{"id":100,"date":"2014-09-04T03:55:24","date_gmt":"2014-09-04T03:55:24","guid":{"rendered":"http:\/\/yoaldo.org\/?p=100"},"modified":"2014-09-04T03:55:24","modified_gmt":"2014-09-04T03:55:24","slug":"demanda-en-cobro-de-dinero-fragmento-libro-las-demandas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yoaldo.org\/?p=100","title":{"rendered":"Demanda en cobro de dinero (fragmento Libro “Las Demandas”"},"content":{"rendered":"

Demanda en cobro de dinero<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Esta acci\u00f3n en justicia es denominada ordinariamente como <\/span>cobro de pesos<\/span><\/i>; sin embargo, preferimos emplear el vocablo <\/span>\u201cdinero\u201d<\/span><\/i> en vez de <\/span>\u201cpesos\u201d<\/span><\/i>, ya que es mucho m\u00e1s preciso: <\/span>alude inequ\u00edvocamente al aspecto monetario, en tanto que \u201cpesos\u201d pudiera versar sobre unidades de medici\u00f3n, tales como libra, kilos, etc.<\/span><\/i> Pero lo cierto es que la ley no utiliza ninguna de estas palabras para referirse a esta acci\u00f3n personal, son <\/span>\u00a0<\/span>la doctrina y la jurisprudencia que las <\/span>\u00a0<\/span>han empleado.<\/span><\/span><\/p>\n

Finalidad de la demanda<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

El fin de esta demanda es que el acreedor cobre su cr\u00e9dito frente a su deudor. Se trata de una acci\u00f3n en justicia que procede cuando dicho acreedor no cuenta con un t\u00edtulo ejecutorio, pues si el cr\u00e9dito est\u00e1 avalado en un documento que cuenta con ejecutoriedad, es obvio que el acreedor deber\u00eda proceder a ejecutar mediante las v\u00edas de ejecuci\u00f3n correspondientes, si es que su deudor no cumple de manera voluntaria.<\/span><\/p>\n

Con la demanda en cobro de dinero, justamente se persigue obtener un t\u00edtulo ejecutorio, que es la sentencia que resuelva el caso. Si ya el acreedor tiene un t\u00edtulo con ejecutoriedad y, no obstante, demanda el cobro, pudiera producirse una duplicidad peligrosa de t\u00edtulos ejecutorios. Por ejemplo, la situaci\u00f3n en que un acreedor con un pagar\u00e9 notarial demande el cobro de dinero: <\/span>la sentencia que se rinda ser\u00e1 un t\u00edtulo, pero el pagar\u00e9 notarial no perder\u00e1 su ejecutoriedad; por tanto, se pudiera intentar ejecutar el cr\u00e9dito dos veces vali\u00e9ndose, por un lado, <\/span>\u00a0<\/span>de la sentencia del cobro y, por otra parte, del pagar\u00e9 notarial.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Debe tenerse en cuenta que, por principio general de nuestro derecho procesal<\/span>[1]<\/span><\/span><\/a>, los actos aut\u00e9nticos que contienen obligaciones de pago<\/span>[2]<\/span><\/span><\/a> constituyen verdaderos t\u00edtulos ejecutorios y, por ende, no es necesario demandar el cobro cuando se cuenta con ellos: <\/span>por ser un t\u00edtulo ejecutorio, se puede proceder a embargar ejecutivamente en base a dicho contrato. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

La soluci\u00f3n procesal que m\u00e1s com\u00fanmente hemos advertido que aplican los tribunales a casos como los estudiados, en que se demanda en cobro no obstante contar con un t\u00edtulo ejecutorio,<\/span>\u00a0 <\/span>es la inadmisibilidad por falta de objeto: <\/span>si el cr\u00e9dito ya est\u00e1 reconocido jur\u00eddicamente, no tiene nada que juzgar el tribunal apoderado de un cobro de dinero en este contexto.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Sin embargo, tambi\u00e9n se registran precedentes ante los tribunales de primera instancia, que van en el sentido de solucionar la situaci\u00f3n planteada mediante un rechazamiento al fondo de la demanda, a saber: \u201c<\/span>Que en otro orden de ideas, en relaci\u00f3n a la demanda en cobro de dinero, partiendo de que la nulidad del pagar\u00e9 notarial y del acto de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito no ha prosperado, tales instrumentos mantienen sus efectos. Por consiguiente, trat\u00e1ndose el pagar\u00e9 notarial de un verdadero t\u00edtulo ejecutorio, por mandato expreso del art\u00edculo 545 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y habiendo sido v\u00e1lidamente cedido dicho cr\u00e9dito exigible al hoy demandante en cobro, es obvio que la presente demanda en cobro carece de m\u00e9ritos; y es que conforme a las reglas procesales vigentes, ha lugar a la demanda en cobro de dinero cuando no existe un t\u00edtulo ejecutorio; justamente ha de acudirse al tribunal para obtener una sentencia reconociendo el cr\u00e9dito, para consecuentemente ejecutar vali\u00e9ndose de dicha sentencia como t\u00edtulo, una vez sea firme. As\u00ed,\u00a0 en caso de existir un t\u00edtulo ejecutorio y, no obstante, se proceda a demandar el cobro, se corre el riesgo de producir una duplicidad de t\u00edtulos, dando pie a que eventualmente, de manera aviesa, se pretenda ejecutar dos veces el mismo cr\u00e9dito: <\/span>por un lado, con el t\u00edtulo ejecutorio primitivo y, por otra parte, con la sentencia dictada como consecuencia de la demanda en cobro\u201d<\/span>[3]<\/span><\/strong><\/b><\/a>.<\/span><\/i><\/p>\n

Particularmente, consideramos que <\/span>\u2013en estricto orden procesal- <\/span><\/i>\u00a0<\/span>el remedio jur\u00eddico de rechazamiento al fondo es m\u00e1s correcto; y es que los fines de inadmisi\u00f3n constituyen presupuestos procesales que afectan el derecho de acci\u00f3n. En este caso el acreedor tiene el poder jur\u00eddico para acudir a la justicia, a fin de reclamar el pago de su acreencia, s\u00f3lo que en el contexto estudiado, en que ya dicho acreedor cuenta con una t\u00edtulo ejecutorio al momento de la demanda, su pretensi\u00f3n carece de m\u00e9ritos por todo lo antes expuesto; es decir, para determinar que no procede la demanda, el tribunal debe escrutar la prueba y precisar que el documento que sirve de base al cr\u00e9dito cuenta con ejecutoriedad, lo cual es una labor propia del fondo. <\/span><\/span><\/p>\n

En definitiva, sea una inadmisibilidad por falta de objeto, sea un rechazamiento al fondo,<\/span>\u00a0 <\/span>lo cierto es que la demanda no prospera ante los tribunales de la Rep\u00fablica cuando se intenta en base a un t\u00edtulo ejecutorio. <\/span><\/span><\/p>\n

Condiciones que debe acreditar el demandante para que proceda la demanda en cobro de dinero<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

El demandante en cobro, para tener \u00e9xito en su acci\u00f3n en justicia debe acreditar las siguientes condiciones:<\/span><\/p>\n

1.- La existencia de un cr\u00e9dito: <\/span><\/strong><\/b>Si no se acredita el cr\u00e9dito, jur\u00eddicamente no habr\u00eda nada que cobrar; y si no hay nada que cobrar, es obvio que una demanda en cobro de dinero carecer\u00eda de m\u00e9ritos y, por v\u00eda de consecuencia, su rechazo se impondr\u00eda. <\/span><\/span><\/p>\n

La manera de probar en justicia el cr\u00e9dito es, por norma general, mediante la aportaci\u00f3n del documento constitutivo de la obligaci\u00f3n de pago: <\/span>una factura, un pagar\u00e9 simple, un contrato bajo firma privada con una obligaci\u00f3n de pago incursa, etc. <\/span><\/i>El pago constituye un acto jur\u00eddico, en tanto que la obligaci\u00f3n de pagar emana directamente de la voluntad de las partes; con lo cual, la manera de probarse el cr\u00e9dito, en principio, ha de ser mediante prueba escrita<\/span><\/span>[4]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

En aquellos casos en que se alegue que subyacen en el caso concreto situaciones de hecho que revelan la existencia del cr\u00e9dito, debe el demandante ejercer una actividad probatoria eficaz, a fines de persuadir al juez que presida el caso, en el sentido de que s\u00f3lo mediante el conocimiento de medidas de instrucci\u00f3n, como comparecencia de partes, de informativos testimoniales, etc. Ser\u00eda posible forjar su convicci\u00f3n sobre la casu\u00edstica sometida a su escrutinio. Si no insiste sostenidamente en la existencia de una situaci\u00f3n de hecho, es muy probable que el Tribunal rechace la solicitud de medidas de instrucci\u00f3n, por tratarse el cobro, tal cual se ha sostenido, de un verdadero acto jur\u00eddico y, como tal, debe acreditarse por escrito. <\/span><\/p>\n

Una casu\u00edstica en que las medidas de instrucci\u00f3n pudieran servir para establecer el cr\u00e9dito, es aquella en que <\/span>\u2013por ejemplo-<\/span><\/i> conste por escrito un contrato de corretaje, con las obligaciones asumidas por cada parte; sin embargo, existan testigos que presenciaron el momento en que las propias partes, adem\u00e1s de lo suscrito por escrito, consensuaron<\/span>\u00a0 <\/span>de forma verbal un porcentaje por concepto de comisi\u00f3n a favor del demandante: <\/span>c\u00f3mo saber si realmente esas comisiones fueron acordadas verbalmente y, por, tanto, es ley entre partes? No hay dudas de que dicha situaci\u00f3n f\u00e1ctica debe poder probarse por cualquier medio. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

2.- Que el cr\u00e9dito previamente probado re\u00fana las condiciones de certeza, liquidez y exigibilidad <\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

La certeza, la liquidez y la exigibilidad deben concurrir todas en el cr\u00e9dito para que proceda la demanda en cobro. Si falta alguna de estas condiciones, a lo sumo pudieran gestionarse medidas conservatorias, pero nunca un cobro, decidido definitivamente<\/span>[5]<\/span><\/span><\/a>.<\/span>\u00a0 <\/span><\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, vamos a estudiar cada una de las mencionadas condiciones del cr\u00e9dito.<\/span><\/p>\n

La certeza: <\/span><\/strong><\/b>Groso modo, esta condici\u00f3n se refiere a que el documento contentivo del cr\u00e9dito no haya sido impugnado legalmente. Por ejemplo, si la base del cr\u00e9dito es un pagar\u00e9, y \u00e9ste ha sido objeto de una demanda en nulidad lanzada por el deudor a quien se le pretende oponer, es obvio que la certeza del cr\u00e9dito a la luz de estas circunstancias, no se caracteriza. <\/span><\/span><\/p>\n

Liquidez:<\/span><\/strong><\/b> Se dice que el cr\u00e9dito es l\u00edquido cuando es posible establecer su importe preciso; es decir, el documento que contenga el cr\u00e9dito debe <\/span>\u00a0<\/span>indicar a cu\u00e1nto precisamente asciende la acreencia. Verbigracia: es l\u00edquido el cr\u00e9dito contenido en una factura, puesto que en \u00e9sta se indica exactamente cu\u00e1nto es el monto de la transacci\u00f3n. Sin embargo, no es l\u00edquido <\/span>\u2013por ejemplo-<\/span><\/i> el cr\u00e9dito basado en las costas y honorarios de un abogado que no han sido a\u00fan liquidadas por un tribunal: <\/span>hasta que no se produzca un auto dictado en virtud de la Ley No. 302, no se configura la liquidez en ese cr\u00e9dito.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Exigibilidad:<\/span><\/strong><\/b> Implica que no existe ninguna modalidad, t\u00e9rmino o condici\u00f3n, que impida el reclamo del cr\u00e9dito. En efecto, si se ha acordado un t\u00e9rmino <\/span>\u2013por ejemplo<\/span><\/i>– no podr\u00e1 el acreedor demandar el cobro antes de que venza el lapso estipulado como t\u00e9rmino, a menos que expresamente el beneficiario de dicho t\u00e9rmino renuncie a \u00e9l. <\/span><\/span><\/p>\n

3.- Que el deudor haya sido constituido en mora para efectuar el pago<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

