{"id":496,"date":"2017-12-15T16:23:18","date_gmt":"2017-12-15T16:23:18","guid":{"rendered":"http:\/\/yoaldo.org\/?p=496"},"modified":"2017-12-15T16:23:18","modified_gmt":"2017-12-15T16:23:18","slug":"precisiones-juridicas-57","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yoaldo.org\/?p=496","title":{"rendered":"(Precisiones jur\u00eddicas)"},"content":{"rendered":"

Las v\u00edas de ejecuci\u00f3n bajo el prisma de casu\u00edsticas concretas<\/strong>. <\/b>Una de las caracter\u00edsticas del Derecho de Ejecuci\u00f3n Forzada<\/i> es su estricta reglamentaci\u00f3n: muchos plazos son fatales, de orden p\u00fablico, etc<\/i>. Y a eso s\u00famele la marcada raigambre positivista<\/i> del int\u00e9rprete de la norma criolla: \u201cdura lex, sed lex\u201d<\/i>. Pero\u2026 acaso no deber\u00eda el neoconstitucionalismo<\/i>, al abrigo de toda una teor\u00eda de principios<\/i> y valores<\/i> desarrollada en nuestra Carta Sustantiva, ir impactando m\u00e1s significativamente todos los recovecos de nuestro ordenamiento jur\u00eddico?<\/p>\n

Parecer\u00eda que es hora de que al Derecho dominicano<\/i> (aun sus \u00e1reas m\u00e1s reglamentadas) se le empiece a estudiar a la luz de casu\u00edsticas concretas: con arreglo a la normativa, pero sin dar la espalda a las particularidades de cada caso particular.<\/i> Recordemos a aquel fil\u00f3sofo del derecho espa\u00f1ol, Manuel Atienza: El Derecho como argumentaci\u00f3n<\/i>. En efecto, en el Derecho del siglo XXI una \u201cbuena sentencia\u201d<\/i>, m\u00e1s que aquella que refiere el marco normativo aplicable (puro y duro), es la que \u2013partiendo de c\u00e1nones que cuenten con aplicabilidad- tenga incursa una buena argumentaci\u00f3n, con una justificaci\u00f3n interna<\/i> y externa<\/i> impecable. Justamente, la tendencia es que el Derecho<\/i> se vaya diluyendo en la argumentaci\u00f3n.<\/p>\n

Un plazo para una tramitaci\u00f3n en particular podr\u00e1 ser, por regla general, de \u2013por ejemplo- 10 d\u00edas; pero si las circunstancias de una casu\u00edstica lo ameritan, en base a una eficaz argumentaci\u00f3n, se puede persuadir al tribunal para que, en vez de 10, se d\u00e9 15, 20 o lo que fuere razonable. Debiendo el tribunal, a su vez, dotar a su decisi\u00f3n de una sustanciosa motivaci\u00f3n para justificar dicha alteraci\u00f3n en el plazo \u201cmarco\u201d <\/i>consignado en la ley adjetiva: lo que legitima la decisi\u00f3n es la motivaci\u00f3n. Y no cualquiera, sino una buena (con sustancia en hecho y en derecho, reconociendo que los \u201cprincipios\u201d son parte del Derecho).<\/i><\/p>\n

\u00a0<\/i>Estamos conscientes de que persiste un temor generalizado de \u201cdar demasiado discrecionalidad a los tribunales\u201d<\/i>. Aquello de que \u201ccada jurisdicci\u00f3n tenga su propio librito\u201d<\/i> atenta \u2013se ha dicho- cardinalmente contra la \u201cseguridad jur\u00eddica\u201d<\/i>. Se ha entendido que el cumplimiento irrestricto de la ley genera unidad de criterios<\/i> y, por tanto, si legalmente son 10 d\u00edas de plazo, pues 10 ser\u00e1n, y punto!<\/p>\n

