{"id":234,"date":"2015-12-09T12:37:11","date_gmt":"2015-12-09T12:37:11","guid":{"rendered":"http:\/\/yoaldo.org\/?p=234"},"modified":"2015-12-09T12:37:11","modified_gmt":"2015-12-09T12:37:11","slug":"articulo-juridico-6","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yoaldo.org\/?p=234","title":{"rendered":"(Art\u00edculo Jur\u00eddico)"},"content":{"rendered":"

ARMONIZACI\u00d3N DE LA LEY NO. 108-05 SOBRE<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span>REGISTRO INMOBILIARIO Y SUS REGLAMENTOS<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Por.: Yoaldo Hern\u00e1ndez Perera<\/span><\/strong><\/i><\/b><\/p>\n

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RESUMEN<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Se sugiere la f\u00f3rmula de la \u201carmonizaci\u00f3n\u201d en vez de la \u201cjerarquizaci\u00f3n\u201d, al momento de forjar criterios <\/span>\u00a0<\/span>en materia de derecho inmobiliario, a la vista de situaciones en que los reglamentos, en estricto rigor jur\u00eddico, no contradigan la Ley No. 108-05, sino que complementen su contenido; esto as\u00ed, tomando en consideraci\u00f3n que la ley constituye un marco general, y<\/span>\u00a0 <\/span>est\u00e1 llamada a regular un \u00e1mbito determinado de la vida en sociedad, pero los pormenores de su aplicaci\u00f3n entran en la \u00f3rbita de la reglamentaci\u00f3n.<\/span>\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/span><\/i><\/p>\n

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PALABRAS CLAVES<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

Derecho inmobiliario, ley, reglamento, Suprema Corte de Justicia, facultad reglamentaria, control de constitucionalidad, jurisprudencia, m\u00e9todos de interpretaci\u00f3n, armonizaci\u00f3n, jerarquizaci\u00f3n, principio de razonabilidad, Constituci\u00f3n, seguridad jur\u00eddica, Ley No. 108-05, Rep\u00fablica Dominicana.<\/span><\/i><\/p>\n

En su momento fue controvertida la facultad de la Suprema Corte de Justicia para reglamentar, como lo ha venido haciendo, en materia de derecho inmobiliario, a fines de viabilizar la aplicaci\u00f3n de la Ley No. 108-05 sobre Registro Inmobiliario, cuyo fuerte <\/span>\u2013seg\u00fan opiniones que compartimos-<\/span><\/i> es el marco institucional de la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria y la cuesti\u00f3n registral, ya que en t\u00e9rminos procesales el car\u00e1cter supletorio del derecho com\u00fan, a la vista del principio VIII, aunado al art\u00edculo 3 de la consabida Ley No. 108-05, cobra gran importancia<\/span><\/span>[1]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

Sobre la constitucionalidad de la referida facultad reglamentaria, la Suprema Corte de Justicia juzg\u00f3 lo siguiente: <\/span>\u201cNo viola la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica el poder reglamentario otorgado a la Suprema Corte de Justicia por la Ley de Registro Inmobiliario\u201d<\/span>[2]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>. <\/span><\/p>\n

Esta jurisprudencia ha recibido cr\u00edticas, en el sentido de que no puede la Suprema Corte de Justicia, que es la llamada a decidir sobre los recursos de casaci\u00f3n en materia inmobiliaria, trazar pautas sobre la aplicaci\u00f3n de la Ley No. 108-05; que al proceder de esta manera produce la normativa, cuya correcta aplicaci\u00f3n tambi\u00e9n le compete supervigilar; que no es facultad de esta alta corte emitir instrumentos con efectos <\/span>erga omnes<\/span><\/i>; que lo m\u00e1s viable es que fije criterios mediante su jurisprudencia, sin que \u00e9stas cuenten con car\u00e1cter vinculante. <\/span><\/span><\/p>\n

A nuestro juicio, conscientes de que las funciones legislativas escapan a las atribuciones de la Suprema<\/span>\u00a0 <\/span>Corte de Justicia, lo cierto es que <\/span>\u2013contrario a lo que se ha pretendido establecer-<\/span><\/i> los reglamentos en esta materia que, dicho sea de paso, constituyen una exhortaci\u00f3n expresa de la Ley No. 108-05, la cual remite a una reglamentaci\u00f3n a cargo de la Suprema Corte de Justicia en determinados aspectos, han coadyuvado considerablemente con la aplicaci\u00f3n de la referida normativa (Ley No. 108-05). Es que tales reglamentos son el resultado de mesas de trabajo integradas por los mismos actores del sistema, los cuales <\/span>\u2013en atenci\u00f3n a sus funciones diarias-<\/span><\/i> est\u00e1n en condiciones aptas para detectar cualquier impasse y, consecuentemente, sugerir los correctivos de lugar. <\/span><\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, ha de convenirse que no es verdad que legisladores, ajenos a la cotidianidad en la administraci\u00f3n de justicia inmobiliaria, van a tener las mismas herramientas a mano para viabilizar la aplicaci\u00f3n de la Ley No. 108-05 que los actores del sistema; sin mencionar los escollos que pudiera enfrentar la promulgaci\u00f3n de cada ley tendente a corregir inconvenientes en esta materia tan sensible para el desarrollo de la naci\u00f3n, como secuela de la burocracia y del dif\u00edcil consenso entre las diversas parcelas partidarias, atendiendo a los intereses del momento; intereses que no necesariamente se corresponden con un sentido rigurosamente jur\u00eddico.<\/span>\u00a0 <\/span>Todo lo cual, redunda en una dilaci\u00f3n innecesaria para la adopci\u00f3n oportuna de los correctivos de lugar, impidiendo que los usuarios del sistema encuentren soluci\u00f3n a sus casos con la celeridad que requiere la tutela judicial efectiva, a la vista del art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n de la naci\u00f3n. <\/span><\/span><\/p>\n

