No toda complicación fetal o neonatal equivale automáticamente a la afectación grave descrita en el artículo. En consecuencia, la ausencia de consentimiento y los resultados especialmente graves determinan un tratamiento penal distinto del previsto para el aborto consentido. En el ámbito médico, la documentación del consentimiento informado, la comunicación con la paciente y el registro de las actuaciones clínicas pueden ser relevantes para reconstruir los hechos, aunque ningún documento sustituye la valoración integral de la prueba.

Artículo 111: eximente de responsabilidad penal. El artículo 111 establece que la interrupción del embarazo practicada por personal de salud especializado no será sancionada si, para salvar la vida de la madre, del feto o de ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho.Esta disposición es fundamental para el análisis de la responsabilidad médica, porque contempla expresamente una circunstancia en la que la interrupción del embarazo no debe ser sancionada penalmente. Su aplicación requiere examinar los requisitos previstos en el texto, en lugar de presumir que toda intervención motivada por razones médicas queda automáticamente amparada.

En primer lugar, la intervención debe ser practicada por personal sanitario especializado. En segundo lugar, debe existir un peligro para la vida de la madre, del feto o de ambos. En tercer lugar, la actuación debe tener como finalidad salvar la vida amenazada. Finalmente, deben agotarse los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho, conforme a las circunstancias clínicas. La referencia a los medios disponibles exige una valoración contextual. No puede analizarse la actuación médica exclusivamente con base en el resultado final ni exigir retrospectivamente que el profesional hubiera utilizado recursos que no estaban disponibles en las circunstancias concretas. Será necesario valorar la urgencia, los conocimientos médicos aplicables, los recursos existentes y las alternativas razonablemente disponibles.

La eximente tampoco debe confundirse con una autorización general para realizar cualquier interrupción del embarazo por motivos de conveniencia, ni con una regla que permita sancionar automáticamente al médico cuando el resultado clínico sea desfavorable. Su alcance debe determinarse a partir de los requisitos expresos del artículo y de las normas superiores y especiales aplicables. En la práctica, la historia clínica, los resultados diagnósticos, las notas de evolución, las interconsultas, la descripción de las alternativas terapéuticas y la justificación de la decisión médica pueden ser determinantes para acreditar las circunstancias de la intervención. Y un aspecto que merece atención es la expresión «salvar la vida de la madre, del feto o ambos en peligro». Su alcance y aplicación concreta deben examinarse con rigor, especialmente en situaciones de urgencia obstétrica. No corresponde sustituir el análisis jurídico por una interpretación puramente literal que ignore las circunstancias clínicas, pero tampoco ampliar la eximente más allá de lo que permita la norma.

 En definitiva, los artículos 106 al 111 establecen un régimen que diferencia entre la provocación o cooperación en el aborto consentido, la conducta atribuida a la mujer embarazada, la intervención de profesionales sanitarios, la muerte de la mujer, el aborto practicado contra su voluntad y la eximente vinculada a la protección de la vida.Para determinar la responsabilidad penal de un médico, resulta esencial establecer qué hizo, con qué finalidad, bajo qué circunstancias, si existió consentimiento y qué resultado produjo su actuación. Cuando se alegue una lesión fetal, una afectación neonatal grave o la muerte de la mujer, deberá examinarse también la relación causal entre la intervención y el resultado.

El consentimiento de la paciente no excluye por sí solo la responsabilidad prevista en el artículo 106, mientras que la falta de consentimiento es central para la configuración del aborto forzado del artículo 110. A su vez, el artículo 108 identifica expresamente la intervención profesional como conducta sancionable, sin que la mera condición de médico permita presumir la comisión del delito. El artículo 111 obliga a valorar si la actuación se realizó por personal sanitario especializado, ante un peligro para la vida de la madre, del feto o de ambos, y agotando los medios científicos y técnicos disponibles. La determinación de responsabilidad debe considerar este supuesto antes de formular una conclusión penal.

En síntesis, el análisis de estos artículos debe equilibrar la protección penal prevista por la ley, la autonomía de la paciente, la prueba de los elementos del delito y la valoración de las circunstancias clínicas. La existencia de un resultado adverso, de una intervención que interrumpe el embarazo o de una denuncia no basta por sí sola para establecer responsabilidad penal, ya que esta debe fundamentarse en los elementos específicos de la disposición aplicable y en las pruebas del caso.

XII.- Mirada al sistema francés

En el país de origen de buena parte de nuestras tradiciones jurídicas, Francia, la doctrina especializada ha puesto de manifiesto que la responsabilidad penal del médico constituye una cuestión particularmente delicada, no solo por las consecuencias jurídicas que puede acarrear para el profesional, sino también por el impacto personal, psicológico y reputacional que supone verse sometido a un procedimiento de esta naturaleza. Como señalan los autores del artículo La responsabilité pénale des professionnels de santé : mythe et réalité, publicado en 2025, los procesos penales contra profesionales sanitarios, aunque representan una proporción reducida de los conflictos médico-legales, se encuentran sujetos a un marco jurídico específico que no siempre es suficientemente conocido por quienes ejercen la medicina.

La experiencia francesa evidencia que el ejercicio de la medicina no sitúa al profesional al margen del derecho penal. Por el contrario, cuando una actuación médica reúne los elementos constitutivos de una infracción legalmente prevista, puede dar lugar a responsabilidad individual, incluso cuando se haya desarrollado en el contexto de una organización hospitalaria y en colaboración con otros profesionales. Entre las infracciones que pueden comprometer dicha responsabilidad se encuentran, en particular, el homicidio involuntario, las lesiones causadas por imprudencia, la omisión de asistencia a una persona en peligro y la vulneración del secreto profesional. El ordenamiento francés contempla estas conductas, entre otras disposiciones, en los artículos 221-6, 222-19, 223-6 y 226-13 de su Código Penal.

Una de las enseñanzas fundamentales de esta doctrina consiste en distinguir la existencia de un resultado médico desfavorable de la efectiva configuración de una infracción penal. La muerte de un paciente, la aparición de una lesión o la evolución adversa de una enfermedad no determinan, por sí solas, la culpabilidad del médico. Es preciso acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal correspondiente y, cuando proceda, la infracción del deber de cuidado exigible y la relación causal jurídicamente relevante entre la conducta y el resultado. De igual modo, la responsabilidad penal no debe confundirse con la responsabilidad civil indemnizatoria ni con la responsabilidad disciplinaria, pues cada una responde a presupuestos, finalidades y consecuencias jurídicas diferentes.

En el derecho francés, además, la responsabilidad penal conserva su carácter personal. La intervención de varios profesionales en la atención de un mismo paciente no impide que se investigue individualmente la actuación de cada uno, pero tampoco autoriza a atribuir automáticamente a todos el resultado producido. La determinación de la responsabilidad exige precisar qué deber correspondía a cada interviniente, cuál fue su conducta y en qué medida concurren los presupuestos legales de imputación. Esta consideración adquiere especial importancia en los servicios hospitalarios, donde la asistencia suele desarrollarse mediante una distribución de funciones, competencias y responsabilidades entre médicos de distintas especialidades y otros integrantes del equipo sanitario.

En definitiva, en Francia, al igual que en la República Dominicana, el ejercicio de la medicina debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley, las normas profesionales y los deberes inherentes a la protección de la vida, la integridad física y la dignidad del paciente. La condición de médico no excluye la aplicación del derecho penal cuando se comete una infracción, pero tampoco permite presumir la culpabilidad a partir de un daño o de un resultado clínico adverso. La responsabilidad debe establecerse mediante un análisis individualizado de la conducta, de las circunstancias de la intervención y de los elementos exigidos por la disposición penal aplicable, con pleno respeto a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso.

La comparación con el ordenamiento francés resulta, por tanto, útil para comprender que la responsabilidad penal médica no debe concebirse como un mecanismo automático de sanción frente a todo resultado desfavorable, sino como una institución jurídica sometida a exigencias estrictas de legalidad, tipicidad, imputación personal y prueba. La prevención de los riesgos médico-legales exige, en consecuencia, que el profesional conozca las obligaciones jurídicas vinculadas a su especialidad, documente adecuadamente sus actuaciones, respete los derechos del paciente y solicite el apoyo técnico y jurídico necesario cuando las circunstancias lo requieran. Todo ello debe realizarse sin perder de vista que la medicina es una actividad compleja, en la que las decisiones clínicas se adoptan frecuentemente en condiciones de incertidumbre y cuya valoración jurídica debe atender a las circunstancias existentes en el momento de la actuación, y no exclusivamente al resultado conocido con posterioridad.

Corte de casación francesa. Conviene, al estudiar la temática de la responsabilidad penal del médico, dirigir una mirada a los criterios de la Corte de Casación francesa, al menos a los más relevantes, a modo comparativo, a fin de identificar los principios que orientan la interpretación judicial de la culpa médica, el nexo causal y la imputación penal, enriqueciendo así el análisis del ordenamiento dominicano a la luz de la experiencia jurisprudencial francesa, sin perder de vista las particularidades normativas de nuestro sistema jurídico.

La indicada alta Corte ha sostenido que el deber médico no se agota en realizar una primera evaluación diagnóstica. También puede comprender la vigilancia de la evolución clínica, la detección de complicaciones y la adopción oportuna de medidas terapéuticas (Corte de Casación, Sala Penal, de 13 de noviembre de 2002, 01-88.462). Asimismo, que cuando el médico no causa directamente el daño, su responsabilidad penal por un delito imprudente no se deriva de cualquier deficiencia profesional. Deben cumplirse las exigencias específicas previstas para la causalidad indirecta, entre ellas, según el caso, la infracción manifiestamente deliberada de una obligación particular de prudencia o seguridad o la comisión de una falta caracterizada (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 septembre 2006, pourvoi n.º 05-86.700).

De igual modo, se ha establecido ante la Corte de Casación francesa que la delegación de determinadas actuaciones a un médico en formación no excluye necesariamente la responsabilidad del profesional supervisor. Es preciso examinar las funciones que asumió, su deber de control, las alertas clínicas recibidas y su reacción ante la aparición de una complicación. Aunque, hay que decir, la sentencia no establece una responsabilidad automática del supervisor por todo error cometido por el personal en formación, sino que exige valorar concretamente su propia conducta (Cour de cassation, chambre criminelle, 10 février 2009, pourvoi n.º 08-80.679). Y que la responsabilidad penal puede derivarse no solo de una actuación material peligrosa, sino también de una omisión clínicamente relevante, como no realizar un examen necesario ante signos de alarma o retrasar injustificadamente un tratamiento indicado (Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 1999, pourvoi n.º 98-82.300).

Pero, además, la indicada alta Corte francesa ha sostenido que para atribuir penalmente una muerte al médico no basta con señalar una irregularidad profesional o un resultado adverso. Es necesario establecer el vínculo causal exigido por el delito. La valoración judicial de los informes periciales debe estar motivada y apoyarse en los hechos acreditados (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 1984, pourvoi n.º 83-94.889).En fin, como puede advertirse del muestreo jurisprudencial anterior, la línea de la Cour de cassation francesa en materia de responsabilidad penal médica se caracteriza por una interpretación rigurosa de los presupuestos de imputación penal, particularmente en lo relativo a la individualización de la conducta del profesional, la determinación del nexo causal entre la actuación médica y el resultado lesivo, y la exigencia de una culpa penalmente relevante. La jurisprudencia francesa no equipara automáticamente el resultado clínico desfavorable con la comisión de una infracción penal, sino que exige examinar las circunstancias concretas en las que se desarrolló la asistencia, las obligaciones que incumbían al médico y las diligencias que razonablemente podían exigírsele atendiendo a sus funciones, competencias y medios disponibles.

Es decir, la responsabilidad penal del médico no se fundamenta exclusivamente en la existencia de un daño, ni en la constatación retrospectiva de que otra decisión clínica habría podido conducir a un desenlace diferente. Su fundamento reside en la acreditación de una conducta que reúna los elementos de la infracción penal aplicable y que pueda ser personalmente atribuida al profesional. En este sentido, resulta especialmente ilustrativa la sentencia de la Sala de lo Penal de la Cour de cassation de 12 de septiembre de 2006, recurso núm. 05-86.700, relativa al fallecimiento de una paciente que presentaba signos clínicos indicativos de una posible evolución hacia un coma diabético. La Corte consideró que, aunque el tribunal de apelación había calificado incorrectamente como directa una causalidad que era indirecta, las circunstancias establecidas permitían apreciar una faute caractérisée, que se traduce como «culpa cualificada» o «falta especialmente grave y manifiesta»[5], consistente en exponer a la paciente a un riesgo de especial gravedad que la médica no podía ignorar. La decisión pone de manifiesto que la calificación jurídica del nexo causal resulta determinante para establecer el estándar de culpa exigible conforme al artículo 121-3 del Código Penal francés (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 septembre 2006, n.º 05-86.700).

Lo que supone, en concreto, que la investigación de una posible infracción penal médica debe identificar, en primer término, cuál era el deber profesional que incumbía al médico en las circunstancias del caso; en segundo lugar, qué acción u omisión se le atribuye; en tercer lugar, si dicha conducta constituyó una imprudencia, negligencia o infracción de una obligación legalmente relevante; y, finalmente, si existe una relación causal jurídicamente suficiente entre esa conducta y el resultado. Esta valoración debe atender a las circunstancias existentes en el momento de la intervención y evitar que el análisis se convierta en un juicio retrospectivo basado exclusivamente en el desenlace adverso.

La jurisprudencia francesa también pone de relieve que la distribución de funciones dentro de un equipo médico no elimina la responsabilidad individual de cada interviniente. En su sentencia de 10 de febrero de 2009, recurso núm. 08-80.679, la Sala de lo Penal de la Cour de cassation censuró una decisión absolutoria, porque no se había investigado suficientemente si el médico responsable de supervisar una intervención realizada por una médica interna había cometido una falta directamente relacionada con el fallecimiento de la paciente. La Corte destacó la necesidad de examinar el deber de control que incumbía al profesional supervisor, sin que la intervención de un médico en formación permitiera excluir de antemano la posible responsabilidad de quien dirigía o supervisaba el procedimiento (Cour de cassation, chambre criminelle, 10 février 2009, n.º 08-80.679).

Por consiguiente, ha de concluirse que la experiencia jurisprudencial francesa confirma la necesidad de distinguir entre el riesgo propio de la actividad médica, el incumplimiento de los deberes profesionales y la infracción penal propiamente dicha. La medicina se desarrolla frecuentemente en condiciones de incertidumbre científica, urgencia y complejidad clínica; por ello, la evaluación jurídica de una actuación debe considerar los conocimientos disponibles, la información clínica accesible, las competencias del profesional, los medios a su disposición y la naturaleza de las decisiones que debía adoptar. Sin embargo, estas circunstancias no excluyen la responsabilidad cuando se acredita que el médico omitió diligencias exigibles o incurrió en una conducta que satisface el estándar de culpa establecido por la ley penal.

Esta orientación resulta igualmente relevante para la República Dominicana, donde el examen de la responsabilidad penal médica debe realizarse conforme al principio de legalidad, la presunción de inocencia, la responsabilidad personal y los requisitos de imputación previstos en el Código Penal. La jurisprudencia francesa puede aportar criterios comparativos útiles para interpretar la culpa, la causalidad y los deberes de vigilancia, diagnóstico y supervisión, pero no sustituye las disposiciones dominicanas ni permite trasladar automáticamente las soluciones adoptadas por los tribunales franceses. En definitiva, tanto en Francia como en nuestro ordenamiento, la determinación de responsabilidad penal exige algo más que la comprobación de un resultado adverso, requiere demostrar, con arreglo a la ley aplicable y mediante prueba suficiente, que la conducta individual del profesional reúne los elementos constitutivos de una infracción penal.

XIII.- La interrelación entre la responsabilidad civil y penal del médico: autonomía, concurrencia y límites

En Francia, en un artículo titulado Quelques aspects actuels de l’ambivalence des responsabilités pénale et civile du praticien[6], se ha expuesto, con particular sentido crítico, que la evolución de la relación médico-paciente, el fortalecimiento del derecho a la información y la creciente preocupación por la reparación de los daños en el contexto del ejercicio de la medicina han contribuido a transformar sustancialmente el régimen de responsabilidad del profesional médico. La doctrina francesa advierte, asimismo, sobre las tensiones que suscita la coexistencia de las responsabilidades civil y penal, especialmente cuando unos mismos hechos pueden recibir calificaciones jurídicas distintas según la finalidad y los presupuestos de cada régimen.

Y, en efecto, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal del médico, aun cuando puedan tener su origen en una misma actuación profesional, responden a fundamentos, exigencias y finalidades diferentes. Mientras la primera procura, esencialmente, la reparación del daño sufrido por el paciente, la segunda exige la comprobación de una infracción previamente establecida por la ley y la concurrencia de los elementos constitutivos necesarios para atribuirla personalmente al profesional. De ahí que la existencia de un daño indemnizable no determine, por sí sola, la comisión de un delito, del mismo modo que la ausencia de condena penal no excluye necesariamente toda posibilidad de responsabilidad civil. La articulación entre ambas jurisdicciones debe preservar, por tanto, la reparación efectiva de las víctimas sin desdibujar los principios de legalidad, culpabilidad, causalidad y presunción de inocencia que limitan el ejercicio del poder punitivo del Estado.

En la República Dominicana, en esa misma línea, el análisis de la responsabilidad médica debe partir de la necesaria diferenciación entre los planos civil, penal, disciplinario y, cuando corresponda, administrativo, sin desconocer que una misma conducta puede producir consecuencias jurídicas concurrentes. Esta distinción resulta particularmente relevante para evitar que el resultado adverso de una intervención médica se convierta, por sí solo, en fundamento suficiente de una imputación penal. La determinación de responsabilidad exige examinar las circunstancias concretas de la actuación, los deberes profesionales aplicables, el nexo causal y los presupuestos específicos de la infracción invocada, conforme al ordenamiento dominicano. En definitiva, la protección de los derechos del paciente y la exigencia de responsabilidad por los daños injustamente ocasionados deben armonizarse con la seguridad jurídica del galeno, de modo que la reparación civil no se confunda con la sanción penal ni esta última se imponga al margen de las garantías fundamentales del derecho represivo.

Finalmente, conviene precisar que, atendiendo a la estrategia procesal y a los intereses de la víctima, cuando un mismo hecho atribuible al profesional de la medicina sea susceptible de generar responsabilidad penal y civil, ambas pretensiones pueden, en los términos y condiciones establecidos por la legislación procesal penal dominicana, hacerse valer ante la jurisdicción penal. En efecto, el ordenamiento reconoce a la víctima la facultad de intervenir en el proceso penal como querellante, a fin de ejercer las atribuciones procesales que le corresponden en la persecución del hecho punible, y de constituirse, además, en actor civil, con el propósito de obtener la reparación de los daños y perjuicios derivados de aquel.

Se trata, en rigor, de pretensiones jurídicamente diferenciadas, aunque susceptibles de articulación en un mismo proceso: la acción penal persigue la determinación de la responsabilidad penal del imputado y, en su caso, la imposición de las sanciones legalmente previstas; la acción civil, por su parte, tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados. De ahí que la víctima pueda acumular ambas vías de intervención procesal cuando concurran los presupuestos legales correspondientes, mediante la constitución en querellante y actor civil, figura que en la práctica forense suele identificarse como querella con constitución en actor civil.

Esta posibilidad contribuye a la economía procesal y permite que el órgano jurisdiccional penal conozca, dentro del marco de sus competencias, tanto de la pretensión punitiva como de la pretensión resarcitoria, sin que ello suponga confundir sus respectivos fundamentos ni sus exigencias probatorias. En todo caso, la constitución en actor civil debe satisfacer los requisitos de forma, contenido y oportunidad previstos en el Código Procesal Penal en su última versión (Ley núm. 97-25, art. 119 y siguientes), y la reclamación indemnizatoria debe guardar relación con los daños derivados del hecho punible atribuido.

XIV.- Conclusión

La responsabilidad penal del médico constituye una de las manifestaciones más delicadas del encuentro entre el derecho y la práctica de la medicina, en la medida en que convergen bienes jurídicos de la máxima relevancia, tales como la vida, la salud, la integridad física y la dignidad de las personas, con una actividad profesional que, por su propia naturaleza, se desarrolla frecuentemente en condiciones de incertidumbre científica, urgencia clínica y complejidad decisional. Esta singularidad exige que la interpretación y aplicación de las normas que regulan la responsabilidad médica se realicen con especial rigor jurídico, sin desconocer, por una parte, el derecho de los pacientes a recibir una asistencia diligente, segura y respetuosa de su autonomía y, por otra, la necesidad de preservar las condiciones que permitan al profesional médico ejercer la medicina con independencia de criterio, seguridad jurídica y confianza razonable en el ordenamiento.

El reconocimiento del derecho a la reparación de los daños ocasionados por una actuación médica no debe conducir a confundir el resultado adverso con la existencia automática de una infracción penal. La medicina no es una ciencia de resultados infalibles, sino una actividad científica y profesional orientada a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y, en la medida de lo posible, la curación de las enfermedades, cuyos resultados pueden verse condicionados por factores biológicos, por la evolución imprevisible de determinadas patologías y por las limitaciones inherentes al conocimiento y a los recursos disponibles. En consecuencia, el fallecimiento de un paciente, la aparición de una complicación o el fracaso de un tratamiento no constituyen, por sí solos, fundamento suficiente para atribuir responsabilidad penal (ni civil) al médico. Es indispensable, en lo que al aspecto represivo respecta, acreditar una conducta subsumible en una infracción legalmente establecida, la concurrencia de sus elementos constitutivos y la imputación personal del hecho conforme a las exigencias del ordenamiento aplicable.

Esta consideración no pretende erigir la complejidad de la práctica médica en una suerte de inmunidad profesional, ni debilitar los mecanismos de protección de quienes sufren las consecuencias de una actuación sanitaria negligente. Antes bien, persigue situar la exigencia de responsabilidad en su adecuado marco constitucional y jurídico. Cuando el profesional incumple los deberes que le son exigibles, incurre en una imprudencia penalmente relevante, omite una actuación indispensable ante un peligro que debía atender o vulnera deliberadamente los derechos del paciente en los términos previstos por la ley, la respuesta jurídica debe ser efectiva y proporcional a la naturaleza de la infracción y a las consecuencias producidas. La protección del médico frente a imputaciones infundadas y la protección del paciente frente a actuaciones ilícitas no son objetivos incompatibles: ambos encuentran su fundamento en la aplicación racional, individualizada y garantista del derecho.

En este contexto, resulta esencial distinguir la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, aun cuando ambas puedan originarse en unos mismos hechos. La primera se orienta primordialmente a reparar el daño injustamente causado, mientras que la segunda responde a la necesidad de sancionar conductas que reúnen los elementos de una infracción penal y cuya atribución personal ha sido debidamente acreditada. Por ello, una misma actuación médica puede dar lugar a consecuencias civiles sin constituir necesariamente delito, del mismo modo que la valoración de la responsabilidad penal debe realizarse conforme a sus propios presupuestos y garantías. La coexistencia de ambas responsabilidades exige, por tanto, una interpretación sistemática que impida tanto la impunidad de las conductas jurídicamente reprochables como la expansión desproporcionada del poder punitivo sobre actuaciones que, aun pudiendo suscitar controversias o generar daños indemnizables, no satisfacen los requisitos legales de una infracción penal.

La experiencia del ordenamiento francés, particularmente su doctrina y jurisprudencia sobre la culpa médica, la causalidad y la responsabilidad por imprudencia, ofrece elementos de reflexión valiosos para esta tarea. Su utilidad comparativa reside en mostrar la importancia de diferenciar el error clínico, el incumplimiento de los deberes profesionales y la culpa penalmente relevante, así como de examinar individualmente la conducta de cada interviniente y la relación causal entre su actuación y el resultado. Estos criterios no deben trasladarse mecánicamente al ordenamiento dominicano, cuyas normas conservan su propia autonomía, pero sí pueden contribuir a una comprensión más precisa de los límites de la imputación penal y de la necesidad de evitar que la valoración jurídica de la actividad sanitaria se fundamente exclusivamente en una apreciación retrospectiva del desenlace clínico.

La razonabilidad en la interpretación de las normas penales adquiere, por consiguiente, una importancia decisiva. Interpretar razonablemente no significa suavizar injustificadamente la responsabilidad del médico, relativizar los derechos del paciente ni introducir excepciones que la ley no contempla. Significa, por el contrario, aplicar con fidelidad los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, causalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, a los conocimientos científicos disponibles en el momento de la actuación, a los deberes profesionales exigibles y a las posibilidades reales de intervención. Supone, asimismo, evitar que el conocimiento posterior de un resultado desfavorable transforme automáticamente una decisión clínica discutible en una conducta delictiva, sin perjuicio de que la investigación y la prueba puedan revelar una infracción efectivamente sancionable.

No puede desconocerse, además, que una interpretación imprevisible o excesivamente expansiva de la responsabilidad penal puede generar en los profesionales sanitarios un temor desproporcionado a las consecuencias jurídicas de sus decisiones. Cuando el médico percibe que cualquier complicación puede convertirse, sin una evaluación rigurosa de los hechos, en fundamento de una imputación criminal, existe el riesgo de que adopte una práctica defensiva: solicitar pruebas o interconsultas innecesarias, evitar pacientes de especial complejidad, retrasar decisiones urgentes por temor a una eventual reclamación o renunciar a determinadas intervenciones aun cuando pudieran estar clínicamente indicadas. Tales comportamientos, además de perjudicar la autonomía profesional, pueden comprometer la oportunidad, la calidad y la eficiencia de la asistencia médica. Y hay que decir que la prevención de este fenómeno no requiere debilitar la tutela judicial de los pacientes, sino asegurar que la responsabilidad se determine mediante criterios jurídicos previsibles, prueba suficiente y una diferenciación rigurosa entre las distintas formas de responsabilidad.

Del mismo modo, la protección del profesional no puede erigirse en obstáculo para que la víctima conozca la verdad de lo sucedido, obtenga una reparación adecuada y, cuando corresponda, promueva la persecución penal de una conducta ilícita. El paciente no debe soportar las consecuencias de una negligencia probada por el solo hecho de que la medicina sea una actividad compleja, ni la institución sanitaria o el profesional pueden ampararse en la incertidumbre clínica para eludir deberes que resultaban exigibles. La respuesta equilibrada requiere procedimientos eficaces, peritajes técnicamente solventes, motivaciones judiciales suficientes y una valoración objetiva de la historia clínica, de la información disponible y de las decisiones adoptadas. También exige distinguir los riesgos inherentes a una actuación correctamente indicada de aquellos daños que derivan de un incumplimiento jurídicamente relevante.

En definitiva, el desafío del derecho médico contemporáneo consiste en construir un equilibrio efectivo entre la protección de los pacientes y la preservación de un ejercicio profesional responsable, libre y seguro. No se trata de escoger entre la víctima y el médico, como si la tutela de uno exigiera necesariamente sacrificar al otro, sino de reconocer que ambos necesitan un sistema jurídico que funcione con rigor, previsibilidad y proporcionalidad. El paciente tiene derecho a que sus lesiones no queden sin reparación y a que las conductas constitutivas de delito sean perseguidas conforme a la ley; el médico tiene derecho a que su actuación sea juzgada individualmente, con respeto a las garantías procesales y sin convertir el resultado adverso en una presunción de culpabilidad.

Por ello, una política jurídica adecuada en materia de responsabilidad médica debe combinar la reparación efectiva del daño, la sanción de las infracciones debidamente acreditadas, la prevención de las conductas negligentes y la seguridad jurídica indispensable para el ejercicio de la profesión. La responsabilidad civil ha de cumplir su función resarcitoria sin convertirse en un instrumento de enriquecimiento injustificado; la responsabilidad penal debe reservarse para las conductas que satisfagan los presupuestos estrictos establecidos por la ley, sin ser utilizada como mecanismo de presión indemnizatoria ni como respuesta automática frente a la insatisfacción del paciente. Paralelamente, la formación continua, la documentación clínica adecuada, el consentimiento informado, la comunicación transparente y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad del paciente deben ocupar un lugar central en la prevención de los conflictos médico-legales.

En última instancia, una justicia médica verdaderamente equilibrada es aquella que protege al paciente sin criminalizar el riesgo legítimo de la práctica clínica, y que ampara al profesional sin tolerar la negligencia ni la impunidad. La interpretación razonable de la norma no constituye una concesión a los intereses de una de las partes, sino una exigencia del propio Estado de derecho. Solo mediante una aplicación rigurosa, proporcionada y humanamente consciente de la responsabilidad civil y penal será posible garantizar simultáneamente la dignidad de quienes acuden a los servicios de salud, el derecho a la reparación de las víctimas y la confianza y serenidad que los médicos necesitan para adoptar, sin temor injustificado, las decisiones que exige el cuidado de la vida humana.


[1] Ha de entenderse por «medicina defensiva», en este contexto, la adopción de decisiones clínicas motivadas, primordialmente, por el temor a eventuales consecuencias judiciales o sanciones legales, antes que por las necesidades terapéuticas del paciente. Según ha advertido el Colegio Médico Dominicano, esta práctica podría traducirse en la prescripción de pruebas diagnósticas o procedimientos adicionales para reducir la exposición a reclamaciones, en la postergación de decisiones médicas complejas o en la evitación de determinadas especialidades y actuaciones de mayor riesgo jurídico, con el potencial efecto de incrementar los costos sanitarios, dificultar la adopción oportuna de decisiones clínicas y limitar el acceso de la población a servicios médicos especializados.

[2] Sobre la denuncia tramitada por los galenos mediante el CMD, ver en línea: CMD alega nuevo Código Penal podría criminalizar ejercicio médico – Diario Libre

[3] Entendiendo por dignidad humana el valor intrínseco, inherente e inalienable de toda persona, que la constituye en un fin en sí misma y proscribe su instrumentalización al servicio de intereses ajenos, aun cuando estos se invoquen en nombre del progreso científico. En este contexto concreto, la dignidad humana, justamente, exige reconocer a la persona como sujeto autónomo de derechos y no como mero objeto de experimentación, subordinando toda investigación biomédica al respeto de su voluntad, integridad física y psíquica y autodeterminación, en consonancia con los derechos fundamentales y las garantías propias del Estado constitucional de derecho.

[4] Entendiendo por derecho de autodeterminación, en suma, la facultad inherente a toda persona de decidir libremente sobre su propia existencia, su cuerpo y las intervenciones que puedan afectar su integridad física y psíquica, con pleno respeto a su autonomía y sin injerencias carentes de fundamento jurídico. En este caso, justamente, se traduce en el derecho del paciente a decidir, de manera libre e informada, si acepta someterse a una experimentación biomédica, así como a revocar su consentimiento en los términos legalmente reconocidos, sin que el interés científico pueda prevalecer, por sí solo, sobre su voluntad y dignidad personal.

[5] Es una categoría jurídica que permite determinar la responsabilidad penal por ciertos delitos imprudentes cuando el autor no ha causado directamente el daño.

[6] Hennion-Jacquet Patricia, Algunos aspectos actuales de la ambivalencia de las responsabilidades penales y civiles del profesional, RGDM, n°14, 2004, p.285-306

La jurisdicción de envío en el recurso de casación: evolución del modelo dominicano bajo las leyes núms. 3726 y 2-23 y una mirada comparada al derecho francés y español

Sumario

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La Ley núm. 2-23, de Recurso de Casación, transforma la jurisdicción de envío en una verdadera fase procesal, con reglas propias sobre apoderamiento, plazos, instrucción, alcance del juzgamiento y recursos. Se analiza sus principales novedades, los límites del tribunal de envío, la autoridad de la Corte de Casación, el papel de las Salas Reunidas y, especialmente, la prohibición del tercer reenvío como regla de cierre del proceso. Desde una perspectiva comparada, se examina cómo el nuevo modelo dominicano busca equilibrar la corrección jurídica y la función unificadora de la casación con la seguridad jurídica, el derecho de defensa y la necesidad de una decisión definitiva. En definitiva, una aproximación enfocada a la cuestión de saber hasta dónde puede llegar el tribunal de envío y dónde debe terminar el litigio.

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Palabras claves

Jurisdicción de envío, recurso de casación, Ley núm. 2-23, Ley núm. 3726-53, tribunal de envío, reenvío, Corte de Casación, Salas Reunidas, tercer reenvío, seguridad jurídica, cosa juzgada.

Contenido

I.- Mirada preliminar: la transformación del régimen del tribunal de envío, II.- Modelo de la jurisdicción de envío con la vigente Ley núm. 2-23 de Recurso de Casación, III.- La jurisdicción de envío y la prohibición del tercer envío, III.1.- Mirada comparada: modelos francés y español, IV.- Trámite de la jurisdicción de envío bajo la Ley núm. 2-23: pasos, cargas y efectos procesales, V.- Cierre conceptual.

I.- Mirada preliminar: la transformación del régimen del tribunal de envío

Una primera aproximación a la jurisdicción de envío bajo la Ley núm. 2-23 permite advertir que no estamos simplemente ante una reordenación formal de las reglas que tradicionalmente regían el reenvío bajo la Ley núm. 3726-53. El legislador de 2023 rediseñó sustancialmente esta fase del proceso, pasando de un régimen relativamente escueto, concentrado fundamentalmente en los artículos 20 y siguientes de la antigua legislación, a una regulación autónoma y mucho más detallada, contenida en los artículos 62 a 75. La propia Ley núm. 2-23, como sabemos, derogó expresamente la Ley núm. 3726 y sus modificaciones.

Bajo la antigua Ley núm. 3726-53, el reenvío aparecía concebido esencialmente como una consecuencia de la casación, esto es, anulada la sentencia, la causa era enviada a otro tribunal del mismo grado o categoría, y el artículo 20 regulaba, principalmente, los efectos de una eventual segunda casación. La jurisprudencia llegó a precisar, por ejemplo, que cuando la segunda sentencia era casada por el mismo motivo que la primera, el segundo tribunal debía conformarse estrictamente con la decisión de la Suprema Corte respecto del punto de derecho juzgado[1].

La Ley núm. 2-23 introduce, en cambio, una verdadera disciplina procesal del envío. Ya no se limita a determinar cuál tribunal conocerá nuevamente el asunto, sino que regula cómo nace la instancia, dentro de qué plazo debe activarse, cómo se integra el expediente, cómo se convoca a las partes, qué ocurre con los documentos desglosados, qué sucede ante la ausencia de la sentencia apelada o del recurso de apelación, cómo se reanuda la instrucción, cuáles medios pueden formularse nuevamente, cuál es la extensión del reenvío, cuándo perime la instancia y qué recursos proceden contra la nueva decisión.

Esto permite afirmar, preliminarmente, que la Ley núm. 2-23 procesaliza y autonomiza la jurisdicción de envío.  Bajo el régimen anterior, el reenvío se producía fundamentalmente como consecuencia del dispositivo de la sentencia de casación. La Ley núm. 2-23 introduce una cuestión nueva y de gran importancia práctica, que es que la jurisdicción de envío debe ser formalmente apoderada mediante una instancia de fijación de audiencia, acompañada de copia certificada e íntegra del fallo casacional. Y, más aún, el legislador establece un plazo especial de tres meses, contado desde la notificación de la sentencia de casación con envío, cuya inobservancia genera inadmisibilidad. El plazo, además, corre contra quien realiza la notificación. La sanción puede ser suplida de oficio o pronunciada a pedimento de parte y, en determinados supuestos, produce como consecuencia que la sentencia de primera instancia recobre fuerza de cosa juzgada.

Aquí aparece una diferencia cualitativa respecto del régimen tradicional: el legislador ya no concibe el reenvío como una consecuencia procesal que permanece indefinidamente abierta después de la casación, sino como una instancia que debe ser activada dentro de un término determinado, en interés de la certeza y de la estabilidad de las situaciones jurídicas; pero también hay que resaltar que con la Ley 2-23 cambia el régimen de la notificación En efecto, la referida ley incorpora una exigencia que merece particular atención, y es que la sentencia de casación con envío debe notificarse directamente a la parte y a su abogado constituido, bajo pena de nulidad, haciendo constar expresamente el plazo de tres meses y la forma de apoderar la jurisdicción de envío.

Esta exigencia revela una concepción más garantista del tránsito entre la casación y el nuevo juzgamiento. No basta con que exista formalmente una sentencia de casación, debe asegurarse que quienes soportarán sus efectos conozcan su contenido, su alcance y las cargas procesales que de ella se derivan. Esta preocupación ya había sido reconocida por la jurisprudencia respecto del régimen anterior, particularmente desde la perspectiva del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva.

