{"id":103,"date":"2014-09-04T03:59:58","date_gmt":"2014-09-04T03:59:58","guid":{"rendered":"http:\/\/yoaldo.org\/?p=103"},"modified":"2014-09-04T03:59:58","modified_gmt":"2014-09-04T03:59:58","slug":"demandas-en-pension-alimentaria-fragmento-libro-soluciones-procesales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yoaldo.org\/?p=103","title":{"rendered":"Demandas en pensi\u00f3n alimentaria (Fragmento Libro “Soluciones Procesales”)"},"content":{"rendered":"

1.3.1Tribunal con competencia atributiva para conocer de la demanda<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Por efecto de la Ley No. 52-07, promulgada en fecha 23 del mes de abril de 2007, el conocimiento de las acciones sobre pensiones alimentarias en favor de personas menores de edad, pasa a ser nuevamente competencia de los juzgados de paz ordinarios, en atribuciones de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes. Dicha competencia, antes de la entrada en vigencia de la citada ley, era de la Sala Penal del Tribunal de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes correspondiente; o la instancia que fungiera como tal, en aquellas jurisdicciones que no hay instalados tribunales especializados en la materia de NNA.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>1.3.2 Juzgado de paz territorialmente competente para conocer sobre la demanda<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

El Juzgado de Paz Ordinario territorialmente competente para conocer de la acci\u00f3n en alimentos, en atribuciones de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes, ser\u00e1 aquel del lugar donde resida el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente respecto de quien se incoe la demanda, conforme lo prev\u00e9 la parte final del art\u00edculo 174 de la Ley No. 136-03, modificada por la Ley No. 52-07.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>1.3.3 Qu\u00e9 se entiende legalmente por \u201cAlimentos\u201d<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Los \u201cAlimentos\u201d conforme a nuestro ordenamiento legal vigente, no s\u00f3lo comprenden productos de la canasta de primera necesidad para comer diariamente, sino que tambi\u00e9n entran en este concepto, conforme al art\u00edculo 170 de la Ley No. 136-03, cuestiones indispensables para el sustento y desarrollo de todo ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, como ser\u00edan: un lugar adecuado donde vivir, vestimenta apropiada, asistencia, atenci\u00f3n m\u00e9dica, recreaci\u00f3n; siendo la obligaci\u00f3n de proporcionarlos de orden p\u00fablico.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3.4 Personas legalmente obligadas a suministrar alimentos<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Las personas que est\u00e1n legalmente obligadas a suministrar los Alimentos definidos precedentemente, son \u2013en virtud del art\u00edculo 171 de la Ley No. 136-03-<\/span>\u00a0 <\/span>el padre, la madre o la persona legalmente responsable del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente de que se trate. Pero si la persona obligada resulta ser un adolescente, los padres de \u00e9ste ser\u00e1n solidariamente responsables por este concepto y, por consiguiente, pudieran ser demandados en alimentos<\/span>[1]<\/span><\/span><\/a>. Subsidiariamente, en caso de muerte del padre, la madre o responsable legal, estar\u00e1n obligados los hermanos mayores de edad, ascendientes por orden de proximidad y colaterales hasta un tercer grado o, muy excepcionalmente, el Estado asumir\u00eda dicha obligaci\u00f3n<\/span>[2]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Esta obligaci\u00f3n debe asumirse, conforme al art\u00edculo 70 de la Ley No. 136-03, en funci\u00f3n de las posibilidades y medios econ\u00f3micos de cada quien<\/span>[3]<\/span><\/span><\/a>; por lo cual, si luego de imponerse una manutenci\u00f3n mediante sentencia, sobrevinieren situaciones favorables o desfavorables en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, respecto de la persona obligada, pudieran entablarse ante el mismo juzgado de paz que impuso la pensi\u00f3n, demandas en aumento o disminuci\u00f3n de \u00e9sta, seg\u00fan corresponda<\/span>[4]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante trataremos a mayor profundidad el procedimiento para entablar estas demandas en aumento o disminuci\u00f3n de manutenci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3.5 Car\u00e1cter provisional de la obligaci\u00f3n de alimentos<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La obligaci\u00f3n de suministrar alimentos tiene un car\u00e1cter provisional, nunca es definitiva y, por consiguiente, la sentencia que imponga el monto de dicha obligaci\u00f3n tambi\u00e9n ser\u00e1 provisional. Lo que quiere decir, que el suministro de alimentos tiene un tiempo determinado de vigencia, y el importe de esta obligaci\u00f3n puede ser modificado en cualquier momento, durante el lapso de su exigibilidad, atendiendo a circunstancias que pudieran variar las condiciones que en su momento justificaron el monto de la manutenci\u00f3n al efecto impuesta en cada caso en concreto. En este sentido se ha pronunciado nuestra Suprema Corte de Justicia, mediante su jurisprudencia (B.J. No. 744.2842; B.J. No. 786.791).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

El car\u00e1cter provisional de esta obligaci\u00f3n se fundamenta en la situaci\u00f3n legal de que, primero, la misma persistir\u00e1 s\u00f3lo mientras la persona beneficiaria no haya cumplido la mayor\u00eda de edad (tal cual estudiaremos a continuaci\u00f3n en el siguiente apartado) y, en segundo lugar, pudiera aumentarse o disminuirse su monto en todo momento, conforme se expuso precedentemente.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

1.3.6 \u00bfHasta cu\u00e1ndo persiste legalmente la obligaci\u00f3n de suministrar alimentos?<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

La obligaci\u00f3n de suministrar alimentos ser\u00e1 exigible desde la concepci\u00f3n de la criatura <\/span>(pensi\u00f3n de embarazo)<\/span><\/i> hasta que cumpla la mayor\u00eda de edad (18 a\u00f1os) o sea emancipado legalmente dicho ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, esto es, que legalmente se confieran todos los derechos y deberes de un adulto a dicha persona menor de edad, conforme lo prev\u00e9 nuestro derecho com\u00fan. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

El indicado l\u00edmite de la obligaci\u00f3n de suministrar alimentos es hasta los 18 a\u00f1os, porque \u2013como es sabido- los alimentos son para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. As\u00ed, preciso es recordar que el principio II de la Ley No. 136-03, define ni\u00f1o o ni\u00f1a a toda persona desde su nacimiento hasta los doce a\u00f1os, inclusive; y adolescente, a toda persona desde los trece a\u00f1os hasta los dieciocho: <\/span>la obligaci\u00f3n dura hasta los 18 porque luego de ah\u00ed ya la persona pasa a ser mayor de edad. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Excepcionalmente, cuando se trate de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente con necesidades especiales, f\u00edsicas o mentales, la obligaci\u00f3n de alimentos se extender\u00e1 hasta que la persona beneficiaria pueda sostenerse econ\u00f3micamente por s\u00ed misma, aun cuando para la fecha en que eso ocurra ya hubiere alcanzado la mayor\u00eda de edad<\/span>[5]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3.7 \u00bfQui\u00e9nes pueden reclamar la obligaci\u00f3n del suministro de alimentos?<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Podr\u00e1n demandar en alimentos la madre, el padre o la persona responsable que detente la guarda y cuidado del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente de que se trate. Tambi\u00e9n podr\u00e1n demandar las madres adolescentes y emancipadas legalmente<\/span>[6]<\/span><\/span><\/a>.<\/span>\u00a0 <\/span>En el caso de la mujer embarazada, \u00e9sta podr\u00e1 reclamar alimentos respecto de la criatura por nacer, al padre leg\u00edtimo o a quien haya reconocido la paternidad, en los casos de hijos extramatrimoniales. En este \u00faltimo caso (pensi\u00f3n por embarazo), deber\u00e1 proporcionarse a la madre gestante los gastos del embarazo, parto y posparto, desde la fecha del apoderamiento al tribunal de la demanda, hasta el tercer mes, a partir del alumbramiento<\/span>[7]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Es importante aclarar que la manutenci\u00f3n para embarazo, parto y posparto tiene una duraci\u00f3n limitada, ya que el citado art\u00edculo 173, que instituye este tipo de manutenci\u00f3n, taxativamente dispone que su duraci\u00f3n ser\u00e1 durante todo el per\u00edodo de embarazo (09 meses), hasta el tercer mes del alumbramiento; lo que significa que una vez vencido dicho lapso, en caso de pretender reclamar la manutenci\u00f3n de dicho ni\u00f1o o ni\u00f1a hasta su mayor\u00eda de edad, deber\u00e1 entablarse una acci\u00f3n inicial en pago de manutenci\u00f3n ordinaria<\/span>[8]<\/span><\/span><\/a>. Pero nada obsta legalmente para que la solicitante en la misma acci\u00f3n solicite ambas cuestiones: a) Manutenci\u00f3n para embarazo y b) Manutenci\u00f3n ordinaria, hasta tanto dicha criatura sea mayor de edad: <\/span>lo cierto es que, a juzgar por nuestra experiencia vivida ante los juzgados de paz, la solicitud de ambos asuntos no se canaliza con frecuencia de manera conjunta. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La prerrogativa de accionar en justicia en esta materia no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse, cederse ni renunciarse, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 191 de la Ley No. 136-03.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

1.3.8 Diferencia doctrinaria entre los t\u00e9rminos <\/span>\u201cPensi\u00f3n Alimentaria\u201d<\/span><\/i> y <\/span>\u201cPensi\u00f3n Alimenticia\u201d<\/span><\/i><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Modernamente se ha creado una distinci\u00f3n, en el campo doctrinal, en relaci\u00f3n a lo que debe entenderse por Pensi\u00f3n Alimentaria y Pensi\u00f3n Alimenticia. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Esta diferenciaci\u00f3n \u2013entendemos- obedece al amplio concepto que, conforme a la nueva norma, tienen los \u201cAlimentos\u201d; tal cual se estudi\u00f3 precedentemente, al definir dicho concepto, conforme a la ley aplicable. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan esta distinci\u00f3n, debe entenderse por Pensi\u00f3n Alimentaria, aquella que no ata\u00f1e a la alimentaci\u00f3n propiamente: habitaci\u00f3n, vestimenta, etc. y, por otro lado, por Pensi\u00f3n Alimenticia debe entenderse todo aquello que consista en alimentos, propiamente dicho.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Lo cierto es que la ley no establece una distinci\u00f3n de forma taxativa entre estos t\u00e9rminos, por lo que la misma gozar\u00e1 de utilidad -por el momento- s\u00f3lo en el campo acad\u00e9mico. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

1.3.9 Inhibici\u00f3n y recusaci\u00f3n del juez de paz<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Es imposible llevar a cabo una sana administraci\u00f3n de justicia si el juez que preside la causa ve afectada su imparcialidad. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En todas las materias, y esta no es la excepci\u00f3n, cuando el juez advierta que en \u00e9l se verifica respecto de alguna de las partes, una situaci\u00f3n que afecta su imparcialidad, debe voluntariamente inhibirse. Y si no lo hace \u00e9l de manera espont\u00e1nea, entonces las partes tendr\u00e1n a su alcance la instituci\u00f3n de la Recusaci\u00f3n, a fin de impedir que su caso sea conocido por un juez parcializado. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La usanza ha sido que, en vista de que nunca se tiene certeza de cu\u00e1ndo se va a resolver el incidente, en caso de que deba remitirse el asunto ante el tribunal de alzada, se procede a fijar \u2013entretanto- una manutenci\u00f3n provisional, a fin de evitar dejar desprotegido al ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, durante ese inter\u00edn; aun sea por una cuant\u00eda inferior a la que finalmente se imponga como pensi\u00f3n. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Por ser el procedimiento para conocer demandas en manutenci\u00f3n, un asunto de naturaleza penal, ya que el art\u00edculo 196 del c\u00f3digo de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes, prev\u00e9 una pena en suspenso de dos a\u00f1os, lo que se estila es que para tramitar las inhibiciones y las recusaciones se sigue supletoriamente el procedimiento previsto para esos efectos en el Art\u00edculo 79 y siguientes del C\u00f3digo Procesal Penal, sobre la base de las causales de inhibici\u00f3n que instituye el Art\u00edculo 78 del mismo cuerpo legal, a saber:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 79.- Tr\u00e1mite de la inhibici\u00f3n<\/span><\/strong><\/b>. El juez que se inhiba debe remitir las actuaciones por resoluci\u00f3n fundada a quien deba reemplazarlo. Una vez recibida, \u00e9sta toma conocimiento de la causa de manera inmediata y dispone el tr\u00e1mite a seguir. Si estima que la inhibici\u00f3n no tiene fundamento, remite los antecedentes a la Corte de Apelaci\u00f3n correspondiente. El incidente es resuelto sin m\u00e1s tr\u00e1mites. Si se trata de un tribunal colegiado, el juez que se inhiba es reemplazado por otro conforme lo dispone la Ley de Organizaci\u00f3n Judicial. [Sic].<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 80.- Forma de la Recusaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/b>. La recusaci\u00f3n de un juez debe indicar los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. Durante las audiencias, la recusaci\u00f3n se presenta oralmente, bajo las mismas condiciones de admisibilidad de las pretensiones escritas y se deja constancia de sus motivos en el acta. [Sic].<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 81.- Plazo de la recusaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/b>. La recusaci\u00f3n debe presentarse dentro de los tres d\u00edas de conocerse los motivos y de obtenerse los elementos de prueba que le sirven de fundamento. Cuando la recusaci\u00f3n se plantea respecto de los jueces que deban conocer del juicio rige el art\u00edculo 305<\/span>[9]<\/span><\/span><\/a>. [Sic].<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 82.- Tr\u00e1mite de la recusaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/b>. Si el juez objeto de la recusaci\u00f3n la admite, procede conforme el mismo tr\u00e1mite de la inhibici\u00f3n. En caso contrario, debe remitir el escrito de recusaci\u00f3n y su informe a la Corte de Apelaci\u00f3n correspondiente o, si el juez integra un tribunal colegiado, solicita el examen de la recusaci\u00f3n a los restantes miembros del tribunal, Si se estima necesario, el tribunal o la corte, fija audiencia para recibir las pruebas e informar a las partes. El tribunal competente resuelve el incidente dentro de los tres d\u00edas, sin que su decisi\u00f3n est\u00e9 sujeta a recurso alguno. [Sic]. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Como puede advertirse mediante el estudio de estos art\u00edculos, el procedimiento para las inhibiciones y las recusaciones en materia penal, aplicable extensivamente a este procedimiento especial para las manutenciones, es muy distinto al procedimiento para esos fines instituido en el art\u00edculo 378 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; en tanto que en este caso no es necesario constituir una fianza ante el tribunal jer\u00e1rquicamente superior que deber\u00e1 conocer del asunto, etc.; sino que pudiera proponerse hasta en la misma audiencia, y el tribunal superior s\u00f3lo intervendr\u00eda en caso de que el juez a quien se le remita el caso no est\u00e9 de acuerdo con la inhibici\u00f3n: <\/span>en el proceso penal, el mismo juez que se inhibe remite el caso al que \u00e9l estima que debe conocer del asunto, y si aquel acepta, ah\u00ed termina el tr\u00e1mite. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

Seg\u00fan la ley, deber\u00eda ser que el juez de paz que entienda que no puede ser imparcial, se inhiba y remita el caso ante otro par. Si \u00e9ste acepta, terminar\u00eda el asunto ah\u00ed. Pero si el juez de paz de env\u00edo se opusiere a la inhibici\u00f3n, el expediente debiera remitirse a la presidencia de la c\u00e1mara penal del juzgado de primera instancia, en los lugares que el juzgado de primera instancia est\u00e9 dividido en salas, o ante el juez de primera instancia, cuando no sea en salas la estructura. Sin embargo, la costumbre ha sido que el juez de paz que desea inhibirse lo que hace es que remite directamente el asunto ante la Presidencia o ante el juez simple de primera instancia, seg\u00fan est\u00e9 o no dividido en salas el juzgado, para que dicho superior jer\u00e1rquico estudie su procedencia y, de paso, designe de una vez el juez suplente.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En el caso de los tribunales de primera instancia, en las jurisdicciones donde la c\u00e1mara est\u00e1 dividida en salas, lo que se estila es que el juez de sala que se inhibe remite su inhibici\u00f3n al juez Presidente, para que \u00e9ste \u2013a su vez- sortee el asunto entre los dem\u00e1s jueces que integran el juzgado: <\/span>por lo general, la sala que resulte apoderada por la presidencia conoce el asunto, pero en buen derecho, si dicho juez par de aquel que se inhibe se opusiere, deber\u00eda conocerse la inhibici\u00f3n objetada ante la corte correspondiente. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Antes de la entrada en vigor del C\u00f3digo Procesal Penal, a la materia represiva aplicaba supletoriamente el citado art\u00edculo 378 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ya que el hoy abrogado C\u00f3digo de Procedimiento Criminal no contemplaba ese aspecto.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Desafortunadamente, como el tr\u00e1mite para recusar puede ser iniciado en la audiencia, y no se requiere pago de fianza alguna, suele emplearse este mecanismo como <\/span>chicana<\/span><\/i>, para fines puramente retardatorios. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Como es sabido, en nuestra estructura judicial los juzgados de paz son tribunales unipersonales; por tanto, las reglas que aplican en este caso, son las<\/span>\u00a0 <\/span>propias de tribunales integrados por un solo juez; descart\u00e1ndose los casos propios de tribunales colegiados.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Sugerimos que al momento de promoverse una recusaci\u00f3n, si el juez de paz advierte que se trata de una burda treta retardatoria, advierta al abogado recusante que en esa materia tambi\u00e9n aplica supletoriamente la declaratoria de litigante temerario, que implica sanciones; esto as\u00ed, a modo disuasivo, para evitar el uso abusivo de esta v\u00eda de derecho. Y en efecto, si el tribunal de primera instancia rechaza la solicitud, y \u2013no obstante- persiste la actitud <\/span>chicana <\/span><\/i>de retardar a como d\u00e9 lugar el conocimiento del fondo, entonces proceder a la referida declaratoria de litigante temerario: <\/span>la tutela judicial efectiva que prev\u00e9 el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n implica que los jueces procuren una justicia pronta, lo que supone la evasi\u00f3n de tretas procesales, ajenas al debido proceso. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