El principio general es que hasta tanto el acreedor no constituye en mora a su deudor, la obligaci\u00f3n de pago no es jur\u00eddicamente exigible. Y la ley consagra varias modalidades para llevar a cabo regularmente esta constituci\u00f3n<\/span>[6]<\/span><\/span><\/a>: <\/span>sea mediante un acto de alguacil requiriendo el pago, que es la modalidad por excelencia; sea mediante el mismo documento constitutivo de la obligaci\u00f3n de pago. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Lo recomendable es que el abogado que redacte el documento base del cr\u00e9dito, prevea que el solo cumplimiento del t\u00e9rmino constituye en mora, a fines de evitar el riesgo de, ante una eventual incumplimiento del deudor, sea lanzada la consecuente demanda en cobro de dinero ante un tribunal que no acoja la misma si no media documento alguno que d\u00e9 cuenta de la correspondiente constituci\u00f3n en mora. <\/span>\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

El t\u00e9rmino siempre se reputa a favor del deudor<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Por norma general, el t\u00e9rmino se reputa a favor del deudor. Cuando vaya a acordarse a favor del acreedor, debe hacerse de manera expresa en la <\/span>convenci\u00f3n<\/span>[7]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>; por tanto, si el documento que contiene la obligaci\u00f3n de pago no precisa un t\u00e9rmino, ha de interpretarse que el deudor ha renunciado a \u00e9l.<\/span>\u00a0 <\/span>Y por v\u00eda de consecuencia, el acreedor podr\u00eda requerir el pago en cualquier momento, previa constituci\u00f3n en mora. Esto quiere decir que para evitar que el cr\u00e9dito sea cobrado antes de que el deudor est\u00e9 en condiciones de pagar, \u00e9ste debe convenir un t\u00e9rmino que le beneficie. <\/span><\/span><\/p>\n

Por ejemplo, si el cr\u00e9dito est\u00e1 contenido en un <\/span>pagar\u00e9 notarial<\/span><\/i><\/span>[8]<\/span><\/span><\/a>que no establece ning\u00fan t\u00e9rmino, el deudor debe estar consciente de que esa imprevisi\u00f3n le perjudicar\u00e1, puesto <\/span>que \u2013conforme a lo que se ha establecido precedentemente-<\/span><\/i> el acreedor podr\u00e1 constituirle en mora para que pague en cualquier momento a partir de suscribirse el pagar\u00e9. <\/span><\/span><\/p>\n

Concentraci\u00f3n del emplazamiento y de la constituci\u00f3n en mora en una misma diligencia procesal<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

En acopio del principio de <\/span>concentraci\u00f3n del proceso civil<\/span>[9]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>, en la pr\u00e1ctica muchos abogados optan por realizar mediante un mismo acto de alguacil la constituci\u00f3n en mora, para dentro de un d\u00eda franco, y el emplazamiento, dentro de la octava franca de ley, para constituir abogado, a fines de comparecer en el proceso de fondo. <\/span><\/p>\n

De lo que se trata es de indicar al deudor, en el mismo acto, que debe pagar la deuda en un plazo de un d\u00eda franco, y que si no lo hace, deber\u00e1 constituir abogado para conocer la demanda, para lo cual tiene en adici\u00f3n un plazo de ocho d\u00edas francos. En total, el acreedor debe esperar, al menos, trece d\u00edas antes de perseguir audiencia para conocer de la demanda en cobro de dinero: <\/span>8+2=10 (octava franca); 1+2=3 (un d\u00eda franco). 10+3=13 d\u00edas<\/span>[10]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a>.<\/span><\/i><\/p>\n

Con este proceder, el acreedor logra ahorrar tiempo y costos procesales. <\/span><\/p>\n

El emplazamiento vale como constituci\u00f3n en mora<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Existe una postura, oriunda del pa\u00eds de origen de nuestra legislaci\u00f3n civil, y aplicada ya por muchos tribunales de nuestro pa\u00eds, que enarbola la idea de que el emplazamiento debe tenerse procesalmente como una verdadera constituci\u00f3n en mora; por tanto, no ser\u00eda obst\u00e1culo para la procedencia de la demanda en cobro de dinero, el hecho de que <\/span>\u2013en adici\u00f3n al acto de emplazamiento-<\/span><\/i> no conste otro acto de intimaci\u00f3n de pago. <\/span><\/span><\/p>\n

Monto atributivo: <\/span>tribunal que deber\u00e1 conocer la demanda en cobro de dinero, atendiendo al importe del cr\u00e9dito<\/span><\/i><\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

El monto del cr\u00e9dito define cu\u00e1l tribunal debe conocer de la demanda en cobro de dinero. Es de cardinal importancia que el acreedor tome en cuenta esta situaci\u00f3n previa al fondo, puesto que se trata de una competencia de atribuci\u00f3n, que es de orden p\u00fablico y<\/span>-por tanto-<\/span><\/i> pudiera ser suplida de oficio por el tribunal, sin que ninguna parte lo peticione<\/span><\/span>[11]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

Valoraci\u00f3n del litigio con fines competenciales<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

En su momento fue controvertida la cuesti\u00f3n de determinar qu\u00e9 deb\u00eda ser considerado al momento de valorar el importe del cr\u00e9dito reclamado, a fines de precisar cu\u00e1l es el tribunal llamado a conocer sobre la demanda en cobro: <\/span>si lo determinante era s\u00f3lo lo principal, o si tambi\u00e9n a estos fines deber\u00eda tomarse en consideraci\u00f3n<\/span>\u00a0 <\/span>lo accesorio al capital principal.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

En un primer sistema, se sosten\u00eda que por aplicaci\u00f3n de la m\u00e1xima que reza: <\/span>\u201clo accesorio sigue a lo principal\u201d<\/span><\/i>, lo \u00fanico relevante para los fines competenciales que nos ocupa, era el monto principal; ya todo lo accesorio, como los intereses, deben ser conocido, independientemente de su cuant\u00eda, por el mismo tribunal apoderado del cr\u00e9dito principal. As\u00ed, en el caso de que \u2013por ejemplo- la competencia de atribuci\u00f3n sea de RD$20,000, y la demanda es por RD$18,000 en principal y RD$8,000 de intereses, seg\u00fan esta postura, independientemente de que sumado lo principal con lo accesorio totalice m\u00e1s del mencionado monto atributivo de RD$20,000, la competencia se debe mantener. <\/span><\/span><\/p>\n

Por otro lado, en un segundo sistema, se interpretaba que para los fines de competencia objeto de estudio, deb\u00eda tomarse en cuanta tanto lo principal como lo accesorio, todo junto, hasta el momento de la interposici\u00f3n de la demanda. As\u00ed, en el ejemplo anterior, dado que RD$18,000 m\u00e1s RD$8,000 totaliza RD$26,000, que es m\u00e1s que el monto atributivo de RD$20,000, el juzgado de paz deviene en incompetente para conocer de la demanda. <\/span><\/p>\n

Hoy d\u00eda, la segunda posici\u00f3n, que considera tanto lo principal como lo accesorio, es la que ha ganado mayor terreno ante los tribunales de la Rep\u00fablica; y es ese criterio el que justamente se corresponde con la tendencia de nuestro derecho, ya que en la legislaci\u00f3n de origen y en las reformas sugeridas en materia procesal civil, se considera tanto lo principal como lo accesorio para definir la competencia del tribunal<\/span>[12]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Sistema de valoraci\u00f3n probatoria<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Por ser el cobro un <\/span>acto jur\u00eddico<\/span>[13]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>, ya que dicha acci\u00f3n nace a causa de una obligaci\u00f3n derivada de la voluntad de las partes, el sistema de valoraci\u00f3n probatoria que aplica es el de la prueba tasada o axiolog\u00eda legal, conforme al cual la prueba por escrito prevalece<\/span>[14]<\/span><\/span><\/a>; por tanto, lo propio es aportar la prueba escrita constitutiva de la obligaci\u00f3n de pago al momento de reclamar el cobro de alguna acreencia ante los tribunales<\/span>[15]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

En caso de que, excepcionalmente, el cr\u00e9dito a cobrar no conste por escrito, el demandante debe ocuparse de persuadir eficazmente el tribunal, en el sentido de que la acreencia reclamada<\/span>\u00a0 <\/span>naci\u00f3 a causa de una convenci\u00f3n verbal, por ejemplo. Tal ser\u00eda el caso en que conste por escrito en un contrato el acuerdo de las partes en un sentido determinado, pero no figuran <\/span>\u00a0<\/span>unas comisiones a favor del demandante. A esos efectos, habr\u00eda que ofrecer la comparecencia de testigos que hayan presenciado el acuerdo de tales comisiones, etc.<\/span><\/span><\/p>\n

Si el acreedor demandante no se emplea para convencer de que es necesario agotar ciertas medidas para llegar a la verdad en cuanto a su derecho de cr\u00e9dito, es muy probable que la solicitud de medidas sea rechazada, puesto que <\/span>\u2013como se ha dicho-<\/span><\/i> el principio general es que el cr\u00e9dito se pruebe por escrito. <\/span><\/span><\/p>\n

Las fotocopias y las demandas en cobro de dinero<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Sobre las fotocopias, en materia civil y comercial, ha sido juzgado lo siguiente: \u201cLas fotocopias por s\u00ed solas no constituyen una prueba id\u00f3nea, pero su presentaci\u00f3n no impide que los jueces del fondo aprecien su contenido, al unir dicho examen a otros elementos de juicio presentes en el caso sometido a su escrutinio, deduciendo las consecuencias pertinentes\u201d<\/span>[16]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

El precepto jurisprudencial esbozado <\/span>ut supra<\/span><\/i>, como es l\u00f3gico, aplica tambi\u00e9n en materia de cobro de dinero; por tanto, la parte que no desee <\/span>\u2013por la raz\u00f3n que fuere-<\/span><\/i> dejar los originales de los documentos que prueben el cr\u00e9dito, debe procurar que, al menos, el secretario consigne en el inventario de piezas una anotaci\u00f3n de <\/span>\u201cvisto original\u201d<\/span><\/i>, a fines de evitar que la demanda sea rechazada por insuficiencia de pruebas<\/span><\/span>[17]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

Evidentemente, si el proceso ha sido conocido en presencia de ambas partes, de manera contradictoria, y nadie contradice las fotocopias, el tribunal \u2013<\/span>conforme a criterio jurisprudencial que compartimos-<\/span><\/i> debe acreditar como v\u00e1lidos tales documentos. <\/span><\/span><\/p>\n

Documentos que usualmente son aportados para probar el cr\u00e9dito<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

En principio, todo documento manuscrito o digitado, en soporte de papel o digital, sirve para probar el cr\u00e9dito del acreedor frente a su deudor. Lo determinante para estos fines es que la pieza de que se trate contenga alg\u00fan indicador que vincule al deudor que se le pretende oponer la pieza; y la f\u00f3rmula por excelencia para cubrir esta condici\u00f3n es la firma de dicho deudor: <\/span>la firma da cuenta de que el deudor ha dado su consentimiento de endeudarse. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Estar\u00e1 a cargo del deudor poner en evidencia que la firma presentada no es la suya, mediante el incidente correspondiente de verificaci\u00f3n de escritura o el mecanismo que fuere de lugar. Pero si es en defecto que se conoce la demanda en cobro, y el Tribunal constata que la parte demandada ha sido debidamente instanciada, la firma del deudor plasmada en el documento que sirva de base al cr\u00e9dito se tendr\u00e1 como v\u00e1lida, estableci\u00e9ndose as\u00ed la obligaci\u00f3n de pago reclamada.<\/span><\/p>\n

Entre los documentos m\u00e1s com\u00fanmente aportados para avalar la demanda de cobro de dinero figuran las facturas, contratos con obligaci\u00f3n de pago incursa, cheques y pagar\u00e9 simple. Si dudas, estas son las piezas que m\u00e1s suelen servir de base a este tipo de demandas. <\/span><\/p>\n