Igualmente, resulta de interés resaltar que con el sistema de la jurisdicción de envío instaurado por la Ley núm. 2-23 aparecen sanciones procesales específicamente vinculadas al envío. Justamente,otro elemento novedoso es la multiplicación y precisión de las consecuencias procesales, y es que la vigente legislación contempla, entre otras, la inadmisibilidad por falta de apoderamiento dentro de los tres meses, la recuperación de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia de primera instancia en el supuesto previsto por el artículo 63, la nulidad de la notificación defectuosa del fallo de casación, la inadmisibilidad del recurso de apelación cuando, requerido el depósito de la sentencia apelada y del recurso, este no sea realizado, la perención de la instancia de envío por seis meses de inactividad, la inadmisibilidad del recurso de casación cuando el tribunal de envío se limita a adoptar pura y simplemente la doctrina del primer fallo casacional y reglas especiales para una segunda casación y para los medios mixtos.

Por consiguiente, ha de convenirse en que la vigente Ley núm. 2-23 no solo organiza el reenvío, también disciplina las consecuencias de la inactividad, de la omisión documental y del ejercicio inadecuado de los recursos. Pero, además, se modifica igualmente la concepción temporal de la instancia. En efecto, particularmente significativo es el artículo 72, que establece que la instancia de envío se extingue por inactividad durante seis meses, aun cuando no haya habido constitución de abogado, con una extensión excepcional de un mes en los supuestos previstos por la norma. Esto es importante porque, bajo el nuevo sistema, la instancia de envío queda sometida a una auténtica carga de impulso procesal. La casación no mantiene indefinidamente abierta la controversia, ya que, una vez iniciado el nuevo procedimiento ante la jurisdicción de envío, las partes deben asumir la diligencia necesaria para conducirlo hasta su decisión.

De igual modo, merece la pena en esta mirada preliminar del estudio comparado entre el viejo y el vigente régimen de envío en sede casacional, resaltar que cambia también la concepción del conocimiento que realiza el tribunal de envío, y la diferencia probablemente más trascendente no es temporal ni sancionatoria, sino conceptual.Lo afirmamos, porquela Ley núm. 3726 permitía comprender el reenvío desde la lógica clásica de la casación-anulación y remisión del expediente a otro tribunal del mismo grado. La Ley núm. 2-23 expresa ahora, en su artículo 71, que el asunto debe ser juzgado nuevamente en hecho y en derecho, «como si no hubiese sido objeto de ningún examen», con exclusión de los puntos no alcanzados por la casación.

Esta formulación otorga a la jurisdicción de envío una verdadera función jurisdiccional de conocimiento, aunque limitada por el alcance objetivo de la casación. Por ejemplo, si la casación únicamente alcanza la interpretación jurídica dada a un contrato, el tribunal de envío vuelve a conocer la controversia dentro de ese ámbito y puede examinar los hechos y elementos probatorios pertinentes; pero no puede reabrir una cuestión que quedó definitivamente fuera de la casación. La fórmula legal procura, de esta manera, conciliar dos exigencias, que son: plenitud del nuevo juzgamiento y autoridad de la cosa juzgada sobre lo no casado.

En definitiva, la mirada comparada permite sostener que la Ley núm. 2-23 representa un cambio de paradigma respecto de la Ley núm. 3726-53, porque, como hemos visto, se pasa de un modelo en el que el reenvío estaba regulado fundamentalmente como consecuencia de la casación, a un sistema en el que la jurisdicción de envío constituye una fase procesal específicamente reglamentada, con apoderamiento propio, plazo de activación, régimen de notificación, deberes de las secretarías, reglas de reconstrucción del expediente, reinicio de la instrucción, delimitación de medios y pretensiones, perención y régimen particular de recursos. Y esto explica por qué, al estudiar hoy el tribunal de envío, no resulta suficiente trasladar mecánicamente la jurisprudencia construida al amparo de la Ley núm. 3726.

Aquella jurisprudencia conserva valor para comprender instituciones como el alcance de la casación, la autoridad del punto de derecho juzgado y los límites del reenvío, pero debe ser confrontada con el nuevo diseño legislativo cuando se trate de plazos, cargas procesales, sanciones, apoderamiento, perención y recursos, materias en las que la Ley núm. 2-23 ha establecido soluciones expresas y, en varios aspectos, novedosas. En ese sentido, puede afirmarse que la gran novedad de la Ley núm. 2-23 no consiste solamente en cambiar el régimen de la casación, sino en haber convertido el tránsito entre la casación y el nuevo juzgamiento en una institución procesal dotada de reglas propias. Es precisamente en ese punto donde se advierte con mayor claridad la influencia del modelo comparado que inspira la reforma y, al mismo tiempo, la adaptación de esa técnica al sistema procesal dominicano.

II.- Modelo de la jurisdicción de envío con la vigente Ley núm. 2-23 de Recurso de Casación.

La jurisdicción de envío, tal como hemos adelantado en el apartado preliminar, constituye la expresión procesal de la eficacia de la casación con envío, en el sentido de que, una vez anulada la decisión impugnada, el litigio retorna a una jurisdicción llamada a juzgarlo nuevamente en hecho y en derecho, dentro de los límites fijados por la sentencia de casación. La Ley núm. 2-23, particularmente en sus artículos 62 a 75, configura así una verdadera fase autónoma del proceso, aunque funcionalmente vinculada a las actuaciones desarrolladas antes de la casación.

El mecanismo puede comprenderse mediante un ejemplo sencillo: si un tribunal de apelación decide una controversia inmobiliaria y la Corte de Casación casa esa decisión con envío, el proceso no termina con la casación. La sentencia anulada deja de producir efectos en aquello que fue alcanzado por la casación y el litigio debe ser conocido nuevamente por la jurisdicción de envío. Esta no constituye una instancia destinada a ejecutar mecánicamente lo decidido por la Corte de Casación, sino el órgano jurisdiccional encargado de reconstruir y decidir nuevamente la controversia, respetando, naturalmente, la autoridad de la sentencia de casación y el ámbito exacto de la anulación.

La Ley núm. 2-23 establece, ante todo, un sistema de apoderamiento y reactivación procesal. Conforme a los artículos 62 y 63, la jurisdicción de envío queda apoderada mediante instancia de fijación de audiencia, acompañada de copia certificada e íntegra de la sentencia de casación con envío. Como regla, dicho apoderamiento debe producirse dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la sentencia de casación, bajo sanción de inadmisibilidad, salvo que la jurisdicción haya sido apoderada con anterioridad a dicha notificación. La regulación procura evitar que una casación favorable permanezca indefinidamente sin consecuencia procesal y, al mismo tiempo, proporciona certeza acerca del momento en que debe reanudarse el litigio.

Un aspecto particularmente relevante es que la sentencia de casación con envío atribuye competencia a la jurisdicción de envío. El artículo 68 dispone que esta solo puede ser cuestionada cuando la propia cuestión competencial haya constituido objeto del debate ante la Corte de Casación. De este modo, la sentencia de casación no solamente determina la necesidad de un nuevo juzgamiento, sino que delimita el órgano jurisdiccional llamado a realizarlo. Se protege así la seguridad jurídica, el principio del juez natural y la estabilidad de las reglas de competencia, evitando que, una vez producida la casación, la nueva instancia se convierta en una oportunidad para reabrir indiscriminadamente cuestiones competenciales ya superadas.

El punto neurálgico se encuentra, sin embargo, en el alcance del envío. El artículo 71 dispone que el asunto debe ser juzgado nuevamente «en hecho y en derecho», como si no hubiese sido objeto de examen, pero con exclusión de los puntos no alcanzados por la casación. Esta fórmula requiere distinguir entre dos planos, que son, por una parte, aquello que quedó definitivamente fuera del ámbito de la casación y, por otra, aquello que debe ser nuevamente examinado por la jurisdicción de envío. Por ejemplo, si una sentencia de apelación reconoció la existencia de un contrato, pero rechazó sus efectos jurídicos por una determinada interpretación normativa, y la Corte de Casación casa únicamente esa segunda cuestión y envía el asunto, la jurisdicción de envío no está llamada a desconocer aquello que quedó fuera de la casación. Debe volver a examinar el litigio en el ámbito abierto por la casación, pudiendo valorar nuevamente los hechos y las pruebas relevantes para resolver ese ámbito, pero sin convertir el envío en una vía indirecta para revisar cuestiones que adquirieron autoridad de cosa juzgada.

De ahí que la jurisdicción de envío no sea ni una simple jurisdicción ejecutora de la Corte de Casación ni una jurisdicción completamente desvinculada de lo decidido por ella. Su posición es intermedia, ya que recobra plenitud jurisdiccional sobre el ámbito casado, pero dentro de los límites objetivos impuestos por la sentencia de casación. Esta distinción resulta esencial para armonizar el efecto devolutivo propio del nuevo juzgamiento con la autoridad que corresponde a la Corte de Casación como órgano de unificación de la interpretación jurídica. Y hay que decir que la propia estructura de los artículos 67 y 69 confirma esa naturaleza.

En efecto, la instrucción se reinicia en el estado del procedimiento no afectado por la casación y las partes deben tener la oportunidad de concluir nuevamente ante los jueces de envío. Pueden incluso invocar nuevos medios, mientras que las nuevas pretensiones quedan sometidas a las reglas que regían ante la jurisdicción cuya decisión fue casada. Por tanto, la casación no congela el proceso en el estado exacto en que se encontraba antes de la sentencia casada, sino que abre una nueva fase en la cual la controversia debe ser nuevamente sometida al contradictorio dentro de los límites establecidos por la ley y por el fallo casacional.

Lo anterior explica también el artículo 71, párrafo, cuando impide introducir nuevamente defensas o excepciones que ya fueron planteadas sin éxito ante el tribunal subrogado y respecto de las cuales la Corte de Casación se pronunció, pues en tal supuesto la cuestión ha adquirido autoridad de cosa juzgada. La jurisdicción de envío debe, por consiguiente, distinguir entre lo que fue casado, lo que no fue alcanzado por la casación y lo que fue definitivamente juzgado. Y desde una perspectiva comparada, esta construcción guarda relación con la tradición francesa del renvoi après cassation, en la cual la jurisdicción de reenvío vuelve a conocer el litigio dentro de los límites de la casación, y también con la concepción española del recurso de casación y sus efectos sobre la sentencia impugnada.

La Ley núm. 2-23 se aproxima particularmente a esta última tradición en la sistematización de una verdadera jurisdicción de envío, con reglas expresas sobre su apoderamiento, instrucción, competencia, extensión del nuevo examen y recursos contra su decisión. La influencia francesa, sin embargo, resulta perceptible en la importancia concedida a la delimitación de los efectos de la casación y a la autoridad que conserva la decisión casacional sobre los puntos definitivamente resueltos. La regulación dominicana presenta, además, una particularidad de considerable importancia, y es que la segunda casación no opera como una repetición ordinaria de la primera.

El artículo 75 distingue según la conducta jurídica asumida por la jurisdicción de envío. Si esta adopta pura y simplemente la doctrina del primer fallo de casación y se limita a decidir sobre ese punto, el nuevo recurso resulta inadmisible. Si, por el contrario, se aparta de esa doctrina, el segundo recurso queda circunscrito al punto de derecho que motivó la primera casación y corresponde a las Salas Reunidas. Y cuando la nueva sentencia aborda otros puntos de derecho distintos del que provocó la primera casación, el recurso puede ser conocido respecto de esos nuevos puntos por la Sala competente según la materia. La norma culmina con una regla especial para los recursos que contengan medios de casación mixtos, atribuyendo competencia al órgano de las Salas Reunidas.

A partir de todo lo anterior, puede sintetizarse el funcionamiento del instituto en cuatro momentos: primero, la Corte de Casación anula la decisión dentro del alcance de los agravios acogidos; segundo, se apodera la jurisdicción de envío conforme a los artículos 62 y siguientes; tercero, esta reabre el contradictorio y juzga nuevamente los hechos y el derecho dentro del ámbito que la casación dejó abierto; y, cuarto, contra su decisión se aplican las reglas particulares de los artículos 74 y 75, que preservan tanto la autoridad del primer fallo casacional como la posibilidad de controlar jurídicamente los nuevos aspectos que puedan surgir.

En definitiva, la jurisdicción de envío representa el punto de articulación entre la función nomofiláctica de la Corte de Casación y la función jurisdiccional de conocimiento del tribunal de envío. La primera fija el alcance jurídico de la casación; la segunda restablece el ejercicio jurisdiccional sobre la controversia, dentro de ese marco. La correcta comprensión de esta relación resulta indispensable para preservar simultáneamente el derecho de defensa, el principio de contradicción, el juez natural, la seguridad jurídica, la autoridad de la cosa juzgada y la tutela judicial efectiva, evitando tanto que la jurisdicción de envío desconozca lo decidido por la Corte de Casación como que esta sea utilizada para reabrir materias que quedaron definitivamente fuera del ámbito de la anulación.

III.- La jurisdicción de envío y la prohibición del tercer envío

La regulación de la jurisdicción de envío contenida en los artículos 62 a 75 de la Ley núm. 2-23 debe ser leída conjuntamente con los artículos 76 a 78, pues estos últimos completan el régimen jurídico de la circulación del litigio después de la casación. En efecto, aunque el artículo 78 se encuentre formalmente situado dentro del «procedimiento ante las Salas Reunidas», su contenido no es extraño a la jurisdicción de envío; por el contrario, constituye el límite final del sistema de reenvíos diseñado por la propia ley.

El artículo 78 dispone categóricamente: «En ningún caso, sea cual fuere el motivo de casación, podrá producirse un tercer reenvío». Y agrega que, cuando tenga lugar una tercera casación dentro del ciclo procesal de un mismo litigio, corresponderá a las Salas Reunidas dictar sentencia directa sobre el fondo[2], poniendo fin a la controversia. La regla debe entenderse, por tanto, no como una disposición aislada sobre competencia interna de la Suprema Corte de Justicia, como sede casacional, sino como una regla de cierre del itinerario procesal de la controversia, ¿pero por qué el artículo 78 interesa directamente a la jurisdicción de envío? Porque cada envío supone la apertura de una nueva fase de conocimiento ante un tribunal de fondo.

El esquema puede visualizarse de manera sencilla en diez momentos procesales:1.- Primera decisión de fondo, 2.- Primera casación, 3.- Primera jurisdicción de envío, 4.- Segunda decisión, 5.- Segunda casación, 6.- Segundo tribunal de envío, 7.- Tercera decisión, 8.- Tercera casación, 9.- Salas Reunidas, 10.- decisión directa sobre el fondo. La Ley núm. 2-23 permite, de esta manera, que el litigio sea objeto de dosoportunidades de reenvío, pero impide que, después de una tercera casación, vuelva nuevamente a otro tribunal de envío.

Esto explica la conexión entre los artículos 71 y 73, por un lado, y el artículo 78, por otro. Los primeros reconocen a la jurisdicción de envío capacidad para volver a juzgar el asunto en hecho y en derecho, dentro del alcance de la casación; el segundo establece el límite temporal y funcional de esa potestad de nuevo juzgamiento. En otras palabras, la jurisdicción de envío tiene plenitud jurisdiccional dentro del ámbito del reenvío, pero no tiene capacidad para generar indefinidamente nuevos ciclos de reenvío. Y es importante tener en cuenta que el artículo 77 prepara la aplicación del artículo 78, y es que el artículo 77 constituye el puente inmediato entre la segunda casación y la prohibición del tercer envío, disponiendo que, si la segunda sentencia es casada con envío por el mismo motivo que la primera, el segundo tribunal al cual se reenvíe el asunto debe atenerse estrictamente a la decisión de las Salas Reunidas respecto del punto de derecho juzgado por estas.

La lógica es particularmente importante. Supongamos que el tribunal de apelación dicta una sentencia y la Corte de Casación la casa por considerar que el tribunal interpretó incorrectamente determinada norma jurídica. Y el primer tribunal de envío vuelve a conocer el asunto y dicta una nueva sentencia. Esa nueva sentencia vuelve a ser casada por el mismo punto de derecho y el asunto llega entonces a las Salas Reunidas, fijando dicho órgano de casación, definitivamente, la doctrina sobre ese punto. El segundo tribunal de envío debe ajustarse estrictamente a esa decisión.

Aquí se produce un cambio cualitativo, y es que el segundo envío ya no constituye una oportunidad para que el tribunal de fondo vuelva a sostener una interpretación jurídica distinta sobre el punto definitivamente resuelto por el órgano de las Salas Reunidas. La finalidad es impedir que el proceso se convierta en un circuito indefinido de decisiones de fondo y casaciones sucesivas. Y surge entonces la pregunta: ¿qué significa exactamente «tercer reenvío»? Aquí resulta importante no confundir tercera casación con tercer reenvío.

En efecto, el artículo 78 establece que no puede producirse un tercer reenvío. Por ello, el número relevante no es simplemente cuántas veces ha sido recurrida una sentencia en casación, sino cuántas veces el litigio ha sido devuelto a una jurisdicción de conocimiento para que vuelva a decidirlo. El artículo 78 establece un techo procesal absoluto, y es que después de la tercera casación, el litigio ya no retorna a otra jurisdicción de fondo. Un ejemplo sencillo sería una controversia sobre la validez de una transferencia inmobiliaria. En un primer ciclo, el tribunal de apelación considera que el contrato es válido. La Corte de Casación entiende que el tribunal aplicó incorrectamente una norma sobre representación y casa con envío. El primer tribunal de envío vuelve a estudiar el caso y concluye nuevamente que el contrato es válido, pero utilizando la misma interpretación jurídica que había sido censurada. La parte interesada interpone una segunda casación.

Por otro lado, en un segundo ciclo, la Corte de Casación, actuando en la forma prevista por los artículos 75 y 77, examina nuevamente el punto de derecho. Si la segunda sentencia es casada por el mismo motivo que la primera, interviene el órgano de las Salas Reunidas, cuya decisión sobre ese punto debe ser observada estrictamente por el segundo tribunal de envío. Ese segundo tribunal vuelve a conocer el litigio y dicta una tercera sentencia. Y ya en un tercer recurso de casación, una de las partes interpone una tercera casación. Aquí aparece el artículo 78, sosteniendo que, aunque el motivo de esta tercera casación sea diferente, ya no es jurídicamente posible ordenar un tercer reenvío. Las Salas Reunidas deben resolver directamente el fondo.

La expresión legal «sea cual fuere el motivo de casación» es particularmente significativa, porque demuestra que la prohibición no depende de que la tercera casación reproduzca el mismo error jurídico. El límite es objetivo y está vinculado al número de reenvíos producidos dentro del ciclo procesal del mismo litigio. Ahora bien, ¿y qué ocurre si la tercera casación plantea un punto jurídico completamente nuevo? Aquí está una de las consecuencias más importantes del artículo 78. Supongamos que la primera casación se produjo por una cuestión de interpretación contractual; la segunda, por una cuestión relativa a la valoración jurídica de determinado acto y la tercera se fundamenta en una cuestión procesal completamente diferente.

Hay que saber que el artículo 78 no establece una excepción basada en la naturaleza del motivo. La expresión «sea cual fuere el motivo de casación» excluye esa posibilidad; con lo cual, una vez alcanzado el tercer recurso de casación dentro del ciclo procesal del mismo litigio, no puede producirse un tercer envío. La controversia debe ser terminada por el órgano de las Salas Reunidas mediante decisión directa sobre el fondo, conforme al párrafo del artículo 78. Esto revela que la norma persigue algo más que asegurar la uniformidad jurisprudencial, y es poner término al ciclo procesal.

Saludamos el empeño puesto por el legislador para evitar el proceso sin fin. La regla del artículo 78 puede comprenderse desde tres valores procesales estrechamente relacionados, que son: seguridad jurídica, duración razonable del proceso y autoridad de la jurisdicción de casación. El sistema de casación necesita permitir la corrección de los errores jurídicos de los tribunales de fondo, pero esa función correctiva no puede convertirse en una sucesión potencialmente ilimitada de anulaciones y reenvíos.La justicia dejaría de ser efectiva si un litigio pudiera recorrer indefinidamente un trámite casacional. El artículo 78 rompe deliberadamente ese circuito.

Por eso, la prohibición del tercer envío puede entenderse como una regla de clausura procesal, ya que garantiza que la potestad de casación y reenvío no prevalezca indefinidamente sobre la necesidad constitucional de obtener una decisión definitiva. Por todo ello, resalta una manifiesta relación con los artículos 71, 73 y 75. Justamente, el artículo 71determina hasta dónde puede volver a juzgar la jurisdicción de envío, el artículo 73determina qué puede decidir esa jurisdicción dentro de ese ámbito y el artículo 75 determina cuándo y cómo puede llegar nuevamente a casación la sentencia de envío. De su lado, los artículos 77 y 78determinan qué sucede cuando el litigio ha agotado sucesivos ciclos de casación y envío. De ahí que el artículo 78 no pueda interpretarse aisladamente. Forma parte de una secuencia normativa progresiva.

 Merece la pena destacar, de igual manera, que «mismo litigio» no significa «misma sentencia», por eso la expresión del párrafo del artículo 78 «en el ciclo procesal de un mismo litigio» merece especial atención, porque la norma no está pensando exclusivamente en la identidad formal de una sentencia, sino en la continuidad procesal de la controversia. Por ejemplo, si una primera sentencia es casada y enviada, la nueva sentencia del tribunal de envío no constituye un litigio diferente por el solo hecho de haber sido dictada por otro órgano. Sigue siendo el mismo conflicto procesal. Por ello, el cómputo de los ciclos debe realizarse atendiendo a la unidad objetiva del litigio y a la cadena procesal generada por las sucesivas casaciones y reenvíos, no a la simple multiplicación de decisiones formalmente distintas.

III.1.- Mirada comparada: modelos francés y español

La solución dominicana presenta una convergencia funcional, pero no una identidad, con el sistema francés. En Francia, el artículo L.431-4 del Code de l’organisation judiciaire establece que, en caso de casación, el asunto es enviado a otra jurisdicción de la misma naturaleza, o a la misma jurisdicción con una composición diferente, y que, cuando el reenvío procede de la Assemblée plénière, la jurisdicción de envío debe ajustarse a la decisión de esta sobre los puntos de derecho juzgados.

La semejanza con los artículos 77 y 78 dominicanos es evidente en un punto fundamental, y es que la autoridad reforzada que adquiere la decisión de la máxima formación de la Corte de Casación respecto del punto jurídico ya juzgado, pero existe una diferencia importante, y es que el derecho francés no adopta, en los términos del artículo 78 dominicano, una regla general de «prohibición del tercer reenvío». Su sistema dispone, además, de una herramienta distinta, que es el artículo L.411-3, el cual permite a la Cour de cassation, en materia civil, resolver directamente el fondo cuando lo justifique la buena administración de justicia.

Por consiguiente, pudiéramos decir que en la República Dominicana seestablece legislativamente un límite cuantitativo al ciclo de reenvíos, porque no puede existir un tercer envío. De su lado, Franciaconserva el mecanismo del reenvío, pero permite a la propia Cour de cassation resolver el fondo cuando la buena administración de justicia lo justifique. La solución dominicana es, por tanto, más rígidamente estructurada en cuanto al número máximo de reenvíos. En España, por otro lado, la comparación debe hacerse con mayor cautela. El modelo español contemporáneo de casación no reproduce exactamente la arquitectura dominicana de las Salas Reunidas y del segundo recurso seguido de un eventual tercer recurso.

La Ley de Enjuiciamiento Civil española configura la sentencia de casación de manera que, según el supuesto, el Tribunal Supremo puede casar la resolución y resolver lo que corresponda sobre el caso. La norma de aquel país, por ejemplo, prevé expresamente que, en determinados recursos de casación, si el recurso resulta fundado, la sentencia casará la resolución impugnada y resolverá sobre el caso[3]. Por eso, la semejanza con la Ley núm. 2-23 no debe buscarse en una regla española equivalente literalmente al artículo 78, sino en una misma preocupación estructural, que es evitar que la función casacional se traduzca en una prolongación indefinida del litigio y procurar que, una vez fijada la cuestión jurídica, exista una solución jurisdiccional final. En este punto, la Ley núm. 2-23 combina elementos que recuerdan ambas tradiciones. Por un lado, del modelo francés toma la importancia de la jurisdicción de reenvío y de la autoridad de la decisión casacional sobre el punto de derecho, en tanto que del modelo español recoge una concepción más sistemática y reglamentada de la casación y de sus efectos, pero crea una solución dominicana propia mediante la prohibición expresa del tercer envío y la atribución a las Salas Reunidas del deber de decidir directamente el fondo en la tercera casación.

IV.- Trámite de la jurisdicción de envío bajo la Ley núm. 2-23: pasos, cargas y efectos procesales

Como hemos visto más arriba, la Ley núm. 2-23 introduce, en sus artículos 62 a 75, una regulación mucho más completa de la jurisdicción de envío que la contenida en la derogada Ley núm. 3726. El procedimiento puede entenderse como una cadena de etapas sucesivas, cada una con una finalidad y, en determinados casos, con una sanción procesal propia. Veamos paso a paso este trámite ante el tribunal de envío.

1. Se produce la casación con envío

El punto de partida es la sentencia de la Corte de Casación que casa una decisión y dispone el envío del asunto a otra jurisdicción. La casación no significa, por sí sola, que la controversia haya quedado definitivamente resuelta. La decisión casacional elimina, dentro de su alcance, la sentencia impugnada y abre la posibilidad de un nuevo juzgamiento ante la jurisdicción de envío. Haciendo la precisión de quedebe determinarse desde el principio qué fue casado y qué quedó fuera de la casación, porque ese dato condicionará todo el procedimiento posterior.

2. Se notifica la sentencia de casación con envío

El artículo 64 establece una formalidad particularmente importante: la sentencia debe notificarse directamente a la parte y a su abogado constituido, si lo hubo. El acto debe indicar expresamente la existencia del fallo de casación, el plazo de tres meses para apoderar la jurisdicción de envío y la forma en que debe realizarse ese apoderamiento. La omisión de estas exigencias está sancionada con nulidad. Y hay que hacer la salvedad de que esta notificación no es una simple comunicación del resultado de la casación. Es el acto que pone en marcha la carga procesal de apoderar la jurisdicción de envío.

3. Comienza a correr el plazo de tres meses para el apoderamiento

El artículo 63 establece un plazo de tres meses para depositar la solicitud de fijación de audiencia ante la jurisdicción de envío. El plazo comienza a correr desde la notificación de la sentencia de casación con envío. Existe, sin embargo, una particularidad importante, y es que el apoderamiento puede realizarse antes de que intervenga la notificación. Por tanto, la notificación no constituye necesariamente un presupuesto previo e indispensable para apoderar la jurisdicción. Siendo importante resaltar que el plazo corre contra quien realiza la notificación; es decir, quien notifica no puede posteriormente beneficiarse de su propia notificación para desconocer el transcurso del plazo: no aplica aquello de que “nadie se excluye a sí mismo”.

4. Se apodera formalmente la jurisdicción de envío

Conforme al artículo 62, el apoderamiento se realiza mediante una instancia de solicitud de fijación de audiencia depositada ante la jurisdicción de envío. Debe acompañarse de una copia certificada e íntegra de la sentencia de casación con envío. Este es el acto que pone formalmente en funcionamiento la nueva instancia. Por ejemplo: si una sentencia de una Cámara Civil es casada con envío a otra Cámara del mismo grado, la parte interesada no debe limitarse a comunicar informalmente la sentencia casacional. Debe presentar ante la jurisdicción designada la instancia de fijación de audiencia con la copia certificada e íntegra del fallo.

5. ¿Quién puede apoderar la jurisdicción?

El artículo 62 adopta una fórmula amplia: cualquier parte interesada puede realizar el apoderamiento. Incluso, puede hacerlo antes de la notificación del fallo de casación. Esto significa que no necesariamente debe esperarse a que la contraparte tome la iniciativa. El sistema privilegia la diligencia procesal. La parte que tenga interés en reactivar el litigio puede hacerlo directamente.

6. ¿Qué ocurre si transcurren los tres meses sin apoderamiento?

Aquí aparece una de las novedades relevantes de la Ley núm. 2-23. La falta de depósito dentro del plazo genera, en principio, inadmisibilidad, que puede ser suplida de oficio o a pedimento de parte. Y la certificación del secretario sirve para constatar la ausencia del depósito, pero el legislador va más lejos, y establece que cuando la decisión casada había sido dictada en apelación de una sentencia de primera instancia, la ausencia de apoderamiento, o la inadmisibilidad correspondiente, confiere fuerza de cosa juzgada a la sentencia de primera instancia.

No se trata simplemente de perder la posibilidad de continuar el reenvío. En ese supuesto, la ley produce una consecuencia sustancial sobre la estabilidad de la sentencia de primer grado.

7. Fijada la audiencia, se solicita el expediente anterior

Una vez fijada la audiencia, entra en funcionamiento el artículo 65. El secretario general de la jurisdicción de envío debe solicitar al secretario general de la jurisdicción cuya decisión fue casada que remita el expediente. El plazo para esa remisión es de diez días hábiles, sin aumento por razón de distancia. La norma, incluso, contempla sanciones disciplinarias para el secretario que incumpla. En este esquema, la responsabilidad de reconstruir o trasladar el expediente no recae exclusivamente sobre las partes, la ley establece un mecanismo institucional de comunicación entre los órganos jurisdiccionales.

8. Los documentos que fueron desglosados deben ser depositados nuevamente

El artículo 65, párrafo I, contiene una regla práctica importante, y es que, si las partes habían realizado desglose de documentos ante la jurisdicción anterior, deberán volver a depositarlos ante la jurisdicción de envío si desean que sean ponderados. Por ejemplo, una parte había depositado diez documentos y posteriormente retiró cinco del expediente. Si pretende que esos cinco documentos sean tomados en consideración por el tribunal de envío, debe volver a depositarlos. La jurisdicción de envío no está obligada a considerar documentos que ya no forman parte material del expediente que tiene ante sí.

9. Si faltan la sentencia apelada o el recurso de apelación, existe un requerimiento único

El artículo 65, párrafo II, prevé otra situación, y es que, si el expediente remitido no contiene la sentencia apelada o el recurso de apelación, la jurisdicción de envío realizará un primer y único requerimiento para que sean depositados. El requerimiento se dirige a la parte apelante principal y, si existe, a la apelante incidental.

10. La falta de esos documentos provoca inadmisibilidad del recurso

Si, después del requerimiento, no se depositan los documentos exigidos, el párrafo III del artículo 65 dispone que el recurso de apelación principal e incidental serán declarados inadmisibles. Esta es una sanción particularmente severa. No se trata de una inadmisibilidad del apoderamiento de la jurisdicción de envío, la sanción recae específicamente sobre el recurso de apelación cuya existencia documental no pudo ser acreditada en el expediente.

11. Se convoca a las partes

El artículo 66 dispone que la parte que obtiene la fecha de audiencia, o la parte más diligente, debe notificar acto de avenir a las demás partes que hayan comparecido ante la Corte de Casación. Se inicia así propiamente la fase contradictoria ante la jurisdicción de envío. La nueva instancia requiere una nueva convocatoria, aunque las partes ya hayan participado en las instancias anteriores.

12. Pueden incorporarse determinadas personas que no participaron en casación

El artículo 66, párrafo I, contempla una situación interesante. Una persona que fue parte ante la jurisdicción cuya decisión fue casada, pero no participó ante la Corte de Casación, puede ser llamada a la nueva instancia o intervenir voluntariamente cuando la casación afecte sus derechos. Incluso, puede tomar la iniciativa de apoderar directamente la jurisdicción de envío.

La norma evita que una persona cuyos derechos quedaron afectados por la anulación sea necesariamente excluida de la nueva instancia por el solo hecho de no haber participado en la etapa casacional.

13. Se reinicia la instrucción

El artículo 67 contiene una de las reglas centrales: «ante la jurisdicción de envío, la instrucción se reinicia en el estado del procedimiento no afectado por la casación.» Esto significa que el tribunal de envío no recibe simplemente el expediente para ejecutar la sentencia de casación. Debe producirse un nuevo juzgamiento dentro del ámbito abierto por la casación, pero tampoco se empieza necesariamente desde cero. La fórmula legal es precisa, y es que se reinicia en el estado del procedimiento que no fue afectado por la casación.

14. La sentencia de casación atribuye competencia a la jurisdicción de envío

El artículo 68 dispone que «el fallo de casación con envío es atributivo de competencia.» Por tanto, la jurisdicción designada por la Corte de Casación recibe competencia para conocer nuevamente del litigio. La excepción es igualmente importante: su competencia solamente puede ser cuestionada si el debate ante la Corte de Casación había recaído sobre una cuestión de competencia.

No puede utilizarse el nuevo juicio de envío como una vía para reabrir indiscriminadamente cuestiones competenciales que ya no forman parte del debate.

15. Las partes deben volver a concluir

El artículo 69 establece que es indispensable dar a las partes la oportunidad de concluir nuevamente en audiencia ante los jueces de envío. Pueden optar por referirse a las conclusiones que habían depositado antes de la sentencia casada, pero si presentan nuevos medios o nuevas pretensiones, deben someterse a las reglas correspondientes. La jurisdicción de envío no puede resolver simplemente sobre la base de lo que ocurrió ante el tribunal anterior sin brindar a las partes la oportunidad de ejercer nuevamente el contradictorio.

16. Pueden plantearse nuevos medios

El artículo 69, párrafo I, permite que las partes invoquen nuevos medios en apoyo de sus pretensiones, pero existe una diferencia entre medios y pretensiones, y es que los nuevos medios están expresamente permitidos y las nuevas pretensiones están sometidas a las reglas que regían ante la jurisdicción cuya decisión fue casada. Por ejemplo,una parte puede aportar un nuevo argumento jurídico para sostener la misma pretensión de nulidad contractual; otra cosa sería pretender introducir, sin cumplir las reglas correspondientes, una demanda completamente distinta.

17. Si no hay medios ni pretensiones nuevos, se mantienen los anteriores

El párrafo II del artículo 69 establece una regla de simplificación, y es que la parte que no presenta nuevos medios o nuevas pretensiones se reputa atenerse a los que había sometido al tribunal cuya decisión fue casada. Esto evita que la nueva instancia obligue a reconstruir innecesariamente todo el debate.

18. La incomparecencia no impide que se decida

Los párrafos III y IV del artículo 69 regulan la ausencia de las partes. La persona que no comparece puede quedar vinculada a sus medios y pretensiones anteriores cuando se encuentre en el supuesto legal. Y, especialmente, la incomparecencia de las partes a la audiencia no impide al tribunal de envío decidir el asunto. La jurisdicción de envío, por tanto, no queda paralizada indefinidamente por la falta de comparecencia.

19. No procede el descargo puro y simple por la sola incomparecencia del recurrente

El párrafo V contiene otra modificación relevante respecto de concepciones tradicionales del defecto. Cuando quien introdujo la única o última instancia no comparece, esa situación no genera automáticamente un descargo puro y simple. La finalidad es permitir que el tribunal de envío resuelva el litigio en lugar de que la ausencia de una parte produzca, por sí sola, un resultado puramente procesal que impida el juzgamiento de fondo.

20. Los terceros se rigen por las reglas del tribunal anterior

El artículo 70 establece que la intervención de terceros ante la jurisdicción de envío queda sometida a las mismas reglas aplicables ante la jurisdicción cuya decisión fue casada. No existe, por tanto, una libertad ilimitada para introducir terceros por el solo hecho de encontrarse el litigio en reenvío.

21. El tribunal vuelve a juzgar en hecho y en derecho

Llegamos al núcleo del sistema: el artículo 71. El asunto debe ser juzgado nuevamente en hecho y en derecho, como si no hubiese sido objeto de examen. Pero inmediatamente la norma introduce el límite: «con exclusión de los puntos no alcanzados por la casación». Esta última frase es esencial, porque la jurisdicción de envío tiene amplitud para juzgar nuevamente, pero no puede reabrir aquello que quedó fuera de la casación.

22. Los puntos definitivamente juzgados quedan fuera del nuevo debate

El artículo 71, párrafo, refuerza esa limitación. Las partes pueden utilizar los medios de defensa y excepciones autorizados por la ley, siempre que no hayan sido planteados sin éxito ante el tribunal subrogado y resueltos por la Corte de Casación, adquiriendo autoridad de cosa definitivamente juzgada. Por ejemplo, si una excepción fue planteada, rechazada por el tribunal anterior y la Corte de Casación se pronunció sobre ella, la parte no puede utilizar el envío como una segunda oportunidad para volver a plantear exactamente la misma cuestión.