Por otra parte, es importante comentar que los fiscalizadores tambi\u00e9n son pasibles de ser recusados y, de igual modo, pudieran inhibirse en caso de que entiendan, espont\u00e1neamente, que respecto de ellos concurre alg\u00fan motivo de inhibici\u00f3n. A tales efectos, aunque no lo establezca expresamente el C\u00f3digo Procesal Penal, ha sido admitido que para estudiar este aspecto, aplican extensivamente los mismos motivos para los jueces, instituidos en el art\u00edculo 78 del referido cuerpo legal, a fin de justificar tanto la inhibici\u00f3n como la recusaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

El fundamento legal de las inhibiciones y recusaciones del Ministerio P\u00fablico lo constituye el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal Penal, a saber: \u201c<\/span>Art\u00edculo 90.- Inhibici\u00f3n y recusaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/b>. Los funcionarios del ministerio p\u00fablico pueden inhibirse y pueden ser recusados cuando existan motivos graves que afectan la objetividad en su desempe\u00f1o. La recusaci\u00f3n es planteada ante el superior inmediato y resuelta sin mayores tr\u00e1mites\u201d. [Sic].<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Vale decir que, partiendo de que la usanza ha sido aplicar extensivamente las causales de recusaci\u00f3n e inhibici\u00f3n instituidas en el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo Procesal Penal, tanto para los jueces como para los representantes del Ministerio P\u00fablico, dichas causas no son limitativas; se trata de un listado meramente enunciativo; esto as\u00ed, atendiendo a la causal n\u00famero 10 del referido art\u00edculo 78, visto: \u201c10) Cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia\u201d. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En el caso de los juzgados de paz, si se tiene inter\u00e9s en recusar al fiscalizador, la instancia contentiva de dicha solicitud debe ser dirigida a la procuradur\u00eda fiscal de la misma jurisdicci\u00f3n. Si la recusaci\u00f3n es contra un procurador fiscal, entonces se har\u00eda ante la procuradur\u00eda general de la corte de apelaci\u00f3n competente, y si es contra un procurador general de una corte de apelaci\u00f3n, ser\u00eda ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En caso de que el representante del Ministerio P\u00fablico se inhiba espont\u00e1neamente, \u00e9l es quien deber\u00e1 dirigir su instancia ante su superior inmediato, a fin de que \u00e9ste decida si acepta o no su inhibici\u00f3n. En caso positivo, asigna un suplente; en caso negativo, igual que ocurre en materia de inhibiciones de jueces, el expediente es devuelto al tribunal, debiendo el funcionario p\u00fablico que pretend\u00eda inhibirse, proseguir conociendo el expediente. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3.10 Procedimiento para tramitar la demanda: <\/span>\u00bfaplica el procedimiento penal com\u00fan?<\/span><\/i><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

No. Estas demandas se tramitan mediante un procedimiento especial, no por el procedimiento penal com\u00fan instituido por el C\u00f3digo Procesal Penal. El art\u00edculo 176 del C\u00f3digo que rige la materia, expresamente establece que las demandas en pensi\u00f3n alimentaria se conocer\u00e1n conforme al procedimiento especial instituido por dicha pieza legal.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

El procedimiento conforme al cual se canalizan las demandas en pensi\u00f3n alimentaria inicia a partir de que se verifique un incumplimiento de la obligaci\u00f3n de suministrar Alimentos, por parte de la persona obligada a ello legalmente (en principio: padre, madre o responsable legal). Ante dicho incumplimiento, la persona facultada para demandar (padre, madre, responsable legal, a cuyo cargo est\u00e9 el hijo menor de edad) deber\u00e1 interponer formal Querella ante el Despacho del Fiscalizador del Juzgado de Paz Ordinario territorialmente competente, en atribuciones de NNA; pero nada impide que la querella sea interpuesta ante el Destacamento Policial m\u00e1s cercano a la residencia de la parte querellante<\/span>[10]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

1.3.10.1 Vista de conciliaci\u00f3n, ante el fiscalizador<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Una vez depositada la querella, el siguiente paso ser\u00e1 la vista de conciliaci\u00f3n, que se tramita ante el despacho del Fiscalizador, en atribuciones de NNA. Para estos fines, \u00e9ste citar\u00e1 a las partes dentro del plazo de ley (no m\u00e1s de 10 d\u00edas), para que acudan ante su oficina. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En esta fase conciliatoria, el Fiscalizador juega un papel preponderante; debe ser activo y, sin imponer propuestas, est\u00e1 llamado a crear el ambiente adecuado para que las partes lleguen a un acuerdo sobre el monto y la forma de pago de la manutenci\u00f3n que se reclame al efecto. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

De la vista de conciliaci\u00f3n pueden producirse cuatro resultados, que son: <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1) Que las partes comparezcan ante el Fiscalizador y lleguen a un acuerdo; <\/span><\/p>\n

2) Que una de las partes no comparezca, lo cual se interpretar\u00e1 como falta de inter\u00e9s en conciliar; <\/span><\/p>\n

3) Que las partes ambas comparezcan, pero no lleguen a acuerdo alguno; <\/span><\/p>\n

4) Que inicialmente se logre un acuerdo entre las partes, pero que la persona obligada posteriormente incumpla con lo acordado. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

1.3.10.2 Homologaciones de acuerdos sobre manutenciones suscritos por las partes<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Cuando ocurre el primero de los posibles resultados de la audiencia de conciliaci\u00f3n: <\/span>que las partes lleguen a un acuerdo<\/span><\/i>, con cierta frecuencia la parte m\u00e1s interesada (que suele ser la madre) acude ante el juez de paz, a fin de homologar dicho acuerdo suscrito ante el fiscalizador. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Lo que se estilaba en principio era peticionar estas homologaciones en audiencia oral, p\u00fablica y contradictoria. Sin embargo, en los \u00faltimos tiempos se ha preferido la materia graciosa para someter este tipo de pretensi\u00f3n. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Cuando se fija audiencia para peticionar la homologaci\u00f3n del consabido acuerdo, es importante tener en cuenta que el juez de paz act\u00faa en ejercicio de sus atribuciones civiles, en materia de alimentos, conforme al art\u00edculo 211.o de la Ley No. 136-03, as\u00ed como en virtud de la Resoluci\u00f3n No. 1471-2005<\/span>[11]<\/span><\/span><\/a>. Con lo cual, no es posible que en estas atribuciones puramente civiles se impongan los dos a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso que prev\u00e9 la ley para constre\u00f1ir al cumplimiento de la obligaci\u00f3n de alimentos, ya que la referida pena solamente puede ser impuesta en atribuciones penales: <\/span>constituye una mala pr\u00e1ctica, en una solicitud de simple homologaci\u00f3n, solicitar tambi\u00e9n la imposici\u00f3n de dos a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso, dizque \u201cpor si acaso\u201d. Ese petitorio desborda las competencias del juez de paz que ha sido apoderado en atribuciones civiles para, pura y simplemente, homologar un acuerdo.<\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

Por otro lado, cuando el tr\u00e1mite se agota por la v\u00eda graciosa, que es lo m\u00e1s propio, atendiendo a la naturaleza de una homologaci\u00f3n pura y simple, la solicitud se formula mediante instancia dirigida al juez de paz que deba conocer del fondo de la demanda, en caso de no mediar acuerdo; a fin de que \u00e9ste -desde su despacho- conozca graciosamente del asunto. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Sobre la homologaci\u00f3n, ha sido juzgado que: \u201cLas decisiones que se limitan a impartir su aprobaci\u00f3n a ciertos actos para atribuirles solamente fuerza ejecutoria, constituye un homologaci\u00f3n\u201c<\/span>[12]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

A partir del referido concepto jurisprudencial sobre la homologaci\u00f3n, se le atribuye a este tr\u00e1mite la ventaja de que permite al accionante contar con un t\u00edtulo ejecutorio, a fin de trabar el embargo de que habla el art\u00edculo 186 del c\u00f3digo aplicable, sin necesidad de que sea dictada una sentencia de fondo imponiendo el pago de la manutenci\u00f3n<\/span>[13]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En el estado actual de nuestro ordenamiento jur\u00eddico, no existe un procedimiento, legalmente reglado, para conocer sobre las homologaciones de documentos suscritos entre particulares<\/span>[14]<\/span><\/span><\/a>.<\/span>\u00a0 <\/span>Sin embargo, la tendencia de nuestro derecho procesal civil es interpretar que: \u201cLa demanda en homologaci\u00f3n ser\u00e1 introducida, instruida y decidida por la Corte de apelaci\u00f3n competente, conforme al procedimiento establecido para la materia graciosa y s\u00f3lo ser\u00e1 susceptible de recurso de retractaci\u00f3n por ante la misma jurisdicci\u00f3n\u201d [Sic]<\/span>[15]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Por la naturaleza de la solicitud de homologaci\u00f3n, en caso de pretender cuestionarse un auto gracioso que rechace la solicitud, por la raz\u00f3n que sea, la v\u00eda procesal m\u00e1s aceptada es la acci\u00f3n principal en nulidad; sin menosprecio de la postura minoritaria que admite la apelaci\u00f3n contra decisiones graciosas, sobre la base \u2013simplista- de que la ley expresamente no lo proh\u00edbe, y de que el derecho a recurrir constituye una prerrogativa de rango constitucional<\/span>[16]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En otro orden de ideas, nos parece de inter\u00e9s destacar que es incorrecta la pr\u00e1ctica de algunos juzgados de paz de no valorar para fines de fijar la deuda atrasada por incumplimiento del suministro de alimentos, lo consignado en los acuerdos suscritos entre las partes ante el fiscalizador, sino a partir del momento en que sean homologados por el juez de paz dichos documentos. Al respecto, se impone aclarar que \u2013tal cual se ha expuesto- cuando un tribunal homologa un documento lo que hace es darle fuerza ejecutoria al mismo, convirti\u00e9ndolo en un t\u00edtulo ejecutorio. Pero eso no quiere decir que, sin que sea propiamente ejecutorio por s\u00ed, el acto sin homologaci\u00f3n sirva de punto de partida para calcular la deuda atrasada durante el juicio de fondo: <\/span>para los fines del c\u00e1lculo de la deuda acumulada, la fecha del acuerdo sin homologaci\u00f3n suscrito ante el Ministerio P\u00fablico es un referente v\u00e1lido.<\/span>\u00a0 <\/span><\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

No es cierto que sea un imperativo la homologaci\u00f3n de los acuerdos; eso es una distorsi\u00f3n. Justamente la fase alternativa de conciliaci\u00f3n ante el Fiscalizador persigue evitar el tr\u00e1mite del asunto en sede judicial: <\/span>para qu\u00e9 acordar algo ante el Ministerio P\u00fablico, si de todos modos tendr\u00eda obligatoriamente que ir al juzgado de paz a homologar eso; de ser as\u00ed, lo conveniente ser\u00eda obviar la conciliaci\u00f3n y acudir directamente al tribunal a discutir el monto de la pensi\u00f3n y, de paso, peticionar la pena en suspenso aplicable en la materia, para prevenir alguna consecuencia coercitiva en caso de incumplimiento injustificado. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

Lo correcto es que a la luz del estado actual de nuestro derecho, en materia de alimentos los acuerdos suscritos ante los Fiscalizadores constituyen una referencia del monto de las manutenciones consensuadas extrajudicialmente por las partes, as\u00ed como del momento a partir de cuando la persona obligada ha dejado de cumplir. As\u00ed, cuando el juez de paz decida sobre las modalidades de pago de la manutenci\u00f3n, al revisar la deuda atrasada, perfectamente puede \u2013y debe- tomar en consideraci\u00f3n lo dejado de cumplir desde la fecha en que se suscribi\u00f3 el consabido acuerdo ante el despacho del Fiscalizador. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Finalmente, comentar que las m\u00e1ximas de experiencia nos indican que este tipo de solicitudes mayormente las canalizan gente que no conf\u00edan en que la persona obligada cumpla religiosamente con lo acordado; y es que la l\u00f3gica indica que cuando se tiene fe y convicci\u00f3n del cumplimiento voluntario de lo consensuado ante el Fiscalizador, es muy improbable que nazca un inter\u00e9s en acudir ante un tribunal a invertir tiempo y dinero, cuando en definitiva su reclamo ha sido \u2013en principio- satisfecho mediante una v\u00eda alternativa de resoluci\u00f3n de disputa: <\/span>la conciliaci\u00f3n. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3.10.3 Cuando no se produce un acuerdo entre las partes: <\/span>apoderamiento al tribunal<\/span><\/i><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Cuando no ha existido acuerdo entre las partes durante la fase de conciliaci\u00f3n, sea porque una de ellas no compareci\u00f3 a la citaci\u00f3n formulada a tales fines, sea porque habiendo ambas comparecido no se acord\u00f3 nada, o sea porque se haya llegado a un acuerdo, pero posteriormente el mismo sea incumplido, proceder\u00e1 el apoderamiento al tribunal para conocer contenciosamente sobre el asunto. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

El apoderamiento al tribunal podr\u00e1 realizarlo toda persona interesada, con calidad para ello <\/span>(Art. 176 C\u00f3d. NNA)<\/span><\/i>. La pr\u00e1ctica es que sea el Ministerio P\u00fablico (Fiscalizador) quien realice dicho tr\u00e1mite, a requerimiento del (la) Querellante.<\/span>\u00a0\u00a0 <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Sobre el apoderamiento al tribunal, la usanza es que el Fiscalizador remite el expediente con el Acta de<\/span>\u00a0 <\/span>No Acuerdo entre las Partes, el Acta de Apoderamiento al tribunal y toda la documentaci\u00f3n que sustenta la acci\u00f3n, que por norma general son: 1) Carta de Ingresos del imputado, emitida por la instituci\u00f3n donde \u00e9ste presta sus servicios; 2) Listado (Normalmente manuscrito) redactado por la demandante, sobre los gastos en que incurre mensualmente para la manutenci\u00f3n del o los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes de que se trate; 3) Actas de nacimiento, las cuales prueban el v\u00ednculo entre el imputado y sus hijos, y permiten establecer en derecho la obligaci\u00f3n de alimentos en el caso en concreto<\/span>[17]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Una vez apoderado el tribunal, el juez fija mediante auto la audiencia correspondiente, dentro del plazo de ley (no m\u00e1s de diez d\u00edas, a partir del apoderamiento). En la cotidianidad, las personas que se querellan diligencian la citaci\u00f3n al imputado, incurriendo \u2013incluso- en gastos por este concepto, pues deben pagar a los alguaciles dichas citaciones, lo cual choca con el principio de gratuidad de la justicia; m\u00e1xime en esta materia de familia, en la que atendiendo al principio X que rige la Ley No. 136-03, aplicable a la materia, todas la diligencias ser\u00e1n libre de costos. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En la fecha de la audiencia, el juez deber\u00e1 dirigir la causa conforme al procedimiento especial que instituye la Ley No. 136-04, modificada por la Ley No. 52-07, para la materia de Alimentos; esto as\u00ed, atendiendo al art\u00edculo 176, p\u00e1rrafo, de la citada ley. \u00bfQu\u00e9 implica esto? Que algunas particularidades del procedimiento penal com\u00fan carecen de aplicaci\u00f3n en este procedimiento especial; como veremos a continuaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3.10.4 La audiencia <\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Se trata de una audiencia donde prima la informalidad y el car\u00e1cter expedito del proceso<\/span>[18]<\/span><\/span><\/a>. El juez de paz debe jugar un papel sumamente activo, en el sentido de crear las condiciones para cristalizar un eventual advenimiento entre las partes; de tomar iniciativas para la producci\u00f3n de pruebas cuando las circunstancias lo ameriten; de llevar a cabo los interrogatorios a las partes, etc. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