Cobro basado en facturas<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

En virtud del principio que reza: <\/span>\u201cnadie puede fabricarse su propia prueba\u201d,<\/span><\/i> se requiere que las facturas est\u00e9n debidamente aceptadas por las personas a quienes se les vayan a oponer. Admitir lo contrario dar\u00eda pie a la posibilidad de que alguien aviesamente expida de su cuenta una factura por el monto que le parezca y pretenda luego oponerla en justicia a una entidad con solvencia reconocida: <\/span>si no hay constancia de aceptaci\u00f3n \u2013como se ha dicho- por s\u00ed no sirve la factura para justificar el cr\u00e9dito.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo <\/span>109 del C\u00f3digo de Comercio<\/span>[18]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i> requiere la aceptaci\u00f3n en las facturas para poder ser oponibles a una persona determinada. <\/span><\/p>\n

Cobro basado en un cheque<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Con ocasi\u00f3n del cobro de un cheque, en ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria y bajo la f\u00f3rmula de una demanda en cobro de dinero, la jurisprudencia ha interpretado lo siguiente: <\/span>“Considerando, que a los t\u00e9rminos de la parte final del art\u00edculo 52 (de la Ley de Cheques), pasado el plazo especial de 6 meses para la prescripci\u00f3n de las acciones establecidas en su primer p\u00e1rrafo, el tenedor no pagado, puede dentro de los plazos correspondientes intentar otras acciones contra el librador, sujetas para su \u00e9xito a que pruebe contra el demandado, la existencia de un enriquecimiento injusto; que adem\u00e1s de la acci\u00f3n cambiaria, el tenedor tiene una acci\u00f3n ordinaria contra quien le endos\u00f3 el cheque no pagado, es decir, una indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os y perjuicios sufridos por la falta de pago, pero podr\u00e1 tambi\u00e9n, subrog\u00e1ndose en los derechos de su endosante, remontarse hasta el girador o librador del cheque, como ha ocurrido en la especie y reclamar el pago, demand\u00e1ndolo en cobro de pesos; que en esa virtud,<\/span>\u00a0 <\/span>la corta prescripci\u00f3n de los 6 meses s\u00f3lo se aplica a las acciones cambiarias propiamente dichas, es decir, los recursos del tenedor del cheque o de un obligado contra el signatario del mismo y no a cualquier otra acci\u00f3n de car\u00e1cter civil, la que se regir\u00e1 por el derecho com\u00fan; que por consiguiente, dicha acci\u00f3n puede ser ejercida no s\u00f3lo cuando hayan expirado los plazos legales de la presentaci\u00f3n del cheque, sino tambi\u00e9n cuando hayan transcurrido los 6 meses establecidos en el art\u00edculo 52 de la Ley de Cheques…”<\/span><\/span>[19]<\/span><\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n

En resumidas cuentas, conforme a este criterio jurisprudencial, cuando ha transcurrido un lapso menor de seis meses entre el momento del libramiento del cheque y la fecha de la demanda, la sola presentaci\u00f3n del cheque prueba el cr\u00e9dito. Pero en el caso de que hayan mediado entre el momento de expedirse el cheque y la demanda m\u00e1s de seis meses, el acreedor que vaya a demandar, adem\u00e1s del cheque, para tener \u00e9xito en su demanda, debe aportar la prueba pertinente que acredite la causa de la expedici\u00f3n del cheque. <\/span><\/p>\n

En la pr\u00e1ctica, debemos decir, dicho criterio no es aplicado en todos los tribunales; de hecho, en la mayor\u00eda de las jurisdicciones civiles y comerciales de primer grado, no se hace acopio de esta postura jurisprudencial. Lo que se estila es requerir el protesto para probar el cr\u00e9dito contenido en el cheque que se aporte, bajo el entendimiento de que s\u00f3lo con la existencia de un protesto, que constituye una constancia de que el cheque o pudo ser cobrado por falta de fondos, es posible establecer la existencia de la obligaci\u00f3n de pago a cargo del deudor demandado. <\/span><\/p>\n

Los cierto es que el criterio de nuestro m\u00e1ximo tribunal del orden judicial <\/span>\u2013como se ha visto-<\/span><\/i> no exige el protesto para dar como v\u00e1lido el cr\u00e9dito consignado en un cheque. La jurisprudencia asume como una presunci\u00f3n l\u00f3gica de que el cheque no se ha podido cobrar, el hecho de que el beneficiario del mismo a\u00fan lo tenga en su poder: <\/span>si todav\u00eda lo tiene consigo, es porque no lo ha podido cobrar. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Sobre la acci\u00f3n cambiaria habilitada con ocasi\u00f3n del libramiento de un cheque, el ingenio doctrinal ha razonado en el siguiente sentido: <\/span>\u201c<\/span>El cheque evidencia una obligaci\u00f3n de pago abstracta, o sea, que no menciona su causa. El tenedor de un cheque tiene contra el librador dos acciones: una acci\u00f3n cambiaria, fundada en el cheque mismo, y una acci\u00f3n causal, basada en el negocio que dio lugar a la expedici\u00f3n del cheque. Para que prospere la acci\u00f3n cambiaria, basta depositar el cheque como uno de los documentos que se comunican al inicio del proceso. El cheque mismo es prueba de la obligaci\u00f3n del librador, sin necesidad de probar la causa de su libramiento, o sea, el negocio que le dio origen(…) La acci\u00f3n en cobro de un\u00a0cheque difiere de una acci\u00f3n en cobro de una deuda de origen contractual, precisamente en que el cheque en s\u00ed es prueba suficiente de la existencia de la aplicaci\u00f3n. Para que prospere la acci\u00f3n cambiaria surgida del cheque, no hay\u00a0necesidad de probar otros elementos. Solamente despu\u00e9s de transcurrida la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria se necesita probar el origen y existencia de la deuda para ejercer contra el deudor la acci\u00f3n que nace del negocio que dio origen al libramiento del cheque\u201d<\/span>[20]<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, tambi\u00e9n se ha sostenido lo siguiente sobre el cheque y la acci\u00f3n cambiaria que dicho instrumento de pago supone: “… el endosatario de un cheque tiene contra el librador dos acciones: una cambiaria, que prescribe a los 06 meses a partir del plazo de presentaci\u00f3n del cheque, plazo que es de dos meses a partir de la emisi\u00f3n del cheque seg\u00fan el art\u00edculo 29 y, despu\u00e9s de transcurrido este plazo, el endosatario tiene contra el librador una acci\u00f3n, que la ley llama “enriquecimiento injusto” que ser\u00eda mejor llamar acci\u00f3n causal, porque nada tiene que ver con la acci\u00f3n cuasicontractual de enriquecimiento injusto, y que es la misma que tendr\u00eda si fuese simple cesionario civil del cr\u00e9dito del tomador contra el librador, sujeta a las excepciones que el librador puede haber tenido contra el tomador. Esta acci\u00f3n requiere la prueba de la causa de le deuda consignada en el cheque y prescribe en el plazo que corresponde a la naturaleza de la deuda”<\/span>[21]<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

En definitiva, para evitar que la demanda sea rechazada, dado que no hay unanimidad de criterios sobre el peso probante del cheque, ser\u00eda recomendable que cuando transcurran m\u00e1s de seis meses entre el libramiento del cheque y la fecha de la demanda, se ofrezcan los elementos de convicci\u00f3n pertinentes para acreditar ante el tribunal apoderado de la demanda, la causa de la expedici\u00f3n de este instrumento de pago: <\/span>si fue librado para pagar el precio de alg\u00fan inmueble vendido, para abonar alguna cuota de un pr\u00e9stamo personal, etc.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Cobro en base a balances de tarjetas de cr\u00e9dito<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Los bancos, como entidades de intermediaci\u00f3n financiera que son, enfrentan una gran dificultad en el \u00e1mbito probatorio para acreditar ante los tribunales sus acreencias por concepto de consumos llevados a cabo por sus clientes mediante sus respectivas<\/span>\u00a0 <\/span>tarjetas de cr\u00e9ditos; y es que el principio general es que <\/span>\u201cnadie puede fabricarse su propia prueba\u201d<\/span><\/i>, y ocurre que por norma general, cuando cada entidad bancaria va a demandar el cobro en base a este tipo de deudas, suele ofrecer como pruebas<\/span>\u00a0 <\/span>los balances generados por el propio banco respecto de alegados consumos del cliente que ha sido demandado. <\/span><\/span><\/p>\n

Intentan dotar de peso probatorio dichos balances de consumo, arguyendo que la usanza es indicar en los mismos que si en un plazo determinado el cliente no objeta el monto en \u00e9l <\/span>\u00a0<\/span>precisado, ello equivale aquiescencia a esa informaci\u00f3n.<\/span>\u00a0 <\/span>Sin embargo, como es sabido, la Ley No. 358-05 sobre los Derechos del Consumidor o Usuario, proh\u00edbe el uso de letras extremadamente peque\u00f1as en documentos suscritos entre proveedores de servicios y los usuarios o consumidores, cuya lectura se dificulta, ya que esta situaci\u00f3n <\/span>\u2013sin dudas-<\/span><\/i> afecta el consentimiento: <\/span>no es posible consentir con plena conciencia si no es de f\u00e1cil lectura el documentos suscrito. <\/span><\/i>Pero eso, muchos tribunales desconocen este alegato de aquiescencia t\u00e1cita por el supuesto plazo para reclamar el contenido de los balances de consumos y, por ende, suelen rechazar las demandas en cobro basadas \u00fanicamente en los consabidos balances. <\/span><\/span><\/p>\n

Para que la actividad probatoria sea eficaz en estas circunstancias, debe el banco demandante ofrecer los <\/span>vouchers<\/span><\/i> recibidos por el cliente, que vienen constituyendo el nexo vinculante entre el balance que presenta la entidad que lance la demanda y el cliente demandado, quien con su firma en el <\/span>voucher<\/span><\/i> de manera inequ\u00edvoca ha aceptado haber hecho los consumos que se les oponen. <\/span><\/span><\/p>\n

Se ha argumentado que dichos <\/span>vouchers<\/span><\/i> no son retenidos por mucho tiempo en los establecimientos, y que por esa raz\u00f3n no siempre es posible aportarlos en los juicios. Pero lo cierto es que ante la dificultad probatoria descrita precedentemente en estos casos, deber\u00eda la parte interesada tomar los miramientos de lugar, a fines de tener m\u00e1s acceso a los <\/span>vouchers<\/span><\/i> de consumo. De lo contrario, tal como ha estado sucediendo, seguir\u00e1n viendo sucumbir un sinn\u00famero de demandas en cobro de dinero ante los tribunales. <\/span><\/span><\/p>\n

Cobro en base a un <\/span>cuota litis<\/span><\/i><\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

En estricto rigor jur\u00eddico, las acreencias que pudieran nacer de un contrato de <\/span>cuota litis<\/span><\/i> suscrito entre un abogado y su cliente, deber\u00edan ser liquidadas siguiendo el procedimiento gracioso instituido en la Ley No. 302 sobre Honorario de Abogados. No parece sostenible pretender obtener el pago de los honorarios mediante una sentencia contenciosa producto de una demanda ordinaria en cobro de dinero. Esto as\u00ed, puesto que en el caso concreto de los honorarios de los abogados, nacidos a causa del <\/span>cuota litis<\/span><\/i>, rige una ley especial que determina la forma de obtener el pago liquidado de tales honorarios; por tanto, por principio general, lo especial ha de derogar lo general. <\/span><\/span><\/p>\n

El contrato de <\/span>cuota litis<\/span><\/i>, en s\u00ed mismo, no contiene una acreencia l\u00edquida. Necesariamente debe un tribunal liquidar los honorarios, y es dicho auto de liquidaci\u00f3n lo que servir\u00e1 de sustento a la acreencia. Por consiguiente, dado que <\/span>\u2013como se ha visto-<\/span><\/i> para que proceda el cobro necesariamente deben concurrir en el cr\u00e9dito las condiciones de certeza, liquidez y exigibilidad, debe ser rechazada toda demanda en cobro de dinero que se base en un <\/span>cuota litis<\/span><\/i>, en ausencia de un auto gracioso que liquide los honorarios a cobrar. Y es que dicho auto de liquidaci\u00f3n de honorarios, una vez sea firme, constituye un t\u00edtulo ejecutorio; con lo cual, tampoco debe proceder la demanda en cobro basada en un auto de liquidaci\u00f3n de honorarios: <\/span>el auto per se constituye un t\u00edtulo ejecutorio, por lo que dictar una sentencia reconociendo el cr\u00e9dito en estas circunstancias, implicar\u00eda una duplicidad de t\u00edtulos respecto del mismo cr\u00e9dito. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Cobro por concepto de mantenimiento de un condominio<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Esta demanda persigue obtener el pago forzoso de las cuotas que, por mandato del art\u00edculo 4 de la Ley No. 5038, sobre Condominios, debe pagar cada cond\u00f3mino en un condominio debidamente constituido como tal, por concepto de mantenimiento de las cosas comunes; esto as\u00ed, en casos en que el pago no se produce voluntariamente. <\/span><\/p>\n