23. El tribunal de envío dicta una nueva sentencia

Concluida la instrucción, la jurisdicción de envío debe estatuir sobre las pretensiones de las partes. El artículo 73 dispone que lo hará en las mismas condiciones y con las mismas atribuciones del tribunal cuya decisión fue casada, pero conforme al alcance de la casación. Este último segmento vuelve a ser determinante, porque la jurisdicción de envío tiene plenitud jurisdiccional dentro del ámbito que le fue abierto, pero no puede desconocer los límites de la sentencia casacional.

24. La nueva sentencia puede ser recurrida

El artículo 74 establece que las decisiones de la jurisdicción de envío son susceptibles de las vías de recursos ordinarios y extraordinarios que sean admisibles conforme al derecho común. Por eso, la casación no clausura necesariamente el litigio. La sentencia del tribunal de envío puede generar un nuevo ciclo recursivo, pero ese nuevo ciclo está sometido a las reglas especiales del artículo 75.

25. Si el tribunal de envío acoge pura y simplemente la doctrina casacional, no procede nueva casación

El artículo 75 establece que, si la jurisdicción de envío adopta pura y simplemente la doctrina de la sentencia de casación que la apoderó y se limita a decidir sobre ese punto, el recurso de casación es inadmisible. La lógica es sencilla, y es que si el tribunal de envío aplicó exactamente la solución jurídica que ya había fijado la Corte de Casación, no tendría sentido utilizar una nueva casación para cuestionar ese mismo punto.

26. Si el tribunal se aparta de la doctrina casacional, intervienen las Salas Reunidas

Si el tribunal de envío se resiste a la doctrina fijada por la Corte de Casación, el párrafo I del artículo 75 permite una segunda casación sobre ese punto, pero el asunto será conocido por las Salas Reunidas. Aquí comienza a aparecer el puente con los artículos 76 a 78.

27. Las Salas Reunidas fijan definitivamente el punto de derecho

Si se produce una segunda casación por el mismo punto, el artículo 77 establece que el tribunal al cual se produzca el segundo envío deberá atenerse estrictamente a la decisión de las Salas Reunidas sobre ese punto de derecho. Aquí la autoridad de la casación alcanza su máxima expresión dentro del sistema ordinario de reenvío. El segundo tribunal de envío conserva competencia para juzgar el litigio, pero no puede apartarse de la solución jurídica fijada por las Salas Reunidas respecto del punto que provocó la segunda casación.

28. Se alcanza el límite: no puede existir un tercer envío

Finalmente aparece el artículo 78. Después de dos ciclos de envío, si el litigio llega a una tercera casación, la ley establece: «en ningún caso, sea cual fuere el motivo de casación, podrá producirse un tercer reenvío.» Esta es la regla de cierre, no importa que el tercer motivo de casación sea igual o diferente a los anteriores y no importa que se trate de una cuestión sustantiva o procesal. La ley prohíbe un tercer envío por el solo hecho de haberse alcanzado ese estadio dentro del ciclo procesal del mismo litigio.

29. En la tercera casación, las Salas Reunidas deben terminar el litigio

El párrafo del artículo 78 establece la consecuencia, y es que las Salas Reunidas deben dictar sentencia directa sobre el fondo, poniendo fin a la controversia. La función de la Corte deja entonces de ser exclusivamente correctiva —casar y enviar— y pasa a ser decisoria. Esto evita el fenómeno de un proceso potencialmente interminable.

 La idea central sobre el trámite ante la jurisdicción de envío. Visto todo lo anterior, el sistema de la Ley núm. 2-23 puede resumirse en una fórmula, y es que la primera casación abre la jurisdicción de envío; la segunda casación puede conducir a un nuevo envío bajo la autoridad reforzada de las Salas Reunidas; la tercera casación cierra definitivamente la posibilidad de reenvío y obliga a resolver el fondo. De suerte y manera que la jurisdicción de envío no es una instancia indefinida ni una simple prolongación automática del proceso anterior. Es una nueva fase jurisdiccional, autónoma en su tramitación, pero subordinada al alcance de la casación, cuyo diseño combina el derecho de las partes a obtener un nuevo juzgamiento con la necesidad de que el litigio alcance, finalmente, un punto de clausura procesal.

V.- Cierre conceptual

La jurisdicción de envío, tal como ha sido configurada por la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación, constituye una de las manifestaciones más significativas de la transformación experimentada por el sistema casacional dominicano frente al régimen de la derogada Ley núm. 3726. La reforma no se limitó a sustituir unas disposiciones por otras, sino que estructuró una verdadera fase procesal de reenvío, dotada de reglas propias sobre apoderamiento, plazo, notificación, integración del expediente, convocatoria de las partes, reinicio de la instrucción, medios y pretensiones, intervención de terceros, competencia, alcance del nuevo juzgamiento, perención y recursos.

Desde esta perspectiva, la jurisdicción de envío debe ser comprendida como el espacio jurisdiccional en el que se materializa la consecuencia práctica de la casación con envío. La Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, controla la correcta aplicación de las reglas de derecho; la jurisdicción de envío, por su parte, retoma el conocimiento del litigio y lo juzga nuevamente en hecho y en derecho, pero únicamente dentro del ámbito abierto por la casación. De ahí que no sea una jurisdicción subordinada mecánicamente a la Corte de Casación ni una instancia completamente desvinculada de ella, porque goza de plenitud jurisdiccional dentro de los límites objetivos de la casación y debe respetar la autoridad de los puntos que han quedado definitivamente juzgados.

La nueva legislación introduce, además, una concepción marcadamente procesal de esta etapa. El reenvío ya no queda librado a una prolongación indefinida de la controversia, debe ser activado dentro del plazo de tres meses establecido por el artículo 63; la sentencia casacional debe ser notificada bajo las formalidades reforzadas del artículo 64; el expediente debe ser remitido conforme al artículo 65; la instancia puede extinguirse por perención de seis meses; y determinadas omisiones documentales o procesales reciben sanciones expresas de inadmisibilidad o nulidad. Se advierte así una clara preocupación legislativa por la diligencia procesal, la seguridad jurídica y la duración razonable del litigio.

Particular importancia reviste la delimitación del alcance del envío. El artículo 71 permite que la jurisdicción de envío vuelva a juzgar el asunto en hecho y en derecho «como si no hubiese sido objeto de ningún examen», pero excluye los puntos no alcanzados por la casación. Esta fórmula logra un equilibrio entre dos exigencias aparentemente contrapuestas; por un lado, garantizar un verdadero nuevo juzgamiento, con respeto al contradictorio y al derecho de defensa; por otro, impedir que el reenvío se convierta en una vía para reabrir cuestiones que quedaron definitivamente fuera de la censura casacional. El efecto de la casación es, por ello, amplio dentro de su ámbito, pero limitado fuera de él.

La regulación de los recursos completa esta arquitectura. El artículo 75 evita una nueva casación cuando la jurisdicción de envío se limita a adoptar pura y simplemente la doctrina del fallo casacional, pero permite un nuevo control cuando aquella se aparta de la solución jurídica previamente establecida o cuando surgen otros puntos de derecho susceptibles de examen. De este modo, la ley articula la necesaria autoridad de la Corte de Casación con la independencia funcional del tribunal de fondo para conocer los aspectos que permanecen abiertos.

En este punto adquieren especial relevancia los artículos 76 a 78, aun cuando sistemáticamente se encuentren dentro del procedimiento ante las Salas Reunidas. Estas disposiciones constituyen el verdadero punto de clausura del régimen de envío. Si una segunda sentencia es casada por el mismo motivo que la primera, el artículo 77 impone al segundo tribunal de envío la obligación de atenerse estrictamente a la decisión de las Salas Reunidas sobre el punto de derecho juzgado. Y, finalmente, el artículo 78 establece que, cualquiera que sea el motivo de casación, no puede producirse un tercer reenvío. Si el litigio alcanza una tercera casación dentro de su mismo ciclo procesal, las Salas Reunidas deben resolver directamente el fondo y poner término a la controversia.

La conexión entre los artículos 62 a 75 y el artículo 78 es, por tanto, esencial, porque los primeros regulan la vida de la jurisdicción de envío; el último determina su límite máximo dentro del ciclo casacional. La ley permite dos oportunidades de nuevo juzgamiento mediante envío, pero impide que la controversia quede atrapada en una sucesión indefinida de casaciones y reenvíos. El artículo 78 funciona así como una auténtica regla de cierre del sistema. Y hay que decir que esta solución revela una diferencia sustancial respecto de la concepción más reducida que predominaba bajo la Ley núm. 3726. Mientras el régimen anterior contemplaba el reenvío principalmente como consecuencia de la anulación y regulaba de manera más limitada sus efectos, la Ley núm. 2-23 construye una disciplina integral del fenómeno.

Por ello, la jurisprudencia formada bajo la legislación derogada conserva utilidad para comprender categorías como la autoridad del punto de derecho juzgado, los efectos de la casación y la relación entre la Corte y el tribunal de fondo, pero no puede trasladarse automáticamente a materias en las que el nuevo legislador estableció soluciones expresas, particularmente en cuanto a plazos, cargas procesales, sanciones, perención, apoderamiento y límites cuantitativos del reenvío. Desde el derecho comparado, el modelo dominicano presenta puntos de contacto con la tradición francesa, especialmente en la importancia atribuida a la jurisdicción de reenvío y a la autoridad reforzada de la decisión de la formación superior de la Cour de cassation sobre los puntos de derecho ya juzgados.

Sin embargo, el artículo 78 adopta una solución particularmente definida, porque establece legislativamente un límite absoluto al número de reenvíos, mientras que el sistema francés dispone de mecanismos que permiten a la propia Cour de cassation resolver directamente el fondo cuando ello responde a la buena administración de justicia. En España, por su parte, la comparación permite advertir una orientación semejante hacia la eficacia de la función casacional y la evitación de una prolongación innecesaria del litigio, aunque la arquitectura española no reproduce exactamente la estructura dominicana de dos envíos sucesivos y prohibición expresa de un tercero.

La Ley núm. 2-23 parece, de este modo, recoger elementos propios de esas tradiciones jurídicas y adaptarlos a una solución normativa dominicana, que es que la casación conserva su función de control y unificación del derecho; el tribunal de envío conserva la función de juzgar el litigio; las Salas Reunidas adquieren una autoridad reforzada cuando el mismo punto jurídico persiste en controversia; y el sistema establece finalmente un límite infranqueable a la reiteración de los reenvíos. Todo ello conduce a una conclusión de carácter constitucional y procesal, que es que la jurisdicción de envío constituye un instrumento destinado a armonizar la corrección jurídica de las decisiones judiciales con la necesidad de alcanzar una respuesta jurisdiccional definitiva. Su diseño procura proteger el derecho de defensa y el contradictorio sin sacrificar la seguridad jurídica; permite un nuevo examen sin autorizar la reapertura ilimitada de lo ya juzgado; reconoce la autonomía decisoria del tribunal de fondo sin desconocer la autoridad de la Corte de Casación; y admite la revisión casacional sin convertirla en una fuente permanente de reiteración procesal.

En definitiva, el modelo instaurado por la Ley núm. 2-23 puede sintetizarse en una secuencia progresiva en el siguiente sentido: la primera casación corrige y abre el envío; la primera jurisdicción de envío vuelve a juzgar dentro de los límites de la anulación; una eventual segunda casación permite un segundo envío y, cuando corresponde, activa la autoridad de las Salas Reunidas; y la tercera casación clausura definitivamente la posibilidad de un nuevo reenvío, imponiendo una decisión directa sobre el fondo. La reforma transforma así el reenvío de una consecuencia relativamente accesoria de la casación en una institución procesal autónomamente regulada, temporalmente delimitada y finalmente clausurada, en procura de que la justicia casacional cumpla simultáneamente sus funciones de legalidad, uniformidad jurisprudencial, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, sin permitir que la legítima búsqueda de una decisión jurídicamente correcta se convierta en la perpetuación del litigio.


[1] “Considerando: que como puede apreciarse de lo arriba transcrito, la corte de reenvío, acogiéndose a las imperativas disposiciones del Artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, de conformarse estrictamente a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia en el punto de derecho juzgado, dio cabal cumplimiento a lo previsto por la citada disposición legal” (Sentencia SCJ, 1ra. Sala, 20 de febrero del 2013).

[2] Ver en línea: “El fallo directo en casación: alcances y límites de la facultad decisoria de la Suprema Corte de Justicia conforme al artículo 38 de la Ley 2-23”, colgado en: www.yoaldo.og

[3] Para ampliar sobre la figura del envío en sede casacional, en España, ver el artículo “Cómo y por qué el Supremo puede ordenar que un caso se resuelva de nuevo en la audiencia provincial”, del 25 de marzo del 2026, en línea: https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/supremo-puede-ordenar-caso-resuelva-nuevo-audiencia-provincial

La contradicción de sentencias en el recurso de casación: del artículo 504 del Código de Procedimiento Civil al artículo 13 de la Ley núm. 2-23, a la luz de la doctrina y jurisprudencia francesas y del modelo español

Resumen

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La contradicción de sentencias plantea una cuestión esencial: ¿qué ocurre cuando dos decisiones judiciales firmes resultan incompatibles y no pueden ejecutarse simultáneamente? En estas líneas analizamos esta problemática a partir del artículo 13 de la Ley núm. 2-23 de Recurso de Casación, tomando como antecedente el artículo 504 del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia dominicana. Se examinan las dos modalidades previstas por la nueva ley, con especial atención al supuesto excepcional de decisiones inconciliables, la posibilidad de recurrir fuera de plazo y la eventual anulación de una o ambas decisiones. Todo lo anterior, incorporando la doctrina y jurisprudencia francesas, particularmente por la influencia del modelo francés en la legislación dominicana, y contrastando esta regulación con el modelo español. Esta aproximación comparada permite apreciar cómo la Ley núm. 2-23 transforma y desarrolla este particular mecanismo de casación como instrumento destinado a preservar la coherencia y seguridad del sistema judicial.

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Palabras claves

Contradicción de sentencias, recurso de casación, cosa juzgada, Ley núm. 2-23, inconciliabilidad de decisiones, seguridad jurídica, casación francesa, jurisprudencia comparada, doctrina procesal, casación española

Contenido

I.- Mirada preliminar de la cuestión, II.- El punto de partida: la contradicción de sentencias antes de la Ley núm. 2-23, III.- La estructura del artículo 13: una misma denominación para dos mecanismos, III.1.- Primer supuesto: cuando la segunda sentencia desconoce la primera, III.2.- Segundo supuesto: dos decisiones inconciliables,IV.- La jurisprudencia francesa como referencia interpretativa, V.- La ampliación del régimen dominicano, VI.- Una casación de naturaleza excepcional y, en principio, sin envío, VII.- ¿La Ley núm. 2-23 amplió el concepto tradicional dominicano?, VIII.- El contraste con España: contradicción de sentencias y contradicción de doctrina, IX.- Una precisión importante: contradicción de sentencias no es contradicción jurisprudencial, X.- La función institucional de la Suprema Corte de Justicia, XI.- Ejemplos concretos para comprender el artículo 13, XII.- La contradicción como remedio extraordinario, no como tercera instancia, XIII.- La relación con el interés casacional,XIV.- La contradicción como problema de seguridad jurídica,XV.- Conclusión.

I.- Mirada preliminar de la cuestión

El proceso judicial tiene como una de sus finalidades esenciales proporcionar certeza y estabilidad a las relaciones jurídicas. La sentencia que decide definitivamente una controversia no solo resuelve el conflicto concreto entre las partes, sino que aspira a producir una situación jurídica susceptible de ser respetada y ejecutada. De ahí la importancia de instituciones como la autoridad de la cosa juzgada y de principios como la seguridad jurídica y la coherencia de las decisiones judiciales.

Imaginemos que, por un lado, una parte obtiene una sentencia definitiva que reconoce a su favor un derecho de crédito derivado de un contrato, declarando que la otra parte está obligada a pagarle determinada suma de dinero. Agotadas las vías ordinarias de impugnación, el acreedor confía legítimamente en que esa situación jurídica ha quedado definida por la autoridad de la cosa juzgada y que podrá obtener la ejecución de lo decidido. Pero, contradictoriamente, por otro lado, otro órgano jurisdiccional dicta posteriormente una decisión que desconoce la existencia de aquella obligación contractual y declara que el crédito no es exigible.

Esto, sin dudas, coloca al sistema de justicia ante una contradicción que trasciende el interés particular de los litigantes, ya que el mismo orden jurisdiccional estaría reconociendo y negando, mediante decisiones judiciales distintas, un mismo derecho de crédito. Y es que la cosa juzgada no constituye únicamente una garantía procesal para quien obtuvo la primera decisión; representa también una exigencia de seguridad jurídica, en cuanto protege la estabilidad de las situaciones jurídicas definitivamente establecidas y la confianza legítima de los justiciables en la autoridad de las decisiones judiciales.

Por todo lo cual, tal como se ha dicho antes, cuando una segunda decisión desconoce un derecho ya reconocido judicialmente, o cuando dos sentencias contienen mandatos jurídicamente inconciliables, el problema deja de ser exclusivamente el de determinar cuál tribunal aplicó correctamente la ley. Lo que está en juego es la coherencia del propio sistema jurisdiccional. De ahí que la casación, en los supuestos excepcionales previstos por el artículo 13 de la Ley núm. 2-23, opere no como una tercera instancia, sino como un mecanismo destinado a restablecer la seguridad jurídica y evitar que el ordenamiento mantenga simultáneamente dos soluciones judiciales incompatibles respecto de una misma realidad jurídica.

Justamente, vale recalcar, ¿qué ocurre cuando el propio sistema jurisdiccional produce dos decisiones que no pueden coexistir? ¿Qué sucede cuando una primera sentencia reconoce una determinada situación jurídica y otra posterior la desconoce? ¿Y qué ocurre cuando dos decisiones, aun procediendo de órganos jurisdiccionales diferentes, han adquirido un grado de estabilidad tal que ninguna puede ser atacada mediante un recurso ordinario, pero sus respectivos dispositivos resultan inconciliables? La Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, ofrece una respuesta excepcional a estas situaciones mediante su artículo 13, dedicado a la “contradicción de sentencias”. La disposición tiene una particularidad que merece ser destacada desde el principio, y es que bajo una misma denominación agrupa dos hipótesis jurídicamente diferenciadas.

En efecto, la primera hipótesis se encuentra vinculada a la autoridad de la cosa juzgada. Se produce cuando una segunda sentencia desconoce una decisión anterior y la excepción de cosa juzgada fue oportunamente planteada ante los jueces del fondo, pero resultó inútil. En ese supuesto, el recurso se dirige contra la segunda sentencia y, comprobada la contradicción, esta se resuelve en provecho de la primera. Por otro lado, la segunda hipótesis es todavía más extraordinaria, y está en el párrafo II, que contempla el caso en que existen dos decisiones inconciliables, ninguna de ellas susceptible de recurso ordinario. La ley permite entonces acudir a la casación incluso cuando una de las decisiones ya haya sido objeto de un recurso de casación rechazado y, excepcionalmente, aun después de vencido el plazo ordinario para recurrir en casación. Además, el recurso debe dirigirse contra las dos decisiones y la Corte de Casación puede anular una de ellas o, si procede, ambas.

Esta regulación guarda una relación evidente con el modelo francés. La doctrina dominicana, casualmente, ya ha tenido ocasión de resaltar que el artículo 13 de la Ley núm. 2-23 reproduce, con determinadas diferencias estructurales, la regulación contenida en el artículo 617 del Código de Procedimiento Civil francés y que ambos textos agrupan dos supuestos distintos de contradicción de sentencias[1]. La legislación dominicana, sin embargo, presenta una formulación propia, particularmente llamativa en sus párrafos II, III y IV.

El estudio de esta institución resulta también especialmente interesante si se compara con la jurisprudencia dominicana anterior a la Ley núm. 2-23. Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, como órgano de casación, habían establecido, bajo el artículo 504 del Código de Procedimiento Civil, que la contradicción de sentencias susceptible de constituir motivo de casación debía verificarse entre sentencias dictadas en última instancia por distintos tribunales o juzgados, entre las mismas partes y sobre los mismos medios[2]. Este criterio constituye un antecedente importante para comprender la evolución de la institución.

Poniendo en perspectiva jurídico-histórica la cuestión, ha de convenirse en que el artículo 13 de la Ley núm. 2-23 no rompe con la tradición anterior, pero sí la sistematiza y amplía mediante un régimen excepcional específicamente diseñado para resolver la coexistencia de decisiones judiciales incompatibles. La innovación resulta particularmente visible en la segunda hipótesis, en la cual el legislador abandona la lógica de atacar exclusivamente la segunda sentencia y permite que la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, examine conjuntamente las dos decisiones, incluso con la posibilidad excepcional de anular ambas. Algo verdaderamente novedoso en nuestro sistema. Parafraseando a BORÉ, el legislador ha sido bastante creativo y original[3].

Finalmente, no es ocioso apuntar en esta parte introductoria que existe un recurso en nulidad por contradicción de sentencias instaurado en el artículo 61 de la Ley núm. 2-23, pero recae exclusivamente sobre sentencias de la propia Suprema Corte de Justicia, cuya ejecución sea inconciliable o inviable, respecto de recursos de casación dirigidos contra la misma decisión. Dicho recurso en nulidad por contradicción de sentencias de la Suprema Corte de Justicia podrá ser incoado por la parte interesada ante dicha alta Corte mediante instancia motivada. En caso de determinarse que, efectivamente, existe la contradicción denunciada, será anulada la última decisión, y si ambas decisiones contradictorias fueron dictadas en la misma fecha, según el propio artículo 61, se anulará la que tenga el número mayor, que se reputa que fue posterior; esto así, libre de costas. Y el párrafo del citado artículo 61 prevé que con la sentencia que estatuya sobre el consabido recurso de nulidad por contradicción de sentencias las partes interesadas podrán ejecutar la decisión que no haya sido anulada.

En lo adelante nos ocuparemos del estudio del artículo 13, relativo a la contradicción de sentencias en el marco de la apertura del recurso de casación respecto de decisiones de tribunales inferiores. El recurso de nulidad por contradicción previsto en el artículo 61 para sentencias de la propia Suprema Corte de Justicia solamente lo mencionamos para distinguir una cosa de la otra, y evitar confusiones al respecto.

II.- El punto de partida: la contradicción de sentencias antes de la Ley núm. 2-23

La contradicción de sentencias no nació con la Ley núm. 2-23. Bajo el régimen anterior, el artículo 504 del Código de Procedimiento Civil constituía el fundamento normativo de esta causa extraordinaria de casación. En este contexto, el órgano de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia núm. 2, de 12 de diciembre de 2012, B.J. 1225, pp. 50-68, estableció lo siguiente: según el artículo 504 del Código de Procedimiento Civil, la contradicción de sentencias, que es motivo de casación, debe verificarse entre sentencias pronunciadas en última instancia por distintos tribunales o juzgados, entre las mismas partes y sobre los mismos medios.

Este criterio permite apreciar la concepción tradicional de la institución en el derecho dominicano. La contradicción estaba concebida alrededor de determinados elementos de identidad, esto es, decisiones pronunciadas en última instancia, procedentes de órganos jurisdiccionales distintos, entre las mismas partes y sobre los mismos medios. La importancia de este precedente para el estudio del artículo 13 de la Ley núm. 2-23 no reside en que la nueva disposición deba ser interpretada necesariamente de manera idéntica al antiguo artículo 504. Su verdadero valor está en permitir observar la evolución de la institución.

El legislador de 2023 no partió de un terreno completamente vacío. Existía ya una construcción jurisprudencial que reconocía la contradicción de sentencias como una situación capaz de abrir excepcionalmente la casación. La diferencia es que la nueva ley pasa de una regulación esencialmente concentrada en la jurisprudencia y en el artículo 504 a una regulación mucho más detallada, que establece expresamente los presupuestos y las consecuencias de dos modalidades distintas de contradicción. En otras palabras, existe continuidad, pero también desarrollo.

Concretamente, bajo el régimen anterior, la contradicción suponía, por ejemplo, que un tribunal reconociera a A un derecho de crédito frente a B, mientras otro tribunal, en un litigio entre esas mismas partes y sobre el mismo crédito, dictara en última instancia una decisión incompatible con aquella. La contradicción se encontraba, así, vinculada a la coincidencia de partes y medios. Pero hoy, con la Ley núm. 2-23, el supuesto es más amplio. También podría plantearse, por ejemplo, que una sentencia ordene a A entregar determinado inmueble a B, mientras otra decisión firme ordene a B entregar ese mismo inmueble a A, aun cuando ninguna de las dos sea susceptible de recurso ordinario. Lo relevante ya no es únicamente la identidad de los procesos, sino que ambas decisiones sean objetivamente inconciliables, al punto de que sus efectos no puedan ejecutarse simultáneamente. Es precisamente en este segundo escenario donde la nueva regulación revela su alcance innovador y la especial función de la casación como mecanismo de restauración de la coherencia judicial.

III. La estructura del artículo 13: una misma denominación para dos mecanismos

El artículo 13 comienza disponiendo: la contradicción de sentencias puede invocarse cuando el fin de inadmisión deducido de la autoridad de la cosa juzgada ha sido opuesto inútilmente ante los jueces del fondo. Y el párrafo I añade: en el caso establecido en este artículo, el recurso de casación se dirige contra la sentencia segunda en fecha; cuando la contrariedad es constatada, ella se resuelve en provecho de la primera. A continuación, el párrafo II introduce una segunda hipótesis: la contrariedad de sentencias puede también invocarse cuando dos decisiones son inconciliables y ninguna de ellas es susceptible de un recurso ordinario…

Los párrafos III y IV, de su lado, completan ese régimen especial, permitiendo recurrir incluso después del vencimiento del plazo ordinario y exigen que el recurso se dirija contra ambas decisiones. La estructura es reveladora. No estamos, en realidad, ante una única modalidad de contradicción con diferentes consecuencias accesorias. Lo cierto es que existen dos situaciones distintas: primera situación: una segunda sentencia desconoce la autoridad de una primera decisión y la cosa juzgada fue invocada ante los jueces del fondo. Por otro lado, una segunda situación,que versa sobredos decisiones son inconciliables y ninguna admite recurso ordinario, aun cuando una de ellas haya sido objeto previamente de un recurso de casación rechazado.

La doctrina de francesa resulta particularmente esclarecedora en este punto, pues critica precisamente que bajo una misma denominación se agrupen dos vías de casación que, aunque relacionadas con la cosa juzgada, tienen condiciones y efectos diferentes[4]. Esta observación permite comprender mejor la técnica legislativa utilizada por el artículo 13, la cual apunta a que la unidad de la denominación no significa identidad absoluta entre los dos mecanismos. Es decir, no toda divergencia entre dos decisiones judiciales configura una contradicción susceptible de casación. O, más concretamente, la relevancia casacional surge cuando la incompatibilidad entre sus respectivos efectos jurídicos impide que ambas puedan coexistir válidamente dentro del ordenamiento. De ahí que el examen no deba detenerse en la mera disparidad de criterios o motivaciones, sino en determinar si los dispositivos contienen soluciones que resultan jurídicamente inconciliables.

III.1.- Primer supuesto: cuando la segunda sentencia desconoce la primera

El primer supuesto de contradicción de sentencias que prevé el artículo 13 de la Ley núm. 2-23 constituye la manifestación más cercana al concepto tradicional de violación de la cosa juzgada. Para comprenderlo puede utilizarse un ejemplo sencillo. Supongamos que A demanda a B reclamando la propiedad de determinado inmueble. El tribunal dicta una sentencia definitiva que reconoce que A es propietario. Posteriormente, B inicia un nuevo proceso relacionado con el mismo objeto y pretende que se reconozca que él es el propietario. A comparece ante el tribunal y plantea la autoridad de la cosa juzgada de la primera decisión. Sin embargo, el tribunal rechaza ese planteamiento y dicta una nueva sentencia reconociendo el derecho de B.

Tenemos entonces dos decisiones: una primera que reconoce la propiedad de A y, por otro lado, una segunda que reconoce la propiedad de B sobre el mismo objeto. De suerte y manera que la segunda decisión entra en conflicto con la primera. El artículo 13 permite entonces acudir en casación, pero establece una condición fundamental: la autoridad de la cosa juzgada debió haber sido invocada inútilmente ante los jueces del fondo, y esta exigencia tiene una explicación procesal evidente. La Corte de Casación no está llamada a corregir una omisión de la parte que simplemente dejó de alegar oportunamente la cosa juzgada. Antes de llegar a la casación, el juez del fondo tuvo que haber tenido la posibilidad de evitar la contradicción.

La jurisprudencia francesa ha mantenido precisamente esta exigencia. La Cour de cassation ha señalado que la contradicción de decisiones, bajo el mecanismo equivalente, no puede invocarse cuando la excepción derivada de la autoridad de la cosa juzgada no fue planteada inútilmente ante los jueces del fondo[5]. La regla tiene, por tanto, una doble función: primero, protege la competencia de los jueces del fondo para resolver las cuestiones que les son sometidas; segundo, evita que el recurso de casación se convierta en un instrumento para introducir por primera vez una cuestión procesal que pudo haber sido resuelta antes.

Ahora, cabe preguntar, ¿por qué el recurso se dirige contra la segunda sentencia? El párrafo I establece una solución aparentemente sencilla: el recurso de casación se dirige contra la sentencia segunda en fecha. La lógica es que la primera sentencia es la que debe conservar sus efectos; y es que, si la primera decisión tiene autoridad de cosa juzgada y la segunda la desconoce, la anomalía se encuentra en la segunda. Por eso, cuando la Corte constata la contradicción, esta se resuelve “en provecho de la primera”. Puede decirse, entonces, que el primer supuesto tiene una estructura fundamentalmente unidireccional: primera sentencia válida, segunda sentencia contradictoria, anulación de la segunda. Esta característica permite distinguirlo del segundo supuesto.

III.2.- Segundo supuesto: dos decisiones inconciliables

El verdadero elemento novedoso del artículo 13 aparece en su párrafo II. La ley dispone que la contradicción también puede invocarse cuando dos decisiones son inconciliables y ninguna de ellas es susceptible de un recurso ordinario. Aquí la situación es distinta, ya no estamos necesariamente ante una primera sentencia cuya firmeza haya sido invocada inútilmente frente al tribunal que dictó la segunda. El problema es más radical, y es que dos decisiones subsisten y sus respectivos efectos no pueden conciliarse.

Imaginemos ahora que un tribunal dicta una decisión definitiva ordenando a A entregar determinado inmueble a B. Otro tribunal dicta posteriormente una decisión también definitiva ordenando a B entregar ese mismo inmueble a A. Si ninguna de las dos decisiones admite ya un recurso ordinario, el sistema se enfrenta a una dificultad evidente, que es definir cuál debe ejecutarse. Si se ejecuta la primera, se contradice la segunda. Pero, si se ejecuta la segunda, se contradice la primera. De suerte que la coexistencia de ambas decisiones genera una imposibilidad práctica y jurídica, y es precisamente en este escenario donde adquiere sentido el segundo supuesto del artículo 13.

Dicho lo anterior, resulta de particular interés determinar qué debemos entender por decisiones “inconciliables”. No toda diferencia entre dos sentencias produce una contradicción susceptible de abrir la casación. Dos decisiones pueden utilizar argumentos diferentes, interpretar de manera distinta una cuestión secundaria o incluso contener razonamientos que parezcan tensionarse entre sí sin que sus dispositivos sean realmente incompatibles. La cuestión fundamental es determinar, vale recalcar, cuándo dos decisiones son verdaderamente inconciliables. La jurisprudencia francesa proporciona una pauta especialmente útil.

En efecto, la Cour de cassation ha señalado que la contradicción debe apreciarse en función de los dispositivos respectivos de las decisiones. En un precedente del 26 de enero de 2017, por ejemplo, la indicada alta Corte del país originario de nuestro derecho descartó la contradicción, porque los efectos de las dos decisiones no resultaban incompatibles[6]. Esta orientación permite formular una regla didáctica, y es que no hay contradicción simplemente porque dos sentencias sean diferentes; la contradicción adquiere relevancia cuando sus efectos no pueden razonablemente coexistir.

Verbigracia, si una sentencia reconoce a A un crédito de RD$1,000,000 y otra sentencia resuelve una cuestión distinta relativa a una obligación diferente, no existe necesariamente contradicción. En cambio, si una sentencia ordena pagar determinada suma a A y otra ordena pagar esa misma suma, por el mismo concepto y respecto de la misma obligación, a B, la situación es sustancialmente diferente, porque el examen debe concentrarse en el resultado jurídico de las decisiones y no simplemente en sus fundamentos.

IV.- La jurisprudencia francesa como referencia interpretativa

La conexión entre el artículo 13 de la Ley núm. 2-23 y el derecho francés invita a dar una mirada comparada de la cuestión. Justamente, el artículo 617 del Código de Procedimiento Civil de aquel país originario de nuestro derecho regulaba el primer supuesto, mientras que el artículo 618 contempla el escenario de decisiones inconciliables y la posibilidad de anular una o, cuando procediera, ambas. La jurisprudencia francesa, tal como hemos visto más arriba, ha desarrollado ambas hipótesis.

En relación con el primer supuesto, la Cour de cassation ha reiterado que la excepción de cosa juzgada debe haber sido planteada inútilmente ante los jueces del fondo. Así ocurrió, entre otros casos, en la sentencia de la tercera cámara civil de aquella Corte, de fecha 20 de diciembre de 2006, núm. 05-18.437. En relación con el segundo supuesto, la jurisprudencia francesa ha destacado que la contradicción debe apreciarse atendiendo a los dispositivos de las decisiones. La propia regulación francesa establece que, constatada la inconciliabilidad, la Cour de cassation puede anular una de las decisiones o, si procede, ambas. Esta última posibilidad es particularmente importante, porque encuentra un paralelo directo en el párrafo IV del artículo 13 dominicano.

En definitiva, tanto en Francia como aquí, la contradicción de sentencias se concibe como un mecanismo excepcional de apertura del recurso de casación, destinado a preservar la autoridad de la cosa juzgada y evitar la permanencia de decisiones judiciales jurídicamente incompatibles. Allá, con base en los artículos 617 y 618 del Code de procédure civile, y aquí, conforme al artículo 13 de la Ley núm. 2-23, el ordenamiento habilita a la Corte de Casación para intervenir cuando la coexistencia de determinados pronunciamientos compromete la coherencia y estabilidad de la función jurisdiccional.

Igualmente, la comparación permite advertir que la legislación dominicana no debe ser leída como una simple transcripción del modelo francés. La Ley núm. 2-23 incorpora esta técnica dentro de su propia arquitectura del recurso de casación, por lo que corresponderá a nuestra Suprema Corte de Justicia, mediante su jurisprudencia, precisar el alcance de conceptos particularmente abiertos como “decisiones inconciliables”, así como delimitar los presupuestos bajo los cuales una contradicción puede justificar, excepcionalmente, la anulación de una o de ambas decisiones.

V.- La ampliación del régimen dominicano

Llegados a este punto, puede apreciarse mejor la evolución respecto del antiguo régimen. La jurisprudencia dominicana anterior a la Ley núm. 2-23 había definido la contradicción como motivo de casación en términos relativamente precisos: decisiones de última instancia, provenientes de tribunales o juzgados distintos, entre las mismas partes y sobre los mismos medios[7]. El artículo 13 mantiene la idea fundamental de incompatibilidad entre decisiones, pero establece un régimen que parece más amplio y, sobre todo, mucho más detallado. La ampliación se aprecia especialmente en cuatro aspectos, que son:

1. Dos hipótesis expresamente diferenciadas, ya que la ley distingue ahora entre el desconocimiento de la cosa juzgada y la inconciliabilidad de dos decisiones, 2. Una vía extraordinaria aun cuando haya fracasado una casación anterior. El párrafo II dispone expresamente que la casación es admisible aunque una de las decisiones haya sido previamente impugnada mediante recurso de casación y este haya sido rechazado, 3. Excepción al plazo ordinario. El párrafo III permite que el recurso se interponga incluso después de expirado el plazo para recurrir, 4.- Impugnación conjunta. El párrafo IV exige que el recurso se dirija contra las dos decisiones y permite a la Corte anular una o, si procede, ambas. Estas características no son simples detalles procesales. Revelan una transformación importante en la función de esta modalidad de casación. El legislador ya no se limita a proporcionar un mecanismo para eliminar una segunda sentencia que desconoce una primera. Ahora contempla expresamente una situación en la cual el problema reside en la coexistencia de las dos decisiones consideradas conjuntamente.