El juzgado de paz est\u00e1 debidamente constituido para conocer sobre estas demandas en justicia, con la presencia, adem\u00e1s del juez de paz, del fiscalizador, de la secretaria y del alguacil. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Los pasos de la audiencia deben cumplirse siguiendo la secuencia instituida en el Art\u00edculo 183 de la Ley No. 136-03 que instituye el C\u00f3digo para el Sistema de Protecci\u00f3n y los Derechos Fundamentales de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes, a saber: <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1) El Juez Ordena al Alguacil que llame la causa correspondiente;<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>2) Luego de tomar las calidades a los Abogados representantes de las partes, si hubieren; al Ministerio P\u00fablico y las generales de las partes comparecientes, procede dar la palabra al Fiscalizador para que d\u00e9 formal lectura al apoderamiento del caso al tribunal, ya que \u00e9ste \u2013igual que en materia penal ordinaria- es el \u00f3rgano acusador del Estado, y es \u2013por dem\u00e1s- quien por norma general apodera al juzgado de paz, a requerimiento del querellante<\/span>[19]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

3) El Juez dispone la lectura, por secretar\u00eda, de la documentaci\u00f3n anexa al expediente; y en caso de que en audiencia alguna de las partes aporte otro nuevo documento, \u00e9ste debe mostrarse a las dem\u00e1s tan pronto sea producido y, acto seguido, anexarse al expediente; toda vez que se trata de un proceso especial, expedito y sencillo, donde prima el <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i>, y no rigen los rigores del proceso<\/span>\u00a0 <\/span>penal com\u00fan, respecto de la aportaci\u00f3n de pruebas. Todo ello, en observaci\u00f3n directa del principio VI de la Ley No. 136-03, por efecto del cual en caso de alg\u00fan choque entre el <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i> y otro derecho consagrado, el primero deber\u00e1 prevalecer en todo caso. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

4) Confiere el turno al Querellante para que de forma sucinta exponga al tribunal cu\u00e1nto pretende que se imponga como manutenci\u00f3n; <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

5) Permite que el imputado argumente (Exposici\u00f3n sobre los gastos en que \u00e9l incurre mensualmente; su situaci\u00f3n moment\u00e1nea, si no est\u00e1 trabajando; cu\u00e1nto est\u00e1 en disposici\u00f3n de abonar por concepto de manutenci\u00f3n; etc.) y, finalmente; <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

6) Otorga la palabra al Fiscalizador para que concluya al fondo.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3.10.5 Interrogatorio a las partes<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Resulta de inter\u00e9s comentar \u2013como hemos ya adelantado- que conforme al art\u00edculo 183 de la Ley No. 136-03, en la audiencia que se efect\u00faa en este procedimiento penal especial, en materia de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes, el juez tiene un papel activo en cuanto al interrogatorio que se lleva a cabo a las partes, ya que dicho texto legal expresamente dispone que es el juez quien formular\u00e1 las preguntas en la audiencia. Esto as\u00ed, a diferencia de lo que ocurre en materia procesal penal ordinaria, donde conforme al art\u00edculo 326 del C\u00f3digo Procesal Penal, los jueces se limitar\u00e1n a preguntar s\u00f3lo respecto de aquello que no quede esclarecido mediante las preguntas que al efecto formulen las partes. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Lo anteriormente expuesto, sin menosprecio de que se confiera la palabra al Ministerio P\u00fablico y a los letrados que postulen en el tribunal, si hubieren, para que realicen las preguntas que entiendan pertinente, pero es recomendable que el juez previo a ello, advierta a las partes que en esta materia especial el interrogatorio a las partes est\u00e1 esencialmente conferido al juez que preside la audiencia. Esto as\u00ed, para evitar dilaciones innecesarias en este procedimiento, que fundamentalmente es expedito y sencillo. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3.10.6 \u00bfAplica la rebeld\u00eda prevista en el Art\u00edculo 100 del C\u00f3digo Procesal Penal, al procedimiento especial para las pensiones alimentarias?<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

No, en esta materia especial lo que es imprescindible es que la persona obligada a suministrar alimentos est\u00e9 debidamente convocada. Esto as\u00ed, ya que \u2013 como se ha venido aclarando- las demandas en pago de pensi\u00f3n se canalizan mediante un procedimiento donde el garantismo debe estar enfocado esencialmente a la tutela judicial y efectiva del <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o. <\/span><\/i>En este caso, dicho inter\u00e9s superior se traduce en la prerrogativa que asiste a toda persona menor de edad, de recibir por parte de los que est\u00e9n a su cargo, los cuidados m\u00ednimos que le permitan desarrollarse satisfactoriamente, a fin de ser en el ma\u00f1ana una persona de bien.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, en esta materia el juez de paz debe ser sumamente cuidadoso en observar que la persona imputada haya sido debidamente citada, conforme lo prev\u00e9 el debido proceso consagrado en el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n proclamada el 26 de enero de 2010: <\/span>la citaci\u00f3n es v\u00e1lida mediante cualquiera de las formas de citaci\u00f3n previstas por nuestras leyes y resoluciones aplicables a la materia procesal penal. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Legalmente es admitido que cuando se trata de procesos de Alimentos, el juez puede avocarse al conocimiento del fondo, aun cuando el imputado no comparezca, siempre que el mismo haya sido debidamente citado; esto as\u00ed, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 194 de la ley que rige la materia. Al respecto, lo correcto es consignar en la decisi\u00f3n que la misma se reputa contradictoria, y no declarar el \u201cdefecto\u201d, ya que como es sabido, dicha figura fue abrogada por la normativa procesal vigente, aplicable a la materia, en caso de conocerse el fondo del asunto en ausencia de alguna de las partes. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Sobre este punto, existe el criterio, afortunadamente minoritario, que sostiene la procedencia de la rebeld\u00eda en esta materia penal especial, en caso de incomparecencia del imputado, como si se tratara de la materia procesal penal ordinaria. Evidentemente, esta postura sol\u00eda ser promovida por personas preparadas en materia procesal penal ordinaria. Intentaban -vanamente- razonar en esta materia especial de la misma manera que corresponde en los procesos penales ordinarios donde, sin dudas, \u201cno hay juicio sin imputado\u201d: <\/span>pero olvidaban esas personas, asumimos que bien intencionadas, que de lo que se trata este asunto es de cuidar celos\u00edsimamente el Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o, el que \u2013siempre- en materia de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes prevalece ante cualquier otra prerrogativa prevista a favor de una persona mayor de edad. As\u00ed pues, la tutela judicial efectiva en estos casos queda cubierta por el juez, con la rigurosa comprobaci\u00f3n de la regularidad de la citaci\u00f3n a la parte obligada, incompareciente. <\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La repercusi\u00f3n en t\u00e9rminos de tiempo, de no decidir cuando corresponde sobre la manutenci\u00f3n, seg\u00fan lo previsto por el art\u00edculo 194 del c\u00f3digo aplicable, es fulminante para el <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o, <\/span><\/i>a saber: si se decreta la rebeld\u00eda, no procede fijar fecha cierta de audiencia, pues no es del conocimiento del tribunal cu\u00e1ndo se producir\u00e1 el arresto y conducencia del imputado; con lo cual, habr\u00eda que sobreseer sin imponer pensi\u00f3n alguna, hasta tanto sea aprehendido el imputado, o \u00e9ste se entregue. As\u00ed las cosas, cuando cese la rebeld\u00eda, habr\u00eda que iniciar el juicio para imponer una pensi\u00f3n y, posteriormente, esperar que transcurra al menos el tiempo consignado en la sentencia para efectuar el pago de manutenci\u00f3n <\/span>(que por lo general es cada mes, a partir de la fecha del apoderamiento al tribunal de la acci\u00f3n)<\/span><\/i> para entonces estar v\u00e1lidamente en condiciones de establecer en derecho un incumplimiento y, consecuentemente,<\/span>\u00a0 <\/span>poder constre\u00f1ir al cumplimiento de la obligaci\u00f3n de alimentos mediante la amenaza de ejecutar la condena de dos a\u00f1os de prisi\u00f3n suspensiva, quedando -entretanto-<\/span>\u00a0 <\/span>el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente desprotegido. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En cambio, si se aplica correctamente<\/span>\u00a0 <\/span>la ley y desde el principio se reputa contradictoria la decisi\u00f3n ante la incomparecencia del imputado que ha sido regular y v\u00e1lidamente citado, en observancia del citado art\u00edculo 194 y, sobre todo, del principio V del C\u00f3digo, sobre el <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i>, se ganar\u00eda tiempo y se podr\u00eda imponer la manutenci\u00f3n desde la fecha del juicio (indicada en la citaci\u00f3n regularmente hecha al imputado) y constre\u00f1ir eficazmente al cumplimiento de la obligaci\u00f3n de alimentos mediante la pena de dos a\u00f1os suspensivos de referencia; y as\u00ed desde la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n, la misma cobra efecto, tutelando de esa manera, m\u00e1s efectivamente el referido <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i> que, en definitiva, es el objetivo primordial de este proceso.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3.10.7 Incomparecencia de la parte querellante al juicio, cuando s\u00ed comparece la parte querellada<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Si es la parte querellante la que no comparece el d\u00eda de la audiencia, por prudencia procesal, pudiera suspenderse la misma, a fin de darle oportunidad de que se presente en una pr\u00f3xima. En caso de que de todos modos no compareciere esta parte promotora de la acci\u00f3n, habiendo sido reiteradamente citada, en la pr\u00e1ctica se han dado tres posibles soluciones, a saber:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Aplicar supletoriamente el art\u00edculo 271 del C\u00f3digo Procesal Penal Dominicano, sobre el desistimiento de la acci\u00f3n penal, con los efectos jur\u00eddicos que ello conlleva, ya que la materia de alimentos se rige accesoriamente por este c\u00f3digo, porque implica sanciones penales consistentes en dos a\u00f1os de prisi\u00f3n suspensivos; cerrando de tal manera el caso.<\/span><\/li>\n
  2. Cerrar el expediente (archivarlo) y en caso de que se incoe de nuevo la demanda, abrir otro expediente, sobre el mismo caso: con las misas partes y el mismo objeto de la demanda. Lo cual \u2013 a nuestro modo de ver las cosas- choca cardinalmente con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jur\u00eddico vigente en materia penal y, en ese orden, es la<\/span>\u00a0 <\/span>salida que cuenta con menos sustentaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/span>\n

    \u00a0<\/span><\/li>\n

  3. Decidir el caso aunque no est\u00e9 presente el querellante. Esto as\u00ed, en virtud del precitado art\u00edculo 194 de la Ley No. 136, que instituye el C\u00f3digo Para el Sistema de Protecci\u00f3n y los Derechos Fundamentales de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes, por efecto del cual, el juez v\u00e1lidamente puede avocarse al fondo de la acci\u00f3n en esta materia penal especial, con la presencia de las partes que comparezcan, lo cual es extensivo a la parte querellante, aun siendo \u00e9sta la promotora de la acci\u00f3n. De esta manera se evita dejar el caso abierto indefinidamente, as\u00ed como eventuales chantajes de personas desaprensivas que se querellen, utilizando este procedimiento de ley, en vez de para tutelar el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, para tomar represalias contra quien fuera su pareja en alg\u00fan momento, pretendiendo impulsar y descontinuar la acci\u00f3n en pensi\u00f3n alimentaria ante los tribunales de la Rep\u00fablica, descomedidamente.<\/span>\u00a0 <\/span>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    De las tres posibilidades resumidas precedentemente, estimamos que la \u00faltima es la m\u00e1s factible para tutelar efectivamente el <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i>, habida cuenta de que aquella que a simple vista m\u00e1s l\u00f3gica procesal pudiera tener, relativa a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 271 del CPP, tiene la secuela de que pudiera cerrar la posibilidad legal a toda persona con calidad para querellare en esta materia, de exigir el suministro de alimentos, cuando esta obligaci\u00f3n persiste<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u2013vigente- hasta que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente cumpla la mayor\u00eda de edad.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Mientras que, por otro lado, aplicando el citado art\u00edculo 194, conforme a la \u00faltima postura, y fallar el juez de paz apoderado de la demanda con las partes que comparezcan, previa verificaci\u00f3n de que est\u00e9n todas debidamente citadas, permite proteger el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y cerrar el caso, y ello no impedir\u00eda que en el supuesto de que la o el querellante no estuviere de acuerdo con la pensi\u00f3n que se impusiere en su ausencia, pudiera perseguir la modificaci\u00f3n de la misma, mediante una Demanda en Aumento del Monto de la Manutenci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    1.3.10.8 Negativa de paternidad, por parte del imputado, respecto del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, en beneficio de quien incoe la acci\u00f3n<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Puede ocurrir<\/span>\u00a0 <\/span>el caso de que durante las audiencias, la persona querellada niegue la paternidad del beneficiario de la acci\u00f3n. En ese caso, el juez deber\u00e1 suspender el conocimiento del proceso, a los fines de que, conforme al art\u00edculo 179 de la Ley No. 136-03, sean efectuadas las pruebas de laboratorio correspondientes; las cuales, en este caso, deber\u00e1n correr por cuenta del imputado. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Sobre las pruebas de ADN, ha sido juzgado que: \u201cCuando la prueba de ADN expresa un grado de certeza racional m\u00ednima de 99.73%, este porcentaje corresponde a una paternidad pr\u00e1cticamente probada y le confiere a la prueba un car\u00e1cter aut\u00f3nomo y absoluto\u201d [Sic]<\/span>[20]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Entretanto se lleven a cabo esos estudios de laboratorio, lo propio es que el juez de paz fije una manutenci\u00f3n provisional, a fin de evitar dejar desprotegido al ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, aunque sea por un monto menor del que finalmente se imponga cuando se obtengan los resultados.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En caso de que finalmente los referidos ex\u00e1menes revelen que la persona beneficiaria de la medida no es hijo del querellado, \u00e9ste tendr\u00eda una acci\u00f3n en repetici\u00f3n contra la querellante que le atribuy\u00f3 una paternidad falsa, por concepto de las manutenciones provisionales que tuvo que pagar sin estar obligado legalmente para ello: <\/span>no conocemos en la pr\u00e1ctica ninguna demanda en este sentido.<\/span><\/i><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Es importante precisar que el citado art\u00edculo 179, por efecto del cual procede en esta materia de alimentos diligenciar las correspondientes pruebas de paternidad, dispone de forma taxativa que este estudio m\u00e9dico s\u00f3lo ser\u00e1 valorado para los fines previstos en dicha ley; es decir, que su peso probatorio ser\u00e1 \u00fanicamente para precisar la existencia o no de la obligaci\u00f3n de suministrar alimentos a cargo del imputado que solicite la medida, de donde se desprender\u00e1 la procedencia o no de la demanda en manutenci\u00f3n de que se trate. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    As\u00ed las cosas, cualquier otra cuesti\u00f3n de derecho que se pretenda reclamar en justicia, derivada de la negaci\u00f3n de paternidad que al efecto ocurra, deber\u00e1 someterse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

    1.3.10.9 Pedimentos improcedentes en materia de alimentos<\/strong><\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

