{"id":1205,"date":"2026-11-16T21:52:47","date_gmt":"2026-11-17T01:52:47","guid":{"rendered":"https:\/\/yoaldo.org\/?p=1205"},"modified":"2026-11-16T21:52:47","modified_gmt":"2026-11-17T01:52:47","slug":"la-prueba-civil-entre-la-seguridad-juridica-y-la-tutela-judicial-efectiva-estudio-comparado-del-derecho-frances-y-dominicano-ante-los-desafios-de-la-transformacion-digital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yoaldo.org\/?p=1205","title":{"rendered":"La prueba civil entre la seguridad jur\u00eddica y la tutela judicial efectiva: estudio comparado del derecho franc\u00e9s y dominicano ante los desaf\u00edos de la transformaci\u00f3n digital"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Resumen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n\n\n\n<p>Una mirada a la prueba como presupuesto esencial de la justicia civil, abordando sus fundamentos, principios, objeto, carga y medios de producci\u00f3n, as\u00ed como la distinci\u00f3n entre la acreditaci\u00f3n de los actos y la de los hechos jur\u00eddicos. Analizando, desde una perspectiva comparada entre los ordenamientos franc\u00e9s y dominicano, su dimensi\u00f3n constitucional, especialmente en relaci\u00f3n con el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. Y examinando los desaf\u00edos que plantea la transformaci\u00f3n digital, particularmente en materia de prueba electr\u00f3nica, autenticidad, integridad y valoraci\u00f3n judicial, para sostener que la legitimidad de la decisi\u00f3n jurisdiccional no depende \u00fanicamente de la correcta aplicaci\u00f3n del derecho material o sustantivo, sino tambi\u00e9n, en el contexto procesal, de la obtenci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y valoraci\u00f3n racional de la prueba.<\/p>\n\n\n\n<p>________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Palabras claves<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Prueba civil, carga probatoria, medios de prueba, derecho a la prueba, debido proceso, tutela judicial efectiva, valoraci\u00f3n probatoria, prueba electr\u00f3nica, derecho franc\u00e9s, derecho dominicano.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contenido<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>I.- <\/strong>Mirada preliminar a la cuesti\u00f3n probatoria,<strong> II.- <\/strong>La <em>principiolog\u00eda <\/em>aplicada a la actividad probatoria,<strong> III.- <\/strong>La prueba como presupuesto de la tutela judicial efectiva, <strong>IV.- <\/strong>Fundamento constitucional y procesal de la actividad probatoria,<strong> V.- <\/strong>Prueba de los <em>actos jur\u00eddicos<\/em> y prueba de los <em>hechos jur\u00eddicos,<\/em><strong>VI.- <\/strong>El derecho franc\u00e9s moderno: entre la prueba legal y la libertad probatoria,<strong> VII.- <\/strong>La prueba en el proceso civil dominicano: tradici\u00f3n civilista y lectura constitucional, <strong>VIII.- <\/strong>Las nuevas tecnolog\u00edas y la transformaci\u00f3n de la prueba civil,<strong> IX.- <\/strong>La prueba pericial, la inspecci\u00f3n judicial y el deber de esclarecimiento,<strong> X.- <\/strong>La prueba il\u00edcita, el derecho de defensa y la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales,<strong> XI.- <\/strong>Una metodolog\u00eda pr\u00e1ctica para saber probar en el proceso civil,<strong> XII.- <\/strong>Consideraciones finales: probar es convertir una afirmaci\u00f3n en una conclusi\u00f3n jur\u00eddicamente justificable.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I.- Mirada preliminar a la cuesti\u00f3n probatoria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En concreto, la <em>prueba<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\"><strong>[1]<\/strong><\/a><\/em> no es otra cosa que el instrumento mediante el cual se procura acreditar la existencia, inexistencia o configuraci\u00f3n de los actos y hechos jur\u00eddicamente relevantes para la soluci\u00f3n de una controversia, a fin de proporcionar al juzgador los elementos necesarios para fundamentar racionalmente su decisi\u00f3n. Sin ella, las pretensiones corren el riesgo de permanecer en el plano de las simples afirmaciones, desprovistas de la fuerza demostrativa indispensable para obtener su reconocimiento jurisdiccional. De ah\u00ed su may\u00fascula importancia procesal, y es que la <em>prueba<\/em> constituye el puente que conecta la teor\u00eda del caso sometida por cada parte con la decisi\u00f3n judicial, permitiendo que la aplicaci\u00f3n del derecho no descanse en conjeturas, intuiciones o apreciaciones arbitrarias, sino en una reconstrucci\u00f3n razonada de la realidad sometida a juicio<a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>No deben confundirse, de entrada, los conceptos de <em>prueba<\/em>, <em>principio de prueba<a href=\"#_ftn3\" id=\"_ftnref3\"><strong>[3]<\/strong><\/a><\/em> y <em>medio de prueba<a href=\"#_ftn4\" id=\"_ftnref4\"><strong>[4]<\/strong><\/a><\/em> con los de <em>carga de la prueba<a href=\"#_ftn5\" id=\"_ftnref5\"><strong>[5]<\/strong><\/a><\/em>, <em>objeto de la prueba<\/em><a href=\"#_ftn6\" id=\"_ftnref6\">[6]<\/a> y <em>procedimiento probatorio<a href=\"#_ftn7\" id=\"_ftnref7\"><strong>[7]<\/strong><\/a><\/em>, pues, aunque se encuentran estrechamente relacionados, responden a categor\u00edas conceptuales distintas. En efecto, la <em>prueba<\/em>, en sentido estricto, alude a la actividad y al resultado demostrativo orientados a establecer la veracidad o acreditaci\u00f3n procesal de un acto o hecho jur\u00eddico; el <em>principio de prueba<\/em> constituye un elemento inicial de acreditaci\u00f3n que puede servir de fundamento para completar la demostraci\u00f3n mediante otros medios; mientras que el <em>medio de prueba<\/em> es el instrumento o mecanismo jur\u00eddicamente reconocido a trav\u00e9s del cual se incorpora informaci\u00f3n relevante al proceso, como ocurre con los documentos, los testimonios, las presunciones, las inspecciones judiciales y las experticias. Por su parte, la <em>carga de la prueba<\/em> determina qui\u00e9n soporta las consecuencias de que un hecho relevante permanezca sin acreditar; el <em>objeto de la prueba<\/em> delimita aquello que debe demostrarse, y el <em>procedimiento probatorio<\/em> establece las condiciones bajo las cuales los elementos de convicci\u00f3n se proponen, incorporan, contradicen y valoran. Estas distinciones, lejos de responder a un mero rigor terminol\u00f3gico, resultan indispensables para comprender la estructura de la actividad probatoria y evitar confusiones que puedan comprometer la correcta aplicaci\u00f3n del derecho.<\/p>\n\n\n\n<p>En el ordenamiento dominicano, esta tem\u00e1tica encuentra uno de sus puntos de partida en el art\u00edculo 1315 del C\u00f3digo Civil, conforme al cual <em>quien reclama la ejecuci\u00f3n de una obligaci\u00f3n debe probarla, mientras que quien pretende estar liberado debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinci\u00f3n de su obligaci\u00f3n<\/em>. La disposici\u00f3n expresa una regla cardinal de distribuci\u00f3n de la carga probatoria y sintetiza una m\u00e1xima de permanente actualidad en la pr\u00e1ctica forense, que reza: <em>\u201calegar no es probar\u201d<\/em>. No basta, por consiguiente, con formular una pretensi\u00f3n jur\u00eddicamente atendible, invocar una norma favorable o afirmar la existencia de un derecho; es indispensable aportar los elementos que permitan establecer los presupuestos f\u00e1cticos de su reconocimiento, conforme al r\u00e9gimen probatorio aplicable. De ah\u00ed que saber probar constituya una competencia jur\u00eddica tan relevante como saber interpretar la ley o, m\u00e1s bien, interpretar el derecho, que transciende la ley<a href=\"#_ftn8\" id=\"_ftnref8\">[8]<\/a>, pues una pretensi\u00f3n sustantivamente fundada puede resultar desestimada si los hechos que la sustentan no alcanzan el grado de acreditaci\u00f3n exigible.<\/p>\n\n\n\n<p>No debe perderse de vista que, a la luz de la <em>constitucionalizaci\u00f3n del derecho procesa<\/em>l, la teor\u00eda del proceso debe examinarse bajo el prisma de sus principios y garant\u00edas fundamentales, puesto que las instituciones procesales no constituyen formalidades aisladas ni pueden aplicarse al margen de la funci\u00f3n que desempe\u00f1an en la protecci\u00f3n efectiva de los derechos. El proceso civil, en un Estado constitucional de derecho, debe concebirse, tal como planteara COUTURE<a href=\"#_ftn9\" id=\"_ftnref9\">[9]<\/a>, como un instrumento de tutela de las situaciones jur\u00eddicas sustanciales y, al mismo tiempo, como un espacio institucional sometido a reglas que aseguren la igualdad procesal, la imparcialidad judicial, la contradicci\u00f3n y la proscripci\u00f3n de la arbitrariedad. De ah\u00ed que <em>principios<\/em> como la <em>tutela judicial efectiva<\/em>, el <em>debido proceso<\/em>, el <em>derecho de defensa<\/em>, la <em>igualdad de armas<\/em>, la <em>contradicci\u00f3n<\/em>, la <em>legalidad de la prueba<\/em>, la <em>buena fe procesal<\/em>, la <em>seguridad jur\u00eddica<\/em>, la <em>motivaci\u00f3n de las decisiones<\/em>, etc., no puedan faltar del an\u00e1lisis de la cuesti\u00f3n probatoria. Todos ellos encuentran especial conexi\u00f3n con el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n dominicana y, en el \u00e1mbito internacional, con las garant\u00edas judiciales reconocidas por el art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos entre otros instrumentos Supranacionales.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde esta perspectiva, el <em>derecho a la prueba<\/em> no debe reducirse a la posibilidad formal de depositar documentos o solicitar la pr\u00e1ctica de determinadas diligencias. Comprende, en los t\u00e9rminos establecidos por el ordenamiento, la oportunidad real de aportar elementos pertinentes, controvertir los presentados por la contraparte y obtener una valoraci\u00f3n judicial racional, congruente y debidamente motivada. La garant\u00eda constitucional se ver\u00eda comprometida tanto si se impidiera injustificadamente demostrar un hecho decisivo como si se atribuyera eficacia concluyente a un elemento cuya autenticidad, licitud o fuerza demostrativa no hubiese sido examinada adecuadamente. La <em>justicia probatoria<\/em> exige, por tanto, un equilibrio entre la necesidad de esclarecer los hechos y el deber de respetar las garant\u00edas que legitiman su incorporaci\u00f3n y valoraci\u00f3n dentro del proceso.<\/p>\n\n\n\n<p>En este orden de ideas, resulta fundamental distinguir entre la prueba de los <em>actos jur\u00eddicos<\/em> y la prueba de los <em>hechos jur\u00eddicos<\/em>, pues la naturaleza de aquello que se pretende acreditar condiciona los medios admisibles y las exigencias legales correspondientes. Cuando se trata de <em>actos jur\u00eddicos<\/em>, la ley puede establecer exigencias particulares de prueba escrita, en atenci\u00f3n a la necesidad de preservar la estabilidad de las relaciones jur\u00eddicas, la certeza de las obligaciones y la seguridad del tr\u00e1fico jur\u00eddico. En cambio, trat\u00e1ndose de <em>hechos jur\u00eddicos<\/em>, la ausencia ordinaria de una documentaci\u00f3n preconstituida justifica una mayor flexibilidad en la selecci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n. As\u00ed, seg\u00fan las circunstancias, el esclarecimiento de los hechos puede requerir no solo documentos, sino tambi\u00e9n declaraciones testimoniales, comparecencias personales, descensos al lugar de los acontecimientos, experticias caligr\u00e1ficas o inform\u00e1ticas, indicios y presunciones. No se trata de privilegiar indiscriminadamente un medio sobre otro, sino de identificar el instrumento id\u00f3neo para demostrar cada aspecto de la controversia, sin confundir libertad probatoria con ausencia de regulaci\u00f3n ni prueba legal con formalismo absoluto<a href=\"#_ftn10\" id=\"_ftnref10\">[10]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>A este panorama se a\u00f1aden los avances tecnol\u00f3gicos que, sin duda, han producido un impacto significativo en la cuesti\u00f3n probatoria<a href=\"#_ftn11\" id=\"_ftnref11\">[11]<\/a>. Hasta hace relativamente poco tiempo, habr\u00eda resultado dif\u00edcil imaginar que una comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica, una firma digital, los registros de una plataforma inform\u00e1tica o los metadatos de un archivo pudieran desempe\u00f1ar un papel determinante en la acreditaci\u00f3n de una relaci\u00f3n jur\u00eddica. Hoy, sin embargo, buena parte de las operaciones comerciales, contractuales y financieras se desarrolla en entornos digitales, mientras que las comunicaciones, fotograf\u00edas, grabaciones audiovisuales y dem\u00e1s datos electr\u00f3nicos se han convertido en fuentes habituales de informaci\u00f3n relevante para los litigios civiles. Incluso, la inteligencia artificial permite generar contenidos sint\u00e9ticos capaces de reproducir, con considerable realismo, voces, im\u00e1genes y documentos, lo que plantea nuevos desaf\u00edos en materia de autenticidad, integridad, atribuci\u00f3n de autor\u00eda y fiabilidad de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Por eso, justamente, la tendencia contempor\u00e1nea ha sido hacia la adaptaci\u00f3n de los sistemas probatorios a las nuevas formas de producci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la informaci\u00f3n, procurando que la naturaleza electr\u00f3nica de un documento no constituya, por s\u00ed sola, un obst\u00e1culo para su admisibilidad o eficacia. En la Rep\u00fablica Dominicana, esta orientaci\u00f3n encuentra una manifestaci\u00f3n normativa en la Ley n\u00fam. 126-02, sobre Comercio Electr\u00f3nico, Documentos y Firmas Digitales, as\u00ed como la Ley n\u00fam. 339-22 sobre Uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, entre otras, mientras que en Francia se refleja, entre otras disposiciones, en los art\u00edculos 1365, 1366 y 1367 del C\u00f3digo Civil, relativos al escrito electr\u00f3nico y a la firma electr\u00f3nica. No obstante, la equivalencia jur\u00eddica entre soportes no supone que todo archivo digital sea aut\u00e9ntico ni que su contenido deba aceptarse sin examen cr\u00edtico. La valoraci\u00f3n de estas pruebas exige atender a su procedencia, integridad, trazabilidad, contexto y posibilidad de verificaci\u00f3n, as\u00ed como garantizar que la contraparte disponga de oportunidades efectivas para cuestionarlas. La innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica ampl\u00eda las posibilidades de acreditaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n incrementa la necesidad de rigor en el control de la fiabilidad de los elementos aportados.<\/p>\n\n\n\n<p>Los tribunales, ante dicha realidad, est\u00e1n llamados a desarrollar una interpretaci\u00f3n jur\u00eddicamente fundada que permita integrar los nuevos instrumentos probatorios sin sacrificar las garant\u00edas esenciales del proceso. Ello requiere distinguir entre la admisibilidad de un elemento y su fuerza demostrativa; entre la autenticidad de un archivo y la veracidad de la informaci\u00f3n que contiene; y entre la utilidad de una herramienta tecnol\u00f3gica y la posibilidad de atribuir valor concluyente a sus resultados. Asimismo, exige ejercer las facultades de instrucci\u00f3n reconocidas por el ordenamiento cuando proceda, disponer las medidas necesarias para esclarecer hechos relevantes y motivar las decisiones probatorias de forma que las partes puedan comprenderlas y, cuando corresponda, someterlas al control de los \u00f3rganos de revisi\u00f3n. La tecnolog\u00eda puede auxiliar en la organizaci\u00f3n y el an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n, pero no sustituye la funci\u00f3n jurisdiccional ni releva al juzgador de su deber de valorar cr\u00edticamente las pruebas y justificar sus conclusiones.<\/p>\n\n\n\n<p>La ley, sin dudas, desempe\u00f1a una funci\u00f3n insustituible en esta materia, pues corresponde al legislador establecer las condiciones de admisibilidad, las garant\u00edas de autenticidad, los efectos jur\u00eddicos de los documentos electr\u00f3nicos y los mecanismos de protecci\u00f3n frente a los riesgos derivados de las nuevas tecnolog\u00edas. Sin embargo, mientras la regulaci\u00f3n se adapta a las transformaciones de la realidad social, econ\u00f3mica y tecnol\u00f3gica, los tribunales, en aras de cristalizar la anhelada seguridad jur\u00eddica, est\u00e1n llamados a interpretar las disposiciones vigentes de manera coherente con la Constituci\u00f3n, respetando el principio de legalidad y evitando tanto el rechazo injustificado de medios probatorios tecnol\u00f3gicamente novedosos como su aceptaci\u00f3n irreflexiva. Esta labor interpretativa no autoriza a sustituir al legislador ni a crear excepciones <em>contra legem<\/em>; exige, por el contrario, armonizar las reglas probatorias existentes con las garant\u00edas fundamentales, dentro de los m\u00e1rgenes que el propio ordenamiento permita.<\/p>\n\n\n\n<p>En definitiva, la cuesti\u00f3n probatoria constituye uno de los \u00e1mbitos en los que se manifiesta con mayor intensidad la relaci\u00f3n entre el derecho sustantivo, el proceso y la Constituci\u00f3n. Su adecuada comprensi\u00f3n exige conocer las reglas de distribuci\u00f3n de la carga probatoria, distinguir los reg\u00edmenes aplicables a los actos y hechos jur\u00eddicos, identificar los medios id\u00f3neos para cada supuesto y asegurar que su incorporaci\u00f3n y valoraci\u00f3n se realicen conforme a la ley, la contradicci\u00f3n y la racionalidad judicial. A su vez, el estudio comparado del derecho franc\u00e9s y del dominicano permite identificar convergencias, particularidades y soluciones \u00fatiles para afrontar los desaf\u00edos contempor\u00e1neos, sin perder de vista las diferencias normativas e institucionales entre ambos ordenamientos.<\/p>\n\n\n\n<p>Porque, en \u00faltima instancia, la prueba es el fundamento f\u00e1ctico sobre el cual se construye la decisi\u00f3n judicial; la contradicci\u00f3n, la garant\u00eda de su examen imparcial; la motivaci\u00f3n, la expresi\u00f3n racional de su valoraci\u00f3n; y la Constituci\u00f3n, el marco que asegura que todo ese proceso se desarrolle con respeto a los derechos fundamentales. De ah\u00ed que la m\u00e1xima <em>\u201calegar no es probar\u201d<\/em> conserve plena vigencia, aunque su comprensi\u00f3n contempor\u00e1nea deba trascender la visi\u00f3n tradicional de los documentos y abrirse a una concepci\u00f3n t\u00e9cnicamente rigurosa, constitucionalmente orientada y tecnol\u00f3gicamente actualizada de la actividad probatoria, capaz de contribuir a una justicia civil m\u00e1s efectiva, previsible y respetuosa de la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>II.