Hay que decir que el vencimiento del plazo constituye una excepción justificada por la excepcionalidad del conflicto. El párrafo III merece particular atención: en el caso establecido en el párrafo II, el recurso de casación puede incoarse aun después de la expiración del plazo para recurrir. A primera vista, esta disposición podría parecer incompatible con el principio de seguridad jurídica, ya que los recursos tienen plazos precisamente porque el sistema necesita que las controversias lleguen a un punto definitivo; sin embargo, la norma debe entenderse dentro de los límites estrictos del párrafo II. No significa que cualquier persona pueda impugnar indefinidamente una sentencia simplemente porque no recurrió oportunamente.

La indicada excepción opera cuando existe una situación específica, que es que existen dos decisiones, que estas son inconciliables y ninguna es susceptible de recurso ordinario. La propia estructura de la norma revela que la posibilidad de recurrir fuera de plazo no constituye un privilegio general, sino una respuesta extraordinaria frente a una anomalía procesal igualmente extraordinaria. La solución tiene además una lógica constitucional y sistémica, que no es otra que la estabilidad de una sentencia no puede ser considerada aisladamente cuando su coexistencia con otra sentencia produce una situación jurídicamente imposible.

Incluso una casación anterior rechazada no necesariamente elimina el problema. De ahí que otro elemento excepcional aparece en el mismo párrafo II. La ley admite la contradicción incluso cuando una de las decisiones ya haya sido impugnada mediante recurso de casación y este haya sido rechazado. Esto demuestra que el objeto del nuevo recurso no es exactamente el mismo que tuvo el recurso anterior. El primer recurso examinó una sentencia individualmente considerada, en tanto que el nuevo recurso tiene como objeto la relación entre dos decisiones. La diferencia puede representarse así: primer recurso contra lasentencia A, preguntamos: ¿contiene una infracción casacional? Nuevo recurso contra lasentencia A ya la sentencia B, preguntándonos: ¿pueden coexistir jurídicamente? Por eso, el rechazo de un recurso anterior no elimina necesariamente el problema posterior.

La situación puede incluso ser sobrevenida, en el sentido de que una segunda decisión puede aparecer después de que la primera haya agotado ya sus posibilidades de impugnación. La jurisprudencia constitucional dominicana ha tenido ocasión de examinar esta particularidad del artículo 13 y ha reconocido que el párrafo II contempla incluso la posibilidad de una contradicción sobrevenida, es decir, aquella que puede surgir cuando una sentencia posterior entra en contradicción con otra que ya había sido objeto de un recurso de casación rechazado.

 Es el párrafo IV que constituye, probablemente, la mayor diferencia técnica respecto de la primera hipótesis. La norma dispone: el recurso debe dirigirse contra las dos decisiones, ¿por qué? Porque en el segundo supuesto la contradicción no puede analizarse adecuadamente examinando una sola decisión. La anomalía surge precisamente de la relación entre ambas; por eso, la Corte de Casación debe tener bajo su control las dos decisiones para determinar cuál puede subsistir. Puede suceder que una sea anulada y la otra permanezca, pero, como hemos visto antes, el legislador contempla incluso una solución más radical, que es la anulación de ambas. Esta posibilidad resulta especialmente interesante.

Si el propósito fuera simplemente corregir un error cometido en la segunda sentencia, bastaría con dirigir el recurso contra ella, pero si el legislador autoriza la anulación de una o de las dos, está reconociendo que la contradicción puede producir una situación en la que la solución no consiste necesariamente en declarar vencedora a una de las decisiones. La función de la sede casacional es, en primer término, hacer desaparecer la contradicción.

VI. Una casación de naturaleza excepcional y, en principio, sin envío

La consecuencia lógica del comentado artículo 13 de la Ley núm. 2-23, sobre contradicción de sentencias en el marco de la apertura del recurso de casación, es que la casación fundada en ese motivotiene una fisonomía particular. Justamente, la doctrina dominicana ha señalado que, en estas hipótesis, estamos ante una casación sin envío, porque una vez resuelta la contradicción no quedaría necesariamente una cuestión pendiente que deba ser nuevamente juzgada por un tribunal de fondo[8].

Esto es coherente con la finalidad de la institución. En una casación ordinaria, la Corte puede anular una sentencia porque el tribunal aplicó incorrectamente una norma jurídica y ordenar que el asunto vuelva a ser examinado. En la contradicción de sentencias, en cambio, el problema puede ser simplemente que existen dos decisiones incompatibles. La misión de la Corte consiste entonces en determinar qué decisión o decisiones deben desaparecer para que el sistema recupere coherencia.

No es ocioso recordar que, conforme al artículo 37 de la Ley núm. 2-23, la casación sin envío supone que, una vez casada la decisión impugnada, no resulta necesario remitir el asunto ante otro tribunal para que vuelva a ser juzgado, bien porque no queda nada por decidir, bien porque la Corte de Casación puede resolver definitivamente la cuestión que constituye el objeto del recurso. Por ejemplo, si dos sentencias inconciliables reconocen a personas distintas un mismo derecho de propiedad sobre un determinado inmueble y la Corte, al conocer del recurso previsto en el artículo 13, determina cuál de las decisiones debe subsistir, no tendría sentido ordenar el reenvío del asunto para que otro tribunal vuelva a pronunciarse sobre una controversia que, precisamente, ya fue decidida mediante las sentencias contradictorias.

En el caso descrito precedentemente, se habla de casación sin envío, justamente, porque la intervención de la Corte tiene por finalidad poner término a la contradicción existente, y no provocar la apertura de un nuevo juicio sobre el fondo. La particularidad radica, entonces, en que la Corte de Casación no necesita devolver el proceso a los jueces del fondo para que estos dicten una nueva decisión, ya que la propia constatación de la contradicción y la determinación de cuál decisión debe ser anulada; o bien, cuando proceda, de que deben ser anuladas ambas, agotan la cuestión sometida a su conocimiento. De ahí que la casación por contradicción de sentencias presente una fisonomía distinta de la casación ordinaria y se configure como un mecanismo excepcional de cierre destinado a restablecer la coherencia del sistema jurisdiccional[9].

VII. ¿La Ley núm. 2-23 amplió el concepto tradicional dominicano?

Aquí aparece uno de los problemas más interesantes del tema. La jurisprudencia de 2012, bajo el artículo 504 del Código de Procedimiento Civil, hablaba de sentencias pronunciadas en última instancia por tribunales o juzgados distintos, entre las mismas partes y sobre los mismos medios. Pero el artículo 13 de la Ley núm. 2-23 no reproduce literalmente esa fórmula. En particular, el párrafo II habla de “dos decisiones inconciliables y exige que ninguna sea susceptible de recurso ordinario. Como se ve, el texto no repite expresamente, en esa disposición, la fórmula tradicional de “mismas partes y mismos medios”. Esto permite sostener, con prudencia, que el legislador ha ampliado la institución.

En el régimen anterior, la contradicción estaba descrita fundamentalmente a partir de ciertos elementos de identidad entre los procesos y las decisiones. En el régimen actual, el legislador coloca en primer plano la inconciliabilidad objetiva de las decisiones y la imposibilidad de someterlas a un recurso ordinario. Esto no significa necesariamente que la identidad entre partes, objeto o causa haya dejado de tener relevancia; en muchos casos, esos elementos serán precisamente los que permitan demostrar la existencia de una verdadera contradicción y la afectación de la cosa juzgada. Pero sí significa que el análisis bajo la Ley núm. 2-23 no puede limitarse mecánicamente a repetir la fórmula del antiguo artículo 504.

La nueva norma exige preguntarse, sobre todo en el sentido de saber qué decisiones están en conflicto, si son realmente inconciliables y si pueden ejecutarse simultáneamente, así como definir si existe todavía un recurso ordinario capaz de resolver el conflicto. También cabe preguntarse con el sistema de la vigente Ley 2-23 si la contradicción se encuentra en el dispositivo o solamente en las motivaciones. Estas preguntas permiten interpretar esta causa de casación de acuerdo con su nueva estructura legal.

VIII. El contraste con España: contradicción de sentencias y contradicción de doctrina

A pesar de que el modelo casacional que instaura la Ley núm. 2-23, de Recurso de Casación, ha sido concebido bajo los influjos del sistema español, hay que resaltar que, respecto de la contradicción de sentencias como causa de casación, dicho esquema de la madre patria proporciona otro punto de comparación, aunque desde una perspectiva funcional diferente. En España, la contradicción ha adquirido particular relevancia en el recurso de casación para la unificación de doctrina, especialmente en el orden social. Sin embargo, en este ámbito, la contradicción no constituye propiamente el resultado que el recurso pretende eliminar, sino el presupuesto que permite activar la función unificadora atribuida al Tribunal Supremo.

En efecto, el artículo 219.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre[10], reguladora de la jurisdicción social, configura el recurso para aquellos supuestos en que, respecto de hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hayan producido pronunciamientos distintos. La jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo español ha precisado, a su vez, que el juicio de contradicción exige una comparación entre resoluciones recaídas en controversias sustancialmente iguales, de manera que la divergencia entre sus respectivos pronunciamientos revele la necesidad de determinar cuál es la doctrina jurídica aplicable.

Por consiguiente, la finalidad característica del mecanismo español es la unificación de la interpretación jurídica ante respuestas judiciales divergentes frente a situaciones sustancialmente comparables[11]. La contradicción opera, así, como presupuesto para que el Tribunal Supremo pueda establecer la doctrina que habrá de prevalecer, contribuyendo con ello a la uniformidad jurisprudencial y a la seguridad jurídica. Yesta función no debe confundirse con la que cumple la contradicción de sentencias contemplada en el artículo 13 de la Ley núm. 2-23. En el modelo dominicano, la cuestión no se reduce a determinar cuál interpretación jurídica debe uniformarse frente a decisiones divergentes, sino que la contradicción puede presentar una dimensión propiamente anómala: la coexistencia de decisiones judiciales definitivas e incompatibles cuya eficacia simultánea resulta jurídicamente inconciliable. De suerte y manera que la intervención casacional se orienta entonces a remover esa incompatibilidad, mediante la anulación de una de las decisiones o, cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, de ambas.

La diferencia puede resumirse, por tanto, en términos de función: en la casación española para la unificación de doctrina, la contradicción constituye el presupuesto de una función esencialmente uniformadora; en el artículo 13 de la Ley núm. 2-23, constituye una situación de incompatibilidad entre decisiones concretas cuya eliminación puede requerir una intervención excepcional de la Corte de Casación. Aunque ambos sistemas emplean el concepto de contradicción y ambos persiguen, en última instancia, preservar la coherencia del ordenamiento y la seguridad jurídica, lo hacen desde presupuestos y con finalidades procesales que no son enteramente coincidentes.

Dicho de modo llano, en ambos sistemas la contradicción parte de la existencia de decisiones judiciales que no ofrecen una misma respuesta jurídica, pero el problema procesal que cada ordenamiento pretende resolver no es el mismo. La diferencia no está, por tanto, en el empleo de la palabra «contradicción», sino en aquello que jurídicamente se hace con ella: mientras un sistema la utiliza como presupuesto para uniformar la doctrina, el otro la contempla como una anomalía que, bajo determinadas condiciones, debe ser removida. Más concretamente, en España, la contradicción propia del recurso de casación para la unificación de doctrina sirve para poner de manifiesto que controversias sustancialmente iguales han recibido respuestas jurídicas diferentes. La sentencia de contraste no se aporta, en esencia, porque su coexistencia con la sentencia recurrida produzca por sí misma una incompatibilidad ejecutiva, sino porque permite demostrar que existe una divergencia doctrinal que justifica la intervención del Tribunal Supremo para fijar el criterio interpretativo correspondiente. El centro de gravedad se sitúa, así, en la uniformidad de la doctrina jurisprudencial.

En tanto que, en la República Dominicana, cuando se activa el artículo 13 de la Ley núm. 2-23, la atención del legislador se desplaza hacia las propias decisiones en conflicto. No se trata simplemente de demostrar que dos órganos judiciales han interpretado de manera diferente una misma norma ante casos comparables, sino de acreditar la existencia de decisiones cuya coexistencia resulta jurídicamente incompatible y cuya permanencia simultánea compromete la coherencia del sistema de justicia. Por ello, la respuesta casacional no se agota en fijar una doctrina uniforme para casos futuros, sino que puede comportar la eliminación de la contradicción mediante la anulación de una o, según corresponda, de las decisiones enfrentadas.

De ahí que pueda afirmarse que, en el modelo español, la contradicción mira principalmente hacia la uniformidad futura de la interpretación jurídica; mientras que, en el modelo dominicano del artículo 13, mira primordialmente hacia la eliminación de una incompatibilidad ya producida entre decisiones concretas. En el primero, la pregunta fundamental es: ¿qué doctrina debe prevalecer ante soluciones divergentes para casos sustancialmente iguales?; en el segundo: ¿cómo debe resolverse la coexistencia de decisiones definitivas que, por su contenido, no pueden subsistir conjuntamente? Esa diferencia funcional explica que, pese a compartir una terminología común y una preocupación última por la coherencia y la seguridad jurídica, la contradicción opere con una naturaleza procesal sustancialmente distinta en cada régimen casacional.

IX. Una precisión importante: contradicción de sentencias no es contradicción jurisprudencial

La distinción anterior permite evitar una confusión frecuente. Supongamos que dos tribunales interpretan de manera diferente una misma disposición legal. Eso puede constituir un problema de divergencia jurisprudencial, pero no necesariamente existe contradicción de sentencias en el sentido del comentado artículo 13. Por ejemplo, el tribunal A interpreta que una determinada norma exige el requisito X y, por otro lado, el tribunal B interpreta que la misma norma no exige X. Las decisiones pueden ser doctrinalmente diferentes, pero eso no significa necesariamente que sus dispositivos sean incompatibles.

En cambio, si el tribunal A ordena entregar un bien a X y el tribunal B ordena entregar el mismo bien a Y. Aquí sí aparece un problema distinto, ya que los mandatos judiciales pueden ser materialmente incompatibles. Esta distinción es esencial para comprender el artículo 13. Lo cierto es que la contradicción de sentencias, como motivo de apertura casacional, no tiene como objeto general corregir toda divergencia jurisprudencial. Su finalidad específica es enfrentar una situación excepcional en la que la existencia simultánea de dos decisiones genera una incompatibilidad jurídicamente relevante.

X.- La función institucional de la Suprema Corte de Justicia

La contradicción de sentencias permite observar una dimensión particularmente interesante de la función de la Suprema Corte de Justicia fungiendo como Corte de Casación, y es que dicha alta Corte no interviene únicamente para determinar si un juez aplicó correctamente una determinada norma. En el artículo 13, su intervención puede estar dirigida a preservar la coherencia del propio sistema jurisdiccional.

La diferencia es importante, porque en una casación ordinaria podemos plantear si aplicó correctamente el tribunal la norma jurídica, pero en una casación por contradicción de sentencias podemos formular una pregunta distinta: ¿puede el ordenamiento jurídico mantener simultáneamente estas dos decisiones? Si la respuesta es negativa, la intervención casacional adquiere una dimensión sistémica. La Corte actúa como mecanismo de cierre frente a una anomalía producida por la coexistencia de decisiones incompatibles. Por todo ello, la contradicción de sentencias se relaciona estrechamente con la seguridad jurídica, conscientes de que la seguridad jurídica no significa únicamente que las sentencias sean firmes, sino también que las decisiones judiciales puedan coexistir dentro del ordenamiento sin producir mandatos incompatibles.

XI.- Ejemplos concretos para comprender el artículo 13

Puede ser útil reunir las dos hipótesis en un solo ejemplo hipotético. Así, en una primera hipótesis, imaginemos que A obtiene una sentencia definitiva que reconoce su propiedad sobre un inmueble. De su lado, B inicia posteriormente un proceso sobre el mismo inmueble y A invoca ante el tribunal la autoridad de la cosa juzgada de la primera sentencia, pero el tribunal rechaza la excepción y reconoce la propiedad de B.

A la luz de la casuística propuesta previamente, tenemos la sentencia 1, conforme a la cualA es propietario; pero, además, la sentencia 2, queestablece queB es propietario. La contradicción se produce porque la segunda sentencia desconoce la autoridad de la primera. El recurso se dirige contra la segunda sentencia, y si la Corte de Casación constata la contradicción, la solución favorece a la primera.

Ahora, en una segunda hipótesis, supongamos que existen dos decisiones definitivas relacionadas con el mismo inmueble:la sentencia 1 disponme queA debe recibir el inmueble y, por otro lado, la sentencia 2 ordena queB es que debe recibir el inmueble.Ninguna admite recurso ordinario; incluso, podría ocurrir que la primera hubiera sido objeto de casación y que el recurso hubiera sido rechazado.La Ley núm. 2-23 permite entonces que se invoque la contradicción, aunque sea fuera del plazo ordinario de 20 días hábiles para recurrir en casación. El recurso debe dirigirse contra ambas decisiones. La Corte examina la relación entre ellas y puede anular una o, si corresponde, las dos.

El ejemplo anterior permite visualizar la diferencia fundamental, que es que en el primer caso se corrige la segunda sentencia, en tanto que en el segundo se resuelve una contradicción existente entre dos decisiones. En pocas palabras, para entender, de forma práctica, la diferencia entre ambas hipótesis, lo determinante es saber que en la primera existe una sentencia previa cuya autoridad de cosa juzgada debe prevalecer frente a una segunda que la desconoce. Es decir, se corrige la segunda decisión. Por otro lado, en la segunda hipótesis, la contradicción se encuentra entre dos decisiones definitivas que deben ser examinadas conjuntamente por la Corte de Casación.

XII. La contradicción como remedio extraordinario, no como tercera instancia

Una consecuencia importante de todo lo anterior es que el artículo 13 de la Ley núm. 2-23, de Recurso de Casación, no convierte a la Corte de Casación en una tercera instancia. La parte no puede invocar simplemente la existencia de una sentencia anterior para pedir que en sede casacional se vuelva a examinar todos los hechos y pruebas del litigio. Tampoco puede utilizar el mecanismo para obtener una nueva oportunidad de recurrir una sentencia que dejó pasar voluntariamente, fuera de los presupuestos establecidos por la ley.

La institución requiere una anomalía específica. En el primer supuesto, tal como hemos venido examinando, debe darse una cosa juzgada invocada ante el fondo, un rechazo del medio de inadmisión por cosa juzgada y una segunda sentencia contradictoria. Por otro lado, en el segundo escenario han de concurrir dos decisiones inconciliables, la ausencia de recurso ordinario, más las condiciones especiales del artículo 13. La excepcionalidad del mecanismo explica precisamente las consecuencias extraordinarias que el legislador permite.

No es ocioso hacer las precisiones anteriores, porque debe descartarse, de plano, el proceder impropio de pretender convertir el mecanismo excepcional del artículo 13 en una vía sustitutiva de los recursos ordinarios o en una instancia adicional para reabrir el debate sobre los hechos, las pruebas o el fondo del litigio, lo que supondría desnaturalizar su finalidad y extender indebidamente la competencia de la Corte de Casación, en detrimento de los principios de preclusión, seguridad jurídica, cosa juzgada y autoridad de las decisiones judiciales. Por eso, vale repetir, no basta con que exista una decisión anterior relacionada con el mismo objeto litigioso, es indispensable que concurra la situación procesal específicamente prevista por el legislador y que la contradicción denunciada sea de aquellas que justifican, excepcionalmente, la intervención casacional.

XIII. La relación con el interés casacional

Otro elemento relevante de la nueva legislación es que la contradicción de sentencias recibe un tratamiento especial dentro del régimen de admisibilidad de la Ley núm. 2-23. La Suprema Corte de Justicia ha reconocido que, cuando el recurso se funda en la causa de contradicción de sentencias prevista en el artículo 13, no resulta necesario acreditar el interés casacional en los términos generales del artículo 10.3.  En efecto, mediante el Segundo Acuerdo Pleno no Jurisdiccional de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia para la aplicación de la Ley núm. 2-23, publicado en 2025, en el apartado 4.1, numeral 3), relativo al “interés casacional presunto”, la mencionada Sala establece que no es necesario acreditar interés casacional cuando el recurso se funda en la causa de contradicción de sentencias prevista en el artículo 13 de la Ley núm. 2-23[12].

La solución es coherente con la naturaleza del mecanismo. Si existen dos decisiones judiciales inconciliables, el problema no depende necesariamente de que la cuestión planteada tenga una importancia jurisprudencial general. La propia existencia de la contradicción constituye una razón suficiente para justificar la intervención de la Corte. Esto confirma que el legislador considera esta situación como una cuestión de especial relevancia dentro del sistema de justicia.

XIV. La contradicción como problema de seguridad jurídica

Puede decirse, finalmente, que el artículo 13 protege una dimensión particular de la seguridad jurídica. En efecto, la seguridad jurídica tiene una dimensión subjetiva: las partes necesitan saber cuál es su situación jurídica, pero también tiene una dimensión objetiva: el sistema jurídico no debería contener simultáneamente decisiones judiciales que ordenen cosas incompatibles.

Si, tal como hemos ejemplificado varias veces anteriormente, una sentencia dice “A es propietario” y otra sentencia definitiva establece “B es propietario” respecto del mismo objeto, la incertidumbre no es simplemente psicológica o individual. El propio ordenamiento está proyectando dos soluciones jurídicas incompatibles; con lo cual, la contradicción de sentencias aparece entonces como un mecanismo para restablecer la coherencia institucional. Esta función explica la severidad de las soluciones previstas por el legislador.

Recordemos que el artículo 13 objeto de análisis permite recurrir después del vencimiento del plazo, admite el recurso aunque una de las decisiones haya sido previamente objeto de casación, se exige atacar ambas decisiones y puede llegar a anularse una o las dos. Estas son consecuencias extraordinarias, porque extraordinaria es la situación que pretenden solucionar.

XV.- Conclusión

La contradicción de sentencias constituye uno de los motivos más singulares de apertura del recurso de casación previsto por la Ley núm. 2-23. Su antecedente inmediato en el derecho dominicano puede encontrarse en el antiguo artículo 504 del Código de Procedimiento Civil y en la jurisprudencia desarrollada bajo su vigencia. En particular, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, tal como vimos en el desarrollo de este ensayo, habían establecido que la contradicción susceptible de casación debía verificarse entre sentencias pronunciadas en última instancia por distintos tribunales o juzgados, entre las mismas partes y sobre los mismos medios.

La Ley núm. 2-23 conserva la esencia de aquella institución, pero la desarrolla mediante una regulación mucho más precisa y, particularmente en sus párrafos II, III y IV, configura un remedio extraordinario de mayor alcance. De ahí que el artículo 13 contempla, en realidad, dos situaciones diferentes. La primera se presenta cuando una segunda sentencia desconoce la autoridad de una primera decisión, habiéndose invocado inútilmente ante los jueces del fondo el medio de inadmisión por cosa juzgada. En este caso, la solución es relativamente clara, y es que el recurso se dirige contra la segunda sentencia y, comprobada la contradicción, prevalece la primera.

La segunda situación es cualitativamente distinta. Se produce cuando existen dos decisiones inconciliables y ninguna de ellas es susceptible de recurso ordinario. En este escenario, la ley permite incluso que el recurso se interponga después de vencido el plazo ordinario y aunque una de las decisiones haya sido previamente objeto de un recurso de casación rechazado. Además, el recurso debe dirigirse contra las dos decisiones y la Corte de Casación puede anular una o, si procede, ambas. Siendo precisamente esta segunda hipótesis la que demuestra que la Ley núm. 2-23 no se limita a reproducir mecánicamente el régimen anterior. El legislador ha construido un mecanismo destinado a enfrentar una anomalía procesal específica, que es la permanencia de dos decisiones judiciales que no pueden coexistir jurídicamente.

La experiencia francesa resulta especialmente útil para comprender este concepto. La jurisprudencia de la Cour de cassation ha insistido en que no toda diferencia entre dos decisiones constituye contradicción. La inconciliabilidad debe apreciarse a partir de sus dispositivos y de la imposibilidad de hacer coexistir sus efectos. La jurisprudencia francesa confirma también la necesidad, en el primer supuesto, de haber invocado inútilmente la cosa juzgada ante los jueces del fondo.

El contraste con España permite, a su vez, precisar que la expresión “contradicción” no tiene necesariamente el mismo significado en todos los sistemas de casación. Mientras determinadas modalidades de casación española utilizan la contradicción como instrumento para unificar doctrina y corregir divergencias interpretativas, el artículo 13 de nuestra Ley núm. 2-23, de Recurso de Casación, se ocupa primordialmente de la coexistencia de decisiones judiciales concretas que resultan incompatibles. Por ello, una correcta interpretación del referido artículo 13 exige evitar dos extremos.

El primer extremo sería entender la contradicción de manera tan amplia que cualquier diferencia entre decisiones judiciales pudiera justificar la casación. Y el segundo extremo sería reducir la nueva regulación a la antigua concepción del artículo 504 del Código de Procedimiento Civil, ignorando las innovaciones introducidas por los párrafos II, III y IV. Por consiguiente, la solución parece encontrarse, haciendo acopio del credo aristotélico, en un punto intermedio: la Ley núm. 2-23 conserva la institución tradicional de la contradicción de sentencias, pero la dota de una estructura propia y amplía su capacidad de respuesta frente a situaciones excepcionales de inconciliabilidad judicial.

En definitiva, el artículo 13 protege algo más que la correcta aplicación individual de una norma jurídica. Protege la coherencia del sistema jurisdiccional. Una justicia que produce dos decisiones incompatibles respecto de una misma realidad jurídica deja de proporcionar certeza precisamente en el momento en que debería hacerlo. La casación por contradicción de sentencias aparece así como un mecanismo de cierre, en el sentido de que cuando los recursos ordinarios ya no pueden solucionar el conflicto y dos decisiones judiciales incompatibles permanecen dentro del ordenamiento, corresponde a la Corte de Casación intervenir para restablecer la coherencia.

La importancia de la institución de contradicción de sentencias reside, por tanto, en una idea sencilla pero fundamental, y es que la autoridad de la justicia no depende solamente de que las sentencias sean definitivas; también depende de que puedan coexistir coherentemente dentro del ordenamiento jurídico. Dicho de otro modo, la seguridad jurídica no se satisface únicamente con la firmeza formal de las decisiones judiciales, sino que exige también un mínimo de coherencia en su proyección dentro del ordenamiento jurídico.

La coexistencia de pronunciamientos firmes e inconciliables sobre una misma relación jurídica compromete la autoridad de la cosa juzgada, erosiona la confianza legítima en la función jurisdiccional y puede traducirse en una afectación de la tutela judicial efectiva, en cuanto impide al justiciable obtener una respuesta judicial dotada de estabilidad, coherencia y eficacia. De ahí que la contradicción de sentencias, en el ámbito casacional, no constituya una mera cuestión de técnica impugnativa, sino un mecanismo excepcional orientado a preservar la integridad del sistema jurisdiccional y a impedir que la firmeza de decisiones incompatibles termine convirtiéndose, paradójicamente, en fuente de inseguridad jurídica.

 


[1] Cfr ALARCÓN, Edynson. Los recursos del procedimiento civil, 4ta. edición, p. 466.

[2] Sentencia SCJ, Salas Reunidas, núm. 2, del 12 de diciembre de 2012, B.J. núm. 1225, pp. 50-68.

[3] Reseñado por Édynson Alarcón en la obra antes citada, página 468.

[4] Jacques y Louis Boré, al estudiar la contrariété de jugements, destacan la particularidad de esta causa de apertura a la casación y, especialmente, las dificultades que plantea la determinación de cuándo dos decisiones deben considerarse verdaderamente inconciliables. La propia Cour de cassation reconoce que su jurisprudencia sobre el alcance de esta noción no ha sido completamente uniforme, lo que evidencia que la contrariété de jugements constituye una figura procesal excepcional cuya delimitación ha sido objeto de importante elaboración doctrinal. Ver en línea: Bulletin d´information. Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications, n. 832. Publication bimensuelle, 1 décembre, 2015.

[5] Justamente, la Chambre sociale, 19 de febrero de 2003, n.º 98-43.105 declaró expresamente que la contradicción de sentencias no podía invocarse bajo el artículo 617 del Código de Procedimiento Civil francés porque la fin de non-recevoir derivada de la autoridad de la cosa juzgada no había sido opuesta ante el juez del fondo.

[6] Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 de enero de 2017, pourvoi n.º 14-25.655.

[7] “Según el artículo 504 del Código de Procedimiento Civil, la contradicción de sentencias, que es motivo de casación, debe verificarse entre sentencias pronunciadas en última instancia por distintos tribunales o juzgados, entre las mismas partes y sobre los mismos medios” (Sentencia SCJ, Salas Reunidas, núm. 2, del 12 de diciembre del 2012, B.J. núm. 1225, pp. 50-68).

[8] Ob. Cit. ALARCÓN, Edynson, p. 467.

[9] No es ocioso apuntar que no debe confundirse la casación sin envío del artículo 37 con el fallo directo casacional previsto en el artículo 38 de la Ley núm. 2-23. Mientras la casación sin envío supone que, una vez casada la decisión, no existe necesidad de remitir el proceso a los jueces del fondo porque la cuestión queda agotada con la propia casación, el fallo directo constituye una facultad excepcional de la Corte de Casación para sustituir la jurisdicción de envío y dictar ella misma la decisión que corresponda sobre el fondo, siempre que haya casado la sentencia en cuanto al fondo y lo considere conveniente para una buena administración de justicia. En pocas palabras, la casación sin envío responde a la inexistencia de una cuestión pendiente que justifique el reenvío; el fallo directo responde, en cambio, a la decisión de la Corte de asumir excepcionalmente el conocimiento del fondo para evitarlo. De ahí que el artículo 38 establezca garantías específicas para su ejercicio, entre ellas la posibilidad de que las partes soliciten el fallo directo, el deber de la Corte de advertirles cuando contemple ejercer esa facultad y la oportunidad de formular observaciones sobre los aspectos del fondo que serán decididos.

[10] “El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos, siempre que la Sala Social del Tribunal Supremo aprecie que el recurso presenta interés casacional objetivo. Existe interés casacional objetivo cuando se de alguno de los siguientes supuestos: a) Si concurren circunstancias que aconsejen un nuevo pronunciamiento de la Sala, b) Si la cuestión posee una trascendencia o proyección significativa y c) Si el debate suscitado presenta relevancia para la formación de la jurisprudencia”.

[11] “El recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en la Sección Cuarta, Capítulo III, Título IV (arts. 96 a 99) de la Ley procesal de esta Jurisdicción, se configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. “Se trata, con este medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación -siempre que se den, desde luego, los requisitos de su procedencia-, sino “sólo” cuando la inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales específicamente enfrentadas… No es, pues, esta modalidad casacional una forma de eludir la inimpugnabilidad de sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario, ni, por ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para anular, sí, sentencias ilegales, pero sólo si estuvieran en contradicción con otras de Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo específicamente traídas al proceso como opuestas a la que se trate de recurrir” (S.15-7-2003)” (STS de 18 de enero de 2012, RCUD 3309/2011). Es importante señalar que la Ley Orgánica 1/2025 modificó expresamente el artículo 219.1 de la Ley 36/2011. Desde la entrada en vigor de la reforma, no basta con que exista contradicción entre las sentencias. Ahora el precepto exige, además, que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aprecie interés casacional objetivo. Distinto a RD que, como vimos, se ha establecido que la contradicción de sentencia supone un interés casacional presunto.

[12] Para ampliar sobre este Segundo Acuerdo Pleno no Jurisdiccional, ver “Mirada crítica al Segundo Acuerdo Pleno no Jurisdiccional de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia para la aplicación de la Ley núm. 2-23 de Recurso de Apelación”, colgado el 17 de julio de 2025 en www.yoaldo.org

Después del jurista, queda el pensamiento

El abogado William C. Headrick, connotado jurista domínico-estadounidense, constituye un referente insoslayable del derecho dominicano contemporáneo, no solamente por su prolongada y fecunda trayectoria profesional, sino, muy especialmente, por haber consagrado buena parte de su vida al estudio, sistematización y divulgación de nuestro ordenamiento jurídico. Su obra revela a un jurista de extraordinaria cultura, con particular vocación por el derecho comparado y por la comprensión de la evolución de las instituciones jurídicas, capaz de tender puentes entre la tradición jurídica dominicana, sus raíces francesas y las transformaciones que impone el derecho contemporáneo.

Personalmente, el acercamiento físico más próximo que tuve con él fue con ocasión de un taller impartido en la Escuela Nacional de la Judicatura, sobre análisis de sentencias. Más allá del valioso contenido de sus reflexiones, recuerdo particularmente su modo humilde de conducirse, la sencillez con que llegaba caminando a la Escuela y, sobre todo, su exquisito trato humano. En un mundo jurídico en el que el conocimiento puede confundirse fácilmente con solemnidad, distancia o vanidad intelectual, Headrick proyectaba una enseñanza adicional, acaso más silenciosa, pero no menos importante, y es que la verdadera autoridad del jurista no necesita imponerse; se reconoce por la profundidad de lo que piensa, la claridad con que lo expresa y la humanidad con que trata a los demás.

Sin embargo, fue a través de su obra intelectual donde tuve el contacto más cercano y duradero con él. Sus libros, estudios y compilaciones han acompañado de manera significativa mi cotidiano ejercicio jurisdiccional. Particularmente valiosas me han resultado sus reflexiones sobre la correcta interpretación del Principio IV de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, cuya noción de imprescriptibilidad, como acertadamente se ha explicado, no puede ser entendida de manera indiscriminada frente a toda forma de prescripción, sino que debe ser examinada, fundamentalmente, desde la perspectiva de la prescripción adquisitiva o usucapión, sin confundirla con la prescripción extintiva de las acciones. Esa distinción, aparentemente técnica, posee profundas consecuencias dogmáticas y prácticas, pues permite preservar el verdadero alcance del principio sin convertirlo en una suerte de inmunidad absoluta frente al transcurso del tiempo y las instituciones que el propio ordenamiento jurídico reconoce. Muchas sentencias se han basado en ese razonamiento, en materia de litis de derechos registrados.

Igualmente, sus estudios sobre las tendencias del derecho francés, sus aproximaciones al derecho comparado y, de manera muy especial, sus compilaciones legislativas y jurisprudenciales, constituyen aportes de singular trascendencia. En una tradición jurídica como la dominicana, en la que la legislación y la jurisprudencia se encuentran frecuentemente dispersas y en la que comprender el origen de nuestras instituciones resulta indispensable para interpretar adecuadamente su desarrollo, la labor de Headrick adquirió una dimensión que trasciende la del simple autor: fue un sistematizador de nuestra experiencia jurídica y, en cierta medida, un traductor intelectual entre distintas tradiciones jurídicas.

Su mérito radica también en haber entendido que conocer el derecho dominicano exige algo más que leer sus textos legales. Supone conocer cómo fueron concebidas sus instituciones, cómo han evolucionado, cómo han sido interpretadas por los tribunales y cómo pueden ser comprendidas a la luz de otros sistemas jurídicos, particularmente el francés, cuya influencia histórica sobre nuestro derecho civil y procesal resulta innegable. De ahí que su obra conserve utilidad incluso cuando cambian las leyes, porque muchas de sus reflexiones no se agotan en la norma positiva de un determinado momento, sino que ofrecen herramientas para pensar jurídicamente.

Por ello, son muchos los aportes que hacen de William C. Headrick un referente cuya presencia intelectual, sin dudas, perdurará durante muchos años en la memoria de la comunidad jurídica dominicana. Los autores verdaderamente trascendentes no desaparecen completamente cuando dejan de estar físicamente entre nosotros. Permanecen en las ideas que sembraron, en las instituciones que ayudaron a comprender, en las generaciones que formaron y, sobre todo, en quienes continúan pensando a partir de aquello que ellos alguna vez escribieron.

Hace poco partió físicamente el profesor Robert Alexy; ahora, el profesor Headrick. Cuando profesionales e intelectuales alcanzan semejante nivel de influencia, sus pérdidas físicas nos impactan de una manera singular. Sabemos, ciertamente, que sus obras permanecen; pero haberlos leído tanto produce una sensación paradójica: es como si, de algún modo, hubiéramos llegado a conocerlos personalmente. El contacto reiterado con sus pensamientos genera una familiaridad intelectual que trasciende el tiempo y la distancia. Sus libros se convierten en espacios de encuentro; sus argumentos, en conversaciones; sus preguntas, en estímulos para nuestras propias reflexiones.