    En ocasiones sucede que las partes solicitan cuestiones que escapan al objeto de la materia de Alimentos, producto de que por norma general \u00e9stas comparecen al tribunal sin la asistencia de un abogado, ya que dicho ministerio no es obligatorio en este procedimiento especial<\/span>[21]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    La solicitud ajena al objeto de la materia m\u00e1s recurrente es la atinente a la guarda: \u201cQue me d\u00e9 la guarda de los muchachos, que yo los cuido\u201d. Evidentemente, en este caso el juez deber\u00e1 explicar que dichas pretensiones son improcedentes, ya que las mismas deber\u00e1n tramitarse conforme al procedimiento previsto para esa materia, ante la Sala Civil del Tribunal de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes correspondiente, o el estamento que funja como tal, en las localidades donde no funcionen tribunales de NNA, o donde dicho tribunal no est\u00e9 dividido en salas. Esto as\u00ed, ya que por efecto de la Ley No. 52-07, la competencia conferida a los juzgados de paz ordinarios es s\u00f3lo respecto de las pensiones alimentarias.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Importante es comentar que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 90, p\u00e1rrafo, de la Ley No. 136, el mismo tribunal que conoce de la guarda puede decidir sobre las pretensiones de alimentos formuladas al efecto, pero hay quienes entienden que ello era as\u00ed cuando estas \u00faltimas demandas eran competencia de dicha jurisdicci\u00f3n especializada en NNA, pero que este mandato legal perdi\u00f3 vigencia con la entrada en vigor de la Ley No. 52-07, ya que de forma expresa esta ley confiere tales atribuciones al juzgado de paz ordinario, como tribunal de excepci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En todo caso, de admitirse que \u2013por econom\u00eda procesal- la sala civil de NNA, luego de la entrada en vigencia de la citada Ley No. 52-07, pudiera decidir v\u00e1lidamente sobre las pretensiones de alimentos, debiera ser s\u00f3lo cuando las mismas se interpongan de forma accesoria a una acci\u00f3n principal en guarda, ante dicha instancia de NNA.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En el Distrito Nacional, la usanza sobre este particular ha sido que la sala civil del tribunal de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes apoderada de una acci\u00f3n principal en guarda, decide sobre la manutenci\u00f3n s\u00f3lo si las partes han consensuado al respecto, en cuyo caso homologa dicho convenio; pero en el supuesto de que las partes no acordaren un monto para la manutenci\u00f3n, la pr\u00e1ctica ha sido declinar estas pretensiones ante el juzgado de paz ordinario correspondiente, ya que como sala de lo civil el tribunal<\/span>\u00a0 <\/span>no es competente para dictar penas privativas de libertad (dos a\u00f1os de prisi\u00f3n correccional en suspenso), a fines de constre\u00f1ir al cumplimiento de la decisi\u00f3n.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

    1.3.10.10 \u00bfEst\u00e1 el juez de paz obligado a dictar sentencia en la misma audiencia, una vez cerrados los debates?<\/strong><\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

    No. Una vez instruido el caso, el juez procede a dictar sentencia en la misma audiencia, si fuere posible, o fijar\u00e1 una fecha dentro de los seis d\u00edas siguientes para esos fines.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span>Debido a la cantidad de trabajo en algunos juzgados de paz, la usanza ha sido pronunciar el dispositivo de la sentencia <\/span>in voce<\/span><\/i> en audiencia y fijar<\/span>\u00a0 <\/span>\u2013dentro de los precitados seis d\u00edas-<\/span>\u00a0 <\/span>la lectura \u00edntegra del fallo. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Para la decisi\u00f3n, el juez deber\u00e1 valorar en sana cr\u00edtica la documentaci\u00f3n aportada, a fin de edificarse, primero, sobre la procedencia de la acci\u00f3n y, segundo, sobre el monto de la misma, en caso de que procediere.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En el cuerpo de la decisi\u00f3n, el juez de paz debe seguir los miramientos propios del contenido de las sentencias, conforme al art\u00edculo 313 del C\u00f3digo para el Sistema de Protecci\u00f3n y los Derechos Fundamentales de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes y, en ese orden, debe fijar hechos a los cuales habr\u00e1 de aplicar el derecho, ya que \u2013como veremos m\u00e1s adelante- dicha decisi\u00f3n en alzada es estudiada a partir de los hechos acreditados judicialmente en primer grado por el juez de paz. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    De conformidad con el art\u00edculo 194 de la Ley No. 52-07, que modific\u00f3 la Ley No. 136-03, esta sentencia no ser\u00e1 susceptible de ser recurrida en oposici\u00f3n, s\u00f3lo en apelaci\u00f3n, como estudiaremos m\u00e1s adelante, en el apartado propio del recurso de apelaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

    1.3.10.11 Aspectos a valorar por el juez de paz para fines de estatuir sobre la procedencia de la demanda<\/span><\/strong><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Sobre la procedencia de la demanda, el juez debe verificar mediante la documentaci\u00f3n aportada en cada caso, lo que sigue: <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    1) Que la persona en beneficio de quien se ha lanzado la acci\u00f3n, es menor de dieciocho a\u00f1os al momento de impulsarse el proceso; respecto de lo cual existe una presunci\u00f3n <\/span>Iuris tantum<\/span><\/i>, que se destruye mediante la correspondiente acta de nacimiento o, en su defecto, a trav\u00e9s de los estudios de laboratorio de lugar. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    2) Que la persona imputada es el padre, la madre o responsable legal del beneficiario de la acci\u00f3n, lo cual se establece esencialmente mediante el acta de nacimiento correspondiente, o por la simple aceptaci\u00f3n de paternidad del imputado; o en caso de denegaci\u00f3n de paternidad, por las pruebas de laboratorio correspondientes. Existe una presunci\u00f3n <\/span>Iuris tantum<\/span><\/i>, respecto de las criaturas nacidas durante el matrimonio.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    3) Que dicho imputado haya incumplido con su obligaci\u00f3n de suministrar Alimentos, lo cual se verifica mediante el acta de no acuerdo suscrita ante el Fiscalizador; el hecho de que el imputado no aporte al proceso copias de recibos de pago por dicho concepto, debidamente firmados por la querellante; sentencia de homologaci\u00f3n de acuerdo que se haya dictado respecto del caso, previo al apoderamiento al tribunal; a partir de la cual se pudieran derivar incumplimientos en relaci\u00f3n a lo ordenado por la misma, etc.; <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    4) Que la persona que lance la demanda tenga calidad para hacerlo, conforme al art\u00edculo 172 de la citada ley; condici\u00f3n que se determina fundamentalmente por la declaraci\u00f3n de nacimiento que se realice al efecto, la cual indica qui\u00e9nes son los progenitores del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en beneficio del cual se accione en justicia; o en caso de pensiones por embarazo, mediante el estudio de laboratorio correspondiente. Y si quien incoa la acci\u00f3n es la persona que detenta la guarda del beneficiario de la acci\u00f3n, deben aportarse los medios (orales o escritos) a fin de acreditar judicialmente dicha situaci\u00f3n.<\/span>\u00a0\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

    1.3.10.12 Papel activo del juez en la recaudaci\u00f3n de pruebas<\/span><\/strong><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 178 de la Ley No. 136-03, que rige la materia, el juez de paz tiene un papel activo en cuanto a la recaudaci\u00f3n de pruebas se refiere.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En virtud del citado art\u00edculo 178, el juez o el Ministerio P\u00fablico pueden solicitar a las partes que aporten la documentaci\u00f3n pertinente, a fin de acreditar judicialmente los ingresos que perciben, para ser valorados dentro del esquema correspondiente en esta materia de pensiones. Pudiendo el juez de paz, incluso, ordenar la realizaci\u00f3n de trabajos socioecon\u00f3micos al imputado, cuando existan argumentos a contrario sobre su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, y de los medios aportados dicho juez no se sienta edificado sobre el particular, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 175, p\u00e1rrafo, del C\u00f3digo aplicable. Si bien este art\u00edculo 175 est\u00e1 previsto dentro de la fase conciliatoria del proceso, tambi\u00e9n es verdad que en atenci\u00f3n al principio del <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i>, se ha admitido que v\u00e1lidamente puede aplicarse extensivamente en el juicio. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

    1.3.10.13 Aspectos a considerar por el juez de paz para decidir sobre el importe de la manutenci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong>Una vez comprobada la procedencia de la acci\u00f3n, ha lugar al estudio del monto de la manutenci\u00f3n a imponer en cada caso en concreto, para lo cual deber\u00e1 valorarse conforme a criterio jurisprudencial fijado al respecto y al art\u00edculo 178 de la ley que rige esta materia, las siguientes cuestiones, a saber:<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span>1) Los ingresos y los compromisos primarios de la persona obligada;<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span>2) Las necesidades reales del Ni\u00f1o, Ni\u00f1a o Adolescente de que se trate;<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span>3) Los ingresos de la persona demandante, quien <\/span>\u00a0<\/span>-en principio-<\/span>\u00a0 <\/span>debe colaborar con la manutenci\u00f3n con un 50%. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Cuando el juez decide sobre la cuant\u00eda de la manutenci\u00f3n, debe especificar el momento a partir de cuando ser\u00e1 efectiva la decisi\u00f3n. En este sentido, la usanza es que se consigne que la efectividad de la sentencia ser\u00e1 a partir del apoderamiento al tribunal de la acci\u00f3n; sin embargo, en los casos en que se trata de un incumplimiento de un acuerdo suscrito por las partes, procede valorar la factibilidad de hacer efectivo los pagos correspondientes de forma retroactiva, a partir de la fecha de dicho acuerdo que se haya incumplido, siendo perfectamente posible establecer modalidades de pago, precisando montos distintos respecto de la deuda atrasada y los pagos<\/span>\u00a0 <\/span>a partir de la fecha de la sentencia. Por lo general el Fiscalizador formula los pedimentos al respecto.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En el ejercicio del papel activo del juez, estudiado en el apartado anterior, si de la documentaci\u00f3n aportada el juez no puede edificarse sobre el monto de la manutenci\u00f3n, \u00e9ste puede \u2013de oficio, si nadie lo solicitare-<\/span>\u00a0 <\/span>suspender la audiencia, a fin de que se aporte la documentaci\u00f3n pertinente. Verbigracia: Si no consta en el expediente un certificado de ingresos del imputado, esencialmente cuando \u00e9ste dice en el juicio que no est\u00e1 trabajando, y la parte querellante lo contradice, o manifiesta que el mismo tiene otras fuentes de ingresos. En estos casos, v\u00e1lidamente el juez pudiera ordenar (como expusimos precedentemente) la realizaci\u00f3n de los trabajos socioecon\u00f3micos correspondientes, a cargo de un Trabajador Social del Consejo Nacional de la Ni\u00f1ez y Adolescencia (CONANI), a fin de estar en condiciones de estatuir con justeza, por citar un supuesto. Y para evitar dejar desprotegido al ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, proceder\u00eda en estos casos disponer una pensi\u00f3n provisional, conforme al art\u00edculo 181 de la ley que rige la materia, por si la realizaci\u00f3n de dichos trabajos se prolonga m\u00e1s all\u00e1 del mes, o cual que sea el plazo dispuesto en la sentencia para fines de efectuar el pago de dicha manutenci\u00f3n provisional.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En todo caso, cuando no exista documentaci\u00f3n que determine los ingresos precisos del imputado, el juez debe remitirse a la presunci\u00f3n legal instituida en el art\u00edculo 189 de la Ley No. 136-03, consistente en asumir que el imputado devenga por lo menos el salario m\u00ednimo oficial<\/span>[22]<\/span><\/span><\/a>. Esto as\u00ed, sin menosprecio de que se pueda derivar, conforme al precitado art\u00edculo, la posici\u00f3n social del imputado mediante el estudio racional de par\u00e1metros gen\u00e9ricos, como el hecho de que<\/span>\u00a0 <\/span>\u00e9ste posea bienes muebles de considerable valor; la forma de vestirse; los accesorios y prendas que exhiba, etc. Pero como es natural, en la pr\u00e1ctica estos par\u00e1metros para determinar la condici\u00f3n social del (la) imputado (a) no son de f\u00e1cil apreciaci\u00f3n, pues las personas imputadas en esta materia suelen comparecer al tribunal con una apariencia m\u00e1s modesta que la que realmente tienen; por razones evidentes de conveniencia, para fines de justificar una manutenci\u00f3n no muy elevada.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En lo que tiene que ver con la aplicaci\u00f3n del principio de \u201cJusticia Rogada\u201d<\/span>[23]<\/span><\/span><\/a> que rige en el proceso penal ordinario, del cual deriva el procedimiento penal especial en Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes, conforme al cual deben conocerse las demandas en pensiones alimentarias, entendemos pertinente hacer los siguientes comentarios:<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En materia de Pensiones, donde rige y prima el inter\u00e9s superior de todo ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en cuyo beneficio se lance la acci\u00f3n en reclamo de una manutenci\u00f3n, el juez de paz debe ciertamente estudiar y valorar las argumentaciones y solicitudes de las partes, pero \u00e9ste no estar\u00e1 atado a los pedimentos de las mismas. Si el juez estima que para tutelar eficazmente el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o procede imponer como pensi\u00f3n alimentaria una suma mayor a la solicitada por las partes, o lo contrario (menor a lo que se solicite), considerando en este \u00faltimo caso, la realidad socioecon\u00f3mica de cada parte, partiendo del principio general de derecho, en el sentido de que nadie est\u00e1 obligado a lo imposible, v\u00e1lidamente pudiera hacerlo, con la debida motivaci\u00f3n en la decisi\u00f3n que al efecto dictase. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    La soberan\u00eda del juez de paz en cuanto a la fijaci\u00f3n del monto de la manutenci\u00f3n en cada caso en concreto, se fundamenta esencialmente en los principios V y VI que rigen el C\u00f3digo aplicable a la materia, sobre el Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o y la supremac\u00eda de \u00e9ste frente a cualquier otro derecho consagrado, respectivamente, as\u00ed como en los art\u00edculos 178 y 183 de la ley aplicable, sobre las pruebas y el pronunciamiento de la sentencia, correspondientemente; de donde se deriva que el juez puede hasta requerir por s\u00ed la prueba que estime pertinente en caso de no estar en condiciones de estatuir s\u00f3lo con lo que est\u00e9 anexo al expediente, para en base a ella, debidamente corroborada con las declaraciones de las partes,<\/span>\u00a0 <\/span>decidir soberanamente al respecto, conforme a su buen juicio y m\u00e1xime de experiencia.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En ese orden, un asunto que consideramos de inter\u00e9s comentar, es lo concerniente a aquellos procesos donde el Ministerio P\u00fablico solicita una manutenci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de lo que pide la querellante.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En un razonamiento superficial,<\/span>\u00a0 <\/span>pudiera entenderse que dichas conclusiones del Ministerio P\u00fablico estar\u00edan fuera de orden, ya que la misma querellante ha solicitado una suma determinada para fines de manutenci\u00f3n, y qui\u00e9n mejor que ella para tener conocimiento de las necesidades que debe cubrir a favor del hijo menor de edad beneficiario de la acci\u00f3n, mediante el auxilio de la citada manutenci\u00f3n. Y que en ese orden, el Ministerio P\u00fablico, al solicitar una manutenci\u00f3n m\u00e1s elevada que la requerida por la propia querellante, estar\u00eda excedi\u00e9ndose de sus funciones.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En relaci\u00f3n a este punto, entendemos que dada la casu\u00edstica del derecho, el juez<\/span>\u00a0 <\/span>de paz debe en cada proceso estudiar las declaraciones de las partes, y cotejarlas con la documentaci\u00f3n anexa al expediente. Si de las afirmaciones del imputado se deriva que el mismo tiene facilidad de dar por concepto de manutenci\u00f3n m\u00e1s de lo que solicita la querellante y, por otro lado, el juez advierte mediante la forma de exponer de la querellante, que \u00e9sta es una persona de escasa formaci\u00f3n y, por ignorancia, solicita una suma p\u00edrrica; en ese contexto, o alguno similar, el juez debe estudiar seriamente la posibilidad de acoger las conclusiones del Ministerio P\u00fablico, ya que \u00e9ste en su condici\u00f3n de representaci\u00f3n de la sociedad en general, tiene el deber de cuidar los leg\u00edtimos intereses de quienes la integran, por lo que a la luz de las descritas circunstancias, el Ministerio P\u00fablico (Fiscalizador) no estar\u00eda extralimit\u00e1ndose de sus funciones al momento de pedir al juez de paz una manutenci\u00f3n m\u00e1s elevada que aquella solicitada por la propia querellante.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Por otra parte, tambi\u00e9n ocurre en la pr\u00e1ctica que la querellante, que por lo general es la madre, sea por presi\u00f3n del imputado, o por la causa que fuere, acude ante el tribunal o ante el Fiscalizador, a fin de solicitar que se deje sin efecto la manutenci\u00f3n que se haya impuesto en el caso ocurrente.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En este caso, de lo que se trata es de una solicitud que debe canalizarse mediante una acci\u00f3n principal en justicia, a la luz de los lineamientos aplicables a la materia, previstos en la Ley No. 136-03, en su art\u00edculo 174 y siguientes. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    El juez al decidir sobre el asunto, debe estudiar la situaci\u00f3n, enfocando dicho an\u00e1lisis en el grado de desprotecci\u00f3n que pudiera implicar para el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente de que se trate, una suspensi\u00f3n del suministro de alimentos por parte del imputado, aun cuando esta cesaci\u00f3n en el cumplimiento de la obligaci\u00f3n sea a solicitud de la querellante.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Si el juez luego de analizar el caso, con buen juicio y m\u00e1xime de experiencia, establece que dicha solicitud obedece a presiones o situaciones que no se corresponden con el bienestar del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, debe rechazar tal pedimento, en virtud de la no aplicaci\u00f3n en materia de manutenciones del principio de \u201cJusticia Rogada\u201d, y para evitar inconvenientes en la ejecuci\u00f3n de la sentencia de manutenci\u00f3n que mantendr\u00eda sus efectos, el juez de paz pudiera ordenar que dichos pagos sean efectuados en manos de otra persona distinta a la querellante, a fin de contar con mecanismos fehacientes para determinar el cumplimiento o no de la decisi\u00f3n que impuso la manutenci\u00f3n en la especie, para los consecuentes efectos represivos, en caso de incumplimiento injustificado de la misma. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Recordemos que en esta materia, de lo que se trata es de tutelar de la forma m\u00e1s efectiva posible el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente de que se trate y, en esa tesitura, el juez de paz puede imponer el monto de manutenci\u00f3n que estime m\u00e1s acorde con lo justo y \u00fatil en cada caso, as\u00ed como acoger o no las solicitudes que se realicen al respecto (Aumento, disminuci\u00f3n, cesaci\u00f3n, etc.), con la debida motivaci\u00f3n de su sentencia.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

