{"id":701,"date":"2018-12-05T19:49:18","date_gmt":"2018-12-05T23:49:18","guid":{"rendered":"http:\/\/yoaldo.org\/?p=701"},"modified":"2020-11-06T12:19:41","modified_gmt":"2020-11-06T16:19:41","slug":"articulo-revista-especializada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yoaldo.org\/?p=701","title":{"rendered":"(Art\u00edculo revista especializada)"},"content":{"rendered":"
\n

La Constituci\u00f3n como fuente del derecho inmobiliario<\/i><\/b><\/p>\n

Por.: Yoaldo Hern\u00e1ndez Perera<\/i><\/p>\n

\u00a0<\/i><\/p>\n

_________________________________________________________________________<\/p>\n

RESUMEN<\/b><\/p>\n

Se resalta el car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n, enfocado al derecho inmobiliario, en contraposici\u00f3n a la marcada raigambre positivista de muchos operadores de la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria, que no conciben el derecho m\u00e1s all\u00e1 de la Ley n\u00fam. 108-05, de Registro Inmobiliario, y de sus reglamentos.\u00a0<\/i><\/p>\n

_________________________________________________________________________<\/p>\n

PALABRAS CLAVES<\/b><\/p>\n

Sistema de fuentes, Constituci\u00f3n, normatividad, derecho constitucional, transversalidad, derecho inmobiliario, derecho internacional de los derechos fundamentales, positivismo, principios, precedentes, justicia, Ley n\u00fam. 108-05, reglamentos, Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n

En palabras de SAGU\u00c9S, el\u00a0derecho constitucional<\/i>es una especie de derecho corsario. Cuando lo desea, el poder constituyente captura zonas del derecho civil, penal, laboral, etc[1]<\/a>. En efecto, se trata de una rama que es transversal a todos los subsistemas jur\u00eddicos, incluyendo \u2013obviamente- el\u00a0derecho inmobiliario[2]<\/b><\/a><\/i>. De ah\u00ed que sea incorrect\u00edsimo, a estas alturas de los acontecimientos, concebir que elderecho[3]<\/b><\/a><\/i>\u00a0en esta materia no trasciende lo taxativamente\u00a0positivizado<\/i>\u00a0en la Ley n\u00fam. 108-05, de Registro Inmobiliario, y sus reglamentos.<\/p>\n

El car\u00e1cter normativo de la\u00a0Constituci\u00f3n<\/i>\u00a0ha venido reconoci\u00e9ndose con cada vez m\u00e1s intensidad por la doctrina y la jurisprudencia[4]<\/a>. Hoy no da lugar a discusi\u00f3n el hecho de que la\u00a0Carta Fundamental<\/i>, m\u00e1s que un mero cat\u00e1logo declarativo de derechos[5]<\/a>,\u00a0 es una norma, propiamente (pero no cualquier norma, la superior)[6]<\/a>. Y como tal ha de ser aplicada, tantas veces como corresponda, en todos los procesos ventilados en sede judicial.<\/p>\n

La\u00a0Constituci\u00f3n<\/i>, pues, es una fuente que nutre, con extraordinaria importancia, el ordenamiento inmobiliario. El\u00a0derecho de propiedad<\/i>, que es el derecho real estelar que se dilucida ante la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria[7]<\/a>, debe estudiarse en la matriz del art\u00edculo 51 de nuestra\u00a0Carta Magna<\/i>, que consagra dicha prerrogativa como un derecho patrimonial fundamental.<\/p>\n

Todos los preceptos que subyacen en la\u00a0Constituci\u00f3n<\/i>, tales como la\u00a0razonabilidad<\/i>\u00a0(40.15), la\u00a0favorabilidad<\/i>y la\u00a0armonizaci\u00f3n<\/i>, en el marco de los derechos fundamentales (DDFF) (art. 74.4), etc.; as\u00ed como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, relativos al\u00a0derecho de propiedad<\/i>\u00a0y dem\u00e1s asuntos propios de la materia inmobiliaria, sin menosprecio de cualquier precepto contenido en alg\u00fan otro instrumento que integre el\u00a0bloque de constitucionalidad[8]<\/b><\/a>,\u00a0<\/i>han de encuadrarse dentro del\u00a0derecho inmobiliario<\/i>, conjuntamente con la Ley n\u00fam. 108-05, de Registro Inmobiliario, sus reglamentos, el C\u00f3digo Civil, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y toda otra normativa que, por mandato expreso de la ley, entre en las atribuciones de los tribunales de tierras, como jurisdicci\u00f3n de excepci\u00f3n.\u00a0\u00a0 \u00a0<\/i><\/p>\n