Pues bien, asumiendo como leg\u00edtima la comentada facultad reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia en materia inmobiliaria, surge la cuesti\u00f3n que constituye el eje nuclear del presente escrito: <\/span>\u00bfc\u00f3mo interpretar estos reglamentos, de cara a la Ley No. 108-5 sobre Registro Inmobiliario, en el sentido de saber cu\u00e1ndo es menester jerarquizar y cu\u00e1ndo lo procedente es armonizar estos instrumentos normativos (Ley y reglamento)?<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

El punto de partida del asunto a dilucidar es el principio VII de la Ley No. 108-05, sobre Registro Inmobiliario, que taxativamente sostiene lo siguiente: <\/span>\u201dCuando exista contradicci\u00f3n entre esta ley y sus reglamentos, prevalece la presente ley\u201d<\/span><\/i>. Como puede advertirse, este precepto no persigue otra cosa que hacer acopio del sistema de fuentes que rige en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, conforme al cual <\/span>\u2013como es sabido-<\/span><\/i> la ley prima ante los reglamentos y las resoluciones. <\/span><\/span><\/p>\n

Ser\u00eda a todas luces improcedente, al hilo de nuestro sistema de fuentes, pretender modificar la Ley No. 108-05 mediante un reglamento. Por consiguiente, tantas veces se cuente con argumentos de peso para sostener que se ha procedido en esta tesitura, la parte interesada deber\u00e1 invocar la inaplicabilidad de tal precepto reglamentario, promoviendo el imperio de la ley que debe primar (Ley No. 108-05). Sin embargo, las m\u00e1ximas de experiencia aleccionan en el sentido de que muchas veces se invocan supuestas antinomias entre reglamentos y la Ley No. 108-05 que no son tales. En efecto, recurrentemente la Ley No. 108-05 no aclara un punto determinado, y justamente el reglamento viene a arrojar luz al respecto, no a contradecir ning\u00fan precepto legalmente establecido. <\/span>\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Un ejemplo de que, a nuestro modo de ver las cosas, no es que exista contradicci\u00f3n, sino complementaci\u00f3n entre la Ley No. 108-05 y sus reglamentos, es lo relativo al plazo para <\/span>\u00a0<\/span>recurrir en <\/span>reconsideraci\u00f3n (de 15 d\u00edas, a partir de la solicitud)<\/span><\/i>, sobre lo cual la ley no establece a qu\u00e9 tipo de d\u00edas se refiere: <\/span>si calendario o h\u00e1biles<\/span><\/i>, en tanto que el art\u00edculo 177 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicci\u00f3n Original de la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria, determina que dicho plazo ha de computarse en funci\u00f3n de d\u00edas laborables. Pero adem\u00e1s, el art\u00edculo 162 del reglamento General de Registro de T\u00edtulos y el art\u00edculo 205 del Reglamento General de Mensura Catastrales ordenan, para los registros de t\u00edtulos y las direcciones regionales de mensuras catastrales, que el plazo para fallar el recurso de reconsideraci\u00f3n es de quince d\u00edas h\u00e1biles. <\/span><\/span><\/p>\n

Esta situaci\u00f3n se verifica tambi\u00e9n en el recurso jer\u00e1rquico, en que el art\u00edculo 77, p\u00e1rrafo II, de la Ley No. 108-05, de Registro Inmobiliario y el art\u00edculo 183 del Reglamento de los Tribunales de Tierras y de Jurisdicci\u00f3n Original, as\u00ed como el art\u00edculo 168 del Reglamento General de Registro de T\u00edtulos y el art\u00edculo 211 del Reglamento General de Mensura Catastrales, que no coinciden en cuanto a especificar la naturaleza de los d\u00edas correspondientes al plazo de quince d\u00edas para la interposici\u00f3n del recurso jer\u00e1rquico<\/span>: la Ley se limita a fijar en 15 d\u00edas la duraci\u00f3n del plazo, mientras que los referidos reglamentos establecen que estos d\u00edas son h\u00e1biles. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Lo propio sucede en relaci\u00f3n al recurso jurisdiccional, ya que el art\u00edculo 78, p\u00e1rrafo I, de la Ley No. 108-05 fija en 30 d\u00edas el plazo para esta modalidad recursiva, contados a partir de que quede habilitado, sin establecer la naturaleza de los d\u00edas a computar, mientras que el art\u00edculo 192 del Reglamento General de Tribunales de Tierras y de Jurisdicci\u00f3n Original, establece que para los tribunales en esta materia dicho plazo ha de calcularse en base a d\u00edas h\u00e1biles. La misma situaci\u00f3n relativa a la manera de computar los d\u00edas del plazo para el comentado recurso, se verifica respecto de las decisiones administrativas dadas por Registro de T\u00edtulos y por Mensura Catastrales, en raz\u00f3n de que los Reglamentos que rigen cada materia (RGRT y RGMC) se\u00f1alan que dicho plazo debe computarse en d\u00edas h\u00e1biles, sin que la Ley No. 108-05 identifique la naturaleza de estos d\u00edas.<\/span>\u00a0 <\/span><\/span><\/p>\n

