{"id":1170,"date":"2026-07-17T17:28:06","date_gmt":"2026-07-17T21:28:06","guid":{"rendered":"https:\/\/yoaldo.org\/?p=1170"},"modified":"2026-07-17T17:28:06","modified_gmt":"2026-07-17T21:28:06","slug":"el-juez-natural-como-garantia-de-la-especialidad-jurisdiccional-una-aproximacion-desde-la-jurisprudencia-de-la-tercera-sala-de-la-suprema-corte-de-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yoaldo.org\/?p=1170","title":{"rendered":"El juez natural como garant\u00eda de la especialidad jurisdiccional: una aproximaci\u00f3n desde la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia"},"content":{"rendered":"\n

RESUMEN<\/strong><\/p>\n\n\n\n

________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n\n\n\n

A partir del an\u00e1lisis de la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ-TS-24-2520, del 29 de noviembre de 2024), se examina la evoluci\u00f3n jurisprudencial que vincula el principio del juez natural<\/em> con el principio de especialidad<\/em>, sosteniendo que la competencia de los tribunales no puede agotarse en una interpretaci\u00f3n estrictamente formal de las reglas atributivas de jurisdicci\u00f3n, sino que debe responder a la identificaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial con mayor idoneidad para garantizar una tutela judicial efectiva<\/em> y la realizaci\u00f3n de la justicia material <\/em>envuelta. Asimismo, se destaca el alcance de esta construcci\u00f3n jurisprudencial m\u00e1s all\u00e1 de la jurisdicci\u00f3n laboral, proponiendo su proyecci\u00f3n hacia los \u00e1mbitos civil, comercial, inmobiliario, etc., donde las fronteras competenciales pudieran presentar especial complejidad. En definitiva, se resalta una renovada concepci\u00f3n del juez natural<\/em>, desde la teor\u00eda general del derecho, concebido como garant\u00eda no solo de formalismo legalidad, sino tambi\u00e9n de especialidad, eficacia jurisdiccional y justicia del caso concreto.<\/p>\n\n\n\n

________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n\n\n\n

Palabras claves:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Juez natural, especialidad, competencia, tutela judicial efectiva, justicia material, debido proceso, Estado constitucional de derecho, interpretaci\u00f3n constitucional, control de la actividad administrativa, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia<\/p>\n\n\n\n

Contenido<\/strong><\/p>\n\n\n\n

I.- <\/strong>Mirada preliminar a la cuesti\u00f3n, II.- <\/strong>El principio del juez natural: de la competencia legal a la justicia material,<\/em>III.- <\/strong>Los hechos del caso y el problema jur\u00eddico, IV.- <\/strong>El principio de especialidad<\/em> como criterio constitucional de determinaci\u00f3n del juez natural,<\/em>V.- <\/strong>La tutela judicial efectiva en su dimensi\u00f3n material, VI.- <\/strong>Justicia material y control difuso de la actividad administrativa, VII.- <\/strong>La proyecci\u00f3n de esta doctrina jurisprudencial hacia la jurisdicci\u00f3n civil e inmobiliaria, VIII.- <\/strong>Una valoraci\u00f3n cr\u00edtica favorable, IX.- <\/strong>Conclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

I.- Mirada preliminar a la cuesti\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La determinaci\u00f3n del juez competente constituye uno de los problemas m\u00e1s relevantes del derecho procesal contempor\u00e1neo. Aunque tradicionalmente se ha entendido que la competencia es una cuesti\u00f3n definida por la ley mediante criterios objetivos de materia, territorio o grado, la evoluci\u00f3n del constitucionalismo procesal ha demostrado que esa aproximaci\u00f3n resulta insuficiente para resolver aquellos conflictos en los que convergen distintas ramas del ordenamiento jur\u00eddico. En tales supuestos, la identificaci\u00f3n del juez natural<\/em> deja de ser un simple ejercicio de subsunci\u00f3n normativa y pasa a convertirse en una operaci\u00f3n de interpretaci\u00f3n jur\u00eddico-constitucional<\/em> orientada por la tutela judicial efectiva y la b\u00fasqueda de la justicia material[1]<\/strong><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Esta problem\u00e1tica encuentra una respuesta particularmente elaborada en la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, n\u00famero SCJ-TS-24-2520, del 29 de noviembre de 2024; decisi\u00f3n que, m\u00e1s all\u00e1 de resolver un conflicto espec\u00edfico de competencia, desarrolla una verdadera teor\u00eda sobre el principio del juez natural<\/em> y su \u00edntima relaci\u00f3n con el principio de especialidad<\/em>. Siendo que la importancia de esta decisi\u00f3n trasciende ampliamente el \u00e1mbito laboral o administrativo. Su razonamiento ofrece un criterio hermen\u00e9utico capaz de orientar la soluci\u00f3n de m\u00faltiples conflictos en los \u00e1mbitos inmobiliario, civil, comercial, etc.<\/p>\n\n\n\n