Sin embargo, en el Estado Constitucional de Derecho <\/i>en que nos encontramos, ya no se discute que los valores, en el \u00e1mbito axiol\u00f3gico, son parte del Derecho. Y en ese orden, tampoco es controvertido \u2013al menos, seriamente<\/i>– que el principal valor del Derecho<\/i> es la Justicia<\/i>. De ah\u00ed que COUTURE, con tino, haya afirmado que, parafrase\u00e1ndolo: cuando choquen el derecho y la justicia, esta \u00faltima ha de primar<\/i>. Por v\u00eda de consecuencia, volviendo al mismo ejemplo, si el plazo para notificar alguna diligencia procesal es de 10 d\u00edas, pero en el \u00ednterin ocurre (por poner un caso) un tsunami o cualquier siniestro de gravedad atendible, ser\u00eda justo y \u00fatil, al tenor del art\u00edculo 40.15 de la Constituci\u00f3n, aplicar \u201ca raja tabla\u201d<\/i> el consabido plazo de 10 d\u00edas? Si aplicamos a ultranza aquello de que \u201cdura lex, sed lex\u201d<\/i> ser\u00edan 10 d\u00edas, y punto! Pero, definitivamente, esa soluci\u00f3n pudiera ser \u201clegal\u201d<\/i>, mas no ser\u00eda \u201cjusta\u201d<\/i>. Claro que no.<\/p>\n

Merece la pena mencionar el caso del embargo inmobiliario, que es la v\u00eda de ejecuci\u00f3n m\u00e1s celosamente reglamentada, respecto del plazo para notificar el pliego de condiciones a los acreedores inscritos. Plazo que pudiera ser fatal, pero si dichas notificaciones no se llevan a cabo, no por desidia del embargante, sino porque \u2013como ha ocurrido- en el Registro de T\u00edtulos (por la carga de trabajo o por lo que fuere) no se emite a tiempo dicha certificaci\u00f3n, \u00bfser\u00eda razonable sancionar al usuario del sistema de justicia por una falta sist\u00e9mica? Parecer\u00eda que eso no resistir\u00eda una test de razonabilidad<\/i>.<\/p>\n

Reiteramos lo que afirmamos m\u00e1s arriba: lo que legitima de decisi\u00f3n es la motivaci\u00f3n<\/i>. No es alterar un plazo legal, porque s\u00ed. Eso \u2013sin dudas- afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica<\/i>. De lo que se trata es de argumentar; de explicar circunstanciadamente cada asunto \u201cpedido\u201d<\/i> u \u201cordenado\u201d<\/i> (seg\u00fan se enfoque desde el litigante o desde el \u00e1mbito judicial). Y muchas veces esa explicaci\u00f3n\/motivaci\u00f3n<\/i> deber\u00e1 trascender la ley, pura y dura. Los principios (razonabilidad, congruencia, inmediaci\u00f3n, saneamiento, etc.) constituyen herramientas vitales para una motivaci\u00f3n constitucionalizada: lo que no se motiva bien no es sostenible.<\/i><\/p>\n

Aquello de \u201cJuez boca de ley\u201d <\/i>que, en su momento, afirm\u00f3 Montesquieu resulta anacr\u00f3nico en el Estado Constitucional del Derecho<\/i>. La ley es un \u201cmarco\u201d<\/i> y, sin dudas, un punto de partida que debe ser tomado muy en cuenta por todos los actores que interact\u00faan en el sistema de justicia (abogados litigantes, jueces, ministerio p\u00fablico, etc.). Cuando no existan situaciones particulares en casos concretos que justifiquen alguna diferenciaci\u00f3n respecto de lo inicialmente propuesto por el legislador, la ley ha de aplicarse irrestrictamente.<\/p>\n

La motivaci\u00f3n<\/i> o, m\u00e1s bien, la buena motivaci\u00f3n<\/i> es un mandato sustantivo, avalado por la Constituci\u00f3n, por las decisiones del Tribunal Constitucional y por instrumentos Supranacionales que, en su conjunto, conforman el denominado bloque de constitucionalidad<\/i>, el cual \u2013como sabemos- rige con primac\u00eda en nuestro ordenamiento jur\u00eddico. Si se motiva bien, estamos convencidos de que, aun en materia de v\u00edas de ejecuci\u00f3n<\/i>, la razonabilidad jur\u00eddica pudiera justificar que un plazo determinado pueda flexibilizarse en casos concretos y excepcionales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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