Sobre la cuesti\u00f3n de saber si existe contradicci\u00f3n entre la Ley No. 108-05 y sus reglamentos, en el marco de la naturaleza de los d\u00edas para calcular los plazos en materia recursoria ante la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria, la doctrina ha razonado en el siguiente sentido: <\/span>\u201cAnte una contradicci\u00f3n entre la LRI y sus reglamentos, la LRI deber\u00eda prevalecer, en virtud del principio VII LRI. No obstante, al ser la Suprema Corte de Justicia el \u00f3rgano que elabor\u00f3 los reglamentos y, al mismo tiempo, el \u00f3rgano que juzgar\u00e1 definitivamente cualquier controversia sobre este asunto, es probable que decida que los plazos son de quince (15) d\u00edas laborables o h\u00e1biles\u201d<\/span>[3]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>. <\/span><\/p>\n

El tema dilucidado no s\u00f3lo comprende la materia de recursos. En cuanto al punto de las reclamaciones al Fondo de Garant\u00eda de Inmuebles Registrados, la ley no ha previsto ning\u00fan plazo para reclamar la indemnizaci\u00f3n correspondiente, producto de alguna lesi\u00f3n sufrida como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de la Ley No. 108-05. Hasta tanto no exista un reglamento que instituya un plazo, por principio general, ha de regir el plazo prescriptivo de veinte a\u00f1os de derecho com\u00fan, aplicable cada vez que alg\u00fan precepto normativo no consagre alguna otra prescripci\u00f3n m\u00e1s corta. Pero si en el futuro surgiere alguna reglamentaci\u00f3n, como tenemos entendido que ocurrir\u00e1 m\u00e1s temprano que tarde, que prevea un plazo m\u00e1s corto para reclamar la comentada indemnizaci\u00f3n, no resultar\u00eda ni justo ni \u00fatil hablar de contradicci\u00f3n de normas, sino de suplementaci\u00f3n de normas; es decir, de <\/span>\u00a0<\/span>armonizaci\u00f3n de la ley aplicable y de sus reglamentos. <\/span><\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, es importante destacar que la Ley No. 108-05 no diferencia para el conocimiento del recurso administrativo jurisdiccional, si la decisi\u00f3n recurrida proviene del tribunal de jurisdicci\u00f3n original (TJO) o si ha sido emitida por el Tribunal Superior de Tierras (TST); sin embargo, el Reglamento para Tribunales Superiores y de Jurisdicci\u00f3n Original, en sus art\u00edculos 189 y 190, aclara que solamente deber\u00e1 conocer de dicha acci\u00f3n recursiva el pleno del TST, cuando se trate de alguna decisi\u00f3n dictada por el mismo TST, pero cuando sea evacuada por el TJO, ser\u00e1 una terna del TST la llamada a estatuir sobre el particular, no el pleno<\/span>[4]<\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

En estos casos, o en cualquier otro que pueda identificarse con an\u00e1logas particularidades, no luce razonable, a la vista del art\u00edculo 40.15 de la Constituci\u00f3n<\/span>[5]<\/span><\/span><\/a>, interpretar que se ha incurrido en una antinomia, porque m\u00e1s bien se ha reforzado o aclarado un aspecto de la ley no definido, vali\u00e9ndose de las experiencias cotidianas, con el evidente prop\u00f3sito de agilizar y hacer m\u00e1s efectivos los procesos. <\/span><\/p>\n

