{"id":1183,"date":"2026-09-09T16:26:05","date_gmt":"2026-09-09T20:26:05","guid":{"rendered":"https:\/\/yoaldo.org\/?p=1183"},"modified":"2026-09-09T16:26:05","modified_gmt":"2026-09-09T20:26:05","slug":"mirada-critica-a-la-sentencia-tc-0389-25-interpretacion-constitucional-tutela-judicial-efectiva-y-antinomias-en-la-prescripcion-de-la-responsabilidad-por-el-fluido-electrico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yoaldo.org\/?p=1183","title":{"rendered":"Mirada cr\u00edtica a la sentencia TC\/0389\/25: interpretaci\u00f3n constitucional, tutela judicial efectiva y antinomias en la prescripci\u00f3n de la responsabilidad por el fluido el\u00e9ctrico"},"content":{"rendered":"\n

Resumen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Se da una mirada cr\u00edtica a la sentencia TC\/0389\/25 del Tribunal Constitucional de la Rep\u00fablica Dominicana, enfoc\u00e1ndose en tres ejes fundamentales: (1) las antinomias normativas<\/em> entre el C\u00f3digo Civil y la Ley 358-05 en materia de prescripci\u00f3n de la responsabilidad civil por el fluido el\u00e9ctrico; (2) la falta de motivaci\u00f3n adecuada<\/em> por parte del Poder Judicial al omitir el an\u00e1lisis de normas constitucionales y legales imperativas aplicables; y (3) la importancia de una interpretaci\u00f3n constitucional sistem\u00e1tica<\/em> que armonice el derecho del consumidor (art. 53 de la Constituci\u00f3n) con los principios de seguridad jur\u00eddica y tutela judicial efectiva. Se concluye que el caso constituye un ejemplo ilustrativo de los desaf\u00edos y potencialidades del control de constitucionalidad y la interpretaci\u00f3n jur\u00eddica en contextos de conflicto normativo.<\/p>\n\n\n\n

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Palabras claves<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Constitucionalidad, prescripci\u00f3n, responsabilidad civil, fluido el\u00e9ctrico, antinomias normativas, interpretaci\u00f3n jur\u00eddica, tutela judicial efectiva, derecho del consumidor, motivaci\u00f3n judicial, seguridad jur\u00eddica, jurisdicci\u00f3n constitucional, armonizaci\u00f3n normativa, C\u00f3digo Civil, Ley 358-05, control difuso.<\/p>\n\n\n\n

Contenido<\/strong><\/p>\n\n\n\n

I.- <\/strong>Introducci\u00f3n, II. <\/strong>Antinomias jur\u00eddicas y posibles soluciones, III. <\/strong>Falta de motivaci\u00f3n judicial y su incidencia en el debido proceso, IV.-<\/strong> La interpretaci\u00f3n jur\u00eddica desde la Constituci\u00f3n y el r\u00e9gimen de prescripci\u00f3n, V.-<\/strong> Precedentes constitucionales, interpretaci\u00f3n activa y el deber de aplicar el derecho conforme a la Constituci\u00f3n, VI.- <\/strong>Posibles puntos perfectibles en la argumentaci\u00f3n del Tribunal Constitucional: una mirada cr\u00edtica desde la dogm\u00e1tica constitucional,<\/em> <\/strong>VII.- <\/strong>Conclusi\u00f3n: un caso modelo de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica y constitucional<\/em><\/p>\n\n\n\n

I.- Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La sentencia TC\/0389\/25 del Tribunal Constitucional de la Rep\u00fablica Dominicana resuelve el recurso de revisi\u00f3n constitucional[1]<\/strong><\/a><\/em> interpuesto por las se\u00f1oras Ignacia Torres V\u00e1squez, Teresa Rodr\u00edguez Polanco e Inocencia Santos Pe\u00f1a en un caso sobre responsabilidad civil cuasi delictual<\/em> originada por el fallecimiento de un ciudadano[2]<\/a>, a causa de una descarga el\u00e9ctrica, en el que las demandantes alegaron que el deceso se produjo por la exposici\u00f3n de un cable del tendido el\u00e9ctrico en la v\u00eda p\u00fablica; circunstancia que atribu\u00edan a un mantenimiento negligente y a una omisi\u00f3n de deber de seguridad por parte de las empresas proveedoras del servicio.<\/p>\n\n\n\n