El Tribunal Constitucional y, en su momento, la Suprema Corte de Justicia han reconocido la aplicabilidad en nuestro ordenamiento, y han desarrollado en sus respectivas doctrinas jurisprudenciales el concepto de\u00a0bloque de constitucionalidad<\/i>, concebido en Francia y adoptado por nuestro pa\u00eds por intermedio de Espa\u00f1a. Los instrumentos jur\u00eddicos que integran dicho bloque, nacionales e internacionales, han de armonizarse y, en caso de chocar entre s\u00ed, lo propio es aplicar el\u00a0principio de favorabilidad<\/i>, en el \u00e1mbito del sistema de interpretaci\u00f3n\u00a0pro persona<\/i>, dando predominio a aquel que mejor tutele el derecho involucrado[9]<\/a>. Ese ejercicio de primac\u00eda constitucional y de tutela efectiva de DDFF no es ajeno, vale reiterar, a los jueces del orden inmobiliario.<\/p>\n

Resulta halag\u00fce\u00f1o constatar, mediante las sentencias de los tribunales de la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria dictadas en los \u00faltimos tiempos, que la\u00a0cuesti\u00f3n constitucional<\/i>\u00a0ha estado cobrando la importancia que le corresponde. En efecto, es habitual encontrar en estas decisiones, tanto en su\u00a0ratio decidendi<\/i>\u00a0como en sus\u00a0obiter dicta<\/i>, razonamientos de \u00edndole constitucional[10]<\/a>. Por consiguiente, como corolario ha de derivarse que la\u00a0Constituci\u00f3n<\/i>\u00a0ha estado, verdaderamente, jugando su papel de fuente delderecho inmobiliario<\/i>.<\/p>\n

Muestra harto elocuente de lo dicho anteriormente, es el siguiente precedente, en la \u00f3rbita de la interpretaci\u00f3n de la norma inmobiliaria:\u00a0\u201c<\/i>los tribunales del orden inmobiliario, igual que todos los dem\u00e1s tribunales de la Rep\u00fablica, al decidir los casos sometidos a su escrutinio, no deben limitarse al estudio de un solo instrumento normativo, lo propio es que analicen tanto la Constituci\u00f3n como las leyes, los reglamentos, las resoluciones, los principios, las m\u00e1ximas jur\u00eddicas, la jurisprudencia y la doctrina que cuenten con aplicabilidad; teniendo en cuenta para ello la jerarqu\u00eda en nuestro sistema de fuentes y el principio de favorabilidad, cuando de derechos fundamentales (como la propiedad) se trate\u201d[11]<\/b><\/a>.<\/i><\/p>\n

\u00a0<\/i>Igualmente, armoniza con la tem\u00e1tica de laConstituci\u00f3n<\/i>\u00a0como fuente del\u00a0derecho inmobiliario,<\/i>el siguiente criterio: \u201cla normativa inmobiliaria, igual que todo el ordenamiento jur\u00eddico, en general, debe interpretarse siempre tomando en consideraci\u00f3n, adem\u00e1s del texto literal de la norma, los valores y principios contenidos en la Constituci\u00f3n que cuenten con aplicabilidad en la casu\u00edstica dilucidada\u201d[12]<\/b><\/a>.<\/i><\/p>\n

\u00a0<\/i>Tambi\u00e9n es propicia la ocasi\u00f3n para traer a colaci\u00f3n la sentencia que plasma el siguiente razonamiento en sus consideraciones:\u00a0\u201cel neoconstitucionalismo manda que los tribunales del orden judicial no resuelvan los casos sometidos a su escrutinio en base a las reglas jur\u00eddicas, mec\u00e1nicamente. Lo constitucionalmente viable es que, al emitir su fallo, cada tribunal se adentre en la casu\u00edstica concreta, haciendo acopio, m\u00e1s all\u00e1 de las meras reglas jur\u00eddicas, de los principios que contaren con aplicabilidad\u201d[13]<\/b><\/a>.<\/i><\/p>\n

