Resumen
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Una mirada a la prueba como presupuesto esencial de la justicia civil, abordando sus fundamentos, principios, objeto, carga y medios de producción, así como la distinción entre la acreditación de los actos y la de los hechos jurídicos. Analizando, desde una perspectiva comparada entre los ordenamientos francés y dominicano, su dimensión constitucional, especialmente en relación con el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. Y examinando los desafíos que plantea la transformación digital, particularmente en materia de prueba electrónica, autenticidad, integridad y valoración judicial, para sostener que la legitimidad de la decisión jurisdiccional no depende únicamente de la correcta aplicación del derecho material o sustantivo, sino también, en el contexto procesal, de la obtención, incorporación y valoración racional de la prueba.
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Palabras claves
Prueba civil, carga probatoria, medios de prueba, derecho a la prueba, debido proceso, tutela judicial efectiva, valoración probatoria, prueba electrónica, derecho francés, derecho dominicano.
Contenido
I.- Mirada preliminar a la cuestión probatoria, II.- La principiología aplicada a la actividad probatoria, III.- La prueba como presupuesto de la tutela judicial efectiva, IV.- Fundamento constitucional y procesal de la actividad probatoria, V.- Prueba de los actos jurídicos y prueba de los hechos jurídicos,VI.- El derecho francés moderno: entre la prueba legal y la libertad probatoria, VII.- La prueba en el proceso civil dominicano: tradición civilista y lectura constitucional, VIII.- Las nuevas tecnologías y la transformación de la prueba civil, IX.- La prueba pericial, la inspección judicial y el deber de esclarecimiento, X.- La prueba ilícita, el derecho de defensa y la protección de los derechos fundamentales, XI.- Una metodología práctica para saber probar en el proceso civil, XII.- Consideraciones finales: probar es convertir una afirmación en una conclusión jurídicamente justificable.
I.- Mirada preliminar a la cuestión probatoria
En concreto, la prueba[1] no es otra cosa que el instrumento mediante el cual se procura acreditar la existencia, inexistencia o configuración de los actos y hechos jurídicamente relevantes para la solución de una controversia, a fin de proporcionar al juzgador los elementos necesarios para fundamentar racionalmente su decisión. Sin ella, las pretensiones corren el riesgo de permanecer en el plano de las simples afirmaciones, desprovistas de la fuerza demostrativa indispensable para obtener su reconocimiento jurisdiccional. De ahí su mayúscula importancia procesal, y es que la prueba constituye el puente que conecta la teoría del caso sometida por cada parte con la decisión judicial, permitiendo que la aplicación del derecho no descanse en conjeturas, intuiciones o apreciaciones arbitrarias, sino en una reconstrucción razonada de la realidad sometida a juicio[2].
No deben confundirse, de entrada, los conceptos de prueba, principio de prueba[3] y medio de prueba[4] con los de carga de la prueba[5], objeto de la prueba[6] y procedimiento probatorio[7], pues, aunque se encuentran estrechamente relacionados, responden a categorías conceptuales distintas. En efecto, la prueba, en sentido estricto, alude a la actividad y al resultado demostrativo orientados a establecer la veracidad o acreditación procesal de un acto o hecho jurídico; el principio de prueba constituye un elemento inicial de acreditación que puede servir de fundamento para completar la demostración mediante otros medios; mientras que el medio de prueba es el instrumento o mecanismo jurídicamente reconocido a través del cual se incorpora información relevante al proceso, como ocurre con los documentos, los testimonios, las presunciones, las inspecciones judiciales y las experticias. Por su parte, la carga de la prueba determina quién soporta las consecuencias de que un hecho relevante permanezca sin acreditar; el objeto de la prueba delimita aquello que debe demostrarse, y el procedimiento probatorio establece las condiciones bajo las cuales los elementos de convicción se proponen, incorporan, contradicen y valoran. Estas distinciones, lejos de responder a un mero rigor terminológico, resultan indispensables para comprender la estructura de la actividad probatoria y evitar confusiones que puedan comprometer la correcta aplicación del derecho.