De conformidad con el art\u00edculo 9 de la citada Ley 5038, todos los propietarios integran <\/span>\u2013de pleno derecho-<\/span><\/i> un consorcio con personer\u00eda propia, el cual puede accionar en justicia en inter\u00e9s del condominio, frente a los terceros y a los mismos propietarios. <\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>En relaci\u00f3n a este tipo de cobro de dinero, en la pr\u00e1ctica se verifica con frecuencia un problema de incompetencia negativo, puesto que tanto los tribunales de derecho com\u00fan como los tribunales de jurisdicci\u00f3n original han estado declarando su incompetencia para decidir estos asuntos; y hasta el momento de redactar estas l\u00edneas, la Suprema Corte de Justicia no ha fijado criterio sobre el particular.<\/span><\/span><\/p>\n

Los tribunales de derecho com\u00fan<\/span>\u00a0 <\/span>motivan su incompetencia en funci\u00f3n de la combinaci\u00f3n de los art\u00edculos 4 y 17 de la Ley No. 5038. El primero de estos textos (Art.4) establece la obligaci\u00f3n de los cond\u00f3minos de pagar una cuota por concepto de mantenimiento y el segundo (Art. 17) sostiene que es el Tribunal de Tierras el llamado a conocer todo cuanto verse sobre la ejecuci\u00f3n de esta normativa. Por consiguiente, siendo la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria una instancia de excepci\u00f3n, dado que existe un texto legal que expresamente le ha conferido la competencia para conocer todo lo relativo al cumplimiento de la consabida ley, no vemos espacio a mucha discusi\u00f3n en torno a la precisi\u00f3n de la competencia discutida. Es evidente que de los que se trata es de cobros de mantenimiento, que \u2013sin dudas- tienen como g\u00e9nesis el cumplimiento de la Ley No. 5038.<\/span><\/span><\/p>\n

Por argumento a contrario, los tribunales de jurisdicci\u00f3n original, sobre todo del Distrito Nacional, basan su incompetencia en que, por principio general, ese tribunal s\u00f3lo conoce de asuntos vinculados a inmuebles registrados, y que s\u00f3lo podr\u00edan conocer sobre da\u00f1os y perjuicios con ocasi\u00f3n de alguna demanda reconvencional entablada en el curso de un litigio sobre terreno registrado. Asimismo, han establecido que el cobro constituye una verdadera acci\u00f3n personal, cuya naturaleza es af\u00edn con el tribunal de derecho com\u00fan: <\/span>particularmente estimamos que \u2013insistimos- tales alegatos, con aparente fundamento, deben sucumbir ante la elemental pero contundente realidad de que, por ser un tribunal de excepci\u00f3n, debe la <\/span>\u00a0<\/span>jurisdicci\u00f3n inmobiliarias conocer todo lo que expresamente la ley sostenga; y en este caso \u2013como se ha dicho- es el art\u00edculo 17 de la ley que establece que todo lo que verse sobre el cumplimiento de la Ley de Condominios es competencia del Tribunal de Tierras.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Inviabilidad de la demanda en cobro de mantenimiento de condominios<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Al margen de la discusi\u00f3n competencial tratada en el apartado anterior, en torno a los cobros por concepto de mantenimiento de los condominios, importa reflexionar respecto de la inviabilidad de este tipo de acci\u00f3n en justicia. Y es que de manera expresa el art\u00edculo 18 de la Ley No. 5038 consagra que en caso de atrasarse alg\u00fan propietario de un apartamento en el pago del mantenimiento, podr\u00e1 el condominio con personer\u00eda propia, y en representaci\u00f3n de todos los propietarios, hacerse inscribir un privilegio, a fines de ejecutar forzosamente la acreencia debida por el mencionado concepto.<\/span>\u00a0 <\/span>Pero adem\u00e1s, el art\u00edculo 33 de la citada normativa, taxativamente establece lo siguiente: <\/span>\u201cLa comprobaci\u00f3n de los avances garantizados por el privilegio establecido en el art\u00edculo 18 y la fijaci\u00f3n de las cuotas contributivas no pagadas, ser\u00e1n hechas por la asamblea de los propietarios, mediante declaraci\u00f3n preparada por el administrador, con los detalles y comprobantes correspondientes. El administrador lo comunicar\u00e1 por carta certificada al o a los propietarios deudores. La copia del acta, certificado por el administrador y legalizada por un notario, construir\u00e1 t\u00edtulo suficiente para fines de inscripci\u00f3n del <\/span>\u00a0<\/span>privilegio en el Registro de T\u00edtulos\u2026\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Es decir, el tr\u00e1mite de demandar el cobro para luego entonces ejecutar no tiene raz\u00f3n de ser, porque la misma ley prev\u00e9 c\u00f3mo hacerse cobrar forzosamente este tipo de deudas. Si nos detenemos a razonar, recordaremos que el inter\u00e9s de demandar el cobro ante los tribunales, es obtener finalmente una sentencia que reconozca la acreencia, para emplear la misma como t\u00edtulo, a fines de embargar quirografariamente al deudor condenado al pago. Pero ocurre, tal como se ha establecido, que la Ley No. 5038 instituye un procedimiento especial, que no consiste en otra cosa que en asentar en el acta de asamblea la deuda por concepto de mantenimiento atrasado, firmada por el administrador del condominio y legalizada por un notario, para luego con dicha acta pasar a inscribir el privilegio del condominio, y consecuentemente ejecutar el mismo de manera privilegiada.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En conclusi\u00f3n, los m\u00e1s factible para conseguir el pago de mantenimientos atrasados <\/span>\u00a0<\/span>es, en vez de perder tiempo demandando el cobro, proceder desde que se produzca la deuda a inscribir el privilegio <\/span>\u00a0<\/span>y luego embargar inmobiliariamente el apartamento del propietario deudor; benefici\u00e1ndose del privilegio, para luego con el producto de la venta del apartamento ejecutado, cobrar la deuda por mantenimiento, y si hubiere <\/span>\u00a0<\/span>un excedente, pues retornarlo a dicho propietario moroso.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0 <\/span><\/p>\n

Cobro en base a medidas de coerci\u00f3n personales, al tenor del C\u00f3digo Procesal Penal<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Aunque parezca ins\u00f3lito, personalmente tuvimos ocasi\u00f3n de conocer, en nuestra condici\u00f3n de juez que ha presidido un tribunal de derecho com\u00fan durante varios a\u00f1os, demandas en cobro de dinero fundadas en resoluciones penales que impon\u00edan medidas de coerci\u00f3n personales. <\/span><\/p>\n

En efecto, resoluciones dictadas por un juez de la instrucci\u00f3n disponiendo una garant\u00eda econ\u00f3mica <\/span>(Fianza)<\/span><\/i> a un imputado, como medida de coerci\u00f3n, se han aportado como base de demandas en cobros, ante la no presentaci\u00f3n del imputado a los requerimientos de la justicia penal. La idea es cobrar los montos de la p\u00f3liza de la aseguradora con la que se firm\u00f3 la garant\u00eda para asegurar que el imputado no se sustraer\u00eda del proceso represivo. <\/span><\/span><\/p>\n

Sobre estas pretensiones, sin que sea necesario agotar muchas l\u00edneas, basta con asegurar categ\u00f3ricamente que estas resoluciones penales no avalan ning\u00fan cr\u00e9dito capaz de fundar la procedencia de una demanda en cobro de dinero lanzada por la v\u00edctima en el proceso penal contra el imputado rebelde ante el tribunal civil. En todo caso, si el imputado no se presenta, los montos de la p\u00f3liza se ejecutan a favor del fisco, nunca de la v\u00edctima. A favor de la v\u00edctima se imponen por sentencia de fondo las indemnizaciones peticionadas con ocasi\u00f3n de una actor\u00eda civil llevada en el proceso penal. <\/span><\/p>\n

Estas resoluciones que imponen medidas de coerci\u00f3n, vale decir, no constituyen sentencias de fondo, sino providencias provisionales, previas al juicio penal de fondo, a fin de<\/span>– justamente-<\/span><\/i> prevenir que el imputado se sustraiga del proceso antes de ser sentenciado, cuando pesa sobre \u00e9l un peligro de fuga. Por tanto, no siendo una decisi\u00f3n de fondo, es obvio que no concurren en los valores reclamados impropiamente en este contexto jur\u00eddico,<\/span>\u00a0 <\/span>las condiciones de certeza, liquidez y exigibilidad necesarias para que sea posible demandar el cobro. <\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Cobro de alquileres atrasados<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Cuando con ocasi\u00f3n de un contrato de alquiler el inquilino no paga oportunamente las cuotas vencidas, el propietario puede demandar en justicia el cobro de las mismas, sin requerir a la vez la resiliaci\u00f3n del contrato de inquilinato y el consecuente desalojo. Todo depender\u00e1 de las pretensiones del propietario: <\/span>si \u00e9ste quisiere terminar la relaci\u00f3n contractual, demandar\u00eda conjuntamente con <\/span>\u00a0<\/span>el cobro la resiliaci\u00f3n y el desalojo por falta de pago. Pero si el inter\u00e9s es solamente recibir el pago de las cuotas vencidas, pero continuar con el contrato vigente, entonces demandar\u00eda s\u00f3lo el cobro. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Sea que se demande el cobro \u00fanicamente o el cobro acompa\u00f1ado de la resiliaci\u00f3n contractual y del desalojo por falta de pago, la competencia de excepci\u00f3n para conocer de ello, sin importar el monto de la demanda, es de los juzgados de paz ordinarios. <\/span><\/p>\n

Se trata de una competencia de atribuci\u00f3n, que es de orden p\u00fablico; por tanto, pudiera ser suplida de oficio por los tribunales del fondo. <\/span><\/p>\n

Cobro de la aseguradora de la v\u00edctima contra el demandado<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Sobre la facultad que tienen las aseguradoras de demandar el cobro de valores, cuando \u00e9stas ejecutan la p\u00f3liza a favor del asegurado, ha sido juzgado lo siguiente: \u201cCuando la aseguradora desinteresa con el pago de la cobertura de la p\u00f3liza a su asegurado, aquella queda subrogada en los derechos de este \u00faltimo, pudiendo en este caso perseguir judicialmente el cobro de los valores que pudieran haber lugar, mediante una acci\u00f3n en repetici\u00f3n\u201d<\/span>[22]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

Es decir, tan pronto la aseguradora cumple frente a su asegurado, pag\u00e1ndole el monto de la p\u00f3liza por el importe contratado, si finalmente se determina que la falta la tuvo la otra parte, los derechos que ten\u00eda el asegurado pasan a asistir a la aseguradora, la que podr\u00e1 demandar en cobro al que haya incurrido la falta. Evidentemente, si quien incurri\u00f3 en falta es el asegurado, independientemente de que la aseguradora pague, no habr\u00eda derecho de acci\u00f3n en esa hip\u00f3tesis. El derecho de acci\u00f3n surgir\u00eda en toda hip\u00f3tesis en que el asegurado pudiera tener derecho a reclamar a alguien por concepto de reparaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

En fin, las pretensiones descritas precedentemente, han de canalizarse bajo la f\u00f3rmula de una demanda en cobro de dinero, que es justamente el tipo de acci\u00f3n de justicia estudiado en este apartado. Sin embargo, dado que <\/span>\u2013en esencia-<\/span><\/i> esta demanda se contrae a una verdadera acci\u00f3n en repetici\u00f3n, sugerimos complementar esta parte con el apartado correspondiente a la acci\u00f3n en repetici\u00f3n, m\u00e1s adelante en este libro.<\/span>\u00a0 <\/span><\/span><\/p>\n