- La <em>principiolog\u00eda <\/em>aplicada a la actividad probatoria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La <em>principiolog\u00eda<\/em> (o <em>principial\u00edstica<\/em>), en el Estado constitucional de derecho, supone el estudio, sistematizaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los principios jur\u00eddicos que informan, orientan y condicionan la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, operando como mandatos de optimizaci\u00f3n y criterios de racionalidad para la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos y, particularmente, de los \u00f3rganos jurisdiccionales. Aplicado a la cuesti\u00f3n probatoria, este enfoque supone comprender que la actividad de probar no se encuentra gobernada exclusivamente por reglas legales de car\u00e1cter procedimental, sino tambi\u00e9n por principios que determinan c\u00f3mo debe proponerse, incorporarse, controvertirse y valorarse la prueba, siempre en armon\u00eda con la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad jur\u00eddica<a href=\"#_ftn12\" id=\"_ftnref12\">[12]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>A partir del estudio de la doctrina procesal contempor\u00e1nea, representada por autores como Couture, Goza\u00edni, Peyrano, entre otros, en di\u00e1logo con los aportes cl\u00e1sicos y fundamentales de Carnelutti, Cappelletti, Taruffo, etc\u00e9tera, es posible identificar, entre otros, los siguientes principios rectores de la <em>actividad probatoria<\/em>: necesidad de la prueba, carga din\u00e1mica probatoria, libertad probatoria, legalidad, pertinencia, conducencia, utilidad, contradicci\u00f3n, igualdad de armas, comunidad o adquisici\u00f3n procesal, inmediaci\u00f3n, concentraci\u00f3n, publicidad, autorresponsabilidad probatoria, unidad de la prueba, valoraci\u00f3n racional y motivaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Debe tenerse presente que los principios jur\u00eddicos, por su propia naturaleza, no constituyen categor\u00edas necesariamente cerradas ni excluyentes; antes bien, poseen capacidad de irradiaci\u00f3n, complementariedad y concreci\u00f3n seg\u00fan la naturaleza de la controversia y las particularidades del ordenamiento aplicable. De hecho, los autores citados no coinciden en el n\u00famero de principios, cada uno realiza su propia construcci\u00f3n a partir de su ordenamiento jur\u00eddico. Por ello, la relaci\u00f3n que sigue no pretende ser exhaustiva, ni impide reconocer otros principios derivados de la Constituci\u00f3n, la legislaci\u00f3n procesal y la evoluci\u00f3n de la doctrina y la jurisprudencia. Pero lo cierto es que la <em>teor\u00eda procesal<\/em> supone manejar, adem\u00e1s de las <em>reglas <\/em>contenidas expresamente en la norma procesal, los <em>principios<\/em>, est\u00e9n o no de manera expresa en la ley<a href=\"#_ftn13\" id=\"_ftnref13\">[13]<\/a>. Pasemos, pues, a examinar, desde una perspectiva conceptual y aplicada, cada uno de estos principios, precisando su contenido, alcance, fundamento jur\u00eddico y manifestaciones concretas en el proceso civil.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de necesidad de la prueba.<\/em><strong> <\/strong>Significa, en concreto, que el juez debe fundamentar su decisi\u00f3n en los hechos acreditados mediante pruebas leg\u00edtimamente incorporadas al proceso, y no en su conocimiento privado, intuiciones, prejuicios o simples afirmaciones de las partes.Este principio supone que los <em>hechos controvertidos<a href=\"#_ftn14\" id=\"_ftnref14\"><strong>[14]<\/strong><\/a><\/em> necesitan demostraci\u00f3n. El juez no puede tener por acreditada una circunstancia simplemente porque una parte la afirme con convicci\u00f3n o porque su relato parezca veros\u00edmil.<\/p>\n\n\n\n<p>Verbigracia,una persona demanda el pago de un pr\u00e9stamo de RD$500,000.00. El demandante afirma que entreg\u00f3 esa cantidad al demandado, pero este \u00faltimo niega haber recibido el dinero. El tribunal no puede tener por demostrada la entrega por la sola afirmaci\u00f3n del demandante, necesita examinar el contrato, el recibo, la transferencia bancaria, el reconocimiento de deuda o los dem\u00e1s elementos probatorios pertinentes.Como consecuencia jur\u00eddica de ello, la decisi\u00f3n judicial debe descansar en hechos probados, sin perjuicio de los hechos admitidos, notorios o legalmente dispensados de prueba.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de carga din\u00e1mica de la prueba.<\/em><strong> <\/strong>Constituye, en suma, una modalidad de distribuci\u00f3n de la carga probatoria conforme a la cual, atendiendo a las circunstancias particulares del litigio, el deber de aportar o producir determinada prueba puede recaer sobre aquella parte que se encuentre en mejores condiciones t\u00e9cnicas, profesionales, econ\u00f3micas o materiales para hacerlo.Se trata de una concepci\u00f3n que flexibiliza la distribuci\u00f3n tradicional de la carga probatoria, evitando que su aplicaci\u00f3n r\u00edgida produzca situaciones de indefensi\u00f3n o dificulte injustificadamente el acceso a la justicia.En el derecho dominicano, su aplicaci\u00f3n debe armonizarse con el art\u00edculo 1315 del C\u00f3digo Civil y con las garant\u00edas constitucionales del debido proceso y la igualdad procesal. No supone una inversi\u00f3n autom\u00e1tica de la carga de la prueba, sino una distribuci\u00f3n razonada, justificada y respetuosa del derecho de defensa.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, un paciente demanda a un centro m\u00e9dico por una intervenci\u00f3n quir\u00fargica y cuestiona determinadas actuaciones documentadas durante el procedimiento. El centro m\u00e9dico tiene bajo su control exclusivo o predominante la historia cl\u00ednica, los registros de intervenci\u00f3n y los protocolos aplicados. Resultar\u00eda irrazonable exigir al paciente que aporte documentos a los que no tiene acceso y que est\u00e1n bajo la custodia de la instituci\u00f3n demandada.El tribunal puede adoptar las medidas procesales pertinentes para procurar su aportaci\u00f3n y, cuando el ordenamiento lo permita, valorar la conducta de quien se encuentra en mejores condiciones de producirlos.Y como consecuencia jur\u00eddica de todo lo anterior resulta que la carga probatoria no debe convertirse en una barrera insuperable para quien, por razones objetivas, carece de acceso al medio necesario para demostrar sus alegaciones.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de libertad probatoria.<\/em> Este principiosupone que, dentro de los l\u00edmites establecidos por el ordenamiento jur\u00eddico, las partes pueden servirse de los medios de prueba id\u00f3neos para demostrar los hechos controvertidos, sin quedar restringidas a una enumeraci\u00f3n r\u00edgida o cerrada de instrumentos probatorios.Su fundamento radica en que la b\u00fasqueda de la verdad jur\u00eddicamente relevante exige admitir mecanismos de demostraci\u00f3n compatibles con la naturaleza de los hechos y la evoluci\u00f3n de las relaciones sociales y tecnol\u00f3gicas.Pero, ojo,la <em>libertad probatoria<\/em> no significa arbitrariedad, m\u00e1s bien est\u00e1 limitada por la legalidad, los derechos fundamentales, la pertinencia y las reglas especiales sobre determinados actos jur\u00eddicos. En concreto, cada parte es libre de aportar los medios l\u00edcitos que estime pertinente para acreditar su teor\u00eda del caso, sin que exista un listado cerrado de los medios que se pueden aportar. Lejos de eso, la parte decide que deposita una factura, un conduce, una comparecencia personal de partes, una experticia, etc. Por ejemplo, una parte pretende demostrar que recibi\u00f3 instrucciones contractuales mediante comunicaciones electr\u00f3nicas. Puede aportar correos electr\u00f3nicos, conversaciones de <em>WhatsApp<\/em>, registros digitales y otros elementos pertinentes, sin que pueda rechazarse su incorporaci\u00f3n por el solo hecho de tratarse de medios tecnol\u00f3gicos. Como consecuencia jur\u00edrica de esto deriva que la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica no puede convertirse, por s\u00ed sola, en una causa de exclusi\u00f3n probatoria. Lo que s\u00ed debe tenerse muy en cuenta al momento de seleccionar los diversos medios probatorios en cada caso es lo que se pretende demostrar.<\/p>\n\n\n\n<p>En efecto, tal como veremos m\u00e1s adelante, mientras los <em>actos jur\u00eddicos<\/em> se prueban, esencialmente, por escrito y son valorados conforme al sistema de la <em>axiolog\u00eda legal<\/em> o <em>prueba tasada<\/em>, los <em>hechos jur\u00eddicos<\/em>, de su lado, se prueban por todos los medios y se valoran mediante el sistema de valoraci\u00f3n probatoria de la <em>axiolog\u00eda racional<\/em> o <em>sana cr\u00edtica<\/em>, como le llaman algunos autores. Y es que, si bien, como se ha dicho, la <em>libertad probatoria<\/em> supone que cada parte aporte los elementos de convicci\u00f3n que estime, debe tener presente, vale recalcar, si lo que desea demostrar es un <em>acto jur\u00eddico<\/em> o un <em>hecho jur\u00eddico<\/em> para, a partir de ello, medir su pertinencia. Esto enlaza con el <em>principio de conducencia de la prueba<\/em> que veremos m\u00e1s adelante que, justamente, supone conducir la prueba hacia el sistema de valoraci\u00f3n probatoria que corresponda, seg\u00fan se trate de un <em>acto jur\u00eddico<\/em> o de un <em>hecho jur\u00eddico<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>No ser\u00eda, por ejemplo, pertinente (ni <em>conducente<\/em>) un informativo testimonial para probar una obligaci\u00f3n distinta a la que existe contenida en un contrato o un cr\u00e9dito avalado por un pagar\u00e9 notarial. Esa medida de instrucci\u00f3n, como medio probatorio, en el contexto de los <em>actos jur\u00eddicos<\/em>, no tendr\u00eda <em>pertinencia<\/em>, porque no ser\u00eda \u00fatil y, por tanto, ser\u00eda rechazada. Y aunque el objetivo sea la misma obligaci\u00f3n debatida, haci\u00e9ndola <em>\u201cpertinente\u201d<\/em>, no ser\u00eda <em>conducente<a href=\"#_ftn15\" id=\"_ftnref15\"><strong>[15]<\/strong><\/a><\/em>, por no haberse adaptado al sistema que corresponder\u00eda, que en ese caso ser\u00eda el sistema de la <em>axiolog\u00eda legal<\/em> o <em>prueba tasada<\/em>, que esencialmente supone pruebas por escrito.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de legalidad de la prueba<\/em>. Concretamente,exige que la obtenci\u00f3n, proposici\u00f3n, incorporaci\u00f3n y producci\u00f3n de los medios probatorios se realicen conforme al ordenamiento jur\u00eddico y con respeto de los derechos fundamentales.No basta con que una prueba sea \u00fatil o pertinente, tambi\u00e9n debe haber sido obtenida e incorporada leg\u00edtimamente.Este principio encuentra fundamento directo en el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n dominicana, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, particularmente en el numeral 8), que establece que <em>es nula toda prueba obtenida en violaci\u00f3n a la ley. <\/em>Por ejemplo, una parte presenta una grabaci\u00f3n obtenida mediante la interceptaci\u00f3n clandestina de comunicaciones privadas, sin autorizaci\u00f3n ni fundamento jur\u00eddico que legitime su obtenci\u00f3n. Aunque su contenido pudiera resultar relevante para el litigio, su utilizaci\u00f3n debe examinarse a la luz del derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y las garant\u00edas constitucionales aplicables.Como consecuencia jur\u00eddica de ello deriva que<strong> <\/strong>la finalidad de esclarecer los hechos no legitima la utilizaci\u00f3n de cualquier medio ni justifica sacrificar derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de pertinencia de la prueba<\/em>. Conforme a este principio,una prueba es pertinente cuando guarda una relaci\u00f3n l\u00f3gica y jur\u00eddica con los <em>hechos controvertidos<\/em> que deben ser establecidos en el proceso.La pertinencia exige una conexi\u00f3n entre el objeto de la prueba y el objeto del litigio. No se trata de presentar cualquier informaci\u00f3n, sino aquella que contribuya a esclarecer los <em>hechos relevantes<\/em> para resolver la controversia.Por ejemplo, en una demanda por incumplimiento de un contrato de compraventa, resulta pertinente aportar el contrato, las comunicaciones relativas a la entrega, los comprobantes de pago y los requerimientos de cumplimiento. En cambio, los documentos relativos a controversias personales ajenas a la relaci\u00f3n contractual carecer\u00edan, en principio, de pertinencia.La consecuencia jur\u00eddica de lo anterior es que la prueba debe guardar relaci\u00f3n con los hechos que integran la controversia; de lo contrario, su incorporaci\u00f3n puede generar dilaciones y desviaciones innecesarias del debate procesal. Por eso, la decisi\u00f3n judicial ha de ser la desestimaci\u00f3n de la prueba impertinente al escrutar el acervo probatorio de la glosa procesal.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de conducencia de la prueba.<\/em><strong> <\/strong>Se refiere, en s\u00edntesis, a la aptitud jur\u00eddica del medio probatorio para demostrar determinado hecho, atendiendo a las exigencias legales aplicables.Mientras la <em>pertinencia<\/em> examina la relaci\u00f3n entre la prueba y el hecho, la <em>conducencia<\/em> examina si el medio elegido resulta jur\u00eddicamente id\u00f3neo para acreditarlo.Esta distinci\u00f3n es particularmente importante en el proceso civil, donde existen reglas especiales sobre la prueba de determinados actos jur\u00eddicos.Por ejemplo, una parte pretende demostrar mediante testimonios la existencia de un acto jur\u00eddico para cuya prueba la legislaci\u00f3n exige, bajo determinadas condiciones, prueba escrita. Aunque los testimonios guarden relaci\u00f3n con el hecho, debe examinarse si son jur\u00eddicamente admisibles para acreditar ese acto, considerando las excepciones legales correspondientes.Como consecuencia jur\u00eddica de esto resulta queno todo medio <em>pertinente<\/em> es necesariamente <em>conducente<\/em>; su idoneidad debe examinarse conforme a la naturaleza de lo que se desea probar, si un <em>acto jur\u00eddico<\/em> o un <em>hecho jur\u00eddico<\/em>, y al r\u00e9gimen legal aplicable.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de utilidad (y no redundancia) de la prueba.<\/em><strong> <\/strong>Exige que el medio probatorio tenga capacidad real de contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos. Una prueba es \u00fatil cuando aporta informaci\u00f3n relevante que permite confirmar, descartar o complementar una hip\u00f3tesis f\u00e1ctica.Su finalidad es evitar actuaciones probatorias superfluas, redundantes o carentes de eficacia demostrativa.Por ejemplo,en una controversia sobre la entrega de una mercanc\u00eda, las partes aportan cinco documentos bancarios que reproducen exactamente la misma transferencia. Si uno de ellos acredita suficientemente el pago y los restantes no a\u00f1aden informaci\u00f3n, el tribunal puede considerar innecesaria su reproducci\u00f3n, conforme a las reglas procesales aplicables.Como consecuencia jur\u00eddica de esto deriva quela actividad probatoria debe orientarse a la demostraci\u00f3n de los hechos, no a la acumulaci\u00f3n indiscriminada de documentos. Y pudiera sostenerse que, al amparo de la complementariedad de los principios, que la utilidad probatoria se enlaza, de alguna manera, con los principios de <em>pertinencia<\/em> y <em>conducencia de la prueba<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de contradicci\u00f3n de la prueba.<\/em><strong> <\/strong>Garantiza que cada parte tenga la posibilidad efectiva de conocer, examinar, cuestionar y controvertir los medios probatorios aportados por su contraparte.Es una manifestaci\u00f3n esencial del derecho de defensa y del debido proceso, reconocido en el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n dominicana.La contradicci\u00f3n no se satisface con una posibilidad meramente formal, no, se requiere una oportunidad real de formular objeciones, solicitar aclaraciones, cuestionar la autenticidad y discutir la eficacia demostrativa de la prueba.Verbigracia,una parte deposita capturas de conversaciones de <em>WhatsApp<\/em> para demostrar el reconocimiento de una deuda. La contraparte debe tener oportunidad de cuestionar su autenticidad, integridad, atribuci\u00f3n de autor\u00eda o contenido, as\u00ed como de aportar elementos que contradigan su eficacia.Como consecuencia jur\u00eddica de esto, destaca queninguna prueba debe convertirse en fundamento decisivo de una sentencia sin que las partes hayan tenido una oportunidad efectiva de ejercer contradicci\u00f3n, conforme a las reglas procesales. Y es que el <em>\u201cfactor sorpresa\u201d<\/em> es extra\u00f1o al debido proceso.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de igualdad de armas<\/em>. Supone que las partes dispongan de oportunidades procesales sustancialmente equivalentes para presentar sus argumentos, proponer pruebas, controvertir las de su adversario y defender sus respectivas posiciones.No significa que ambas partes deban encontrarse en id\u00e9ntica situaci\u00f3n material o econ\u00f3mica, sino que el proceso no puede establecer ventajas o desventajas procesales injustificadas que comprometan el equilibrio de la controversia.Por ejemplo,si el demandante tiene oportunidad de presentar un informe pericial y fundamentar sus conclusiones, el demandado debe contar con una oportunidad razonable para examinarlo, objetarlo y, cuando corresponda, aportar un informe contradictorio.\u00bfQu\u00e9 consecuencia jur\u00eddica deriva de esto? Sencillo, queel juez debe preservar el equilibrio procesal y evitar que una parte quede en situaci\u00f3n de desventaja sustancial frente a la otra.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de comunidad o adquisici\u00f3n procesal de la prueba.<\/em><strong> <\/strong>Una vez que la prueba se incorpora v\u00e1lidamente al proceso, deja de pertenecer exclusivamente a la parte que la aport\u00f3 y pasa a integrar el acervo probatorio com\u00fan, pudiendo beneficiar o perjudicar indistintamente a cualquiera de los litigantes.La eficacia de la prueba no depende de qui\u00e9n la haya producido, sino de su contenido, fiabilidad y relaci\u00f3n con los hechos controvertidos.Tal ser\u00eda el caso en que el demandante aporta un documento para demostrar una obligaci\u00f3n contractual. Sin embargo, del mismo documento resulta que el demandado realiz\u00f3 un pago parcial que no hab\u00eda sido reconocido en la demanda. El tribunal puede valorar ese contenido en beneficio del demandado.Consecuencia jur\u00eddica de esto: la prueba no tiene due\u00f1o procesal. Una vez incorporada leg\u00edtimamente, debe valorarse por lo que demuestra, no por qui\u00e9n la aport\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de inmediaci\u00f3n<\/em>. En concreto, este principio implicaun contacto directo del juzgador con los medios probatorios cuya percepci\u00f3n personal resulte relevante, especialmente en la pr\u00e1ctica de testimonios, comparecencias e inspecciones judiciales.Su finalidad es permitir que el juez conozca directamente las fuentes de prueba y pueda apreciar las circunstancias en que se producen, sin depender exclusivamente de referencias indirectas.Por ejemplo, en un proceso civil donde se discute si una persona reconoci\u00f3 determinada obligaci\u00f3n, el tribunal recibe directamente su comparecencia y puede examinar sus respuestas, aclaraciones y explicaciones, dentro de los l\u00edmites racionales de valoraci\u00f3n.Esto supone, jur\u00eddicamente, que la inmediaci\u00f3n favorece una valoraci\u00f3n m\u00e1s directa de la prueba, sin que ello autorice a sustituir el razonamiento objetivo por impresiones subjetivas sobre las personas.