Alguien dijo alguna vez que la conversación más profunda que puede tenerse con un autor es la que se sostiene con sus libros. Y quizá sea cierto. Allí cada palabra ha sido pensada, examinada, contrastada y contextualizada; cada página representa el resultado de horas de estudio y reflexión. Leer a un autor de manera recurrente es, en cierto sentido, conversar con él: formularle preguntas, disentir, coincidir, volver sobre sus argumentos y descubrir, incluso muchos años después, nuevos significados en aquello que escribió. Por eso, siendo beneficiario de sus valiosas ideas jurídicas y habiendo acudido tantas veces a su obra en mi cotidiano ejercicio jurisdiccional, hoy rindo tributo a uno de los autores que más he leído y de cuyo pensamiento más he aprendido. No desde la distancia de quien simplemente registra la desaparición de un jurista, sino desde la gratitud de quien reconoce haber recibido, a través de sus libros, una parte de su formación jurídica.

Quizá esa sea una de las formas más nobles de inmortalidad a la que puede aspirar un jurista: que después de su partida sus ideas continúen provocando preguntas, orientando razonamientos y ayudando a otros a comprender mejor el derecho. William C. Headrick deja precisamente ese legado. Su voz física se ha apagado, pero su voz intelectual continúa hablando en sus libros, en sus compilaciones, en sus análisis y en quienes, como tantos integrantes de la comunidad jurídica dominicana, seguimos encontrándonos con él cada vez que abrimos una de sus obras. Loor a quien lo merece.
Descanse en paz, profesor Headrick. Su obra permanece; y mientras permanezca su pensamiento, de algún modo, usted también permanecerá entre nosotros.

La ética judicial en la era algorítmica: desafíos del juez contemporáneo ante la igualdad y la influencia de la inteligencia artificial y las redes sociales

SUMARIO

I.- Introducción, II.- Naturaleza y función del Código Iberoamericano de Ética Judicial, III.- La doctrina de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, IV.- El principio de igualdad en el Código y su desarrollo interpretativo, V.- Inteligencia artificial y función jurisdiccional desde la ética iberoamericana, VI.- Redes sociales y conducta judicial: análisis desde el Código y la Comisión, VII.- Relectura del paradigma del “buen juez” en clave iberoamericana, VIII.- Propuestas de desarrollo ético-normativo, IX.- Conclusiones

I.- Introducción

De entrada, la temática del paradigma del buen juez[1] en el siglo XXI y los desafíos éticos del respeto a la igualdad, el uso de la inteligencia artificial y las redes sociales pudiera pensarse que se limita a una mera actualización tecnológica de la función jurisdiccional o a la incorporación de nuevas herramientas en la práctica judicial. Bajo esa mirada superficial, el problema parecería circunscribirse a la adaptación operativa del juez frente a entornos digitales, sin comprometer sustancialmente los fundamentos clásicos de la ética judicial.

Lo cierto es, sin embargo, que la cuestión es mucho más profunda. De lo que se trata es, en sí, de determinar si los principios estructurales que han definido históricamente la figura del juez, tales como independencia, imparcialidad, integridad y, de manera central, el deber de igualdad, conservan su capacidad normativa en contextos atravesados por lógicas algorítmicas, dinámicas de exposición permanente y nuevas formas de construcción de la opinión pública. En este sentido, el problema no es meramente técnico, sino esencialmente axiológico: interpela la vigencia y suficiencia del Código Iberoamericano de Ética Judicial como marco regulador de la conducta judicial en escenarios que no fueron originalmente previstos, pero que hoy condicionan de manera decisiva el ejercicio de la jurisdicción[2].

Y, más profundo todavía, además de lo anterior, este tema obliga a replantear el alcance mismo de la responsabilidad ética del juez en una doble dimensión: por un lado, frente a la eventual delegación —explícita o implícita— de procesos decisorios en sistemas de inteligencia artificial, lo que tensiona el carácter indelegable de la función jurisdiccional; y por otro, frente a la progresiva disolución de las fronteras entre la esfera pública y privada del juez en el ecosistema digital, fenómeno que impacta directamente en la apariencia de imparcialidad y en la confianza ciudadana. En este plano, los criterios desarrollados por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial adquieren especial relevancia como expresión de una ética judicial aplicada, capaz de proyectar los principios del Código hacia realidades emergentes[3].

Por todo lo cual, el presente ensayo se propone sostener que los desafíos contemporáneos no evidencian una obsolescencia del marco ético iberoamericano, sino que exigen una reinterpretación evolutiva, rigurosa y sistemática de sus principios, que permita afirmar la centralidad del juez como garante indelegable de la igualdad y de la integridad del proceso jurisdiccional en la era digital. Y si bien ya la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, mediante dictamen del 21 de febrero de 2023, ha abordado una propuesta de reforma parcial del referido Código Iberoamericano de Ética Judicial, considerando aspectos relevantes y novedosos como el tema de género y las nuevas tecnologías, lo verdaderamente trascendental es que los fundamentos de la codificación se mantenga en constante evolución interpretativa; que nunca el contenido ético quede petrificado con el paso del tiempo. Debe siempre permanecer vivo mediante interpretaciones autorizadas. 

En efecto, la acelerada transformación del entorno en que se ejerce la jurisdicción[4] ha instalado la percepción, cada vez más extendida, de que los marcos éticos tradicionales resultan insuficientes para gobernar la conducta judicial en la era digital. La irrupción de sistemas de inteligencia artificial capaces de asistir, sugerir e incluso anticipar decisiones, junto con la omnipresencia de las redes sociales como espacios de deliberación, exposición y presión pública, parecería desbordar los parámetros clásicos de la ética judicial, concebidos en un contexto analógico y bajo una concepción más nítida de las fronteras entre lo público y lo privado. Desde esta perspectiva, principios como la imparcialidad, la independencia o la integridad correrían el riesgo de volverse categorías retóricas si no logran dialogar eficazmente con fenómenos como la opacidad algorítmica[5], los sesgos automatizados[6], la viralización de contenidos[7] o la construcción digital de la reputación judicial[8].

Sin embargo, esa aparente insuficiencia exige ser examinada con cautela. El Código Iberoamericano de Ética Judicial no es un catálogo cerrado de reglas circunstanciales, sino un sistema de principios con vocación de permanencia y capacidad de proyección. Su fuerza normativa no radica en la previsión casuística de escenarios, sino en la densidad axiológica de sus mandatos, que encuentran concreción a través de la interpretación. En este punto, la labor de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha sido decisiva al desarrollar una doctrina que, sin alterar el texto del Código, ha sabido extender su alcance hacia problemas contemporáneos, configurando una verdadera ética judicial aplicada[9].

Así, cuestiones como la objeción de conciencia de los jueces han sido abordadas desde la premisa de que la independencia judicial no puede confundirse con una autonomía moral absoluta que permita sustraerse del deber de decidir conforme a derecho, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales y el principio de igualdad. Este enfoque resulta particularmente ilustrativo en el contexto actual: del mismo modo que el juez no puede abdicar de su función decisoria invocando convicciones personales[10], tampoco podría hacerlo delegándola acríticamente en sistemas de inteligencia artificial. En ambos casos, subyace una misma exigencia ética: la responsabilidad judicial es indelegable.

En lo que respecta al uso de redes sociales, la doctrina de la Comisión ha insistido en que la conducta del juez no se agota en el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que se proyecta sobre su vida pública en tanto esta incide en la confianza ciudadana. La exigencia de prudencia, decoro e integridad adquiere aquí una dimensión reforzada, pues la exposición digital puede comprometer no solo la imparcialidad real, sino su apariencia, que es igualmente esencial en un Estado de derecho[11]. Este criterio, lejos de ser una restricción anacrónica, se revela como una herramienta indispensable para enfrentar los riesgos de la hiperconectividad, donde la inmediatez y la emocionalidad suelen desplazar a la deliberación racional.

De igual manera, la exigencia de motivación de las decisiones judiciales, tradicionalmente vinculada al control de la arbitrariedad[12], cobra nuevas implicaciones en un contexto donde intervienen herramientas tecnológicas en el proceso decisorio. La transparencia ya no se agota en la exposición de razones jurídicas comprensibles, sino que puede extenderse a la necesidad de explicar, al menos en términos generales, el uso de sistemas de apoyo algorítmico, evitando que la decisión se perciba como el resultado de una “caja negra” inaccesible[13]. En tensión con ello se encuentra el deber de secreto profesional, que obliga a preservar información sensible y a evitar la exposición indebida de los procesos deliberativos, lo que plantea un delicado equilibrio entre apertura y reserva[14].

La integridad judicial, por su parte, emerge como un principio vertebrador que permite articular estos desafíos sin fragmentar la identidad ética del juez[15]. No se trata solo de evitar conductas reprochables, sino de sostener una coherencia entre la función, la conducta y la imagen proyectada, incluso —y especialmente— en entornos digitales. En este sentido, la autocritica se configura como una herramienta indispensable: el juez contemporáneo no puede limitarse a cumplir formalmente con estándares éticos, sino que debe desarrollar una actitud reflexiva frente a su propio comportamiento, reconociendo los riesgos que introducen las nuevas tecnologías y ajustando su actuación en consecuencia[16].

Es en este entramado donde se inserta la pregunta que guía el presente trabajo: ¿permite el Código Iberoamericano de Ética Judicial responder adecuadamente a los desafíos que plantean la inteligencia artificial y las redes sociales, o nos encontramos ante un escenario que exige su superación o sustitución? La hipótesis que se sostiene es que no existe tal insuficiencia estructural; por el contrario, el Código, interpretado a la luz de la doctrina desarrollada por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, ofrece herramientas conceptuales suficientes para enfrentar estos desafíos, siempre que se adopte una interpretación evolutiva que refuerce la centralidad del juez como sujeto ético, garante de la igualdad y responsable último de la decisión jurisdiccional[17].

Para demostrar esta tesis, el ensayo se apoya en una metodología de análisis dogmático de los principios del Código, complementada con la revisión sistemática de los dictámenes emitidos por la Comisión, entendidos no como meras opiniones consultivas, sino como expresiones autorizadas de una ética judicial en desarrollo. A partir de esta doble aproximación, normativa e interpretativa, se buscará evidenciar que los dilemas contemporáneos no desbordan el marco ético iberoamericano, sino que lo interpelan a desplegar plenamente su potencial, reafirmando que, incluso en la era digital, la justicia sigue siendo, en última instancia, una práctica humana que no puede desligarse de la responsabilidad ética de quien la ejerce[18].

II.- Naturaleza y función del Código Iberoamericano de Ética Judicial

La naturaleza del Código Iberoamericano de Ética Judicial, revisado en la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en República Dominicana, en el año 2025, no puede comprenderse adecuadamente si se le reduce a un simple compendio de deberes deontológicos destinados a orientar la conducta individual del juez. Su estructura revela, por el contrario, una doble dimensión indisociable: normativa y axiológica. Normativa, en cuanto establece parámetros de conducta exigibles que delimitan el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional; axiológica, en la medida en que incorpora valores sustantivos que informan la interpretación del derecho y configuran un ideal regulativo del “buen juez”. Esta dualidad resulta especialmente relevante en el contexto contemporáneo, donde la irrupción de la inteligencia artificial y la expansión de las redes sociales tensionan los márgenes tradicionales de la ética judicial, exigiendo una comprensión del Código no como un texto cerrado, sino como un sistema vivo de principios en permanente actualización interpretativa[19].

En este marco, los principios rectores del Código, tales como independencia, imparcialidad, integridad, igualdad y prudencia, no operan como mandatos aislados, sino como un entramado coherente que define la identidad ética de la función jurisdiccional[20]. La independencia judicial, entendida no solo como ausencia de injerencias externas sino también como resistencia frente a presiones tecnológicas o mediáticas, adquiere una nueva dimensión en la era digital, donde los algoritmos de recomendación y la opinión pública digitalizada pueden incidir indirectamente en la toma de decisiones o en su percepción social. La imparcialidad, por su parte, se proyecta más allá de la neutralidad formal, exigiendo una actitud activa de distanciamiento frente a prejuicios explícitos o implícitos, incluidos aquellos que pueden ser reproducidos o amplificados por sistemas automatizados de tratamiento de datos.

La integridad[21], como principio estructural, impone al juez un deber de coherencia entre su conducta pública, privada y profesional, lo que hoy incluye de manera ineludible su presencia —activa o pasiva— en entornos digitales. En estrecha conexión con ella, el principio de igualdad[22] adquiere una centralidad renovada, en tanto exige no solo la prohibición de discriminaciones directas, sino también la identificación crítica de desigualdades estructurales que pueden verse reforzadas por sesgos algorítmicos o por dinámicas de exposición desigual en el espacio digital. Finalmente, la prudencia[23] se erige como una virtud judicial especialmente exigente en el siglo XXI, pues implica autocontrol, reflexión y responsabilidad reforzada frente a la inmediatez comunicativa propia de las redes sociales y a la opacidad de ciertos sistemas tecnológicos que intervienen en la gestión o análisis de información jurídica.

En este contexto, la ética judicial no puede concebirse como un conjunto cerrado de reglas de aplicación mecánica, sino como un sistema abierto de interpretación, cuyo sentido se construye de manera dinámica a partir de la interacción entre principios, casos concretos y transformaciones sociales. Esta apertura estructural es precisamente lo que permite que el Código Iberoamericano de Ética Judicial conserve su vigencia frente a fenómenos no previstos en su origen, como la inteligencia artificial o la digitalización de la esfera pública. La fuerza del Código reside, en última instancia, en su capacidad de orientar la deliberación ética del juez más allá de la literalidad normativa, privilegiando una racionalidad práctica fundada en valores.

En esta tarea interpretativa, el rol de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial resulta decisivo, en cuanto órgano encargado de desarrollar una doctrina orientadora que dota de contenido concreto a los principios del Código en contextos emergentes. Sus dictámenes operan como instrumentos de clarificación y expansión hermenéutica, permitiendo trasladar categorías clásicas de la ética judicial, tales como la independencia, la imparcialidad o la integridad, a escenarios contemporáneos marcados por la virtualización de la interacción social y la progresiva tecnificación de los procesos decisorios. De este modo, la Comisión no solo interpreta el Código, sino que contribuye activamente a su actualización viva, consolidando un modelo de ética judicial adaptativa que resulta esencial para sostener el paradigma del buen juez en el siglo XXI.

III.- La doctrina de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial

La doctrina emanada de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial[24] se ha consolidado progresivamente como un referente indispensable para la comprensión contemporánea de la ética judicial en el espacio iberoamericano, no en el sentido de una fuente formal de derecho en sentido estricto, sino como una instancia de autoridad interpretativa cualificada que dota de contenido operativo a los principios del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Sus dictámenes, vale reiterar, no son meras opiniones consultivas desprovistas de fuerza normativa, sino construcciones argumentativas que traducen principios abstractos en criterios concretos de conducta judicial, configurando así un auténtico cuerpo de “ética aplicada” que orienta la actuación del juez frente a dilemas emergentes, particularmente aquellos vinculados con la transformación digital de la sociedad.

En este sentido, la función de los dictámenes de la Comisión trasciende la simple interpretación declarativa del Código, para asumir una dimensión estructural en la delimitación de su alcance práctico. Su autoridad no deriva de la coactividad formal, sino de su legitimidad argumentativa, de la coherencia sistemática con los principios rectores del Código y de su capacidad para responder a problemas éticos complejos que la normatividad originaria no pudo prever en detalle. Esta función se vuelve especialmente relevante en el contexto del paradigma del buen juez en el siglo XXI, donde la irrupción de la inteligencia artificial y la expansión de las redes sociales exigen criterios de orientación que preserven la integridad del sistema judicial sin sacrificar su capacidad de adaptación.

En cuanto a las líneas doctrinales o criterios reiterados, uno de los ejes más consistentes desarrollados por la Comisión se refiere a la conducta pública y privada del juez. En este ámbito, se ha insistido en que la ética judicial no se agota en el ejercicio estricto de la función jurisdiccional, sino que proyecta sus exigencias sobre la totalidad de la conducta del juez en tanto figura institucionalmente investida de autoridad. Esta concepción ampliada de la responsabilidad ética implica que el comportamiento del juez en espacios sociales, y con mayor razón en entornos digitales, no es irrelevante desde el punto de vista de la confianza pública en la administración de justicia. En consecuencia, la distinción clásica entre esfera pública y privada se difumina en la medida en que ambas pueden incidir en la percepción de independencia, imparcialidad e integridad.

Otro eje relevante de la doctrina de la Comisión se refiere al uso de tecnologías, particularmente en relación con los riesgos éticos derivados de la incorporación de herramientas digitales en el ámbito judicial. Sin desconocer los beneficios asociados a la eficiencia y modernización de la justicia, los dictámenes han subrayado la necesidad de preservar el carácter indelegable de la función jurisdiccional, advirtiendo que el juez no puede abdicar de su responsabilidad decisoria ni transferirla a sistemas automatizados. En este punto, la preocupación central radica en evitar que la opacidad algorítmica o la reproducción de sesgos automatizados[25] comprometan la garantía de igualdad procesal y la motivación racional de las decisiones judiciales.

En estrecha conexión con lo anterior, la Comisión ha desarrollado una línea interpretativa relativa a la imagen institucional del juez y su impacto en la confianza pública. Se ha sostenido, en concreto, que la legitimidad del Poder Judicial no depende exclusivamente de la corrección jurídica de sus decisiones, sino también de la percepción social de su imparcialidad e integridad. Esta dimensión simbólica de la función jurisdiccional adquiere una relevancia reforzada en la era digital, donde la viralización de contenidos y la construcción algorítmica de reputaciones pueden incidir de manera significativa, y a veces distorsionada, en la credibilidad institucional del juez.

Finalmente, el valor interpretativo de los dictámenes de la Comisión debe ser comprendido como una manifestación de “ética aplicada”, en la medida en que permiten trasladar los principios generales del Código a situaciones concretas, complejas y evolutivas. Lejos de constituir una mera reiteración doctrinal, estos pronunciamientos operan como dispositivos de concreción normativa que articulan el tránsito entre el plano axiológico del Código y su eficacia práctica en contextos contemporáneos. En este sentido, su importancia radica no solo en orientar la conducta individual del juez, sino en contribuir a la construcción de un paradigma del buen juez capaz de responder, con coherencia ética y solidez institucional, a los desafíos que plantea la sociedad digital del siglo XXI.

IV.- El principio de igualdad en el Código y su desarrollo interpretativo

El principio de igualdad, en el marco del Código Iberoamericano de Ética Judicial, se configura, a partir de toda su principiología, como un eje estructural de la ética judicial y no como una mera cláusula declarativa de igualdad formal[26]. Su formulación normativa debe ser entendida en clave sustantiva, en tanto impone al juez no solo la prohibición de dispensar tratos arbitrariamente diferenciados entre las partes, sino también el deber positivo de asegurar que las diferencias fácticas o estructurales no se traduzcan en desigualdades procesales o decisionales injustificadas. En este sentido, la igualdad opera como criterio de legitimación de la función jurisdiccional, vinculándose de manera directa con la imparcialidad, la integridad y la prudencia judicial.

En el ejercicio de la función jurisdiccional, el principio de igualdad se concreta en la exigencia de no discriminación en sentido amplio, lo que abarca tanto las discriminaciones directas como aquellas indirectas o encubiertas que puedan derivarse de prejuicios conscientes o inconscientes, así como de estructuras institucionales o cognitivas que condicionen la toma de decisiones. La igualdad, así entendida, no se agota en la neutralidad formal del juez, sino que exige una actitud activa de vigilancia frente a posibles factores de distorsión que afecten el trato equitativo de las partes, especialmente en contextos de vulnerabilidad o asimetría estructural. Esta concepción refuerza la idea de que la función jurisdiccional no es meramente aplicativa, sino también correctiva de desigualdades relevantes para el proceso.

En este marco, los aportes interpretativos de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial han sido determinantes para dotar de contenido operativo al principio de igualdad. A través de sus dictámenes, la Comisión ha desarrollado criterios que enfatizan la exigencia de un trato igualitario no meramente formal, sino materialmente razonado, en el que las diferencias de trato solo resultan legítimas cuando encuentran justificación objetiva, razonable y compatible con los fines de la función jurisdiccional. Asimismo, ha abordado la problemática de los sesgos, subrayando que la imparcialidad judicial puede verse comprometida no solo por influencias externas deliberadas, sino también por prejuicios implícitos o automatizados que el juez debe identificar y corregir activamente mediante un ejercicio constante de autocontrol y reflexión crítica.

De especial relevancia resulta, en este punto, la noción de deber de corrección, entendida como la obligación ética del juez de revisar y ajustar su propio razonamiento decisorio frente a la detección de posibles desviaciones derivadas de sesgos cognitivos, sociales o institucionales. Este deber no se limita a la fase de deliberación interna, sino que se proyecta sobre la motivación de las decisiones, en la medida en que exige una justificación racional, transparente y susceptible de control intersubjetivo, lo que refuerza la confianza pública en la administración de justicia[27].

La proyección del principio de igualdad hacia contextos tecnológicos introduce, sin embargo, una dimensión particularmente compleja en la que estos estándares deben ser reinterpretados[28]. La incorporación de sistemas de inteligencia artificial en tareas de apoyo jurisdiccional plantea el riesgo de reproducción y amplificación de sesgos automatizados, derivados de los datos de entrenamiento o de los modelos de decisión utilizados. En este escenario, la igualdad deja de ser únicamente un problema de trato humano directo para convertirse también en un problema de arquitectura tecnológica, en el que la opacidad algorítmica puede dificultar la detección de criterios discriminatorios o no justificados.

De este modo, el principio de igualdad, configurado a partir de la principiología del Código Iberoamericano de Ética Judicial y desarrollado por la doctrina de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, se proyecta hacia el siglo XXI como un estándar dinámico de control ético que trasciende la relación interpersonal juez–justiciable para abarcar también las mediaciones tecnológicas que inciden en la decisión judicial. En esta evolución interpretativa se revela, precisamente, la vigencia del paradigma del buen juez contemporáneo: aquel que no solo garantiza la igualdad en la decisión, sino que también es capaz de reconocer y neutralizar las formas emergentes de desigualdad que atraviesan el proceso jurisdiccional en la era digital.

V.- Inteligencia artificial y función jurisdiccional desde la ética iberoamericana

La incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional plantea, desde la perspectiva de la ética judicial iberoamericana, una cuestión que no puede ser abordada en términos de simple aceptación o rechazo tecnológico, sino a partir de su compatibilidad estructural con los principios del Código Iberoamericano de Ética Judicial. En este sentido, la inteligencia artificial no se presenta como un sujeto autónomo de decisión, sino como un instrumento de apoyo cuya legitimidad ética depende de su subordinación plena a los principios de independencia, imparcialidad, integridad e igualdad que informan la función jurisdiccional. La compatibilidad, por tanto, no es ontológica sino funcional: la IA es admisible en la medida en que refuerce, pero no sustituya, la racionalidad judicial humana y preserve el carácter indelegable de la decisión jurisdiccional[29].

No obstante, dicha compatibilidad se encuentra tensionada por una serie de riesgos éticos que el propio Código permite identificar y problematizar desde una lectura sistemática y evolutiva. En primer lugar, la relación entre imparcialidad y sesgos algorítmicos revela una paradoja contemporánea: mientras la imparcialidad judicial exige neutralidad, racionalidad y ausencia de prejuicios, los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir o amplificar sesgos estructurales presentes en los datos de entrenamiento o en las variables de diseño, generando resultados que, aunque aparentemente objetivos, incorporan patrones discriminatorios indirectos. Esta situación obliga a repensar la imparcialidad no solo como cualidad subjetiva del juez, sino también como exigencia objetiva sobre los sistemas tecnológicos que inciden en la decisión[30].

En segundo término, la tensión entre transparencia y opacidad tecnológica constituye uno de los desafíos más complejos para la ética judicial contemporánea. El deber de motivación de las decisiones judiciales, entendido como garantía de control racional y de legitimidad democrática, se ve potencialmente afectado por la opacidad algorítmica de ciertos sistemas de inteligencia artificial, cuya lógica interna puede resultar inaccesible incluso para sus propios diseñadores. Esta falta de trazabilidad compromete la posibilidad de explicar de manera comprensible las razones que sustentan una decisión influida por herramientas automatizadas, lo que exige reforzar el principio de transparencia en clave tecnológica, sin desconocer los límites inherentes a determinados modelos computacionales[31].

En tercer lugar, la cuestión de la responsabilidad judicial indelegable adquiere una relevancia central en este contexto. El juez, conforme a la estructura axiológica del Código, no puede transferir su función decisoria ni diluir su responsabilidad ética en sistemas automatizados, por avanzados que estos sean. La inteligencia artificial puede asistir, sugerir o sistematizar información, pero nunca desbordar su plano instrumental, sustituyendo el juicio prudencial del juez ni desplazar su responsabilidad última en la construcción de la decisión. Esta afirmación no solo preserva la esencia humana de la jurisdicción, sino que también refuerza la idea de que la legitimidad de la sentencia descansa en la imputabilidad ética del juzgador[32].

A partir de estas tensiones, se impone una interpretación extensiva y evolutiva de los principios del Código Iberoamericano de Ética Judicial frente a la inteligencia artificial, en la que categorías clásicas como imparcialidad, independencia o prudencia sean proyectadas hacia los nuevos entornos tecnológicos. Esta interpretación no implica una modificación del texto normativo, sino una actualización de su alcance semántico y funcional, en coherencia con su naturaleza axiológica. Así, la ética judicial iberoamericana se revela como un sistema abierto, capaz de absorber fenómenos no previstos sin perder su coherencia interna, siempre que se mantenga la centralidad del juez como sujeto ético responsable.

Finalmente, la cuestión de si nos encontramos ante vacíos normativos o ante una suficiencia axiológica del Código remite a una disyuntiva conceptual fundamental. Desde una perspectiva estrictamente formal, podría sostenerse la existencia de lagunas en relación con fenómenos tecnológicos específicos; sin embargo, desde una perspectiva axiológica, el Código presenta una estructura suficientemente robusta para dar respuesta a estos desafíos mediante interpretación sistemática y principios generales. En este sentido, la doctrina de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial resulta decisiva, en tanto ha demostrado que los principios éticos no requieren ser reemplazados, sino desplegados en su máxima potencialidad interpretativa para enfrentar las transformaciones del siglo XXI. De este modo, la inteligencia artificial no constituye una ruptura del paradigma del buen juez, sino un test de resistencia[33] de su coherencia ética en un entorno tecnológicamente mediado.

VI. Redes sociales y conducta judicial: análisis desde el Código y la Comisión

La irrupción de las redes sociales como espacio de interacción pública permanente ha transformado de manera sustancial los parámetros clásicos de análisis de la conducta judicial, obligando a reinterpretar los deberes éticos tradicionales a la luz de escenarios digitales caracterizados por la inmediatez, la viralidad y la ausencia de mediaciones institucionales. En este contexto, el deber de prudencia, decoro e integridad, tal como se desprende del Código Iberoamericano de Ética Judicial, adquiere una densidad reforzada, en tanto ya no se limita a la conducta del juez en el estricto ejercicio de la función jurisdiccional, sino que se proyecta sobre su participación (activa o pasiva) en entornos digitales que pueden incidir directamente en la percepción de su imparcialidad y en la confianza pública en la administración de justicia.

La prudencia, en este ámbito, se traduce en un deber de autocontrol reforzado frente a la exposición comunicativa, que exige al juez valorar no solo el contenido de sus expresiones, sino también sus posibles efectos expansivos e interpretaciones descontextualizadas en un entorno digital caracterizado por la replicabilidad ilimitada de la información. El decoro, por su parte, se vincula con la preservación de la dignidad institucional del Poder Judicial, evitando comportamientos o manifestaciones que puedan erosionar la percepción de seriedad, neutralidad o autoridad que exige la función jurisdiccional. Finalmente, la integridad opera como principio estructurante que impone coherencia entre la conducta pública y privada del juez, incluyendo su identidad digital, de modo que la proyección en redes sociales no puede quedar desvinculada de los estándares éticos que rigen su función[34].

En este escenario, la tensión entre libertad de expresión del juez y los límites éticos propios de su investidura adquiere particular relevancia. Si bien el juez, como ciudadano, es titular de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, dicha titularidad no puede ser ejercida en términos absolutos, sino que se encuentra modulada por las exigencias derivadas de su función institucional. El equilibrio entre ambas dimensiones exige reconocer que la libertad de expresión judicial no se extingue, pero sí se intensifica en su dimensión de responsabilidad, en la medida en que cada manifestación pública puede incidir en la confianza en la imparcialidad del órgano jurisdiccional o en la percepción de su independencia. Esta tensión ha sido reiteradamente abordada por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que ha insistido en que el juez debe ejercer una especial contención en el espacio público digital, evitando pronunciamientos que puedan ser interpretados como anticipación de criterio, adhesión ideológica incompatible con la imparcialidad o posicionamiento respecto de asuntos potencialmente sometidos a su conocimiento[35].

En sus criterios doctrinales, la Comisión ha desarrollado una línea consistente en torno a la exposición pública del juez en redes sociales, subrayando que la mera participación en dichos entornos no es en sí misma éticamente reprochable, pero sí lo es la falta de control sobre el impacto institucional de dicha participación[36]. En este sentido, se ha enfatizado que la apariencia de imparcialidad constituye un elemento esencial de la confianza pública en la justicia, de modo que incluso interacciones aparentemente inocuas pueden adquirir relevancia ética cuando son susceptibles de comprometer dicha percepción. Asimismo, se ha advertido sobre el riesgo de confusión entre esfera personal y función institucional, especialmente cuando el juez utiliza plataformas digitales abiertas sin filtros adecuados de privacidad o sin una valoración previa de las posibles consecuencias de sus publicaciones.

Desde esta perspectiva, los riesgos para la independencia e imparcialidad judicial se ven amplificados en el entorno digital, no tanto por una afectación directa o inmediata, sino por la acumulación de factores que pueden generar presiones indirectas, condicionamientos reputacionales o expectativas externas sobre el sentido de las decisiones judiciales. La independencia, entendida como ausencia de injerencias externas e internas, puede verse afectada por la presión de la opinión pública digitalizada, mientras que la imparcialidad puede resultar comprometida por la exposición previa del juez a debates mediáticos o redes de interacción que generen percepciones de alineamiento previo. En consecuencia, el ecosistema digital no altera la esencia de estos principios, pero sí modifica significativamente los mecanismos a través de los cuales pueden verse afectados[37].

De este modo, el análisis de la conducta judicial en redes sociales, a la luz del Código Iberoamericano de Ética Judicial y de la doctrina de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, pone de relieve la necesidad de una ética judicial de la presencia digital, en la que prudencia, decoro e integridad operen como criterios dinámicos de autorregulación. Esta ética no pretende restringir la personalidad del juez, sino preservar las condiciones de legitimidad del ejercicio jurisdiccional en un entorno donde la visibilidad permanente ha sustituido a la discreción como regla general de interacción social.

VII. Relectura del paradigma del “buen juez” en clave iberoamericana

La relectura del paradigma del “buen juez” en clave iberoamericana exige reconocer que la figura judicial contemporánea ya no puede ser comprendida exclusivamente desde los parámetros del modelo tradicional de jurisdicción, construido sobre la base de una interacción predominantemente analógica, presencial y relativamente cerrada a la influencia de dinámicas externas inmediatas. El tránsito hacia un entorno digitalizado, caracterizado por la incorporación progresiva de inteligencia artificial, la expansión de las redes sociales y la hiperconectividad informativa[38], ha generado la emergencia de un “juez digital”, no en el sentido de un reemplazo de la función humana, sino como una redefinición de los condicionamientos éticos, cognitivos e institucionales que enmarcan el ejercicio de la jurisdicción. Este desplazamiento no altera la esencia de la función judicial, pero sí redefine sus zonas de exposición, sus riesgos y sus exigencias de justificación.

En este contexto, la transición del juez tradicional al juez digital no implica una ruptura epistemológica con el modelo clásico del buen juez, sino una reconfiguración de sus exigencias a la luz de nuevos entornos de actuación. Los principios del Código Iberoamericano de Ética Judicial, tales como la independencia, imparcialidad, integridad, igualdad y prudencia, conservan su vigencia normativa, pero adquieren una dimensión funcional ampliada cuando son proyectados sobre sistemas tecnológicos que intervienen directa o indirectamente en la administración de justicia. La independencia, por ejemplo, ya no se define únicamente frente a poderes políticos o económicos, sino también frente a posibles condicionamientos derivados de sistemas algorítmicos o de presiones informativas masivas; la imparcialidad se enfrenta al desafío de los sesgos automatizados y de las narrativas digitales dominantes; y la prudencia se convierte en una virtud reforzada frente a la inmediatez comunicativa propia del entorno digital.

La integración de estos principios en contextos tecnológicos requiere, por tanto, una labor de reinterpretación sistemática que preserve su núcleo axiológico[39], pero que permita su operativización frente a nuevas formas de interacción judicial. En este sentido, la doctrina desarrollada por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha sido particularmente relevante al enfatizar que la ética judicial no es un sistema cerrado, sino un cuerpo normativo abierto a la evolución interpretativa. Esta apertura permite que los principios del Código sean aplicados a fenómenos no previstos expresamente en su formulación original, como el uso de inteligencia artificial en procesos de apoyo decisorio, la participación del juez en redes sociales o la exposición pública de información judicial en entornos digitales. La Comisión ha insistido, en este marco, en la necesidad de preservar la centralidad del juez como sujeto ético insustituible, evitando cualquier forma de delegación material de la responsabilidad jurisdiccional.

En este escenario de transformación, el juez contemporáneo se erige como garante reforzado del principio de igualdad en escenarios de innovación tecnológica. La igualdad, entendida no solo como prohibición de discriminación, sino como exigencia de trato equitativo materialmente justificado, adquiere nuevas dimensiones cuando la decisión judicial puede verse influida por sistemas automatizados que reproducen o amplifican desigualdades preexistentes. El juez, en su condición de garante último de la decisión jurisdiccional, debe ser capaz de identificar posibles asimetrías derivadas del uso de tecnologías, así como de corregir sus efectos cuando puedan comprometer la equidad del proceso. Esta función no se limita a un control formal, sino que exige una vigilancia sustantiva sobre las condiciones en las que se produce la decisión, incluyendo las herramientas tecnológicas empleadas en su preparación o fundamentación.

Finalmente, todo este proceso conduce a la necesidad de consolidar una ética judicial tecnológicamente consciente, esto es, una ética que, sin renunciar a sus fundamentos clásicos, incorpore una comprensión crítica de los entornos digitales en los que hoy se ejerce la función jurisdiccional. Esta ética no supone la sustitución del marco axiológico del Código Iberoamericano de Ética Judicial, sino su actualización interpretativa a través de la labor hermenéutica de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que permite traducir sus principios a los desafíos contemporáneos. En esta clave, el buen juez del siglo XXI no es aquel que se limita a aplicar correctamente el derecho, sino aquel que es capaz de ejercer su función con plena conciencia de las mediaciones tecnológicas que atraviesan su decisión, preservando en todo momento la integridad del proceso, la igualdad de las partes y la legitimidad institucional de la justicia en un entorno digitalizado[40].

VIII.- Propuestas de desarrollo ético-normativo

Tal como hemos venido sosteniendo a lo largo de este ensayo, la progresiva complejidad del entorno en el que se desenvuelve la función jurisdiccional no demanda, en rigor, una sustitución del marco ético vigente, sino una intensificación de su capacidad interpretativa. En este sentido, cabe insistir, la necesidad de actualización del Código Iberoamericano de Ética Judicial no debe entenderse como una crisis de insuficiencia normativa, sino como la exigencia de una lectura evolutiva de su contenido axiológico, capaz de proyectar sus principios estructurales sobre realidades tecnológicas que no fueron expresamente contempladas en su formulación originaria. La ética judicial iberoamericana se presenta así como un sistema normativo abierto, cuya vigencia depende precisamente de su aptitud para ser reinterpretado a la luz de nuevas formas de ejercicio del poder jurisdiccional[41].