    1.3.10.14 Demandas en disminuci\u00f3n y de aumento de manutenci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

    Como se ha dicho, la decisi\u00f3n que fija una manutenci\u00f3n en un momento determinado siempre ser\u00e1 susceptible de modificaci\u00f3n, ya que por la naturaleza de la obligaci\u00f3n de alimentos \u2013que persiste mientras la persona sea menor de edad- es posible que las circunstancias que en su momento justificaron un importe determinado, var\u00eden favorable o desfavorablemente respecto de la persona obligada.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Cuando se estime que han cambiado los presupuestos en que fue dictada la sentencia de manutenci\u00f3n primigenia, la solicitud para variar el monto de la misma, sea para aumentarla <\/span>(que es lo m\u00e1s com\u00fan)<\/span><\/i>, para disminuirla, o para peticionar que sea suprimida <\/span>\u2013se ven cosas y casos-<\/span><\/i> , lo que se estila es peticionar la fijaci\u00f3n de audiencia, directamente en la secretar\u00eda del juzgado de paz que dispuso el primer monto; obviando el paso inicial de la conciliaci\u00f3n ante el fiscalizador. Esto as\u00ed, bajo la pr\u00e9dica de que este tipo de demanda, por su naturaleza, no abre una instancia propiamente, sino que constituye una continuaci\u00f3n de la instancia principal que tuvo como desenlace la primera<\/span>\u00a0 <\/span>pensi\u00f3n, cuya variaci\u00f3n con esa segunda demanda est\u00e1 solicitando al efecto: <\/span>el razonamiento es equiparable a la situaci\u00f3n que se presenta en ocasi\u00f3n de las demandas sobre liquidaci\u00f3n de astreintes provisionales, respecto de lo cual se ha interpretado que representa una continuaci\u00f3n de la demanda principal y, por tanto, no es necesario instrumentar un nuevo emplazamiento, sino que basta con una simple notificaci\u00f3n de abogado a abogado para conocer v\u00e1lidamente una audiencia a tales efectos. <\/span><\/i><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Siendo as\u00ed, igual que cuando se impuso por primera vez la manutenci\u00f3n, lo propio \u2013a nuestro juicio- ser\u00eda que el juez de paz en esta vista adopte \u2013al igual que el Fiscalizador- un papel conciliador, a fin de lograr un posible advenimiento entre las partes sobre el nuevo monto de la pensi\u00f3n alimentaria. De no tener \u00e9xito, entonces pasar a decidir sobre el aumento o disminuci\u00f3n del importe de la manutenci\u00f3n, de manera concienzuda; a la luz de la informaci\u00f3n que arroje el expediente, o bien de las medidas que deban adoptarse, a fin de determinar la veracidad o no de la arg\u00fcida variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la persona obligada. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

    1.3.10.15 D\u00e9bito por n\u00f3mina de la manutenci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

    Para garantizar que la persona contra quien se imponga la pensi\u00f3n no evada su responsabilidad, el juez puede disponer que la manutenci\u00f3n impuesta al efecto sea debitada por el patrono o empleador directamente de la n\u00f3mina del imputado, en caso de que \u00e9ste sea un empleado asalariado. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En este caso, la sentencia se notifica al empleador correspondiente, advirtiendo al mismo que de no acatarla, se constituir\u00eda en deudor solidario de la deuda que se produjere por el incumplimiento de la pensi\u00f3n. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En este sentido, se da en la pr\u00e1ctica el caso de que el empleador, ilegalmente, amenaza al imputado con despedirlo en vez de debitar por n\u00f3mina la pensi\u00f3n, lo cual es un atropello y un il\u00edcito, dado que se tratar\u00eda de un despido injustificado, ya que esta situaci\u00f3n no est\u00e1 prevista en el art\u00edculo 88 del C\u00f3digo de Trabajo como una causal que funda el despido, conforme al sistema <\/span>\u201cnumerus clausus\u201d<\/span><\/i> que rige en la legislaci\u00f3n laboral dominicana, por efecto del cual la ley determinar\u00e1 taxativamente las causas que justificar\u00e1n tanto el despido por parte del empleador, como la dimisi\u00f3n por parte del trabajador. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