<\/p>\n\n\n\n<p>En grado de apelaci\u00f3n suele invocarse este principio para justificar que un testigo o una parte que ya ha declarado ante el tribunal <em>a-quo<\/em> vuelva a hacerlo en alzada. Tradicionalmente, se alega que ya las actas que recogen tales declaraciones forman parte del expediente, por lo que <em>\u201cno es necesario volver a escucharlos\u201d<\/em>. Sin embargo, el efecto devolutivo de la apelaci\u00f3n supone retrotraer a su fase inicial la sustanciaci\u00f3n del proceso, lo que implica volver a o\u00edr testigos y a las partes, si es solicitado para sustentar una teor\u00eda del caso. No es lo mismo leer fr\u00edamente lo que se recoge en un acta de audiencia (muchas veces deficientemente redactadas) que la impresi\u00f3n directa del tribunal al recibir -en vivo- tales afirmaciones. Suele acogerse el alegato de escuchar nuevamente al testigo o a la parte, basado en este <em>principio de inmediaci\u00f3n procesal.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de concentraci\u00f3n.<\/em><strong> <\/strong>Procura que las actuaciones procesales, especialmente las relacionadas con la producci\u00f3n y discusi\u00f3n de la prueba, se desarrollen de manera ordenada y concentrada, evitando dispersiones y dilaciones innecesarias.Este principio se relaciona con la <em>celeridad procesal<\/em>, la <em>econom\u00eda procesal<\/em> y la efectividad de la<em> tutela judicial<\/em>.Por ejemplo,en lugar de celebrar m\u00faltiples audiencias separadas para recibir testimonios, discutir documentos y examinar determinados medios probatorios, el tribunal organiza su pr\u00e1ctica y discusi\u00f3n de manera coordinada, en una misma vista.Consecuencia jur\u00eddica: la <em>concentraci\u00f3n<\/em> contribuye a una administraci\u00f3n de justicia m\u00e1s eficiente, sin sacrificar el derecho de defensa ni la calidad de la actividad probatoria.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de publicidad.<\/em><strong> <\/strong>Establece que las actuaciones judiciales deben desarrollarse, como regla general, de manera p\u00fablica, permitiendo el control ciudadano sobre el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional.Su fundamento constitucional se encuentra en el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n dominicana, sin perjuicio de las excepciones legalmente justificadas para proteger derechos e intereses leg\u00edtimos.Por ejemplo, la recepci\u00f3n de testimonios en una audiencia civil debe desarrollarse, como regla general, de manera p\u00fablica, permitiendo que las actuaciones sean conocidas y sometidas al control correspondiente. Como dice COUTURE, <em>el juez de los jueces es el pueblo<\/em>, el cual tiene, en virtud de este principio, el derecho de presenciar las audiencias, por regla general.,<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, cuando concurran circunstancias que justifiquen la reserva, por ejemplo, para proteger la intimidad de menores de edad, podr\u00e1n aplicarse las restricciones legalmente previstas. La consecuencia jur\u00eddica de este principio es que la <em>publicidad<\/em> fortalece la transparencia, la confianza en la administraci\u00f3n de justicia y el control democr\u00e1tico de la actividad jurisdiccional, sin que se trate de un principio que no admita flexibilizaciones, atendiendo la caso concreto, como se ha dicho.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de autorresponsabilidad probatoria.<\/em><strong> <\/strong>Significa que cada parte debe asumir las consecuencias procesales derivadas de su propia conducta probatoria, especialmente cuando omite aportar los elementos necesarios para acreditar los hechos cuya demostraci\u00f3n le corresponde.Este principio se encuentra estrechamente relacionado con la <em>carga de la prueba<\/em> y con el art\u00edculo 1315 del C\u00f3digo Civil dominicano.Por ejemplo, el demandante reclama el pago de una deuda, pero no aporta contrato, recibo, reconocimiento ni ning\u00fan otro elemento que permita acreditar su existencia. Si no consigue demostrar el hecho constitutivo de su pretensi\u00f3n, deber\u00e1 soportar las consecuencias desfavorables de esa insuficiencia probatoria.Como consecuencia jur\u00eddica de esto tenemos que quien tiene la carga de demostrar un hecho no puede trasladar al tribunal las consecuencias de su propia inactividad probatoria. Y esto enlaza, a su vez, con el <em>principio dispositivo<\/em>, que tiene preponderancia en procesos de inter\u00e9s privado como el civil: las partes impulsan sus pretensiones y los medios probatorios para soportarlas<a href=\"#_ftn16\" id=\"_ftnref16\">[16]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de unidad de la prueba.<\/em><strong> <\/strong>Exige que los medios probatorios sean examinados de manera integral, arm\u00f3nica y conjunta, evitando valoraciones fragmentarias que puedan conducir a conclusiones equivocadas.El juzgador debe identificar las coincidencias, contradicciones, complementariedades y limitaciones de los distintos elementos probatorios.Verbigracia,una parte presenta un contrato, una transferencia bancaria y varias conversaciones de <em>WhatsApp<\/em> para demostrar que realiz\u00f3 un pr\u00e9stamo. El tribunal no debe examinar cada elemento de manera aislada, sino determinar si, considerados conjuntamente, permiten establecer la existencia de la operaci\u00f3n, su naturaleza y las condiciones convenidas.Esto tiene como consecuencia jur\u00eddica que la convicci\u00f3n judicial debe construirse a partir del conjunto probatorio y no de la consideraci\u00f3n desarticulada de elementos individuales. Es lo que en el argot procesal suele denominarse como una <em>\u201cvaloraci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica de la prueba\u201d<a href=\"#_ftn17\" id=\"_ftnref17\"><strong>[17]<\/strong><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba.<\/em><strong> <\/strong>Impone, este principio, al juzgador el deber de examinar los medios probatorios conforme a criterios de l\u00f3gica, experiencia, conocimientos cient\u00edficos y razonabilidad, explicando por qu\u00e9 atribuye determinado grado de eficacia demostrativa a cada elemento.Se contrapone tanto a la arbitrariedad como a la apreciaci\u00f3n puramente subjetiva de la prueba y enlaza directamente con el concepto de <em>\u201cdebida motivaci\u00f3n\u201d<\/em> que ha construido el Tribunal Constitucional. <strong>&nbsp;<\/strong>En el proceso civil dominicano debe distinguirse entre los supuestos sometidos a reglas legales de prueba y aquellos en los que corresponde una valoraci\u00f3n racional conforme a la libertad probatoria.Imaginemos quese presentan fotograf\u00edas que, supuestamente, demuestran da\u00f1os en un inmueble. El tribunal no debe asumir autom\u00e1ticamente que las im\u00e1genes acreditan la responsabilidad del demandado. Debe examinar su fecha, procedencia, correspondencia con el inmueble, contexto y relaci\u00f3n con los dem\u00e1s elementos probatorios. De suerte y manera que, como consecuencia jur\u00eddica de todo esto, destaca quela valoraci\u00f3n probatoria debe responder a un razonamiento verificable, susceptible de control mediante los mecanismos de impugnaci\u00f3n correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Es importante resaltar que, si bien es un principio que, de entrada, va dirigido al tribunal, las partes pueden (y deben) invocarlo en sus respectivas teor\u00edas del caso, en el sentido de sugerir, con fundamento, c\u00f3mo debe interesarse racionalmente determinado medio de prueba, y para ello hacer acopio de este <em>principio de<\/em> <em>valoraci\u00f3n racional de la prueba.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de preclusi\u00f3n.<\/em> Este principio procesal tiene una aplicaci\u00f3n relativamente limitada en el proceso civil dominicano vigente, fundamentalmente porque este no responde a una estructura rigurosamente organizada por fases procesales, como ocurre, por ejemplo, en los procesos penal e inmobiliario. Su manifestaci\u00f3n m\u00e1s definida se encuentra, tal vez, en la etapa <em>in limine litis<\/em>, esto es, antes de proponer medios de inadmisi\u00f3n o concluir al fondo, pues, una vez superada esta oportunidad procesal sin que se hayan planteado las excepciones correspondientes, opera, como regla, la <em>preclusi\u00f3n<\/em> de dicha facultad, resultando inadmisible su ejercicio posterior.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuera de ese supuesto, su aplicaci\u00f3n es m\u00e1s bien casu\u00edstica. As\u00ed ocurre, por ejemplo, cuando se ordena una <em>reapertura de debates<\/em> con una finalidad probatoria espec\u00edfica. Si esta, por ejemplo, se dispone exclusivamente para someter determinada pieza al contradictorio, pudiera sugerirse que queda <em>precluida<\/em> la oportunidad de introducir medios distintos, como una comparecencia personal o un informativo testimonial. Sin embargo, debe precisarse que la <em>reapertura de debates<\/em> constituye una figura de construcci\u00f3n jurisprudencial, no una fase procesal expresamente estructurada por la ley. Por tanto, nada impide que, si las circunstancias del caso lo justifican y resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos, el tribunal ampl\u00ede su alcance y autorice otros medios probatorios, siempre que garantice a las partes la contradicci\u00f3n y el pleno ejercicio del <em>derecho de defensa<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>En definitiva, <strong>la <em>preclusi\u00f3n<\/em> tiene una incidencia relativamente reducida en el proceso civil dominicano, precisamente por la ausencia de una ordenaci\u00f3n sistem\u00e1tica por fases o estadios procesales.<\/strong> Su aplicaci\u00f3n seguir\u00e1 siendo predominantemente puntual mientras no se produzca una reforma que estructure el proceso civil en etapas claramente delimitadas, con oportunidades procesales definidas y consecuencias preclusivas expresas, soluci\u00f3n que permitir\u00eda fortalecer la <em>seguridad jur\u00eddica<\/em>, la celeridad y la ordenaci\u00f3n racional del debate.<\/p>\n\n\n\n<p><em>P<strong>rincipio de extensi\u00f3n de la prueba<\/strong><\/em>. Este principio supone que la eficacia demostrativa de un medio probatorio no queda necesariamente circunscrita al hecho espec\u00edfico para cuya acreditaci\u00f3n fue aportado, sino que puede proyectarse sobre otros hechos controvertidos que guarden conexi\u00f3n l\u00f3gica y jur\u00eddica con su contenido, siempre que hayan sido regularmente introducidos al proceso y se respete el <em>principio de contradicci\u00f3n<\/em>. Por ejemplo, un contrato aportado para demostrar la existencia de una obligaci\u00f3n puede acreditar, adem\u00e1s, sus condiciones, plazos, obligaciones rec\u00edprocas y modalidades de cumplimiento, aunque inicialmente se haya depositado para demostrar un aspecto particular de la relaci\u00f3n contractual.<\/p>\n\n\n\n<p>Debe precisarse, sin embargo, que este principio no autoriza a ampliar la <em>\u201ccausa\u201d<\/em> de la demanda, introducir nuevos hechos constitutivos de la pretensi\u00f3n ni modificar su objeto al margen de las reglas procesales correspondientes. Una cosa es extender la eficacia demostrativa de una prueba y otra, sustancialmente distinta, modificar el fundamento f\u00e1ctico de la acci\u00f3n. En definitiva, <strong>la prueba puede extender su eficacia demostrativa, pero esa extensi\u00f3n no comporta, por s\u00ed misma, una ampliaci\u00f3n del objeto litigioso<\/strong>, ni puede utilizarse para sorprender a la contraparte o menoscabar su <em>derecho de defensa.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Principio de motivaci\u00f3n probatoria.<\/em><strong> <\/strong>Exige que el juzgador explique de manera suficiente, coherente y jur\u00eddicamente fundada c\u00f3mo ha valorado los medios probatorios y por qu\u00e9 considera acreditados o no los hechos relevantes para resolver la controversia.No basta con enumerar las pruebas depositadas ni con afirmar gen\u00e9ricamente que fueron examinadas. Es necesario exteriorizar el razonamiento que conduce de los elementos probatorios a las conclusiones f\u00e1cticas.Este principio tiene fundamento constitucional en el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n dominicana y se relaciona directamente con la tutela judicial efectiva y el derecho a una decisi\u00f3n razonada. Y, desde el punto de vista forense, supone un buen manejo de la teor\u00eda de la argumentaci\u00f3n, aunado al deber de motivaci\u00f3n o, m\u00e1s bien, de una <em>\u201cdebida motivaci\u00f3n\u201d<\/em>, que se baste en hechos y en derecho.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo,si el tribunal considera demostrado un incumplimiento contractual mediante un contrato, comunicaciones electr\u00f3nicas y una certificaci\u00f3n bancaria, debe explicar qu\u00e9 acredita cada elemento, c\u00f3mo se complementan y por qu\u00e9 permiten concluir que existi\u00f3 el incumplimiento alegado. A su vez, para convencer sobre su teor\u00eda del caso, cada parte debe hacer lo propio, a fines de conseguir que sus alegatos se conviertan en decisi\u00f3n judicial, al ser acogido su planteamiento. Como consecuencia jur\u00eddica de todo esto resulta queuna sentencia que no explica racionalmente c\u00f3mo lleg\u00f3 a sus conclusiones probatorias puede incurrir en un d\u00e9ficit de motivaci\u00f3n, susceptible de control mediante los recursos legalmente establecidos. Y, desde el punto de vista del abogado litigante, una tesis que no sea debidamente explicada, en el plano probatoria, estar\u00eda condenada a no ser acogida por el tribunal. Insistiendo con VIGO, citado m\u00e1s arriba en otro principio, <em>no basta con tener la raz\u00f3n, hay que saber decirla, \u00bfc\u00f3mo? Argumentando.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">En fin, visto este y todos los principios anteriores, que hay que insistir con que no son limitativos, en el marco de una consideraci\u00f3n integradora, hay que entenderlos como un <em>sistema de garant\u00edas probatorias<\/em>. En efecto, los principios examinados no operan de manera aislada ni constituyen compartimentos extra\u00f1os entre s\u00ed. Por el contrario, conforman un sistema de garant\u00edas y directrices que debe interpretarse de manera arm\u00f3nica, atendiendo a la naturaleza de la controversia, las particularidades de cada medio probatorio y las exigencias constitucionales del proceso.<\/h2>\n\n\n\n<p>Por todo lo cual, la <em>libertad probatoria<\/em> encuentra sus l\u00edmites en la legalidad; la pertinencia y la conducencia delimitan la idoneidad de los medios; la contradicci\u00f3n y la igualdad de armas garantizan su discusi\u00f3n; la comunidad probatoria determina su aprovechamiento procesal; y la valoraci\u00f3n racional, junto con la motivaci\u00f3n, controla la legitimidad de las conclusiones judiciales. Todo como un verdadero <em>sistema de garant\u00edas probatorias<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III.- La prueba como presupuesto de la tutela judicial efectiva<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En el proceso civil, la <em>raz\u00f3n jur\u00eddica<\/em> no basta por s\u00ed sola para obtener una decisi\u00f3n favorable, es indispensable acreditar, mediante los medios de prueba legalmente admisibles y regularmente incorporados al proceso, los actos y hechos que sirven de fundamento a las pretensiones formuladas. De ah\u00ed que una de las m\u00e1ximas fundamentales de la ciencia procesal, evocada varias veces en el apartado anterior, pueda expresarse en los siguientes t\u00e9rminos: <em>\u201calegar no es probar\u201d<\/em>. En efecto, afirmar un hecho no equivale a demostrar su existencia, y tener raz\u00f3n en el <em>plano sustantivo<a href=\"#_ftn18\" id=\"_ftnref18\"><strong>[18]<\/strong><\/a><\/em> no garantiza, por s\u00ed solo, que esa raz\u00f3n pueda ser judicialmente reconocida.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta premisa encuentra una expresi\u00f3n normativa cl\u00e1sica en el art\u00edculo 1315 del C\u00f3digo Civil dominicano, conforme al cual <em>quien reclama la ejecuci\u00f3n de una obligaci\u00f3n debe probarla, mientras que quien pretende estar liberado debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinci\u00f3n de su obligaci\u00f3n<\/em>. La disposici\u00f3n no constituye una simple regla de t\u00e9cnica procesal, m\u00e1s que eso, representa un criterio de distribuci\u00f3n de los riesgos derivados de la incertidumbre probatoria y, al mismo tiempo, una garant\u00eda de equilibrio entre las partes, pues impide que una pretensi\u00f3n sea acogida exclusivamente sobre la base de afirmaciones que no encuentren respaldo suficiente en el material probatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde esta perspectiva, la <em>prueba<\/em> ocupa una posici\u00f3n central en la arquitectura del proceso civil. No es un elemento accesorio de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica, ni un tr\u00e1mite destinado a satisfacer formalidades, sino el instrumento mediante el cual el juez reconstruye, dentro de los l\u00edmites del procedimiento y con arreglo a las reglas de la sana valoraci\u00f3n, los acontecimientos relevantes para resolver la controversia sometida a su jurisdicci\u00f3n. De suerte que la actividad probatoria exige un conocimiento que va m\u00e1s all\u00e1 de saber invocar normas jur\u00eddicas. Es necesario saber qu\u00e9 debe probarse, a qui\u00e9n corresponde hacerlo, mediante qu\u00e9 instrumento, bajo cu\u00e1les condiciones de admisibilidad y con qu\u00e9 fuerza demostrativa. La eficacia de una pretensi\u00f3n depende, en buena medida, de la correspondencia entre el acto o hecho que se procura establecer y el medio de prueba escogido para acreditarlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta cuesti\u00f3n adquiere particular relevancia en el derecho procesal contempor\u00e1neo, donde confluyen dos tradiciones jur\u00eddicas de gran inter\u00e9s para el estudio comparado, que son la francesa, que ha experimentado una importante evoluci\u00f3n legislativa y jurisprudencial en materia de prueba, y la dominicana, cuyo r\u00e9gimen conserva instituciones cl\u00e1sicas de raigambre francesa, pero debe interpretarse en armon\u00eda con la Constituci\u00f3n, las leyes especiales y las transformaciones tecnol\u00f3gicas que inciden en la producci\u00f3n, conservaci\u00f3n y circulaci\u00f3n de la informaci\u00f3n. El an\u00e1lisis conjunto de ambos sistemas permite sostener que la prueba civil debe abordarse desde una doble exigencia; por un lado, <em>rigor jur\u00eddico<\/em> en la acreditaci\u00f3n de los actos y, por otra parte, <em>flexibilidad racional<\/em> en la demostraci\u00f3n de los hechos, sin sacrificar la legalidad probatoria, la contradicci\u00f3n, el derecho de defensa ni la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IV.