En este marco, la labor de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial adquiere una relevancia aún más significativa, en tanto órgano llamado a articular criterios de desarrollo interpretativo que permitan traducir los principios del Código a escenarios concretos de alta complejidad tecnológica. En lo que respecta a la inteligencia artificial y su eventual incidencia en la toma de decisiones judiciales, resulta necesario que la Comisión profundice lineamientos que refuercen la idea de responsabilidad indelegable del juez, estableciendo criterios claros sobre los límites del uso de sistemas automatizados, la exigencia de control humano significativo y la obligación de garantizar la trazabilidad mínima de los elementos que incidan en la motivación de las decisiones. Tales orientaciones no solo preservarían la integridad del proceso decisorio, sino que reforzarían la centralidad del juez como sujeto ético insustituible dentro de la arquitectura jurisdiccional.

De igual forma, en relación con el uso responsable de redes sociales por parte de los jueces, se impone la necesidad de consolidar estándares interpretativos que precisen el alcance contemporáneo de los deberes de prudencia, decoro e integridad. La Comisión podría avanzar en la delimitación de criterios que permitan diferenciar entre la legítima participación del juez en el espacio público digital como ciudadano y aquellas conductas que, por su contenido, frecuencia o contexto, puedan comprometer la apariencia de imparcialidad o generar riesgos para la confianza pública en la administración de justicia. En este ámbito, la autorregulación informada y la conciencia del impacto institucional de la comunicación digital vienen a ser elementos centrales de una ética judicial adaptada a la hiperconectividad contemporánea.

Asimismo, el fortalecimiento de la formación ética y tecnológica judicial constituye un eje estructural para la consolidación de un modelo de juez acorde con las exigencias del siglo XXI. No se trata únicamente de incorporar conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial o plataformas digitales, sino de desarrollar una comprensión crítica de sus implicaciones éticas, institucionales y jurídicas. La formación judicial debe orientarse, en este sentido, a reforzar la capacidad reflexiva del juez frente a escenarios de incertidumbre tecnológica, promoviendo una cultura de responsabilidad, autocontrol y deliberación ética constante. Solo a través de esta integración entre competencia técnica y conciencia axiológica[42] será posible preservar la coherencia del sistema de ética judicial iberoamericano.

En conjunto, estas líneas de desarrollo normativo e interpretativo confirman que el desafío contemporáneo no reside en la creación de un nuevo paradigma ético, sino en la profundización del existente. El Código Iberoamericano de Ética Judicial, complementado por la labor interpretativa de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, tal como hemos asegurado en apartados anteriores, ofrece un marco suficientemente robusto para afrontar los dilemas emergentes, siempre que se asuma su carácter dinámico y su vocación de actualización permanente. De este modo, la ética judicial iberoamericana se proyecta no como un sistema estático, sino como una estructura normativa viva, capaz de acompañar la transformación tecnológica sin renunciar a sus fundamentos axiológicos esenciales.

IX. Conclusiones

El recorrido analítico desarrollado a lo largo de este ensayo permite sostener, en primer término, que la evaluación de la suficiencia del Código Iberoamericano de Ética Judicial frente a los desafíos contemporáneos no conduce a una conclusión de obsolescencia normativa, sino a la constatación de su notable resiliencia axiológica. En efecto, los principios que estructuran el Código, tales como la independencia, imparcialidad, integridad, igualdad y prudencia, conservan una capacidad normativa plenamente vigente, incluso en contextos atravesados por la inteligencia artificial, la hiperconectividad informativa y la transformación de los espacios de interacción judicial. Lo que se revela no es una insuficiencia del marco ético, sino la necesidad de intensificar su lectura sistemática y evolutiva, en consonancia con la labor interpretativa desarrollada por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

En este sentido, la hipótesis inicialmente planteada se ve confirmada en términos sustantivos: el Código Iberoamericano no solo permite responder a los desafíos éticos derivados de la inteligencia artificial y las redes sociales, sino que, interpretado a la luz de su estructura axiológica y de la doctrina de la Comisión, ofrece herramientas suficientes para orientar la conducta judicial en la era digital. La clave no reside en la creación de nuevos principios, sino en la adecuada comprensión de su potencial expansivo, que habilita su aplicación a fenómenos no previstos en su formulación originaria sin desnaturalizar su contenido esencial. De este modo, la ética judicial iberoamericana se consolida como un sistema normativo abierto, capaz de adaptarse a la transformación tecnológica sin perder coherencia interna ni densidad conceptual[43].

La reflexión sobre la continuidad o transformación de la ética judicial conduce a una conclusión matizada, pero firme: no estamos ante una ruptura paradigmática, sino ante una continuidad dinámica. La ética judicial no se transforma en su esencia, sino en sus ámbitos de aplicación y en la complejidad de los desafíos que debe afrontar. El “buen juez” del siglo XXI no representa una figura distinta en su núcleo axiológico respecto del modelo tradicional, sino una actualización funcional del mismo ideal, ahora proyectado sobre entornos digitales, sistemas algorítmicos y espacios de exposición pública permanente. En esta tensión entre continuidad y transformación se revela, precisamente, la fortaleza del sistema iberoamericano de ética judicial: su capacidad de permanecer fiel a sus fundamentos, mientras se adapta, sin fisuras conceptuales, a las exigencias de una justicia cada vez más atravesada por la tecnología y la hiperconectividad social.

Dicho todo lo anterior, concretamente, sobre la temática del paradigma del buen juez en el siglo XXI y los desafíos éticos del respeto a la igualdad y el uso de la inteligencia artificial y las redes sociales, ha de concluirse que esta expresión no describe un simple problema de adaptación funcional del juez a nuevas herramientas, sino una redefinición del espacio de justificación ética de la jurisdicción en un entorno donde la decisión judicial deja de estar circunscrita exclusivamente al expediente y se proyecta, de manera inevitable, hacia sistemas tecnológicos, dinámicas comunicacionales masivas y formas inéditas de influencia social.

En este sentido, el “buen juez en el siglo XXI” no es aquel que únicamente aplica correctamente el derecho desde una perspectiva técnico-dogmática, sino aquel que es capaz de preservar la racionalidad[44], la igualdad y la legitimidad de la decisión judicial en un ecosistema donde la información circula de manera inmediata, donde la opinión pública puede formarse antes de la sentencia, y donde sistemas de inteligencia artificial pueden incidir, directa o indirectamente, en la preparación, análisis o comprensión de los casos. El desafío ético, por tanto, no radica en la sustitución del juez por la tecnología, sino en la preservación de su centralidad como sujeto responsable frente a mediaciones cada vez más complejas.

Desde esta perspectiva, el respeto a la igualdad adquiere una dimensión estructural reforzada, en la medida en que ya no se limita a la prohibición de discriminaciones explícitas en la decisión, sino que exige también la vigilancia frente a formas sutiles, sistémicas o algorítmicas de desigualdad que pueden infiltrarse en el proceso de formación del juicio. La igualdad, así comprendida, se convierte en un criterio de control no solo del resultado, sino también de los medios tecnológicos y comunicacionales que condicionan la decisión.

Del mismo modo, el uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales introduce una tensión inédita en la ética judicial: la primera plantea el problema de la mediación opaca del razonamiento[45], mientras que las segundas proyectan la decisión judicial hacia un espacio de escrutinio público permanente, acelerado y frecuentemente descontextualizado. En ambos casos, lo que se encuentra en juego no es únicamente la eficiencia del sistema, sino la preservación de las condiciones de legitimidad de la función jurisdiccional.

Por ello, la conclusión necesaria es que el paradigma del buen juez en el siglo XXI se configura como un modelo de responsabilidad reforzada, en el que la autoridad judicial no se mide solo por la corrección jurídica de sus decisiones, sino por su capacidad de resistir y gestionar éticamente las mediaciones tecnológicas y sociales que atraviesan su función. En este punto, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, interpretado dinámicamente a la luz de la doctrina de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, se confirma como un marco normativo suficientemente robusto para orientar esta transición, siempre que sea comprendido no como un sistema estático, sino como una estructura axiológica en permanente actualización[46].

BIBLIOGRAFÍA

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ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil.

Constitución República Dominicana, proclamada el 27 de octubre de 2024

Código Iberoamericano de Ética Judicial

Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial de la República Dominicana

COMISIÓN IBEROAMERICANA DE ÉTICA JUDICIAL. Dictámenes de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. https://ciej.juslapampa.gob.ar/index.php/dictamenes


[1]                   En la República Dominicana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó, en su sesión núm. 19-2021 del 07 de octubre de 2021, la actualización del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, con el fin de orientar las conductas hacia los principios institucionales. Esto se enmarca en el Eje 3 del Plan Estratégico Institucional, buscando promover la integridad y confianza en el sistema judicial. En el indicado instrumento nacional se trabaja el concepto del “buen mejor juez”. El Código Iberoamericano de Ética Judicial es pilar esencial del Código de Comportamiento Ético de la República Dominicana.

[2]                Dada la relevancia de la temática de las nuevas tecnologías en el contexto de la justicia y los derechos, la doctrina nacional autorizada se ha ocupada de abordar la cuestión, destacando que vivimos en una verdadera sociedad basada  en la tecnología, en la información y estructurada en la red, en lo que se ha denominado una sociedad red global, es decir, construida alrededor de redes digitales de comunicación, la IA y la virtualidad, lo que implica, sin lugar a duda, que las relaciones de poder giran en torno al uso y y detentación de la comunicación global y de sus instrumentos tecnológicos de penetración (SANTOFIMIO GAMBOA 2023: 1318). Aunque, desde el surgimiento de la computación electrónica, crear computadoras con una inteligencia artificial de tipo humano ha sido el gran sueño de los científicos dedicados al campo de los que, desde 1956, se conoce como “inteligencia artificial” (IA), pero que se remonta a los años 40 del siglo pasado, aunque no cristalizada hasta el famoso artículo  de Alan Turing en 1950 , “Coputing Machinery and Intelligence”, donde su autor se pregunta si “pueden las máquinas pensar”, hoy la IA está en pleno apogeo gracias a computadoras cada día mas potentes y rápidas, el “machine learning” (aprendizaje automático), el Big Data y el “cloud computing” (computación en la nube), lo que permite a los algoritmos identificar cada día más complejos patrones en grandes masas de datos, superando en muchos casos a los seres humanos en determinadas funciones cognitivas (JORGE PRATS, Eduardo. Derecho constitucional, vol. II, 3ra. Edición, p. 194).

[3]             Conscientes de que las circunstancias varían constantemente, internamente, en el país, respecto del Código de Comportamiento Ético de la República Dominicana, para optimizar la materialización de su contenido se han suprimido asuntos que redundaban y, a su vez, se han incluido las denominadas “orientaciones” que, en resumen, son parámetros –contenidos en el mismo código- para una eficaz implementación de cada principio, a partir de experiencias comparadas. Así como conceptualizaciones que puntualizan y, si se quiere, actualizan el texto que define cada principio. Todo de cara a reglar la ética, en rigor, al margen de lo disciplinario. La idea es que si un juez falta a una forma ética (por no poner atención en los juicios, por tener un comportamiento inadecuado en su vida privada, etc.), el comité pueda levantar acta, hacer la observación y, en su buen juicio, el juez acatar el llamado ético. Y solamente si, a pesar de esa primera advertencia, persistiere la inconducta, entonces apoderar el comité ético al departamento de inspectoría.

[4]             En el  marco de la aceleración de la transformación digital en Centroamérica y el Caribe para fortalecer la eficiencia, la transparencia y el acceso a la justicia, el juez de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala de dicha alta Corte, afirmó en la reunión extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, celebrada en este año 2026 en Costa Rica, que la incorporación de la tecnología sin gobierno jurídico no moderniza la justicia, sino que puede desplazarla y afectar la garantía de derechos, al tiempo de referirse sobre los desafíos del uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, destacando la importancia del debido proceso, la independencia judicial, la protección de datos y el desarrollo de marcos normativos y éticos para su uso responsable.

[5]            Entendiendo por “opacidad algorítmica” la limitada o nula trazabilidad y explicabilidad de los procesos decisorios automatizados, que impide identificar los criterios, ponderaciones y posibles sesgos incorporados en los sistemas de inteligencia artificial.

[6]          Por “sesgos automatizados” ha de interpretarse la incorporación, reproducción o amplificación sistemática de patrones discriminatorios en sistemas algorítmicos, derivados de datos de entrenamiento, diseños o criterios de optimización que afectan la neutralidad, la igualdad y la imparcialidad en la toma de decisiones.

[7]        “viralización de contenido”, en el sentido de la difusión exponencial, acelerada y difícilmente controlable de información en entornos digitales, capaz de incidir en la percepción pública, generar presiones externas y comprometer la apariencia de imparcialidad judicial.

[8]              La “construcción digital de la reputación judicial”, concretamente, alude al proceso de configuración, consolidación o deterioro de la imagen pública del juez a través de interacciones, contenidos y narrativas en entornos digitales, frecuentemente mediadas por dinámicas algorítmicas y sociales que pueden distorsionar la percepción objetiva de su independencia e integridad.

[9]          La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, mediante su trigésimo quinto dictamen, del 4 de marzo de 2024, sobre los efectos del Código Iberoamericano de Ética Judicial y de su Comisión (2006-2025), solicitó a la Cumbre Judicial Iberoamericana, como órgano, que siga prestando el apoyo y la atención que hasta ahora ha brindado a la dimensión ética como elemento esencial del ejercicio en nuestros días de la función judicial; lo que pone de relieve que el contenido del Código no se petrificará en el tiempo, sino que se irá actualizando conforme sigan surgiendo en el mundo circunstancias que lo ameriten.

[10]               Javier Pérez Royo y Manuel Carrasco Durán, en su libro titulado Curso de derecho constitucional, decimoséptima edición, sostienen que el juez tiene legitimidad democrática, porque, cuando actúa, dictando cualquier resolución (sentencia, auto, providencia…), no es su voluntad la que se impone, sino que lo que se impone es la voluntad general, es decir, la voluntad de los ciudadanos a través de sus representantes objetivada en la ley. El juez no tiene voluntad propia, sino que es el portador de la voluntad ajena, de la voluntad general, de la ley (PÉREZ ROYO, Javier y CARRASCO DURÁN, Manuel. Curso de derecho constitucional, decimoséptima edición, pp. 690-691). De su lado, Rodolfo Vigo, sobre la objeción de conciencia, en general, ha sostenido que más allá de que en nuestro ámbito cultural no es común apelar a dogmas o consideraciones estrictamente religiosas, existen, sin embargo, ciertos problemas en los que inevitablemente aparece esa dimensión que se acepta como algo dado o creído sin sometérselo a un análisis racional; por ejemplo, en los casos de testigos de Jehová, que se niegan a recibir transfusión de sangre o cuando se ha invocado cierta convicción religiosa para justificar la objeción de conciencia o para incumplir con cierta exigencia legalmente establecida (VIGO, Rodolfo Luis. Interpretación (argumentación) jurídica en el Estado de derecho constitucional, p. 236).

[11]                  Mediante su segundo dictamen, del 30 de noviembre de 2015, sobre el uso de las redes sociales por los jueces (una consulta de la Suprema Corte de Costa Rica), la Comisión estableció que los Jueces tienen los derechos que asisten a todas las personas, pero esos derechos pueden ser restringidos en resguardo de la función jurisdiccional. De suerte que el Juez que se incorpora a una red social no solamente debe evitar manifestaciones que importen incumplimiento de los deberes previstos en el CE, sino que debe evaluar la posibilidad de que sus manifestaciones queden fuera de su capacidad de disposición y sean manipuladas fuera del plan de comunicación originalmente previsto.

[12]          A  través de su vigesimoprimer dictamen, del 2 de diciembre de 2022, de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, sobre “La motivación y el lenguaje de las resoluciones judiciales desde un punto de vista ético”, con anclaje en el artículo 18 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, sobre “motivación”, sostuvo que los motivos dados que cada decisión deben retratar fielmente el proceso en que se forma la convicción del juez (en cuanto a los hechos) y debe reproducir los argumentos que realmente fundamentan su conciencia jurídica (en cuanto al derecho). Citando a Marta João Dias, que ha sostenido que el razonamiento “debe consistir en la exteriorización de las causas reales, racionales y decisivas en la formación de la convicción de quien decide ” y no en “una invención de causas (…) que no se corresponden con la convicción formada.

[13]    La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha tenido ocasión de referirse a la temática de la transparencia judicial. En efecto, mediante su trigésimo noveno dictamen, del 31de marzo de 2026, sobre la transparencia, el secreto profesional y el deber de reserva de los jueces desde la perspectiva de la ética judicial, sostuvo que, en resumen, la justicia debe ser transparente, accesible y comprensible, pero con límites cuando entran en juego otros derechos; y que esa transparencia depende tanto de la conducta ética de los jueces como del buen funcionamiento del sistema. Es decir, la Comisión sobre la transparencia judicial ha resaltado la importancia de una justicia abierta, clara, imparcial y bien comunicada, que genere confianza social sin vulnerar derechos fundamentales.

[14]           En el mismo dictamen citado anteriormente (trigésimo noveno dictamen, del 31de marzo de 2026), la Comisión sostuvo, sobre el secreto profesional, que este y el deber de reservas representan un límite objetivo al principio de transparencia pero, sin duda, hacen más creíble y fiable a la función judicial; ambos forman una dupla de principios y deberes que, desde una perspectiva ética, contribuyen a la mejora del servicio público que se presta en los tribunales y a la consolidación de la imagen que el ciudadano común desea y debe tener de estos, así como de su rol y función en tanto titulares de órganos de soberanía.

[15]           En su trigésimo octavo dictamen, la Comisión Iberoamericana Judicial, el 24 de marzo de 2026, sobre la integridad judicial, sostuvo que la corrupción, en todas sus manifestaciones, es un riesgo real del Estado de derecho presente en las sociedades de nuestro tiempo y entorno, por lo que el compromiso reforzado del juez con el Estado de derecho lo emplaza a sentirse concernido de forma singular en la lucha contra la corrupción, tanto a nivel jurisdiccional, como en su conducta profesional y personal, la que habrá de estar inspirada por la integridad.

[16]            En el trigésimo séptimo dictamen de la Comisión, el marzo de 2026, sobre la autocrítica como herramienta para la mejora del comportamiento ético de los jueces y Poderes Judiciales, concluyó que La autocrítica —el examen crítico y honesto de las propias acciones, orientado a la mejora continua— constituye una herramienta indispensable para la realización efectiva de los principios de ética judicial, consagrados en el Código iberoamericano de ética judicial. Que, en ese sentido, El juez autocrítico es humilde y es consciente tanto de sus fortalezas como de su falibilidad, al tiempo que comprometido con la excelencia. Asimismo, una institución autocrítica genera un mejor sistema de justicia y mayor confianza ciudadana, por su capacidad para reconocer limitaciones y trabajar por superarlas. Y que la autocrítica no debe entenderse como una práctica ocasional que se ejerce, únicamente, ante errores manifiestos, sino como un hábito permanente, una actitud ética fundamental que impregna el quehacer judicial cotidiano.

[17]        Cabe resaltar, sin embargo, que, tal como hemos adelantado más arriba, ya existe una propuesta de reforma parcial del Código Iberoamericano de Ética Judicial. En efecto, mediante su dictamen vigesimotercero, del 21 de febrero de 2023, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial abordó la propuesta de reforma parcial del referido Código Iberoamericano de Ética Judicial. A esos efectos, sostuvo lo siguiente: A la vista de las anteriores consideraciones, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial formula las siguientes propuestas para su discusión y, en su caso, aprobación en la próxima Cumbre Judicial Iberoamericana de reforma del Código Iberoamericano de Ética Judicial: la introducción de un nuevo capítulo y tres artículos que enuncien el principio de igualdad de género en el ejercicio de la función jurisdiccional, la adición de otro nuevo capítulo, con un artículo, referido a las nuevas tecnologías y con una mención expresa de la necesidad de tener en cuenta el contexto creado por las nuevas tecnologías; y, en fin, la apertura de la legitimación de las asociaciones judiciales y de los jueces individualmente para acudir a la Comisión formulando consultas de carácter ético en el ejercicio de la función judicial mediante la adición de un párrafo en un artículo preexistente del propio Código. Y, efectivamente, sugirió ciertas modificaciones para fortalecer la estructura del código. Sin embargo, insistimos con que la clave, más que ir agregando cada vez más apartados al Código, es ir interpretando el alcance de sus principios rectores, y solamente cuando sea estrictamente necesario, agregar párrafos o, en casos extremos, nuevos principios para ir abarcando todos los ámbitos que vayan surgiendo con la evolución social. Vale insistir, mediante interpretaciones de la Comisión, el Código, en su estado actual, sirve para abarcar todos los ámbitos actuales en el contexto de la ética judicial en la era algorítmica digital.

[18]             Propicio es recordar en esta parte a Zagrebelsky, cuando asegura que no es posible, en un derecho dúctil, que además de reglas contiene valores y principios, pensar en la “maquinización” del derecho (Cfr ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil, p. 111).

[19]               En la República Dominicana, ante la marcada incidencia de la Inteligencia Artificial en muchos ámbitos de la vida, incluyendo la justicia, fue celebrado el Congreso Internacional Inteligencia Artificial y la Función Jurisdiccional: un llamado a liderar la transformación. Dicho evento académico y profesional fue celebrado los días 28 y 29 de octubre de 2025 en el Hotel Crowne Plaza de Santo Domingo, República Dominicana. Allí, letrados y, en general, funcionarios de las altas Cortes de Colombia y México, esencialmente, compartieron experiencias sobre la implementación de la inteligencia artificial en el sistema de justicia. Muestra harto elocuente de la inminencia del impacto de la IA en los contornos de la justicia y, sobre todo, el marcado interés de las autoridades dominicanas en que dicha herramienta sea útilmente implementada en el sistema de nuestro país.

[20]            David Ordóñez Solís, en su libro titulado Introducción a la ética judicial, hace un interesante abordaje sobre la ética aplicada a la función jurisdiccional y su relación con la independencia, imparcialidad e integridad judicial, planteando, en concreto, que allí donde el derecho no alcanza debe intervenir una ética pública judicial compatible con los valores democráticos (ORDÓÑEZ SOLÍS, David (2021). Introducción a la ética judicial. Editorial Reus). 

[21]           La integridad, como principio, está reglada en el artículo 53 y siguientes del Código Iberoamericano de Ética Judicial, sosteniendo, en esencia, que la conducta del juez, incluso fuera de sus funciones, debe preservar la confianza pública en la justicia. Es decir, que lo que resalta, básicamente, es la exigencia de integridad y responsabilidad reforzada en la vida personal del juez. En esa misma dirección, el juez de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, Justiniano Montero, presidente de la Sala Civil y Comercial de dicha alta Corte, ha sostenido, en suma, que la integridad constituye una presencia moral permanente que acompaña al juez en todos los ámbitos de su vida, imponiéndole actuar con coherencia, rectitud y apego a los valores éticos, tanto en la esfera pública como en la privada, como garantía esencial de la confianza ciudadana en la administración de justicia (MONTERO MONTERO, Justiniano, “Cómo gravita el principio de integridad en la administración de justicia”, en La justicia como virtud ética y carácter en la judicatura, Corte Suprema de Justicia de Colombia, p. 48, disponible en línea).

[22]                El principio de igualdad, de raigambre constitucional, en el contexto de la ética judicial, y más en la era digital, supone la obligación de trato no discriminatorio, neutralidad reforzada y proscripción de sesgos, explícitos o implícitos, tanto en la función jurisdiccional como en la conducta extraprocesal, a fin de garantizar la igual dignidad y tutela efectiva de los derechos fundamentales.

[23]          La prudencia está prevista en el artículo 68 y siguientes del Código Iberoamericano de Ética Judicial y, en suma, sostiene que esta implica un ejercicio racional, reflexivo y autocontrolado del poder jurisdiccional, orientado a decisiones objetivas y debidamente fundamentadas. Como se ve, el Código resalta de la prudencia judicial su carácter deliberativo, abierto al diálogo y esencial para garantizar decisiones justas e imparciales.

[24]              De conformidad con el artículo 83 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, dicha comisión tiene tres funciones esenciales, que son: a) Asesorar a los diferentes Poderes Judiciales y Consejos de la Judicatura Iberoamericanos o a la propia Cumbre Judicial cuando lo soliciten sus representantes. Asimismo resolverá las consultas que Comisionados o Delegados formulen en torno a si el comportamiento de servidores públicos de órganos impartidores de justicia respetan o no la Ética Judicial, así como cuando órganos de 15 Ética Judicial internos de cada nación hayan resuelto temas de esa naturaleza y se pida su opinión a la Comisión Iberoamericana. b) Facilitar la discusión, difusión y desarrollo de la ética judicial a través de publicaciones o de la realización de cursos, seminarios, diplomados y demás encuentros académicos. c) Fortalecer la conciencia ética judicial de los impartidores de justicia iberoamericanos.

[25]        Hemos contextualizado más arriba estos conceptos técnicos.

[26]       El contenido del Código Iberoamericano de Ética Judicial, visto sistematizadamente, conduce a que la igualdad no solo es un mandato constitucional, sino también un deber ético esencial del juez, estrechamente vinculado con la imparcialidad y la justicia.

[27] José Luis Leal Espinoza, en su obra Ética judicial en Iberoamérica: una aproximación desde la argumentación jurídica, aborda críticamente la función de los jueces en los Estados constitucionales iberoamericanos desde la perspectiva de la argumentación jurídica y la ética judicial. Analiza temas como la cortesía judicial, la equidad, la responsabilidad social e institucional de los jueces y la necesidad de fortalecer la credibilidad del Poder Judicial mediante principios éticos comunes inspirados en el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Asimismo, propone replantear los modelos argumentativos y de interpretación constitucional para que la actividad judicial esté orientada por valores democráticos, justicia y derechos fundamentales (LEAL ESPINOZA, José Luis. (2019). Ética judicial en Iberoamérica: una aproximación desde la argumentación jurídica. Dykinson).

[28]         La igualdad, no es ocioso recordar, está contenida en instrumentos supranacionales. Y, sin dudas, debe interpretarse en clave digital también. En efecto, el artículo 24 la Convención Americana de Derechos Humanos sostiene que todas las personas son iguales ante la ley. Este texto obliga, por extensión, a que el acceso a la justicia no se vea afectado por brechas tecnológicas. Pero, además, los artículos 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan igualdad ante tribunales y protección contra discriminación, lo cual permite exigir igualdad en procesos judiciales digitalizados. Y todo ello, de igual modo, conecta con los articulo 39 (igualdad) y 69 (tutela judicial efectiva) de nuestra Constitución, lo cual, sistemáticamente, debe entenderse que supone, en el marco de la digitalización judicial, el respeto a la igualdad al acceso, debido proceso y no discriminación tecnológica. Incluso, mediante la recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (2021) de la UNESCO, se ha establecido que la IA debe respetar la igualdad y evitar sesgos algorítmicos; y ello impacta, naturalmente, el uso de algoritmos en la justicia, de cara al riesgo de discriminación estructural.

[29]       Distinto a ello, se ven casos, como el de un juez en Colombia, que hizo uso de la IA faltando a los principios éticos. Ver en línea: “Juez colombiano causa debate tras resolver caso con ayuda de inteligencia artificial. En resumen, se trata del caso de un juez colombiano que resolvió un asunto sobre el derecho a la salud de un menor con autismo utilizando como apoyo el sistema de inteligencia artificial ChatGPT, el cual provocó un amplio debate académico, institucional y ético sobre los límites del uso de IA en la función jurisdiccional, y sirve de referente paradigmático para analizar los riesgos de la automatización en la motivación judicial, la necesidad de control humano y la protección de los derechos fundamentales en la era digital.

[30]                 Para ilustrar lo expuesto, cabe resaltar el caso de la implementación de sistemas de inteligencia artificial en la justicia de los Estados Unidos, particularmente el sistema COMPAS, utilizado para apoyar decisiones sobre medidas cautelares y sentencias, el cual fue cuestionado judicial y doctrinalmente por reproducir sesgos raciales en la predicción de reincidencia, evidenciando cómo los algoritmos, lejos de ser neutrales, pueden incorporar y amplificar desigualdades estructurales, lo que refuerza la necesidad de un control judicial humano estricto para preservar la imparcialidad en sentido material y la igualdad ante la ley. Ver en línea: https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing. También ver: https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm

[31]            El caso Bridges v South Wales Police, conocido en Inglaterra y Gales (Reino Unido), ilustra bastante sobre los riesgos jurídicos y constitucionales del uso de sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos, porque evidencia la insuficiencia de los marcos de control para garantizar la legalidad, la protección de datos y la no discriminación en el empleo de tecnologías algorítmicas de vigilancia, sirviendo como ejemplo paradigmático de la tensión entre innovación tecnológica, derechos fundamentales y exigencias de proporcionalidad en la actuación estatal. Ver en línea: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2020/1058.html

[32]                Rodolfo Luis Vigo, en su obra Ética judicial e interpretación jurídica, plantea, en esencia, que la interpretación jurídica realizada por los jueces no puede reducirse a una aplicación mecánica de la ley, sino que exige una actuación guiada por principios éticos, prudencia y responsabilidad moral. Sostiene que el juez debe orientar sus decisiones hacia la justicia y el bien común, actuando con independencia, imparcialidad e integridad en el ejercicio de la función jurisdiccional (VIGO, Rodolfo Luis. (2009). Ética judicial e interpretación jurídica. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes).

[33]        Entendiendo por “test”, igual que en materia procesal constitucional, tal como plantea Manuel F. Quinche Ramírez en el prólogo de su obra titulada Los test constitucionales, tercera edición, estructuras argumentativas orientadas a la resolución de conflictos de derechos fundamentales mediante técnicas como los tests de igualdad, de razonabilidad, etc., que desplazan el método clásico de subsunción.

[34]            Por ejemplo, cuando un juez proyecta en redes sociales la misma mesura, imparcialidad y dignidad que observa en el ejercicio de sus funciones sobre los estrados, se evidencia el principio de integridad, particularmente relevante en la era digital, donde toda manifestación pública puede incidir en la percepción ciudadana sobre la independencia y credibilidad del Poder Judicial.

[35]            Ilustra sobre este tema de la tensión entre libertad de expresión judicial y deberes de imparcialidad e integridad en el entorno digital, el caso de Baka v. Hungary, en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que, si bien los jueces son titulares del derecho a la libertad de expresión, su ejercicio puede generar consecuencias institucionales cuando afecta la confianza pública en la independencia del Poder Judicial, especialmente en contextos donde sus manifestaciones públicas son interpretadas como posicionamientos sobre asuntos de relevancia judicial o política. Ver en línea: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163113

[36]            La Comisión, mediante su segundo dictamen, de 30 de noviembre de 2015, sobre el uso de las redes sociales por los jueces, ha concluido que los jueces, aunque titulares de derechos fundamentales como cualquier persona, se encuentran sometidos a límites reforzados derivados de su función jurisdiccional, especialmente en el entorno de las redes sociales, las cuales no están prohibidas pero sí sujetas al cumplimiento estricto de los principios y deberes del Código de Ética Judicial, dada su capacidad de afectar la percepción de imparcialidad, independencia y confianza pública en la justicia; y, a partir de ello, ha recomendado que los jueces adopten un uso altamente prudente y responsable de las redes sociales, evaluando previamente los riesgos éticos y comunicacionales, evitando interacciones que puedan comprometer su imparcialidad, reforzando medidas de seguridad digital, y promoviendo la formación institucional continua sobre el impacto de las tecnologías de comunicación en el ejercicio de la función jurisdiccional.

[37]      Un caso que ilustra sobre este tema de la incidencia del entorno digital en la independencia e imparcialidad judicial es el de Lula da Silva v. Brazil, en el sentido de que evidenció cómo la exposición mediática intensiva, las filtraciones y la presión de la opinión pública digitalizada pueden generar un contexto de condicionamiento indirecto sobre la actuación judicial, comprometiendo la apariencia de imparcialidad aun cuando no exista una injerencia formal directa. Ver en línea: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-violated-rights-former-president-lula-un-human-rights-committee

[38]          Entendiendo por “hiperconectividad informativa” la circulación continua, simultánea y global de datos en tiempo real a través de redes digitales interconectadas, que intensifica la exposición pública, acelera la formación de opiniones y condiciona la percepción social de la función judicial.

[39]           En esta parte, nos referimos al “núcleo axiológico”, concretamente, al conjunto de valores esenciales e indisponibles que informan la ética judicial —independencia, imparcialidad, integridad, igualdad y prudencia— y que constituyen el fundamento material del Código Iberoamericano de Ética Judicial, orientando su interpretación y aplicación más allá de las mutaciones tecnológicas o contextuales.

[40]           Un caso particularmente ilustrativo en materia de ética judicial en entornos digitales es el de Loomis v. Wisconsin, en el que la Corte Suprema de Wisconsin avaló el uso del sistema algorítmico COMPAS en la determinación de la pena, aunque advirtiendo sus limitaciones y la necesidad de no conferirle un valor decisorio determinante, porque evidencia cómo la incorporación de herramientas digitales opacas en la función jurisdiccional plantea serios desafíos a la motivación de las decisiones, la igualdad de trato y el control judicial efectivo, reforzando la exigencia de una ética judicial que supervise críticamente el uso de tecnologías en la administración de justicia y preserve el carácter humano del juicio jurisdiccional. Ver en línea: https://law.justia.com/cases/wisconsin/supreme-court/2016/2015ap000157-cr.html

[41]              Por ejemplo, el principio de prudencia judicial, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, tal como hemos visto más arriba, le dio la lectura de autocontrol reforzado en entornos digitales y de especial cautela frente a la exposición y circulación de manifestaciones del juez en redes sociales, adaptándolo a las nuevas dinámicas comunicacionales propias de la era tecnológica. No hubo que modificar el núcleo esencial del principio de prudencia, sino simplemente se adaptó a los riesgos derivados de la comunicación digital y la pérdida de control sobre el alcance de las expresiones públicas, extendiéndolo a la conducta del juez en plataformas virtuales y redes sociales, donde la inmediatez y la viralidad pueden comprometer la percepción de imparcialidad y la confianza en la función jurisdiccional.

[42]      Entendiendo por “conciencia axiológica” la internalización crítica por parte del juez de los valores fundamentales que estructuran la ética judicial (independencia, imparcialidad, integridad, igualdad y prudencia) como criterios orientadores de su deliberación y decisión, incluso frente a entornos tecnológicos complejos o inciertos.

[43]         Los casos citados más arriba, sobre el uso de inteligencia artificial en la función jurisdiccional, la opacidad de sistemas algorítmicos y la exposición del juez en entornos digitales, ponen de relieve que, sin agregar principios nuevos, puede interpretarse el Código Iberoamericano de Ética Judicial de manera evolutiva, tutelando la imparcialidad, la motivación y la transparencia en su dimensión tecnológica, al entender que dichos principios proyectan sus exigencias también sobre las herramientas digitales que inciden en la decisión judicial; por tanto, la ética judicial no se ve superada por la innovación tecnológica, sino que se reafirma en su capacidad de adaptación interpretativa. Justamente por eso hemos afirmado, y reiteramos, que el sistema ético iberoamericano mantiene plena vigencia como marco normativo abierto, apto para responder a los desafíos contemporáneos sin necesidad de reformulación sustancial de sus principios estructurales.

[44]            La racionalidad hay que verla en el marco de la razonabilidad, en tanto esta constituye el parámetro constitucional que legitima el ejercicio del poder público. La racionalidad significa la correspondencia lógica entre los medios empleados y los fines perseguidos, en tanto que la razonabilidad es el juicio jurídico-constitucional sobre la justicia, proporcionalidad y utilidad de la medida, por lo que su enlace impide la arbitrariedad y sujeta toda actuación estatal a criterios de legitimidad material. Dicho en pocas palabras, no basta que el poder actúe lógicamente; además, debe hacerlo justamente. Justamente, sobre la temática de la razonabilidad en el contexto jurídico, Francesco Viola, profesor ordinario de Filosofía del Derecho en la Universidad de Palermo (Italia), en el prólogo del libro titulado El principio de razonabilidad, de la autoría de Juan Cianciardo, expresa que la razonabilidad es entendida aquí como atributo y justificación de las disposiciones normativas (…) Concierne propiamente a los medios, esto es, a su adecuación, convivencia idoneidad, eficacia para alcanzar un fi ya dado, que es él mismo positivizado en los textos oficiales (CIANCIARDO, Juan. El principio de razonabilidad, 2da. Edición, actualizada y ampliada, p. 12).

[45]        Aquí, por “mediación opaca del razonamiento” entendemos la intervención de sistemas de inteligencia artificial cuyos procesos internos de análisis, ponderación y generación de resultados carecen de suficiente explicabilidad o trazabilidad, dificultando la comprensión racional de las razones que inciden en la construcción de la decisión judicial.