En el ordenamiento dominicano, esta temática encuentra uno de sus puntos de partida en el artículo 1315 del Código Civil, conforme al cual quien reclama la ejecución de una obligación debe probarla, mientras que quien pretende estar liberado debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. La disposición expresa una regla cardinal de distribución de la carga probatoria y sintetiza una máxima de permanente actualidad en la práctica forense, que reza: “alegar no es probar”. No basta, por consiguiente, con formular una pretensión jurídicamente atendible, invocar una norma favorable o afirmar la existencia de un derecho; es indispensable aportar los elementos que permitan establecer los presupuestos fácticos de su reconocimiento, conforme al régimen probatorio aplicable. De ahí que saber probar constituya una competencia jurídica tan relevante como saber interpretar la ley o, más bien, interpretar el derecho, que transciende la ley[8], pues una pretensión sustantivamente fundada puede resultar desestimada si los hechos que la sustentan no alcanzan el grado de acreditación exigible.
No debe perderse de vista que, a la luz de la constitucionalización del derecho procesal, la teoría del proceso debe examinarse bajo el prisma de sus principios y garantías fundamentales, puesto que las instituciones procesales no constituyen formalidades aisladas ni pueden aplicarse al margen de la función que desempeñan en la protección efectiva de los derechos. El proceso civil, en un Estado constitucional de derecho, debe concebirse, tal como planteara COUTURE[9], como un instrumento de tutela de las situaciones jurídicas sustanciales y, al mismo tiempo, como un espacio institucional sometido a reglas que aseguren la igualdad procesal, la imparcialidad judicial, la contradicción y la proscripción de la arbitrariedad. De ahí que principios como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de armas, la contradicción, la legalidad de la prueba, la buena fe procesal, la seguridad jurídica, la motivación de las decisiones, etc., no puedan faltar del análisis de la cuestión probatoria. Todos ellos encuentran especial conexión con el artículo 69 de la Constitución dominicana y, en el ámbito internacional, con las garantías judiciales reconocidas por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos entre otros instrumentos Supranacionales.
Desde esta perspectiva, el derecho a la prueba no debe reducirse a la posibilidad formal de depositar documentos o solicitar la práctica de determinadas diligencias. Comprende, en los términos establecidos por el ordenamiento, la oportunidad real de aportar elementos pertinentes, controvertir los presentados por la contraparte y obtener una valoración judicial racional, congruente y debidamente motivada. La garantía constitucional se vería comprometida tanto si se impidiera injustificadamente demostrar un hecho decisivo como si se atribuyera eficacia concluyente a un elemento cuya autenticidad, licitud o fuerza demostrativa no hubiese sido examinada adecuadamente. La justicia probatoria exige, por tanto, un equilibrio entre la necesidad de esclarecer los hechos y el deber de respetar las garantías que legitiman su incorporación y valoración dentro del proceso.
En este orden de ideas, resulta fundamental distinguir entre la prueba de los actos jurídicos y la prueba de los hechos jurídicos, pues la naturaleza de aquello que se pretende acreditar condiciona los medios admisibles y las exigencias legales correspondientes. Cuando se trata de actos jurídicos, la ley puede establecer exigencias particulares de prueba escrita, en atención a la necesidad de preservar la estabilidad de las relaciones jurídicas, la certeza de las obligaciones y la seguridad del tráfico jurídico. En cambio, tratándose de hechos jurídicos, la ausencia ordinaria de una documentación preconstituida justifica una mayor flexibilidad en la selección de los medios de acreditación. Así, según las circunstancias, el esclarecimiento de los hechos puede requerir no solo documentos, sino también declaraciones testimoniales, comparecencias personales, descensos al lugar de los acontecimientos, experticias caligráficas o informáticas, indicios y presunciones. No se trata de privilegiar indiscriminadamente un medio sobre otro, sino de identificar el instrumento idóneo para demostrar cada aspecto de la controversia, sin confundir libertad probatoria con ausencia de regulación ni prueba legal con formalismo absoluto[10].