- Fundamento constitucional y procesal de la actividad probatoria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La cuesti\u00f3n probatoria no puede examinarse exclusivamente desde las disposiciones del C\u00f3digo Civil, de Procedimiento Civil o de cualquier otra norma que regule los medios de prueba. En el Estado Constitucional de derecho, su interpretaci\u00f3n debe integrarse con las garant\u00edas constitucionales que disciplinan el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional. As\u00ed, en la Rep\u00fablica Dominicana, el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n reconoce el derecho a la <em>tutela judicial efectiva<\/em> y al <em>debido proceso<\/em>. Estas garant\u00edas comprenden, entre otros aspectos, la posibilidad real de acceder a la justicia, conocer las pretensiones formuladas en contra de una persona, controvertir los elementos probatorios adversos, proponer los medios de prueba pertinentes y obtener una decisi\u00f3n motivada, dictada por un tribunal competente e imparcial.<\/p>\n\n\n\n<p>De esta garant\u00eda se desprende que el <em>derecho a la prueba<\/em> no puede reducirse a la posibilidad puramente formal de depositar documentos. Debe comprender una oportunidad efectiva de aportar y discutir los elementos relevantes para la soluci\u00f3n del litigio, siempre que se satisfagan las exigencias legales de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. A su vez, el art\u00edculo 68 constitucional impone a los poderes p\u00fablicos el deber de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, mientras que el art\u00edculo 74, numeral 4, orienta la interpretaci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas hacia la soluci\u00f3n que resulte m\u00e1s favorable a su titular, dentro del marco constitucional aplicable. En el plano internacional, el art\u00edculo 8.1 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a ser o\u00eddo, con las debidas garant\u00edas, por un tribunal competente, independiente e imparcial.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas disposiciones no autorizan a desconocer las reglas legales de la prueba ni permiten que el juez sustituya indiscriminadamente la iniciativa de las partes. Exigen, m\u00e1s bien, que las normas probatorias se interpreten y apliquen de forma compatible con el <em>derecho de defensa<\/em> y con la necesidad de que el proceso constituya un instrumento efectivo de protecci\u00f3n de los derechos. En ese orden, deben distinguirse tres dimensiones complementarias: 1<em>.- El derecho a aportar pruebas<\/em>, que faculta a las partes para presentar los elementos pertinentes destinados a sustentar sus pretensiones, defensas y excepciones, 2.- El <em>derecho a contradecir las pruebas<\/em>, que garantiza la posibilidad de conocerlas, cuestionar su autenticidad, discutir su alcance y oponerse a su utilizaci\u00f3n cuando resulte jur\u00eddicamente improcedente y 3.- El <em>derecho a obtener una valoraci\u00f3n racional y motivada<\/em>, que obliga al tribunal a examinar los elementos regularmente incorporados al proceso y a explicar, con suficiente coherencia, las razones por las cuales les atribuye o niega eficacia demostrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>La <em>tutela judicial efectiva<\/em> se comprometer\u00eda tanto si se impidiera injustificadamente a una parte demostrar un hecho relevante como si se acogiera una pretensi\u00f3n sobre la base de pruebas il\u00edcitas, no contradichas o carentes de fuerza suficiente. La <em>justicia probatoria<\/em>, por tanto, no consiste en admitirlo todo, sino en garantizar que la controversia se resuelva a partir de un material probatorio legalmente obtenido, procesalmente debatido y racionalmente valorado. Por ejemplo, si se impidiera a una parte aportar una prueba pertinente y l\u00edcita, se vulnerar\u00eda su derecho de defensa; pero tambi\u00e9n ocurrir\u00eda si el tribunal fundara su decisi\u00f3n en elementos il\u00edcitos o insuficientes. No ser\u00eda, por tanto, una <em>tutela judicial efectiva<\/em> entendida como libertad probatoria ilimitada, sino como garant\u00eda de una actividad probatoria leg\u00edtima y equilibrada. Es decir, no basta con poder probar: es indispensable hacerlo conforme al derecho y bajo el control contradictorio de las partes.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>V.- Prueba de los <em>actos jur\u00eddicos<\/em> y prueba de los <em>hechos jur\u00eddicos<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los aspectos m\u00e1s relevantes para comprender el sistema probatorio civil consiste en distinguir entre el <em>acto jur\u00eddico<\/em> y el <em>hecho jur\u00eddico<\/em>. Esta diferenciaci\u00f3n no es meramente conceptual, determina, en gran medida, los medios de prueba que pueden utilizarse y la intensidad de las exigencias legales para tener por acreditada una determinada realidad. As\u00ed, para la prueba de los actos jur\u00eddicos existe una preeminencia del escrito y la axiolog\u00eda legal. En efecto, los <em>actos jur\u00eddicos<\/em> son manifestaciones de voluntad destinadas a producir consecuencias jur\u00eddicas. El contrato de compraventa, el pr\u00e9stamo, el reconocimiento de deuda, la transacci\u00f3n y la constituci\u00f3n de determinadas obligaciones son ejemplos de esta categor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando la controversia recae sobre la existencia, el contenido o la modificaci\u00f3n de un <em>acto jur\u00eddico<\/em>, el ordenamiento puede exigir la utilizaci\u00f3n de determinados medios probatorios. En estos supuestos opera el sistema de <em>prueba legal o tasada<\/em>, con una prueba preconstituida en lo que concierne a la documentaci\u00f3n de los actos, en cuya virtud la ley determina anticipadamente las condiciones que deben satisfacerse para acreditar ciertos negocios jur\u00eddicos. Aqu\u00ed la preeminencia del escrito responde a una raz\u00f3n elemental de <em>seguridad jur\u00eddica<\/em>, y es que, si las partes han exteriorizado su voluntad para constituir una obligaci\u00f3n, resulta razonable que esa voluntad quede documentada de manera que pueda verificarse posteriormente, incluso cuando surja una controversia o se haya deteriorado la relaci\u00f3n entre los contratantes.<\/p>\n\n\n\n<p>El documento permite fijar el contenido de lo convenido, identificar a sus autores, establecer las condiciones pactadas y delimitar las obligaciones asumidas. Cumple, por tanto, una funci\u00f3n preventiva, al reducir las controversias, y una funci\u00f3n procesal, al proporcionar al juez un elemento susceptible de examen y contradicci\u00f3n. En el derecho dominicano, esta orientaci\u00f3n se manifiesta en las disposiciones del C\u00f3digo Civil relativas a la prueba literal, especialmente en los art\u00edculos 1317 y siguientes, que regulan el acto aut\u00e9ntico y el acto bajo firma privada, as\u00ed como en las reglas que determinan su eficacia probatoria. Ahora bien, la preeminencia del escrito no debe confundirse con una superioridad absoluta e incondicionada de todo documento frente a cualquier otro medio de prueba. Es necesario diferenciar entre la existencia de un documento, su autenticidad, su admisibilidad y su fuerza demostrativa. Un escrito puede existir materialmente sin que se haya establecido qui\u00e9n lo produjo; puede ser aut\u00e9ntico sin demostrar todos los hechos alegados; o puede resultar insuficiente para acreditar una circunstancia que exceda su contenido.<\/p>\n\n\n\n<p>De igual modo, la exigencia legal de prueba escrita no excluye autom\u00e1ticamente toda posibilidad de acudir a otros medios. El ordenamiento contempla excepciones, como los supuestos en que la ley admite la prueba testimonial, la existencia de un principio de prueba por escrito, la imposibilidad material o moral de procurarse un documento y otras circunstancias legalmente reconocidas, seg\u00fan la naturaleza del litigio y las disposiciones aplicables. Por consiguiente, el abogado debe identificar, antes de iniciar su actividad probatoria, si la pretensi\u00f3n se sustenta en un <em>acto jur\u00eddico<\/em> sujeto a exigencias particulares de documentaci\u00f3n. No es suficiente presentar testigos que afirmen que un contrato existi\u00f3 si no existe alguna situaci\u00f3n de hecho que haga flexibilizar la prueba documental, tal como un extrav\u00edo del documento, alguna simulaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, etc.<\/p>\n\n\n\n<p>La primera regla pr\u00e1ctica es, pues, que cuando se pretende demostrar un <em>acto jur\u00eddico<\/em>, debe comenzarse por identificar el r\u00e9gimen legal de prueba que lo gobierna y determinar si el escrito constituye una exigencia probatoria, una formalidad de validez o simplemente el medio m\u00e1s id\u00f3neo para acreditarlo. Estas tres cuestiones son distintas y no deben confundirse. Siendo, concretamente, lo determinante saber si lo que se pretende acreditar es una <em>situaci\u00f3n de hecho<\/em>, en cuyo caso habr\u00eda <em>libertad probatoria<\/em> o un <em>acto jur\u00eddico<\/em> que, por regla general, se prueba mediante documentos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, la prueba de los <em>hechos jur\u00eddicos<\/em>, tal como se ha adelantado, se lleva a cabo mediante una libertad probatoria y flexibilidad de los medios. En efecto<strong>, <\/strong>los <em>hechos jur\u00eddicos<\/em> son acontecimientos o circunstancias a los cuales el ordenamiento atribuye consecuencias jur\u00eddicas, independientemente de que hayan sido queridos con esa finalidad por quien los realiza.La posesi\u00f3n material de un inmueble, la ocupaci\u00f3n de una propiedad, la ocurrencia de un accidente, la ejecuci\u00f3n de trabajos, la existencia de da\u00f1os, la entrega efectiva de una cosa y determinadas circunstancias relativas al cumplimiento o incumplimiento de una obligaci\u00f3n pueden requerir la acreditaci\u00f3n de <em>hechos jur\u00eddicos<\/em>.En estos supuestos adquiere especial relevancia el <em>principio de libertad probatoria<\/em>; salvo que la ley establezca una restricci\u00f3n particular, el hecho puede acreditarse mediante los medios id\u00f3neos disponibles, valorados conforme a las reglas aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p>La doctrina m\u00e1s depurada sobre el r\u00e9gimen de prueba de las obligaciones y la distinci\u00f3n entre actos y hechos jur\u00eddicos, permite comprender la raz\u00f3n de esta flexibilidad, y es que los hechos ordinariamente no se documentan de antemano con la finalidad de utilizarlos en un proceso futuro. A diferencia de los negocios jur\u00eddicos, que pueden y suelen formalizarse mediante documentos, los acontecimientos de la vida material ocurren con independencia de la eventual necesidad de demostrarlos ante un tribunal. No ser\u00eda razonable, por ejemplo, exigir que cada acto de ocupaci\u00f3n, cada da\u00f1o causado, cada conversaci\u00f3n relevante o cada modificaci\u00f3n f\u00edsica de un inmueble hubiese sido documentado previamente mediante un instrumento formal. Una exigencia semejante har\u00eda pr\u00e1cticamente imposible la acreditaci\u00f3n de numerosos acontecimientos jur\u00eddicamente relevantes.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ello, cuando lo que se pretende demostrar es un <em>hecho jur\u00eddico<\/em>, el juez debe contar con la posibilidad de examinar un conjunto plural de elementos, entre los cuales pueden figurar documentos, tales como contratos, recibos, certificaciones, comunicaciones, fotograf\u00edas, actas y otros registros relacionados con el acontecimiento; informativos testimoniales, que son declaraciones de personas que percibieron directamente los hechos o que pueden aportar informaci\u00f3n relevante sobre su desarrollo; comparecencias personales de las partes, con interrogatorios o declaraciones de las partes; descensos al lugar de los hechos, que permiten al tribunal verificar directamente las condiciones materiales del lugar, las caracter\u00edsticas de una ocupaci\u00f3n o la existencia de determinadas circunstancias. Tambi\u00e9n peritajes y experticias, con an\u00e1lisis t\u00e9cnicos, cient\u00edficos, topogr\u00e1ficos, contables, inform\u00e1ticos o caligr\u00e1ficos que requieran conocimientos especializados; presunciones, mediante &nbsp;circunstancias acreditadas que, examinadas conjuntamente y mediante un razonamiento l\u00f3gico, permitan inferir la existencia de un hecho desconocido, as\u00ed como registros audiovisuales y electr\u00f3nicos de fotograf\u00edas, v\u00eddeos, mensajes, correos electr\u00f3nicos, registros de sistemas y otros datos cuya autenticidad, integridad y procedencia puedan establecerse.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta enumeraci\u00f3n no implica que todos estos medios sean admisibles en cualquier controversia ni que tengan id\u00e9ntico valor probatorio. Significa que la naturaleza del hecho debe orientar la selecci\u00f3n de los instrumentos adecuados para demostrarlo. As\u00ed, si se discute la autenticidad de una firma, una experticia caligr\u00e1fica puede resultar decisiva; si se controvierte la ocupaci\u00f3n efectiva de un terreno, un descenso judicial acompa\u00f1ado de testimonios y levantamientos t\u00e9cnicos puede aportar informaci\u00f3n que ning\u00fan documento aislado ofrece; y si se debate la ejecuci\u00f3n de una transferencia bancaria, los registros electr\u00f3nicos de la operaci\u00f3n pueden resultar m\u00e1s relevantes que las declaraciones generales de los interesados. La flexibilidad probatoria, por consiguiente, no equivale a ausencia de reglas. Supone adaptar los medios de demostraci\u00f3n a la naturaleza del hecho, sin desconocer las exigencias de legalidad, pertinencia, autenticidad, contradicci\u00f3n y fiabilidad.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Casos con actos jur\u00eddicos y con hechos jur\u00eddicos.<\/em> Visto todo lo anterior, resulta de inter\u00e9s resaltar que un mismo litigio puede exigir ambos reg\u00edmenes: para acto y para hechos jur\u00eddicos. <strong>&nbsp;<\/strong>Es importante evitar una interpretaci\u00f3n excesivamente r\u00edgida de la clasificaci\u00f3n precedentemente comentada. En un mismo proceso, vale insistir, pueden concurrir <em>actos jur\u00eddicos<\/em> y <em>hechos jur\u00eddicos<\/em>, cada uno sometido a sus propias exigencias probatorias.En una demanda en cumplimiento de contrato, por ejemplo, el demandante puede necesitar demostrar documentalmente la existencia y el contenido de la convenci\u00f3n, mientras que la entrega de la cosa, la ejecuci\u00f3n de los trabajos, la ocurrencia de los da\u00f1os o el incumplimiento material pueden acreditarse mediante una combinaci\u00f3n de documentos, testimonios, peritajes y otros medios legalmente admisibles.<\/p>\n\n\n\n<p>Del mismo modo, en una controversia inmobiliaria, el t\u00edtulo puede ser determinante para establecer la titularidad de un derecho registrado, mientras que un levantamiento parcelario y las declaraciones testimoniales pueden resultar necesarios para esclarecer la ubicaci\u00f3n de una ocupaci\u00f3n, la identidad f\u00edsica del \u00e1rea controvertida o las circunstancias de una intervenci\u00f3n material. En estos casos, la cuesti\u00f3n no consiste en elegir entre prueba escrita y libertad probatoria como si fueran categor\u00edas incompatibles, sino en determinar qu\u00e9 elementos de la pretensi\u00f3n requieren la acreditaci\u00f3n de un <em>acto jur\u00eddico<\/em> y cu\u00e1les exigen demostrar hechos concretos relacionados con su existencia, ejecuci\u00f3n o consecuencias. La t\u00e9cnica procesal comienza precisamente con esa descomposici\u00f3n de la controversia en hechos relevantes y con la identificaci\u00f3n del r\u00e9gimen probatorio correspondiente a cada uno.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>VI.- El derecho franc\u00e9s moderno: entre la prueba legal y la libertad probatoria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El derecho franc\u00e9s constituye un referente particularmente \u00fatil para el an\u00e1lisis de la cuesti\u00f3n probatoria dominicana, no solo por la influencia hist\u00f3rica del C\u00f3digo Civil franc\u00e9s sobre nuestro ordenamiento jur\u00eddico, sino tambi\u00e9n por la evoluci\u00f3n experimentada por su r\u00e9gimen de prueba a partir de la reforma del derecho de las obligaciones introducida mediante la Ordenanza n\u00fam. 2016-131, de 10 de febrero de 2016<a href=\"#_ftn19\" id=\"_ftnref19\">[19]<\/a>. Esta reforma reorganiz\u00f3 las disposiciones relativas a la prueba de las obligaciones en el C\u00f3digo Civil franc\u00e9s, actualmente contenidas en sus art\u00edculos 1353 y siguientes. En efecto, el art\u00edculo 1353 mantiene la regla tradicional de distribuci\u00f3n de la carga de la prueba, conforme a la cual quien reclama la ejecuci\u00f3n de una obligaci\u00f3n debe probar su existencia, mientras que quien afirma haberse liberado de ella debe justificar el pago o el hecho que haya producido su extinci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, el art\u00edculo 1358 consagra la libertad de prueba como principio general, al disponer que, salvo los casos en que la ley establezca lo contrario, la prueba puede aportarse por cualquier medio. A su vez, el art\u00edculo 1359 establece determinadas exigencias de prueba escrita para los actos jur\u00eddicos cuyo importe o valor exceda el umbral fijado reglamentariamente, as\u00ed como restricciones para probar contra o m\u00e1s all\u00e1 del contenido de un documento que acredite un acto jur\u00eddico<a href=\"#_ftn20\" id=\"_ftnref20\">[20]<\/a>. De este r\u00e9gimen se desprende una idea fundamental, y es que la <em>libertad probatoria<\/em> constituye la regla general, pero no elimina las restricciones legales que protegen la seguridad de los actos jur\u00eddicos. Justamente, sobre la prueba de los <em>actos jur\u00eddicos<\/em> en el C\u00f3digo Civil franc\u00e9s, resulta de inter\u00e9s resaltar que el art\u00edculo 1364 del C\u00f3digo Civil franc\u00e9s dispone que la prueba de un <em>acto jur\u00eddico<\/em> puede <em>preconstituirse<\/em> mediante un escrito aut\u00e9ntico o bajo firma privada<a href=\"#_ftn21\" id=\"_ftnref21\">[21]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta disposici\u00f3n expresa con claridad la utilidad preventiva de la documentaci\u00f3n, ya que las partes pueden anticiparse a una eventual controversia y dotar al negocio jur\u00eddico de un soporte susceptible de acreditar su existencia y contenido. El art\u00edculo 1359, por su parte, exige, como hemos visto m\u00e1s arriba, prueba escrita para los actos jur\u00eddicos relativos a sumas o valores superiores al umbral establecido reglamentariamente y limita, en los t\u00e9rminos que establece, la posibilidad de probar contra o m\u00e1s all\u00e1 de un escrito mediante testimonios u otros medios. La aplicaci\u00f3n de estas exigencias debe complementarse con las excepciones y reglas especiales previstas en el propio ordenamiento. Esta soluci\u00f3n pone de manifiesto que la preeminencia del escrito no es un vestigio formalista desprovisto de justificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo anterior responde a la necesidad de preservar la estabilidad de las relaciones jur\u00eddicas, impedir que el contenido de los acuerdos quede sujeto exclusivamente a reconstrucciones testimoniales contradictorias y ofrecer par\u00e1metros objetivos para la soluci\u00f3n de los conflictos. Sin embargo, la regulaci\u00f3n francesa tampoco permite confundir la prueba del <em>acto jur\u00eddico<\/em> con la demostraci\u00f3n de todos los acontecimientos relacionados con \u00e9l. Que un contrato de compraventa deba acreditarse mediante el medio legalmente exigido no significa que la entrega del bien, su ocupaci\u00f3n, el cumplimiento de determinadas prestaciones o los da\u00f1os derivados de su ejecuci\u00f3n deban demostrarse necesariamente por el mismo instrumento. La t\u00e9cnica probatoria requiere, por tanto, separar la prueba de la convenci\u00f3n de la prueba de los hechos que la preceden, acompa\u00f1an o suceden.