\u00a0<\/i>De su lado, la sentencia que consagra que el denominado\u00a0\u201ctest de razonabilidad\u201d<\/i>\u00a0desarrollado por el Tribunal Constitucional para resolver casos, de cara a la aplicaci\u00f3n abstracta de la norma, puede servir como herramienta argumentativa para los tribunales de tierras resolver los asuntos sometidos a su escrutinio, en el \u00e1mbito de la aplicaci\u00f3n de la norma a casos concretos[14]<\/a>, tambi\u00e9n se sintoniza con el t\u00f3pico de la\u00a0Constituci\u00f3n<\/i>\u00a0como fuente del\u00a0derecho inmobiliario<\/i>.<\/p>\n

El Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, en la misma l\u00ednea, se ha servido de laConstituci\u00f3n<\/i>\u00a0para justificar, no obstante prohibirlo el art\u00edculo 129 de la Ley n\u00fam. 108-05, de Registro Inmobiliario, la autorizaci\u00f3n de\u00a0constancias anotadas<\/i>\u00a0por el\u00a0\u201cresto\u201d<\/i>\u00a0de parcelas que no han sido incluidos en la mensura para deslinde instrumentada al efecto[15]<\/a>.<\/p>\n

Se registran, incluso, sentencias de tribunales de jurisdicci\u00f3n original admitiendo da\u00f1os y perjuicios promovidos por el demandante, fuera del r\u00edgido escenario que propone el p\u00e1rrafo del art\u00edculo 31 de la Ley n\u00fam. 108-05, de Registro Inmobiliario, haciendo para ello un ejercicio constitucional, en el sentido de censurar que sea permitida la posibilidad, solamente al demandado, de demandar reconvencionalmente al demandante en da\u00f1os y perjuicios, privando al demandante de la posibilidad de proceder en similar sentido; estableciendo que el citado art\u00edculo 31 debe interpretarse bajo el prisma del art\u00edculo 40.15 de la Constituci\u00f3n, atendiendo al car\u00e1cter\u00a0justo<\/i>\u00a0y\u00a0\u00fatil<\/i>\u00a0de la ley[16]<\/a>. En efecto, en el estado actual de la normativa inmobiliaria se genera, en el contexto abordado, una desigualdad procesal\u00a0 y choca con elacceso a la justicia<\/i>, que es una prerrogativa sustancial de las personas, entre otros aspectos de \u00edndole sustantivo (constitucional).<\/p>\n

En definitiva, todos los tribunales del orden judicial est\u00e1n llamados a ser guardianes de la constitucionalidad. La\u00a0Constituci\u00f3n<\/i>\u00a0es fuente del\u00a0derecho inmobiliario<\/i>; es una norma y, como tal, debe ser habitualmente aplicada en los procesos dilucidados en sede judicial. Entre otros preceptos sustantivos, las reglas de interpretaci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas fundamentales, al tenor del art\u00edculo 74 y siguientes de la\u00a0Carta Fundamental<\/i>, han de ser observadas por los jueces del orden inmobiliario, igual que los de cualquier otra rama jur\u00eddica: penal, civil, laboral, etc. Tomando siempre en cuenta que los derechos y garant\u00edas fundamentales expresamente consagrados en la\u00a0Constituci\u00f3n<\/i>\u00a0no tienen car\u00e1cter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garant\u00edas de igual naturaleza que pudieran derivarse de alg\u00fan instrumento Supranacional o de cualquier otro elemento integrante del\u00a0bloque de constitucionalidad<\/i>.<\/p>\n