A este panorama se añaden los avances tecnológicos que, sin duda, han producido un impacto significativo en la cuestión probatoria[11]. Hasta hace relativamente poco tiempo, habría resultado difícil imaginar que una comunicación electrónica, una firma digital, los registros de una plataforma informática o los metadatos de un archivo pudieran desempeñar un papel determinante en la acreditación de una relación jurídica. Hoy, sin embargo, buena parte de las operaciones comerciales, contractuales y financieras se desarrolla en entornos digitales, mientras que las comunicaciones, fotografías, grabaciones audiovisuales y demás datos electrónicos se han convertido en fuentes habituales de información relevante para los litigios civiles. Incluso, la inteligencia artificial permite generar contenidos sintéticos capaces de reproducir, con considerable realismo, voces, imágenes y documentos, lo que plantea nuevos desafíos en materia de autenticidad, integridad, atribución de autoría y fiabilidad de la información.
Por eso, justamente, la tendencia contemporánea ha sido hacia la adaptación de los sistemas probatorios a las nuevas formas de producción y conservación de la información, procurando que la naturaleza electrónica de un documento no constituya, por sí sola, un obstáculo para su admisibilidad o eficacia. En la República Dominicana, esta orientación encuentra una manifestación normativa en la Ley núm. 126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, así como la Ley núm. 339-22 sobre Uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, entre otras, mientras que en Francia se refleja, entre otras disposiciones, en los artículos 1365, 1366 y 1367 del Código Civil, relativos al escrito electrónico y a la firma electrónica. No obstante, la equivalencia jurídica entre soportes no supone que todo archivo digital sea auténtico ni que su contenido deba aceptarse sin examen crítico. La valoración de estas pruebas exige atender a su procedencia, integridad, trazabilidad, contexto y posibilidad de verificación, así como garantizar que la contraparte disponga de oportunidades efectivas para cuestionarlas. La innovación tecnológica amplía las posibilidades de acreditación, pero también incrementa la necesidad de rigor en el control de la fiabilidad de los elementos aportados.
Los tribunales, ante dicha realidad, están llamados a desarrollar una interpretación jurídicamente fundada que permita integrar los nuevos instrumentos probatorios sin sacrificar las garantías esenciales del proceso. Ello requiere distinguir entre la admisibilidad de un elemento y su fuerza demostrativa; entre la autenticidad de un archivo y la veracidad de la información que contiene; y entre la utilidad de una herramienta tecnológica y la posibilidad de atribuir valor concluyente a sus resultados. Asimismo, exige ejercer las facultades de instrucción reconocidas por el ordenamiento cuando proceda, disponer las medidas necesarias para esclarecer hechos relevantes y motivar las decisiones probatorias de forma que las partes puedan comprenderlas y, cuando corresponda, someterlas al control de los órganos de revisión. La tecnología puede auxiliar en la organización y el análisis de la información, pero no sustituye la función jurisdiccional ni releva al juzgador de su deber de valorar críticamente las pruebas y justificar sus conclusiones.
La ley, sin dudas, desempeña una función insustituible en esta materia, pues corresponde al legislador establecer las condiciones de admisibilidad, las garantías de autenticidad, los efectos jurídicos de los documentos electrónicos y los mecanismos de protección frente a los riesgos derivados de las nuevas tecnologías. Sin embargo, mientras la regulación se adapta a las transformaciones de la realidad social, económica y tecnológica, los tribunales, en aras de cristalizar la anhelada seguridad jurídica, están llamados a interpretar las disposiciones vigentes de manera coherente con la Constitución, respetando el principio de legalidad y evitando tanto el rechazo injustificado de medios probatorios tecnológicamente novedosos como su aceptación irreflexiva. Esta labor interpretativa no autoriza a sustituir al legislador ni a crear excepciones contra legem; exige, por el contrario, armonizar las reglas probatorias existentes con las garantías fundamentales, dentro de los márgenes que el propio ordenamiento permita.
En definitiva, la cuestión probatoria constituye uno de los ámbitos en los que se manifiesta con mayor intensidad la relación entre el derecho sustantivo, el proceso y la Constitución. Su adecuada comprensión exige conocer las reglas de distribución de la carga probatoria, distinguir los regímenes aplicables a los actos y hechos jurídicos, identificar los medios idóneos para cada supuesto y asegurar que su incorporación y valoración se realicen conforme a la ley, la contradicción y la racionalidad judicial. A su vez, el estudio comparado del derecho francés y del dominicano permite identificar convergencias, particularidades y soluciones útiles para afrontar los desafíos contemporáneos, sin perder de vista las diferencias normativas e institucionales entre ambos ordenamientos.