El Poder Judicial, en sede casacional, resolvi\u00f3 que la acci\u00f3n estaba prescrita, al aplicar los art\u00edculos 2271 y 2278 del C\u00f3digo Civil, motivando en el sentido de que los plazos de prescripci\u00f3n tambi\u00e9n corren contra los menores de edad, lo que condujo a casar sin env\u00edo la sentencia que hab\u00eda ordenado una indemnizaci\u00f3n y declarado inconstitucional, por v\u00eda difusa, el citado art\u00edculo 2278.<\/p>\n\n\n\n

Lo precedentemente expuesto, presenta un caso paradigm\u00e1tico de conflicto entre normas de diferente jerarqu\u00eda, omisiones interpretativas de parte del Poder Judicial y la relevancia del control de constitucionalidad en la correcta administraci\u00f3n de justicia. Interesando, de manera relevante, tres aspectos que aborda esta decisi\u00f3n: (1) la presencia de antinomias jur\u00eddicas y las posibles v\u00edas de soluci\u00f3n; (2) la falta de motivaci\u00f3n judicial en decisiones que afectan derechos fundamentales; y (3) la necesidad de interpretar las normas conforme a la Constituci\u00f3n, especialmente cuando est\u00e1n en juego los derechos fundamentales, tales como los del consumidor reconocidos en el art\u00edculo 53 constitucional.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a la presencia de antinomias jur\u00eddicas<\/em>, la sentencia evidencia un conflicto normativo entre el r\u00e9gimen general del C\u00f3digo Civil (art\u00edculos 2271 y 2278) y el r\u00e9gimen especial contenido en la Ley n\u00fam. 358-05, sobre los Derechos del Consumidor o Usuario. Esta colisi\u00f3n normativa deb\u00eda resolverse aplicando los principios de especialidad, cronolog\u00eda y favorabilidad, tal como exige el orden constitucional cuando se confrontan normas con distinto rango y finalidad, especialmente si una de ellas es de orden p\u00fablico y protege derechos fundamentales[3]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, sobre la falta de motivaci\u00f3n judicial<\/em>, la sentencia comentada pone de manifiesto una preocupaci\u00f3n producto de que la Suprema Corte de Justicia no abordara aspectos sustanciales del caso, como la posible existencia de una relaci\u00f3n de consumo y la aplicaci\u00f3n de la normativa correspondiente. Esta omisi\u00f3n, seg\u00fan fue decidido en sede constitucional, compromete el derecho al debido proceso<\/em> y la tutela judicial efectiva<\/em>, en tanto impide que las partes conozcan de manera clara y razonada las bases jur\u00eddicas del fallo, afectando la legitimidad de la decisi\u00f3n y su control constitucional[4]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En lo que tiene que ver con la necesidad de interpretar las normas conforme a la Constituci\u00f3n<\/em>[5]<\/strong><\/em><\/a>, el caso pone en evidencia la importancia de integrar en el an\u00e1lisis jur\u00eddico los derechos fundamentales reconocidos en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, especialmente el derecho a una compensaci\u00f3n justa en casos de servicios defectuosos. Una interpretaci\u00f3n apegada al texto y esp\u00edritu constitucional, seg\u00fan explic\u00f3 nuestra m\u00e1xima corporaci\u00f3n constitucional, hubiera requerido priorizar la norma especial y proteger efectivamente los intereses de los consumidores, particularmente cuando se trata de menores de edad en condici\u00f3n de vulnerabilidad, como v\u00edctimas indirectas del siniestro[6]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Todo lo anterior hace que esta sentencia del Tribunal Constitucional represente un avance significativo en la consolidaci\u00f3n del control de constitucionalidad en la Rep\u00fablica Dominicana, ya que reconoce y corrige una afectaci\u00f3n sustancial al derecho a la tutela judicial efectiva<\/em> y al debido proceso<\/em>, al identificar que la Suprema Corte de Justicia omiti\u00f3 considerar principios constitucionales esenciales como la protecci\u00f3n de los derechos del consumidor<\/em>, el principio de especialidad normativa<\/em> y el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o<\/em>[7]<\/strong><\/em><\/a>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