En el contexto de la\u00a0Constituci\u00f3n<\/i>\u00a0y de los DDFF, interesa resaltar que existe una tendencia muy marcada hacia la\u00a0internacionalizaci\u00f3n<\/i>.\u00a0 Hoy se habla de un\u00a0Derecho Internacional de los Derechos Fundamentales<\/i>\u00a0que, eventualmente, subvierte el orden constitucional dom\u00e9stico. Por eso, conscientes de que la\u00a0Constituci\u00f3n<\/i>\u00a0es fuente del\u00a0derecho inmobiliario<\/i>, los operadores de la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria deben interesarse por los t\u00f3picos que se encuadren dentro de la\u00a0cuesti\u00f3n constitucional<\/i>; teniendo conciencia de que, concretamente, el\u00a0Derecho Internacional<\/i>, en lo que respecta a los DDFF, y el\u00a0Derecho Dom\u00e9stico<\/i>\u00a0de cada pa\u00eds, no son m\u00e1s que instrumentos para cristalizar la\u00a0justicia<\/i>, que es \u2013sin discusi\u00f3n- el principal valor del\u00a0derecho<\/i>.<\/p>\n

A partir de todo lo anterior, puede concluirse que nos encontramos en el fragor del proceso de constitucionalizaci\u00f3n del\u00a0derecho inmobiliario<\/i>. Enhorabuena!<\/p>\n

BIBLIOGRAF\u00cdA<\/b><\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n

COUTURE,\u00a0<\/b>Eduardo J.\u00a0\u201cVocabulario Jur\u00eddico\u201d<\/i>: Monte Video, Buenos Aires, Editorial IB de IF, 2010.<\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n

GUZM\u00c1N ARIZA,\u00a0<\/b>Fabio J.\u00a0\u201cRepertorio de la jurisprudencia civil, comercial e inmobiliaria (2001-2014)\u201d<\/i>: Rep\u00fablica Dominicana, Editora Corripio, S.A.S., 2015.<\/p>\n

HERN\u00c1NDEZ MEJ\u00cdA,\u00a0<\/b>Edgar.\u00a0\u201cPrimeras lecciones de derecho inmobiliario\u201d<\/i>: Rep\u00fablica Dominicana, Impresora Soto Castillo, 2016.<\/p>\n

JORGE PRATS,\u00a0<\/b>Eduardo.\u00a0\u201cDerecho constitucional\u201d<\/i>, Vol. I: Rep\u00fablica Dominicana, Editora B\u00faho, 2013.<\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n

SAGU\u00c9S<\/b>, N\u00e9stor Pedro.\u00a0\u201cNotas sobre la naturaleza y autonom\u00eda del derecho procesal constitucional\u201d.\u00a0<\/i>Ponencia presentada en el VII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, celebrado en la Rep\u00fablica Dominicana, los d\u00edas 2, 3 y 4 de marzo, de 2011. Comisionado de Apoyo y Modernizaci\u00f3n de la Justicia e Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Tomo II, p. 326-327.<\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n

ZAGREBLESKY<\/b>, Gustavo.\u00a0\u201cEl derecho d\u00factil\u201d<\/i>: Madrid, Espa\u00f1a, Editorial Trotta, S.A., 2011.<\/p>\n

REP\u00daBLICA DOMINICANA. Constituci\u00f3n, 13 de junio de 2015.<\/p>\n

Ley n\u00fam. 108-05, de R<\/p>\n<\/div>\n


<\/p>\n
\n
\n

[1]<\/a>\u00a0Cfr\u00a0SAGU\u00c9S<\/b>, N\u00e9stor Pedro.\u00a0\u201cNotas sobre la naturaleza y autonom\u00eda del derecho procesal constitucional\u201d.<\/i>Ponencia presentada en el VII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, celebrado en la Rep\u00fablica Dominicana, los d\u00edas 2, 3 y 4 de marzo, de 2011. Comisionado de Apoyo y Modernizaci\u00f3n de la Justicia e Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Tomo II, p. 326-327.<\/p>\n<\/div>\n

\n

[2]<\/a>\u00a0\u201cLa designaci\u00f3n moderna y actualizada de esta disciplina esDerecho Inmobiliario<\/b>; siendo la definici\u00f3n m\u00e1s completa y satisfactoria de la misma, la siguiente: Derecho inmobiliario es el conjunto de normas que rigen el nacimiento, modificaci\u00f3n, transmisi\u00f3n, adquisici\u00f3n y extinci\u00f3n del derecho de propiedad, de la posesi\u00f3n y del usufructo de los inmuebles; as\u00ed como sus cargas, grav\u00e1menes y limitaciones de ley. Tambi\u00e9n abarca las reglas del registro de los derechos sobre inmuebles para garantizar su publicidad y, por ende, la seguridad de los negocios jur\u00eddicos\u201d.<\/i>(HERN\u00c1NDEZ MEJ\u00cdA<\/b>, Edgar.\u00a0\u201cPrimeras Lecciones de Derecho Inmobiliario\u201d<\/i>, p. 19.)<\/p>\n<\/div>\n