    1.3.10.16 Impedimento de salida del imputado<\/span><\/strong><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    La ley prev\u00e9 como garant\u00eda para el pago de la obligaci\u00f3n alimentaria, que la persona obligada deber\u00e1 cumplir con ciertas condiciones para ausentarse del pa\u00eds, previstas en el art\u00edculo 182 de la ley aplicable y, entretanto se cubran las mismas, ha lugar al dictado del impedimento de salida previsto en el art\u00edculo 181, p\u00e1rrafo, de la ley aplicable. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Tambi\u00e9n como mecanismos de garant\u00eda al pago de las manutenciones correspondientes, la ley consagra medidas conservatorias contra el imputado, tales como embargos, secuestros, etc<\/span>[24]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    1.3.11 Manutenci\u00f3n dispuesta mediante una sentencia de divorcio<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Al tenor del art\u00edculo 197 del C\u00f3digo para el Sistema de Protecci\u00f3n y los Derechos Fundamentales de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes, las sentencias de divorcios que fijen pensiones alimentarias tendr\u00e1n la misma fuerza que aqu\u00e9llas que dicten los jueces de paz o de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en sus respectivas competencias, con motivo de una reclamaci\u00f3n expresa de manutenci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Y de conformidad con el p\u00e1rrafo del referido art\u00edculo 197, en caso de incumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria dispuesta en la sentencia de divorcio, la parte interesada apoderar\u00e1 al juzgado de paz competente para hacer pronunciar la condena penal en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 196 del c\u00f3digo que rige la materia. La parte de la sentencia de divorcio, relativa a la obligaci\u00f3n alimentaria, se reputar\u00e1 ejecutoria no obstante cualquier recurso.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Del texto parafraseado precedentemente, resulta que el aspecto de la manutenci\u00f3n dispuesto en sentencias civiles dictadas en ocasi\u00f3n procesos de divorcio, tanto por incompatibilidad de caracteres como por mutuo consentimiento, puede ser reclamado ante los juzgados de paz, en atribuciones de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; siendo posible perseguir, adem\u00e1s del pago de la manutenci\u00f3n <\/span>per se<\/span><\/i>, la imposici\u00f3n de dos a\u00f1os en suspenso para constre\u00f1ir al cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria: <\/span>la experiencia ante los juzgados de paz revela que la amenaza de privaci\u00f3n de libertad resulta un mecanismo de coacci\u00f3n efectiv\u00edsimo para compeler al deudor de la obligaci\u00f3n (generalmente el padre) a que mantenga a su hijo. <\/span><\/i><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Ha sido decidido, a nivel de juzgados de paz, que es inadmisible en su acci\u00f3n, por falta de inter\u00e9s, toda persona que persiga ejecutar la manutenci\u00f3n dispuesta mediante una sentencia de divorcio, cuando dicho dispositivo no es reclamado durante la \u00e9poca en que los beneficiaros son menores de edad, y se lanza la demanda en reclamo de manutenci\u00f3n luego de que \u00e9stos cuentan con mayor\u00eda de edad<\/span>[25]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span>El precedente esbozado <\/span>ut supra<\/span><\/i> luce, a simple vista, que pudiera chocar con principios generales del derecho, en tanto pudiera interpretarse que la persona demandante en la casu\u00edstica propuesta cuenta con derechos adquiridos que no deber\u00edan ser desconocidos por el juez de paz, ya que conforme al derecho com\u00fan, para la ejecuci\u00f3n de una sentencia pueden v\u00e1lidamente transcurrir veinte a\u00f1os.<\/span>\u00a0 <\/span>Y siendo, en este caso,<\/span>\u00a0 <\/span>el \u201ccr\u00e9dito\u201d reconocido mediante una decisi\u00f3n jurisdiccional vigente, el cobro del mismo parecer\u00eda ser exigible en buena lid.<\/span>\u00a0 <\/span>Sin embargo, preciso es recordar que en la materia especial de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, lo que prima es el <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i>, no los intereses particulares del padre o la madre<\/span>\u00a0 <\/span>que persiga<\/span>\u00a0 <\/span>un reembolso de valores. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Oportuno es insistir en que las demandas en manutenci\u00f3n son mecanismos para tutelar los intereses de todos los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, quienes se presume son incapaces de valerse por s\u00ed mismos; no se trata- pues- de una v\u00eda para el lucro personal, o una forma de tomar represalias en contra de alguna ex pareja por motivos de celos, o cualquier otro m\u00f3vil ajeno a los intereses de los verdaderos beneficiarios de la pensi\u00f3n alimentaria: <\/span>los menores de edad. <\/span><\/i><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Nos parece justa y \u00fatil la declaratoria de falta de inter\u00e9s contra el accionante que, luego de un tiempo razonable desde el dictado de la sentencia de divorcio, pretende reclamar por primera vez el cobro de una manutenci\u00f3n, cuando ya las personas beneficiarias son mayores de edad. Entendemos que el razonamiento es correcto bajo el prisma de la materia de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, ya que el no reclamar mientras sean menores de edad los beneficiarios de la manutenci\u00f3n, genera una presunci\u00f3n razonable de que durante dicho lapso cada padre estuvo cumpliendo su obligaci\u00f3n alimentaria satisfactoriamente: <\/span>El pretender reclamar luego de que los hijos sean mayores de edad luce m\u00e1s bien una manera de beneficio personal del padre o la madre que acciona, no de la criatura. <\/span><\/i><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Si bien la falta de inter\u00e9s, como fin de inadmisi\u00f3n, es sostenible jur\u00eddicamente en el caso objeto de estudio, no resulta ocioso comentar que no procede la prescripci\u00f3n como medio de defensa para atacar al accionante. Aclaramos esto porque la prescripci\u00f3n es una soluci\u00f3n propuesta en casos como estos por algunos fiscalizadores ante los juzgados de paz; pero resulta que con la mayor\u00eda de edad lo que jur\u00eddicamente ocurre no es la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria, porque no se trata propiamente de un plazo para demandar, sino que la obligaci\u00f3n cesa y deja de existir, que es otra cosa.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Los t\u00e9rminos en que se propone la prescripci\u00f3n en estos casos es sugiriendo que venci\u00f3 el tiempo para demandar, como si se tratara de un plazo procesal para la tramitaci\u00f3n de una demanda, lo cual es incorrecto en materia de obligaci\u00f3n alimentaria, en raz\u00f3n de que una demanda en imposici\u00f3n de pensi\u00f3n alimentaria puede ser entablada por toda parte interesada en cualquier momento, sin plazos, mientras el beneficiario de la pensi\u00f3n sea menor de edad, y la decisi\u00f3n que interviene nunca alcanza la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; siempre es provisional, pues pudiera variarse el monto de la manutenci\u00f3n fijada en cualquier momento, a condici\u00f3n de que se pruebe que han cambiado las condiciones econ\u00f3micas de la persona obligada <\/span>(para bien, en cuyo caso se aumentar\u00eda, o para mal, donde lo propio ser\u00eda disminuir el monto).<\/span><\/i><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Lo que cesa aqu\u00ed es el objeto mismo de la demanda <\/span>(la obligaci\u00f3n que se reclama ya no existe)<\/span><\/i>. Cuando esto ocurre lo que procesalmente se verifica es una <\/span>falta de objeto<\/span><\/i>[26]<\/span><\/span><\/a>, que tambi\u00e9n caracteriza un medio de inadmisi\u00f3n. No obstante, en el caso particular de la sentencia de divorcio, cuyo dispositivo sobre alimentos nunca se reclam\u00f3 durante la minor\u00eda de edad del beneficiario, la falta de objeto no parecer\u00eda ser el remedio jur\u00eddico m\u00e1s factible, ya que en este supuesto la manutenci\u00f3n fue fijada por el tribunal civil en materia de divorcio cuando los beneficiarios de la medida eran todav\u00eda menores de edad; por tanto, partiendo de que mientras los padres cumplan no procede la demanda en reclamo de alimentos, la falta de inter\u00e9s nos parece una soluci\u00f3n procesal m\u00e1s factible: <\/span>si durante todo el tiempo que eran menores de edad los hijos, el demandante (madre en este caso) no reclam\u00f3, la presunci\u00f3n l\u00f3gica es que el padre cumpl\u00eda durante dicho inter\u00edn; con lo cual, es posible establecer una falta de inter\u00e9s al momento de lanzar la demanda a\u00f1os despu\u00e9s del dictado de la sentencia de divorcio y, por ende, dicha demanda en justicia deviene en inadmisible. Es como, por ejemplo, si en un referimiento de urgencia, al tenor del art\u00edculo 109 de la Ley No. 834, que supone celeridad, el mismo demandante solicita un aplazamiento para una fecha extremadamente distante; ah\u00ed t\u00e1citamente se deriva una falta de inter\u00e9s, pues con ese aplazamiento prolongado se revela que no hay una real urgencia. <\/span><\/i><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    1.3.12 Autorizaci\u00f3n de medidas procesales en la misma decisi\u00f3n que impone la manutenci\u00f3n <\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    En la pr\u00e1ctica, con mucha frecuencia ocurre que el Fiscalizador, en su condici\u00f3n de ejecutor de las decisiones en esta materia especial, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 195 de la ley, solicita autorizaci\u00f3n de arresto ante el Juzgado de Paz que dict\u00f3 sentencia de manutenci\u00f3n, a fin de constre\u00f1ir al imputado a comparecer ante su despacho para inquirirle respecto de su incumplimiento, previo a ejecutar los dos a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso que, conforme al art\u00edculo 196 de la ley que rige la materia, como se ha dicho, debe imponerse a la persona condenada en Alimentos; pena en suspenso que habr\u00e1 de aplicarse s\u00f3lo en caso de incumplimiento injustificado del pago de la manutenci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Dada esta pr\u00e1ctica, algunos tribunales han decidido \u2013criterio al cual nos sumamos- en procura de econom\u00eda procesal, hacer consignar en la misma decisi\u00f3n que estatuye sobre la manutenci\u00f3n, que quedan autorizadas todas las medidas procesales pertinentes (como arresto, conducencia o allanamiento), a fin de hacer cumplir la sentencia. Hecho esto, el Fiscalizador con la misma decisi\u00f3n que impone la manutenci\u00f3n, estar\u00eda autorizado legalmente para constre\u00f1ir al imputado a comparecer ante su despacho, previo a ejecutar los dos a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    1.3.13 Ejecutoriedad de la sentencia<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    Importante es rese\u00f1ar que al tenor del art\u00edculo 195, p\u00e1rrafo, de la ley que rige la materia, la sentencia que se dicte al efecto ser\u00e1 ejecutoria a partir de los diez d\u00edas de su notificaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Cuando ambas partes acuden al juicio, el juez deber\u00eda disponer que la fecha designada para la lectura \u00edntegra de la decisi\u00f3n valdr\u00e1 como notificaci\u00f3n a las partes, para los fines de ejecuci\u00f3n correspondientes; esto as\u00ed, en una aplicaci\u00f3n supletoria del art\u00edculo 335, p\u00e1rrafo, del C\u00f3digo Procesal Penal. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    1.3.14 Dos a\u00f1os en suspenso: <\/span>mecanismo de constre\u00f1imiento para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de suministrar manutenci\u00f3n<\/span><\/i><\/strong><\/b><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    De manera expresa, el art\u00edculo 196 del C\u00f3digo para el Sistema de Protecci\u00f3n y los Derechos Fundamentales de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes, dispone: \u201cEl padre o la madre que faltare a las obligaciones de manutenci\u00f3n o se negare a cumplirlas y que persista en su negativa despu\u00e9s de haber sido requerido para ello, sufrir\u00e1 la pena de dos (2) a\u00f1os de prisi\u00f3n correccional <\/span>suspensiva<\/span><\/span><\/i>\u201d <\/span>(subrayado nuestro)<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    No ociosamente hemos procedido a subrayar el t\u00e9rmino <\/span>\u201csuspensiva\u201d<\/span><\/span><\/i> en la transcripci\u00f3n del art\u00edculo 196 del c\u00f3digo que rige la materia; resaltamos ese punto justamente porque dicha modalidad de pena ha sido incomprendida por algunas personas. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    De lo que se trata es de que cuando se imponga al padre o la madre una manutenci\u00f3n, en la misma decisi\u00f3n se consigna, como medio de coacci\u00f3n para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de alimentos, la imposici\u00f3n de dos (2) a\u00f1os suspensivos, que quiere decir que no aplicar\u00e1n los mismos mientras se est\u00e9 cumpliendo con la obligaci\u00f3n impuesta en la sentencia. Lo que significa que ser\u00e1n efectivos tan pronto se deje de honrar, de manera injustificada, el pago de la pensi\u00f3n alimentaria. Verbigracia: Si el 01 de enero se impone a <\/span>X<\/span><\/strong><\/b> el pago de una manutenci\u00f3n a favor de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, y el incumplimiento ocurre el 01 de agosto, en ese caso durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, <\/span>X<\/span><\/strong><\/b> no es afectado por la medida suspensiva, sino a partir del momento de que ocurri\u00f3 el incumplimiento; o sea, desde el 01 de agosto. Y el encargado de velar porque se apliquen dichos dos (2) a\u00f1os ser\u00e1 el fiscalizador del juzgado de paz apoderado.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Los consabidos dos (2) a\u00f1os suspensivos tienen como finalidad constre\u00f1ir al padre o la madre obligada al pago de la manutenci\u00f3n correspondiente; de lo que se trata es de evitar que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente quede desprotegido producto de la apat\u00eda del padre o la madre que no se sienta \u201cpresionado\u201d a cumplir con su obligaci\u00f3n por una sentencia que \u201cen letra muerta\u201d ordena algo, pero no prev\u00e9 alguna sanci\u00f3n concreta en caso de desacatarla: <\/span>razonamiento impregnado en los tu\u00e9tanos de la mayor\u00eda de los padres incumplidores de su sagrado deber de velar por la crianza de sus hijos.<\/span><\/i><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Personalmente, podemos testificar acerca de nuestra vivencia cuando fung\u00edamos como juez de paz, tanto en el Municipio de San Crist\u00f3bal como en el Distrito Nacional, que el hecho de imponer estos dos a\u00f1os a la persona obligada (por norma general, el padre) crea en ella un sentimiento de compromiso incuestionable, revelado por la expresi\u00f3n facial caracterizada por la apertura abrupta de los ojos y la boca, como quien mira un fantasma, y un <\/span>\u201dtrago en seco\u201d<\/span><\/i>, por lo general seguido de la misma expresi\u00f3n: \u201cMagistrado, pero como as\u00ed\u201d.<\/span>\u00a0 <\/span>Entonces es cuando debe intervenir el juez de paz y explicar a la persona que lo que se ha impuesto es una pena en suspenso, que quiere decir \u201cque no le va a pasar nada si cumple religiosamente con la sentencia, a favor del indefenso ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, pero que si deja de cumplir, sin explicarle al tribunal alguna raz\u00f3n atendible, pudiera ir tras las rejas\u201d. Cr\u00e9anme, de que presiona la medida, presiona. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Evidentemente, en caso de que la persona que incumpla acuda al tribunal y exponga razones que justifiquen tal incumplimiento, en acopio de la m\u00e1xima jur\u00eddica de<\/span>\u00a0 <\/span>que <\/span>\u201cnadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u201d<\/span><\/i>, el juez de paz debe mantener en suspenso la medida por un lapso determinado; pudiera ser por un mes, dos o el tiempo que resulte razonable, seg\u00fan la casu\u00edstica, a fin de permitir que la persona consiga trabajo, o bien que cese la causa que impidi\u00f3 el cumplimiento oportuno de la manutenci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Nos obstante la factibilidad que la experiencia diaria ha demostrado en relaci\u00f3n a la imposici\u00f3n de estos dos (2) a\u00f1os suspensivos, desafortunadamente, en la pr\u00e1ctica nos encontramos con algunos tribunales que desnaturalizan la esencia suspensiva de esta disposici\u00f3n, al tiempo de abstenerse de imponerla al momento del dictado de la sentencia<\/span>[27]<\/span><\/span><\/a>, sino que \u2013il\u00f3gicamente- aguardan hasta que opere el incumplimiento para entonces imponer los dos a\u00f1os. Es decir, aniquilan el efecto suspensivo y lo convierten en una pena ordinaria<\/span>[28]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    El fundamento que se emplea para justificar el desconocimiento del car\u00e1cter suspensivo de la pena instituida en el art\u00edculo 196 del c\u00f3digo que rige la materia, es que el imponer una pena antes de que se conjugue el verbo t\u00edpico de una infracci\u00f3n, supone una <\/span>\u201cpena previa\u201d<\/span><\/i>, lo cual es inconstitucional. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Algunos robustecen este criterio en el hecho de que el propio art\u00edculo 196 establece que los dos a\u00f1os en cuesti\u00f3n se impondr\u00e1n cuando la persona se negare a cumplir la obligaci\u00f3n de alimentos y persista en su negativa despu\u00e9s de haber sido requerido para ello. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Es incuestionable que los argumentos esgrimidos precedentemente, a simple vista, no lucen descabellados. Sin embargo, los razonamientos a contrario son los m\u00e1s socorridos y, por suerte, la mayor\u00eda de los juzgados de paz disponen, para dotar de eficacia sus decisiones, los consabidos dos a\u00f1os suspensivos para evitar laceraciones al <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i>, el cual, conforme al principio VI del C\u00f3digo aplicable, prima ante cualquier otra prerrogativa instituida a favor de las personas.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Como argumento constitucional para favorecer la imposici\u00f3n de los dos a\u00f1os suspensivos de que se trata, se invoca el car\u00e1cter justo y \u00fatil de la ley, instituido en el art\u00edculo 40.15 de la Constituci\u00f3n proclamada el d\u00eda 26 de enero de 2010. Y es que, partiendo de que en esta materia especializada el <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i> constituye el eje en torno al cual deben versar todas las interpretaciones de la ley, se supone que deben adoptarse todas las providencias legales, a fin de justamente evitar que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente envuelto en el proceso quede desprotegido producto de la irresponsabilidad de sus progenitores.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Se ha apuntado que si se emplea el m\u00e9todo interpretativo de la ponderaci\u00f3n, aplicable a la materia de derechos fundamentales, nos encontrar\u00edamos en todo caso con \u201cuna presunci\u00f3n de inocencia\u201d del padre o la madre, en tanto que al momento de dictarse la sentencia no se sabe si el destinatario de \u00e9sta va a incumplir, versus el \u201c<\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i>\u201d, en el sentido de evitar que \u00e9ste se quede desprotegido, privado de la correspondiente daci\u00f3n de su manutenci\u00f3n. Haciendo acopio del citado principio VI de la ley aplicable, atinente a la prioridad en todo caso del <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i>, la balanza \u2013sin ning\u00fan tipo de dudas- se inclina a favor del platillo del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Ha sido entendido que jur\u00eddicamente no se trata de ninguna \u201cpena anticipada\u201d, pues conforme a los c\u00e1nones que rigen el derecho penal general, la vigencia de la pena privativa de libertad principia desde el momento en que se verifica en t\u00e9rminos materiales dicha privaci\u00f3n, que no es el caso, pues lo que ocurre por efecto del consabido Art\u00edculo 196, es que se indica, nominativamente, la existencia de la medida, pero no se dispone su aplicaci\u00f3n; se trata de una modalidad de pena extra\u00edda del derecho comparado, que en nada afecta derechos. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En cuanto al argumento de que el art\u00edculo 196 sostiene que la pena de dos a\u00f1os aplicar\u00e1 es cuando se haya previamente intimado a la persona obligada a cumplir, se ha interpretado que dicha situaci\u00f3n que, dicho sea de paso, no se cuestiona, en nada incide para que no sean impuestos los dos a\u00f1os al momento mismo del dictado de la sentencia; y es que a lo que se refiere este art\u00edculo es a que ser\u00eda impropio imponer la sanci\u00f3n sin previamente el fiscalizador intimar al padre o la madre para que cumpla. Es en ese momento que la persona obligada debe explicar las razones, si es que las hay, del por qu\u00e9 de su cumplimiento; en caso de no ser justificada su falta, entonces se procede a ejecutar la pena<\/span>[29]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Particularmente, entendemos que la pena de dos a\u00f1os suspensivos prevista en el art\u00edculo 196 del C\u00f3digo para el Sistema de Protecci\u00f3n y los Derechos Fundamentales de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes, es \u00fatil y tutela eficazmente el <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i>. Pensamos que la \u00e9tica llama a inclinarse por la postura que ve como saludable esta medida, ya que de manera expresa el C\u00f3digo Modelo Iberoamericano de \u00c9tica Judicial, en su art\u00edculo 71, sobre la prudencia,<\/span>\u00a0 <\/span>sostiene: \u201cAl adoptar una decisi\u00f3n, el juez debe analizar las distintas alternativas que ofrece el derecho y valorar las diferentes consecuencias que traer\u00e1n aparejadas cada una de ellas\u201d.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Para un correcto an\u00e1lisis de esta materia de alimentos, debemos de comprender que se trata de un \u00e1mbito jur\u00eddico especializado; que algunos rigores de la materia ordinaria no aplican en este campo. As\u00ed como en Derecho Administrativo, por ejemplo, el Estado tiene prerrogativas, si se quiere, exorbitantes frente a los particulares, lo cual choca con los lineamientos del derecho civil ordinario; y en el Derecho del Trabajo existen \u201cdesigualdades legales\u201d a favor del trabajador, justamente por verse a este \u00faltimo como el m\u00e1s d\u00e9bil, pues en ese mismo orden, en materia de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, el <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i> es el principio que <\/span>SIEMPRE<\/span><\/i> debe primar. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    1.3.14.1 \u00bfEn caso de cumplirse los dos a\u00f1os suspensivos, cesa la obligaci\u00f3n de suministrar manutenci\u00f3n?<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    En caso de que la persona obligada incumpla su obligaci\u00f3n de abonar la correspondiente manutenci\u00f3n y, consecuentemente, sean aplicados materialmente los dos a\u00f1os suspensivos, si al momento de cumplirse la totalidad de la pena el beneficiario de la manutenci\u00f3n a\u00fan es menor de edad, la obligaci\u00f3n de pasar la pensi\u00f3n a \u00e9ste persiste, ya que dicho deber est\u00e1 vigente, salvo excepciones de ley, hasta que la persona cumpla la mayor\u00eda de edad.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Ha sido admitido que en la eventualidad de que, luego de haber sido condenada, la persona obligada posteriormente volviese a incumplir con su obligaci\u00f3n de suministrar alimentos, v\u00e1lidamente pudieran imponerse otros dos a\u00f1os en suspenso, sobre la base del nuevo incumplimiento. Esto as\u00ed, porque este tipo de obligaci\u00f3n persiste hasta tanto el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente cumpla los 18 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Se ha admitido, a nivel pretoriano, que la imposici\u00f3n de los consabidos dos a\u00f1os en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n, ante incumplimientos reiterados, no desconoce el principio de <\/span>\u201cNon Bis in Idem\u201d<\/span><\/i>, en raz\u00f3n de que se entiende que se trata de faltas diferentes, que ocurren en momentos distintos<\/span>[30]<\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Ahora, en caso de que antes de cumplirse la totalidad de los dos a\u00f1os la persona obligada cumple, entonces atendiendo a las reglas vigentes sobre el c\u00f3mputo de la pena, operar\u00eda una suspensi\u00f3n de \u00e9sta, y en caso de volverse a incumplir, se retomar\u00eda en el tiempo que se hab\u00eda dejado al momento de incumplirse con la obligaci\u00f3n de alimentos.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    1.3.14.2 \u00bfDurante el cumplimiento de los dos a\u00f1os, sigue vigente la obligaci\u00f3n de suministrar manutenci\u00f3n? <\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Ha surgido en la administraci\u00f3n de justicia la inc\u00f3gnita en el sentido de si cuando una persona es condenada a dos a\u00f1os suspensivos por incumplir con el suministro de la pensi\u00f3n alimentaria, debe entenderse que durante el tiempo de privaci\u00f3n de libertad sigue vigente la obligaci\u00f3n de manutenci\u00f3n y, por consiguiente, cuando salga tendr\u00eda una deuda acumulada por el tiempo que ha dejado de pagar la manutenci\u00f3n estando privado de libertad. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En ejercicio de una <\/span>interpretaci\u00f3n positivista<\/span><\/i>[31]<\/span><\/span><\/a> del asunto, se ha razonado que la ley taxativamente, en el art\u00edculo 196 no dice que cesar\u00e1 la obligaci\u00f3n de alimentos durante se est\u00e9 cumpliendo la pena de dos a\u00f1os suspensivos, simplemente indica la sanci\u00f3n por concepto de incumplimiento y, por tanto, debe concluirse que, efectivamente, la deuda por concepto de manutenci\u00f3n atrasada debe computarse, y cuando el individuo salga de prisi\u00f3n debe pagar, adem\u00e1s de las cuotas futuras, el c\u00famulo monetario atrasado. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Por otro lado, una interpretaci\u00f3n m\u00e1s liberal<\/span>[32]<\/span><\/span><\/a> del derecho apunta a la idea de que, si bien la ley no lo indica expresamente, por principios rectores del derecho penal general, b\u00e1sicamente, es inconcebible acumular una deuda cuando la persona justamente ha estado pagando la pena por su falta. Con lo cual, mientras se est\u00e9 privado de libertad por incumplir con el suministro de alimentos, la obligaci\u00f3n se congela y se reactiva tan pronto cumpla la pena. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En la pr\u00e1ctica cotidiana, la segunda posici\u00f3n es la m\u00e1s socorrida por los juzgados de paz, a nivel nacional. Por tanto, cuando una persona ha sido privada de libertad por incumplir con su obligaci\u00f3n de alimentos, cuando sea liberado, sea por cumplir antes de que se cubran plenamente los dos a\u00f1os o porque pag\u00f3 antes de ello, se computa la obligaci\u00f3n a futuro<\/span> y \u201cborr\u00f3n y cuenta nueva\u201d<\/span><\/i> respecto del tiempo que est\u00e9 aplic\u00e1ndose la pena. Esto as\u00ed, por aquello de que <\/span>\u201cnadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u201d<\/span><\/i>, en el contexto de que materialmente no es posible producir dinero mientras se est\u00e9 privado de libertad. No obstante, ser\u00eda important\u00edsimo que la Suprema Corte de Justicia establezca un precedente sobre el particular. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    1.3.15 Recomendaciones en lo relativo al derecho de recurrir de las partes<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    Como en esta materia no es necesario el ministerio de abogados, es importante que el juez explique <\/span>in voce<\/span><\/i> que la sentencia que se dicte puede ser recurrida dentro del plazo de ley ante la Sala Penal del Tribunal de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes de Primera Instancia o, en su defecto, ante la instancia que indica el art\u00edculo 194 de la Ley No. 136-03, modificado por la Ley No. 52-07, para cuando no operen tribunales de NNA en una jurisdicci\u00f3n determinada. Asimismo, ser\u00eda \u00fatil que la decisi\u00f3n<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>-en soporte de papel- tambi\u00e9n consigne en uno de los ordinales de su dispositivo, este derecho a recurrir y el plazo para tales fines. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    1.3.15.1 Recurso de Apelaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En materia de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, el recurso de apelaci\u00f3n se rige por los preceptos instituidos en el C\u00f3digo Procesal Penal, desde su art\u00edculo 410 hasta el 424, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 320 del C\u00f3digo para el Sistema de Protecci\u00f3n y los Derechos Fundamentales de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Como el procedimiento penal especial para pensiones alimentarias no contiene fase preparatoria ni intermedia, tal cual estudiamos precedentemente en el apartado propio del procedimiento aplicable para conocer sobre el tipo de demandas objeto de estudio, fundamentalmente van a aplicar en esta materia las previsiones propias de la apelaci\u00f3n contra sentencias de fondo, conforme el art\u00edculo 417 y siguientes del C\u00f3digo Procesal Penal, ya que la apelaci\u00f3n contra decisiones preparatorias regida por el art\u00edculo 410 y siguientes del mismo c\u00f3digo carece de utilidad procesal en esta materia especial de alimentos.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Este recurso se interpone ante la secretar\u00eda del juzgado de paz ordinario que dict\u00f3 la sentencia en primer grado, y por mandato del art\u00edculo 194, p\u00e1rrafo, de la Ley No. 52-07, se conoce en la C\u00e1mara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Tribunal de NNA competente, o la instancia que funja como tal, en aquellas jurisdicciones donde no operen tribunales especiales de NNA. <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Considerando que en esta materia especial no es obligatorio el ministerio de abogados, los motivos de fundamentaci\u00f3n del recurso, instituidos por el art\u00edculo 417 del CPP, el cual rige supletoriamente en la materia, en la pr\u00e1ctica no se aplica con rigor, por la evidente raz\u00f3n que representa la falta de dominio sobre la t\u00e9cnica procesal de las partes que intervienen en el proceso.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    De conformidad con el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo Procesal Penal que, como hemos expuesto, rige en esta materia, en alzada se pueden adoptar las siguientes decisiones, a saber:<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