As\u00ed las cosas, el fallo adquiere un alto valor jur\u00eddico al reafirmar la supremac\u00eda constitucional<\/em> y al exigir una interpretaci\u00f3n de las normas conforme a los derechos fundamentales, privilegiando el principio pro persona<\/em> y el car\u00e1cter imperativo de la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor como norma de orden p\u00fablico. De suerte que, tal como se expondr\u00e1 a mayor profundidad en el cuerpo del presente art\u00edculo, esta decisi\u00f3n contribuye a la construcci\u00f3n de una jurisprudencia constitucional s\u00f3lida, orientada a garantizar el acceso real y efectivo a la justicia y la protecci\u00f3n integral de los sectores vulnerables frente a omisiones judiciales que afectan el contenido esencial de sus derechos.<\/p>\n\n\n\n

II. Antinomias jur\u00eddicas y posibles soluciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los elementos m\u00e1s significativos que pone en evidencia esta sentencia es la antinomia normativa entre el C\u00f3digo Civil, particularmente sus art\u00edculos 2271 y 2278, y la Ley n\u00fam. 358-05 de Protecci\u00f3n de los Derechos del Consumidor o Usuario. Mientras que el C\u00f3digo Civil establece un plazo de prescripci\u00f3n de seis meses para las acciones de responsabilidad civil cuasi delictual<\/em>, incluyendo aquellas originadas por cosas inanimadas, como el fluido el\u00e9ctrico, la Ley 358-05 establece un plazo de dos a\u00f1os (art\u00edculo 134), en el marco de relaciones de consumo.<\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed se observa una clara colisi\u00f3n entre una norma general y preconstitucional (C\u00f3digo Civil) y una norma especial, posterior y de orden p\u00fablico (Ley 358-05). La soluci\u00f3n correcta, conforme al principio de lex specialis derogat generali<\/em> y lex posterior derogat priori<\/em>, debi\u00f3 haber sido el reconocimiento de la aplicabilidad preferente de la Ley 358-05, al tratarse de un caso que podr\u00eda encuadrarse como una relaci\u00f3n de consumo entre los afectados y la empresa EDESUR[8]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Y, efectivamente, tal como apunta el Tribunal Constitucional, exist\u00eda en la especie una relaci\u00f3n de consumo, en tanto y en cuanto las personas afectadas eran usuarias finales del servicio p\u00fablico de suministro el\u00e9ctrico, provisto por empresas distribuidoras que, en su calidad de prestadoras de servicios, est\u00e1n sujetas al r\u00e9gimen de responsabilidad objetiva propio del derecho del consumidor.<\/p>\n\n\n\n

Hay que recordar que el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n reconoce expresamente el derecho de toda persona a recibir bienes y servicios de calidad, as\u00ed como a ser compensada por los da\u00f1os causados por su uso o consumo, lo que impone un deber reforzado de seguridad en cabeza de los proveedores, m\u00e1xime cuando se trata de servicios esenciales como el fluido el\u00e9ctrico. Por lo que, tal como fue decidido en sede constitucional, resultaba imperativo aplicar el r\u00e9gimen especial de protecci\u00f3n previsto en la Ley n\u00fam. 358-05, particularmente el art\u00edculo 134, que establece un plazo de prescripci\u00f3n m\u00e1s amplio -de dos a\u00f1os- de naturaleza imperativa y de orden p\u00fablico, desplazando en este caso al r\u00e9gimen general de prescripci\u00f3n del C\u00f3digo Civil, conforme a los principios de especialidad<\/em>, favorabilidad<\/em> y pro consumatore<\/em>[9]<\/strong><\/em><\/a>.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Tribunal Constitucional, visto lo anterior, destaca que la Suprema Corte de Justicia omiti\u00f3 evaluar si el caso correspond\u00eda a una relaci\u00f3n de consumo, privando a los justiciables de la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen especial de protecci\u00f3n y prescripci\u00f3n establecido para estos casos. Esta omisi\u00f3n fue calificada como una falla sustancial, capaz de invalidar la decisi\u00f3n adoptada por la alta corte.<\/p>\n\n\n\n