Una verdadera <\/span>contradicci\u00f3n<\/span><\/i> entre una ley y su reglamento, se produce cuando por la v\u00eda reglamentaria se contradice un aspecto consagrado legalmente: <\/span>no es lo mismo complementar que contradecir. <\/span><\/i>Verbigracia, de manera expresa el p\u00e1rrafo del art\u00edculo 31 de la Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, establece que en materia inmobiliaria s\u00f3lo se podr\u00e1 demandar en da\u00f1os y perjuicios de manera reconvencional, como secuela de una demanda temeraria<\/span><\/span>[6]<\/span><\/span><\/a>.<\/span>\u00a0 <\/span>Por consiguiente, si un reglamento estableciere que, fuera del caso permitido legalmente, procede demandar en da\u00f1os y perjuicios, habr\u00eda una contradicci\u00f3n manifiesta entre dicho reglamento y la Ley; por tanto, lo reglamentario deber\u00eda sucumbir frente a lo legal. Justamente, la Suprema Corte de Justicia ha juzgado que en el estado actual de nuestro derecho positivo, s\u00f3lo es posible demandar en da\u00f1os y perjuicios ante los tribunales de tierras, en el contexto previsto en el citado art\u00edculo 31 de la Ley No. 108-05, esto es, reconvencionalmente y en ocasi\u00f3n de demandas cuya temeridad sea posible establecer por el tribunal apoderado<\/span><\/span>[7]<\/span><\/span><\/a>.<\/span>\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Por otra parte, en los \u00faltimos tiempos se ha venido suscitando ante la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria, sobre todo a nivel <\/span>\u00a0<\/span>de jurisdicci\u00f3n original, la discusi\u00f3n en torno a la Resoluci\u00f3n No. 1419-2013, sobre Procedimientos Diversos ante los Registradores de T\u00edtulos y las Direcciones de Mensuras Catastrales, la cual en su art\u00edculo 2 permite que las oposiciones trabadas al amparo de la hoy abrogada Ley No. 1542 sobre Registro de Tierras, que no hayan sido regularizadas en el plazo concedido a tales efectos por esta resoluci\u00f3n<\/span><\/span>[8]<\/span><\/span><\/a>, puedan ser levantadas directamente por el Registro de T\u00edtulos, a pedido de parte, sin que deba mediar decisi\u00f3n judicial<\/span>[9]<\/span><\/span><\/a>. Al respecto, vale recordar que en el esquema de la referida normativa (Ley No. 1542), las oposiciones ante el Registro de T\u00edtulos, si bien en principio deb\u00edan ser autorizadas por el Presidente del Tribunal Superior de Tierras correspondiente, al certificar la instancia que daba origen a la demanda<\/span>[10]<\/span><\/span><\/a>, lo cierto es que en la <\/span>praxis<\/span><\/i> era usanza que las mismas <\/span>\u00a0<\/span>se trabaran mediante simples actos de alguacil<\/span><\/span>[11]<\/span><\/span><\/a>; en cambio, a partir de la entrada en vigencia de la Ley No. 108-05, las notas preventivas o medidas cautelares (oposici\u00f3n) se generan de forma autom\u00e1tica y por mandato de los tribunales, tan pronto como inicie un procedimiento inmobiliario; es decir, ya las partes no pueden <\/span>\u201cantojadizamente\u201d<\/span><\/i> hacer inscribir una oposici\u00f3n a traspaso de un inmueble, por ejemplo, sin que un tribunal estatuya sobre el particular. <\/span>\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

La discusi\u00f3n comentada va dirigida en el sentido de saber si, concretamente, por mandato de la mencionada Resoluci\u00f3n No. 1419-2013, est\u00e1n obligados los tribunales de jurisdicci\u00f3n original, en caso de que le sea sometida una solicitud de levantamiento de una oposici\u00f3n trabada con la vieja ley, a remitir a las partes ante el Registro de T\u00edtulos correspondiente, para que all\u00ed diligencien el levantamiento, o si es su facultad, como \u00f3rgano jurisdiccional, proceder por s\u00ed a disponer este levantamiento. <\/span><\/p>\n

Una primera posici\u00f3n sostiene que <\/span>\u201cel reglamento no se le impone a los tribunales\u201d<\/span><\/i>, partiendo de que la Ley No. 108-05, que es la normativa que cuenta con car\u00e1cter vinculante, nada consagra sobre el particular; y por tanto, s\u00ed pueden los tribunales de jurisdicci\u00f3n original estatuir sobre la referida cuesti\u00f3n, sin necesidad de remitir a las partes ante el Registro de T\u00edtulos, aplicando la citada resoluci\u00f3n. Una segunda posici\u00f3n entiende que, por un tema de <\/span>seguridad jur\u00eddica<\/span><\/i>, en funci\u00f3n de la <\/span>unidad de criterios<\/span><\/i>, lo m\u00e1s recomendable es remitir a las partes a que se provean ante el Registro de T\u00edtulos para que promuevan en aquella dependencia administrativa el levantamiento de la oposici\u00f3n criticada, en una aplicaci\u00f3n a ultranza de la resoluci\u00f3n comentada. Esto as\u00ed, en el entendimiento de que si la Suprema Corte de Justicia ha reglamentado en el orden de remitir directamente al Registro de T\u00edtulos estos asuntos, es justamente para agilizar los tr\u00e1mites, por lo que la aplicaci\u00f3n de dicha reglamentaci\u00f3n deber\u00eda ser uniforme en todos los tribunales de la Rep\u00fablica, en materia inmobiliaria. <\/span><\/span><\/p>\n

A nuestro juicio, el fundamento de ninguno de los dos razonamientos esgrimidos precedentemente, que son los que han ganado mayor terreno en la cotidianidad, resisten un <\/span>test de razonabilidad<\/span><\/i>, bajo el abrigo del art\u00edculo 40.15 de la Constituci\u00f3n; en raz\u00f3n de que, por un lado, los reglamentos dictados por la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de las facultades reglamentarias que hasta el momento han sido reconocidas constitucionalmente, s\u00ed deben ser vinculantes para los tribunales inferiores, por un tema de seguridad jur\u00eddica. Pero por otro lado, la misma <\/span>razonabilidad<\/span><\/i> sugiere que no debe incurrirse en el error de aplicar exeg\u00e9ticamente el marco normativo vigente. <\/span><\/span><\/p>\n