Lo cierto es que la Tercera Sala ha construido una concepci\u00f3n constitucionalmente renovada del juez natural<\/em>, entendiendo que este no siempre coincide con el \u00f3rgano que inicialmente parecer\u00eda competente seg\u00fan una lectura aislada de las normas atributivas de competencia, sino con aquel tribunal cuya especializaci\u00f3n le permite realizar una tutela judicial efectiva en su dimensi\u00f3n material.<\/p>\n\n\n\n

Por todo lo anterior, resulta de trascendental inter\u00e9s examinar, desde los postulados del Estado constitucional de derecho, la transformaci\u00f3n que experimenta el principio del juez natural<\/em> cuando se le interpreta a la luz de los valores y principios que coexisten en el ordenamiento jur\u00eddico. En efecto, si la jurisdicci\u00f3n constituye el instrumento institucional destinado a garantizar la eficacia de los derechos fundamentales, la determinaci\u00f3n del juez competente no puede resolverse exclusivamente mediante una lectura literal de las reglas atributivas de competencia, sino a partir de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y teleol\u00f3gica que permita identificar cu\u00e1l \u00f3rgano jurisdiccional posee la mayor idoneidad constitucional para resolver el conflicto conforme a las exigencias de la justicia material.<\/p>\n\n\n\n

Bajo esa \u00f3ptica, la especialidad<\/em> deja de ser un simple criterio organizativo del Poder Judicial para erigirse en un verdadero presupuesto del principio del juez natural<\/em>, en tanto asegura que la tutela judicial efectiva sea dispensada por el juez cuya formaci\u00f3n, experiencia y aptitud institucional le permitan comprender la naturaleza del conflicto y ofrecer una respuesta jurisdiccional materialmente justa. Es precisamente sobre esa evoluci\u00f3n conceptual, conceptuosamente desarrollada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, con base en los fundamentos de la teor\u00eda general del derecho, y sobre las consecuencias que de ella se derivan para la delimitaci\u00f3n de las competencias entre las distintas jurisdicciones, que versar\u00e1n las reflexiones contenidas en las p\u00e1ginas que siguen.<\/p>\n\n\n\n

II. El principio del juez natural: de la competencia legal a la justicia material<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El principio del juez natural<\/em> constituye una garant\u00eda esencial del debido proceso. Tradicionalmente, se ha definido como el derecho de toda persona a ser juzgada por el tribunal previamente establecido por la ley, independiente e imparcial. Esta concepci\u00f3n cl\u00e1sica encuentra reconocimiento en el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n dominicana, as\u00ed como en el art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, etc. Sin embargo, la sentencia objeto de an\u00e1lisis invita a superar una comprensi\u00f3n exclusivamente formal del principio.<\/p>\n\n\n\n

En efecto, la ley identifica, en t\u00e9rminos generales, cu\u00e1l es el juez competente para conocer cada materia. No obstante, la extraordinaria riqueza de las relaciones jur\u00eddicas contempor\u00e1neas produce conflictos cuya naturaleza no puede reducirse mec\u00e1nicamente a una regla competencial concebida en la ley de forma abstracta. Existen casos en que convergen relaciones privadas y actuaciones administrativas; derechos laborales y potestades p\u00fablicas; conflictos civiles cuya resoluci\u00f3n depende del examen de la legalidad de un acto registral; controversias comerciales condicionadas por decisiones administrativas sobre propiedad industrial, o asuntos de alto rigor contractual que, al margen de envolver un inmueble registrado, sea m\u00e1s constitucionalmente adecuado que lo conozca el tribunal de derecho com\u00fan, con experticia sobre la teor\u00eda contractual, en el contexto obligacional. Por citar, a penas, algunos casos de complicaciones competenciales.<\/p>\n\n\n\n