[46]         El connotado jurista argentino Armando S. Andruet, uno de los principales referentes en ética judicial iberoamericana, ha señalado, sobre los principios del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que es preciso la conveniencia de una lectura comparativa, rigurosa y hermenéutica de sus contenidos, evitando simplificaciones y privilegiando la comprensión sistemática de sus definiciones, finalidades y proyecciones, lo que evidencia que dicho autor resalta de dicho cuerpo de principios su carácter abierto a la interpretación doctrinal, su densidad conceptual y la necesidad de un análisis flexible pero metódicamente estricto para su adecuada comprensión y aplicación (ANDRUET, Armando S., “Hermenéutica a su génesis, contenido y proyección del Código Iberoamericano de Ética Judicial”, publicado en La justicia como virtud ética y carácter en la judicatura, Corte Suprema de Justicia de Colombia, Bogotá, D.C., Colombia, agosto de 2025, pp. 53-81, disponible en línea).

Mirada crítica a la sentencia TC/0389/25: interpretación constitucional, tutela judicial efectiva y antinomias en la prescripción de la responsabilidad por el fluido eléctrico

Resumen

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Se da una mirada crítica a la sentencia TC/0389/25 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, enfocándose en tres ejes fundamentales: (1) las antinomias normativas entre el Código Civil y la Ley 358-05 en materia de prescripción de la responsabilidad civil por el fluido eléctrico; (2) la falta de motivación adecuada por parte del Poder Judicial al omitir el análisis de normas constitucionales y legales imperativas aplicables; y (3) la importancia de una interpretación constitucional sistemática que armonice el derecho del consumidor (art. 53 de la Constitución) con los principios de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Se concluye que el caso constituye un ejemplo ilustrativo de los desafíos y potencialidades del control de constitucionalidad y la interpretación jurídica en contextos de conflicto normativo.

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Palabras claves

Constitucionalidad, prescripción, responsabilidad civil, fluido eléctrico, antinomias normativas, interpretación jurídica, tutela judicial efectiva, derecho del consumidor, motivación judicial, seguridad jurídica, jurisdicción constitucional, armonización normativa, Código Civil, Ley 358-05, control difuso.

Contenido

I.- Introducción, II. Antinomias jurídicas y posibles soluciones, III. Falta de motivación judicial y su incidencia en el debido proceso, IV.- La interpretación jurídica desde la Constitución y el régimen de prescripción, V.- Precedentes constitucionales, interpretación activa y el deber de aplicar el derecho conforme a la Constitución, VI.- Posibles puntos perfectibles en la argumentación del Tribunal Constitucional: una mirada crítica desde la dogmática constitucional, VII.- Conclusión: un caso modelo de interpretación jurídica y constitucional

I.- Introducción

La sentencia TC/0389/25 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana resuelve el recurso de revisión constitucional[1] interpuesto por las señoras Ignacia Torres Vásquez, Teresa Rodríguez Polanco e Inocencia Santos Peña en un caso sobre responsabilidad civil cuasi delictual originada por el fallecimiento de un ciudadano[2], a causa de una descarga eléctrica, en el que las demandantes alegaron que el deceso se produjo por la exposición de un cable del tendido eléctrico en la vía pública; circunstancia que atribuían a un mantenimiento negligente y a una omisión de deber de seguridad por parte de las empresas proveedoras del servicio.

El Poder Judicial, en sede casacional, resolvió que la acción estaba prescrita, al aplicar los artículos 2271 y 2278 del Código Civil, motivando en el sentido de que los plazos de prescripción también corren contra los menores de edad, lo que condujo a casar sin envío la sentencia que había ordenado una indemnización y declarado inconstitucional, por vía difusa, el citado artículo 2278.

Lo precedentemente expuesto, presenta un caso paradigmático de conflicto entre normas de diferente jerarquía, omisiones interpretativas de parte del Poder Judicial y la relevancia del control de constitucionalidad en la correcta administración de justicia. Interesando, de manera relevante, tres aspectos que aborda esta decisión: (1) la presencia de antinomias jurídicas y las posibles vías de solución; (2) la falta de motivación judicial en decisiones que afectan derechos fundamentales; y (3) la necesidad de interpretar las normas conforme a la Constitución, especialmente cuando están en juego los derechos fundamentales, tales como los del consumidor reconocidos en el artículo 53 constitucional.

En cuanto a la presencia de antinomias jurídicas, la sentencia evidencia un conflicto normativo entre el régimen general del Código Civil (artículos 2271 y 2278) y el régimen especial contenido en la Ley núm. 358-05, sobre los Derechos del Consumidor o Usuario. Esta colisión normativa debía resolverse aplicando los principios de especialidad, cronología y favorabilidad, tal como exige el orden constitucional cuando se confrontan normas con distinto rango y finalidad, especialmente si una de ellas es de orden público y protege derechos fundamentales[3].

Por otro lado, sobre la falta de motivación judicial, la sentencia comentada pone de manifiesto una preocupación producto de que la Suprema Corte de Justicia no abordara aspectos sustanciales del caso, como la posible existencia de una relación de consumo y la aplicación de la normativa correspondiente. Esta omisión, según fue decidido en sede constitucional, compromete el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, en tanto impide que las partes conozcan de manera clara y razonada las bases jurídicas del fallo, afectando la legitimidad de la decisión y su control constitucional[4].

En lo que tiene que ver con la necesidad de interpretar las normas conforme a la Constitución[5], el caso pone en evidencia la importancia de integrar en el análisis jurídico los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 53 de la Constitución, especialmente el derecho a una compensación justa en casos de servicios defectuosos. Una interpretación apegada al texto y espíritu constitucional, según explicó nuestra máxima corporación constitucional, hubiera requerido priorizar la norma especial y proteger efectivamente los intereses de los consumidores, particularmente cuando se trata de menores de edad en condición de vulnerabilidad, como víctimas indirectas del siniestro[6].

Todo lo anterior hace que esta sentencia del Tribunal Constitucional represente un avance significativo en la consolidación del control de constitucionalidad en la República Dominicana, ya que reconoce y corrige una afectación sustancial al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, al identificar que la Suprema Corte de Justicia omitió considerar principios constitucionales esenciales como la protección de los derechos del consumidor, el principio de especialidad normativa y el interés superior del niño[7].

Así las cosas, el fallo adquiere un alto valor jurídico al reafirmar la supremacía constitucional y al exigir una interpretación de las normas conforme a los derechos fundamentales, privilegiando el principio pro persona y el carácter imperativo de la legislación de protección al consumidor como norma de orden público. De suerte que, tal como se expondrá a mayor profundidad en el cuerpo del presente artículo, esta decisión contribuye a la construcción de una jurisprudencia constitucional sólida, orientada a garantizar el acceso real y efectivo a la justicia y la protección integral de los sectores vulnerables frente a omisiones judiciales que afectan el contenido esencial de sus derechos.

II. Antinomias jurídicas y posibles soluciones

Uno de los elementos más significativos que pone en evidencia esta sentencia es la antinomia normativa entre el Código Civil, particularmente sus artículos 2271 y 2278, y la Ley núm. 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario. Mientras que el Código Civil establece un plazo de prescripción de seis meses para las acciones de responsabilidad civil cuasi delictual, incluyendo aquellas originadas por cosas inanimadas, como el fluido eléctrico, la Ley 358-05 establece un plazo de dos años (artículo 134), en el marco de relaciones de consumo.

Aquí se observa una clara colisión entre una norma general y preconstitucional (Código Civil) y una norma especial, posterior y de orden público (Ley 358-05). La solución correcta, conforme al principio de lex specialis derogat generali y lex posterior derogat priori, debió haber sido el reconocimiento de la aplicabilidad preferente de la Ley 358-05, al tratarse de un caso que podría encuadrarse como una relación de consumo entre los afectados y la empresa EDESUR[8].

Y, efectivamente, tal como apunta el Tribunal Constitucional, existía en la especie una relación de consumo, en tanto y en cuanto las personas afectadas eran usuarias finales del servicio público de suministro eléctrico, provisto por empresas distribuidoras que, en su calidad de prestadoras de servicios, están sujetas al régimen de responsabilidad objetiva propio del derecho del consumidor.

Hay que recordar que el artículo 53 de la Constitución reconoce expresamente el derecho de toda persona a recibir bienes y servicios de calidad, así como a ser compensada por los daños causados por su uso o consumo, lo que impone un deber reforzado de seguridad en cabeza de los proveedores, máxime cuando se trata de servicios esenciales como el fluido eléctrico. Por lo que, tal como fue decidido en sede constitucional, resultaba imperativo aplicar el régimen especial de protección previsto en la Ley núm. 358-05, particularmente el artículo 134, que establece un plazo de prescripción más amplio -de dos años- de naturaleza imperativa y de orden público, desplazando en este caso al régimen general de prescripción del Código Civil, conforme a los principios de especialidad, favorabilidad y pro consumatore[9].

El Tribunal Constitucional, visto lo anterior, destaca que la Suprema Corte de Justicia omitió evaluar si el caso correspondía a una relación de consumo, privando a los justiciables de la aplicación del régimen especial de protección y prescripción establecido para estos casos. Esta omisión fue calificada como una falla sustancial, capaz de invalidar la decisión adoptada por la alta corte.

III. Falta de motivación judicial y su incidencia en el debido proceso

Otro aspecto de profundo impacto constitucional abordado por la sentencia TC/0389/35 es la falta de motivación suficiente por parte de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional sostiene que, si bien aquella alta corte fundamentó su decisión sobre la constitucionalidad del artículo 2278 del Código Civil, no consideró aspectos sustantivos fundamentales del caso: en particular, la posible existencia de una relación de consumo y la aplicabilidad del régimen de protección del consumidor[10].

El derecho a una decisión debidamente motivada, derivado del derecho al debido proceso (artículo 69.7 de la Constitución), exige que las sentencias expongan razonamientos claros, suficientes y pertinentes, capaces de legitimar la actuación del órgano jurisdiccional. El incumplimiento de este deber implica una violación constitucional directa, como ha reconocido el Tribunal Constitucional al aplicar el test de motivación desarrollado en decisiones como la TC/0009/13 y TC/0265/22.

La sentencia objeto de revisión incumple, de los cinco elementos de ese test, dos de los más importantes: no se presentan las consideraciones pertinentes que expliquen el razonamiento y no se asegura que la decisión cumpla su función de legitimación social. La consecuencia es una decisión que, aunque invoca principios relevantes como la seguridad jurídica, no responde integralmente al marco normativo aplicable, ni garantiza el derecho de acceso a la justicia ni el derecho a obtener una respuesta judicial adecuada.

En otras palabras, la falta de debida motivación en este caso fue retenida porque la Suprema Corte de Justicia, al acoger el recurso de casación y declarar la prescripción de la acción, no analizó si el fallecimiento del ciudadano —atribuido a un presunto defecto en el servicio público de suministro eléctrico— configuraba una relación de consumo protegida por el régimen imperativo de la Ley núm. 358-05, específicamente su artículo 134, que establece un plazo de prescripción distinto al del artículo 2271 del Código Civil.

Tampoco ponderó si dicho servicio, al ser esencial y de alta sensibilidad técnica, imponía un deber reforzado de seguridad para el proveedor, ni si la situación de los menores de edad como víctimas indirectas exigía una valoración más cuidadosa de sus garantías procesales. En lugar de ello, el tribunal aplicó mecánicamente las reglas generales de prescripción civil, sin considerar el marco constitucional ni los principios de especialidad, pro persona y pro consumatore que debían informar su decisión. En suma, lo que debió ser un examen integral del régimen jurídico aplicable al supuesto fáctico, fue sustituido por una aplicación rígida y fragmentada del derecho, carente de la motivación constitucionalmente exigida[11].

IV. La interpretación jurídica desde la Constitución y el régimen de prescripción

La tercera dimensión analizada en esta sentencia tiene que ver con el deber de interpretar las normas ordinarias conforme a la Constitución[12], en especial frente a derechos fundamentales como los consagrados en el artículo 53, que reconoce el derecho de las personas a ser indemnizadas por daños causados por bienes o servicios de mala calidad.

El Tribunal Constitucional recalca que la Suprema Corte de Justicia, al interpretar el artículo 2278 del Código Civil, debió hacerlo a la luz del bloque de constitucionalidad, que incluye normas y principios que rigen los derechos de los consumidores. La protección del consumidor no es una cuestión meramente civil, sino una cuestión constitucional vinculada a la dignidad humana, la protección de sectores vulnerables (como los menores de edad) y el equilibrio en las relaciones de consumo.

El análisis del Tribunal Constitucional permite concluir que la Suprema Corte de Justicia no podía aplicar mecánicamente[13] los plazos del Código Civil sin antes determinar si era aplicable el régimen imperativo de la Ley núm. 358-05. De ser así, la demanda no estaría prescrita, y los afectados, incluidos los menores de edad (como víctimas indirectas), tendrían derecho a una reparación efectiva, conforme a un sistema jurídico que privilegia el principio de favorabilidad, la protección del débil jurídico y el interés superior del niño.

De modo distinto a lo expuesto, estaríamos frente a un modelo de interpretación judicial formalista y regresivo, porque se desatendería el mandato de aplicar el derecho desde una perspectiva que integre la Constitución como parámetro de validez y legitimidad del ordenamiento jurídico. Imaginemos que se admite como válido que los jueces apliquen automáticamente normas preconstitucionales sin contrastarlas con los derechos fundamentales —como el de los consumidores a recibir indemnización por servicios defectuosos—, ello sería equivalente a perpetuar situaciones de indefensión estructural y a consolidar una justicia desconectada de los valores y principios constitucionales.

Por eso, tal como ha establecido el Tribunal Constitucional, la solución más constitucionalmente adecuada es interpretar y aplicar el artículo 2278 del Código Civil a la luz de la Ley núm. 358-05 y el artículo 53 de la Constitución, ya que, vale reiterar, en contextos de consumo, los derechos fundamentales no pueden ser desplazados por reglas civiles de naturaleza supletoria, especialmente cuando están en juego bienes jurídicos esenciales como la vida, la integridad física y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

V.- Precedentes constitucionales, interpretación activa y el deber de aplicar el derecho conforme a la Constitución

La función de los precedentes del Tribunal Constitucional en el ordenamiento jurídico dominicano no se limita a su reproducción mecánica ni a su aplicación indiscriminada. Por el contrario, su valor como parámetro de interpretación debe ser comprendido dentro del marco de una cultura jurídica que exige de los jueces y autoridades administrativas una labor hermenéutica consciente, razonada y constitucionalizada[14].

En efecto, si bien los precedentes vinculantes constituyen una fuente formal del derecho en virtud de los artículos 184 de la Constitución y 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (Ley núm. 137-11), su aplicación exige distinguir con precisión la ratio decidendi (núcleo normativo y vinculante de la decisión) de los obiter dicta (consideraciones accesorias o contextuales que no obligan como regla decisoria)[15].

En esta línea, una interpretación constitucional exige a los jueces superar tanto la vieja concepción de ser “boca de la ley” —mero transmisor del texto normativo— como también la posición pasiva de convertirse en “boca de la jurisprudencia”, replicando acríticamente precedentes sin ponderar las especificidades del caso, ni realizar el necesario contraste entre normas ordinarias y los valores superiores del orden constitucional.

Un ejemplo revelador de esta exigencia interpretativa se presenta en el ámbito del derecho administrativo. Imaginemos un caso en que se impugna un acto administrativo, y coexisten dos plazos legales para recurrirlo: uno más breve, previsto en una ley sectorial como la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, y otro más amplio, establecido en la Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública. Ante esta dualidad normativa, corresponde al operador jurídico —sea juez o funcionario administrativo— aplicar el parámetro constitucional que privilegia el acceso efectivo a la justicia (artículo 69 de la Constitución), el principio pro actione, y el principio de favorabilidad, todos ellos reforzados por la doctrina del Tribunal Constitucional. Así, no es admisible optar mecánicamente por el plazo más breve de la ley especial si ello implica restringir injustificadamente un derecho fundamental, como el de recurrir válidamente decisiones administrativas.

La norma adjetiva, especialmente en materia de plazos procesales o administrativos, no puede ser tratada como un obstáculo técnico aislado del derecho sustantivo; debe, por el contrario, interpretarse en armonía con el orden constitucional. Este principio, reiteradamente reconocido por el Tribunal Constitucional, debe irradiar todo el ordenamiento jurídico, lo que implica que, en casos con particularidades análogas, debe preferirse siempre la interpretación normativa que asegure una tutela judicial efectiva y no meramente formal.

En consecuencia, el criterio acogido en la sentencia comentada —según el cual la aplicación de los plazos del Código Civil debía ceder frente a las disposiciones imperativas y de orden público de la Ley núm. 358-05, por tratarse de una relación de consumo— no solo es válido para ese caso en concreto, sino que debe extenderse como regla interpretativa a todas las situaciones similares, en las que exista una colisión entre una norma general de prescripción (como las del Código Civil) y otra de naturaleza especial y protectora, cuyo contenido esté más alineado con los valores constitucionales. Esta técnica de análisis jurídico evita automatismos normativos y fortalece el papel del juez constitucional como garante de los derechos fundamentales y del equilibrio entre legalidad y justicia sustantiva.

En resumen, los precedentes del Tribunal Constitucional deben ser guía, no dogma; catalizadores de razonamientos constitucionales, no sustitutos del juicio crítico del operador jurídico. La fidelidad al texto constitucional exige que la interpretación del derecho —sustantivo o adjetivo— se realice de manera activa, racional y comprometida con la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.

VI.- Posibles puntos perfectibles en la argumentación del Tribunal Constitucional: una mirada crítica desde la dogmática constitucional

Toda decisión jurisdiccional, incluso aquellas de alta densidad jurídica y valor institucional, como las emanadas del Tribunal Constitucional, debe estar abierta al escrutinio técnico y al diálogo argumentativo. En este sentido, y sin desmerecer el valor sustantivo y el aporte normativo de la sentencia comentada, es posible identificar algunos aspectos susceptibles de mejora desde el punto de vista de la técnica constitucional, la sistematicidad argumentativa y la claridad estructural en la tutela de derechos fundamentales.

  1. Mejora en el desarrollo de los principios estructurantes del derecho del consumidor como cláusulas constitucionales implícitas

Si bien la sentencia alude al artículo 53 de la Constitución y a la Ley núm. 358-05 como marco para reconocer la protección constitucional del consumidor, podría haberse profundizado con mayor rigor en el desarrollo del contenido normativo de principios como el favor consumatoris, el principio de confianza legítima y el principio de igualdad material, en su proyección constitucional. Esta omisión debilita en parte la fuerza dogmática del argumento que pretende justificar la inaplicabilidad de los plazos del Código Civil y la necesidad de utilizar un régimen especial más protector. Una referencia sistemática a precedentes comparados o al desarrollo doctrinal de estos principios como “cláusulas constitucionales implícitas” habría dotado de mayor solidez teórica la decisión.

  • Cierta ambigüedad en la delimitación del rol de la Suprema Corte de Justicia

Aunque la sentencia critica, con razón, la interpretación mecánica del artículo 2278 del Código Civil por parte de la Suprema Corte de Justicia, no queda del todo claro si esta crítica se limita a un reproche hermenéutico (por no ponderar el bloque de constitucionalidad) o si configura un verdadero quebrantamiento del debido proceso constitucional. Esta falta de definición conceptual puede generar incertidumbre sobre el alcance de la censura constitucional y su proyección en otros casos análogos. Un deslinde más preciso entre errores in judicando y vulneraciones constitucionales reforzaría el estándar técnico de revisión constitucional en materia de precedentes judiciales.

  • Ausencia de un análisis más explícito sobre la figura de la víctima indirecta en el marco del derecho de consumo

Si bien el Tribunal reconoce la legitimación activa de los menores de edad como víctimas indirectas del daño producido por el suministro deficiente de electricidad, no se ofrece una fundamentación detallada sobre cómo esta legitimación se articula con la categoría de consumidor, ni cómo se inserta dentro del sistema constitucional de reparación integral. Habría sido oportuno, por ejemplo, desarrollar cómo el principio de universalidad de la protección —derivado de la cláusula de dignidad humana— permite extender la tutela del derecho de consumo más allá del consumidor directo, en casos de daños personales o existenciales con efectos colectivos o familiares.

  • Falta de claridad en el control de convencionalidad implícito

Aunque la sentencia se enmarca claramente en una lectura pro derechos fundamentales, no se hace referencia explícita al control de convencionalidad ni a los estándares del sistema interamericano, que podrían haber enriquecido el análisis de la prescripción desde la perspectiva del derecho al recurso judicial efectivo (artículo 25 CADH) o de la protección de grupos vulnerables. En una materia como la responsabilidad por servicios públicos deficientes —especialmente cuando hay fallecimiento de personas y afectación a menores de edad—, habría sido pertinente integrar esta dimensión convencional, no solo como refuerzo argumentativo, sino como exigencia de coherencia sistémica del bloque de constitucionalidad.

  • Inexistencia de un test formal de razonabilidad o proporcionalidad

Finalmente, aunque la sentencia realiza un análisis valorativo sobre la adecuación entre el régimen aplicable (civil vs. especial), no estructura formalmente un test de razonabilidad o de proporcionalidad que permita visualizar con claridad cómo la opción hermenéutica propuesta satisface mejor los fines constitucionales[16]. La utilización metodológica de un test de proporcionalidad —al menos en su forma leve o estructural— habría permitido justificar de modo más convincente por qué el régimen más garantista no solo es jurídicamente posible, sino constitucionalmente necesario.

En conclusión, aunque la sentencia constituye un avance importante en el fortalecimiento de la tutela de los derechos de los consumidores desde una óptica constitucional, el fortalecimiento de su estructura argumentativa, la incorporación de estándares convencionales y el desarrollo más sistemático de las categorías dogmáticas involucradas habrían contribuido a consolidar aún más su valor como precedente robusto y orientador. Pero, evidentemente, esta crítica constructiva no resta legitimidad a la decisión, solo pretende enriquecerla dentro del marco de un constitucionalismo dialógico y evolutivo.

VII.- Conclusión: un caso modelo de interpretación jurídica y constitucional

Este caso constituye un excelente ejemplo de interpretación jurídica y constitucional. Ilustra cómo un conflicto aparentemente técnico —la aplicación de un plazo de prescripción— puede adquirir profundas implicaciones constitucionales cuando se confronta con los principios de tutela judicial efectiva, protección del consumidor y motivación judicial adecuada.

La decisión del Tribunal Constitucional va más allá de resolver un caso concreto: marca un estándar hermenéutico al exigir que las normas preconstitucionales se interpreten conforme a la Constitución, priorizando los valores del Estado social y democrático de derecho. Además, enfatiza que la independencia judicial no es ilimitada, sino que debe ejercerse dentro del marco de derechos fundamentales.

Por tanto, esta sentencia fortalece el Estado constitucional dominicano y subraya la función esencial del Tribunal Constitucional como garante de la supremacía de la Constitución frente a posibles excesos o deficiencias de interpretación judicial. Es un caso que debe ser estudiado como referente para la práctica y enseñanza del derecho constitucional y del derecho del consumidor en la República Dominicana.

En definitiva, la consolidación del Estado constitucional de derecho exige una transformación profunda en la manera en que se interpreta, aplica y enseña el derecho. En este contexto, los precedentes —particularmente los emanados del Tribunal Constitucional— constituyen herramientas fundamentales para orientar a los operadores jurídicos en la construcción de un sistema normativo coherente con los principios y valores constitucionales.

Estos precedentes no deben ser entendidos como fórmulas rígidas ni como sustitutos del razonamiento judicial, sino como puntos de partida que invitan a desarrollar una praxis hermenéutica más exigente y responsable. Su valor reside en su capacidad para irradiar constitucionalidad a todo el ordenamiento jurídico, proyectando sobre las normas ordinarias el prisma de la dignidad humana, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y los principios rectores del Estado social y democrático de derecho.

La interpretación constitucionalizada del derecho no es, por tanto, un ejercicio opcional ni una técnica marginal. Es una exigencia metodológica que redefine el rol del juez, del abogado y del académico del derecho. Es también una garantía para el justiciable, en cuanto asegura que su situación será examinada no solo desde la literalidad de la ley, sino desde su compatibilidad con los derechos fundamentales.

En pocas palabras, solo una cultura jurídica que internalice la fuerza normativa de la Constitución podrá materializar, en los hechos, la promesa de justicia que esta encarna. Los precedentes del Tribunal Constitucional, en tanto guías de interpretación de nuestra ley de leyes, son un instrumento clave en esa tarea colectiva.

BIBLIOGRAFÍA

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LIRANZO MONTERO, Chanel. “Test de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana”: República Dominicana, Imprenta la Unión, S.R.L., 2023.

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 13 de septiembre de 2022, TC/0265/22.

Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 18 de junio de 2025, TC/0389/25.


[1] El juez emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, en su libro titulado El Tribunal Constitucional dominicano y los procesos constitucionales, sobre la revisión constitucional y el modelo español de amparo contra sentencias, en su página 230, sostiene lo siguiente: “El recurso de revisión constitucional previsto en nuestro sistema es muy próximo al amparo constitucional que existe en el sistema español, porque también procede contra sentencias definitivas e irrevocables”.

[2] Quien falleció fue el ciudadano Carlos Manuel Torres, según se indica en los hechos del caso. Su madre, Ignacia Torres Vásquez, junto con Teresa Rodríguez Polanco e Inocencia Santos Peña, actuaron como demandantes en el proceso judicial, tanto en nombre propio como en representación de sus hijos menores de edad, sucesores y causahabientes del finado. El fallecimiento de Carlos Manuel Torres habría sido causado, según la demanda, por un defecto en el servicio de suministro eléctrico, lo cual motivó la acción en responsabilidad civil cuasi-delictual contra EDESUR, ETED y CDEEE.

[3] Sobre el orden público y la protección de derechos fundamentales, en el marco del derecho de consumo, Nanphi Rodríguez, en su libro titulado Protección constitucional del consumidor y del usuario, página 62, establece lo siguiente: “Ese orden público no solo obliga a los particulares, sino que también significa una exigencia para las autoridades de todas las esferas, las que tienen la obligación de respetar y exigir el respeto de las normas que cuentan con esa entidad y, además, disponer lo necesario para lograr que esos fines superiores del Estado obtengan su adecuado desenvolvimiento en la sociedad”. 

[4] En relación a la motivación como garantía del derecho fundamental del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia TC/0017/13, del 20 de febrero de 2013, ha juzgado lo siguiente: “Este Tribunal Constitucional reconoce que la debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta con la mera enunciación genética de los principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas que se aplicarán”.

[5] El profesor Eduardo Jorge Prats, en su obra titulada Derecho constitucional, vol. I, 5ta. edición, página 538, sobre la interpretación desde la Constitución, ha sostenido lo siguiente: “La norma constitucional, al mismo tiempo que constituye una norma sujeta a interpretación, supone ella misma el criterio fundamental de todo el ordenamiento jurídico. Y es que la Constitución no solo es norma suprema, sino también “fundamento del ordenamiento jurídico del Estado” (artículo 5). De ahí que todo el ordenamiento jurídico debe interpretarse de conformidad a la norma sustantiva, en especial de conformidad a los derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución, al tiempo que es necesario agotar las posibilidades de una interpretación acorde con la Constitución antes de acudir a la declaratoria de la inconstitucionalidad de las leyes (PELLERANO GÓMEZ). Tal como ha dicho el Tribunal Constitucional, la interpretación conforme a la Constitución es un principio “conforme al cual si en la concurrencia de distintos y posibles sentidos de interpretación deducibles de un precepto constitucional, existe alguno que razonablemente haga compatible ambos instrumentos normativos, este es el que debe ser necesariamente acogido por el tribunal, desestimando la inconstitucionalidad aducida y adoptando la interpretación conforme al derecho fundamental de que se trate. Constituye un mecanismo al que recurre la jurisprudencia constitucional comparada para no producir lagunas innecesarias en el ordenamiento jurídico y, a la vez, impedir que el mantenimiento de la norma impugnada pueda afectar la supremacía de la Constitución (Sentencia TC/0467/15)”. De su lado, en el contexto procesal, Eduardo J. Couture, en su libro titulado Fundamentos del Derecho Procesal Civil, página 120, en torno a la temática de la tutela constitucional del proceso, ha sostenido lo siguiente: “El proceso es, por sí mismo, un instrumento de tutela del derecho. Lo grave, se ha dicho, es que más de una vez el derecho sucumbe ante el proceso y el instrumento de tutela falla en su cometido (…) La tutela del proceso se realiza por imperio de las previsiones constitucionales”.

[6] Sobre la labor argumentativa del juez, de cara a la tutela efectiva de los derechos envueltos en el caso juzgado, la propia Suprema Corte de Justicia ha juzgado: “La labor judicial no puede limitarse a la simple elección arbitraria de una interpretación normativa a fin de subsumir la solución del caso y, por medio de un silogismo, derivar las consecuencias pertinentes. Esta técnica, característica del modelo decimonónico, resulta inadecuada para la aplicación de las normas jurídicas en la actualidad y ha sido sustituida por la argumentación. La labor argumentativa del juez implica un proceder prudencial y la sustentación de su decisión en un razonamiento dirigido a lograr el convencimiento de sus destinatarios de que aquella constituye la solución más justa y razonable, ya que, en ausencia de dichos elementos, estaríamos en presencia de una interpretación y aplicación volitiva del derecho, irracional, lo cual no es cónsono con el Estado constitucional de derecho imperante en el ordenamiento jurídico dominicano” (SCJ, 1ra. Sala, 11 de diciembre de 2013, núm. 22, B.J. 1237, pp. 272-285).

[7] Sobre el interés superior del niño, el Tribunal Constitucional ha establecido que este, consagrado como norma fundamental de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, tiene su origen en la doctrina universal de los derechos humanos y, como tal, es un principio garantista de estos derechos. Los niños, niñas y adolescentes, como personas humanas en desarrollo tienen iguales derechos que todas las demás personas y, por consiguiente, es preciso regular los conflictos jurídicos derivados de su incumplimiento y de su colisión con los derechos de los adultos. El interés superior de niño permite resolver conflictos de derecho recurriendo a la ponderación de esos derechos en conflicto y, en ese sentido, siempre habrá de adoptarse aquella medida que asegure al máximo la satisfacción de los mismos que sea posible y su menor restricción y riesgo” (TC/0109/13).

[8] La propia Suprema Corte de Justicia ha decidido, en torno a la solución de antinomias o contradicción entre dos preceptos legales lo siguiente: “Para la solución de las antinomias o contradicción entre dos preceptos legales existen tres criterios de solución: (a) lex superior derogat inferiori (entre dos normas incompatibles prevalece la norma jerárquicamente superior); (b) lex posterior derogat priori (entre dos normas incompatibles, una anterior y otra posterior, prevalece la posterior); y (c) lex specialis derogat generali (entre dos normas incompatibles, una general y la otra especial, prevalece la especia). Dicho de otro modo, las antinomias se resuelven acudiendo al criterio jerárquico, criterio cronológico o al criterio de especialidad” (SCJ, 1ra. Sala, 5 de febrero de 2014, núm. 23, B.J. 1239, pp. 279-301).

[9] Ha sido juzgado que In dubio pro consumitore es de los principios que rigen el derecho de consumo (SCJ; 1ra. Sala, 24 de febrero de 2021, núm. 92, B.J. 1323, pp. 1103-1112). Asimismo, ha sido decidido: “En virtud del principio de favorabilidad o in dubio pro consumitore, en materia de derecho de consumo opera un estándar probatorio excepcional al consagrado por el artículo 1315 del Código Civil, según el cual le corresponde al proveedor, por su posición dominante, establece la prueba en contrario sobre los que alega el consumidor; es decir, el demandado sume el rol de probar el hecho, invirtiéndose de esta manera el principio que, como regla general, se estila en la materia. Sin embargo, el consumidor que, como parte accionante, tenga acceso a la prueba sin ningún obstáculo deberá asumir el rol activo frente al proceso” (SCJ, 1ra. Sala, 31 de agosto de 2021, núm. 19, B.J. 1329, pp. 179-192).

[10] La propia Suprema Corte de Justicia ha decidido: “para que aplique la responsabilidad civil objetiva dispuesta por la Ley 358-05 sobre Protección al Consumidor, es necesario que la víctima sea consumidor o usuario” (SCJ, 1ra. Sala, 26 de febrero de 2020, núm. 74, B.J. 1311, pp. 685-693). Criterio que debe conducir al tribunal, en ejercicio del principio Iura Novit Curia (los jueces conocen el derecho) a calificar correctamente el sistema aplicable al caso, si no lo solicitare ninguna de las partes, dando un plazo para cubrir el debido proceso, permitiendo que las partes sintonicen sus respectivos medios de defensa a la nueva etiqueta judicial.

[11] El profesor Eduardo Jorge Prats, justamente, ha establecido que: “(…) el juez debe aplicar la técnica procesal más constitucionalmente adecuada y apta para la tutela del derecho material en juego, pudiendo aplicar directamente la norma que instituye el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tomando en cuenta los principios que puedan colisionar en el caso concreto” (JORGE PRATS. Eduardo. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, p. 37).

[12] Propicio es reiterar la nota al pie colocada más arriba, en torno a las precisiones del profesor Eduardo Jorge Prats, en su obra titulada Derecho constitucional, vol. I, 5ta. edición, página 538, sobre la interpretación desde la Constitución, donde establece lo siguiente: “La norma constitucional, al mismo tiempo que constituye una norma sujeta a interpretación, supone ella misma el criterio fundamental de todo el ordenamiento jurídico. Y es que la Constitución no solo es norma suprema, sino también “fundamento del ordenamiento jurídico del Estado” (artículo 5). De ahí que todo el ordenamiento jurídico debe interpretarse de conformidad a la norma sustantiva, en especial de conformidad a los derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución, al tiempo que es necesario agotar las posibilidades de una interpretación acorde con la Constitución antes de acudir a la declaratoria de la inconstitucionalidad de las leyes (PELLERANO GÓMEZ). Tal como ha dicho el Tribunal Constitucional, la interpretación conforme a la Constitución es un principio “conforme al cual si en la concurrencia de distintos y posibles sentidos de interpretación deducibles de un precepto constitucional, existe alguno que razonablemente haga compatible ambos instrumentos normativos, este es el que debe ser necesariamente acogido por el tribunal, desestimando la inconstitucionalidad aducida y adoptando la interpretación conforme al derecho fundamental de que se trate. Constituye un mecanismo al que recurre la jurisprudencia constitucional comparada para no producir lagunas innecesarias en el ordenamiento jurídico y, a la vez, impedir que el mantenimiento de la norma impugnada pueda afectar la supremacía de la Constitución (Sentencia TC/0467/15)”. De su lado, en el contexto procesal, Eduardo J. Couture, en su libro titulado Fundamentos del Derecho Procesal Civil, página 120, en torno a la temática de la tutela constitucional del proceso, ha sostenido lo siguiente: “El proceso es, por sí mismo, un instrumento de tutela del derecho. Lo grave, se ha dicho, es que más de una vez el derecho sucumbe ante el proceso y el instrumento de tutela falla en su cometido (…) La tutela del proceso se realiza por imperio de las previsiones constitucionales”.

[13] Casualmente, Gustavo Zagrebelsky, en su obra El derecho dúctil, página 111, aclara, en el contexto de las reglas y los principios que coexisten en el ordenamiento jurídico, que son las reglas (y solo las reglas) las que, en todo caso, pudieran ser observadas y aplicadas mecánica y pasivamente. Por lo que, si el derecho solo estuviese compuesto por reglas no sería insensato pensar en la “maquinización” de su aplicación por medio de autómatas pensantes, a los que se les proporcionaría el hecho y nos darían la respuesta. Pero, advierte el indicado autor italiano, la aplicación de los principios es completamente distinta y requiere que, cuando la realidad exija de nosotros una “reacción”, se “tome posición” ante esta de conformidad con ellos. Y concluye que una máquina capaz de “tomar posición” en el sentido indicado es una hipótesis que ni siquiera puede tomarse en consideración mientras la máquina siga siendo máquina. De todo lo cual deriva que los casos deben estudiarse tomando en consideración no solamente las reglas, sino también los principios jurídicos, entre ellos el interés superior del niño, la razonabilidad, etc.