III. Falta de motivaci\u00f3n judicial y su incidencia en el debido proceso<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Otro aspecto de profundo impacto constitucional abordado por la sentencia TC\/0389\/35 es la falta de motivaci\u00f3n suficiente por parte de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional sostiene que, si bien aquella alta corte fundament\u00f3 su decisi\u00f3n sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 2278 del C\u00f3digo Civil, no consider\u00f3 aspectos sustantivos fundamentales del caso: en particular, la posible existencia de una relaci\u00f3n de consumo y la aplicabilidad del r\u00e9gimen de protecci\u00f3n del consumidor[10]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El derecho a una decisi\u00f3n debidamente motivada, derivado del derecho al debido proceso (art\u00edculo 69.7 de la Constituci\u00f3n), exige que las sentencias expongan razonamientos claros, suficientes y pertinentes, capaces de legitimar la actuaci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional. El incumplimiento de este deber implica una violaci\u00f3n constitucional directa, como ha reconocido el Tribunal Constitucional al aplicar el test de motivaci\u00f3n<\/em> desarrollado en decisiones como la TC\/0009\/13 y TC\/0265\/22.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia objeto de revisi\u00f3n incumple, de los cinco elementos de ese test, dos de los m\u00e1s importantes: no se presentan las consideraciones pertinentes que expliquen el razonamiento y no se asegura que la decisi\u00f3n cumpla su funci\u00f3n de legitimaci\u00f3n social. La consecuencia es una decisi\u00f3n que, aunque invoca principios relevantes como la seguridad jur\u00eddica<\/em>, no responde integralmente al marco normativo aplicable, ni garantiza el derecho de acceso a la justicia ni el derecho a obtener una respuesta judicial adecuada.<\/p>\n\n\n\n

En otras palabras, la falta de debida motivaci\u00f3n en este caso fue retenida porque la Suprema Corte de Justicia, al acoger el recurso de casaci\u00f3n y declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, no analiz\u00f3 si el fallecimiento del ciudadano \u2014atribuido a un presunto defecto en el servicio p\u00fablico de suministro el\u00e9ctrico\u2014 configuraba una relaci\u00f3n de consumo protegida por el r\u00e9gimen imperativo de la Ley n\u00fam. 358-05, espec\u00edficamente su art\u00edculo 134, que establece un plazo de prescripci\u00f3n distinto al del art\u00edculo 2271 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n\n\n\n

Tampoco ponder\u00f3 si dicho servicio, al ser esencial y de alta sensibilidad t\u00e9cnica, impon\u00eda un deber reforzado de seguridad para el proveedor, ni si la situaci\u00f3n de los menores de edad como v\u00edctimas indirectas exig\u00eda una valoraci\u00f3n m\u00e1s cuidadosa de sus garant\u00edas procesales. En lugar de ello, el tribunal aplic\u00f3 mec\u00e1nicamente las reglas generales de prescripci\u00f3n civil, sin considerar el marco constitucional ni los principios de especialidad, pro persona<\/em> y pro consumatore<\/em> que deb\u00edan informar su decisi\u00f3n. En suma, lo que debi\u00f3 ser un examen integral del r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable al supuesto f\u00e1ctico, fue sustituido por una aplicaci\u00f3n r\u00edgida y fragmentada del derecho, carente de la motivaci\u00f3n constitucionalmente exigida[11]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

IV. La interpretaci\u00f3n jur\u00eddica desde la Constituci\u00f3n y el r\u00e9gimen de prescripci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La tercera dimensi\u00f3n analizada en esta sentencia tiene que ver con el deber de interpretar las normas ordinarias conforme a la Constituci\u00f3n[12]<\/strong><\/a><\/em>, en especial frente a derechos fundamentales como los consagrados en el art\u00edculo 53, que reconoce el derecho de las personas a ser indemnizadas por da\u00f1os causados por bienes o servicios de mala calidad.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal Constitucional recalca que la Suprema Corte de Justicia, al interpretar el art\u00edculo 2278 del C\u00f3digo Civil, debi\u00f3 hacerlo a la luz del bloque de constitucionalidad, que incluye normas y principios que rigen los derechos de los consumidores. La protecci\u00f3n del consumidor no es una cuesti\u00f3n meramente civil, sino una cuesti\u00f3n constitucional vinculada a la dignidad humana<\/em>, la protecci\u00f3n de sectores vulnerables (como los menores de edad) y el equilibrio en las relaciones de consumo.<\/p>\n\n\n\n