      \n
    1. Rechazar el recurso, en cuyo caso la decisi\u00f3n recurrida queda confirmada.<\/span><\/li>\n
    2. Declarar con lugar el recurso, en cuyo caso se pudiera:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
        \n
      1. Dictar directamente la sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida.<\/span><\/li>\n
      2. Ordenar la celebraci\u00f3n total o parcial de un nuevo juicio ante un tribunal distinto del que dict\u00f3 la decisi\u00f3n, del mismo grado y departamento judicial, cuando sea necesario realizar una nueva valoraci\u00f3n de la prueba. <\/span>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Cuando en segundo grado se disponga la tramitaci\u00f3n de un nuevo juicio, para fines de llevar a cabo una nueva valoraci\u00f3n de prueba, el tribunal que a tales fines sea apoderado del segundo juicio, deber\u00e1 trasladarse debidamente constituido a la jurisdicci\u00f3n del juzgado de paz cuya sentencia fue anulada; esto as\u00ed, en aras salvaguardar del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, en el sentido de evitar que \u00e9stos tengan que salir de su jurisdicci\u00f3n original. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        De conformidad con el art\u00edculo 194, p\u00e1rrafo, de la ley que rige la materia, el recurso de apelaci\u00f3n no suspende la ejecuci\u00f3n de la sentencia que impone la manutenci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        1.3.16 Incumplimiento de la sentencia: <\/span>posibilidad de embargar los bienes muebles o inmuebles de la persona obligada a suministrar alimentos<\/span><\/i><\/strong><\/b><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/i><\/p>\n

        De conformidad con el art\u00edculo 186 del C\u00f3digo de NNA: \u201cSi el demandado no cumple la orden en el curso de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n, el demandante podr\u00e1 solicitar al juez que emiti\u00f3 la sentencia que ordene mediante auto ejecutorio sobre minuta, no obstante cualquier recurso, el secuestro o el embargo<\/span>[33]<\/span><\/span><\/a> de los bienes muebles o inmuebles del deudor en la cantidad necesaria para la obtenci\u00f3n del capital adeudado, con privilegio sobre los dem\u00e1s acreedores y su venta o remate dentro del plazo fijado por el juez, observando, en lo que fuere procedente, las disposiciones previstas en los art\u00edculos 48 al 58 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y sus modificaciones\u201d [Sic].<\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Sobre este art\u00edculo, parecer\u00eda que subyace en su contenido una contradicci\u00f3n, en el sentido de que por una parte sostiene que la persona interesada puede solicitar al juez de paz el embargo de bienes muebles e inmuebles y, por otro lado, manda supletoriamente al art\u00edculo 48 a 58 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y es que esos art\u00edculos reglamentan \u00fanicamente medidas conservatorias: <\/span>embargo conservatorio general y la hipoteca judicial provisional.<\/span><\/i><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Al respecto, para justificar esa aparente contradicci\u00f3n, se ha sostenido que lo que quiso el legislador establecer fue que en caso de que se inscribiere sobre un inmueble de la persona obligada, una hipoteca judicial provisional, si finalmente \u00e9sta se volviere definitiva, pudiera ejecutarse el embargo inmobiliario en virtud de dicha hipoteca inscrita definitivamente. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        A nuestro modo de ver las cosas, se trata de una pifia del legislador, porque esa justificaci\u00f3n a que hemos hecho referencia precedentemente, no se corresponde con el contenido del art\u00edculo objeto de estudio, ya que este texto es claro al establecer que la persona interesada podr\u00e1 solicitar al juez de paz que dict\u00f3 la sentencia sobre manutenci\u00f3n, que ordene directamente \u201cel secuestro o el embargo\u201d de lo bienes muebles e inmuebles; en ninguna parte habla de inscripci\u00f3n de hipoteca judicial provisional<\/span>[34]<\/span><\/span><\/a>. Si la intenci\u00f3n hubiera sido contemplar abiertamente la posibilidad de medidas conservatorias, entonces el texto sostuviera de manera gen\u00e9rica que la parte interesada pudiera <\/span>\u201csolicitar medidas conservatorias\u201d<\/span><\/i>: <\/span>Es claro que se trata de un error, pues el art\u00edculo habla \u00fanicamente de embargos y \u2013como es sabido- el embargo inmobiliario empieza con un mandamiento de pago, no con un auto gracioso que lo autorice.<\/span>\u00a0 <\/span><\/span><\/i><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

        1.3.16.1 Tr\u00e1mite de la solicitud de embargo, por incumplimiento en el pago de la manutenci\u00f3n dispuesta por sentencia<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

        Como se ha aclarado m\u00e1s arriba, el art\u00edculo 186 del c\u00f3digo que rige la materia, la posibilidad que realmente prev\u00e9 es la de embargar conservatoriamente los bienes muebles de la persona obligada a suministrar alimentos, pues \u2013 como se sabe- los bienes inmuebles son objeto es del embargo inmobiliario, que tiene otro tr\u00e1mite ajeno a la expedici\u00f3n de un auto gracioso por parte del juez, para ordenarlo. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        En esa tesitura, la manera de solicitar este embargo conservatorio, ser\u00e1 siguiendo los lineamientos del art\u00edculo 48 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, esto es, dirigir al juzgado de paz una instancia solicitando la expedici\u00f3n del aludido auto gracioso, a fin de obtener la autorizaci\u00f3n para embargar conservatoriamente. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        A tales efectos, el <\/span>\u201ccr\u00e9dito razonablemente justificado\u201d <\/span><\/i>y la <\/span>\u201curgencia\u201d<\/span><\/i> que instituye el art\u00edculo 48 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como requisitos para fundar la procedencia del embargo conservatorio, en esta materia especial quedan cubiertos con la sola presentaci\u00f3n de la sentencia de manutenci\u00f3n, y la constancia de su notificaci\u00f3n. No obstante, en la pr\u00e1ctica se estila refrendar la solicitud, adem\u00e1s, con al menos un acto de alguacil sobre intimaci\u00f3n de pago de la manutenci\u00f3n impuesta por sentencia <\/span>(esto \u00faltimo es opcional)<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Corresponder\u00e1 entonces a la persona obligada a suministrar alimentos probar a contrario, en el sentido de que s\u00ed ha cumplido. Para ello pudiera demandar principalmente la nulidad del auto que autoriza el embargo; acudir al r\u00e9f\u00e9r\u00e9, en virtud del Art\u00edculo 48 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, o bien simplemente someter una acci\u00f3n ante el mismo tribunal en \u201creconsideraci\u00f3n\u201d, aportando la prueba que d\u00e9 cuenta de que s\u00ed ha cumplido con la sentencia: <\/span>mediante recibo de pagos, facturas que definan el concepto, etc.<\/span><\/i><\/p>\n

        \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

        1.3.16.1.1 Miramientos que debe tener el juez de paz para autorizar el embargo por incumplimiento de la sentencia<\/strong><\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

        Al momento de decidir sobre la procedencia del embargo, el juez de paz debe revisar las siguientes cuestiones, a saber: <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        1.- Que la sentencia que imponga la manutenci\u00f3n haya sido notificada; lo que se prueba con la aportaci\u00f3n del acto de alguacil instrumentado para esos fines notificativos. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        2.- Que entre la notificaci\u00f3n y la solicitud de embargo medie al menos diez d\u00edas h\u00e1biles, a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n; lo cual se determina mediante el simple cotejo de las fechas de ambas piezas: <\/span>la sentencia y la instancia de solicitud de embargo.<\/span><\/i><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        1.3.16.1.1.1 Sobre el c\u00f3mputo del plazo de los diez d\u00edas<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Como se trata de una notificaci\u00f3n que debe hacerse a persona, pudiera interpretarse que, por principio general de nuestro derecho procesal, ese plazo deber\u00eda ser franco. Sin embargo, la mayor\u00eda entiende que como se trata de un proceso penal especial, ese plazo se calcula es conforme a las reglas de los plazos que rige el proceso penal y, por tanto, lo propio es interpretar que se trata de diez d\u00edas h\u00e1biles, a partir del otro d\u00eda de la notificaci\u00f3n, a saber: Art\u00edculo 143 del C\u00f3digo Procesal Penal: \u201c\u2026Los plazos determinados en d\u00edas comienzan a correr al d\u00eda siguiente de practicada su notificaci\u00f3n. A estos efectos, s\u00f3lo se computan los d\u00edas h\u00e1biles, salvo disposici\u00f3n contraria de la ley o que se refiera a medidas de coerci\u00f3n, caso en el que se computan d\u00edas corridos\u2026\u201d.<\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        1.3.16.1.2 Contenido del auto sobre autorizaci\u00f3n de embargo<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Cuando se compruebe que concurren las dos condiciones referidas precedentemente, sobre la procedencia del auto, v\u00e1lidamente el juez de paz puede dictar auto gracioso ordenando el embargo. Este auto debe valorar provisionalmente el cr\u00e9dito, en base al tiempo transcurrido entre el dictado de la sentencia que impone la manutenci\u00f3n, hasta el momento de solicitarse el embargo, y por ese monto autorizar el embargo; adem\u00e1s, deber\u00e1 establecer el plazo para demandar la validez, visto: \u201cArt\u00edculo 48 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (Modificado por la Ley No. 845 del 15 de julio de 1978): \u2026as\u00ed como la suma por la cual se autoriza el embargo y e plazo en que el acreedor deber\u00e1 demandar ante el juez competente la validez del embargo conservatorio o sobre el fondo, todo a pena de nulidad del embargo\u201d. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Para estudiar la valoraci\u00f3n del cr\u00e9dito, el juez de paz debe revisar cu\u00e1l fue la modalidad de pago dispuesta por dicha sentencia <\/span>(d\u00edas, semanas, meses) <\/span><\/i>y revisar cu\u00e1ntas cuotas est\u00e1n vencidas; luego simplemente multiplicar el monto de la pensi\u00f3n por el n\u00famero de meses, semanas, d\u00edas\u2026 vencidos. En estos c\u00e1lculos, por lo general, se emplean fracciones, ya que suele ocurrir que no es exacto el tiempo del incumplimiento: <\/span>por lo general se dispone el pago cada mes, y la solicitud de embargo muchas veces se hace a mitad de mes. <\/span><\/i><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

        Por otro lado, en lo que tiene que ver con el plazo para demandar la validez, que tornar\u00e1 ejecutivo el embargo, se ha admitido que quince d\u00edas para dichos efectos es lo prudente, considerando la celeridad que requiere esta materia, en vista del <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o <\/span><\/i>que entra\u00f1a<\/span>: en el derecho com\u00fan, para los embargos conservatorios se acostumbra fijar un plazo de dos meses para la validez. <\/span><\/i><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

        El plazo para la validez constituye un l\u00edmite, pero \u2013como es sabido- puede ser demandada en cualquier momento<\/span>\u00a0 <\/span>antes de su expiraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

        1.3.16.1.2.1 Naturaleza del auto que autoriza el embargo<\/strong><\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

        Por tratarse de un asunto que versa directamente sobre el patrimonio de las personas, se considera que este auto es gracioso.<\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Como se ha adelantado m\u00e1s arriba, la manera de atacarse es mediante una acci\u00f3n principal en nulidad, ante el mismo juzgado de paz que dict\u00f3 el auto; sin menosprecio de la teor\u00eda minoritaria que admite la apelaci\u00f3n contra lo autos graciosos<\/span>[35]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Recordemos que por tratarse del juzgado de paz, dicha demanda en nulidad se canaliza mediante simple citaci\u00f3n, sin aplicaci\u00f3n de la octava franca. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Este auto sobre autorizaci\u00f3n de embargo es, por aplicaci\u00f3n extensiva del art\u00edculo 48 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ejecutorio sobre minuta y no obstante cualquier recurso. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Para ampliar sobre las decisiones graciosas, nos remitimos al cap\u00edtulo de este libro, que trata la sentencia y los recursos; complementado con el cap\u00edtulo sobre inscripci\u00f3n de contratos de prenda sin desapoderamiento, en la parte relativa a la \u201c<\/span>naturaleza del auto que autoriza la inscripci\u00f3n<\/span><\/i>\u201d.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        1.3.16.1.3 Facultad de recurrir en referimiento el auto<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

        El art\u00edculo 48 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, expresamente prev\u00e9: \u201cLa parte interesada podr\u00e1 recurrir en referimiento ante el mismo juez que dict\u00f3 el auto\u201d. Sin embargo, en el estado actual de nuestro derecho, los juzgados de paz no tienen atribuci\u00f3n para conocer sobre asuntos de referimiento<\/span>[36]<\/span><\/span><\/a>; por tanto, si en aplicaci\u00f3n extensiva<\/span>\u00a0 <\/span>del citado art\u00edculo 48, se quisiere recurrir dicho auto gracioso, deber\u00e1 hacerse ante el juez de primera instancia; y en los casos en que est\u00e9n divididas en salas la jurisdicci\u00f3n, pues la acci\u00f3n deber\u00e1 dirigirse ante el presidente de la C\u00e1mara; en aplicaci\u00f3n de la Ley No. 50-00.<\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        En la pr\u00e1ctica, adem\u00e1s del referimiento, para atacar estos autos, los abogados recurren a la acci\u00f3n principal en nulidad, a la apelaci\u00f3n y a una acci\u00f3n en \u201cretractaci\u00f3n\u201d. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        El criterio para elegir entre uno u otro mecanismo procesal gira en torno al inter\u00e9s acerca del procedimiento para conocer el asunto, as\u00ed como sobre el juez que se apodere, esto es, canalizar el asunto graciosamente <\/span>(retractaci\u00f3n)<\/span><\/i>; de manera contradictoria <\/span>(principal en nulidad)<\/span><\/i> o ante otro juez en alzada <\/span>(apelaci\u00f3n)<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

        1.3.16.1.4 Demanda en validez<\/strong><\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

        Como hemos dicho, la validez puede demandarse en cualquier momento, desde el dictado del auto que autoriza el embargo hasta el d\u00eda en que expira dicho plazo otorgado en el propio auto de embargo. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Se trata de una demanda contenciosa, en la que debe citarse a la otra parte, para conocer contradictoriamente del asunto en un juicio de fondo. Y la sentencia dictada en ocasi\u00f3n de la demanda, evidentemente, es recurrible en apelaci\u00f3n ante el tribunal de primera instancia. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Como se ha dicho, por tratarse del juzgado de paz, no aplica la octava franca de los emplazamientos y, por ende, la demanda se canaliza mediante simple citaci\u00f3n, a un d\u00eda franco. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        El art\u00edculo 49 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, establece que el acto de embargo conservatorio ser\u00e1 notificado al deudor conjuntamente con la demanda en validez o sobre el fondo.<\/span>\u00a0 <\/span>Y el art\u00edculo 51 del mismo cuerpo legal, prev\u00e9 que el acta de embargo deber\u00e1 contener, a pena de nulidad, una designaci\u00f3n precisa y detallada de los bienes embargados, as\u00ed como elecci\u00f3n de domicilio en el municipio donde se haga el embargo, si el acreedor no residiere en ese lugar. Finalmente, es importante revisar que el art\u00edculo 53 del mismo c\u00f3digo, sostiene que la sentencia que valide el embargo conservatorio de los muebles lo convertir\u00e1 de pleno de derecho en embargo ejecutivo, sin necesidad de que se levante nueva acta de embargo, y la que deniegue la validaci\u00f3n del embargo conservatorio valdr\u00e1 levantamiento del mismo.<\/span>\u00a0 <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        1.2.16.1.5 Cuando los bienes muebles est\u00e1n en manos de un tercero<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