[14] En un trabajo publicado por el profesor Eduardo Jorge Prats en el Periódico Hoy, de fecha 09 de junio del 2023, titulado Montesquieu recargado: el juez como boca de la jurisprudencia, plantea, en el contexto de que los precedentes del TC y, en general, de los tribunales no deben asumirse acríticamente, ha sostenido lo siguiente: “El viejo positivismo legal del juez arbitrario que, aunque tras la mampara de la soberanía de la ley y la independencia judicial y supuestamente actuando, en palabras de Montesquieu, como simple boca que pronuncia las palabras de la ley, en verdad se comporta como chivo sin ley, apartándose de líneas jurisprudenciales y de precedentes, propios o superiores, persuasivos o vinculantes, sin dar razones justas, violando así la igualdad y la seguridad jurídica, es tan dañino como el nuevo positivismo jurisprudencial del juez acrítico y autómata que acata mecánicamente jurisprudencia y precedentes”.

[15] Incluso, a nivel de alzada se ha establecido la distinción entre obiter dicta (dicho de pasada) y ratio decidendi (razón suficiente o directa del fallo): sentencia núm. 0031-TST-2024-S-00627 dictada, el 10 de diciembre del 2024, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.

[16] Se trata de una crítica metodológica que ya la doctrina vanguardista nacional ha señalado. En efecto, en el marco del test de igualdad, ha sido planteado lo siguiente: “(…) existe un problema recurrente en las decisiones del Tribunal Constitucional dominicano respecto a la aplicación del test y este radica en el irrespeto del mismo como una herramienta metodológica. El uso como herramienta metodológica implica seguir una serie de pasos para arribar a una conclusión, es decir, no basta con señalar la existencia del test, anunciar su aplicación, si luego no se hará” (LIRANZO MONTERO, Chanel. Test de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, p. 103).

Robert Alexy: un último adiós al maestro, un eterno legado a la razón jurídica

Un poeta, ante el vacío que deja una persona valiosa, diría quizá que hay ausencias que no se miden por el espacio que ocupaba un cuerpo, sino por la inmensidad del lugar que deja su pensamiento. Hay seres humanos cuya partida no produce solamente silencio: produce una especie de eco. Y ese eco permanece, porque aquello que verdaderamente grande deja detrás de sí no es únicamente memoria, sino una forma distinta de mirar el mundo.

Eso, aplicado al mundo jurídico, a partir del reciente fallecimiento de Robert Alexy, ocurrido el pasado 5 de septiembre de 2026, implica afirmar que la comunidad jurídica internacional ha perdido la presencia física de uno de los grandes filósofos del derecho de nuestro tiempo, pero ha recibido, paradójicamente, la permanencia definitiva de una obra que ya no pertenece solamente a su autor, sino a generaciones enteras de juristas. Alexy murió a pocos días de cumplir 81 años.  En efecto, los aportes de Robert Alexy al derecho son invaluables.

Su obra significó, entre muchas otras cosas, un intento extraordinariamente ambicioso por devolverle a la razón un lugar central en el derecho. No a una razón fría, puramente formal o encerrada en la literalidad de las normas, sino a una razón jurídica capaz de explicar por qué una decisión judicial puede considerarse correcta, por qué un derecho fundamental puede entrar en conflicto con otro y, sobre todo, cómo debe decidirse cuando el ordenamiento jurídico no ofrece una respuesta automática. En ese propósito se encuentran algunas de sus obras fundamentales: Teoría de la argumentación jurídica, publicada originalmente en 1978; Teoría de los derechos fundamentales, cuya primera edición alemana apareció en 1985; y El concepto y la validez del derecho, publicada en 1992.

Si hubiera que identificar una de las contribuciones de Alexy que más profundamente ha transformado el constitucionalismo contemporáneo, habría que detenerse necesariamente en su teoría de los principios y, dentro de ella, en la ponderación. ¿Y qué significa ponderar? Explicado sencillamente, ponderar significa comparar jurídicamente dos principios constitucionales que, en un caso concreto, apuntan hacia soluciones diferentes, para determinar cuál debe prevalecer en esas circunstancias y en qué medida debe ceder el otro. Alexy distinguía entre reglas y principios. Las reglas son mandatos definitivos: si una regla es aplicable y válida, debe cumplirse, salvo que exista una excepción jurídicamente relevante o que la propia regla resulte desplazada por otra conforme a las técnicas correspondientes. Los principios, en cambio, son mandatos de optimización: ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, teniendo en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas existentes.

Por eso, cuando dos reglas válidas conducen a resultados incompatibles, el problema suele resolverse mediante técnicas de validez: una puede tener una excepción o una de ellas puede resultar desplazada por otra regla aplicable. Pero cuando dos principios constitucionales entran en tensión, la cuestión es diferente. Imaginemos, por ejemplo, un caso en el que una persona reclama la protección de su libertad de expresión y, al mismo tiempo, otra persona exige la protección de su honor y reputación. Ambas pretensiones pueden encontrar fundamento constitucional. No estamos, entonces, ante un derecho bueno y otro malo. Estamos ante dos bienes jurídicos constitucionalmente valiosos. ¿Debe prevalecer siempre la libertad de expresión? No. ¿Debe prevalecer siempre el derecho al honor? Tampoco.

La respuesta depende de las circunstancias concretas del caso. Ahí aparece la ponderación. El juez debe preguntarse, en términos generales, qué principio resulta afectado, con qué intensidad, qué importancia tiene satisfacer el principio contrapuesto y si existe una medida menos gravosa que permita alcanzar la finalidad constitucional perseguida. La conocida ley de la ponderación de Alexy puede expresarse así: cuanto mayor sea el grado de afectación de un principio, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacer el principio contrario. Esto significa algo jurídicamente profundo: no basta con decir que un derecho “pesa más” que otro. Hay que justificar por qué pesa más en ese caso. Y aquí se encuentra quizá uno de los mayores méritos de Alexy, que es intentar convertir la ponderación, tantas veces acusada de ser una operación intuitiva o subjetiva, en un procedimiento susceptible de argumentación racional.

Debe aclararse, que quede bien claro, “ponderar” no equivale a decidir arbitrariamente, porque la ponderación no significa que el juez pueda sentarse frente a dos derechos, escoger subjetivamente el que le resulte más simpático y revestir su decisión con lenguaje constitucional. Eso no sería ponderación, sería, más bien, arbitrariedad. La propuesta de Alexy busca exactamente lo contrario, que es hacer explícitas las razones que justifican la preferencia condicionada de un principio sobre otro. Por eso su teoría se conecta estrechamente con su teoría de la argumentación jurídica. Una decisión judicial constitucionalmente correcta no puede descansar únicamente en la autoridad de quien decide. Debe poder ser justificada mediante razones susceptibles de ser examinadas y discutidas. La argumentación jurídica, para Alexy, forma parte de un discurso racional sometido a reglas.

De ahí que la ponderación tenga una estructura mucho más rigurosa de lo que a primera vista podría parecer. Primero debe identificarse la finalidad constitucional perseguida. Luego debe establecerse qué principio resulta afectado y con qué intensidad. Después debe determinarse la importancia de satisfacer el principio contrapuesto. Finalmente, debe establecerse si la relación entre ambos permite justificar constitucionalmente la intervención. En otras palabras, la ponderación exige justificar el sacrificio de un principio en función de la importancia de realizar otro. Y esa exigencia de justificación cambia profundamente la naturaleza de la decisión judicial. El juez deja de ser simplemente quien aplica mecánicamente una norma y se convierte en un sujeto obligado a ofrecer razones públicas acerca de por qué, dadas determinadas circunstancias, una solución constitucionalmente es preferible a otra.

Es importante destacar, en el contexto de la obra de Alexy, que La ponderación no aparece aislada, forma parte del conocido principio de proporcionalidad, especialmente desarrollado en el constitucionalismo contemporáneo para controlar las restricciones a los derechos fundamentales. De manera sencilla, la proporcionalidad pregunta si una medida estatal es adecuada para alcanzar un fin legítimo, si resulta necesaria, es decir, si no existe otra medida igualmente eficaz pero menos restrictiva; y, finalmente, si el beneficio constitucional obtenido justifica el grado de afectación producido sobre otro derecho o principio. Es en este último momento donde aparece propiamente la ponderación en sentido estricto.

Por ejemplo: si el Estado restringe una libertad para proteger la seguridad pública, no basta con afirmar que la seguridad pública es importante. Hay que demostrar que la restricción sirve realmente para protegerla, que no existe una alternativa menos lesiva y que, finalmente, el beneficio obtenido guarda una relación constitucionalmente justificable con el sacrificio impuesto al derecho. Así, la proporcionalidad introduce una pregunta incómoda, pero indispensable: ¿Cuánto derecho estamos dispuestos a sacrificar para obtener cuánto beneficio constitucional?

Alexy dedicó buena parte de su obra a intentar que esa pregunta no fuera contestada mediante intuiciones judiciales inexplicables, sino mediante estructuras argumentativas racionales. Su teoría llegó incluso a desarrollar la llamada “fórmula del peso”, mediante la cual procuró hacer más precisa la relación entre intensidad de la afectación, importancia de la satisfacción y confiabilidad de las premisas que sustentan el juicio. No se trata, desde luego, de convertir la justicia en una operación matemática. Se trata de algo más modesto y, al mismo tiempo, más importante, que es hacer visible la arquitectura racional de una decisión que inevitablemente contiene valoraciones.

La verdad, hay que decirlo, es que, si los derechos fundamentales fueran concebidos únicamente como mandatos absolutos, la realidad constitucional resultaría sencillamente insoportable. La libertad de expresión podría destruir la honra. La privacidad podría obstaculizar investigaciones legítimas. La libertad religiosa podría entrar en tensión con otros bienes constitucionales. La seguridad pública podría reclamar restricciones a determinadas libertades. La autonomía personal podría enfrentarse a intereses públicos relevantes. El problema no consiste en descubrir cuál de esos valores es “bueno” y cuál es “malo”. El problema consiste en que el constitucionalismo contemporáneo protege simultáneamente bienes que pueden entrar en tensión.Y cuando ello ocurre, el derecho necesita una metodología para decidir.Ahí reside la importancia histórica de Alexy.

Pero la ponderación no elimina el conflicto constitucional. Lo hace jurídicamente tratable.En el Estado constitucional de derecho, irremediablemente, el poder necesita razones. Y cuanto más intensa sea la intervención sobre un derecho fundamental, más exigente debe ser la justificación que el Estado (y particularmente el juez) esté obligado a ofrecer.Esa idea es profundamente alexyana. Y en Norteamérica, aproximadamente en la misma línea de transformación del pensamiento jurídico, Ronald Dworkin habría desarrollado una poderosa crítica al positivismo jurídico y había otorgado a los principios un lugar central en la interpretación del derecho.

Alexy reconoce precisamente la importancia de esa tradición. La distinción entre reglas y principios tiene una de sus raíces intelectuales más importantes en Dworkin, aunque Alexy desarrolla posteriormente una teoría propia, particularmente alrededor de la idea de los principios como mandatos de optimización y de la ponderación. Pero mientras Dworkin construyó una teoría interpretativa profundamente vinculada a la integridad del derecho y a la búsqueda de la mejor interpretación de las prácticas jurídicas, Alexy puso especial énfasis en la estructura racional de la argumentación jurídica, la proporcionalidad y la ponderación.

Ambos contribuyeron decisivamente a una transformación que hoy resulta difícil ignorar, y es que la Constitución dejó de ser entendida simplemente como un texto político situado por encima de la legislación y pasó a ocupar un lugar central en la determinación concreta de los derechos. En nuestro sistema jurídico, particularmente en el constitucionalismo latinoamericano, la ponderación terminó adquiriendo una presencia extraordinaria. Los tribunales constitucionales, las cortes supremas y los jueces ordinarios recurren constantemente al lenguaje de la proporcionalidad, los principios, la optimización y la ponderación cuando enfrentan conflictos entre derechos fundamentales. Y eso constituye, en buena medida, parte del legado de Alexy.

Todo lo anterior, por sí, es motivo para inmortalizar el aporte de Robert Alexy; pero, hay que decir, reducirlo a la ponderación sería injusto. Su pensamiento es mucho más amplio. Uno de sus planteamientos más profundos es la idea de que el derecho posee una pretensión de corrección. El derecho no es solamente un conjunto de normas respaldadas por la posibilidad de coerción. Tiene también una dimensión ideal, porque aspira a presentarse como un orden jurídicamente correcto. De ahí su conocida concepción de la doble naturaleza del derecho: el derecho posee una dimensión real o institucional, que es la de las normas positivas, las instituciones, los procedimientos, y una dimensión ideal vinculada con la corrección y la justicia.

Esta concepción lo coloca en una posición especialmente interesante frente al positivismo jurídico. Alexy no niega la importancia del derecho positivo. Al contrario, reconoce que el derecho necesita instituciones, procedimientos, autoridad y normas establecidas. Pero sostiene que esa dimensión positiva no agota la naturaleza del fenómeno jurídico. El derecho, para ser plenamente comprendido, debe ser pensado también desde la razón práctica. Y ahí aparece otra de sus grandes contribuciones, que es la relación entre derecho, moral y argumentación. En efecto,para Alexy, una decisión jurídica no es racional simplemente porque haya sido pronunciada por una autoridad competente. La autoridad es necesaria, pero la autoridad no agota la justificación.El jurista debe explicar, el juez debe argumentar, el Estado debe justificar y, de su lado, el derecho debe poder responder racionalmente a la pregunta más incómoda de todas: ¿por qué esto debe ser considerado jurídicamente correcto?

Robert Alexy constituye, por ello, mucho más que el autor de una fórmula jurídica. Constituye una de las figuras centrales de la transformación del constitucionalismo contemporáneo. Su obra representa el esfuerzo por construir un puente entre norma y razón, derecho y moral, autoridad y justificación, Constitución y realidad. Representa, asimismo, la convicción de que los derechos fundamentales no pueden permanecer como hermosas declaraciones escritas en el texto constitucional. Deben convertirse en razones operativas capaces de gobernar las decisiones concretas. O, lo que es lo mismo decir: la Constitución no puede ser únicamente un documento que el Estado posee; debe ser una razón que limite lo que el Estado puede hacer. Y esa idea adquiere una dimensión todavía mayor cuando comprendemos que los derechos fundamentales no existen en el vacío. Viven en una sociedad plural, conflictiva, cambiante, donde la protección de un derecho puede producir tensiones con otro. Alexy nos enseñó que esas tensiones no deben resolverse mediante la fuerza, el capricho o la intuición, sino que deben resolverse mediante razones.

Quizá por eso la mejor manera de honrar a Robert Alexy no sea simplemente repetir que fue un gran filósofo del derecho, lo fue. Tampoco basta decir que fue un gran teórico de la ponderación, que también lo fue. La verdadera dimensión de su legado está en algo más profundo, y es que nos recordó que detrás de cada decisión jurídica debe existir una razón capaz de sostenerla frente a otro ser humano. En tiempos en los que el derecho puede ser tentado por el poder, por la conveniencia política o por la comodidad de las respuestas fáciles, Alexy deja una exigencia particularmente incómoda para quienes ejercemos, estudiamos o enseñamos el derecho: no basta decidir, hay que justificar. No basta invocar la Constitución, hay que comprenderla. No basta mencionar derechos fundamentales, hay que tomarlos en serio. No basta ponderar, hay que demostrar por qué una ponderación es constitucionalmente correcta.

La comunidad jurídica, por ende, ha perdido la presencia física de un gigante, pero, desde una perspectiva más profunda, hemos ganado algo que la muerte no puede arrebatarnos, que es una obra que seguirá interrogando a los jueces, a los abogados, a los académicos y a las futuras generaciones sobre el modo en que el derecho debe relacionarse con la razón, la justicia y la dignidad humana.Robert Alexy ya no estará físicamente en las aulas, en los congresos, en las bibliotecas ni en las discusiones interminables de la filosofía jurídica. Pero seguirá allí cada vez que un juez tenga que decidir entre dos derechos. Cada vez que un abogado deba justificar una restricción. Cada vez que un tribunal se pregunte cuánto puede limitarse un derecho para proteger otro. Cada vez que un jurista comprenda que detrás de una norma hay también una exigencia de racionalidad.

Y, sobre todo, seguirá allí cada vez que alguien, frente a la complejidad del derecho, se niegue a aceptar que la última palabra pueda ser simplemente la palabra del poder, porque esa quizá sea la forma más alta de permanencia para un filósofo del derecho: no que sus respuestas sobrevivan, sino que sus preguntas continúen obligándonos a pensar. Descanse en paz, maestro.

Interés casacional e infracción procesal: una nueva precisión del Tribunal Constitucional

Resumen

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La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC/0772/26) abre una nueva e ineludible discusión sobre el alcance del interés casacional en la República Dominicana. ¿Toda infracción procesal debe superar el filtro del interés casacional objetivo o existen vicios que, por comprometer directamente el ejercicio de la función jurisdiccional y el debido proceso, justifican presumirlo? La respuesta del Tribunal introduce una distinción de profundas consecuencias para el futuro de la casación: de un lado, la necesidad de preservar el carácter extraordinario y selectivo del recurso; de otro, el deber constitucional de asegurar que ningún vicio esencial de la actividad jurisdiccional quede sin control. Entre esos dos extremos se juega, quizás, una de las discusiones más trascendentes sobre el futuro de la casación dominicana bajo la Ley núm. 2-23.

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Palabras clave

Interés casacional, infracción procesal, debido proceso, casación, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, motivación reforzada, Suprema Corte de Justicia, Salas, Tribunal Constitucional, constitucionalismo dialógico.

En un abordaje previo, habíamos resaltado que la evolución jurisprudencial dominicana en torno al interés casacional debía ser comprendida dentro de la nueva concepción de la casación introducida por la Ley núm. 2-23, de 17 de enero de 2023, sobre el Recurso de Casación. En aquel momento sostuvimos que el criterio asumido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, a partir de su Sentencia núm. SCJ-PS-25-1661, de 29 de agosto de 2025, según el cual la infracción procesal debía someterse al examen del interés casacional objetivo, resultaba coherente con la estructura del nuevo modelo casacional dominicano y, además, guardaba correspondencia con la evolución experimentada por el ordenamiento español.

La tesis partía de una consideración esencial, que era que la Ley núm. 2-23 concibe la casación como un recurso extraordinario cuya función primordial trasciende el interés particular de las partes y se orienta hacia la formación, uniformidad y evolución de la jurisprudencia. Bajo esa lógica, el interés casacional se convierte en un filtro destinado a garantizar que la Corte de Casación conozca aquellas controversias que presenten una verdadera trascendencia jurídica. Asimismo, señalábamos que el sistema español, que constituyó una referencia importante para la configuración de nuestra Ley núm. 2-23, había abandonado la tradicional dualidad entre el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal, integrando las infracciones procesales dentro del propio recurso de casación. De ahí que entendíamos que el nuevo criterio de la Primera Sala representaba una evolución razonable hacia un sistema casacional unificado, en el que la infracción procesal no debía quedar, por regla general, al margen de la exigencia del interés casacional objetivo.

Ante la reciente Sentencia núm. TC/0772/26, de fecha 17 de agosto de 2026, dictada por el Tribunal Constitucional en el expediente TC-04-2026-0210, se hace necesario destacar que aquella conclusión requiere ahora de una importante precisión. Dicha decisión introduce una distinción fundamental entre la infracción de una norma procesal y el vicio procesal cometido por el juez al momento de dictar su decisión. La diferencia no es meramente terminológica. De ella depende la determinación de si el recurrente debe acreditar un interés casacional objetivo o si, por el contrario, puede beneficiarse de un interés casacional presunto.

Para comprender el alcance de la consabida decisión constitucional es necesario recordar el criterio que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia había adoptado. Hasta agosto de 2025, dicha sala venía admitiendo recursos de casación sustentados en infracciones procesales sin someterlos al examen estricto del interés casacional objetivo previsto en el artículo 10.3 de la Ley núm. 2-23. Entre las situaciones comprendidas se encontraban, según la propia jurisprudencia, la omisión de estatuir, la falta de motivación, los problemas de competencia y otras vulneraciones relacionadas con las reglas para el dictado de las decisiones. La propia Suprema Corte reconoció posteriormente que ese había sido su criterio. Pero la Sentencia núm. SCJ-PS-25-1661 produjo el giro. A partir de ella, la Primera Sala sostuvo que la sola invocación de una infracción procesal no era suficiente para presumir el interés casacional y que, salvo los supuestos expresamente contemplados por la ley, correspondía al recurrente acreditar la existencia de un interés casacional objetivo que trascendiera su interés particular.

Ese cambio podía justificarse, como habíamos sostenido anteriormente, desde una perspectiva sistemática. La Ley núm. 2-23 no estableció expresamente una categoría general de infracciones procesales exentas del filtro del artículo 10.3. Además, el nuevo modelo casacional persigue que la Suprema Corte concentre su actividad en cuestiones que tengan relevancia para la formación o uniformidad del derecho. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha advertido que bajo la denominación genérica de “infracción procesal” pueden encontrarse situaciones de naturaleza diferente.

Dicha corporación constitucional ha razonado que debe distinguirse, de un lado, la infracción o errónea aplicación de una norma jurídica, sea sustantiva o procesal, y, de otro, los vicios procesales imputables directamente al juez en el momento de dictar la sentencia. En el primer supuesto nos encontramos ante un problema de interpretación, aplicación u observancia del derecho. Es decir, el recurrente sostiene que el tribunal aplicó incorrectamente una determinada norma jurídica. Ese tipo de agravio pertenece al ámbito propio del artículo 12 de la Ley núm. 2-23 y, cuando se encuentre dentro de los supuestos del artículo 10.3, debe superar el correspondiente examen de interés casacional objetivo. Pero existe una segunda categoría, según el Tribunal Constitucional.

Se trata de aquellos vicios que no cuestionan, propiamente, el contenido de la norma aplicada, sino la manera en que el órgano jurisdiccional ejerció su función de juzgar. El Tribunal Constitucional menciona, entre otros, la omisión de estatuir, la falta de motivación, la desnaturalización de los hechos, la violación de las reglas de competencia y los fallos extra, infra o ultra petita. Es decir, no es lo mismo afirmar que un tribunal interpretó incorrectamente una norma procesal que sostener que el tribunal no motivó su decisión, omitió decidir una pretensión, decidió más allá de lo pedido o actuó fuera de su ámbito competencial. En el primer caso se discute esencialmente la correcta aplicación del derecho. En el segundo se cuestiona la propia regularidad del ejercicio de la función jurisdiccional. Y esta diferencia es precisamente la que conduce al Tribunal Constitucional a introducir la matización.

Por todo lo anterior, la máxima sede constitucional ha sostenido que a la regla de que las infracciones procesales deben, como principio general, someterse al régimen del interés casacional objetivo, debe hacérsele un matización, y es que cuando el agravio consiste, propiamente, en un vicio procesal cometido por el juez al dictar la sentencia, el debido proceso permite presumir la existencia del interés casacional; es decir, en esos casos habría interés presunto, que se presume y, por tanto, está exento de prueba más allá que la infracción misma cometida por el juez.

La matización introducida al tema por el Tribunal Constitucional es particularmente relevante, ya que la parte afectada por una falta de motivación, una omisión de estatuir, un fallo infra, extra o ultra petita o un problema de competencia surgido en la propia decisión no tiene, normalmente, otro estadio procesal dentro de la estructura ordinaria del proceso en el cual pueda denunciar y obtener la reparación de ese vicio. El agravio nace con la sentencia y, por ello, es precisamente la Corte de Casación, según el reciente criterio del TC, la llamada a ejercer el control correspondiente. De ahí que la indicada alta Corte considere que exigir en estos casos, adicionalmente, que el recurrente demuestre que su asunto presenta un interés casacional objetivo podría comprometer la propia función de la casación como mecanismo de control de la regularidad de la actividad jurisdiccional y de protección del debido proceso. El interés casacional presunto no se justifica, entonces, porque toda infracción procesal tenga por sí misma relevancia para la formación de jurisprudencia. Su fundamento es diferente: existe un interés constitucional en que los órganos jurisdiccionales respeten las reglas que gobiernan el ejercicio de su función jurisdiccional.

Importante es resaltar que la importancia del criterio constitucional se aprecia todavía más cuando se observa que la Primera Sala no era la única que había tenido que enfrentarse a esta cuestión. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia había sostenido previamente, en distintas decisiones, que determinadas infracciones procesales generaban un interés casacional presunto. En efecto, la Tercera Sala había considerado, por ejemplo, que la falta de motivación constituía un vicio procesal atribuible directamente al juez y que, por esa razón, no era indispensable una justificación adicional del interés casacional. 

Particularmente ilustrativa es la concepción desarrollada por dicha sala, según la cual existe interés casacional presunto cuando la norma invocada por el recurrente está dirigida al juez y no a las partes, de manera que su violación genera un vicio de actividad o in procedendo. En esa lógica, el interés casacional presunto opera respecto de las reglas que gobiernan el propio funcionamiento jurisdiccional. Esto significa que, incluso dentro de la propia Suprema Corte de Justicia, coexistieron dos aproximaciones sobre la cuestión: una que reconocía el interés casacional presunto respecto de los vicios procesales y otra que, a partir del cambio jurisprudencial de la Primera Sala en agosto de 2025, exigía la acreditación del interés casacional objetivo. La Sentencia TC/0772/26 adquiere así una relevancia particular, porque proporciona una pauta constitucional para ordenar esa discusión.

El Tribunal Constitucional, vale resaltar, no ha sostenido que la Primera Sala carezca de facultad para modificar su jurisprudencia. Este aspecto debe destacarse. Los tribunales pueden cambiar sus criterios. La jurisprudencia no es inmutable. La evolución del derecho exige, en ocasiones, abandonar interpretaciones anteriores y adoptar nuevas soluciones. Lo que la indicada sede Constitucional reprocha a la Primera Sala es, propiamente, la insuficiencia de la motivación empleada para producir un cambio que tenía consecuencias restrictivas sobre el acceso a la casación. La propia sentencia impugnada reconocía que hasta ese momento se había admitido la existencia de un interés casacional presunto para determinadas infracciones procesales. Al apartarse de esa posición, la Primera Sala debía explicar, según el TC, de manera particularmente rigurosa por qué esa interpretación anterior debía ser abandonada.

Con este nuevo criterio del Tribunal Constitucional aparece un principio de especial trascendencia constitucional: los cambios jurisprudenciales requieren una motivación reforzada cuando afectan la previsibilidad del derecho, la igualdad en su aplicación o las expectativas legítimas generadas por la propia jurisprudencia. Nuestro máximo contralor de la constitucionalidad recuerda, en este sentido, su precedente TC/0046/21, conforme al cual la posibilidad de apartarse de los precedentes judiciales no significa que el cambio pueda producirse arbitrariamente. Cuando existen casos fácticamente similares, la predictibilidad exige que la variación sea explicada mediante razones suficientes que permitan comprender por qué la solución anterior ya no resulta adecuada.

Por consiguiente, el problema constitucional no residió exclusivamente en que la Primera Sala hubiera adoptado un nuevo criterio. El problema estuvo en que, según el Tribunal Constitucional, ese nuevo criterio restringía el acceso al recurso de casación en una materia en la que anteriormente se había reconocido un interés presunto, sin ofrecer una justificación suficientemente reforzada acerca de por qué los vicios procesales cometidos por los jueces debían quedar sometidos al mismo filtro que las infracciones jurídicas susceptibles de generar interés casacional objetivo.

Tal vez si la Primera Sala hubiera incorporado a sus motivos la situación española, que unificó el recurso extraordinario de infracción procesal con el de casación, con su condigno interés casacional objetivo, agregando la realidad fáctica, pero no explicada en la sentencia, de que un número elevadísimo de casos que llegan a la sede casacional son por “infracciones procesales”, entonces el fin de reducir los casos a la sede de casación se vería troncado, etc., probablemente, reiteramos, si se hubieren hecho precisiones como esa, el Tribunal Constitucional no hubiera hecho la precisión que hizo, diferenciando, dentro del concepto de “infracción procesal”, situaciones distintas: infracciones jurídicas de interpretación e infracciones atribuibles directamente al juez.

En definitiva, resulta forzoso convenir en que la comentada decisión constitucional no debe interpretarse como una simple vuelta al régimen anterior. No parece correcto afirmar que, a partir de TC/0772/26, toda infracción procesal queda automáticamente exenta de acreditar interés casacional. La sentencia introduce, más bien, una clasificación. En el esquema actual, puede sostenerse la siguiente regla: primero: cuando se denuncia una errónea interpretación, aplicación u observancia de una norma jurídica, aunque esta sea de naturaleza procesal, el agravio se ubica en el ámbito de la infracción jurídica y queda sujeto, en principio, al régimen del interés casacional objetivo. Segundo: cuando se denuncia un vicio cometido por el órgano jurisdiccional al ejercer su función de juzgar, tales como la falta de motivación, omisión de estatuir, violación de las reglas de competencia, ultra petita, extra petita, infra petita y otros vicios semejantes, existe interés casacional presunto, porque el control de tales infracciones constituye una manifestación directa de la tutela judicial efectiva y del debido proceso.

La diferencia puede expresarse de manera sencilla, y es que una cosa es controlar si el juez aplicó correctamente el derecho y otra es controlar si el juez ejerció correctamente su función jurisdiccional. Ambos controles corresponden a la casación, pero no necesariamente están sometidos al mismo presupuesto de acceso.  Pero hay que insistir con que la sentencia TC/0772/26 no representa una negación de la nueva concepción de la casación introducida por la Ley núm. 2-23; por el contrario, intenta contribuir a perfeccionarla. Subyace la idea de que el propósito de un sistema casacional restrictivo no puede ser simplemente reducir el número de recursos que llegan a la Suprema Corte, sino que la función selectiva del interés casacional debe coexistir con la obligación constitucional de garantizar que las decisiones jurisdiccionales sean dictadas respetando las garantías esenciales del debido proceso.

En efecto, la casación no puede convertirse en una tercera instancia, pero tampoco, según refleja el criterio comentado del TC, puede transformarse en un mecanismo tan restrictivo que impida controlar aquellos vicios que nacen directamente de la actuación del juez y que comprometen la validez constitucional de la sentencia. En ese equilibrio se encuentra, precisamente, la aportación más relevante de dicha decisión constitucional.

El tiempo habrá de ser, en última instancia, el verdadero juez de esta flexibilización del filtro del interés casacional y de sus efectos sobre la salud del sistema de casación. No puede perderse de vista que uno de los propósitos esenciales de la Ley núm. 2-23 fue racionalizar el acceso a la sede casacional, reduciendo el número de asuntos sometidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia y reservando su intervención para aquellas controversias dotadas de una verdadera relevancia jurídica que trascienda el interés particular de las partes. Y, precisamente, las infracciones procesales constituyen una porción nada desdeñable de los asuntos que históricamente han llegado a la casación.

Habrá que observar, entonces, si la noción de infracciones procesales “directamente atribuibles al juez” termina siendo utilizada como una categoría rigurosa y excepcional, reservada para aquellos vicios que comprometen realmente la regularidad de la función jurisdiccional y las garantías esenciales del debido proceso, o si, por el contrario, corre el riesgo de convertirse en una vía de escape frente al filtro del interés casacional objetivo, mediante la reconducción artificial de agravios de mera legalidad hacia una categoría constitucionalmente más intensa.

Subyace, en efecto, en esta construcción una cuestión de fondo que trasciende la técnica de admisibilidad, y es la cuestión de saber ¿hasta dónde debe llegar la Corte de Casación en el control de los errores cometidos por los jueces del fondo? La respuesta no puede desvincularse de la propia naturaleza extraordinaria de la casación. Si el sistema reconoce un doble grado de jurisdicción como garantía ordinaria para la revisión de las decisiones judiciales, parecería que buena parte de los errores en la valoración, interpretación o aplicación del derecho, incluidos muchos de naturaleza procesal, encuentra su cauce natural en esa estructura ordinaria y no necesariamente en una instancia casacional concebida primordialmente para asegurar la correcta interpretación del ordenamiento y la uniformidad de la jurisprudencia.

La dificultad aparece cuando el error del juez deja de ser un simple desacierto jurídico y adquiere una dimensión que compromete la legitimidad constitucional de la decisión: una sentencia inmotivada, una omisión de estatuir, una decisión que desborda los límites de lo pedido o que es dictada por un órgano carente de competencia no constituyen, en sentido estricto, meras discrepancias sobre la interpretación del derecho, sino posibles quebrantamientos de las condiciones constitucionales que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional. De ahí que el Tribunal Constitucional haya encontrado en estos supuestos una razón suficiente para preservar el interés casacional presunto.

El verdadero desafío estará, por tanto, en trazar con rigor la frontera entre el control extraordinario de constitucionalidad y regularidad de la función jurisdiccional y la reapertura, por vía casacional, de cuestiones que debieron quedar definitivamente resueltas en las instancias de fondo. Si esa frontera se mantiene nítida, la flexibilización puede constituir una necesaria válvula de protección del debido proceso sin desnaturalizar el nuevo modelo casacional. Si, por el contrario, la categoría de “vicio directamente atribuible al juez” adquiere una extensión ilimitada, el riesgo será que el filtro que la Ley núm. 2-23 quiso fortalecer termine perdiendo, por vía jurisprudencial, buena parte de su eficacia selectiva y, por ende, la crónica mora judicial, cuya superación ha sido tan anhelada, amenazaría de nuevo.

El tiempo, la evolución de la jurisprudencia y, sobre todo, la práctica concreta de nuestras salas de casación dirán si esta necesaria protección de la función jurisdiccional habrá de convertirse en una garantía de calidad del sistema o, por el contrario, en una nueva puerta de entrada a una casación que la Ley núm. 2-23 precisamente quiso dejar de concebir como una tercera instancia.

Hay en todo esto, finalmente, una dimensión institucional que merece ser destacada. El desarrollo de esta materia constituye un buen ejemplo de lo que contemporáneamente se denomina constitucionalismo dialógico: la construcción del derecho constitucional y procesal como resultado de una interacción entre los distintos órganos llamados a interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. La Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de su función de Corte de Casación, interpreta la Ley núm. 2-23 y construye progresivamente el alcance del interés casacional. Sus salas pueden desarrollar criterios diferentes, como efectivamente ocurrió entre la Primera y la Tercera Sala respecto de las infracciones procesales. El Tribunal Constitucional, por su parte, interviene desde la perspectiva de los derechos fundamentales, del debido proceso, de la tutela judicial efectiva, de la seguridad jurídica y de la igualdad en la aplicación de la ley.

Este diálogo no debe ser entendido necesariamente como una confrontación entre órganos. Más bien, permite que una cuestión jurídica sea examinada desde perspectivas diferentes antes de alcanzar un grado mayor de consolidación jurisprudencial. La intervención del Tribunal Constitucional ofrece, en este caso, una oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia incorpore a su doctrina las distintas aristas que había producido la aplicación práctica de la Ley núm. 2-23, incluyendo la experiencia de sus propias salas. Y precisamente ahí reside la riqueza del denominado constitucionalismo dialógico: la posibilidad de que el diálogo institucional permita depurar progresivamente una regla jurídica antes de que esta alcance su definitiva consolidación como criterio de cierre. En materia de interés casacional, ese proceso parece encontrarse todavía en construcción.

A modo de cierre conceptual, ha de precisarse que la posición anterior sobre la necesidad de superar la concepción de la infracción procesal como una categoría genérica beneficiada automáticamente por un interés casacional presunto debe ser conservada, pero ahora con una matización esencial, y es la reciente Sentencia TC/0772/26, que incorpora la idea de que no toda infracción procesal es igual. La incorrecta interpretación o aplicación de una norma procesal constituye, en principio, una cuestión jurídica susceptible de quedar sometida al interés casacional objetivo. En cambio, tal como hemos visto más arriba, los vicios procesales cometidos por el juez en el ejercicio de su función jurisdiccional, por su conexión directa con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, conservan un interés casacional presunto.

De esta manera, el Tribunal Constitucional no elimina la función selectiva del interés casacional ni convierte la casación en una tercera instancia. Lo que hace es impedir que la finalidad restrictiva del nuevo modelo casacional termine desprotegiendo aquellas garantías procesales cuya infracción solamente puede ser controlada eficazmente por la propia Corte de Casación. La cuestión, por tanto, ya no es simplemente interés casacional objetivo versus interés casacional presunto. El verdadero desafío consiste en determinar, caso por caso, qué naturaleza tiene el agravio que se lleva ante la Corte de Casación. Y esa distinción, entre la infracción del derecho procesal y el vicio procesal cometido por el juez, constituye, probablemente, uno de los próximos grandes capítulos en la construcción jurisprudencial de la casación dominicana bajo la Ley núm. 2-23.