El an\u00e1lisis del Tribunal Constitucional permite concluir que la Suprema Corte de Justicia no pod\u00eda aplicar mec\u00e1nicamente[13]<\/strong><\/a><\/em> los plazos del C\u00f3digo Civil sin antes determinar si era aplicable el r\u00e9gimen imperativo de la Ley n\u00fam. 358-05. De ser as\u00ed, la demanda no estar\u00eda prescrita, y los afectados, incluidos los menores de edad (como v\u00edctimas indirectas), tendr\u00edan derecho a una reparaci\u00f3n efectiva, conforme a un sistema jur\u00eddico que privilegia el principio de favorabilidad<\/em>, la protecci\u00f3n del d\u00e9bil jur\u00eddico<\/em> y el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

De modo distinto a lo expuesto, estar\u00edamos frente a un modelo de interpretaci\u00f3n judicial formalista y regresivo, porque se desatender\u00eda el mandato de aplicar el derecho desde una perspectiva que integre la Constituci\u00f3n como par\u00e1metro de validez y legitimidad del ordenamiento jur\u00eddico. Imaginemos que se admite como v\u00e1lido que los jueces apliquen autom\u00e1ticamente normas preconstitucionales sin contrastarlas con los derechos fundamentales \u2014como el de los consumidores a recibir indemnizaci\u00f3n por servicios defectuosos\u2014, ello ser\u00eda equivalente a perpetuar situaciones de indefensi\u00f3n estructural y a consolidar una justicia desconectada de los valores y principios constitucionales.<\/p>\n\n\n\n

Por eso, tal como ha establecido el Tribunal Constitucional, la soluci\u00f3n m\u00e1s constitucionalmente adecuada es interpretar y aplicar el art\u00edculo 2278 del C\u00f3digo Civil a la luz de la Ley n\u00fam. 358-05 y el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, ya que, vale reiterar, en contextos de consumo, los derechos fundamentales no pueden ser desplazados por reglas civiles de naturaleza supletoria, especialmente cuando est\u00e1n en juego bienes jur\u00eddicos esenciales como la vida, la integridad f\u00edsica y los derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n\n\n\n

V.- Precedentes constitucionales, interpretaci\u00f3n activa y el deber de aplicar el derecho conforme a la Constituci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

La funci\u00f3n de los precedentes del Tribunal Constitucional en el ordenamiento jur\u00eddico dominicano no se limita a su reproducci\u00f3n mec\u00e1nica ni a su aplicaci\u00f3n indiscriminada. Por el contrario, su valor como par\u00e1metro de interpretaci\u00f3n debe ser comprendido dentro del marco de una cultura jur\u00eddica que exige de los jueces y autoridades administrativas una labor hermen\u00e9utica consciente, razonada y constitucionalizada[14]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En efecto, si bien los precedentes vinculantes constituyen una fuente formal del derecho en virtud de los art\u00edculos 184 de la Constituci\u00f3n y 53 de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (Ley n\u00fam. 137-11), su aplicaci\u00f3n exige distinguir con precisi\u00f3n la ratio decidendi<\/em> (n\u00facleo normativo y vinculante de la decisi\u00f3n) de los obiter dicta<\/em> (consideraciones accesorias o contextuales que no obligan como regla decisoria)[15]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En esta l\u00ednea, una interpretaci\u00f3n constitucional exige a los jueces superar tanto la vieja concepci\u00f3n de ser \u201cboca de la ley\u201d \u2014mero transmisor del texto normativo\u2014 como tambi\u00e9n la posici\u00f3n pasiva de convertirse en \u201cboca de la jurisprudencia\u201d, replicando acr\u00edticamente precedentes sin ponderar las especificidades del caso, ni realizar el necesario contraste entre normas ordinarias y los valores superiores del orden constitucional.<\/p>\n\n\n\n

Un ejemplo revelador de esta exigencia interpretativa se presenta en el \u00e1mbito del derecho administrativo. Imaginemos un caso en que se impugna un acto administrativo, y coexisten dos plazos legales para recurrirlo: uno m\u00e1s breve, previsto en una ley sectorial como la Ley n\u00fam. 108-05 de Registro Inmobiliario, y otro m\u00e1s amplio, establecido en la Ley n\u00fam. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administraci\u00f3n P\u00fablica. Ante esta dualidad normativa, corresponde al operador jur\u00eddico \u2014sea juez o funcionario administrativo\u2014 aplicar el par\u00e1metro constitucional que privilegia el acceso efectivo a la justicia (art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n), el principio pro actione<\/em>, y el principio de favorabilidad,<\/em> todos ellos reforzados por la doctrina del Tribunal Constitucional. As\u00ed, no es admisible optar mec\u00e1nicamente por el plazo m\u00e1s breve de la ley especial si ello implica restringir injustificadamente un derecho fundamental, como el de recurrir v\u00e1lidamente decisiones administrativas.<\/p>\n\n\n\n