Porque, en última instancia, la prueba es el fundamento fáctico sobre el cual se construye la decisión judicial; la contradicción, la garantía de su examen imparcial; la motivación, la expresión racional de su valoración; y la Constitución, el marco que asegura que todo ese proceso se desarrolle con respeto a los derechos fundamentales. De ahí que la máxima “alegar no es probar” conserve plena vigencia, aunque su comprensión contemporánea deba trascender la visión tradicional de los documentos y abrirse a una concepción técnicamente rigurosa, constitucionalmente orientada y tecnológicamente actualizada de la actividad probatoria, capaz de contribuir a una justicia civil más efectiva, previsible y respetuosa de la seguridad jurídica.
II.- La principiología aplicada a la actividad probatoria
La principiología (o principialística), en el Estado constitucional de derecho, supone el estudio, sistematización y aplicación de los principios jurídicos que informan, orientan y condicionan la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, operando como mandatos de optimización y criterios de racionalidad para la actuación de los poderes públicos y, particularmente, de los órganos jurisdiccionales. Aplicado a la cuestión probatoria, este enfoque supone comprender que la actividad de probar no se encuentra gobernada exclusivamente por reglas legales de carácter procedimental, sino también por principios que determinan cómo debe proponerse, incorporarse, controvertirse y valorarse la prueba, siempre en armonía con la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad jurídica[12].
A partir del estudio de la doctrina procesal contemporánea, representada por autores como Couture, Gozaíni, Peyrano, entre otros, en diálogo con los aportes clásicos y fundamentales de Carnelutti, Cappelletti, Taruffo, etcétera, es posible identificar, entre otros, los siguientes principios rectores de la actividad probatoria: necesidad de la prueba, carga dinámica probatoria, libertad probatoria, legalidad, pertinencia, conducencia, utilidad, contradicción, igualdad de armas, comunidad o adquisición procesal, inmediación, concentración, publicidad, autorresponsabilidad probatoria, unidad de la prueba, valoración racional y motivación.
Debe tenerse presente que los principios jurídicos, por su propia naturaleza, no constituyen categorías necesariamente cerradas ni excluyentes; antes bien, poseen capacidad de irradiación, complementariedad y concreción según la naturaleza de la controversia y las particularidades del ordenamiento aplicable. De hecho, los autores citados no coinciden en el número de principios, cada uno realiza su propia construcción a partir de su ordenamiento jurídico. Por ello, la relación que sigue no pretende ser exhaustiva, ni impide reconocer otros principios derivados de la Constitución, la legislación procesal y la evolución de la doctrina y la jurisprudencia. Pero lo cierto es que la teoría procesal supone manejar, además de las reglas contenidas expresamente en la norma procesal, los principios, estén o no de manera expresa en la ley[13]. Pasemos, pues, a examinar, desde una perspectiva conceptual y aplicada, cada uno de estos principios, precisando su contenido, alcance, fundamento jurídico y manifestaciones concretas en el proceso civil.
Principio de necesidad de la prueba. Significa, en concreto, que el juez debe fundamentar su decisión en los hechos acreditados mediante pruebas legítimamente incorporadas al proceso, y no en su conocimiento privado, intuiciones, prejuicios o simples afirmaciones de las partes.Este principio supone que los hechos controvertidos[14] necesitan demostración. El juez no puede tener por acreditada una circunstancia simplemente porque una parte la afirme con convicción o porque su relato parezca verosímil.
Verbigracia,una persona demanda el pago de un préstamo de RD$500,000.00. El demandante afirma que entregó esa cantidad al demandado, pero este último niega haber recibido el dinero. El tribunal no puede tener por demostrada la entrega por la sola afirmación del demandante, necesita examinar el contrato, el recibo, la transferencia bancaria, el reconocimiento de deuda o los demás elementos probatorios pertinentes.Como consecuencia jurídica de ello, la decisión judicial debe descansar en hechos probados, sin perjuicio de los hechos admitidos, notorios o legalmente dispensados de prueba.