Precisamente en estos escenarios aparece la verdadera dimensi\u00f3n constitucional del principio del juez natural.<\/em> La Tercera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia sostiene que la competencia no puede definirse \u00fanicamente atendiendo al origen formal del acto impugnado, sino considerando cu\u00e1l jurisdicci\u00f3n se encuentra en mejores condiciones institucionales para resolver integralmente el conflicto y garantizar la justicia material involucrada. Esta afirmaci\u00f3n transforma el an\u00e1lisis de competencia en un aut\u00e9ntico juicio constitucional sobre la idoneidad del \u00f3rgano jurisdiccional.<\/p>\n\n\n\n

III. Los hechos del caso y el problema jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El conflicto resuelto por la sentencia comentada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, marcada con el n\u00famero SCJ-TS-24-2520, del 29 de noviembre de 2024, surgi\u00f3 a ra\u00edz de la Resoluci\u00f3n n\u00fam. 12\/2021 emitida por el Ministerio de Trabajo, mediante la cual se calific\u00f3 jur\u00eddicamente la suspensi\u00f3n de determinados contratos laborales. Formalmente, exist\u00eda un acto administrativo<\/em> cuya legalidad era cuestionada. A primera vista, podr\u00eda sostenerse que, por tratarse de un acto administrativo<\/em>, la competencia para conocer el asunto correspond\u00eda al Tribunal Superior Administrativo.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la Suprema Corte observa que esa aproximaci\u00f3n resulta incompleta. Esto as\u00ed, en el entendido de que la verdadera controversia no giraba exclusivamente alrededor del acto administrativo<\/em>, sino sobre los efectos laborales derivados de dicha resoluci\u00f3n y, en definitiva, sobre los derechos de los trabajadores frente a su empleador. La legalidad del acto administrativo<\/em>, por tanto, constitu\u00eda \u00fanicamente una dimensi\u00f3n del conflicto. La otra vertiente, y quiz\u00e1 la predominante, era eminentemente laboral. Esta constataci\u00f3n lleva a la Suprema Corte de Justicia a concluir que la jurisdicci\u00f3n laboral posee mayor aptitud institucional para resolver el litigio; pero no porque el Tribunal Superior Administrativo carezca de competencia para controlar actuaciones administrativas, sino porque, en el caso concreto, el conflicto exige una comprensi\u00f3n especializada del r\u00e9gimen jur\u00eddico laboral que constituye el n\u00facleo material del litigio. La justicia material<\/em>, seg\u00fan explica la Corte, es de naturaleza predominantemente laboral, no administrativa.<\/p>\n\n\n\n

IV. El principio de especialidad<\/em> como criterio constitucional de determinaci\u00f3n del juez natural<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los aportes m\u00e1s significativos de esta sentencia n\u00fam. SCJ-TS-24-2520, del 29 de noviembre de 2024, consiste en identificar el principio de especialidad<\/em> como elemento integrante del propio principio del juez natural<\/em>. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia no concibe la especializaci\u00f3n<\/em> \u00fanicamente como una cuesti\u00f3n organizativa del Poder Judicial. Distinto a ello, la eleva al rango de garant\u00eda constitucional vinculada directamente con la tutela judicial efectiva<\/em>. En efecto, seg\u00fan el razonamiento desarrollado por esta alta Corte, el juez especializado no solo posee mayores conocimientos t\u00e9cnicos sobre determinada rama del derecho, su especializaci\u00f3n comprende tambi\u00e9n experiencia institucional, comprensi\u00f3n de la realidad social regulada y sensibilidad frente a los intereses jur\u00eddicos en juego.<\/p>\n\n\n\n