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, en cuanto a la libertad de prueba de los <em>hechos jur\u00eddicos<\/em>, hay que decir que el art\u00edculo 1358 del C\u00f3digo Civil franc\u00e9s establece que, fuera de los casos en que la ley disponga lo contrario, la prueba puede aportarse por cualquier medio. Esta regla permite utilizar testimonios, documentos, indicios y otros elementos adecuados para acreditar acontecimientos o circunstancias relevantes para el litigio. La <em>libertad probatoria<\/em> se complementa con las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil franc\u00e9s. Su art\u00edculo 9 impone a cada parte la carga de probar, conforme a la ley, los hechos necesarios para el \u00e9xito de su pretensi\u00f3n<a href=\"#_ftn22\" id=\"_ftnref22\">[22]<\/a>. El art\u00edculo 10 reconoce al juez la facultad de ordenar de oficio medidas de instrucci\u00f3n legalmente admisibles<a href=\"#_ftn23\" id=\"_ftnref23\">[23]<\/a>, mientras que el art\u00edculo 11 establece el deber de colaboraci\u00f3n de las partes y contempla, bajo las condiciones legales, la posibilidad de ordenar la producci\u00f3n de documentos en poder de una parte o de terceros<a href=\"#_ftn24\" id=\"_ftnref24\">[24]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Este modelo revela una distribuci\u00f3n funcional de responsabilidades. Por un lado, a las partes corresponde alegar los hechos relevantes, aportar los elementos probatorios disponibles y solicitar oportunamente las medidas necesarias para sustentar sus pretensiones. De su lado, al juez corresponde dirigir el procedimiento probatorio dentro de sus atribuciones, resolver las controversias relativas a la admisibilidad y eficacia de los medios y, cuando legalmente proceda, ordenar medidas de instrucci\u00f3n. Y a los auxiliares t\u00e9cnicos y peritos corresponde aportar conocimientos especializados que permitan esclarecer aspectos que exceden la formaci\u00f3n ordinaria del juzgador.<\/p>\n\n\n\n<p>El proceso civil franc\u00e9s no descansa, por consiguiente, en una concepci\u00f3n puramente pasiva del juez ni en una investigaci\u00f3n judicial ilimitada. Reconoce la iniciativa de las partes, pero admite facultades de instrucci\u00f3n destinadas a esclarecer los hechos relevantes, preservando las garant\u00edas de contradicci\u00f3n y defensa<a href=\"#_ftn25\" id=\"_ftnref25\">[25]<\/a>. Este planteamiento ofrece una ense\u00f1anza importante para el proceso dominicano, y es que la <em>actividad probatoria<\/em> debe organizarse de manera que la distribuci\u00f3n de la carga de la prueba no se convierta en un obst\u00e1culo irrazonable para esclarecer hechos decisivos, especialmente cuando determinados elementos se encuentran bajo el control exclusivo de la contraparte o de terceros. Teniendo en cuanta que, en todo caso, la Ley 834, que modifica nuestro C\u00f3digo de Procedimiento Civil, prev\u00e9 la <em>producci\u00f3n forzosa de documentos<\/em>, bajo astreinte, tanto respecto de la contraparte como en relaci\u00f3n de terceros, en su art\u00edculo 55 y siguientes.<\/p>\n\n\n\n<p>En lo que tiene que ver con el <em>derecho a la prueba<\/em> y la evoluci\u00f3n jurisprudencial francesa, resulta de inter\u00e9s resaltar que uno de los desarrollos m\u00e1s significativos del derecho franc\u00e9s contempor\u00e1neo se refiere a la relaci\u00f3n entre el <em>derecho a la prueba<\/em>, la <em>lealtad procesal<\/em> y la <em>protecci\u00f3n de los derechos fundamentales<\/em>.As\u00ed,en su sentencia de Asamblea Plenaria de 22 de diciembre de 2023, dictada en el asunto n\u00fam. 20-20.648, la <em>Cour de cassation<\/em> estableci\u00f3 que la ilicitud o deslealtad en la obtenci\u00f3n de un medio de prueba no conduce necesariamente a excluirlo del proceso civil. Cuando se plantea el conflicto, el juez debe ponderar los derechos e intereses contrapuestos y examinar si la utilizaci\u00f3n del elemento resulta indispensable para ejercer el derecho a la prueba y si la afectaci\u00f3n de los derechos de la contraparte es estrictamente proporcionada al objetivo perseguido.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta decisi\u00f3n representa una evoluci\u00f3n importante. La cuesti\u00f3n deja de resolverse mediante una exclusi\u00f3n autom\u00e1tica basada exclusivamente en el modo de obtenci\u00f3n y exige un examen concreto de la equidad del procedimiento en su conjunto. No significa que cualquier prueba obtenida il\u00edcitamente deba admitirse, ni que el derecho a la prueba justifique la vulneraci\u00f3n indiscriminada de la intimidad, el secreto profesional o los derechos de terceros. La soluci\u00f3n exige ponderaci\u00f3n judicial, indispensabilidad y proporcionalidad. Y hay que destacar que la relevancia constitucional de esta orientaci\u00f3n es evidente, ya que el <em>derecho a la prueba<\/em> forma parte de las condiciones necesarias para hacer efectivos los <em>derechos sustantivos<a href=\"#_ftn26\" id=\"_ftnref26\"><strong>[26]<\/strong><\/a><\/em>, pero su ejercicio debe armonizarse con los dem\u00e1s <em>derechos fundamentales<a href=\"#_ftn27\" id=\"_ftnref27\"><strong>[27]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Conviene precisar, sin embargo, que esta doctrina francesa no puede trasladarse autom\u00e1ticamente al proceso dominicano como si constituyera una regla jurisprudencial vinculante para nuestros tribunales. Su valor comparativo consiste en ofrecer criterios argumentativos para resolver tensiones entre la eficacia probatoria, la tutela judicial efectiva y la protecci\u00f3n de otros derechos, siempre dentro del marco de la Constituci\u00f3n y de la legislaci\u00f3n dominicanas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>VII.- La prueba en el proceso civil dominicano: tradici\u00f3n civilista y lectura constitucional<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El derecho dominicano conserva la estructura cl\u00e1sica de la prueba civil de origen franc\u00e9s, particularmente visible en el art\u00edculo 1315 del C\u00f3digo Civil y en las disposiciones relativas a la prueba literal, testimonial, las presunciones y los dem\u00e1s medios previstos legalmente. El punto de partida es inequ\u00edvoco: <em>quien reclama una obligaci\u00f3n debe probarla, y quien afirma haberse liberado debe acreditar el hecho extintivo correspondiente<\/em>. Pero esta distribuci\u00f3n de la carga probatoria no puede analizarse aisladamente de las normas que regulan los medios de prueba ni de las garant\u00edas constitucionales que disciplinan su utilizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, sobre la <em>carga de la prueba<\/em>, el riesgo de la incertidumbre y el deber de argumentaci\u00f3n, ha de precisarse que la <em>carga de la prueba<\/em> constituye, ante todo, una regla que permite determinar qui\u00e9n soporta las consecuencias de que un hecho relevante permanezca sin demostrar al momento de decidir.No se trata, necesariamente, de una obligaci\u00f3n coercible de probar, sino de una carga procesal cuyo incumplimiento puede perjudicar a quien ten\u00eda inter\u00e9s en acreditar el hecho.Si el demandante reclama el cumplimiento de una obligaci\u00f3n y no consigue demostrar sus elementos constitutivos, la incertidumbre puede conducir al rechazo de su pretensi\u00f3n. Si el demandado sostiene que pag\u00f3, compens\u00f3 o extingui\u00f3 la obligaci\u00f3n por otro medio, deber\u00e1 acreditar el hecho en que fundamenta esa defensa, conforme al art\u00edculo 1315 y a las reglas especiales que resulten aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p>La aplicaci\u00f3n de esta disposici\u00f3n exige identificar con precisi\u00f3n los hechos constitutivos de la pretensi\u00f3n y los hechos impeditivos, modificativos o extintivos invocados por la contraparte. Una distribuci\u00f3n incorrecta de la carga probatoria puede conducir a una decisi\u00f3n jur\u00eddicamente desacertada, incluso cuando el tribunal haya identificado correctamente las <em>normas sustantivas aplicables<a href=\"#_ftn28\" id=\"_ftnref28\"><strong>[28]<\/strong><\/a><\/em>. En ese sentido, el art\u00edculo 1315 debe interpretarse como una regla de atribuci\u00f3n del riesgo probatorio, no como una autorizaci\u00f3n para que el juez resuelva mec\u00e1nicamente toda controversia sin examinar el material aportado ni las reglas especiales que puedan modificar la distribuci\u00f3n ordinaria de la carga.<\/p>\n\n\n\n<p>En cuanto a la legalidad, pertinencia y contradicci\u00f3n de la prueba, es importante comentar que el <em>principio de legalidad probatoria<\/em> exige que los medios empleados para demostrar los hechos se ajusten al ordenamiento jur\u00eddico. No todo elemento que pueda aportar informaci\u00f3n es necesariamente admisible, ni todo medio admitido posee, por esa sola circunstancia, suficiente fuerza para demostrar el hecho controvertido. La propia Constituci\u00f3n establece, en su art\u00edculo 69.8, que es nula toda prueba obtenida en violaci\u00f3n a la ley, o sea, se trata de un principio de raigambre constitucional.<\/p>\n\n\n\n<p>La <em>pertinencia<\/em> <em>de la prueba<\/em> supone una relaci\u00f3n racional entre el medio ofrecido y los hechos que deben establecerse. La utilidad exige que su pr\u00e1ctica pueda contribuir efectivamente al esclarecimiento del litigio<a href=\"#_ftn29\" id=\"_ftnref29\">[29]<\/a>. La <em>autenticidad<\/em>, cuando resulte relevante, obliga a examinar la procedencia e integridad del elemento<a href=\"#_ftn30\" id=\"_ftnref30\">[30]<\/a>. Y la <em>contradicci\u00f3n<\/em> requiere que la parte contra quien se invoca tenga una oportunidad efectiva de conocerlo y cuestionarlo. Estas exigencias se integran con el <em>derecho de defensa<\/em> reconocido en el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n dominicana. Como puede verse, la <em>prueba<\/em> no debe convertirse en un instrumento de <em>sorpresa procesal<\/em> ni puede valorarse de manera decisiva sin respetar las oportunidades de contradicci\u00f3n que correspondan.<\/p>\n\n\n\n<p>La observancia de estas garant\u00edas es especialmente importante en los procesos en los que se presentan documentos tard\u00edos, grabaciones, comunicaciones electr\u00f3nicas, informes t\u00e9cnicos o piezas cuya autenticidad se cuestiona. El tribunal debe determinar, conforme a la normativa aplicable, si el elemento puede incorporarse al debate, qu\u00e9 objeciones suscita y cu\u00e1l es su verdadera eficacia demostrativa. Y, en ese orden, sobre la <em>motivaci\u00f3n judicial<\/em> como garant\u00eda de <em>racionalidad probatoria<\/em>, cabe destacar que la valoraci\u00f3n de la prueba constituye una de las manifestaciones m\u00e1s delicadas de la <em>funci\u00f3n jurisdiccional<\/em>, y es que el juez no se limita a enumerar los documentos depositados ni a reproducir las declaraciones de los testigos, debe explicar qu\u00e9 hechos considera acreditados, cu\u00e1les estima no demostrados y qu\u00e9 razonamiento lo conduce a esa conclusi\u00f3n. En palabras de nuestro Tribunal Constitucional: una <em>debida motivaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La debida motivaci\u00f3n probatoria.<\/em> La <em>motivaci\u00f3n<\/em> debe permitir que las partes comprendan por qu\u00e9 prospera o fracasa una pretensi\u00f3n y que el \u00f3rgano de revisi\u00f3n pueda controlar la correcci\u00f3n jur\u00eddica del razonamiento. No basta, por ejemplo, con afirmar que un documento acredita la propiedad, que un testimonio resulta cre\u00edble o que un informe pericial es concluyente. Es necesario precisar qu\u00e9 aspecto acredita el documento, por qu\u00e9 el testimonio merece credibilidad en relaci\u00f3n con el punto controvertido y de qu\u00e9 manera la metodolog\u00eda y las conclusiones del peritaje se relacionan con los dem\u00e1s elementos del expediente. Siendo que la <em>motivaci\u00f3n probatoria<\/em> cumple una funci\u00f3n de transparencia, control y legitimaci\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial. Constituye una garant\u00eda frente a la arbitrariedad y una condici\u00f3n de la <em>tutela judicial efectiva<\/em>, pues permite verificar que el fallo se sustenta en razones jur\u00eddicas y probatorias susceptibles de examen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>VIII.- Las nuevas tecnolog\u00edas y la transformaci\u00f3n de la prueba civil<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El desarrollo tecnol\u00f3gico ha modificado profundamente la manera en que se producen, conservan y transmiten los elementos de prueba. En la actualidad, una parte importante de las relaciones jur\u00eddicas se desarrolla mediante plataformas digitales, correos electr\u00f3nicos, aplicaciones de mensajer\u00eda, firmas electr\u00f3nicas, sistemas bancarios informatizados y bases de datos. Esta transformaci\u00f3n, hay que reconocer, obliga a reconsiderar la noci\u00f3n tradicional de documento, sin abandonar las exigencias de autenticidad, integridad, fiabilidad y contradicci\u00f3n que garantizan su eficacia procesal.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, respecto del <em>documento electr\u00f3nico<\/em> y su <em>fuerza probatoria<\/em>, ha de resaltarse que, en nuestro pa\u00eds, la Ley n\u00fam. 126-02 sobre Comercio Electr\u00f3nico, Documentos y Firmas Digitales reconoce, en su art\u00edculo 9, la admisibilidad de los documentos digitales y mensajes de datos como medios de prueba, atribuy\u00e9ndoles la fuerza probatoria correspondiente a los actos bajo firma privada. Su art\u00edculo 10 establece criterios para valorar esa fuerza probatoria, entre ellos la confiabilidad de la forma en que la informaci\u00f3n fue generada, archivada o comunicada, la integridad de su conservaci\u00f3n y la identificaci\u00f3n de su creador o iniciador. La tendencia, hay que estar claro en eso, es la <em>justicia digital<a href=\"#_ftn31\" id=\"_ftnref31\"><strong>[31]<\/strong><\/a><\/em>. Justamente, la reciente reforma a la Ley n\u00fam. 339-22, sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial de la Rep\u00fablica Dominicana, mediante la Ley n\u00fam. 87-26, prev\u00e9, entre otras cosas, que las sentencias con firmas digitales valen para fines de ejecuci\u00f3n, sin necesidad de ninguna otra certificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>O sea, ya no es necesaria la tradicional certificaci\u00f3n secretarial para poder ejecutar una sentencia. Adem\u00e1s de que los documentos que se vienen valorando para decidir los casos en sede judicial son los digitalizados y subidos por las partes en la plataforma de Acceso Digital del Poder Judicial. La <em>justicia digital<\/em>, m\u00e1s que el futuro, es ya el presente. Igual que la inteligencia artificial, esta ya se ha venido implementando en el Poder Judicial de otros pa\u00edses y la gesti\u00f3n judicial que ha iniciado formalmente en el mes de noviembre del presente a\u00f1o 2026, a cargo del magistrado Justiniano Montero, dentro de sus ejes de gesti\u00f3n, figura la implementaci\u00f3n de la inteligencia artificial para su uso \u00e9tico en el Poder Judicial dominicano.<\/p>\n\n\n\n<p>En el marco de la <em>justicia digital<\/em>, ser\u00eda deseable que la plataforma del Poder Judicial (Acceso Digital) fuera objeto de una revisi\u00f3n tecnol\u00f3gica que permita a los usuarios reutilizar, en distintos procesos judiciales, los documentos que ya han sido depositados en otros expedientes, mediante un mecanismo que posibilite vincular una misma pieza documental a m\u00e1s de un expediente, sin necesidad de proceder a su desglose y posterior dep\u00f3sito. Y es que no parece razonable que, en plena era de transformaci\u00f3n digital, las partes deban reproducir innecesariamente operaciones materiales para incorporar a un nuevo proceso documentos que ya se encuentran bajo custodia del sistema judicial.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez depositados digitalmente, estos deber\u00edan integrar un repositorio documental que permita a su titular disponer de ellos para otros procesos, con las debidas garant\u00edas de autenticidad, integridad, confidencialidad y control de acceso, as\u00ed como con una trazabilidad que registre cada consulta, utilizaci\u00f3n y vinculaci\u00f3n procesal. De esta manera, se contribuir\u00eda a optimizar la producci\u00f3n documental, reducir actuaciones procesales redundantes y favorecer la econom\u00eda y eficiencia del sistema de justicia. Esta propuesta guarda correspondencia con el enfoque de transformaci\u00f3n institucional que ha anunciado la actual gesti\u00f3n del Poder Judicial, iniciada en noviembre de 2026, en cuanto a concebir la digitalizaci\u00f3n no como un mecanismo de imposici\u00f3n o sustituci\u00f3n absoluta de la presencialidad, sino como una herramienta al servicio de los usuarios, orientada a agilizar los procedimientos y facilitar el acceso a la justicia, sin excluir a quienes, por carecer de los medios o las condiciones necesarias para desenvolverse en entornos digitales, prefieran continuar realizando sus actuaciones de manera presencial.<\/p>\n\n\n\n<p>En Francia, los art\u00edculos 1365<a href=\"#_ftn32\" id=\"_ftnref32\">[32]<\/a> y 1366<a href=\"#_ftn33\" id=\"_ftnref33\">[33]<\/a> del C\u00f3digo Civil reconocen una concepci\u00f3n tecnol\u00f3gicamente neutral del escrito y atribuyen al escrito electr\u00f3nico la misma fuerza probatoria que al escrito en papel, siempre que pueda identificarse debidamente a su autor y que su elaboraci\u00f3n y conservaci\u00f3n garanticen su integridad. El art\u00edculo 1367<a href=\"#_ftn34\" id=\"_ftnref34\">[34]<\/a> regula, adem\u00e1s, la firma electr\u00f3nica y las condiciones de fiabilidad de los procedimientos de identificaci\u00f3n. Ambos ordenamientos muestran una orientaci\u00f3n convergente, y es que el soporte tecnol\u00f3gico no debe constituir, por s\u00ed solo, una raz\u00f3n para negar eficacia probatoria a una informaci\u00f3n jur\u00eddicamente relevante.