En efecto, partiendo de que el esp\u00edritu del analizado reglamento es agilizar los tr\u00e1mites, mal podr\u00eda interpretarse que lo justo y \u00fatil ser\u00eda hacer perder tiempo a los usuarios, declinando la solicitud de levantamiento de oposici\u00f3n por ante el Registro de T\u00edtulos, sin decidir nada concreto. Parecer\u00eda que lo m\u00e1s factible en este supuesto ser\u00eda, ya que las partes por desconocimiento, negligencia, etc., han acudido ante el tribunal, dejando de beneficiarse de la resoluci\u00f3n que le facilita el tr\u00e1mite, decidir sobre el particular, pero no <\/span>\u201cporque no se imponen los reglamentos\u201d<\/span><\/i>, sino porque es lo m\u00e1s razonable, en t\u00e9rminos procesales. <\/span><\/span><\/p>\n

Volvemos en esta parte a la idea nuclear de este escrito, en el sentido de que en los puntos tratados lo recomendable es <\/span>armonizar<\/span><\/strong><\/i><\/b> la Ley No. 108-05 con sus reglamentos, y no pretender acudir, ante todo tipo de situaciones, al m\u00e9todo de la <\/span>jerarquizaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/i><\/b>, ya que esto \u00faltimo, tal como se ha venido exponiendo, no siempre conduce a una soluci\u00f3n jur\u00eddicamente viable. <\/span><\/span><\/p>\n

Como se ha dicho, es la misma Ley No. 108-05 sobre Registro Inmobiliario, en su <\/span>principio VI<\/span>[12]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>, que delega en la Suprema Corte de Justicia la reglamentaci\u00f3n de aspectos no detallados pormenorizadamente en dicha norma, a fines de hacer acopio de la experiencia cotidiana ante los tribunales del orden judicial; y justamente, dicha reglamentaci\u00f3n es el producto de las labores de mesas de trabajo integradas por los propios actores del sistema, quienes <\/span>\u2013bas\u00e1ndose en los casos que ordinariamente se van ventilando judicialmente-<\/span><\/i> sugieren posibles soluciones a diferentes dificultades que nacen en el d\u00eda a d\u00eda ante la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria. En esas atenciones, al momento de elaborar cualquier concepto jur\u00eddico en esta materia, se debe ser sumamente cauto y ponderar reflexivamente cu\u00e1ndo resulta justo y \u00fatil, al tenor del citado art\u00edculo 40.15 de la Constituci\u00f3n, emplear el sistema de la <\/span><\/span>jerarquizaci\u00f3n<\/span>[13]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i> entre la Ley No. 108-05 y sus reglamentos y cu\u00e1ndo lo procedente es aplicar el sistema de <\/span>armonizaci\u00f3n<\/span>[14]<\/span><\/span><\/strong><\/b><\/a><\/i>, seg\u00fan exista una verdadera contradicci\u00f3n entre la ley y sus reglamentos o exista un complemento entre estos \u00faltimos y aquella.<\/span>\u00a0 <\/span><\/span><\/p>\n

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BIBLIOGRAF\u00cdA<\/span><\/strong><\/b><\/p>\n

G\u00d3MEZ, <\/span><\/strong><\/b>Wilson. <\/span>\u201cManual de Derecho Inmobiliario Registral\u201d<\/span><\/i>, Primera Edici\u00f3n, Impresora Amigo del Hogar, 2014, Rep\u00fablica Dominicana.<\/span><\/span><\/p>\n

GUZM\u00c1N ARIZA, <\/span><\/strong><\/b>Fabio J. <\/span>\u201cLey 108-05, de Registro Inmobiliario, Comentada, Anotada y Concordada con sus Reglamentos\u201d<\/span><\/i>, Primera Edici\u00f3n, Editora Judicial, S.R.L., 2009, Rep\u00fablica Dominicana.<\/span><\/span><\/p>\n

HERN\u00c1NDEZ-MACHADO SANTANA, <\/span><\/strong><\/b>Erick. <\/span>\u201cLegislaci\u00f3n de registro Inmobiliario\u201d<\/span><\/i>, Primera Edici\u00f3n, Impresora SunDance Marketing Solutions, 2012, Orlando, FL. USA.<\/span><\/span><\/p>\n

MONCI\u00d3N<\/span><\/strong><\/b>, Segundo E. <\/span>\u201cLa Litis, Los Incidentes y la Demanda en Referimiento en la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria\u201d<\/span><\/i>, Tercera edici\u00f3n, Editora Centenario, S.A., 2015, Rep\u00fablica Dominicana.<\/span><\/span><\/p>\n

VILLARO<\/span><\/strong><\/b>, Felipe P. <\/span>\u201cDerecho registral inmobiliario\u201d<\/span><\/i>, Primera Edici\u00f3n, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma SRL, 2010, Buenos Aires, Argentina. <\/span><\/span><\/p>\n

________________ Constituci\u00f3n proclamada el 13 de junio del a\u00f1o 2015.<\/span><\/p>\n

________________ Ley No. 108-05, de Registro Inmobiliario.<\/span><\/p>\n

________________ Reglamento General de los Tribunales Superiores y de Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria.<\/span><\/p>\n