Cobro promovido por el Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcci\u00f3n<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span>Se ha argumentado en contra de este precedente que el cr\u00e9dito reclamado en este caso no es cierto que constituya un impuesto, sino una tasa y que, como tal, bien pudiera ser cobrada por ventanilla. Sin embargo, es la propia ley la que establece que es a la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) a<\/span>\u00a0 <\/span>la que le corresponde recaudar dichos valores, no la entidad en cuesti\u00f3n ni a ninguna otra, de manera directa. Por v\u00eda de consecuencia, el criterio jurisprudencial esbozado precedentemente parece contar con mayor sustento legal. <\/span><\/span><\/p>\n

Cobro por <\/span>trabajo realizado y no pagado<\/span><\/i><\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

El delito de trabajo realizado y no pagado es originario de la Ley No. 3143, del 11 de diciembre de 1951, y fue reproducido literalmente por el art\u00edculo 211 del C\u00f3digo de Trabajo. Adem\u00e1s del delito de trabajo realizado y no pagado, la citada Ley No. 3143 prev\u00e9 el delito de trabajo pagado y no realizado, el cual expresamente ha sido incluido dentro de las infracciones de acci\u00f3n penal a instancia privada, a la vista del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Procesal Penal <\/span>[23]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/i><\/a>. <\/span><\/p>\n

Sobre el delito de trabajo realizado y no pagado, y el tribunal llamado a conocer del mismo, se ha establecido los siguiente: <\/span>\u00a0<\/span>\u201c (\u2026) Si el trabajador persigue exclusivamente que se sancione la falta del empleador, el tribunal penal ser\u00e1 el competente. Estamos en presencia de lo que el nuevo C\u00f3digo Procesal Penal denomina una acci\u00f3n p\u00fablica a instancia privada<\/span><\/span>[24]<\/span><\/span><\/a>. <\/span>\u00a0<\/span>Por el contrario, si el trabajador reclama el pago de su cr\u00e9dito y apodera al tribunal de trabajo, \u00e9ste ser\u00e1 competente, aunque su demanda haya sido calificada como una acci\u00f3n por trabajo realizado y no pagado, pues en cualquier caso toda reclamaci\u00f3n de salario tiene como fundamento un trabajo que ha sido prestado y no se ha pagado. La circunstancia de que en la demanda se apele al art\u00edculo 211 del CT no debe ser determinante para pronunciar la incompetencia del tribunal, pues el juez de trabajo, en uso de su papel activo y de su potestad de suplencia de la demanda, le bastar\u00e1 con condenar al deudor al pago de su obligaci\u00f3n contractual. <\/span>\u00a0<\/span>El trabajo convenido ha sido cumplido y el salario acordado no ha sido pagado en la fecha pactada o en la terminaci\u00f3n de las tareas, de modo que uno de los presupuestos del contrato de trabajo se ha incumplido: el abono de la remuneraci\u00f3n, con lo cual se violenta su car\u00e1cter sinalagm\u00e1tico, lo que impone al juez de trabajo exigir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n contractual (\u2026)\u201d<\/span><\/span>[25]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Sobre el trabajo realizado y no pagado, ha sido juzgado que sus elementos constitutivos son los siguientes: a) la contrataci\u00f3n de trabajadores para la ejecuci\u00f3n de una obra o la prestaci\u00f3n de un servicio; b) la ejecuci\u00f3n del trabajo o el servicio contratado; c) el impago a los trabajadores de la remuneraci\u00f3n correspondiente en la fecha convenida o a la terminaci\u00f3n del servicio; y d) la intenci\u00f3n fraudulenta, comprobada por el hecho de no haberse efectuado el pago de la retribuci\u00f3n<\/span>[26]<\/span><\/span><\/a>. Y aunque no se incluy\u00f3 en esta sentencia la existencia de un contrato de trabajo como elemento constitutivo del delito de trabajo realizado y no pagado, mediante sentencia previa la misma c\u00e1mara hab\u00eda dejado sentado que el contrato de trabajo constituye un presupuesto de este delito<\/span>[27]<\/span><\/span><\/a>.<\/span>\u00a0 <\/span>En efecto, podemos dar fe de que en la pr\u00e1ctica la mayor\u00eda de los tribunales conciben la existencia de un contrato de trabajo como condici\u00f3n para retener el delito objeto de estudio. <\/span><\/span><\/p>\n

Pues bien, enlazando el tema del trabajo realizado y no pagado con las demandas en cobro de dinero, importa resaltar que en la pr\u00e1ctica ocurre que muchas veces los abogados, por desconocimiento, califican la demanda como <\/span>trabajo realizado y no pagado<\/span><\/i>, cuando en realidad se trata de un cobro de dinero, por concepto de una obligaci\u00f3n nacida de un contrato de empresa, no de un contrato de trabajo, el cual supone una subordinaci\u00f3n. Este yerro conceptual pudiera implicar cuestiones competenciales en detrimento de los intereses del demandante, pues se corre el riesgo de que la otra parte pretenda capitalizar dicha situaci\u00f3n, al tiempo de articular como medio de defensa una excepci\u00f3n de incompetencia. Pero adem\u00e1s pudiera suceder que el tribunal, de oficio, declare su incompetencia de atribuci\u00f3n, por tratarse de un aspecto de orden p\u00fablico. Sin embargo, en derecho puro, lo determinante no ha de ser el nombre que las partes pongan a sus demandas, sino lo que verdaderamente se persigue con cada acci\u00f3n en justicia. Por consiguiente, al margen del calificativo propuesto de entrada, si el tribunal advierte que se trata de un asunto que no se corresponde con lo precisado en el t\u00edtulo de la demanda, debe darle la verdadera fisonom\u00eda al asunto. <\/span><\/span><\/p>\n

Sistema de da\u00f1os y perjuicios <\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

En materia de cobro de dinero rige un sistema de responsabilidad civil especial, aplicable cuando el deudor no pague la deuda al acreedor en el tiempo debido. Seg\u00fan este sistema, los da\u00f1os y perjuicios nunca consisten en otra cosa que en los intereses producidos por la deuda<\/span>[28]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

Para fundar la procedencia de los da\u00f1os y perjuicios no hay que probar un agravio en s\u00ed, como t\u00edpicamente debe hacerse en los diversos sistemas de responsabilidad civil. En esta materia el <\/span>\u201cagravio\u201d<\/span><\/i> equivale a la mora del deudor<\/span>: bastar\u00e1, pues, con que el acreedor pruebe que el deudor no pag\u00f3 oportunamente la deuda. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Problem\u00e1tica a partir de la entrada en vigor del C\u00f3digo Monetario y Financiero<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Ocurre que el C\u00f3digo Civil al reglamentar los da\u00f1os y perjuicios en materia de cobro de dinero,<\/span>\u00a0 <\/span>remite a un <\/span>\u201cinter\u00e9s legal\u201d<\/span><\/i>, pero el art\u00edculo 91 del C\u00f3digo Monetario y Financiero, taxativamente derog\u00f3 la Orden Ejecutiva No. 312<\/span><\/span>[29]<\/span><\/span><\/a> que era la que institu\u00eda el inter\u00e9s legal; es decir, en el estado actual de nuestro derecho, no existen intereses legales: <\/span>evidente vac\u00edo normativo, y es que -por un lado- un precepto legal remite a unos intereses legales, lo cuales \u2013por otra parte- han sido derogados por otra ley posterior; c\u00f3mo entonces aplicar el sistema indemnizatorio en esta materia?<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

A partir de este evidente vac\u00edo normativo, los tribunales, por mandato legal, no tuvieron otro camino que interpretar<\/span>[30]<\/span><\/span><\/a>. En efecto,<\/span>\u00a0 <\/span>algunas jurisdicciones se inclinaron por <\/span>\u2013pura y simplemente-<\/span><\/i> rechazar todo tipo de inter\u00e9s moratorio, arguyendo que por no existir ning\u00fan inter\u00e9s legal, no procede conceder algo que no forma parte del derecho positivo<\/span>: un razonamiento simplista que favorece descomedidamente al deudor moroso<\/span><\/i>. Particularmente, no pensamos que la intenci\u00f3n del legislador al derogar la Orden Ejecutiva No. 312, que institu\u00eda el inter\u00e9s legal, haya sido dejar sin sanci\u00f3n alguna la mora; es obvio que se trata de una pifia legislativa, la cual deber\u00eda <\/span>\u2013entretanto se subsana la situaci\u00f3n por la v\u00eda legal-<\/span><\/i> ser resuelta por los tribunales, a trav\u00e9s de sus facultades interpretativas. <\/span><\/span><\/p>\n

Por otra parte, otros tribunales optaron por imponer sumas fijas por concepto de indemnizaci\u00f3n en materia de cobro, evitando as\u00ed incurrir en una contradicci\u00f3n con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de otrora, la cual sent\u00f3 el precedente de que en materia civil no proced\u00eda imponer ning\u00fan tipo de inter\u00e9s a partir de la entrada en vigor del C\u00f3digo Monetario y Financiero, ni si quiera por una tasa diferente al 1% que establec\u00eda como inter\u00e9s legal la consabida orden ejecutiva. As\u00ed, por ejemplo, si la condenaci\u00f3n era a RD$100,000.00, el tribunal que hac\u00eda acopio de la soluci\u00f3n comentada, condenaba a dicho monto, m\u00e1s una cantidad adicional por concepto indemnizatorio; siendo usanza el calcular dicho importe indemnizatorio, en funci\u00f3n de un 1% desde la fecha de la demanda hasta la fecha del dicado de la sentencia que condenaba al cobro. <\/span><\/p>\n

Particularmente, en nuestra condici\u00f3n de juez de primera instancia civil y comercial, a la vista del panorama jurisprudencial que exist\u00eda, <\/span>\u00a0<\/span>nos inclinamos por aplicar este m\u00e9todo indemnizatorio de suma fija; y es que la Suprema Corte de Justicia era constante en establecer y reiterar que mal administraban justicia los tribunales inferiores que impon\u00edan intereses legales, luego de regir el C\u00f3digo Monetario y Financiero. Si bien la <\/span><\/span>jurisprudencia ordinaria<\/span>[31]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i> no vincula, lo cierto es que <\/span>\u00a0<\/span>por un tema de seguridad jur\u00eddica, y considerando la <\/span><\/span>nomofilaquia casacional<\/span>[32]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>, preferimos aplicar un remedio jur\u00eddico c\u00f3nsono con la postura fijada por la m\u00e1xima instancia del sistema judicial. <\/span><\/p>\n

No obstante, debemos reconocer que, a diferencia de lo que han interpretado tratadistas consagrados, humildemente entendemos que este m\u00e9todo, de una suma fija para indemnizar en materia de cobro, no era el m\u00e1s id\u00f3neo, pues con el paso del tiempo dicha suma adicional se deval\u00faa igual que la condenaci\u00f3n principal; no se indexa autom\u00e1ticamente como ocurre con el m\u00e9todo de intereses moratorios: <\/span>los intereses siguen corriendo con el paso del tiempo<\/span>[33]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>.<\/span>\u00a0 <\/span>Probablemente, en otro medio donde la moneda no sufra una devaluaci\u00f3n tan marcada con el paso del tiempo, como sucede en estos pa\u00edses en v\u00eda de desarrollo, el sistema de la suma fija funcione, pero entre nosotros <\/span>\u2013insistimos-<\/span><\/i> no pensamos que sea lo m\u00e1s factible. <\/span><\/span><\/p>\n

Para esa \u00e9poca coexist\u00eda el criterio, originario de las Cortes de apelaci\u00f3n, de imponer en el contexto jur\u00eddico estudiado, el denominado <\/span>\u201cInter\u00e9s Judicial\u201d<\/span><\/i>. El razonamiento de los<\/span>\u00a0 <\/span>tribunales que empleaban este tipo de inter\u00e9s era que ante el vac\u00edo de la ley respecto de los intereses legales, y dada la obligaci\u00f3n que el C\u00f3digo Civil impone a los jueces, en el sentido de decidir los casos, no obstante deficiencia legal, lo propio era solucionar la situaci\u00f3n imponiendo intereses a sus condenas; intereses que por ser creaci\u00f3n de la jurisprudencia, lo denominaron <\/span>\u201cjudiciales\u201d<\/span><\/i>. <\/span><\/span><\/p>\n