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, la equivalencia probatoria entre soportes no significa que todo archivo electr\u00f3nico posea autom\u00e1ticamente la misma fuerza que un documento aut\u00e9ntico o que cualquier mensaje de una aplicaci\u00f3n pueda considerarse concluyente. Un correo electr\u00f3nico, un mensaje de <em>WhatsApp<\/em>, una fotograf\u00eda digital o una captura de pantalla pueden ser relevantes, pero su valoraci\u00f3n exige examinar, seg\u00fan las circunstancias, la identidad de quien aparece como autor o emisor, la integridad del contenido y la posibilidad de alteraciones, la fecha, el contexto y la continuidad de la comunicaci\u00f3n, la correspondencia entre el archivo aportado y la fuente de la cual procede, la existencia de elementos externos que corroboren su autenticidad y las posibilidades de contradicci\u00f3n y verificaci\u00f3n t\u00e9cnica por la contraparte.<\/p>\n\n\n\n<p>Una <em>captura de pantalla<\/em>, por ejemplo, puede mostrar el contenido aparente de una conversaci\u00f3n por <em>WhatsApp<\/em>, pero no necesariamente permite establecer, por s\u00ed sola, que el interlocutor identificado fue efectivamente quien escribi\u00f3 los mensajes, que el contenido est\u00e1 completo o que no ha sido manipulado. Cuando exista una impugnaci\u00f3n fundada, puede resultar necesario aportar el dispositivo original, los archivos de origen, los registros disponibles o una experticia tecnol\u00f3gica. La soluci\u00f3n depender\u00e1 de la naturaleza de la controversia y de las exigencias legales aplicables. Por lo pronto, aplicando las reglas generales que gobiernan la cuesti\u00f3n probatoria en el derecho dominicano, de marcada raigambre francesa, si una <em>captura de pantalla<\/em> no ha sido objeto de cuestionamientos por la parte a quien se le opone, como <em>\u201checho no controvertido\u201d<\/em> que ser\u00eda, se dar\u00eda como v\u00e1lida dicha pieza en el contexto de la <em>justicia probatoria<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Al respecto, ha sido juzgado por los tribunales de la Rep\u00fablica: \u201cResulta de inter\u00e9s destacar, en el \u00e1mbito probatorio, que ni el tribunal a-quo ni esta alzada han forjado su convicci\u00f3n \u00fanica y exclusivamente con base en capturas de pantalla de conversaciones de <em>WhatsApp<\/em>, sino que, m\u00e1s bien, judicialmente se han visto tales documentos como principios de prueba que, como tales, deben corroborarse por otros medios<a href=\"#_ftn35\" id=\"_ftnref35\">[35]<\/a>. Y, justamente, se han robustecido, como se ha visto, con comparecencias, fotos, etc. (\u2026) En todo caso, no es ocioso precisar que, conforme a la mejor doctrina, las conversaciones por <em>WhatsApp<\/em> pueden ser incorporadas a los procesos, equipar\u00e1ndose con los documentos p\u00fablicos y privados tradicionales. Y, si no son contradichos, la informaci\u00f3n que contenga se da como v\u00e1lida en el juicio<a href=\"#_ftn36\" id=\"_ftnref36\">[36]<\/a>. Justamente, el expediente pone de relieve que la cr\u00edtica de la parte recurrente a tales medios de conversaciones por <em>WhatsApp<\/em> consist\u00eda, concretamente, en que, en el estricto plano formal, no fueron sometidos a experticia alguna, pero sin contradecir la informaci\u00f3n en ellas contenidas, propiamente. Y resulta que, como se ha visto, la experticia no es un presupuesto de validez para la informaci\u00f3n que, en s\u00ed, no se ha contradicho\u201d<a href=\"#_ftn37\" id=\"_ftnref37\">[37]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Como puede advertirse, en el caso concreto, el tribunal, aun cuando tuvo ante s\u00ed el cuestionamiento relativo a la ausencia de una experticia caligr\u00e1fica o inform\u00e1tica de las conversaciones de <em>WhatsApp<\/em> incorporadas al proceso, interpret\u00f3 que tal circunstancia, por s\u00ed sola, no despojaba de eficacia probatoria a dichos elementos, especialmente cuando su contenido no hab\u00eda sido materialmente contradicho y, adem\u00e1s, encontraba corroboraci\u00f3n en otros medios de prueba leg\u00edtimamente incorporados al debate. Tal criterio encuentra sustento en los principios constitucionales de razonabilidad, efectividad de la tutela judicial, libertad probatoria y valoraci\u00f3n racional de la prueba, as\u00ed como en las exigencias de contradicci\u00f3n, igualdad procesal y proscripci\u00f3n del formalismo excesivo. En efecto, el debido proceso no puede convertirse en un obst\u00e1culo ritual para el esclarecimiento de los hechos, ni la seguridad jur\u00eddica puede confundirse con la imposici\u00f3n de solemnidades que no resulten legalmente exigibles ni constitucionalmente justificadas.<\/p>\n\n\n\n<p>En definitiva, la actividad probatoria tiene como finalidad proporcionar al juzgador elementos objetivos y racionalmente verificables que le permitan reconstruir los hechos controvertidos y alcanzar, dentro de los l\u00edmites del proceso y con pleno respeto de las garant\u00edas de las partes, la verdad jur\u00eddicamente relevante sobre la cual habr\u00e1 de aplicar el derecho. De ah\u00ed que la valoraci\u00f3n de los medios digitales no deba quedar supeditada, de manera autom\u00e1tica, a la realizaci\u00f3n de una experticia, sino a la apreciaci\u00f3n conjunta de su autenticidad, integridad, fiabilidad, coherencia y correspondencia con los restantes elementos probatorios. A <em>contrario sensu<\/em>, pudiera alegarse que admitir conversaciones digitales sin una experticia t\u00e9cnica compromete su autenticidad y abre la posibilidad de manipulaci\u00f3n, alteraci\u00f3n o atribuci\u00f3n indebida de autor\u00eda. Se trata, ciertamente, de una objeci\u00f3n atendible, pues la naturaleza electr\u00f3nica de estos medios impone cautelas particulares en su valoraci\u00f3n. Sin embargo, de ello no se sigue que la experticia constituya, en todos los casos y bajo cualquier circunstancia, un requisito ineludible de admisibilidad o eficacia probatoria. Una cosa es reconocer la posibilidad de manipulaci\u00f3n de un documento electr\u00f3nico y otra, muy distinta, presumir su falsedad por la sola ausencia de un examen pericial.<\/p>\n\n\n\n<p>Si, como ha sostenido la doctrina constitucional, los \u00f3rganos jurisdiccionales deben decantarse por la interpretaci\u00f3n que resulte m\u00e1s conforme con la Constituci\u00f3n, la soluci\u00f3n constitucionalmente adecuada consiste en reconocer que la ausencia de experticia no invalida autom\u00e1ticamente las conversaciones digitales, siempre que su autenticidad o contenido no hayan sido objeto de una impugnaci\u00f3n concreta y fundada, que existan elementos de corroboraci\u00f3n suficientes y que su valoraci\u00f3n se produzca de manera motivada, contradictoria y conjunta con el acervo probatorio. En pocas palabras, la Constituci\u00f3n no exige una ritualidad probatoria uniforme, sino garant\u00edas efectivas de autenticidad, contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n racional. La prueba digital no puede ser excluida por el solo hecho de ser digital, ni aceptada acr\u00edticamente por el solo hecho de haber sido aportada al proceso.<\/p>\n\n\n\n<p>Todo ello permite formular la siguiente regla jur\u00eddica probatoria: la ausencia de experticia t\u00e9cnica o caligr\u00e1fica sobre conversaciones de <em>WhatsApp<\/em> no determina, por s\u00ed sola, su inadmisibilidad ni su ineficacia probatoria; por consiguiente, cuando su contenido no haya sido objeto de una impugnaci\u00f3n espec\u00edfica y razonablemente sustentada, y encuentre corroboraci\u00f3n en otros elementos de prueba leg\u00edtimamente incorporados al proceso, el juzgador podr\u00e1 atribuirles valor probatorio, siempre que, mediante una motivaci\u00f3n suficiente, justifique su fiabilidad, su correspondencia con el conjunto probatorio y el respeto de las garant\u00edas del debido proceso.<\/p>\n\n\n\n<p>Todo lo anterior, teniendo muy presente el fino abordaje <em>jur\u00eddico-probatorio<\/em> realizado por el tribunal, al distinguir entre el cuestionamiento relativo a la ausencia de una experticia t\u00e9cnica practicada a las capturas de pantalla de las conversaciones sostenidas por <em>WhatsApp<\/em> y la efectiva contradicci\u00f3n del contenido de la informaci\u00f3n que estas reflejaban. Es decir, la parte recurrente circunscribi\u00f3 su objeci\u00f3n al plano estrictamente formal, sosteniendo que dichos elementos carec\u00edan de eficacia probatoria por no haber sido sometidos a un examen pericial que acreditara su autenticidad, integridad o procedencia; sin embargo, al hacerlo, no controvirti\u00f3 concretamente la veracidad de las comunicaciones, ni identific\u00f3 alteraciones, manipulaciones, falsedades o inconsistencias espec\u00edficas que pusieran razonablemente en entredicho la informaci\u00f3n en ellas contenida.<\/p>\n\n\n\n<p>Precisamente, esa distinci\u00f3n result\u00f3 determinante, porque el tribunal no confundi\u00f3 la ausencia de una diligencia t\u00e9cnica con la demostraci\u00f3n de una irregularidad material en el documento, ni convirti\u00f3 la experticia en una solemnidad probatoria indispensable para reconocer eficacia a toda comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica. Por el contrario, atendi\u00f3 al contexto <em>f\u00e1ctico-probatorio<\/em> en su conjunto, constatando que aquellas conversaciones no constitu\u00edan el fundamento exclusivo de su convicci\u00f3n, sino que operaban como elementos de corroboraci\u00f3n, reforzados por otros medios de prueba leg\u00edtimamente incorporados al proceso. Por eso, la regla <em>jur\u00eddico-probatoria<\/em> previamente desprendida de este caso debe aplicarse en contextos en los que, como el examinado, la objeci\u00f3n se limite a la ausencia de experticia, sin que exista una impugnaci\u00f3n concreta y fundada de la autenticidad, integridad o veracidad del contenido, y siempre que los documentos digitales encuentren respaldo en otros elementos probatorios y su valoraci\u00f3n se produzca con pleno respeto del contradictorio y mediante motivaci\u00f3n racional.<\/p>\n\n\n\n<p>En suma, no debe confundirse la falta de una experticia con la falta de autenticidad<a id=\"_ftnref38\" href=\"#_ftn38\">[38]<\/a>, ni la ausencia de una formalidad t\u00e9cnica con la inexistencia de valor probatorio<a id=\"_ftnref39\" href=\"#_ftn39\">[39]<\/a>. La exigencia constitucional no consiste en someter indiscriminadamente todo documento digital a una comprobaci\u00f3n pericial, sino en garantizar que su incorporaci\u00f3n, contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n respondan a criterios de fiabilidad, razonabilidad y suficiencia probatoria. Lo contrario supondr\u00eda sacrificar injustificadamente la verdad jur\u00eddicamente relevante en favor de un formalismo que, lejos de proteger el debido proceso, podr\u00eda obstaculizar la efectividad de la tutela judicial y la correcta aplicaci\u00f3n del derecho.<\/p>\n\n\n\n<p>En otro orden, sobre la <em>firma electr\u00f3nica<\/em> y la <em>contrataci\u00f3n digital<\/em>, ha de resaltarse que la contrataci\u00f3n electr\u00f3nica demuestra de manera particularmente clara la necesidad de adaptar las categor\u00edas tradicionales de la prueba a las nuevas formas de manifestaci\u00f3n de voluntad.Un contrato puede celebrarse sin que las partes coincidan f\u00edsicamente ni estampen una firma manuscrita sobre un mismo soporte. La voluntad contractual puede exteriorizarse mediante mecanismos electr\u00f3nicos cuya eficacia depender\u00e1 de las normas que regulen el negocio y de la fiabilidad del procedimiento utilizado.<\/p>\n\n\n\n<p>En este contexto, el an\u00e1lisis probatorio debe diferenciar tres cuestiones, que son: 1.- La <em>existencia del documento<\/em>: si el archivo que contiene las condiciones contractuales ha sido efectivamente generado y conservado, 2.- La <em>atribuci\u00f3n de autor\u00eda<\/em>: si existen elementos fiables para vincular el documento con la persona a quien se atribuye y 3.- La <em>manifestaci\u00f3n del consentimiento<\/em>: si el procedimiento empleado permite establecer que esa persona acept\u00f3 las obligaciones contenidas en el documento. Estas cuestiones no son equivalentes. La existencia de un archivo no demuestra necesariamente el consentimiento de una persona, del mismo modo que la identificaci\u00f3n de un usuario no demuestra, por s\u00ed sola, que haya aceptado todas las cl\u00e1usulas que se le atribuyen.<\/p>\n\n\n\n<p>La <em>prueba electr\u00f3nica<\/em> exige, por tanto, examinar el funcionamiento del mecanismo de contrataci\u00f3n, los registros de aceptaci\u00f3n, la identificaci\u00f3n del usuario y las condiciones de integridad y conservaci\u00f3n de la informaci\u00f3n. Y en lo que tiene que ver con la <em>inteligencia artificial<\/em>, contenido sint\u00e9tico y prueba digital, conviene resaltar que la <em>inteligencia artificial<\/em> introduce nuevos desaf\u00edos. Hoy es t\u00e9cnicamente posible generar im\u00e1genes, v\u00eddeos, voces y documentos sint\u00e9ticos que reproduzcan, con distintos grados de realismo, elementos aparentemente aut\u00e9nticos.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta circunstancia obliga a distinguir entre la apariencia visual o sonora de una prueba y su autenticidad verificable. Un v\u00eddeo no debe considerarse aut\u00e9ntico \u00fanicamente porque parezca real; una grabaci\u00f3n de voz no acredita autom\u00e1ticamente la identidad de quien habla, y un documento producido mediante una herramienta de inteligencia artificial no demuestra que el acontecimiento que describe haya ocurrido. Cuando existan dudas razonables, pueden resultar pertinentes el examen de los metadatos, la verificaci\u00f3n de la fuente original, la comprobaci\u00f3n de la continuidad del archivo, el an\u00e1lisis de posibles alteraciones y la intervenci\u00f3n de especialistas en inform\u00e1tica forense.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n es necesario reconocer que estas t\u00e9cnicas tienen limitaciones, y es que los metadatos pueden modificarse, algunos archivos pierden informaci\u00f3n durante su transmisi\u00f3n y los detectores autom\u00e1ticos de contenido sint\u00e9tico no son infalibles. Por ello, la <em>autenticidad<\/em> debe establecerse mediante una evaluaci\u00f3n conjunta de las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas del archivo, su procedencia, el contexto en que se produjo y los restantes elementos probatorios. La <em>inteligencia artificial<\/em> puede auxiliar en la clasificaci\u00f3n de documentos, la detecci\u00f3n de inconsistencias o el an\u00e1lisis preliminar de grandes vol\u00famenes de informaci\u00f3n. Sin embargo, sus resultados no sustituyen la prueba del hecho controvertido ni liberan al juez de su deber de motivar la decisi\u00f3n. La tecnolog\u00eda debe servir a la justicia, no reemplazar el razonamiento judicial ni crear presunciones de veracidad carentes de fundamento legal.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IX.- La prueba pericial, la inspecci\u00f3n judicial y el deber de esclarecimiento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La evoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica no disminuye la importancia de los medios tradicionales de prueba. Por el contrario, en numerosas controversias, su combinaci\u00f3n con herramientas modernas resulta indispensable. En efecto, la <em>prueba documental<\/em> puede demostrar la existencia de una relaci\u00f3n jur\u00eddica, pero no siempre permite esclarecer la realidad material de los acontecimientos. El <em>testimonio <\/em>puede aportar informaci\u00f3n sobre lo percibido por una persona, pero quiz\u00e1 no resulte suficiente para determinar una cuesti\u00f3n cient\u00edfica o t\u00e9cnica. El <em>peritaje<\/em> puede explicar una circunstancia especializada, pero tampoco sustituye al juez en la decisi\u00f3n sobre las consecuencias jur\u00eddicas de los hechos. De ah\u00ed la importancia de utilizar los medios de prueba de forma complementaria.<\/p>\n\n\n\n<p><em>La comparecencia personal y la prueba testimonial. <\/em>La comparecencia de las partes puede contribuir a esclarecer contradicciones, precisar las circunstancias de una operaci\u00f3n o identificar hechos que requieren explicaci\u00f3n. Incluso, no es ocioso recordar que, distinto a lo penal -que no hay <em>autoincriminaci\u00f3n<\/em>-, en materia civil: <em>a confesi\u00f3n de parte, relevo de prueba<\/em>. Y, como ense\u00f1a el profesor Froil\u00e1n (hijo), la <em>confesi\u00f3n<\/em>, como prueba perfecta que es, no siempre surge espont\u00e1neamente, sino producto de una comparecencia personal, basado en un interrogatorio bien estructurado. La prueba <em>testimonial<\/em>, por su parte, permite reconstruir acontecimientos mediante las declaraciones de quienes tuvieron conocimiento de ellos.<\/p>\n\n\n\n<p>No obstante, el <em>testimonio<\/em> debe examinarse atendiendo a la fuente de conocimiento, la coherencia interna, la precisi\u00f3n de las declaraciones, su correspondencia con otros elementos y las circunstancias que puedan afectar su credibilidad. La <em>inmediaci\u00f3n judicial<\/em> puede favorecer esa evaluaci\u00f3n, pero no autoriza a fundar la decisi\u00f3n exclusivamente en impresiones subjetivas sobre la conducta del declarante. La credibilidad debe justificarse mediante razones susceptibles de control, visto todo de manera conjunta y arm\u00f3nica; es decir, no solamente fallar en funci\u00f3n de un testimonio, sino corroborar dicho testimonio con una foto, una experticia, otros testimonios, etc. Y esto ocurre, b\u00e1sicamente, en materia de <em>hechos jur\u00eddicos<\/em> que, como hemos visto m\u00e1s arriba, se prueban por todos los medios; y en ese \u00e1mbito es que adquieren relevancia los informativos, las comparecencias, etc. Lo que versa sobre <em>actos jur\u00eddicos <\/em>(contrato, factura, pagar\u00e9, etc.), por regla general, se prueba por escrito.<\/p>\n\n\n\n<p>En otro orden, respecto la inspecci\u00f3n de lugares (o descensos al lugar de los hechos), importa destacar que dicha medida adquiere especial relevancia cuando el litigio se relaciona con circunstancias materiales que pueden verificarse directamente.En materia inmobiliaria, por ejemplo, un descenso puede permitir observar la ocupaci\u00f3n efectiva de un terreno, la existencia de construcciones, los accesos, los linderos aparentes o las condiciones f\u00edsicas del \u00e1rea controvertida. En materia civil, propiamente, permite advertir si, ciertamente, el inmueble alquilado ha sido usado para un fin distinto al previsto contractualmente, etc. <strong>&nbsp;<\/strong>La inspecci\u00f3n proporciona informaci\u00f3n directa; el peritaje permite interpretarla desde una perspectiva especializada; y la documentaci\u00f3n registral aporta los elementos jur\u00eddicos que correspondan. La decisi\u00f3n debe resultar de su valoraci\u00f3n conjunta, sin atribuir a ninguno de estos medios un alcance que legalmente no posee.