        Conforme al estado actual de nuestro derecho, el embargo conservatorio general no aplica cuando los bienes objeto de la ejecuci\u00f3n est\u00e1n en manos de un tercero. Se trata, pues, de un embargo cuyo objeto son los bienes muebles que est\u00e9n en poder del embargado.<\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        En ese sentido, cuando ocurra que los bienes que se vayan a embargar est\u00e9n en manos de terceros, la v\u00eda id\u00f3nea ser\u00e1 el embargo retentivo, al tenor del art\u00edculo 557 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.<\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Por lo general, los terceros que tienen los bienes de la persona obligada a suministrar alimentos son bancos.<\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Se ha pretendido excluir al embargo retentivo del art\u00edculo 186, bajo la pr\u00e9dica de que dicho texto manda a canalizar el embargo mediante la previsiones instituidas en el art\u00edculo 48 al 58 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y resulta que el embargo retentivo est\u00e1 regulado es a partir del art\u00edculo 557 del mismo cuerpo legal; por tanto, -se ha dicho- est\u00e1 excluida su aplicaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        A nuestro juicio, esa postura no es sostenible, ya que doctrinariamente el embargo retentivo ha sido catalogado como de naturaleza mixta, en tanto que tiene una primera parte conservatoria y una segunda ejecutiva, luego de la validez. De ah\u00ed que se haya interpretado que esa dualidad es la explicaci\u00f3n de por qu\u00e9 el c\u00f3digo llama esta v\u00eda de ejecuci\u00f3n como \u201cembargo retentivo u oposici\u00f3n\u201d: <\/span>la oposici\u00f3n vendr\u00eda siendo la primera parte, puramente conservatoria y, por otro lado, el embargo ser\u00eda lo ejecutivo, luego de la validez.<\/span><\/i><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        As\u00ed, al estudiar la doctrina m\u00e1s autorizada en el pa\u00eds, sobre las v\u00edas de ejecuci\u00f3n, nos daremos cuenta de que la primera parte conservatoria del embargo retentivo se rige extensivamente por el art\u00edculo 48 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; con lo cual, s\u00ed estar\u00eda en todo caso incluido el embargo retentivo dentro de la reglamentaci\u00f3n supletoria que manda el Art\u00edculo 186 objeto de estudio, que es desde el art\u00edculo 48 hasta el 58 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

        1.3.16.1.6 Privilegio sobre los dem\u00e1s acreedores de la persona obligada a suministrar alimentos<\/strong><\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

        Por ser esta una materia donde prevalece el <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i>, taxativamente el art\u00edculo 186 del C\u00f3digo que rige la materia, establece que la parte demandante tendr\u00e1 privilegio sobre los dem\u00e1s acreedores; por tanto, cobrar\u00e1 primero que cualquier otra persona que tenga una acreencia frente a la persona obligada a suministrar alimentos. <\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        1.3.16.1.7 Consideraciones finales sobre las demandas en pensi\u00f3n alimentarias<\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

        A modo de conclusi\u00f3n, deseamos exponer que para decidir sobre este tipo de demandas el juez debe tener buen juicio, con alto sentido de equidad. Edificarse sobre la base de la documentaci\u00f3n aportada al proceso en cada caso y las declaraciones vertidas por las partes; toda vez que no se trata de un mecanismo para tomar represalias contra una pareja o ex pareja que haya sido infiel, o un modo de obtener dinero f\u00e1cil, no, de lo que se trata es de una tutela efectiva del <\/span>Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o<\/span><\/i>, <\/span>Ni\u00f1a o Adolescente<\/span><\/i> envuelto en cada caso, a fin de procurar que el mismo crezca dignamente y pueda ser en el ma\u00f1ana una persona de bien. <\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/b><\/p>\n

        \u00a0<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n


        <\/p>\n
        \n
        \n

        [1]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Art\u00edculo 171, p\u00e1rrafo III Ley No. 136-03.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [2]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Art\u00edculo 171, P\u00e1rrafo II Ley No. 136-03.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [3]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> La SCJ mediante su jurisprudencia ha establecido que el imponer montos de manutenciones que desborden las posibilidades econ\u00f3micas de las personas condenadas, lejos de beneficiar al ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente de que se trate, resulta frustratorio a los fines perseguidos (B.J. No. 1126.239).<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [4]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Art\u00edculo 70 de la Ley No. 136-03.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [5]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Art\u00edculo 171, P\u00e1rrafo I Ley No. 136-03.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [6]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Art\u00edculo 172 Ley No. 136-03.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [7]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Art\u00edculo 173 Ley No. 136-03.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [8]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Minoritariamente, se sostuvo alguna vez que en este caso, luego de vencida la manutenci\u00f3n de embarazo, para demandar la ordinaria s\u00f3lo habr\u00eda que perseguir fijaci\u00f3n de nueva audiencia; como si se tratara de una misma instancia. Lo cual parecer\u00eda l\u00f3gico, partiendo de que as\u00ed es como se estila tramitar las demandas en aumento o disminuci\u00f3n de la pensi\u00f3n. Sin embargo, el criterio mayoritario ha sido que la pensi\u00f3n ordinaria, luego de vencida de de embarazo, se canaliza como una demanda nueva, desde su fase inicial. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [9]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> El art\u00edculo 305 del C\u00f3digo Procesal Penal, trata sobre la fijaci\u00f3n de audiencia y soluci\u00f3n de los incidentes. El art\u00edculo 81 remite a este texto, porque cuando la recusaci\u00f3n se promueve respecto de los jueces del fondo, el asunto se conoce como un incidente del juicio y, por tanto, aplica el r\u00e9gimen para sanear incidentes, que est\u00e1 previsto en el citado art\u00edculo 305. Sin embargo, debe siempre tenerse en cuenta la posibilidad excepcional de proponer incidentes luego del plazo del 305, incluyendo la recusaci\u00f3n; tal cual explicamos en el apartado de este libro, sobre incidentes durante el juicio penal. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [10]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Empleamos adrede el t\u00e9rmino \u201cQuerella\u201d, ya que se trata de un acto inicial propio de la materia penal, en raz\u00f3n de preverse en el art\u00edculo 196 de la Ley No.136\/03, una pena privativa de libertad en suspenso, de dos a\u00f1os de prisi\u00f3n correccional. Pero la misma ley califica indistintamente dicho acto inicial del proceso, como \u201cDemanda\u201d o<\/span>\u00a0 <\/span>\u201cQuerella\u201d. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [11]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> En relaci\u00f3n a las homologaciones de acuerdos sobre<\/span>\u00a0 <\/span>manutenciones suscritos por las partes ante el Fiscalizador correspondiente, el Presidente de la S.C.J., Jorge A. Subero Isa, dispuso mediante Oficio No. 02, dirigido en fecha 03 de enero de 2008, que las mismas deber\u00e1n ser conocidas, en caso de que se solicite la homologaci\u00f3n, por el mismo Juez de Paz competente para conocer el fondo, si no se hubiere llegado al acuerdo.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [12]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, del Pleno, No. 4, del 3 de junio de 2009, B.J. No. 1183, Vol. I, p. 82.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [13]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Tal cual abundaremos en el apartado de este cap\u00edtulo, sobre \u201cIncumplimiento de la sentencia: <\/span>autorizaci\u00f3n para embargar<\/span><\/i>\u201d, el Art\u00edculo 186 prev\u00e9 que en caso de que luego de diez d\u00edas, a partir del d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n, si la persona obligada a suministrar alimentos no cumple, la parte interesada puede solicitar al juez de paz un embargo sobre los bienes de dicho obligado, hasta el monto de la deuda.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [14]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> El C\u00f3digo de Bustamente prev\u00e9 que los pa\u00edses signatarios deben conocer de las homologaciones de manera contradictoria. Pero \u2013como es sabido- dicha legislaci\u00f3n supranacional rige el derecho internacional privado, por lo que su objeto son documentos que involucran a nacionales de pa\u00edses distintos. Por ejemplo: homologaci\u00f3n de sentencias extranjeras, etc. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [15]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Art\u00edculo 62 del Anteproyecto del C\u00f3digo Procesal Civil. Vale decir que este texto est\u00e1 incurso en el apartado sobre el reconocimiento y ejecuci\u00f3n de las sentencias extranjeras e internacionales: <\/span>significa que, atendiendo al sistema de fuentes vigente<\/span><\/i>, <\/span>este<\/span><\/i>art\u00edculo<\/span><\/i>aplicar\u00e1 respecto de pa\u00edses no signatarios del C\u00f3digo Bustamente, ya que esta pieza supranacional prev\u00e9 un procedimiento contradictorio para estos fines<\/span><\/i>. Pero bueno, se cita en este contexto sobre las homologaciones de acuerdos suscritos ante el fiscalizador, para lo que aplica en torno a la naturaleza de una solicitud de homologaci\u00f3n y la reafirmaci\u00f3n de que debe tramitarse mediante la v\u00eda graciosa; al tiempo de destacar la novedad que representa el que la competencia la tendr\u00eda solamente la Corte de Apelaci\u00f3n para dichos fines de homologaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [16]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Todo esto, al margen de que \u2013como se ha dicho- el art\u00edculo 62 del Anteproyecto prev\u00e9 como \u00fanico recurso para las homologaciones, la retractaci\u00f3n ante la misma Corte.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [17]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Ver: Art\u00edculo 178 de la Ley No. 136-03.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [18]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Existen precedentes de juzgados de paz que optan por conocer a puerta cerrada estos procesos, bajo la pr\u00e9dica de que en los mismos salen a relucir asuntos personales de las partes que no interesan a terceras personas. Esta medida pudiera ser \u00fatil, atendiendo a cada caso, pero en cuando se disponga dicha medida, necesariamente deber\u00eda incluirse un considerando en la decisi\u00f3n, a fin de motivar el por qu\u00e9 de esa limitaci\u00f3n a la publicidad del juicio. Esto as\u00ed, en raz\u00f3n de que la Ley de Organizaci\u00f3n Judicial manda que las audiencias sean p\u00fablicas, orales y contradictorias, salvo que la ley disponga lo contrario, que no es el caso: <\/span>la citada ley faculta a los jueces a restringir la publicidad de los juicios cuando lo estimen pertinente, pero deben motivar la medida cuando se trate de una materia en que la limitaci\u00f3n de publicidad no opere de pleno derecho. <\/span><\/i><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [19]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Esta \u00faltima aclaraci\u00f3n la hacemos porque en virtud del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo que rige en materia de NNA, adem\u00e1s del M.P. pudiera apoderar al tribunal cualquier parte interesada. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [20]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sentencia SCJ, 1ra. C\u00e1m, del 2 de septiembre de 2009.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [21]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Sobre este punto,<\/span>\u00a0 <\/span>cuando una de las partes comparece asistido de un abogado, no as\u00ed la otra, el juez deber\u00e1 proponer al letrado que se apersona al tribunal, que voluntariamente baje de estrados, en observancia del principio de igualdad entre las partes.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [22]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Ver art\u00edculo 189 Ley No. 136-03.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [23]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Principio de Justicia Rogada<\/span><\/i>: Por efecto de \u00e9ste, los juzgadores en el procedimiento penal acusatorio, no pueden estatuir m\u00e1s all\u00e1 de lo que soliciten las partes del proceso. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [24]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Ver art\u00edculos 182 y 186 de la Ley No. 136-03.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [25]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Sentencia No. 142\/11, dictada en fecha 09 de febrero de 2011, por el Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripci\u00f3n del Distrito Nacional. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [26]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Este fin de inadmisi\u00f3n no est\u00e1 taxativamente previsto en el art\u00edculo 44 de la Ley No. 834, pero ha sido juzgado reiteradamente por nuestra SCJ que las cinco inadmisibilidades indicadas en dicho texto no son limitativas; lo cual es refrendado por el Anteproyecto del C\u00f3digo Procesal Civil elaborado por el Comisionado de Apoyo y Modernizaci\u00f3n de la Justicia. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [27]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Lo que ocurre es que se ordena la manutenci\u00f3n, se espera hasta que se incumpla, y luego es que se imponen los dos a\u00f1os; se ve la pena como un castigo, se olvida el car\u00e1cter disuasivo de \u00e9sta. Se supone que lo que se persigue es evitar que se llegue al punto del incumplimiento; de lo que se trata no es de castigar, es de disuadir, b\u00e1sicamente, para que no se incumpla. Todo, en nombre del insoslayable Inter\u00e9s Superior del<\/span>\u00a0 <\/span>Ni\u00f1o. Para que la ley sea justa y \u00fatil, conforme al principio de la razonabilidad previsto en el art\u00edculo 40.15 de la Constituci\u00f3n, debe velarse porque la sentencia que imponga la pensi\u00f3n alimentaria sea respetada. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [28]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> En el marco del derecho penal material, espec\u00edficamente en el Derecho Penal General, se estudia que la pena debe establecerla el legislador, siguiendo los lineamientos aplicables sobre el particular. Tiene varias finalidades, no se limita a un castigo; tambi\u00e9n busca la regeneraci\u00f3n, un efecto disuasivo, persigue la reinserci\u00f3n social del infractor, etc. La modalidad de la pena tambi\u00e9n debe establecerla el legislador: en nuestro derecho penal ordinario, existen como penas privativas de libertad la reclusi\u00f3n menor (2 a 5 a\u00f1os); detenci\u00f3n (3 a 10 a\u00f1os); reclusi\u00f3n mayor (3 a 20 a\u00f1os) y reclusi\u00f3n mayor de 30 a\u00f1os. Cuando consiste en 1<\/span>\u00a0 <\/span>hasta 5 d\u00edas se trata de una contravenci\u00f3n; de 6 d\u00edas a dos a\u00f1os, exclusive, un delito y de dos a\u00f1os o m\u00e1s, un crimen. Pero esta distinci\u00f3n de las infracciones al d\u00eda de hoy solamente importa en el \u00e1mbito material del derecho penal, pues para el aspecto formal o procesal, el actual C\u00f3digo Procesal Penal prev\u00e9 un \u00fanico proceso penal com\u00fan aplicable a todas las infracciones, salvo aquellas que est\u00e1n incluidas en alg\u00fan procedimiento especial. Las leyes especiales al momento de prever penas deben observar las formas antedichas; con lo cual, ser\u00eda impropia alguna normativa que pretenda instituir una pena de m\u00e1s de 30 a\u00f1os. Igualmente, el mecanismo para computarse la duraci\u00f3n de la pena, en el \u00e1mbito procesal, se ha admitido que inicia el c\u00e1lculo desde el primer momento de la privaci\u00f3n de libertad, durante el arresto, antes de que se dicte la sentencia condenatoria. Lo propio, en materia de manutenci\u00f3n, el legislador puede, y en efecto lo ha hecho, prever a futuro la entrada en vigor de la pena, lo que se conoce como una \u201cpena en suspenso\u201d, empleada recurrentemente en el derecho comparado. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [29]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Justamente para esos fines es que ha sido usanza autorizar conducencias del imputado ante el despacho del fiscalizador, en la misma sentencia que impone la manutenci\u00f3n, mediante dispositivos distintos.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [30]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Es un tanto cuestionable este punto, pues si bien son dos faltas ocurridas en momentos diferentes, se fundan en la misma obligaci\u00f3n. Pero la verdad es que, por otro lado, resulta inconcebible que la persona que por irresponsable cumpla dos a\u00f1os en prisi\u00f3n suspensiva por incumplidor, cuando salga, m\u00e1s irresponsablemente, ya no tenga obligaci\u00f3n de alimentos frente a sus hijos menores de edad. Ser\u00eda importante que la Suprema Corte de Justicia defina este punto, con s\u00f3lida sustancia jur\u00eddica, mediante jurisprudencia de principio. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [31]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Escuela del pensamiento jur\u00eddico que, concretamente, interpreta el derecho a la luz de la letra taxativamente redactada en la ley. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [32]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Digamos que una interpretaci\u00f3n m\u00e1s cerca del Ius Naturalismo.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [33]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Parecer\u00eda que en esta parte el legislador concibi\u00f3 \u201cel embargo\u201d y \u201cel secuestro\u201d como sin\u00f3nimos. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [34]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> Aunque no lo diga expresamente, pudiera interpretarse que est\u00e1 contenido dentro de los art\u00edculos 48 al 58 del CPC, ya que la Hipoteca Judicial Provisional empieza desde el art\u00edculo 54. Pero de todos modos, ello no desmerita el razonamiento que hemos esbozado sobre la evidente contradicci\u00f3n de este art\u00edculo.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [35]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> En el Distrito Nacional existe el precedente de que se admiten recursos de apelaci\u00f3n contra autos graciosos que autorizan o rechazan embargos conservatorios.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        [36]<\/span><\/span><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span> El Anteproyecto del C\u00f3digo Procesal Civil atribuye a los jueces de paz ciertas atribuciones en materia de referimiento. <\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        1.3.1Tribunal con competencia atributiva para conocer de la demanda \u00a0 Por efecto de la Ley No. 52-07, promulgada en fecha 23 del mes de abril de 2007, el conocimiento de las acciones sobre pensiones alimentarias en favor de personas menores … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":[],"categories":[6],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/103"}],"collection":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=103"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/103\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":105,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/103\/revisions\/105"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=103"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=103"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=103"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}