TR\u00c0MITES EXTRAJUDICIALES Y EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA<\/b><\/p>\n
EN EL MARCO DE LA SENTENCIA TC\/0085\/13 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL<\/b><\/p>\n
Por.: Yoaldo Hern\u00e1ndez Perera<\/i><\/b><\/p>\n
(Edici\u00f3n de Gaceta Judicial de agosto 2014)<\/i><\/b><\/p>\n
RESUMEN<\/i><\/b><\/p>\n
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La jurisprudencia ha sido errante en torno al car\u00e1cter obligatorio de tramitaciones extrajudiciales instituidas en leyes especiales. Por un lado, se sostuvo que esos tr\u00e1mites no deb\u00edan ser imperativos, pues violar\u00edan el principio de acceso a la justicia y, en otro sentido, se estatuy\u00f3 confiriendo un car\u00e1cter de obligatoriedad de dichas tramitaciones. Pero de manera m\u00e1s reciente, se ha venido interpretando que el Tribunal Constitucional se ha inclinado por sostener que una tramitaci\u00f3n extrajudicial previa no viola el citado principio de acceso a la justicia, y por aplicaci\u00f3n del principio de vinculatoriedad instituido en el art\u00edculo 7.13 de la Ley No. 137-11, los preceptos emanados de esta \u00faltima alta corte son vinculantes a los tribunales inferiores. <\/i><\/p>\n
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PALABARAS CLAVES<\/i><\/b><\/p>\n
Tr\u00e1mites extrajudiciales, leyes especiales, Constituci\u00f3n, acceso a la justicia, jerarqu\u00eda, jurisprudencia ordinaria, Tribunal Constitucional, principio de vinculatoriedad, interpretaci\u00f3n extensiva, procedimiento civil, fin de inadmisi\u00f3n, Rep\u00fablica Dominicana.<\/i><\/p>\n
Existen leyes que prev\u00e9n tramitaciones extrajudiciales, previo al lanzamiento de demandas en sede judicial, tales como la Ley No. 146-02, sobre Seguros y Fianzas, Ley 172-13 (derogatoria de la Ley No. 288-05) <\/i>sobre Bur\u00f3s de Cr\u00e9dito, Ley No. 173 sobre Agentes Importadores; Ley No. 358-05, General de los Derechos del Consumidor o Usuario, etc.<\/p>\n
\u00a0Ha sido controvertida la cuesti\u00f3n de saber si este tipo de tramitaciones choca con el principio constitucional de acceso a la justicia<\/i>. En el caso concreto de la materia de seguros, la Suprema Corte de Justicia sostuvo en primer t\u00e9rmino que la etapa de arbitraje[1]<\/b><\/a><\/i> prevista en la Ley No. 146-02 no afecta el acceso a la justicia de las personas, sino que regula su derecho de acci\u00f3n, logrando descongestionar los tribunales, pues eventualmente las partes llegan a un avenimiento[2]<\/a>. Sin embargo, un a\u00f1o despu\u00e9s el criterio de nuestro m\u00e1ximo \u00f3rgano del Poder Judicial vari\u00f3, sosteniendo que la consabida fase previa y extrajudicial no debe ser imperativa, pues de imponerse a las partes s\u00ed habr\u00eda una violaci\u00f3n al principio de acceso a la justicia<\/i>, el cual tiene rango constitucional[3]<\/a>.<\/p>\n Tambi\u00e9n en materia de Ley No. 288-05, hoy derogada por la Ley No. 172-13<\/i>[4]<\/a>, existen precedentes que se inclinan por declarar inconstitucional, por la v\u00eda difusa, la etapa previa y extrajudicial instituida antes de cualquier demanda ante la justicia ordinaria, en reclamaci\u00f3n a los Bur\u00f3s de Cr\u00e9dito por publicaciones crediticias; criterios estos fijados tanto a nivel de cortes de apelaci\u00f3n[5]<\/a> como de Suprema Corte de Justicia[6]<\/a>.<\/p>\n La discusi\u00f3n sobre el car\u00e1cter obligatorio de las tramitaciones extrajudiciales instituidas en leyes adjetivas ha sido ya abordada, incluso en art\u00edculos previos publicados en esta misma revista. En esta discusi\u00f3n, particularmente, hemos externado nuestra inclinaci\u00f3n por el criterio que promueve la insostenibilidad del car\u00e1cter imperativo de estos tr\u00e1mites, por chocar con el principio constitucional de acceso a la justicia<\/i>. El punto novedoso que agrega un nuevo elemento al debate es el criterio externado por el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia TC\/0085\/13, dictada con ocasi\u00f3n de una demanda lanzada a la luz de la Ley No. 173 sobre Agentes Importadores.