La norma adjetiva, especialmente en materia de plazos procesales o administrativos, no puede ser tratada como un obst\u00e1culo t\u00e9cnico aislado del derecho sustantivo; debe, por el contrario, interpretarse en armon\u00eda con el orden constitucional. Este principio, reiteradamente reconocido por el Tribunal Constitucional, debe irradiar todo el ordenamiento jur\u00eddico, lo que implica que, en casos con particularidades an\u00e1logas, debe preferirse siempre la interpretaci\u00f3n normativa que asegure una tutela judicial efectiva<\/em> y no meramente formal.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, el criterio acogido en la sentencia comentada \u2014seg\u00fan el cual la aplicaci\u00f3n de los plazos del C\u00f3digo Civil deb\u00eda ceder frente a las disposiciones imperativas y de orden p\u00fablico de la Ley n\u00fam. 358-05, por tratarse de una relaci\u00f3n de consumo\u2014 no solo es v\u00e1lido para ese caso en concreto, sino que debe extenderse como regla interpretativa a todas las situaciones similares, en las que exista una colisi\u00f3n entre una norma general de prescripci\u00f3n (como las del C\u00f3digo Civil) y otra de naturaleza especial y protectora, cuyo contenido est\u00e9 m\u00e1s alineado con los valores constitucionales. Esta t\u00e9cnica de an\u00e1lisis jur\u00eddico evita automatismos normativos y fortalece el papel del juez constitucional como garante de los derechos fundamentales y del equilibrio entre legalidad y justicia sustantiva.<\/p>\n\n\n\n

En resumen, los precedentes del Tribunal Constitucional deben ser gu\u00eda, no dogma; catalizadores de razonamientos constitucionales, no sustitutos del juicio cr\u00edtico del operador jur\u00eddico. La fidelidad al texto constitucional exige que la interpretaci\u00f3n del derecho \u2014sustantivo o adjetivo\u2014 se realice de manera activa, racional y comprometida con la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

VI.- Posibles puntos perfectibles en la argumentaci\u00f3n del Tribunal Constitucional: una mirada cr\u00edtica desde la dogm\u00e1tica constitucional<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Toda decisi\u00f3n jurisdiccional, incluso aquellas de alta densidad jur\u00eddica y valor institucional, como las emanadas del Tribunal Constitucional, debe estar abierta al escrutinio t\u00e9cnico y al di\u00e1logo argumentativo. En este sentido, y sin desmerecer el valor sustantivo y el aporte normativo de la sentencia comentada, es posible identificar algunos aspectos susceptibles de mejora desde el punto de vista de la t\u00e9cnica constitucional, la sistematicidad argumentativa y la claridad estructural en la tutela de derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Mejora en el desarrollo de los principios estructurantes del derecho del consumidor como cl\u00e1usulas constitucionales impl\u00edcitas<\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Si bien la sentencia alude al art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n y a la Ley n\u00fam. 358-05 como marco para reconocer la protecci\u00f3n constitucional del consumidor, podr\u00eda haberse profundizado con mayor rigor en el desarrollo del contenido normativo de principios como el favor consumatoris<\/em>, el principio de confianza leg\u00edtima<\/em> y el principio de igualdad material<\/em>, en su proyecci\u00f3n constitucional. Esta omisi\u00f3n debilita en parte la fuerza dogm\u00e1tica del argumento que pretende justificar la inaplicabilidad de los plazos del C\u00f3digo Civil y la necesidad de utilizar un r\u00e9gimen especial m\u00e1s protector. Una referencia sistem\u00e1tica a precedentes comparados o al desarrollo doctrinal de estos principios como \u201ccl\u00e1usulas constitucionales impl\u00edcitas\u201d habr\u00eda dotado de mayor solidez te\u00f3rica la decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n