Pues la Suprema Corte de Justicia hizo suya la noci\u00f3n de <\/span>\u201cintereses judiciales\u201d<\/span><\/i>, pero lo hizo en materia de responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, ese precedente abri\u00f3 la brecha para que los tribunales inferiores hicieran acopio de tales <\/span>intereses judiciales<\/span><\/i>, ahora tambi\u00e9n reconocidos por la m\u00e1xima instancia judicial, en materia de cobro de dinero: <\/span>si ya la SCJ reconoce que los jueces tienen facultad de imponer intereses a las condenaciones que impongan, es lo propio interpretar que los intereses de que habla el C\u00f3digo Civil al referirse a la indemnizaci\u00f3n en materia de cobro, han de suplirse por los judiciales, por no existir los legales. <\/span>\u00a0<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Irrelevancia de la inexistencia del inter\u00e9s legal en materia comercial<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

En materia comercial la costumbre constituye una fuente preponderante. Recordemos que esta es un \u00e1rea m\u00e1s informal que la civil<\/span>[34]<\/span><\/span><\/a>; por tanto, el impasse que representa el hecho de que haya sido derogada la Orden Ejecutiva No. 312, que institu\u00eda el inter\u00e9s legal, no afecta la \u00f3rbita de lo comercial; aqu\u00ed bastar\u00e1 con indagar acerca de cu\u00e1l es la costumbre en la localidad donde se haga la transacci\u00f3n, y en base a ella se fijar\u00e1 el inter\u00e9s. Por ejemplo, si en San Pedro de Macor\u00eds se estila prestar a un 2%, pues esa costumbre ser\u00e1 suficiente para fijar ese inter\u00e9s al pr\u00e9stamo en cuesti\u00f3n. <\/span><\/p>\n

Cl\u00e1usula penal y el sistema de da\u00f1os y perjuicios en materia de cobro de dinero<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Hasta esta parte hemos sostenido que, conforme a la legislaci\u00f3n vigente, en materia de cobro de dinero los da\u00f1os y perjuicios no consisten en otra cosa que en los intereses que generen la deuda principal. Y que por no haber intereses legales en la actualidad, ya que fueron derogados por el C\u00f3digo Monetario y Financiero, la mayor\u00eda de los tribunales han optado por suplir esa deficiencia normativa mediante la implementaci\u00f3n de intereses judiciales,<\/span>\u00a0 <\/span>admitidos al d\u00eda de hoy por la Suprema Corte de Justicia<\/span><\/span>[35]<\/span><\/span><\/a>. Sin embargo, en este apartado resulta de inter\u00e9s destacar que existe otra v\u00eda para el acreedor ser indemnizado por concepto del retraso de su deudor en el pago debido: <\/span>la cl\u00e1usula penal. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Sobre este particular, el genio doctrinario ha razonado en el siguiente sentido: \u201c(\u2026) es perfectamente posible prever en el contrato que la inejecuci\u00f3n del deudor en el vencimiento previsto se sancionar\u00e1 con el pago de una indemnizaci\u00f3n global en aplicaci\u00f3n de una cl\u00e1usula penal. La cl\u00e1usula penal no es exclusiva de las obligaciones distintas a las que consisten en el pago de suma de dinero. Por el contrario, es muy frecuente en las obligaciones de pagar una suma de dinero. Se puede encontrar en los m\u00e1s diversos contratos, tales como el arriendo, la venta y el pr\u00e9stamo especialmente (\u2026)\u201d<\/span>[36]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Como puede advertirse, los tratadistas m\u00e1s autorizados han sostenido que bien pudieran las partes, libre y voluntariamente, acordar de antemano cu\u00e1l ser\u00e1 la consecuencia jur\u00eddica ante el incumplimiento del deudor. A tales efectos, perfectamente pudieran las partes emplear, a parte del m\u00e9todo de intereses, el sistema de sumas fijas libremente consensuado. Si las partes llegan a un punto de entendimiento sobre la manera de indemnizar al acreedor por el retraso del deudor, ello constituir\u00e1 ley entre partes. Por v\u00eda de consecuencia, pudiera ser reclamado ante los tribunales, si es que no se cumple voluntariamente con el peso de la palabra empe\u00f1ada. <\/span><\/p>\n

Sistema de monto fijo para los da\u00f1os y perjuicios en materia de cobro de dinero<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Sobre este sistema, los connotados tratadistas franceses Marcelo Planiol y Jorge Ripert, sostienen lo siguiente: \u201cEl establecer la indemnizaci\u00f3n por mora en una cifra fija, en materia de deudas de dinero, ofrece grandes ventajas. La naturaleza y la extensi\u00f3n de los da\u00f1os que puede haber sufrido el acreedor como consecuencia del retraso de su deudor, ser\u00edan muy dif\u00edciles de determinar. Por medio de una tasaci\u00f3n fija, toda incertidumbre desaparecen (\u2026)\u201d<\/span>[37]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

A nuestro juicio, el <\/span>h\u00e1ndicap<\/span><\/i> que presenta esta f\u00f3rmula de indemnizaci\u00f3n en base a una suma fija, es que se deval\u00faa con el paso del tiempo, igual que la condenaci\u00f3n principal; en tanto que el sistema de intereses supone una indexaci\u00f3n autom\u00e1tica que posibilita la correcci\u00f3n monetaria en el tiempo. <\/span><\/span><\/p>\n

No debe perderse de vista que el inter\u00e9s en que se sostengan en el tiempo los m\u00e9todos empleados al momento de dar a cada quien lo que en buen derecho se merece, obedece al hecho notorio de que, desafortunadamente, la justicia civil al d\u00eda de hoy es muy lenta; por tanto, el lapso que transcurre entre la condenaci\u00f3n que se logra en primera instancia y el momento en que dicha decisi\u00f3n se torna definitiva muchas veces consiste en a\u00f1os: <\/span>no es lo mismo un mill\u00f3n de pesos hoy, que un mill\u00f3n de pesos dentro de cuatro, cinco o seis a\u00f1os. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Liquidaci\u00f3n de los intereses judiciales<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Es frecuente que los demandantes peticionen los intereses judiciales, tanto en materia de cobro de dinero, para suplir la deficiencia provocada por la ausencia de un inter\u00e9s legal, como en materia de responsabilidad civil en sentido general. Sin embargo, la liquidaci\u00f3n de tales intereses no constituye una demanda muy recurrente. <\/span><\/p>\n

La demanda en liquidaci\u00f3n de intereses legales o judiciales no ha sido prevista de manera expresa en nuestro pa\u00eds ni por la ley, ni por la doctrina local, ni por la jurisprudencia. Es en el \u00e1mbito comparado donde nos encontramos con demandas de esta naturaleza.<\/span><\/p>\n

Lo cierto es que al momento de ejecutar la sentencia que dispone estos intereses judiciales, se presenta el inconveniente de que no existe una cifra l\u00edquida en ese sentido. Por ejemplo, la sentencia condena al pago de una deuda de un mill\u00f3n de pesos, as\u00ed como a un 1.5% de inter\u00e9s judicial, a modo de indemnizaci\u00f3n moratoria. Ese porcentaje suele dejarse abierto para que lo calculen las partes, lo cual es obvio que dificulta la ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/span><\/p>\n

Es por la situaci\u00f3n descrita precedentemente que la parte interesada ha de demandar ante el mismo tribunal que acogi\u00f3 los intereses por primera vez, la liquidaci\u00f3n de los mismos. As\u00ed, en el ejemplo propuesto en el p\u00e1rrafo anterior, si la condenaci\u00f3n fue de un mill\u00f3n, m\u00e1s un 1.5%, calculados desde la fecha de la demanda hasta la total ejecuci\u00f3n de la sentencia firme que deber\u00e1 intervenir en el proceso, el Tribunal de primer grado que decidi\u00f3 acogiendo primigeniamente los intereses, al momento de liquidarlos, debe realizar la operaci\u00f3n matem\u00e1tica de rigor, en funci\u00f3n del importe de la deuda principal, el porcentaje acogido como inter\u00e9s legal y el lapso que haya transcurrido entre la primera decisi\u00f3n y la \u00faltima que la consolid\u00f3. <\/span><\/p>\n

La oferta real de pago: <\/span>tr\u00e1mite que detiene el c\u00f3mputo de los intereses<\/span><\/i><\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

La oferta real de pago constituye un tr\u00e1mite legal que impide que el deudor deba soportar el c\u00f3mputo de los intereses, no obstante estar en la disposici\u00f3n de pagar. En efecto, al<\/span>\u00a0 <\/span>realizar la oferta real de pago, desde el momento de la consignaci\u00f3n<\/span>\u00a0 <\/span>del monto ofrecido, el c\u00f3mputo de los intereses se detiene. <\/span><\/span><\/p>\n

Sobre los efectos de la consignaci\u00f3n, la doctrina de origen ha sostenido lo siguiente: \u201c(\u2026) La consignaci\u00f3n pone t\u00e9rmino a las demandas del acreedor, pone fin a los intereses para lo futuro y traslada los riesgos de la cosa o de la suma consignada sobre el acreedor (\u2026)\u201d<\/span>[38]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Muchas veces deudores aviesos <\/span>\u201cechan mano\u201d<\/span><\/i> a esta brecha legal, y emplean la oferta real de pago con el<\/span>\u00a0 <\/span>real prop\u00f3sito de evitar que sigan calcul\u00e1ndose los intereses, pero a conciencia de que no se ha ofrecido el monto debido. Es decir, si por ejemplo, el deudor debe cien pesos y ofrece treinta, es obvio que el acreedor no aceptar\u00e1 ese monto ofrecido por no cubrir la deuda; sin embargo, entretanto se produzca una sentencia de validez rechazando esa oferta p\u00edrrica, el deudor habr\u00e1 obtenido lo que deseaba: <\/span>suspender el c\u00f3mputo de los intereses en su contra. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

De su lado, los acreedores para defenderse de <\/span>chicanas<\/span><\/i> como la descrita precedentemente, se defienden demandando en <\/span>referimiento<\/span><\/i> la suspensi\u00f3n del acto de ofrecimiento y de consignaci\u00f3n, por ser claro que tal ofrecimiento no se corresponde con lo debido. Y es que la doctrina moderna ha admitido que si bien el juez de los <\/span>referimientos<\/span><\/i> no puede anular ning\u00fan acto, ya que la nulidad es propia del fondo de la controversia, bien pudiera suspender dicho magistrado de la provisionalidad, los efectos de un acto cuando estime que es manifiestamente improcedente<\/span><\/span>[39]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

Prescripci\u00f3n<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

La regla general es que el derecho de cr\u00e9dito que se ejercita ante los tribunales bajo la f\u00f3rmula de demandas en cobro de dinero prescribe a los veinte a\u00f1os<\/span>[40]<\/span><\/span><\/a>. Pero cuando se trate de cobros particulares que la ley prevea otra prescripci\u00f3n m\u00e1s corta, evidentemente ser\u00e1 esta \u00faltima prescripci\u00f3n la que habr\u00e1 de aplicar; tal es el caso del cobro de pagos sucesivos, como los alquileres, de los intereses, etc., que prescribe a los tres a\u00f1os<\/span>[41]<\/span><\/span><\/a>. O la situaci\u00f3n en que el cr\u00e9dito nazca de una transacci\u00f3n llevada a cabo entre un comerciante como vendedor y un no comerciante como comprador, cuya prescripci\u00f3n ser\u00eda de solo un a\u00f1o<\/span>[42]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

Punto de partida del c\u00e1lculo de la prescripci\u00f3n para ejercer v\u00e1lidamente el cobro<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

El c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n del cobro de dinero principia a partir de que es exigible la obligaci\u00f3n de pago. Si el documento constitutivo de la obligaci\u00f3n de pago es un pagar\u00e9 simple,<\/span>\u00a0 <\/span>el cual tiene un t\u00e9rmino de dos meses para efectuar honrar la deuda, por ejemplo, ser\u00e1 partir del vencimiento de dicho plazo cuando el acreedor podr\u00e1 constituir en mora a su deudor para que proceda a realizar el pago. No es el vencimiento del t\u00e9rmino <\/span>\u2013per se-<\/span><\/i>lo que jur\u00eddicamente marca el inicio del c\u00f3mputo prescriptivo, sino la fecha de la constituci\u00f3n en mora que haga el acreedor a su deudor: <\/span>hasta que el acreedor no haga del conocimiento de su deudor su inter\u00e9s por que \u00e9ste cumpla con el pago debido, ha de presumirse \u2013seg\u00fan la mejor doctrina- una especie de aquiescencia del acreedor al incumplimiento de su deudor.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Como medida \u00fatil, el acreedor pudiera prever en el mismo documento contentivo del cr\u00e9dito, que la sola llegada del t\u00e9rmino vale constituci\u00f3n en mora<\/span>[43]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