\n

[3]<\/a>\u00a0\u201cDerecho. Orden jur\u00eddico<\/b>\u00a0particular:<\/b>\u00a0conjunto de normas que integran una rama particular del ordenamiento jur\u00eddico general, civil, penal, procesal, etc\u00e9tera<\/i>\u201d. (COUTURE<\/b>, Eduardo J.\u00a0\u201cVocabulario Jur\u00eddico\u201d<\/i>, p. 255.)<\/p>\n<\/div>\n

\n

[4]<\/a>\u00a0\u201c(\u2026) Cuando se afirma que una norma constitucional tiene aplicaci\u00f3n directa, lo que se dice es que ella debe ser tomada como regla material id\u00f3nea para la soluci\u00f3n administrativa y judicial de conflictos intersubjetivos concretos, que ella ha de ser la pauta normativa que orientar\u00e1 la decisi\u00f3n de los casos cotidianos particulares (\u2026)\u201d.<\/i>\u00a0(JORGE PRATS<\/b>, Eduardo.\u00a0\u201cDerecho Constitucional\u201d<\/i>, Vol. I, p.193.). De su lado, el Tribunal Constitucional ha reconocido, mediante su jurisprudencia vinculante, el car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n, precisando que es una norma de aplicaci\u00f3n inmediata.\u00a0(TC\/0023\/12, del 21 de junio del 2012)<\/b><\/p>\n<\/div>\n

\n

[5]<\/a>\u00a0La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Trop. Vs. Dulles, 356 US 86, 1958, ha juzgado que los preceptos de la Constituci\u00f3n no son adagios gastados por el tiempo, ni una contrase\u00f1a vac\u00eda de contenido. Son principios vitales, vivos, que otorgan y limitan los poderes del gobierno de la naci\u00f3n (\u2026) Cuando se cuestiona ante este Tribunal la constitucionalidad de una ley del Congreso, debemos aplicar dichas normas. De lo contrario, los t\u00e9rminos de la Constituci\u00f3n se convertir\u00edan en poco m\u00e1s que en buenos consejos. De su lado, el Tribunal Constitucional espa\u00f1ol, en sentencia 16\/1982, se\u00f1al\u00f3 que la Constituci\u00f3n, lejos de ser un mero cat\u00e1logo de principios de no inmediata vinculaci\u00f3n y de no inmediato cumplimiento, es una norma jur\u00eddica, y en cuanto tal, tanto los ciudadanos como todos los poderes p\u00fablicos y, por consiguiente, tambi\u00e9n los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, est\u00e1n sujetos a ella.<\/p>\n<\/div>\n

\n

[6]<\/a>\u00a0\u201c(\u2026) La Constituci\u00f3n no solo es una norma, sino precisamente la primera de las normas del ordenamiento entero, la norma fundamental, lex superior (\u2026)\u201d.<\/i>\u00a0(GARC\u00cdA DE ENTERR\u00cdA<\/b>, Eduardo.\u00a0\u201cLa Constituci\u00f3n como norma y el Tribunal Constitucional\u201d<\/i>, p. 49.)<\/p>\n<\/div>\n

\n

[7]<\/a>\u00a0Por regla general, es competencia de la jurisdicci\u00f3n inmobiliaria, a partir del art. 3 de la L. 108-05, de Registro Inmobiliario, todo lo que afecte (o tienda a ello directamente)\u00a0derechos reales inmobiliarios registrados<\/i>. De igual modo, entrar\u00e1 en la competencia de esta jurisdicci\u00f3n de excepci\u00f3n, todo lo que alguna ley expresamente consigne, aunque no necesariamente afecte\u00a0derechos reales inmobiliarios registrados<\/i>. Por ejemplo, conflictos entre cond\u00f3minos, resoluci\u00f3n de contratos suscritos con agrimensores, etc.<\/p>\n<\/div>\n