Principio de carga dinámica de la prueba. Constituye, en suma, una modalidad de distribución de la carga probatoria conforme a la cual, atendiendo a las circunstancias particulares del litigio, el deber de aportar o producir determinada prueba puede recaer sobre aquella parte que se encuentre en mejores condiciones técnicas, profesionales, económicas o materiales para hacerlo.Se trata de una concepción que flexibiliza la distribución tradicional de la carga probatoria, evitando que su aplicación rígida produzca situaciones de indefensión o dificulte injustificadamente el acceso a la justicia.En el derecho dominicano, su aplicación debe armonizarse con el artículo 1315 del Código Civil y con las garantías constitucionales del debido proceso y la igualdad procesal. No supone una inversión automática de la carga de la prueba, sino una distribución razonada, justificada y respetuosa del derecho de defensa.
Por ejemplo, un paciente demanda a un centro médico por una intervención quirúrgica y cuestiona determinadas actuaciones documentadas durante el procedimiento. El centro médico tiene bajo su control exclusivo o predominante la historia clínica, los registros de intervención y los protocolos aplicados. Resultaría irrazonable exigir al paciente que aporte documentos a los que no tiene acceso y que están bajo la custodia de la institución demandada.El tribunal puede adoptar las medidas procesales pertinentes para procurar su aportación y, cuando el ordenamiento lo permita, valorar la conducta de quien se encuentra en mejores condiciones de producirlos.Y como consecuencia jurídica de todo lo anterior resulta que la carga probatoria no debe convertirse en una barrera insuperable para quien, por razones objetivas, carece de acceso al medio necesario para demostrar sus alegaciones.
Principio de libertad probatoria. Este principiosupone que, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico, las partes pueden servirse de los medios de prueba idóneos para demostrar los hechos controvertidos, sin quedar restringidas a una enumeración rígida o cerrada de instrumentos probatorios.Su fundamento radica en que la búsqueda de la verdad jurídicamente relevante exige admitir mecanismos de demostración compatibles con la naturaleza de los hechos y la evolución de las relaciones sociales y tecnológicas.Pero, ojo,la libertad probatoria no significa arbitrariedad, más bien está limitada por la legalidad, los derechos fundamentales, la pertinencia y las reglas especiales sobre determinados actos jurídicos. En concreto, cada parte es libre de aportar los medios lícitos que estime pertinente para acreditar su teoría del caso, sin que exista un listado cerrado de los medios que se pueden aportar. Lejos de eso, la parte decide que deposita una factura, un conduce, una comparecencia personal de partes, una experticia, etc. Por ejemplo, una parte pretende demostrar que recibió instrucciones contractuales mediante comunicaciones electrónicas. Puede aportar correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, registros digitales y otros elementos pertinentes, sin que pueda rechazarse su incorporación por el solo hecho de tratarse de medios tecnológicos. Como consecuencia jurírica de esto deriva que la innovación tecnológica no puede convertirse, por sí sola, en una causa de exclusión probatoria. Lo que sí debe tenerse muy en cuenta al momento de seleccionar los diversos medios probatorios en cada caso es lo que se pretende demostrar.
En efecto, tal como veremos más adelante, mientras los actos jurídicos se prueban, esencialmente, por escrito y son valorados conforme al sistema de la axiología legal o prueba tasada, los hechos jurídicos, de su lado, se prueban por todos los medios y se valoran mediante el sistema de valoración probatoria de la axiología racional o sana crítica, como le llaman algunos autores. Y es que, si bien, como se ha dicho, la libertad probatoria supone que cada parte aporte los elementos de convicción que estime, debe tener presente, vale recalcar, si lo que desea demostrar es un acto jurídico o un hecho jurídico para, a partir de ello, medir su pertinencia. Esto enlaza con el principio de conducencia de la prueba que veremos más adelante que, justamente, supone conducir la prueba hacia el sistema de valoración probatoria que corresponda, según se trate de un acto jurídico o de un hecho jurídico.