Si se trata de pagos sucesivos que, como se ha sostenido precedentemente, prescriben a los tres a\u00f1os, se ha admitido que prescriben por separado cada cuota a partir de su exigibilidad. As\u00ed, por ejemplo, si se trata de un inquilinato por un a\u00f1o, y el propietario no cobra la mensualidad de mayo luego de tres a\u00f1os de trascurrido dicho mes, prescribe la acci\u00f3n para reclamarlo. Por otro lado, si el acreedor es negligente, y permite transcurrir muchos a\u00f1os sin cobrar, y s\u00f3lo aplican tres a\u00f1os de la prescripci\u00f3n respecto de algunas cuotas, no as\u00ed en relaci\u00f3n a otras, el evidente que el tribunal s\u00f3lo reconocer\u00e1 aquellos que jur\u00eddicamente sea posible cobrar para la \u00e9poca de la demanda. <\/span><\/p>\n

Sin embargo, no debe perderse de vista que en el estado actual de nuestro derecho, la prescripci\u00f3n constituye un fin de inadmisi\u00f3n que afecta el derecho de acci\u00f3n, pero que es de inter\u00e9s privado; por tanto, el principio general es que no puede suplirlo de oficio el tribunal<\/span>[44]<\/span><\/span><\/a>. Si alguien intenta cobrar acreencias vencidas y el deudor, por negligencia o por lo que fuere, no invoca la prescripci\u00f3n, el tribunal acoger\u00e1 tales montos vencidos que no han sido no cuestionados. <\/span><\/p>\n