<\/p>\n En esta sentencia, la referida\u00a0 alta corte ha interpretado que el hecho de que la Ley No. 173 establezca una fase de registro del contrato ante el Banco Central, as\u00ed como una conciliaci\u00f3n ante la C\u00e1mara de Comercio y Producci\u00f3n correspondiente, previo a la demanda en sede judicial, en nada viola la tutela judicial ni la consecuente prerrogativa de acceso a la justicia de que son acreedoras las personas, ya que \u2013a juicio de este tribunal-<\/i>\u00a0 ese tr\u00e1mite no impide el ejercicio del derecho de acci\u00f3n en los tribunales ordinarios, una vez se cumplan las condiciones requeridas legalmente, a saber:<\/p>\n <\/p>\n \u201c(\u2026) La empresa accionante se\u00f1ala en su escrito introductivo que las disposiciones del art\u00edculo 10 de la Ley No. 173, sobre Agentes Importadores de Mercader\u00edas y Productos, vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo cual, a juicio de este tribunal, constituye una aseveraci\u00f3n jur\u00eddicamente incierta, en vista de que el referido art\u00edculo dispone que los agentes o distribuidores concesionarios deben registrar con car\u00e1cter obligatorio los datos de las empresas extranjeras en cuyo nombre act\u00faan como representantes dentro del territorio nacional, as\u00ed como el plazo en el cual ha de realizarse dicho registro, a fin de legitimar la libertad de comercio que surge de un contrato de concesi\u00f3n suscrito entre ambas partes, requisito, que en nada perjudica a la accionante en cuanto al acceso al sistema de acciones y mecanismos jurisdiccionales que supone el derecho a la tutela judicial efectiva<\/span> (\u2026) el art\u00edculo 7 de la atacada Ley No. 173-66, sobre Agentes Importadores de Mercader\u00edas y Productos, modificada por la Ley No. 622, de fecha veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos setenta y tres (1973), establece los mecanismos y condiciones requeridas para ejercer cualquier acci\u00f3n interpuesta de conformidad con dicha ley<\/span>; prescribe que en caso de conflicto, previamente ser\u00e1 solicitada a la C\u00e1mara de Comercio y Producci\u00f3n <\/i>que conozca sobre la conciliaci\u00f3n entre el concedente y el concesionario y en caso de que en la etapa conciliatoria sea levantada acta de no acuerdo, se proceder\u00e1 con la demanda<\/span>, la cual, al igual que las dem\u00e1s acciones sucesivas, estar\u00e1 regida por el derecho com\u00fan, siendo protegido de este modo el derecho a la tutela judicial efectiva<\/span>. (\u2026) <\/i>al preceder a la inscripci\u00f3n de datos, el concesionario queda habilitado para acceder v\u00e1lidamente a la etapa conciliatoria ante la C\u00e1mara de Comercio y Producci\u00f3n correspondiente y eventualmente acceder a los tribunales civiles a reclamar los derechos derivados del referido art\u00edculo 7 de Ley No. 173-66 y sus modificaciones<\/span><\/i>\u201d[7]<\/b><\/a>. <\/i>(Subrayado del autor)<\/p>\n <\/p>\n El precedente esbozado ut supra<\/i>, el que por aplicaci\u00f3n del principio de vinculatoriedad<\/i> instituido en el art\u00edculo 7.13 de la Ley No. 137-11 (Modificada por la Ley No. 145-11)<\/i>, Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, se impone a los tribunales inferiores, ha venido siendo invocado extensivamente en los procesos judiciales, respecto de fases previas y extrajudiciales instituidas en otras leyes especiales, tales como la Ley No. 146-02, Ley No. 172-13 (derogatoria de la Ley No. 288-05)<\/i>, etc., y se ha hecho aludiendo el car\u00e1cter vinculante de las decisiones Tribunal Constitucional.<\/p>\n <\/p>\n El ejercicio hecho por algunos letrados consiste, en acopio de una interpretaci\u00f3n extensiva, en interpretar que toda fase previa y extrajudicial consignada en leyes adjetivas debe equipararse para los fines de estudiar la posible vulneraci\u00f3n del principio de acceso a la justicia<\/i>; que independientemente de que cada ley rige para un \u00e1rea particular, el test de razonabilidad <\/i>en estos casos, por versar sobre un tema constitucional, como lo es el acceso a la justicia, es gen\u00e9rico.<\/p>\n <\/p>\n Con esta tesis los demandados en las materias donde apliquen fases previas, fundamentan fines de inadmisi\u00f3n contra las demandas lanzadas en esas \u00e1reas en sede judicial, por falta de agotamiento de dicha tramitaci\u00f3n extrajudicial.<\/p>\n <\/p>\n En nuestro concepto, no es cierto que a partir del dictado de la Sentencia TC\/0085\/13 todas las fases previas y extrajudiciales consagradas en diversas leyes adjetivas son obligatorias. Es incorrecta la invocaci\u00f3n del principio de vinculatoriedad<\/i> del art\u00edculo 7.13 de la Ley No. 137-11, de manera extensiva. El precedente ha sido establecido en la materia concreta de Ley No. 173 sobre Agentes Importadores, atendiendo a las particularidades de ese tipo de contrataci\u00f3n, de cara a la utilidad de la norma, la cual ha de disponer s\u00f3lo para lo que sea justo y \u00fatil.