No sería, por ejemplo, pertinente (ni conducente) un informativo testimonial para probar una obligación distinta a la que existe contenida en un contrato o un crédito avalado por un pagaré notarial. Esa medida de instrucción, como medio probatorio, en el contexto de los actos jurídicos, no tendría pertinencia, porque no sería útil y, por tanto, sería rechazada. Y aunque el objetivo sea la misma obligación debatida, haciéndola “pertinente”, no sería conducente[15], por no haberse adaptado al sistema que correspondería, que en ese caso sería el sistema de la axiología legal o prueba tasada, que esencialmente supone pruebas por escrito.
Principio de legalidad de la prueba. Concretamente,exige que la obtención, proposición, incorporación y producción de los medios probatorios se realicen conforme al ordenamiento jurídico y con respeto de los derechos fundamentales.No basta con que una prueba sea útil o pertinente, también debe haber sido obtenida e incorporada legítimamente.Este principio encuentra fundamento directo en el artículo 69 de la Constitución dominicana, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, particularmente en el numeral 8), que establece que es nula toda prueba obtenida en violación a la ley. Por ejemplo, una parte presenta una grabación obtenida mediante la interceptación clandestina de comunicaciones privadas, sin autorización ni fundamento jurídico que legitime su obtención. Aunque su contenido pudiera resultar relevante para el litigio, su utilización debe examinarse a la luz del derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y las garantías constitucionales aplicables.Como consecuencia jurídica de ello deriva que la finalidad de esclarecer los hechos no legitima la utilización de cualquier medio ni justifica sacrificar derechos fundamentales.
Principio de pertinencia de la prueba. Conforme a este principio,una prueba es pertinente cuando guarda una relación lógica y jurídica con los hechos controvertidos que deben ser establecidos en el proceso.La pertinencia exige una conexión entre el objeto de la prueba y el objeto del litigio. No se trata de presentar cualquier información, sino aquella que contribuya a esclarecer los hechos relevantes para resolver la controversia.Por ejemplo, en una demanda por incumplimiento de un contrato de compraventa, resulta pertinente aportar el contrato, las comunicaciones relativas a la entrega, los comprobantes de pago y los requerimientos de cumplimiento. En cambio, los documentos relativos a controversias personales ajenas a la relación contractual carecerían, en principio, de pertinencia.La consecuencia jurídica de lo anterior es que la prueba debe guardar relación con los hechos que integran la controversia; de lo contrario, su incorporación puede generar dilaciones y desviaciones innecesarias del debate procesal. Por eso, la decisión judicial ha de ser la desestimación de la prueba impertinente al escrutar el acervo probatorio de la glosa procesal.
Principio de conducencia de la prueba. Se refiere, en síntesis, a la aptitud jurídica del medio probatorio para demostrar determinado hecho, atendiendo a las exigencias legales aplicables.Mientras la pertinencia examina la relación entre la prueba y el hecho, la conducencia examina si el medio elegido resulta jurídicamente idóneo para acreditarlo.Esta distinción es particularmente importante en el proceso civil, donde existen reglas especiales sobre la prueba de determinados actos jurídicos.Por ejemplo, una parte pretende demostrar mediante testimonios la existencia de un acto jurídico para cuya prueba la legislación exige, bajo determinadas condiciones, prueba escrita. Aunque los testimonios guarden relación con el hecho, debe examinarse si son jurídicamente admisibles para acreditar ese acto, considerando las excepciones legales correspondientes.Como consecuencia jurídica de esto resulta queno todo medio pertinente es necesariamente conducente; su idoneidad debe examinarse conforme a la naturaleza de lo que se desea probar, si un acto jurídico o un hecho jurídico, y al régimen legal aplicable.
Principio de utilidad (y no redundancia) de la prueba. Exige que el medio probatorio tenga capacidad real de contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos. Una prueba es útil cuando aporta información relevante que permite confirmar, descartar o complementar una hipótesis fáctica.Su finalidad es evitar actuaciones probatorias superfluas, redundantes o carentes de eficacia demostrativa.Por ejemplo,en una controversia sobre la entrega de una mercancía, las partes aportan cinco documentos bancarios que reproducen exactamente la misma transferencia. Si uno de ellos acredita suficientemente el pago y los restantes no añaden información, el tribunal puede considerar innecesaria su reproducción, conforme a las reglas procesales aplicables.Como consecuencia jurídica de esto deriva quela actividad probatoria debe orientarse a la demostración de los hechos, no a la acumulación indiscriminada de documentos. Y pudiera sostenerse que, al amparo de la complementariedad de los principios, que la utilidad probatoria se enlaza, de alguna manera, con los principios de pertinencia y conducencia de la prueba.