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[1]<\/span><\/span><\/a>El art\u00edculo 545 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, entre otros, consagra como t\u00edtulos ejecutorios los actos aut\u00e9nticos con obligaciones de pago incursas. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[2]<\/span><\/span><\/a>Un contrato de alquiler suscrito ante un notario p\u00fablico, por ejemplo, es un verdadero t\u00edtulo ejecutorio, ya que contiene obligaciones de pago y es aut\u00e9ntico por haber sido instrumentado por un Notario.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[3]<\/span><\/span><\/a> Sentencia No. 105, dictada el 30 de enero de 2014, por la Primera Sala de la C\u00e1mara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[4]<\/span><\/span><\/a>Para ampliar sobre la manera de probar los <\/span>actos jur\u00eddicos<\/span><\/i> y los <\/span>hechos jur\u00eddicos<\/span><\/i>, consultar la obra de nuestra autor\u00eda titulada <\/span>\u201cSoluciones Procesales, ante los Juzgados de Paz y de Primera Instancia\u201d. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[5]<\/span><\/span><\/a>Por ejemplo, si la obligaci\u00f3n de pago est\u00e1 afectada de un t\u00e9rmino y el mismo a\u00fan no se ha cumplido, es evidente que la exigibilidad no se caracterizar\u00eda; pero ello no quita la certeza, en caso de no cuestionarse el documento constitutivo del cr\u00e9dito, ni la liquidez derivada de estar precisado el monto del cr\u00e9dito en el documento que le sirve de base. Si se teme que entretanto llegue el t\u00e9rmino, el acreedor pueda disipar los bienes, pudiera optarse por un embargo conservatorio: <\/span>general, si est\u00e1n los bienes en poder del deudor o retentivo, si est\u00e1n en manos de un tercero<\/span><\/i>. La idea es indisponer dichos bienes embargados conservatoriamente, hasta que llegue la exigibilidad del cr\u00e9dito, para entonces demandar al fondo el cobro. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[6]<\/span><\/span><\/a>El art\u00edculo 1139 del C\u00f3digo Civil, es la base legal de la constituci\u00f3n en mora.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[7]<\/span><\/span><\/a>\u201cConvenci\u00f3n\u201d<\/span><\/strong><\/i><\/b> es una noci\u00f3n jur\u00eddica amplia. Se ha dicho que toda <\/span>convenci\u00f3n<\/span><\/i> es un <\/span>contrato<\/span><\/i>, pero no todo <\/span>contrato<\/span><\/i> es una <\/span>convenci\u00f3n<\/span><\/i>. El <\/span>contrato<\/span><\/i> viene siendo la especie dentro del g\u00e9nero, que es la <\/span>convenci\u00f3n<\/span><\/i>. El <\/span>contrato<\/span><\/i> s\u00f3lo genera obligaciones, en tanto que la <\/span>convenci\u00f3n<\/span><\/i> pudiera suprimir una obligaci\u00f3n, como la quita o perd\u00f3n, por ejemplo. Sin embargo, el connotado jurista Christian Larroumet ha aclarado en su obra <\/span>\u201cTeor\u00eda General del Contrato\u201d <\/span><\/i>que esa distinci\u00f3n entre <\/span>\u201cconvenci\u00f3n\u201d<\/span><\/i> y <\/span>\u201ccontrato\u201d<\/span><\/i>, carece de utilidad normativa, ya que es el mismo C\u00f3digo Civil napole\u00f3nico el que en su art\u00edculo 1101 define el <\/span>contrato<\/span><\/i> como una <\/span>convenci\u00f3n<\/span><\/i>. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[8]<\/span><\/span><\/a>El pagar\u00e9 notarial es un acto aut\u00e9ntico, porque es suscrito ante un notario. En \u00e9ste una persona (deudor) admite que debe una suma de dinero a otra persona (acreedor). La ley no requiere para la instrumentaci\u00f3n de este tipo de documento la presencia de testigos. La v\u00eda id\u00f3nea para atacarlo es mediante el procedimiento de inscripci\u00f3n en falsedad, que es como se atacan los actos aut\u00e9nticos; pero existe un precedente jurisprudencial que admite la nulidad de actos aut\u00e9nticos bajo la f\u00f3rmula de demandas principales en nulidad, cuando los vicios del documento aut\u00e9ntico son manifiestos. Para ampliar sobre el pagar\u00e9 notarial y la forma de atacarse, consultar el libro de nuestra autor\u00eda titulado <\/span>\u201cLos Incidentes del Embargo Inmobiliario\u201d<\/span><\/i>, 2da. Edici\u00f3n, 2013. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[9]<\/span><\/span><\/a>Para ampliar sobre el <\/span>principio de concentraci\u00f3n<\/span><\/strong><\/i><\/b> del proceso civil, consultar la obra de nuestra autor\u00eda titulada <\/span>\u201cSoluciones Procesales, ante los Juzgados de Paz y de Primera Instancia\u201d<\/span><\/i>, 2da. Edici\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[10]<\/span><\/span><\/a>Aplica aqu\u00ed la regla general de los plazos francos: <\/span>si el \u00faltimo d\u00eda es feriado, se rueda, sum\u00e1ndose otro d\u00eda m\u00e1s, etc.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[11]<\/span><\/span><\/a>El art\u00edculo 1 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por la Ley No. 38-98, consagra que cuando el cr\u00e9dito sea igual o menor a la suma de RD$20,000, el tribunal competente es el Juzgado de Paz; y si es mayor a la citada suma de RD$20,000, ser\u00e1 el tribunal de derecho com\u00fan el llamado a estatuir al respecto.<\/span>\u00a0 <\/span>La tendencia es hacia elevar el referido monto atributivo, al tiempo de emplear una f\u00f3rmula que permita que dicho monto de atribuci\u00f3n se indexe con el pago del tiempo, sin necesidad de reformar la ley cada vez que las sumas vigentes sufran devaluaciones; esto as\u00ed, estableciendo cifras variables, como ser\u00edan los par\u00e1metros del salario m\u00ednimo del sector privado, por ejemplo.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[12]<\/span><\/span><\/a>Art. 150<\/span><\/strong><\/b>, p\u00e1rrafo, del Anteproyecto del C\u00f3digo Procesal Civil: <\/span>\u201cPara calcular, se suma el valor del objeto principal de la pretensi\u00f3n, los frutos, intereses y gastos y otros conceptos devengados al tiempo de la interposici\u00f3n de la demanda, pero no los frutos, intereses, gastos y otros conceptos posteriores\u201d.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[13]<\/span><\/span><\/a> Acto jur\u00eddico es todo aquello que nace de la voluntad de las partes: factura, pagar\u00e9, contrato, etc.; en tanto que los hechos jur\u00eddicos no resultan de un acuerdo de partes, tal ser\u00eda el caso de un accidente de tr\u00e1nsito; alguna fractura sufrida por una persona por estar el suelo mojado en un establecimiento, etc. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[14]<\/span><\/span><\/a>Doctrinalmente se le llama <\/span>\u201cprueba tasada\u201d<\/span><\/i> a este sistema, porque el legislador ha determinado previamente el peso probatorio de cada pieza, a diferencia del sistema de la <\/span>axiolog\u00eda racional<\/span><\/i> y de la <\/span>sana cr\u00edtica<\/span><\/i>, en que el juez es soberano en cada caso de conferir un peso probatorio determinado a cada pieza, con el deber de motivar por qu\u00e9 ha dado m\u00e1s o menos valor a cada elemento aportado.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[15]<\/span><\/span><\/a> En el \u00e1mbito probatorio, se ha dicho que hay tres pruebas perfectas: <\/span>1.-<\/span><\/strong><\/b> La prueba escrita, <\/span>2.-<\/span><\/strong><\/b> La confesi\u00f3n y <\/span>3.-<\/span><\/strong><\/b> El juramento decisorio. Pero lo cierto es que las m\u00e1ximas de experiencia persuaden en el sentido de que tanto la confesi\u00f3n como el juramento decisorio son al d\u00eda de hoy <\/span>\u201cletra muerta\u201d<\/span><\/i>; la prueba escrita es la que en la pr\u00e1ctica se utiliza; por tanto, es esa la prueba perfecta por excelencia en materia de actos jur\u00eddicos. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[16]<\/span><\/span><\/a> Sentencia SCJ, 1ra. C\u00e1m, No. 2, del 10 de noviembre de 2004, B.J. No. 1128, p.p. 152-159<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[17]<\/span><\/span><\/a>Si bien dicha indicaci\u00f3n de <\/span>\u201cvisto original\u201d<\/span><\/i> puesta por el secretario en el inventario, da m\u00e1s fuerza a las fotocopias que finalmente sean dejadas en el expediente, lo cierto es que la SCJ ya ha juzgado que dicha constancia de <\/span>\u201cvisto original\u201d<\/span><\/i> no vincula a los jueces del fondo; por tanto, aunque no sea la usanza, pero pudiera ocurrir que, no obstante el demandante haber diligenciado que el secretario coloque el <\/span>\u201cvisto original\u201d <\/span><\/i>en su inventario, el juez finalmente rechace la demanda por falta de pruebas.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[18]<\/span><\/span><\/a>El Art. 109 del C\u00f3digo de Comercio instituye el principio general de la prueba en materia comercial, igual que el Art. 1315 del C\u00f3digo Civil consagra el principio general de la prueba en materia civil. En el \u00e1mbito comercial hay libertad probatoria. En materia civil, si se trata de actos jur\u00eddicos, prima la prueba por escrito, pero si es en materia de hechos jur\u00eddicos, igual que en lo comercial, aplica una libertad probatoria. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[19]<\/span><\/span><\/a>Sentencia SCJ, No. 7, del 9 de marzo de 2000, B.J. No. 1072<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[20]<\/span><\/span><\/a>HEADRICK<\/span><\/strong><\/b>, William C<\/span>.\u201dDiez A\u00f1os de Jurisprudencia Civil y Comercial, desde el 1997 hasta 2007\u201d<\/span><\/i>, p.p. 343-344<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[21]<\/span><\/span><\/a> Id\u00eddem, p. 345.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[22]<\/span><\/span><\/a>Sentencia SCJ, 1ra. C\u00e1m, No. 35, del 25 de febrero del 2004, B.J. No. 1119, p.p.302-310<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[23]<\/span><\/span><\/a>A la vista del art\u00edculo 29 del C\u00f3digo Procesal Penal, la acci\u00f3n penal puede ser p\u00fablica y privada. Y la acci\u00f3n penal p\u00fablica <\/span>\u2013a su vez-<\/span><\/i> se divide en acci\u00f3n penal puramente p\u00fablica y en acci\u00f3n penal a instancia privada. Para saber cu\u00e1ndo una infracci\u00f3n penal determinada debe conocerse conforme a las reglas del procedimiento para la acci\u00f3n penal puramente p\u00fablica, para la acci\u00f3n penal a instancia privada o para la acci\u00f3n penal privada, basta con consultar los listados de infracciones contenidos en los art\u00edculos 31 y 32 del CPP. El primero atinente a la acci\u00f3n penal a instancia privada y el segundo sobre acci\u00f3n penal privada. Si el delito no se encuadra dentro de ninguno de estos listados, pues ha de concluirse que se trata de una infracci\u00f3n de acci\u00f3n penal puramente p\u00fablica<\/span>: todo lo que no est\u00e9 previsto expresamente para que se conozca conforme a un proceso penal especial, ha de tramitarse a la luz del procedimiento com\u00fan, que es el de acci\u00f3n penal puramente p\u00fablica, que debe ser impulsada de oficio por el Ministerio P\u00fablico<\/span><\/i>. Para ampliar sobre los diversos procesos penales, consultar la obra de nuestra autor\u00eda titulada <\/span>\u201cSoluciones Procesales, ante los Juzgados de Paz y de Primera Instancia\u201d.<\/span><\/i>\u00a0 <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[24]<\/span><\/span><\/a>Lo cierto es que lo que se tipifica expresamente en el art\u00edculo 32 del CPP es el delito de <\/span>trabajo pagado y no realizado<\/span><\/i>. Asimismo, es de inter\u00e9s apuntalar que a partir de esta norma procesal penal, los tratadistas se han inclinado por calificar a la acci\u00f3n represiva como <\/span>\u201cpenal\u201d,<\/span><\/i> no <\/span>\u201cp\u00fablica\u201d,<\/span><\/i> ya que a partir de la reforma procesal penal del 2004, la acci\u00f3n penal no es s\u00f3lo p\u00fablica, tambi\u00e9n hay acci\u00f3n penal privada y a instancia privada.<\/span>Antes el Ministerio P\u00fablico ten\u00eda el monopolio de la impulsi\u00f3n de la acci\u00f3n represiva, hoy d\u00eda la v\u00edctima tambi\u00e9n puede constituirse en querellante y promover por s\u00ed la acci\u00f3n penal.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[25]<\/span><\/span><\/a>ALBURQUERQUE<\/span><\/strong><\/b>, Rafael F. <\/span>Gaceta Judicial<\/span><\/i>, a\u00f1o 17, n\u00famero 324, p.p. 32-39<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[26]<\/span><\/span><\/a>Sentencia SCJ, 2da. C\u00e1m, del 29 de marzo de 2006, B.J. No. 1144, p. 1280<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[27]<\/span><\/span><\/a>Sentencia SCJ, 2da. C\u00e1m, del 26 de enero de 2005, B.J. No. 1130, p. 387<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[28]<\/span><\/span><\/a>Art. 1153<\/span><\/strong><\/b> del C\u00f3digo Civil: <\/span>\u201cEn las obligaciones que se limitan al pago de cierta cantidad, los da\u00f1os y perjuicios que resulten del retraso en el cumplimiento, no consisten nunca sino en la condenaci\u00f3n de los intereses se\u00f1alados en por la ley; salvas las reglas particulares del comercio y de las fianzas\u201d.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[29]<\/span><\/span><\/a>Se denomina <\/span>Orden Ejecutiva<\/span><\/i>, porque fue promulgada en la \u00e9poca de la intervenci\u00f3n norteamericana, cuando no hab\u00eda una estructura congresual como funciona en la actualidad, sino que emanaba del ejecutivo; pero para todos los fines, al d\u00eda de hoy, ser\u00eda una ley adjetiva ordinaria. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[30]<\/span><\/span><\/a> El art\u00edculo 4 del C\u00f3digo Civil manda a los jueces a decidir los casos sometidos a su consideraci\u00f3n, no obstante exista un vac\u00edo legal, a pena de incurrir en denegaci\u00f3n de justicia. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[31]<\/span><\/span><\/a>En doctrina se habla de <\/span>jurisprudencia ordinaria<\/span><\/strong><\/i><\/b>, aludiendo a aquellas decisiones de la SCJ que aplican a un caso concreto. Por ejemplo, aquella que sostiene que procede descargar al deudor, porque la factura que avalaba el cr\u00e9dito no estaba recibida por \u00e9l: <\/span>es obvio que esa soluci\u00f3n es para ese caso concreto<\/span><\/i>. Por otra parte, se habla de <\/span>jurisprudencia de principio<\/span><\/strong><\/i><\/b>, para cuando se hace una interpretaci\u00f3n jurisprudencial que rige para todos los casos, como ser\u00eda la situaci\u00f3n de, justamente, establecer que no existen intereses legales luego de entregar en vigencia el C\u00f3digo Monetario y Financiero: <\/span>se trata de un precepto que ha de aplicar a todos los casos que versen sobre cobro, pues la jurisprudencia ha fijado en este caso un principio general<\/span><\/i>. Algunos estiman que las <\/span>jurisprudencias de principio<\/span><\/i> s\u00ed deben vincular a los tribunales inferiores, pero la mayor\u00eda sostiene que ninguna jurisprudencia de la SCJ debe vincular. Particularmente, comulgamos con este \u00faltimo criterio,<\/span>\u00a0 <\/span>ya que entre nosotros rige un sistema <\/span>romano-germ\u00e1nico<\/span><\/i>, conforme al cual, por norma general, la jurisprudencia constituye una fuente indirecta del derecho que no ha de vincular a los tribunales del orden judicial. Por consiguiente, s\u00f3lo deber\u00eda admitirse el car\u00e1cter vinculante de las jurisprudencias constitucionales y de tribunales Supranacionales que entren al bloque de constitucionalidad. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[32]<\/span><\/span><\/a>La <\/span>nomofilaquia<\/span><\/i> de la casaci\u00f3n es un concepto desarrollado por la doctrina que, concretamente, trata del car\u00e1cter de unificaci\u00f3n de criterios de la SCJ. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[33]<\/span><\/span><\/a>Recordemos que la justicia civil, desafortunadamente, no es entre nosotros tan r\u00e1pida como desear\u00edamos; hay mucho trabajo y la mora es frecuente en los fallos. Pudiera ocurrir que se obtenga ganancia de causa en primera instancia, pero el lapso que transcurra entre la fase de apelaci\u00f3n y de casaci\u00f3n pudiera sumar a\u00f1os, los cuales sin dudas van a afectar el valor de la moneda. Por tanto, es obvio que lo m\u00e1s inteligente en estos casos es tomar los miramientos de lugar para lograr la correcci\u00f3n monetaria de rigor con el paso del tiempo: <\/span>un mill\u00f3n de pesos al d\u00eda de hoy nunca ser\u00e1 lo mismo que un mill\u00f3n dentro de uno, dos, siete \u2026 a\u00f1os. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[34]<\/span><\/span><\/a>La informalidad en materia comercial muchos la atribuyen a la presunci\u00f3n de que los comerciantes no guardan mucha formalidad en las cotidianas transacciones que realizan como actos de comercio. Sin embargo, algunos autores, como el Magistrado Biaggi Lama, en su Tratado de Derecho Comercial Dominicano, sostienen que tal presunci\u00f3n no es tan as\u00ed, puesto que hoy por hoy, los comerciantes toman las precauciones de formalidad tanto o m\u00e1s que los particulares que no son comerciantes. No obstante, lo cierto es que la materia comercial, en la actualidad, y la tendencia no parece apuntar a otro sentido, tiene una reglamentaci\u00f3n menos formal que la civil ordinaria.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[35]<\/span><\/span><\/a>Recordemos que el art\u00edculo 4 del C\u00f3digo Civil manda a los tribunales a decidir todos los asuntos sometidos a su consideraci\u00f3n, aun cuando la ley sea ambigua, so pena de incurrir en denegaci\u00f3n de justicia. Justamente para evitar denegar justicia, ante la ausencia de intereses legales, se suple ese vac\u00edo mediante los intereses judiciales<\/span>. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[36]<\/span><\/span><\/a>LARROUMET<\/span><\/strong><\/b>, Christian. \u201c<\/span>Teor\u00eda General del Contrato\u201d<\/span><\/i>, Vol. II, p. 111.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[37]<\/span><\/span><\/a>PLANIOL<\/span><\/strong><\/b>, Marcelo & <\/span>RIPERT<\/span><\/strong><\/b>, Jorge. <\/span>\u201cTratado Pr\u00e1ctico de Derecho Civil Franc\u00e9s\u201d<\/span><\/i>, Tomo 7mo., 2da. Parte, p. 190.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[38]<\/span><\/span><\/a>Op. Cit, <\/span>PLANIOL & RIPERT<\/span><\/strong><\/b>, p. 548<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[39]<\/span><\/span><\/a>Cfr <\/span>LUCIANO PICHARDO<\/span><\/strong><\/b>, Rafael. <\/span>\u201cDe las astreintes y otros escritos\u201d<\/span><\/i>, 2da. Edici\u00f3n, p.p.307-308<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[40]<\/span><\/span><\/a>La prescripci\u00f3n afecta el derecho de acci\u00f3n, no as\u00ed al derecho mismo. Por tanto, en este caso, aunque transcurran 20 a\u00f1os o el plazo prescriptivo que sea que aplique, el derecho de cr\u00e9dito persistir\u00e1, s\u00f3lo que no podr\u00e1 reclamarse en justicia: o sea, es como no tener nada, ya que en esas condiciones no es posible reclamar el derecho. En cambio, la caducidad afecta es al derecho; cuando algo caduca se aniquila la prerrogativa misma. En este caso no es un tema de que no hay acci\u00f3n para reclamar algo que materialmente persiste, como en la prescripci\u00f3n, con la caducidad no hay derecho, desaparece. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[41]<\/span><\/span><\/a>Art. 2277<\/span><\/strong><\/b> del C\u00f3digo Civil: \u201cLos r\u00e9ditos de rentas perpetuas y vitalicias, los de pensiones alimentarias, los alquileres de casas y el precio del arrendamiento de bienes rurales, los intereses de sumas prestadas, y generalmente, todo lo que se paga anualmente o en plazos peri\u00f3dicos m\u00e1s cortos, prescriben por tres a\u00f1os\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[42]<\/span><\/span><\/a>Art. 2272<\/span><\/strong><\/b> del C\u00f3digo Civil<\/span>: \u201cLa acci\u00f3n (\u2026) de los mercaderes, por las mercanc\u00edas que venden a los particulares que no lo son (\u2026) prescriben por un a\u00f1o\u201d.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[43]<\/span><\/span><\/a>El Art. 1139 del C\u00f3digo Civil, prev\u00e9 esta posibilidad de hacer que el acto que contenga la obligaci\u00f3n de pago valga constituci\u00f3n en mora al deudor, sin necesidad de instrumentar ning\u00fan acto de alguacil a esos efectos. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

[44]<\/span><\/span><\/a>La Ley No. 834, en su art\u00edculo 44 y siguientes, regula los fines de inadmisi\u00f3n, sosteniendo que son medios de defensa de inter\u00e9s privado, salvo cuando se trate de la falta de inter\u00e9s o de un aspecto que incumba al orden p\u00fablico. Sin embargo, el Anteproyecto del C\u00f3digo Procesal Civil prev\u00e9 que los medios de inadmisi\u00f3n pueden ser suplidos todos de oficio por los tribunales del fondo. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Demanda en cobro de dinero Esta acci\u00f3n en justicia es denominada ordinariamente como cobro de pesos; sin embargo, preferimos emplear el vocablo \u201cdinero\u201d en vez de \u201cpesos\u201d, ya que es mucho m\u00e1s preciso: alude inequ\u00edvocamente al aspecto monetario, en tanto … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":[],"categories":[6],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/100"}],"collection":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=100"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/100\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":102,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/100\/revisions\/102"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=100"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}