(Precisiones jurídicas)

Sobre la ejecución ante el Registro de Títulos de los “dispositivos” contenidos en “considerandos”Ha sido usanza (desafortunada, desde nuestro punto de vista) que los Registradores de Títulos retengan como una dificultad de ejecución el hecho de que determinado dispositivo esté incurso en algún considerando y no conste taxativamente en la parte final de la sentencia (en el “FALLA” o “RESUELVE”). Para ello arguyen, concretamente, que el artículo 53 del Reglamento General de Registros de Títulos no les permite presumir nada que no conste expresamente en los documentos sometidos a su escrutinio.

Lo cierto es que un dispositivo perfectamente puede constar en la parte considerativa de la sentencia; por tanto, contrario a lo que se ha mal interpretado, lo estatuido en esas circunstancias sí consta expresamente en la sentencia, solo que no en la parte final (“FALLA” o “RESUELVE”), sino en los considerandos. Por vía de consecuencia, no deberían solicitarse instrucciones a los tribunales para que éstos, en definitiva, reiteren que se ejecute conforme se ha ordenado en el considerando que contiene el dispositivo en cuestión. Eso es, sencillamente, perder tiempo sin necesidad.

En efecto, las sentencias –por regla general- son un acto jurisdiccional integral. Todo lo que conste debajo del epígrafe “EN NOMBRE DE LA REPÜBLICA” ha de tenerse como parte de la decisión judicial, esto incluye a los “resultas” y a los“considerandos”. Estos últimos, incluso, pueden contener, como se ha dicho, dispositivos incursos.  Al respecto, ha sido juzgado lo siguiente: “No es imprescindible que los jueces inserten todas sus decisiones en el dispositivo de la sentencia, si ellas se encuentran de manera clara y precisa en los motivos de la misma”[1]

De igual modo, sobre los dispositivoscontenidos en las motivaciones de las decisiones judiciales, se ha decidido lo siguiente: “La solución dispositiva de una sentencia puede estar contenida en su motivación”[2]Y más categóricamente, sobre la misma temática, se decidió lo siguiente: “El tribunal puede consignar en su sentencia que una decisión indicada en su motivación vale sentencia, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo”[3].

En definitiva, las sentencias son actos auténticos, cuyo contenido debe ser creído hasta inscripción en falsedad, según ha tenido ocasión de externar nuestra Suprema Corte de Justicia[4]. De todo lo anterior resulta que no debe perderse tiempo con una especie de “pin pon”(mandando, sin necesidad real, el expediente de aquí para allá) si, por ejemplo, no constan taxativamente las generales de una persona en el “FALLO” o en el “RESUELVE” de la decisión, según se trate de una sentencia o de una resolución, pero dicha información está contenida en el “CON MOTVO”, en el frontispicio de la decisión; esos datos deben tomarse de ahí. En efecto, independientemente de que no esté en el dispositivo, si consta en alguna parte de la decisión (sentencia o resolución) ha de tenerse como válida la información, de cara al principio de especialidad. No se estaría con eso “presumiendo lo que no consta expresamente”, vale reiterar que lo que se haría ahí sería interpretar la decisión como un acto jurisdiccional integral, que es lo correcto. Y lo propio si no se precisa, por ejemplo, la suerte de una radicación de hipoteca en el dispositivo final, pero se decide al respecto en un considerando con ese dispositivo incurso, o bien cualquier otra situación que la decisión contenga la respuesta en alguna de sus partes.

No debe perderse de vista que el debido proceso supone celeridad. Por consiguiente, las dilaciones han de reservarse para cuando sea realmente necesario. En nombre de la “celeridad” no se pueden festinar los procesos, en eso estamos claros, lo que hemos sostenido es que conforme a las reglas jurídicas vigentes, perfectamente los “dispositivos”pueden estar contenidos en los “considerandos” y, por tanto, esa fórmula no debe erigirse en un obstáculo para ejecutar las sentencias de los tribunales del orden inmobiliario ante el Registro de Títulos.

 



[1] Sentencia SCJ, 3ra. Sala, núm. 1, del mes de abril del 2000, B.J. núm. 1073.

[2] Sentencia SCJ, 3ra. Cám. (hoy Sala), núm. 23, del 25 de abril del 2001, B.J. núm. 1085.

[3]  Sentencia SCJ, 1ra. Cám. (hoy Sala), núm. 10, del 10 de enero del 2007, B.J. núm. 1085.

[4] Sentencia SCJ, 1ra. Sala, núm. 22, del 10 de octubre del 2012, B,J, núm. 1223.

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