Principio de contradicción de la prueba. Garantiza que cada parte tenga la posibilidad efectiva de conocer, examinar, cuestionar y controvertir los medios probatorios aportados por su contraparte.Es una manifestación esencial del derecho de defensa y del debido proceso, reconocido en el artículo 69 de la Constitución dominicana.La contradicción no se satisface con una posibilidad meramente formal, no, se requiere una oportunidad real de formular objeciones, solicitar aclaraciones, cuestionar la autenticidad y discutir la eficacia demostrativa de la prueba.Verbigracia,una parte deposita capturas de conversaciones de WhatsApp para demostrar el reconocimiento de una deuda. La contraparte debe tener oportunidad de cuestionar su autenticidad, integridad, atribución de autoría o contenido, así como de aportar elementos que contradigan su eficacia.Como consecuencia jurídica de esto, destaca queninguna prueba debe convertirse en fundamento decisivo de una sentencia sin que las partes hayan tenido una oportunidad efectiva de ejercer contradicción, conforme a las reglas procesales. Y es que el “factor sorpresa” es extraño al debido proceso.
Principio de igualdad de armas. Supone que las partes dispongan de oportunidades procesales sustancialmente equivalentes para presentar sus argumentos, proponer pruebas, controvertir las de su adversario y defender sus respectivas posiciones.No significa que ambas partes deban encontrarse en idéntica situación material o económica, sino que el proceso no puede establecer ventajas o desventajas procesales injustificadas que comprometan el equilibrio de la controversia.Por ejemplo,si el demandante tiene oportunidad de presentar un informe pericial y fundamentar sus conclusiones, el demandado debe contar con una oportunidad razonable para examinarlo, objetarlo y, cuando corresponda, aportar un informe contradictorio.¿Qué consecuencia jurídica deriva de esto? Sencillo, queel juez debe preservar el equilibrio procesal y evitar que una parte quede en situación de desventaja sustancial frente a la otra.
Principio de comunidad o adquisición procesal de la prueba. Una vez que la prueba se incorpora válidamente al proceso, deja de pertenecer exclusivamente a la parte que la aportó y pasa a integrar el acervo probatorio común, pudiendo beneficiar o perjudicar indistintamente a cualquiera de los litigantes.La eficacia de la prueba no depende de quién la haya producido, sino de su contenido, fiabilidad y relación con los hechos controvertidos.Tal sería el caso en que el demandante aporta un documento para demostrar una obligación contractual. Sin embargo, del mismo documento resulta que el demandado realizó un pago parcial que no había sido reconocido en la demanda. El tribunal puede valorar ese contenido en beneficio del demandado.Consecuencia jurídica de esto: la prueba no tiene dueño procesal. Una vez incorporada legítimamente, debe valorarse por lo que demuestra, no por quién la aportó.
Principio de inmediación. En concreto, este principio implicaun contacto directo del juzgador con los medios probatorios cuya percepción personal resulte relevante, especialmente en la práctica de testimonios, comparecencias e inspecciones judiciales.Su finalidad es permitir que el juez conozca directamente las fuentes de prueba y pueda apreciar las circunstancias en que se producen, sin depender exclusivamente de referencias indirectas.Por ejemplo, en un proceso civil donde se discute si una persona reconoció determinada obligación, el tribunal recibe directamente su comparecencia y puede examinar sus respuestas, aclaraciones y explicaciones, dentro de los límites racionales de valoración.Esto supone, jurídicamente, que la inmediación favorece una valoración más directa de la prueba, sin que ello autorice a sustituir el razonamiento objetivo por impresiones subjetivas sobre las personas.
