(Precisiones jurídicas)

Sobre la firma en los contratos, a partir de la sentencia dictada el 31 de octubre del 2018 por la Primera Sala de la Suprema Corte de JusticiaLa referida alta Corte ha juzgado que, en materia civil ordinaria, no existe previsión legal o reglamentaria que imponga a la parte obligada en un contrato a firmar en la forma que ha sido fijada en su documento de identidad y, efectivamente, ello es así. Sin embargo, también es verdad que, en virtud del artículo 1134 del Código Civil, las partes son árbitras de precisar los términos de la contratación que suscriban, incluyendo –obviamente- el requisito de que, independientemente de que no esté expresamente en la normativa positivizado, se firme en el acto jurídico en cuestión con la misma rúbrica que figura en la cédula de identidad y electoral, por un tema de seguridad jurídica.

Dicho de otra manera, tal requisito no está expresamente en el ordenamiento, pero, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, nada obsta para que se prevea (como ley entre partes) que la firma a plasmar en el contrato sea la de la cédula que, dicho sea de paso, es lo más recomendable.

Las contrataciones, en general, igual que la norma (en sentido lato: ley, ordenanza, reglamento, resoluciones, etc.) deben prever para, al hilo del artículo 40.15 de la Constitución, aquello que resulte justo y útil. Y, en efecto, es justo y útil que los contratantes cuenten con la certeza, de entrada, de que la contraparte está firmando el negocio jurídico con la firma que habitualmente usa; independientemente de que existan mecanismos para atacar  firmas irregulares, sean puestas en un acto bajo firma privada o en uno auténtico. Justamente, el pleito (accionando en justicia) ha de tenerse como una última opción. Lo propio es tener los miramientos de lugar, desde el inicio, para que la contratación se baste a sí, sin mayores contratiempos.

Muestra harto elocuente de lo precedentemente expuesto es, por ejemplo, la situación de que las instituciones de intermediación financiera, mayormente los bancos, requieren contractualmente a sus clientes (lo cual, como se ha dicho, es válido) que la firma en el contrato de prestación de servicios sea fiel a la de la cédula de identidad y electoral. Incluso, las máximas de experiencia aleccionan en el sentido de que los notarios dan mucha importancia, al momento de legalizar firmas, al hecho de que éstas se correspondan con la que consta en la cédula de las personas.

Recordemos que, tal como aclara BENJAMÍN RODRÍGUEZ CARPIO, existen legalización de firmas puestas en la presencia del Notario y legalización de firmas puestas en ausencia del Notario. Al respecto, taxativamente, dicho jurista sostiene lo siguiente: Legalización de firmas puestas en la presencia del Notario. Aquí las partes firman el acto en presencia del Notario, quien da constancia de que ha visto a las partes estampar las firmas. Por supuesto, el Notario debe identificar a las partes mediante la presentación del documento idóneo conforme la Ley: Cédula de Identidad y Electoral, o por cualquier documento destinado a la identificación, si los comparecientes no estuvieren obligados a tener cédulas (…)Legalización de firmas puestas en ausencia del Notario. En este caso, el acto es presentado por las partes al Notario ya firmado y éstas le declaran, bajo fe del juramento, que las firmas fueron puestas por ellas en la fecha indicada en dicho acto (…)”. (RODRÍGUEZ CARPIO, Benjamín. “Derecho Notarial. Teoría-Práctica-Legislación Fiscal”, 2da. edición, p.p. 304-306.)

Para nadie es un secreto que, para bien y para mal, en la praxis esa modalidad de legalización de firmas puestas en ausencia del Notario se hace sin la presencia física de las partes firmantes. Lo que se estila, para mayor comodidad, es remitir el documento al Notario para que proceda con la legalización de rigor y, para avalar las firmas objeto de legalización, se da constancia –justamente- de que las mismas son las que constan en la cédula de identidad y electoral. Sin esa correspondencia entre la firma a legalizar y la que figura en la cédula, difícilmente un notario acceda a la legalización en la descrita modalidad habitual.

En definitiva, la comentada sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia contiene un postulado correcto, que es que la normativa, en materia civil, no prevé como requisito expreso para firmar contratos que se rubriquen los mismos con la misma firma que se ha plasmado en la cédula de identidad y electoral. Lo que deseamos puntualizar en este breve escrito son dos cuestiones: primero, que nada obsta para que, mediante el contrato, que es “ley entre partes”, se requiera en una cláusula que los contratantes den su consentimiento mediante la misma firma que obre en la cédula de identidad y, segundo, que dicha modalidad de exigir la firma oficial es más cónsona con la seguridad jurídica e, incluso, con la operatividad misma del sistema el cual, para bien o para mal, nos rige actualmente.

Así las cosas, lo justo y útil es que, a pesar del criterio jurisprudencial comentado, las partes continúen firmando con la misma rúbrica que han puesto en sus respectivas cédulas de identidad y electoral, para mayor facilidad con la legalización de firmas, para mayor seguridad jurídica, etc.

 

 

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