________________ Reglamento General del Registro de T\u00edtulos.<\/span><\/p>\n

________________ Reglamento General de Mensura Catastrales<\/span><\/p>\n

________________ Resoluci\u00f3n No. 1419-2013, sobre procedimientos ante Registradores de T\u00edtulos y Direcciones de Mensuras Catastrales. <\/span><\/p>\n

Sentencia SCJ, 3ra. Sala, No. 161, del 29 de abril de 2015 (disponible en la red: h<\/span>ttp:\/\/www.poderjudicial.gob.do\/consultas_sentencias\/fallos_nuevos.aspx)<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

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[1]<\/span><\/span><\/a>La Ley No. 108-05, concretamente, solo prev\u00e9 dos procedimientos: <\/span>el de litis sobre derechos registrados y el del saneamiento<\/span><\/i>; y en ambos el derecho com\u00fan suple de manera importante. Hay quienes incluyen el deslinde como un tercer procedimiento, pero en este \u00faltimo es Mensura Catastrales la instituci\u00f3n que apodera al tribunal, por lo que no queda muy claro que deba ser considerado como un verdadero procedimiento a emplearse por las partes. En muchas situaciones que no constituyen verdaderas <\/span>litis<\/span><\/i> sobre derechos registrados, la misma ley o alg\u00fan reglamento remite al procedimiento aplicable a \u00e9sta (litis de derecho registrado): <\/span>audiencia de prueba, de fondo, etc.<\/span><\/i> justamente porque no hay otro tr\u00e1mite m\u00e1s id\u00f3neo establecido por la ley. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[2]<\/span><\/span><\/a>Sentencia SCJ, Pleno, No. 3, del 15 de marzo de 2006, B.J. No. 1144, p.p. 24-25.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[3]<\/span><\/span><\/a>GUZM\u00c1N ARIZA<\/span><\/strong><\/b>, Fabio J. <\/span>\u201cLey 108-05, de Registro Inmobiliario, Comentada, Anotada y Concordada con sus Reglamentos\u201d<\/span><\/i>, p. 118.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[4]<\/span><\/span><\/a>En nuestro concepto, este recurso jurisdiccional, que versa sobre decisiones administrativas, nunca deber\u00eda conocerse en audiencia p\u00fablica. Lo que ocurre es que, como la Ley No. 108-05 no prev\u00e9 m\u00e1s que un procedimiento para saneamiento y otro para litis sobre derechos registrados, suele remitir diversos asuntos al procedimiento de litis de derecho registrados, que es de inter\u00e9s privado y se ventila en audiencia p\u00fablica. Pero en vista de que el objeto de este recurso, como se ha dicho, es una decisi\u00f3n verdaderamente administrativa, insistimos, la audiencia p\u00fablica es una verdadera p\u00e9rdida de tiempo. En efecto, tenemos entendido que el reglamento que se est\u00e1 discutiendo al momento de redactarse este art\u00edculo, entre otras cosas, incluye el tema relativo al n\u00famero de jueces que debe conocer de este recurso; al efecto se ha barajado la posibilidad de reducir a una terna de jueces la composici\u00f3n del tribunal, pero particularmente somos partidarios de ordenar que siempre sea en c\u00e1mara de consejo que se decidan estos asuntos administrativos. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[5]<\/span><\/span><\/a>El art\u00edculo 40.15 de la Constituci\u00f3n instituye el <\/span>principio de razonabilidad jur\u00eddica<\/span><\/strong><\/i><\/b>, partiendo de que la ley solamente ha de establecer lo que es justo y \u00fatil. Dado que la constitucionalizaci\u00f3n del derecho abarca todos los subsistemas jur\u00eddicos, incluyendo el inmobiliario, debe hacerse acopio de este principio en todo momento, as\u00ed como de todas las normas del debido proceso. Por ejemplo, en materia de <\/span>\u201cposesi\u00f3n\u201d<\/span><\/i> es muy recurrente la aplicaci\u00f3n de la <\/span>razonabilidad jur\u00eddica<\/span><\/strong><\/i><\/b>, ya que si bien \u00e9sta (posesi\u00f3n) es una condici\u00f3n para promover deslindes, muchas veces la misma no se consigue por la invasi\u00f3n de terceros, que impiden que el leg\u00edtimo propietario ocupe su inmueble. En casos como estos, o cualquier otro an\u00e1logo, no luce ni justo ni \u00fatil (Art. 40.15 Cont.) negar al propietario que prueba su imposibilidad material de ocupar su inmueble, de deslindar el mismo y agenciarse el ejercicio pleno de su derecho de propiedad mediante el deslinde de rigor. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[6]<\/span><\/span><\/a>Recordemos que la materia inmobiliaria tiene por objeto derechos reales inmobiliarios, las acciones personales, como los da\u00f1os y perjuicios, entran en las atribuciones del tribunal civil ordinario. No obstante, existe una tendencia que va ganando cada vez m\u00e1s adeptos, que aboga por posibilitar las demandas en da\u00f1os y perjuicios ante la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria, siempre que lo principal sea un aspecto propio de esta materia especializada y la indemnizaci\u00f3n reclamada sea consecuencia de ello. Esto as\u00ed, alegando celeridad procesal, en el sentido de evitar a las partes tener que esperar hasta que se defina lo inmobiliario para entonces iniciar un proceso civil; parecido a la situaci\u00f3n penal, en que puede llevarse lo civil accesorio a lo represivo, mediante una constituci\u00f3n en actor civil.