\n

[8]<\/a>\u00a0Sobre el\u00a0bloque de constitucionalidad<\/i><\/b>, la SCJ ha decidido que la Rep\u00fablica Dominicana se rige por un sistema constitucional integrado por\u00a0disposiciones de igual jerarqu\u00eda que emanan de dos fuentes normativas esenciales:\u00a0a)<\/b>\u00a0La nacional , formada por la Constituci\u00f3n y la jurisprudencia constitucional local, y\u00a0b)<\/b>\u00a0La internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la CIDH; fuentes normativas que, en su conjunto, conforme mejor doctrina, integran lo que se ha denominado el\u00a0bloque de constitucionalidad<\/i>, al cual est\u00e1 sujeta la validfez formal y material de toda legislaci\u00f3n adjetiva”.\u00a0(SCJ, 11 de agosto de 2004, B.J. 1125)<\/b>. De su lado, el Tribunal Constitucional\u00a0ha juzgado que los convenios internacionales forman parte de nuestro sistema constitucional, equiparando en su jerarqu\u00eda entre s\u00ed y respecto de la Constituci\u00f3n.\u00a0(TC\/0096\/12, del 21 de diciembre del 2012)<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

[9]<\/a>\u00a0En palabras de ETO CRUZ:\u00a0\u201c(\u2026) en el marco del principio de favorabilidad, se ha dispuesto que cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, debe prevalecer la norma que sea m\u00e1s favorable al titular del derecho vulnerado. En rigor, estamos aqu\u00ed, materialmente, frente al principio pro hominem o favor libertatis\u201d.<\/i>\u00a0(ETO CRUZ<\/b>, Gerardo.\u00a0\u201cLos principios rectores del sistema de jurisdicci\u00f3n constitucional de la Rep\u00fablica Dominicana\u201d<\/i>. Revista Dominicana de Derecho Procesal Constitucional. Editora B\u00faho, Santo Domingo, Rep\u00fablica Dominicana, n\u00fam. 3, a\u00f1o 3, julio 2018, p.p. 178-179.<\/p>\n<\/div>\n

\n

[10]<\/a>\u00a0Sobre el lenguaje judicial plasmado en las sentencias por las denominadas\u00a0\u201caltas Cortes\u201d<\/i>\u00a0en estos tiempos, GUZM\u00c1N ARIZA ha reflexionado en el siguiente sentido:\u00a0\u201cEn las \u00faltimas d\u00e9cadas, el lenguaje judicial dominicano se ha alejado del modelo tradicional franc\u00e9s, caracterizado por su concisi\u00f3n cartesiana. Las decisiones de nuestras altas cortes contienen muchas veces consideraciones que, no obstante ser secundarias o superfluas, merecen atenci\u00f3n, porque revelan, de antemano, su sentir sobre temas de importancia\u201d.\u00a0\u00a0<\/i>(GUZM\u00c1N ARIZA<\/b>, Fabio J.\u00a0\u201cRepertorio de la jurisprudencia civil, comercial e inmobiliaria de la Rep\u00fablica Dominicana<\/i>\u00a0(2001-2014)\u201d, p. Iviii)<\/p>\n<\/div>\n

\n

[11]<\/a>\u00a0Sentencia n\u00fam. 1398-2017-S-00070, dictada el 24 de marzo del 2017, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.<\/p>\n<\/div>\n

\n

[12]<\/a>\u00a0Sentencia n\u00fam. 1398-2017-S-00099, del 18 de mayo del 2017 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.<\/p>\n<\/div>\n

\n

[13]<\/a>\u00a0Sentencia n\u00fam. 1398-2017-S-00289, dictada el 29 de diciembre del 2017 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.<\/p>\n<\/div>\n

\n

[14]<\/a>\u00a0Sentencia n\u00fam.1398-2018-S-00001, dictada el 8 de enero del 2018 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.<\/p>\n<\/div>\n