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Las experticias caligr\u00e1ficas, inform\u00e1ticas y t\u00e9cnicas. <\/em>Las experticias son especialmente \u00fatiles cuando la controversia requiere conocimientos que el juez no est\u00e1 llamado a suplir mediante intuiciones personales.Una experticia caligr\u00e1fica puede contribuir a determinar si una firma presenta caracter\u00edsticas compatibles con la escritura de una persona. Una experticia inform\u00e1tica puede examinar la integridad de un archivo digital. Un levantamiento parcelario (deslinde, subdivisi\u00f3n, etc.) a cargo de un agrimensor puede esclarecer la correspondencia entre un \u00e1rea f\u00edsica y su representaci\u00f3n t\u00e9cnica.<em> &nbsp;<\/em>No obstante, el informe pericial no es una sentencia anticipada. Su valor depende de la idoneidad del especialista, la suficiencia de los materiales examinados, la metodolog\u00eda empleada, la claridad de las conclusiones y la posibilidad de someterlas a contradicci\u00f3n.El juez, hay que decir, conserva la responsabilidad de apreciar el informe junto con los dem\u00e1s elementos de prueba y de explicar por qu\u00e9 lo acepta o se aparta de \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>X.- La prueba il\u00edcita, el derecho de defensa y la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La b\u00fasqueda de la verdad procesal no puede justificar cualquier m\u00e9todo de obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n. El <em>derecho a la prueba<\/em> debe armonizarse con la intimidad, el secreto profesional, la protecci\u00f3n de datos, la inviolabilidad de las comunicaciones y los dem\u00e1s derechos que puedan resultar afectados. En este \u00e1mbito, resulta \u00fatil la evoluci\u00f3n jurisprudencial francesa antes examinada, pero su recepci\u00f3n en el derecho dominicano debe realizarse con cautela. En efecto, la admisibilidad de una prueba obtenida mediante una actuaci\u00f3n cuestionable no puede decidirse mediante una regla abstracta que ignore las circunstancias concretas. Es necesario identificar la naturaleza de la irregularidad, el derecho afectado, la relevancia del elemento, las alternativas probatorias disponibles y las consecuencias que su utilizaci\u00f3n tendr\u00eda para la equidad del proceso.<\/p>\n\n\n\n<p>En el ordenamiento dominicano, este examen debe realizarse conforme a la Constituci\u00f3n y a la legislaci\u00f3n aplicable, sin trasladar autom\u00e1ticamente criterios extranjeros ni convertir la necesidad de probar en una autorizaci\u00f3n general para vulnerar derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, pueden formularse cuatro criterios orientadores, que son: 1.- <em>Legalidad<\/em>, en el sentido de determinar si la obtenci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de la prueba respetan las normas aplicables, 2.- <em>Necesidad, <\/em>en el orden de establecer si el elemento es realmente relevante para esclarecer un hecho decisivo y si existen medios alternativos menos lesivos, 3.- <em>Proporcionalidad<\/em>, que implica valorar la intensidad de la afectaci\u00f3n de los derechos contrapuestos frente a la finalidad probatoria perseguida y 4.- <em>Contradicci\u00f3n<\/em>, que supone garantizar que la contraparte pueda conocer el elemento, impugnarlo y discutir su autenticidad y alcance.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos criterios no reemplazan las reglas legales de exclusi\u00f3n que resulten aplicables. Sirven para orientar el an\u00e1lisis constitucional all\u00ed donde el ordenamiento permita una ponderaci\u00f3n judicial. Y es que la tutela judicial efectiva no protege exclusivamente a quien pretende aportar una prueba. Tambi\u00e9n protege a quien se opone a ella por razones leg\u00edtimas y tiene derecho a que su utilizaci\u00f3n no se convierta en una fuente de indefensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>XI.- Una metodolog\u00eda pr\u00e1ctica para saber probar en el proceso civil<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>De las consideraciones anteriores se desprende una metodolog\u00eda que puede ser \u00fatil para abogados, jueces y dem\u00e1s operadores jur\u00eddicos. Antes de presentar una prueba o decidir sobre su admisi\u00f3n, conviene recorrer ordenadamente las siguientes etapas. Primero, Identificar el hecho controvertido, esto es, precisar qu\u00e9 acontecimiento, circunstancia, obligaci\u00f3n o situaci\u00f3n necesita demostrarse, evitando afirmaciones gen\u00e9ricas. Segundo, determinar qui\u00e9n soporta la carga probatoria, aplicando el art\u00edculo 1315 del C\u00f3digo Civil y las reglas especiales pertinentes e identificando los hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos. Tercero, distinguir el <em>acto jur\u00eddico<\/em> del <em>hecho jur\u00eddico<\/em>, para a partir de ello precisar el m\u00e9todo de valoraci\u00f3n probatoria aplicable, si la <em>axiolog\u00eda legal <\/em>o <em>prueba tasada<\/em> o la <em>axiolog\u00eda racional<\/em> o <em>prueba libre<\/em>. Cuarto, seleccionar los medios id\u00f3neos, en el sentido de elegir documentos, testimonios, comparecencias, inspecciones, peritajes, indicios o registros digitales seg\u00fan la naturaleza del hecho y las exigencias legales.<\/p>\n\n\n\n<p>Igualmente, quinto, verificar legalidad, autenticidad y fiabilidad, en el orden de examinar la procedencia de los elementos, su integridad, la regularidad de su obtenci\u00f3n y las posibles objeciones de admisibilidad. Sexto, garantizar la contradicci\u00f3n, permitiendo que las partes conozcan, cuestionen y controviertan los medios de prueba en las condiciones y oportunidades establecidas por la ley. S\u00e9ptimo, valorar el conjunto probatorio, examinando las convergencias, contradicciones y limitaciones de cada elemento, evitando conclusiones autom\u00e1ticas o aisladas. Y, octavo, motivar la conclusi\u00f3n judicial, explicando cu\u00e1les hechos se consideran probados, cu\u00e1les no y c\u00f3mo esa conclusi\u00f3n conduce a la soluci\u00f3n jur\u00eddica del litigio.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta metodolog\u00eda permite comprender que la <em>actividad probatoria<\/em> no consiste en acumular documentos indiscriminadamente. La eficacia de la prueba depende de su adecuaci\u00f3n al hecho o al acto jur\u00eddico que se pretende demostrar, de su regular incorporaci\u00f3n al proceso y de su capacidad para sustentar una conclusi\u00f3n racional. Pero todo lo anterior debe estar necesariamente acompa\u00f1ado de una adecuada <em>argumentaci\u00f3n jur\u00eddica<\/em>; y es que, como ha afirmado, con sobrado acierto, VIGO, <em>no basta con tener la mejor raz\u00f3n para que esta triunfe; hay que saber expresarla, \u00bfc\u00f3mo? Argumentando<\/em>. De suerte que todo el acervo probatorio ofrecido debe presentarse acompa\u00f1ado de una argumentaci\u00f3n que, con rigor jur\u00eddico, explique su pertinencia, conducencia, utilidad y fuerza demostrativa, estableciendo con claridad qu\u00e9 hecho pretende acreditarse, mediante qu\u00e9 elemento y por qu\u00e9 de este puede inferirse racionalmente su existencia.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto supone superar la simple enumeraci\u00f3n o dep\u00f3sito de medios probatorios y construir un verdadero razonamiento probatorio, que conecte los elementos aportados con los hechos controvertidos, anticipe y responda las posibles objeciones y permita al juzgador comprender la relevancia de cada prueba dentro del conjunto. Solamente as\u00ed, la actividad probatoria y la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica se integran en una misma operaci\u00f3n racional, orientada a proporcionar al tribunal fundamentos verificables para establecer los hechos, alcanzar la verdad jur\u00eddicamente relevante y aplicar correctamente el derecho, con pleno respeto de la contradicci\u00f3n, la igualdad procesal, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>XII.- Consideraciones finales: probar es convertir una afirmaci\u00f3n en una conclusi\u00f3n jur\u00eddicamente justificable<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La comparaci\u00f3n entre el derecho franc\u00e9s moderno y el dominicano permite advertir que la ciencia probatoria se encuentra en una posici\u00f3n de equilibrio entre dos exigencias que no deben sacrificarse mutuamente, que son la <em>seguridad jur\u00eddica<\/em> de los actos y la necesidad de esclarecer los hechos relevantes para la decisi\u00f3n. El sistema de la prueba legal o tasada conserva una funci\u00f3n indispensable cuando el ordenamiento exige determinadas formas de acreditaci\u00f3n de los <em>actos jur\u00eddicos<\/em>. La documentaci\u00f3n escrita, en particular, permite preservar el contenido de las convenciones, identificar a sus autores y reducir la incertidumbre en torno a las obligaciones asumidas.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero el proceso civil no puede quedar prisionero de un formalismo que desconozca la naturaleza de los acontecimientos sometidos a juicio. Los <em>hechos jur\u00eddicos<\/em> requieren, ordinariamente, una aproximaci\u00f3n m\u00e1s flexible, capaz de integrar documentos, testimonios, comparecencias, experticias, presunciones y medios electr\u00f3nicos. La experiencia francesa demuestra, adem\u00e1s, que el <em>derecho a la prueba<\/em> contin\u00faa evolucionando, especialmente frente a las tensiones entre la <em>eficacia probatoria<\/em>, la <em>lealtad procesal<\/em> y la <em>protecci\u00f3n de los derechos fundamentales<\/em>. La legislaci\u00f3n dominicana sobre documentos y firmas digitales confirma que las nuevas tecnolog\u00edas deben incorporarse a la pr\u00e1ctica judicial mediante criterios de <em>autenticidad<\/em>, <em>integridad<\/em> y <em>fiabilidad<\/em>, sin confundir el soporte electr\u00f3nico con la demostraci\u00f3n autom\u00e1tica de la verdad de su contenido.<\/p>\n\n\n\n<p>En definitiva, el art\u00edculo 1315 del C\u00f3digo Civil dominicano conserva plena relevancia como punto de partida, pero su aplicaci\u00f3n exige una t\u00e9cnica probatoria rigurosa, una comprensi\u00f3n adecuada de la naturaleza de los hechos y una lectura constitucional del proceso. Y es que la <em>tutela judicial efectiva<\/em> no se satisface con permitir que una persona presente una demanda; exige que tenga una oportunidad real de sustentarla conforme a la ley y, a su vez, que el demandado pueda defenderse con las garant\u00edas m\u00ednimas previstas. El <em>debido proceso<\/em> no se agota en la celebraci\u00f3n de audiencias, requiere que las pruebas puedan ser conocidas, discutidas y valoradas racionalmente. Y la <em>seguridad jur\u00eddica<\/em> no depende \u00fanicamente de la existencia de normas claras, sino tambi\u00e9n de que los tribunales determinen los hechos relevantes mediante procedimientos confiables y decisiones debidamente motivadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Por todo lo anterior, saber probar constituye una competencia jur\u00eddica tan importante como saber interpretar el derecho. El abogado debe comprender que una pretensi\u00f3n bien formulada puede fracasar por insuficiencia probatoria; el juez debe reconocer que la aplicaci\u00f3n correcta del derecho presupone una reconstrucci\u00f3n razonada de los hechos; y el legislador debe procurar que las reglas probatorias respondan a las transformaciones sociales y tecnol\u00f3gicas sin debilitar las garant\u00edas fundamentales. La m\u00e1xima de que <em>\u201calegar no es probar\u201d<\/em> debe entenderse, entonces, como una invitaci\u00f3n a ejercer el derecho con rigor, previsi\u00f3n y responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n<p>No basta con afirmar que un derecho existe, es necesario identificar el r\u00e9gimen probatorio que lo gobierna, seleccionar los medios id\u00f3neos para demostrarlo y someterlos a un debate respetuoso de las garant\u00edas procesales. Justamente, en un Estado constitucional de derecho, la <em>prueba<\/em> es el puente entre la afirmaci\u00f3n de un derecho y su reconocimiento jurisdiccional. Su correcta administraci\u00f3n permite que la decisi\u00f3n judicial no sea el resultado de una mera convicci\u00f3n subjetiva, sino la conclusi\u00f3n jur\u00eddicamente fundada de un procedimiento en el que las partes hayan tenido una oportunidad efectiva de defender sus intereses.<\/p>\n\n\n\n<p>En definitiva, la <em>prueba<\/em> es al proceso lo que los cimientos son al edificio, porque constituye el soporte f\u00e1ctico sobre el cual descansa la decisi\u00f3n jurisdiccional y del que depende, en buena medida, su legitimidad. Dicho de otro modo, y m\u00e1s contundentemente, sin <em>prueba<\/em> suficiente, l\u00edcita y regularmente incorporada al contradictorio, la decisi\u00f3n judicial corre el riesgo de convertirse en una mera afirmaci\u00f3n de autoridad, antes que en una expresi\u00f3n razonada de justicia. Un poeta, desde la sensibilidad de sus versos, dir\u00eda: <em>\u00abLa verdad necesita luz para hacerse visible\u00bb<\/em>. Un jurista, desde la raz\u00f3n del derecho y el ideal de justicia, afirmar\u00eda: <em>\u00abLa justicia necesita de la prueba para transformar las afirmaciones en hechos jur\u00eddicamente acreditados y convertir el derecho invocado en una tutela jurisdiccional leg\u00edtima\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a> \u201cEn general, d\u00edcese de todo aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de lo conocido hacia lo desconocido\u201d (<strong>COUTURE<\/strong>, Eduardo J. <em>Vocabulario jur\u00eddico<\/em>, 4ta. edici\u00f3n, p. 609).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a> Si la funci\u00f3n de la prueba es la de producir la convicci\u00f3n psicol\u00f3gica del juzgador en torno a la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado, apreciar la prueba procesal no puede querer decir sino expresar el resultado psicol\u00f3gico de las operaciones probatorias: exteriorizar la convicci\u00f3n del juez tal como esta surge al finalizar los actos de prueba\u201d (<strong>GUASP<\/strong>, Jaime. <em>Derecho procesal civil<\/em>, tomo I, p. 338.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" id=\"_ftn3\">[3]<\/a> El art\u00edculo 1347 del C\u00f3digo Civil precisa que para que exista un <em>principio de prueba<\/em> <em>por escrito<\/em> es necesario: a) que se trate de un escrito, b) que emane de aquel a quien se le opone o de quien lo representa y c) que haga veros\u00edmil el hecho alegado. En concreto, es un elemento de convicci\u00f3n que, por s\u00ed solo, no persuade, sino que debe corroborarse por otros medios. La jurisprudencia ha ido identificando documentos que pueden fungir como <em>principio de prueba<\/em> en el proceso civil, a saber: \u201cLas fotocopias constituyen un principio de prueba por escrito si no muestran signos de alteraci\u00f3n\u201d (SCJ, 3ra. Sala, 17 de octubre de 2012, n\u00fam. 35, B.J. 1223, pp. 1747-1761); \u201cLos recibos de pago hechos por una sociedad vendedora de veh\u00edculos y su presidente constituyen un principio de prueba por escrito de la existencia de un contrato verbal de venta de veh\u00edculo\u201d (SCJ, 1ra. Sala, 13 de abril de 2011, n\u00fam. 9, B.J. 1205, pp. 140-148); \u201cLos cheques con que se pag\u00f3 parte del precio de venta de un inmueble constituyen un principio de prueba de la existencia de un contrato verbal de venta de inmueble\u201d (SCJ, 1ra. Sala, 14 de enero de 2015, n\u00fam. 3, B.J.1250, pp.82-91); \u201cUn correo electr\u00f3nico puede constituir un principio de prueba por escrito\u201d (SCJ, 1ra. Sala, 31 de octubre de 2018, n\u00fam. 63, B.J. 1295, pp. 815.823); \u201cLas fotograf\u00edas no constituyen por s\u00ed solas un medio de prueba; solo pueden ser aceptadas de manera complementaria a otra u otras pruebas que sirvan de orientaci\u00f3n al juez, quien, valorando el conjunto de pruebas producidas, podr\u00eda dar por probado el hecho alegado\u201d (SCJ, 1ra. Sala, 14 de diciembre de 2021, n\u00fam. 81, B.J. 1333, pp. 714-722). De su lado, Juan Manuel Pellerano G\u00f3mez realiz\u00f3 una sustanciosa aproximaci\u00f3n al <em>principio de prueba por escrito<\/em>, mediante un trabajo de 20 p\u00e1ginas con ese mismo t\u00edtulo, el cual se encuentra disponible en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" id=\"_ftn4\">[4]<\/a> \u201c<em>Medio de prueba<\/em> es todo aquel elemento que sirve, de una u otra manera, para convencer al juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado\u201d (<strong>GUASP<\/strong>, Jaime. <em>Derecho procesal civil<\/em>, tomo I, p. 340).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\" id=\"_ftn5\">[5]<\/a> \u201c<strong>Carga de la prueba.<\/strong> El art. 1315 del C. Civil, colocado en el punto de vista de la prueba de las obligaciones, enuncia acerca de la carga de la prueba dos reglas correlativas (\u2026) En el terreno procesal esas reglas significan, en primer t\u00e9rmino, que el demandante debe proar los hechos y actos que alega en apoyo de su demanda y, en segundo t\u00e9rmino, que el demandado debe probar los hechos y los actos que alega en apoyo de su defensa o de los medios de inadmisi\u00f3n y excepciones que opone al demandante\u201d (<strong>TAVARES<\/strong>, Froil\u00e1n (hijo). <em>Elementos de derecho procesal civil dominicano<\/em>, vol. II, p. 222). Y hay que resaltar que pretorianamente, a nivel jurisprudencial, basado en el citado art\u00edculo 1315, se ha reconocido la aplicaci\u00f3n del <em>principio de la carga din\u00e1mica de la prueba<\/em> que, en concreto, significa que debe probar el que est\u00e9 en mejores circunstancias de producir la prueba. Por ejemplo, en materia de desalojo, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central estableci\u00f3 que, con base en el citado principio, est\u00e1 la parte demandada en mejores condiciones para probar que no tiene calidad de \u201cintruso\u201d, sino de copropietario por alguna relaci\u00f3n de hecho del tipo <em>more uxorio<\/em>, por alg\u00fan contrato o por lo que sea. De su lado, el demandante en desalojo cumplir\u00eda su carga probatoria con establecer su titularidad del inmueble del cual presente desalojar a la parte demandada.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\" id=\"_ftn6\">[6]<\/a> \u201cEl <em>objeto de la prueba<\/em> lo constituyen los mismos datos que integran el contenido de las alegaciones procesales\u201d <strong>(GUASP<\/strong>, Jaime. <em>Derecho procesal civil<\/em>, tomo I, p. 328).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\" id=\"_ftn7\">[7]<\/a> \u201cEl procedimiento de la prueba viene integrado por el encadenamiento de todas aquellas actividades que se dirigen espec\u00edficamente a convencer al juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado\u201d (<em>Ibidem<\/em>, p. 336).