Este aspecto resulta especialmente interesante desde la teor\u00eda general del derecho. Recordando a Ronald Dworkin<\/em>, cabe decir que el derecho no consiste exclusivamente en reglas, sino tambi\u00e9n en principios cuya aplicaci\u00f3n exige interpretaci\u00f3n moral del ordenamiento. Es un ordenamiento, como explica Zagrebelsky<\/em>, d\u00factil en el que coexisten principios, valores y reglas. Del mismo modo, el pensamiento de Robert Alexy<\/em> nos conduce a establecer que la realizaci\u00f3n de los principios constitucionales depende de ejercicios de ponderaci\u00f3n<\/em> orientados hacia la optimizaci\u00f3n de los derechos fundamentales. De ah\u00ed que la sentencia comentada parece ubicarse precisamente dentro de esta corriente. Y es que, viendo el derecho desde la matriz de la Constituci\u00f3n, considerando el car\u00e1cter justo<\/em> y \u00fatil<\/em> de la norma (art. 40.15, CRD), hay que convenir en que la competencia deja de ser una regla r\u00edgida para convertirse en una decisi\u00f3n interpretativa guiada por principios constitucionales, de cara a la protecci\u00f3n reforzada de la justicia material<\/em> envuelta. De suerte y manera que la especialidad<\/em> ha de tenerse como condici\u00f3n necesaria para realizar el debido proceso sustantivo<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

V. La tutela judicial efectiva en su dimensi\u00f3n material<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los conceptos m\u00e1s elaborados de la decisi\u00f3n consiste en distinguir entre la dimensi\u00f3n procesal<\/em> y la dimensi\u00f3n sustantiva<\/em> de la tutela judicial efectiva<\/em>. Tradicionalmente, el debido proceso se ha asociado con garant\u00edas procedimentales: derecho de defensa, contradicci\u00f3n, publicidad, imparcialidad y motivaci\u00f3n. Sin embargo, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia sostiene que ello resulta insuficiente. Existe tambi\u00e9n una dimensi\u00f3n material del debido proceso, y dicha dimensi\u00f3n exige que el conflicto sea resuelto por el juez capaz de ofrecer la soluci\u00f3n m\u00e1s adecuada seg\u00fan la naturaleza del derecho comprometido. En otras palabras, la tutela judicial efectiva no se satisface \u00fanicamente porque exista un proceso.<\/p>\n\n\n\n

Se requiere, adem\u00e1s, que dicho proceso sea desarrollado por el \u00f3rgano jurisdiccional cuya especializaci\u00f3n garantice una decisi\u00f3n materialmente justa. Esta concepci\u00f3n encuentra respaldo en el pensamiento de Luigi Ferrajoli<\/em>, quien distingue entre la mera legalidad formal<\/em> y la legitimidad constitucional<\/em> de las decisiones jurisdiccionales, as\u00ed como en la doctrina de Michele Taruffo<\/em>, para quien la verdad procesal<\/em> y la justicia de la decisi\u00f3n<\/em> dependen de la adecuada estructura institucional del proceso. La sentencia incorpora impl\u00edcitamente estas ideas al sostener que la competencia constituye una garant\u00eda del derecho fundamental a obtener una decisi\u00f3n justa.<\/p>\n\n\n\n

En el caso concreto, esta construcci\u00f3n te\u00f3rica encuentra una aplicaci\u00f3n particularmente elocuente, en la medida en que la existencia de un acto administrativo pudo haber conducido, desde una visi\u00f3n estrictamente formalista o legalista de la competencia, a radicar el conocimiento del litigio ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa<\/em>. Sin embargo, la concepci\u00f3n principialista<\/em> acogida por la sentencia comentada conduce a una soluci\u00f3n distinta: la competencia no se determina por la forma jur\u00eddica del acto impugnado, sino por la naturaleza sustancial del derecho cuya tutela se reclama. De ah\u00ed que, al advertir que el n\u00facleo del conflicto resid\u00eda en la protecci\u00f3n de derechos laborales y no en el mero control abstracto de legalidad de una actuaci\u00f3n administrativa, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia atribuye prevalencia al criterio material sobre el formal. Ello reafirma, sin duda, que la competencia judicial constituye una garant\u00eda instrumental de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, en cuanto procura que el conflicto sea resuelto por el juez naturalmente llamado a ofrecer la respuesta m\u00e1s adecuada a la naturaleza del derecho comprometido.<\/p>\n\n\n\n