<\/p>\n <\/p>\n Cada situaci\u00f3n, a nuestro juicio, debe ser estudiada de manera particular; con lo cual, hasta tanto se produzcan sentencias del Tribunal Constitucional que versen sobre cada materia en particular, en lo que a las fases previas se refiere, no han de estar los tribunales inferiores atados a un criterio establecido, si bien de manera vinculante, pero en relaci\u00f3n a una situaci\u00f3n espec\u00edfica. Por v\u00eda de consecuencia, en nuestro entendimiento no desconocen el ordenamiento actual las sentencias que, al margen del caso concreto de la Ley No. 173 sobre Agentes Importadores, persisten en el rechazo de medios de inadmisi\u00f3n basados en la falta de agotamiento de alguna fase previa instituida en una ley adjetiva, ya que esto, de concebirse como un imperativo a las partes, violar\u00eda \u2013sin dudas-<\/i>\u00a0 el principio constitucional de acceso a la justicia<\/i>.<\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n BIBLIOGRAF\u00ccA<\/b><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n HERN\u00c0NDEZ PERERA, <\/b>Yoaldo. \u201cSoluciones Procesales, ante los Juzgados de Paz y de Primera Instancia\u201d<\/i>, 2da. Edici\u00f3n. Editora B\u00faho, SRL, 2011. Reimpresi\u00f3n 2014.\u00a0<\/p>\n <\/p>\n ______________ Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n <\/p>\n ______________ Ley No. 288-05, que Regula las Entidades de Intermediaci\u00f3n Crediticia y Protecci\u00f3n al Titular de la Informaci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n ______________ Ley No. 172-13, sobre Protecci\u00f3n Integral de los Datos Personales Asentados en Archivos, Registros P\u00fablicos, Bancos de Datos u otros Medios T\u00e9cnicos de Tratamiento de Datos Destinados a dar Informes.<\/p>\n <\/p>\n _______________ Ley No. 173 Sobre Protecci\u00f3n de Agentes Importadores de Mercader\u00edas y Productos.<\/p>\n <\/p>\n ________________ Ley No. 358-05, General de los Derechos del Consumidor o Usuario.<\/p>\n <\/p>\n Sentencia TC\/0085\/13, dictada en fecha 4 del mes de junio del a\u00f1o 2013.<\/p>\n <\/p>\n Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 24 de agosto de 2011 (No compendiada)<\/i><\/p>\n <\/p>\n Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 29 de agosto de 2012 (No compendiada)<\/i><\/p>\n <\/p>\n Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 20 de marzo de 2013 (No compendiada)<\/i><\/p>\n <\/p>\n Sentencia dictada en fecha 27 de mayo de 2009, por la Primera Sala de la C\u00e1mara Civil y Comercial de la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n [1]<\/a> No es, en derecho estricto, un arbitraje lo que prev\u00e9 la Ley No. 146-02, es m\u00e1s bien una etapa de conciliaci\u00f3n para llegar a un punto de entendimiento en torno al monto de los da\u00f1os a pagar por la aseguradora.<\/p>\n<\/div>\n [2]<\/a> Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 24 de agosto de 2011, No. 26,\u00a0 B. J. No. 1209<\/p>\n<\/div>\n [3]<\/a> Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 29 de agosto de 2012, No. 80, B. J. No. 1221.<\/p>\n<\/div>\n [4]<\/a> Al momento de redactar estas l\u00edneas, esta Ley No. 172-13 no figura formalmente publicada en la Gaceta Oficial. La misma fue objeto de una acci\u00f3n principal en inconstitucionalidad, cuyo desenlace no ha llegado; probablemente esa situaci\u00f3n ha atrasado su publicaci\u00f3n. Pero lo cierto es que tenemos constancia de que en el \u00e1mbito bancario, ya la Superintendencia de Bancos ha dado instrucciones a las diversas instituciones de intermediaci\u00f3n financiera, para que actualicen los formatos de contratos, incluyendo la Ley No. 172-13, en sustituci\u00f3n de la Ley No. 288-05, lo cual es un indicador de que se ha estado aplicando ya la reciente normativa de referencia.<\/p>\n<\/div>\n [5]<\/a> Sentencia dictada en fecha 27 de mayo de 2009, por la Primera Sala de la C\u00e1mara Civil y Comercial de la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional.<\/p>\n<\/div>\n [6]<\/a> Sentencia SCJ, 1ra. Sala, del 20 de marzo de 2013.<\/p>\n<\/div>\n [7]<\/a> Sentencia TC\/0085\/13, dictada en fecha 4 del mes de junio del a\u00f1o 2013<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" TR\u00c0MITES EXTRAJUDICIALES Y EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MARCO DE LA SENTENCIA TC\/0085\/13 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Por.: Yoaldo Hern\u00e1ndez Perera (Edici\u00f3n de Gaceta Judicial de agosto 2014) RESUMEN _______________________________________________________________________ La jurisprudencia ha sido errante en torno … Continue reading
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