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[7]<\/span><\/span><\/a>\u201c(\u2026) que al confirmar el Tribunal Superior de Tierras en todas sus partes la sentencia de primer grado y, por consiguiente, acoger la condenaci\u00f3n a la parte hoy recurrente al pago de una indemnizaci\u00f3n de RD$400,000.00, por concepto de reparaci\u00f3n de los da\u00f1os en el apartamento de la hoy recurrida, fundamentado en los art\u00edculos 1382 y 1383 del C\u00f3digo Civil, resulta evidente que el referido tribunal de alzada dict\u00f3 una sentencia que transgrede los l\u00edmites de su competencia, en raz\u00f3n de que dicha condenaci\u00f3n se enmarca dentro de lo que corresponde a una demanda en da\u00f1os y perjuicios de naturaleza personal, que constituye una acci\u00f3n ajena a la competencia de atribuci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria, la cual al ser de la jurisdicci\u00f3n especializada, posee una competencia que est\u00e1 claramente definida en la ley que la regula, la n\u00fam. 108-05 sobre Registro Inmobiliario, que en sus art\u00edculos 1 y 3 consagra el principio general de competencia de atribuci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n (\u2026) que en el caso espec\u00edfico de la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria, le impide pronunciar condenaciones en da\u00f1os y perjuicios reclamadas mediante una acci\u00f3n principal, como ocurri\u00f3 en la especie, ya que el \u00fanico caso en que excepcionalmente esta jurisdicci\u00f3n puede pronunciarse sobre da\u00f1os y perjuicios, por acciones personales, es el que est\u00e1 contemplado de manera expresa en el art\u00edculo 31 de la Ley n\u00fam. 08-05, el cual no aplica en el presente caso, en raz\u00f3n de que dicha condenaci\u00f3n no fue pronunciada en ocasi\u00f3n de una demanda reconvencional incoada por el demandado para protegerse de alguna demanda temeraria, como lo permite el citado art\u00edculo, sino que la decisi\u00f3n de que se trata fue tomada por el TST como parte de una acci\u00f3n principal relativa a una litis sobre derechos registrados bajo el r\u00e9gimen de condominios (\u2026)\u201d. <\/span><\/i>(Sentencia SCJ, 3ra. Sala, No. 161, del 29 de abril de 2015, <\/span><\/strong><\/b>disponible en la red: <\/span>http:\/\/www.poderjudicial.gob.do\/consultas_sentencias\/fallos_nuevos.aspx<\/span>)<\/span><\/strong><\/b><\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[8]<\/span><\/span><\/a>Art\u00edculo 2.1, Res. 1419-2013:<\/span><\/strong><\/b>\u201cCuando haya inmuebles afectados por oposiciones a transferencias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley No. 108-05, sobre Registro Inmobiliario, los interesados en mantenerlas deber\u00e1n regularizarlas mediante la acci\u00f3n jurisdiccional correspondiente, la cual ser\u00e1 incoada en un plazo \u00fanico de 60 d\u00edas, a partir de esta Resoluci\u00f3n\u201d. <\/span><\/i>Art\u00edculo 2.2, Res. 1419-2013:<\/span><\/strong><\/b>\u201cUna vez vencido dicho plazo, los Registradores de T\u00edtulos de la Rep\u00fablica radiar\u00e1n las oposiciones que no hayan sido seguidas del proceso de regularizaci\u00f3n a que se refiere esta resoluci\u00f3n\u201d.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[9]<\/span><\/span><\/a>No resulta ocioso aclarar que la <\/span>oposici\u00f3n, nota preventiva, medida cautelar<\/span><\/i>, o como prefiera llamarse, no s\u00f3lo se genera cuando existe alguna litis ante la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria, esta medida tambi\u00e9n procede cuando por alguna circunstancia ante otra jurisdicci\u00f3n exista en curso alguna demanda o procedimiento capaz de afectar finalmente el derecho de propiedad. Verbigracia: cuando se demanda la nulidad de un embargo inmobiliario, ya que esta acci\u00f3n en justicia genera una oposici\u00f3n ante el Registro de T\u00edtulos; sin embargo, no debe perderse de vista que cuando la demanda que sirva de base a la oposici\u00f3n sea tramitada ante otro tribunal diferente a la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria, la medida debe ser a pedimento de parte, no ser\u00e1 de manera autom\u00e1tica como ocurre cuando el apoderado sea el tribunal de tierras. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[10]<\/span><\/span><\/a>Esta ligereza procesal daba pie a chantajes, y es que cuando alguien se orientaba de que un inmueble se iba a vender, le pon\u00eda una oposici\u00f3n, para obligar alg\u00fan tipo de negociaci\u00f3n, invent\u00e1ndose una supuesta litis sin ning\u00fan fundamento. Sobre esta problem\u00e1tica, el Magistrado Segundo E. Moci\u00f3n, en su libro <\/span>\u201cLa Litis, Los Incidentes y la Demanda en Referimiento en la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria\u201d<\/span><\/i>, Tercera Edici\u00f3n, 2015, p. 53, sostiene lo siguiente: <\/span>\u201c(\u2026) hay abogados que se hicieron ricos con este subterfugios, algunos los llamaban \u201cJuancito Oposici\u00f3n\u201d. Sin embargo, con esta Ley No. 108-05, de Registro Inmobiliario, esta mala pr\u00e1ctica qued\u00f3 abolida, ahora la nota preventiva es autom\u00e1tica, surge como consecuencia de la litis, una vez la parte demandante deposita en el Tribunal de Tierras de Jurisdicci\u00f3n Original, el acto de alguacil que prueba haberle notificado la demanda al demandado, el juez o Tribunal informar\u00e1 al Registro de T\u00edtulos correspondiente, que trabe la nota preventiva, y as\u00ed evitar de que el inmueble en litis se distraiga; tambi\u00e9n se le informar\u00e1 a ;a Direcci\u00f3n Regional de Mensura Catastral, para que tome las medidas pertinentes, todo ello en virtud de los preceptos<\/span>\u00a0 <\/span>del art\u00edculo 135 del Reglamento de los Tribunales (\u2026)\u201d. <\/span><\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[11]<\/span><\/span><\/a>En la materia civil ordinaria, todav\u00eda las oposiciones se traban mediante actos de alguacil. Ya la doctrina ha aclarado que la <\/span>\u201coposici\u00f3n\u201d<\/span><\/strong><\/i><\/b> y el <\/span>\u201cembargo retentivo\u201d<\/span><\/strong><\/i><\/b>, en estricto rigor procesal, no son lo mismo: <\/span>la oposici\u00f3n es meramente conservatoria, en tanto que el retentivo es un embargo mixto, susceptible de validez.<\/span><\/i> Para ampliar sobre las distinciones entre la oposici\u00f3n y el embargo retentivo, as\u00ed como acerca de las particularidades del mero acto de oposici\u00f3n en materia civil, consultar nuestro art\u00edculo publicado en Gaceta Judicial, a\u00f1o 17, n\u00famero 324. La oposici\u00f3n en materia inmobiliaria, de su lado, versa sobre los derechos registrados ante el Registro de T\u00edtulo. En efecto, por mandato legal, deben los tribunales de la JI ordenar, tan pronto como sean formalmente apoderados de un proceso, notificar, tanto al RT como<\/span>a la DRMC,<\/span>que existe una litis, para que hagan la inscripci\u00f3n de lugar y que todo el que consulte un inmueble respecto del cual exista una litis, lo sepa desde la revisi\u00f3n en la sala de consulta, ante la JI, sobre el hist\u00f3rico correspondiente. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[12]<\/span><\/span><\/a>Principio VI, Ley No. 108-05<\/span><\/strong><\/span><\/b>: <\/span>\u201cLa presente ley de Registro Inmobiliario para su aplicaci\u00f3n se complementa de reglamentos y normas complementarias, que son aquellos que la Suprema Corte de Justicia dicte de acuerdo a las caracter\u00edstica y necesidades particulares del medio en el cual se aplica\u201d.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[13]<\/span><\/span><\/a>Jerarquizar<\/span><\/strong><\/i><\/b> es, concretamente, colocar un instrumento jur\u00eddico sobre otro. Por ejemplo, la Constituci\u00f3n sobre la ley; la ley sobre el Reglamento; el Reglamento sobre la Ordenanza, etc. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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[14]<\/span><\/span><\/a>La t\u00e9cnica de la <\/span>armonizaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/i><\/b> es muy recurrente en el derecho del siglo XXI. Ante el bombardeo normativo caracter\u00edstico de esta era constitucional de las ciencias jur\u00eddicas, lo que ha provocado <\/span>\u2013incluso-<\/span><\/i> que expertos en la teor\u00eda general del derecho califiquen esta etapa como la <\/span>\u201cera del desorden\u201d<\/span><\/strong><\/i><\/b>, muchas veces resulta m\u00e1s factible <\/span>armonizar<\/span><\/i> los diversos instrumentos, en vez de jerarquizarlos, esto es, en vez de poner uno sobre otro, entender que uno complementa al otro y, por tanto, ambos pueden coexistir en el ordenamiento jur\u00eddico y deben, en consecuencia, quedar vigente sus respectivas disposiciones.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARMONIZACI\u00d3N DE LA LEY NO. 108-05 SOBRE \u00a0REGISTRO INMOBILIARIO Y SUS REGLAMENTOS Por.: Yoaldo Hern\u00e1ndez Perera _____________________________________________________________________________ RESUMEN Se sugiere la f\u00f3rmula de la \u201carmonizaci\u00f3n\u201d en vez de la \u201cjerarquizaci\u00f3n\u201d, al momento de forjar criterios \u00a0en materia de derecho inmobiliario, … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/234"}],"collection":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=234"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/234\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":235,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/234\/revisions\/235"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=234"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=234"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}