VI. Justicia material y control difuso de la actividad administrativa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Quiz\u00e1 el aspecto m\u00e1s innovador de la sentencia reside en negar que la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa<\/em> posea un monopolio sobre el control de la actividad administrativa. La interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los art\u00edculos 165 y 139 de la Constituci\u00f3n conduce a una conclusi\u00f3n distinta. Toda jurisdicci\u00f3n puede controlar actuaciones administrativas cuando dicho examen resulte indispensable para resolver el conflicto principal sometido a su conocimiento. La jurisdicci\u00f3n laboral puede hacerlo respecto de actos administrativos laborales, la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria respecto de actuaciones registrales, la jurisdicci\u00f3n civil o comercial respecto de decisiones administrativas relacionadas con derechos patrimoniales o propiedad industrial.<\/p>\n\n\n\n

La indicada alta Corte utiliza como ejemplos precisamente los conflictos relativos a decisiones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y las actuaciones registrales del Registro de T\u00edtulos. Esta doctrina rompe definitivamente con cualquier concepci\u00f3n r\u00edgida de compartimentos estancos entre jurisdicciones. El elemento decisivo deja de ser la naturaleza aislada del acto administrativo y pasa a ser la naturaleza predominante del conflicto. Veamos la cuesti\u00f3n gr\u00e1ficamente. La tradici\u00f3n francesa, de la cual proviene en buena medida nuestro sistema de distribuci\u00f3n de competencias, ha ense\u00f1ado que la competencia se determina, en principio, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la relaci\u00f3n controvertida y al orden jurisdiccional al que el legislador ha atribuido su conocimiento. Ese constituye el punto de partida, y, cuando dicho criterio permite identificar sin dificultad al juez competente, la controversia debe resolverse conforme a esa regla. Las reglas de competencia, en efecto, son el primer instrumento para garantizar la seguridad jur\u00eddica<\/em>, el juez natural<\/em> y la buena administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n

La dificultad surge cuando la realidad del litigio desborda la clasificaci\u00f3n formal de las instituciones jur\u00eddicas y el conflicto presenta una naturaleza mixta o compleja. En tales supuestos, la casu\u00edstica incorpora elementos que impiden resolver la competencia mediante una lectura exclusivamente literal o aislada de las normas atributivas de jurisdicci\u00f3n. Es precisamente ah\u00ed donde la interpretaci\u00f3n principialista<\/em> cobra protagonismo y exige identificar cu\u00e1l es la dimensi\u00f3n material predominante del conflicto, a fin de garantizar una tutela judicial verdaderamente efectiva. De ello se colige que no se trata de relativizar las reglas de competencia ni de afectar la seguridad jur\u00eddica<\/em> mediante soluciones casu\u00edsticas arbitrarias. Muy por el contrario, el prop\u00f3sito consiste en evitar que el an\u00e1lisis quede restringido a la forma externa del litigio cuando esta no refleja la verdadera naturaleza del derecho comprometido.<\/p>\n\n\n\n

All\u00ed donde la aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de la regla formal conducir\u00eda a una respuesta incompatible con la efectividad de los derechos fundamentales, el int\u00e9rprete debe acudir a una lectura sistem\u00e1tica y finalista de la Constituci\u00f3n, privilegiando el principio de tutela judicial efectiva y la garant\u00eda del juez materialmente m\u00e1s id\u00f3neo para resolver la controversia. Volviendo al caso decidido por la sentencia analizada, n\u00f3tese c\u00f3mo la presencia de una resoluci\u00f3n administrativa del Ministerio de Trabajo constitu\u00eda \u00fanicamente el veh\u00edculo jur\u00eddico a trav\u00e9s del cual se exteriorizaba el conflicto, pero no su esencia. La controversia era, en realidad, una discusi\u00f3n sobre derechos laborales. Al decidir como lo hizo, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia no hizo otra cosa que desplazar el an\u00e1lisis desde la apariencia formal del litigio hacia su contenido constitucionalmente relevante, reafirmando que las reglas de competencia deben servir a la realizaci\u00f3n de la justicia material<\/em> y no convertirse en un obst\u00e1culo para ella.<\/p>\n\n\n\n