\n

[15]<\/a>\u00a0El art\u00edculo 129 de la Ley n\u00fam. 108-05, de Registro Inmobiliario, que consagra una prohibici\u00f3n de expedir cartas constancias luego de la entrada en vigor de dicha normativa, no debe interpretarse exeg\u00e9ticamente. En efecto, en el marco de las ventas, deslindes y transferencias parciales, es viable que los tribunales de tierras autoricen tales asuntos, al tiempo de ordenar al Registro de T\u00edtulos la expedici\u00f3n de la constancia del\u00a0\u201cresto\u201d<\/i>que no entr\u00f3 en la operaci\u00f3n de venta y, por tanto, sigue siendo propiedad del vendedor. Y como dicho\u00a0\u201cresto\u201d<\/i>\u00a0constar\u00e1, excepcionalmente, en una\u00a0carta constancia<\/i>, lo que implica que no estar\u00e1 debidamente individualizada la porci\u00f3n comprendida en ella, el vendedor deber\u00e1 garant\u00eda a un potencial comprador de dicha parte de terreno, ante una eventual y futura venta del mismo. Interpretar en sentido diferente las cosas, rechazando \u2013de plano- los deslindes y las transferencias parciales, sobre la base de una aplicaci\u00f3n a ultranza del consabido art\u00edculo 129, aparejar\u00eda una flagrante violaci\u00f3n del\u00a0Derecho de propiedad<\/i>, puesto que un comprador que ha adquirido en buena lid una porci\u00f3n de terreno que est\u00e1 poseyendo, no podr\u00eda agenciarse la expedici\u00f3n de un certificado de t\u00edtulo que acredite con mayor garant\u00eda el inmueble que ha adquirido en buena lid. En pocas palabras, si \u2013por ejemplo- un vendedor tiene 100 metros y solamente desea vender 30. Ha de autorizarse que el comprador deslinde los 30 metros que ha comprado para separarse de los restantes 70 metros que siguen siendo del vendedor, al tiempo de conseguir un certificado de t\u00edtulo solamente por los 30 que ha adquirido y, de su lado, el vendedor mantendr\u00e1 una constancia anotada por sus 70 metros.\u00a0(Sentencia n\u00fam. 1398-2017-S-00200, dictada el 31 de agosto del 2017 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central; sentencia n\u00fam. 1399-2018-S-00044, dictada el 14 de junio del 2018 por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central)\u00a0\u00a0\u00a0<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

\n

[16]<\/a>\u00a0Sobre la competencia de la JI para conocer reclamos de da\u00f1os y perjuicios accesorios a litis de derechos registrados, promovidos por el demandante, fuera del r\u00edgido escenario del consabido art. 31 de la L. 108-05, ha sido juzgado lo siguiente:\u00a0\u201c(\u2026)\u00a0<\/i>resulta competente esta jurisdicci\u00f3n para conocerla, y si bien es cierto que el citado p\u00e1rrafo del art\u00edculo 31 de la Ley 108-05 es categ\u00f3rico, no menos verdad es que esa redacci\u00f3n obliga a examinarla de cara a la tutela judicial efectiva y al mandato constitucional de que toda ley debe ser \u201cjusta y \u00fatil\u201d, como expresa el art\u00edculo 40.15 del Texto Fundamental.\u00a0<\/i>Por tanto, no resulta ni justo ni \u00fatil ni c\u00f3nsono con la tutela judicial efectiva una disposici\u00f3n legal que constri\u00f1a a todo aquel que entienda ha sido perjudicado por una litis sobre derechos registrados, a esperar el desenlace de la litis para entonces accionar en reparaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios por ante\u00a0otro<\/span>\u00a0tribunal (\u2026).\u00a0<\/i>(Sentencia n\u00fam.\u00a02017-000192<\/a>\u00a0dictada, el 17 de marzo del 2017, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicci\u00f3n Original de San Crist\u00f3bal)<\/b><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Constituci\u00f3n como fuente del derecho inmobiliario Por.: Yoaldo Hern\u00e1ndez Perera \u00a0 _________________________________________________________________________ RESUMEN Se resalta el car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n, enfocado al derecho inmobiliario, en contraposici\u00f3n a la marcada raigambre positivista de muchos operadores de la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria, … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/701"}],"collection":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=701"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/701\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":787,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/701\/revisions\/787"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=701"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=701"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yoaldo.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=701"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}