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\" id=\"_ftn8\">[8]<\/a> En el estado actual del derecho comparado, y local, el ordenamiento jur\u00eddico se analiza en clave <em>principiol\u00f3gica<\/em>. No solamente se toma en cuenta la ley y las reglas que esta prev\u00e9, sino tambi\u00e9n los <em>principios<\/em>, est\u00e9n estos expresamente previstos o no en la normativa positiva. Ambos: <em>reglas<\/em> y <em>principios<\/em>, tal como aclara PEYRANO, tienen fuerza normativa. Tanto as\u00ed que el art\u00edculo 7 de la Ley 2-23, de Recurso de Casaci\u00f3n, sobre el <em>objeto de la casaci\u00f3n<\/em>, habla, ya no de <em>violaci\u00f3n a la ley<\/em>, sino de violaci\u00f3n a <em>\u201clas reglas de derecho\u201d<\/em>, que es m\u00e1s amplio, considerando <em>reglas<\/em> y <em>principios<\/em>. Por tanto, la cuesti\u00f3n probatoria, en esa l\u00ednea, debe verse, igualmente, en la matriz de los principios aplicables: carga din\u00e1mica de la prueba, comunidad probatoria, igualdad de armas, inmediaci\u00f3n, etc. Y, en general, manejar espuelas del pensamiento jur\u00eddico, sistemas de interpretaci\u00f3n y de argumentaci\u00f3n, etc.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\" id=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cfr <strong>COUTURE<\/strong>, Eduardo J. <em>Fundamentos del derecho procesal civil<\/em>, 4ta. edici\u00f3n, p. 120.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\" id=\"_ftn10\">[10]<\/a> \u201cA diferencia de la prueba de los <em>actos jur\u00eddicos<\/em>, que normalmente en derecho civil, como lo acabamos de ver, es una prueba legal, la prueba de los <em>hechos jur\u00eddicos<\/em> es, en principio, una prueba libre. El sistema de libertad de la prueba est\u00e1 justificado para los <em>hechos jur\u00eddicos<\/em> debido a la imposibilidad de acomodar una prueba preconstituida\u2026\u201d (<strong>LARROUMET<\/strong>, Christian. <em>Derecho civil. Introducci\u00f3n al estudio del derecho privado<\/em>, p. 405).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\" id=\"_ftn11\">[11]<\/a> \u201cLas pruebas digitales aportadas en el contexto de la Ley 126-02 sobre Comercio Electr\u00f3nico de Documentos y Firmas Digitales, constituyen medios equiparables a los actos bajo firma privada\u201d (SCJ, 1ra. Sala, 25 de noviembre de 2020, n\u00fam. 160, B.J. 1320, pp. 1900-1912); \u201cLos correos electr\u00f3nicos no tienen que ser corroborados con otros elementos de prueba para tener validez, pues conforme a la Ley 126-02, estos elementos de prueba son perfectamente v\u00e1lidos en justicia\u201d (SCJ, 1ra. Sala, 29 de septiembre de 2021, n\u00fam. 153, B.J. 1330, pp. 1500-1514), entre otros criterios de nuestra SCJ que ponen de relieve el auge de la tecnolog\u00eda en materia probatoria. Y a ello debe sumarse la Ley de Medios Digitales, n\u00fam. 339-22, con su reciente reforma en el a\u00f1o 2026, mediante la ley n\u00fam. 87-26, que permite que las pruebas sean valoradas en versi\u00f3n digital por los tribunales, aportadas por las partes en la plataforma del Poder Judicial, Acceso Digital.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref12\" id=\"_ftn12\">[12]<\/a> Ver: <em>\u201cDel formalismo al debido proceso y la tutela judicial efectiva: extraer principios, construir justicia\u201d,<\/em> del suscrito, colgado en: <a href=\"http:\/\/www.yoaldo.org\">www.yoaldo.org<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref13\" id=\"_ftn13\">[13]<\/a> Ver: <em>\u201cLa teor\u00eda general del proceso civil: una herramienta pr\u00e1ctica para la tutela efectiva del derecho\u201d<\/em>, de la autor\u00eda del suscrito, colgado en <a href=\"http:\/\/www.yoaldo.org\">www.yoaldo.org<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref14\" id=\"_ftn14\">[14]<\/a> Recordemos que, por regla probatoria general, los <em>hechos no controvertidos<\/em>, igual que los <em>hechos notorios<\/em> y los <em>hechos evidentes<\/em>, constituyen <em>dispensas de prueba<\/em> y, como tales, no requieren actividad probatoria. Distinto a los <em>hechos controvertidos<\/em>, que s\u00ed implican demostraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref15\" id=\"_ftn15\">[15]<\/a> Ver, m\u00e1s abajo, el <em>principio de conducencia de la prueba<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref16\" id=\"_ftn16\">[16]<\/a> Distinto pasa en procesos de orden p\u00fablico, como el saneamiento, de inter\u00e9s general y efectos <em>erga omnes<\/em>, o la materia de tutela de derechos fundamentales, como el amparo, o asuntos relacionados con el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, como la manutenci\u00f3n, o bien conflictos entre trabajadores y empleadores, de marcado inter\u00e9s social, que el tribunal, por la naturaleza de lo decidido, tiene un papel activo que impacta el tema probatorio. En materias como esas, de oficio, el tribunal pudiera ordenar descensos, experticias, comparecencias, etc. En cambio, como se ha dicho, en procesos de inter\u00e9s privado, como el civil, el <em>principio dispositivo<\/em> prima: el tribunal es m\u00e1s pasivo, son las partes que deben ofertar pruebas.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref17\" id=\"_ftn17\">[17]<\/a> \u201cLos tribunales, al valorar la prueba sometida a su escrutinio, pueden (y deben) valorar todos los elementos de convicci\u00f3n de manera conjunta y arm\u00f3nica, a fines de llegar a la verdad jur\u00eddica, despejando, siempre que sea posible, cualquier aparente incongruencia que pudiera existir entre un documento y otro\u201d (Sentencia n\u00fam. 0031-TST-2024-R-00249 dictada, el 10 de diciembre del 2024, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref18\" id=\"_ftn18\">[18]<\/a> Entendiendo por <em>plano sustantivo<\/em> el \u00e1mbito de las normas que reconocen, regulan y protegen los derechos y obligaciones de las personas, con independencia de las reglas procesales que disciplinan su reclamaci\u00f3n ante los tribunales.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref19\" id=\"_ftn19\">[19]<\/a> Ver en l\u00ednea: <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/jorf\/article_jo\/JORFARTI000032005161?isLodaArticlePage=true\">Article 4 &#8211; Ordonnance n\u00b0 2016-131 du 10 f\u00e9vrier 2016 portant r\u00e9forme du droit des contrats, du r\u00e9gime g\u00e9n\u00e9ral et de la preuve des obligations &#8211; L\u00e9gifrance<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref20\" id=\"_ftn20\">[20]<\/a> Mediante decisi\u00f3n del 28 de agosto del 2025, en Francia, el Tribunal Judicial de <em>\u00c9vreux, <\/em>RG n. 24\/01648, estableci\u00f3, en concreto, que la reclamaci\u00f3n judicial de una obligaci\u00f3n dineraria superior a 1.500 euros exige, como regla general, prueba escrita conforme a las formalidades legales y que, cuando el documento presentado no re\u00fane los requisitos del art\u00edculo 1376 del C\u00f3digo Civil franc\u00e9s, el acreedor debe aportar otros elementos probatorios que corroboren la existencia de la obligaci\u00f3n reclamada; de lo contrario, procede desestimar su pretensi\u00f3n por insuficiencia probatoria. Es decir, deriva de este criterio la regla jur\u00eddica general, en el contexto probatorio, de que los <em>actos jur\u00eddicos<\/em> deben acreditarse mediante los medios de prueba y las formalidades legalmente exigibles, mientras que los <em>hechos jur\u00eddicos<\/em> pueden demostrarse por cualquier medio probatorio admisible, sin perjuicio de las restricciones establecidas por la ley.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref21\" id=\"_ftn21\">[21]<\/a> En Francia se ha establecido que la prueba de los derechos subjetivos se estructura sobre la distinci\u00f3n entre la carga de la prueba, que corresponde en principio a quien invoca el derecho, y los medios de acreditaci\u00f3n, cuya admisibilidad depende de la naturaleza del objeto probatorio, reconoci\u00e9ndose la libertad probatoria respecto de los hechos jur\u00eddicos y estableci\u00e9ndose, como regla general, la exigencia de prueba escrita para los actos jur\u00eddicos que superen el umbral lega (Ver en l\u00ednea: <em>CAPACITE EN DROIT INTRODUCTION AUX DROITS SUBJECTIFS SECOND SUPPORT. UNIVERSITE DE STRASBOURG. FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION. Ann\u00e9e universitaire 2025\/2026<\/em>)<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref22\" id=\"_ftn22\">[22]<\/a> <em>Article 9: \u201c<\/em><em>Il incombe \u00e0 chaque partie de prouver conform\u00e9ment \u00e0 la loi les faits n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de sa pr\u00e9tention\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref23\" id=\"_ftn23\">[23]<\/a> <em>Article 10: \u201cLe juge a le pouvoir d&#8217;ordonner d&#8217;office toutes les mesures d&#8217;instruction l\u00e9galement admisibles\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref24\" id=\"_ftn24\">[24]<\/a> <em>Article 11: \u201cLes parties sont tenues d&#8217;apporter leur concours aux mesures d&#8217;instruction sauf au juge \u00e0 tirer toute cons\u00e9quence d&#8217;une abstention ou d&#8217;un refus. <\/em><em>Si une partie d\u00e9tient un \u00e9l\u00e9ment de preuve, le juge peut, \u00e0 la requ\u00eate de l&#8217;autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin \u00e0 peine d&#8217;astreinte. Il peut, \u00e0 la requ\u00eate de l&#8217;une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la m\u00eame peine, la production de tous documents d\u00e9tenus par des tiers s&#8217;il n&#8217;existe pas d&#8217;emp\u00eachement l\u00e9gitime\u201d.<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref25\" id=\"_ftn25\">[25]<\/a> La <em>Cour de cassation, deuxi\u00e8me chambre<\/em> civile, mediante sentencia del 7 de marzo de 1979, pourvoi n\u00b0 77-13.385, reconoci\u00f3 judicialmente que el juez tiene la facultad de ordenar a una parte o a un tercero la producci\u00f3n de documentos.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref26\" id=\"_ftn26\">[26]<\/a> Entendiendo por <em>derechos sustantivos<\/em>, en este contexto, aquellos derechos e intereses jur\u00eddicamente protegidos por el ordenamiento, tales como la propiedad, el honor, la intimidad y los derechos contractuales, cuya existencia, reconocimiento o protecci\u00f3n se procura obtener mediante el proceso judicial.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref27\" id=\"_ftn27\">[27]<\/a> Recordando que los <em>derechos fundamentales<\/em> son, de acuerdo a nuestra constituci\u00f3n y, en general, a todo el <em>bloque de constitucionalidad<\/em>, aquellos derechos inherentes a la <em>dignidad humana<\/em>, reconocidos y garantizados por la Constituci\u00f3n y los instrumentos internacionales de derechos humanos, que imponen l\u00edmites al poder p\u00fablico y aseguran las condiciones esenciales para el libre desarrollo de la persona. Y, en el \u00e1mbito procesal, constituyen garant\u00edas esenciales que tutelan a las partes frente a actuaciones arbitrarias y aseguran un proceso justo, contradictorio y respetuoso de la <em>dignidad humana<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref28\" id=\"_ftn28\">[28]<\/a> Las <em>normas sustantivas aplicables<\/em> son, en concreto, aquellas disposiciones jur\u00eddicas que reconocen, regulan, modifican o extinguen los derechos y obligaciones cuya tutela se reclama en el proceso. Por ejemplo, la obligaci\u00f3n de cumplir lo pactado, que deriva de la fuerza obligatoria de las convenciones consagrada en el art\u00edculo 1134 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como la responsabilidad que puede generar su incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref29\" id=\"_ftn29\">[29]<\/a> Por ejemplo, poco importa que se prueba ser propietario de un veh\u00edculo, si dicho bien mueble es extra\u00f1o al conflicto de que se trata; por ejemplo, la obligaci\u00f3n de entrega de otro bien diferente. Esa titularidad, siendo el conflicto sobre otro bien, no tendr\u00eda pertinencia.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref30\" id=\"_ftn30\">[30]<\/a> Ahora, con el tema de la IA en boga, la <em>autenticidad<\/em> de la prueba ha cobrado relevancia, porque son muchos los materiales audiovisuales, entre otros, que se generan con IA induciendo al error. Experticias en tecnolog\u00eda son esenciales en estos casos.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref31\" id=\"_ftn31\">[31]<\/a> Por <em>justicia digital<\/em>, a la cual ha apostado la Rep\u00fablica Dominicana, debe entenderse, en concreto, la incorporaci\u00f3n, utilizaci\u00f3n e integraci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n en la administraci\u00f3n de justicia, con el prop\u00f3sito de modernizar la funci\u00f3n jurisdiccional, agilizar los procedimientos, facilitar el acceso a los \u00f3rganos judiciales y garantizar una tutela judicial efectiva, sin menoscabo de las garant\u00edas del debido proceso, el derecho de defensa y los dem\u00e1s derechos fundamentales de las partes. Es en ese contexto que se ha creado la plataforma <em>Acceso Digital<\/em>, en la que las partes pueden depositar documentos y dar, en general, seguimiento a sus casos, sin tener que desplazarse al tribunal. Y, de igual modo, se han acompa\u00f1ado dichos pasos con la promulgaci\u00f3n de la ley de &nbsp;medios digitales en la justicia, n\u00fam. 339-22, modificada recientemente mediante la Ley n\u00fam. 87-26, reforzando la eficacia digital. Un avance que, sin dudas, constituir\u00e1 realmente una conquista si, lejos de ser una imposici\u00f3n y la \u00fanica alternativa para los usuarios del sistema de justicia, se ve como una herramienta al servicio solamente del que desee servirse de ella. Y, justamente, esto \u00faltimo, por fortuna, es el enfoque que se le ha venido dando en los \u00faltimos tiempos a la cuesti\u00f3n de la <em>digitalizaci\u00f3n de la justicia<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref32\" id=\"_ftn32\">[32]<\/a> <em>Article 1365: \u201c<\/em><em>L&#8217;\u00e9crit consiste en une suite de lettres, de caract\u00e8res, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dot\u00e9s d&#8217;une signification intelligible, quel que soit leur support.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref33\" id=\"_ftn33\">[33]<\/a> <em>Article 1366: \u201c<\/em><em>L&#8217;\u00e9crit \u00e9lectronique a la m\u00eame force probante que l&#8217;\u00e9crit sur support papier, sous r\u00e9serve que puisse \u00eatre d\u00fbment identifi\u00e9e la personne dont il \u00e9mane et qu&#8217;il soit \u00e9tabli et conserv\u00e9 dans des conditions de nature \u00e0 en garantir l&#8217;int\u00e9grit\u00e9\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref34\" id=\"_ftn34\">[34]<\/a> <em>Article 1367: \u201cLa signature n\u00e9cessaire \u00e0 la perfection d&#8217;un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui d\u00e9coulent de cet acte. Quand elle est appos\u00e9e par un officier public, elle conf\u00e8re l&#8217;authenticit\u00e9 \u00e0 l&#8217;acte.\u201d<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref35\" id=\"_ftn35\">[35]<\/a> \u201cEn el estado actual de nuestro derecho y de las reglas que gobiernan la prueba, la fotograf\u00eda no es admitida como medio de prueba, sino que su presentaci\u00f3n, por lo tanto, solo puede ser recibida de manera complementaria a otra u otras pruebas que sirvan de orientaci\u00f3n al juez, quien, valorando en su conjunto todas las pruebas producidas, podr\u00eda tener eventualmente por acreditados los hechos alegados\u201d (SCJ, 1ra. Sala, 02 de julio del 2023, n\u00fam. 6, B.J. 112, pp. 85-90). En la especie, tr\u00e1tese de fotos de conversaciones de <em>WhatsApp<\/em> tomadas como \u201ccapturas\u201d mediante un dispositivo m\u00f3vil o celular, corroboradas con declaraciones ofrecidas mediante comparecencias, etc.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref36\" id=\"_ftn36\">[36]<\/a> <strong>GARC\u00cdA MESCUA<\/strong>, Daniel. <em>Aportaci\u00f3n de mensajes de WhatsApp a los procesos judiciales<\/em>, pp. 63-64.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref37\" id=\"_ftn37\">[37]<\/a> Sentencia n\u00fam. 0031-TST-2024-S-00182 dictada, el 03 de abril de 2024, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.<\/p>\n\n\n\n<p><a id=\"_ftn38\" href=\"#_ftnref38\">[38]<\/a> La <em>falta de experticia<\/em> constituye la ausencia de un mecanismo t\u00e9cnico de comprobaci\u00f3n; la <em>falta de autenticidad<\/em>, en cambio, supone una duda razonable sobre la genuinidad, integridad o procedencia del documento. Son cuestiones distintas, pues la <em>ausencia de peritaje<\/em> no demuestra, por s\u00ed sola, falsedad, alteraci\u00f3n o manipulaci\u00f3n. En el caso concreto, la parte recurrente cuestion\u00f3 la ausencia de experticia, pero no contradijo materialmente el contenido de las conversaciones ni acredit\u00f3 circunstancias que comprometieran su autenticidad. Por ello, el tribunal valor\u00f3 dichos elementos atendiendo a su corroboraci\u00f3n con otras pruebas y al conjunto del acervo probatorio. En definitiva, la falta de experticia no equivale a falta de autenticidad, ni determina autom\u00e1ticamente la ineficacia probatoria del documento digital; su valoraci\u00f3n depender\u00e1 de su fiabilidad, de las posibilidades efectivas de contradicci\u00f3n y de una motivaci\u00f3n judicial racional, conforme al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p><a id=\"_ftn39\" href=\"#_ftnref39\">[39]<\/a> La <em>ausencia de una formalidad t\u00e9cnica<\/em>, en s\u00ed, consiste en la omisi\u00f3n de un mecanismo instrumental de comprobaci\u00f3n; de su lado, la <em>inexistencia de valor probatorio<\/em> implica la falta de aptitud del elemento para acreditar, siquiera como principio de prueba, los hechos que pretende demostrar. En el caso concreto, se verific\u00f3 lo primero, pero no lo segundo, pues el contenido de las conversaciones no fue materialmente contradicho y, adem\u00e1s, encontr\u00f3 corroboraci\u00f3n en otros medios de prueba. Es decir, la <em>ausencia de experticia<\/em> no se tradujo en <em>ausencia de fiabilidad<\/em> ni de <em>eficacia probatoria<\/em>, por lo que su exclusi\u00f3n autom\u00e1tica habr\u00eda supuesto privilegiar el <em>formalismo<\/em> sobre la <em>valoraci\u00f3n racional e integral de la prueba<\/em>, en detrimento de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la b\u00fasqueda de la verdad jur\u00eddicamente relevante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Resumen ________________________________________________________________________________________________________________ Una mirada a la prueba como presupuesto esencial de la justicia civil, abordando sus fundamentos, principios, objeto, carga y medios de producci\u00f3n, as\u00ed como la distinci\u00f3n entre la acreditaci\u00f3n de los actos y la de los hechos jur\u00eddicos. &hellip; <a href=\"https:\/\/yoaldo.org\/?p=1205\">Continue reading <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1205"}],"collection":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1205"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1205\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1206,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1205\/revisions\/1206"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1205"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}