VII. La proyecci\u00f3n de esta doctrina jurisprudencial hacia la jurisdicci\u00f3n civil e inmobiliaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Aunque la sentencia se refiere espec\u00edficamente a un conflicto laboral, su construcci\u00f3n te\u00f3rica posee evidente vocaci\u00f3n expansiva, y es que con frecuencia se presentan litigios civiles cuya soluci\u00f3n depende del an\u00e1lisis de la legalidad de una actuaci\u00f3n administrativa. As\u00ed ocurre, por ejemplo, cuando una controversia contractual exige examinar permisos administrativos; cuando un conflicto societario depende de actuaciones registrales o cuando un litigio mercantil requiere controlar decisiones de autoridades regulatorias. Lo mismo sucede en la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria, en la que numerosos conflictos sobre derechos registrados descansan sobre la validez de actuaciones administrativas desarrolladas por los Registradores de T\u00edtulos, por la Direcci\u00f3n Nacional de Registro de T\u00edtulos o por el Abogado del Estado.<\/p>\n\n\n\n

La doctrina fijada por la Suprema Corte permite afirmar que el juez natural de estos conflictos no necesariamente ser\u00e1 el Tribunal Superior Administrativo, sino aquella jurisdicci\u00f3n especializada cuya competencia permita resolver \u00edntegramente la controversia y otorgar una tutela judicial efectiva en sentido material. Esta conclusi\u00f3n fortalece la unidad del ordenamiento jur\u00eddico y evita la fragmentaci\u00f3n innecesaria del litigio. Pero, yendo m\u00e1s all\u00e1, este criterio principialista<\/em> no se limita exclusivamente a los supuestos en los que interviene un acto administrativo. Su alcance resulta igualmente \u00fatil para resolver aquellos escenarios en los que los contornos competenciales entre jurisdicciones pueden presentarse difusos, especialmente cuando un mismo conflicto contiene elementos pertenecientes a distintas ramas del derecho.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed ocurre, por ejemplo, en determinadas controversias que involucran inmuebles registrados, pero cuya soluci\u00f3n material depende esencialmente del derecho civil, no de la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria, como sucede cuando lo reclamado es el cumplimiento de obligaciones contractuales, la interpretaci\u00f3n de condiciones, plazos, modalidades o cl\u00e1usulas penales propias de la teor\u00eda general del contrato. En tales casos, aunque exista una conexi\u00f3n con un inmueble registrado, la justicia material puede encontrarse vinculada de manera predominante al derecho com\u00fan, por ser esta la disciplina llamada a resolver el n\u00facleo sustancial de la controversia. Y es que si bien la Suprema Corte de Justicia ha establecido que cuando existe un acto mixto[2]<\/strong><\/a><\/em> la competencia debe ser de la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria, ello ha de ser as\u00ed, tal como explica la propia jurisprudencia, cuando la justicia material<\/em> no sea predominantemente personal-obligacional<\/em>, m\u00e1s que real<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Distinto ser\u00eda el supuesto en que el contrato \u00fanicamente constituye el antecedente documental de una actuaci\u00f3n inmobiliaria, como ocurre con una transferencia sustentada en un acto contractual, pero donde no se discuten aspectos profundos de la relaci\u00f3n obligacional, tales como incumplimiento, condiciones, t\u00e9rminos o consecuencias contractuales, sino exclusivamente la eficacia registral de dicha transferencia o la regularidad del asiento inmobiliario correspondiente. En una hip\u00f3tesis semejante, la naturaleza predominante del conflicto ser\u00eda inmobiliaria, pues el contrato opera simplemente como el t\u00edtulo justificativo de una operaci\u00f3n registral.<\/p>\n\n\n\n

De esta manera, la especialidad jurisdiccional, entendida como manifestaci\u00f3n del principio del juez natural<\/em>, funciona como una verdadera br\u00fajula para identificar el \u00f3rgano llamado a resolver la controversia. No se trata de desconocer la regla primaria conforme a la cual la competencia viene determinada por la ley, ni de sustituir las normas atributivas de jurisdicci\u00f3n por criterios subjetivos del int\u00e9rprete. Se trata, m\u00e1s bien, de contar con una herramienta constitucional, viendo el car\u00e1cter justo y \u00fatil de la norma (art. 40.15, CRD), de interpretaci\u00f3n para aquellos casos en los que la aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de una regla formal no permita identificar con claridad la jurisdicci\u00f3n que ofrece una respuesta m\u00e1s adecuada al conflicto.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, el juez natural<\/em> no solo se define por la materia formalmente involucrada, sino por la aptitud institucional del \u00f3rgano jurisdiccional para resolver el verdadero contenido del litigio. Por ello, ante dificultades competenciales, cabe insistir, el principio de especialidad<\/em>, vinculado a la tutela judicial efectiva<\/em> y al debido proceso<\/em>, constituye un instrumento invaluable para garantizar que cada controversia sea conocida por el juez que, por su formaci\u00f3n y funci\u00f3n constitucional, se encuentra en mejores condiciones de impartir justicia material<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

VIII. Una valoraci\u00f3n cr\u00edtica favorable<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En nuestro concepto, la sentencia n\u00fam. SCJ-TS-24-2520 dictada, el 29 de noviembre de 2024, por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia constituye uno de los desarrollos m\u00e1s importantes de la jurisprudencia dominicana reciente en materia de teor\u00eda de la competencia. Su principal virtud consiste en abandonar una visi\u00f3n formalista del principio del juez natural<\/em> para adoptar una concepci\u00f3n funcional y constitucionalmente orientada. Esta sentencia transmite la valiosa ense\u00f1anza jur\u00eddica de que la competencia no representa un privilegio institucional de determinada jurisdicci\u00f3n. Constituye, por el contrario, un derecho fundamental del ciudadano. El juez natural<\/em> es aquel que, atendiendo a la naturaleza integral del conflicto, posee mejores condiciones para producir una decisi\u00f3n jur\u00eddicamente correcta y materialmente justa, partiendo evidentemente, de reglas legalmente previstas, pero interpretadas a la luz del car\u00e1cter justo y \u00fatil de la norma. Esta perspectiva armoniza plenamente con la doctrina contempor\u00e1nea del Estado constitucional de derecho.<\/p>\n\n\n\n

Afirmamos que debe partirse de una regla legalmente prevista, porque necesariamente debemos partir de una premisa esencial: la aplicaci\u00f3n del principio del juez natural<\/em>, desde la perspectiva de la especialidad jurisdiccional<\/em>, presupone necesariamente la existencia de una atribuci\u00f3n legal previa de competencia. En efecto, dicho principio no puede utilizarse para crear competencias inexistentes ni para desplazar, al margen de la ley, las reglas ordinarias de distribuci\u00f3n jurisdiccional. Pretender, por ejemplo, fundamentar la competencia de un juez penal para conocer un procedimiento de referimiento, alegando que la justicia material<\/em> se relaciona con lo represivo, cuando el ordenamiento no le atribuye tal potestad, implicar\u00eda desbordar la funci\u00f3n interpretativa del principio y convertirlo en una fuente aut\u00f3noma de jurisdicci\u00f3n, lo cual resultar\u00eda incompatible con la seguridad jur\u00eddica<\/em> y con la reserva legal en materia de competencia.<\/p>\n\n\n\n

La verdadera utilidad del comentado principio surge cuando nos encontramos ante jurisdicciones que ya cuentan con una habilitaci\u00f3n legal para conocer determinados asuntos, pero en las que, por la complejidad del caso concreto, existen zonas de posible convergencia o incertidumbre competencial. Es en ese escenario donde la especialidad<\/em>, como expresi\u00f3n del juez natural<\/em>, permite identificar cu\u00e1l jurisdicci\u00f3n ofrece la respuesta m\u00e1s adecuada atendiendo al contenido material del conflicto y a los derechos sustanciales comprometidos. Por ello, conviene insistir en que esta no constituye la regla general, sino una herramienta excepcional de interpretaci\u00f3n para aquellos supuestos en los que los contornos competenciales no aparecen definidos con absoluta claridad. Cuando la ley determina sin dificultad la jurisdicci\u00f3n competente, no existe espacio para desplazar dicha regla: lo laboral corresponde a la jurisdicci\u00f3n de trabajo, lo civil a la civil, lo inmobiliario a la inmobiliaria, y as\u00ed sucesivamente.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, no se trata de debilitar la seguridad jur\u00eddica<\/em> mediante soluciones distintas para casos semejantes, sino precisamente de fortalecerla mediante un criterio constitucional-principialista<\/em> que permita resolver adecuadamente aquellos casos complejos en los que la mera apariencia formal del litigio no refleja su verdadera naturaleza. El principio del juez natural<\/em>, entendido desde la especialidad<\/em> y la tutela judicial efectiva<\/em>, no sustituye las reglas de competencia; las complementa cuando el propio ordenamiento exige una interpretaci\u00f3n orientada a garantizar una decisi\u00f3n materialmente justa.<\/p>\n\n\n\n

IX.- Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La sentencia n\u00fam. SCJ-TS-24-2520 dictada, el 29 de noviembre de 2024, por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia representa un importante avance en la construcci\u00f3n de una teor\u00eda constitucional de la competencia judicial en la Rep\u00fablica Dominicana. Su mayor aporte consiste en demostrar que el principio del juez natural<\/em> no puede entenderse exclusivamente como una distribuci\u00f3n formal de competencias previamente establecida por la ley. El juez natural<\/em> es, ante todo, el juez constitucionalmente id\u00f3neo para garantizar la tutela judicial efectiva en todas sus dimensiones. La especialidad jurisdiccional<\/em> aparece entonces como una condici\u00f3n indispensable para alcanzar la justicia material<\/em> del caso concreto.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, cuando la l\u00ednea divisoria entre distintas jurisdicciones resulta difusa, la respuesta no debe buscarse \u00fanicamente en criterios literales de competencia, sino en una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Constituci\u00f3n que permita identificar cu\u00e1l \u00f3rgano jurisdiccional posee mayor aptitud institucional para resolver integralmente el conflicto. La doctrina jurisprudencial iniciada por la Tercera Sala de la Suprema Corte trasciende el \u00e1mbito laboral y administrativo, y ofrece un criterio general aplicable a las jurisdicciones civil, inmobiliaria, comercial, etc., consolidando una visi\u00f3n moderna del juez natural<\/em> como garant\u00eda constitucional al servicio de la justicia material<\/em> envuelta en cada caso concreto.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[1]<\/a> No es ocioso recordar que, en buena teor\u00eda general del derecho, por justicia material<\/em><\/strong> debe entenderse la soluci\u00f3n que atiende al fondo real del conflicto<\/strong>, m\u00e1s all\u00e1 de su apariencia formal o de la calificaci\u00f3n externa de los actos procesales o jur\u00eddicos involucrados. No basta, por tanto, con identificar la forma del litigio; es necesario determinar cu\u00e1l es el derecho sustancial que verdaderamente reclama protecci\u00f3n y cu\u00e1l es el juez con mayor aptitud para garantizarla. En el caso decidido por la Tercera Suprema Corte de Justicia, aunque formalmente exist\u00eda un acto administrativo sujeto a control, el fondo de la controversia estaba determinado por los efectos laborales que dicho acto produc\u00eda sobre los trabajadores. Por esa raz\u00f3n, la justicia material exig\u00eda que el conflicto fuera conocido por la jurisdicci\u00f3n laboral, por ser la llamada a aplicar con mayor especialidad las normas y principios propios de esa materia. En consecuencia, el juez natural no era aquel definido \u00fanicamente por la forma administrativa del acto impugnado, sino aquel cuya competencia respond\u00eda al verdadero contenido del litigio.<\/p>\n\n\n\n

[2]<\/a> En el ejemplo comentado el acto ser\u00eda mixto, porque es \u201cpersonal\u201d<\/em> respecto de lo obligacional-contractual<\/em> y, al mismo tiempo, es \u201creal\u201d<\/em>, porque envuelve un inmueble registrado: tiene aspecto real <\/em>y aspecto personal<\/em>, mixto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

RESUMEN ________________________________________________________________________________________________________________ A partir del an\u00e1lisis de la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ-TS-24-2520, del 29 de noviembre de 2024), se examina la evoluci\u00f3n jurisprudencial que vincula el principio del juez natural con … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1170"}],"collection":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1170"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1170\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1171,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1170\/revisions\/1171"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}