En grado de apelación suele invocarse este principio para justificar que un testigo o una parte que ya ha declarado ante el tribunal a-quo vuelva a hacerlo en alzada. Tradicionalmente, se alega que ya las actas que recogen tales declaraciones forman parte del expediente, por lo que “no es necesario volver a escucharlos”. Sin embargo, el efecto devolutivo de la apelación supone retrotraer a su fase inicial la sustanciación del proceso, lo que implica volver a oír testigos y a las partes, si es solicitado para sustentar una teoría del caso. No es lo mismo leer fríamente lo que se recoge en un acta de audiencia (muchas veces deficientemente redactadas) que la impresión directa del tribunal al recibir -en vivo- tales afirmaciones. Suele acogerse el alegato de escuchar nuevamente al testigo o a la parte, basado en este principio de inmediación procesal.
Principio de concentración. Procura que las actuaciones procesales, especialmente las relacionadas con la producción y discusión de la prueba, se desarrollen de manera ordenada y concentrada, evitando dispersiones y dilaciones innecesarias.Este principio se relaciona con la celeridad procesal, la economía procesal y la efectividad de la tutela judicial.Por ejemplo,en lugar de celebrar múltiples audiencias separadas para recibir testimonios, discutir documentos y examinar determinados medios probatorios, el tribunal organiza su práctica y discusión de manera coordinada, en una misma vista.Consecuencia jurídica: la concentración contribuye a una administración de justicia más eficiente, sin sacrificar el derecho de defensa ni la calidad de la actividad probatoria.
Principio de publicidad. Establece que las actuaciones judiciales deben desarrollarse, como regla general, de manera pública, permitiendo el control ciudadano sobre el ejercicio de la función jurisdiccional.Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 69 de la Constitución dominicana, sin perjuicio de las excepciones legalmente justificadas para proteger derechos e intereses legítimos.Por ejemplo, la recepción de testimonios en una audiencia civil debe desarrollarse, como regla general, de manera pública, permitiendo que las actuaciones sean conocidas y sometidas al control correspondiente. Como dice COUTURE, el juez de los jueces es el pueblo, el cual tiene, en virtud de este principio, el derecho de presenciar las audiencias, por regla general.,
Sin embargo, cuando concurran circunstancias que justifiquen la reserva, por ejemplo, para proteger la intimidad de menores de edad, podrán aplicarse las restricciones legalmente previstas. La consecuencia jurídica de este principio es que la publicidad fortalece la transparencia, la confianza en la administración de justicia y el control democrático de la actividad jurisdiccional, sin que se trate de un principio que no admita flexibilizaciones, atendiendo la caso concreto, como se ha dicho.
Principio de autorresponsabilidad probatoria. Significa que cada parte debe asumir las consecuencias procesales derivadas de su propia conducta probatoria, especialmente cuando omite aportar los elementos necesarios para acreditar los hechos cuya demostración le corresponde.Este principio se encuentra estrechamente relacionado con la carga de la prueba y con el artículo 1315 del Código Civil dominicano.Por ejemplo, el demandante reclama el pago de una deuda, pero no aporta contrato, recibo, reconocimiento ni ningún otro elemento que permita acreditar su existencia. Si no consigue demostrar el hecho constitutivo de su pretensión, deberá soportar las consecuencias desfavorables de esa insuficiencia probatoria.Como consecuencia jurídica de esto tenemos que quien tiene la carga de demostrar un hecho no puede trasladar al tribunal las consecuencias de su propia inactividad probatoria. Y esto enlaza, a su vez, con el principio dispositivo, que tiene preponderancia en procesos de interés privado como el civil: las partes impulsan sus pretensiones y los medios probatorios para soportarlas[16].
Principio de unidad de la prueba. Exige que los medios probatorios sean examinados de manera integral, armónica y conjunta, evitando valoraciones fragmentarias que puedan conducir a conclusiones equivocadas.El juzgador debe identificar las coincidencias, contradicciones, complementariedades y limitaciones de los distintos elementos probatorios.Verbigracia,una parte presenta un contrato, una transferencia bancaria y varias conversaciones de WhatsApp para demostrar que realizó un préstamo. El tribunal no debe examinar cada elemento de manera aislada, sino determinar si, considerados conjuntamente, permiten establecer la existencia de la operación, su naturaleza y las condiciones convenidas.Esto tiene como consecuencia jurídica que la convicción judicial debe construirse a partir del conjunto probatorio y no de la consideración desarticulada de elementos individuales. Es lo que en el argot procesal suele denominarse como una “valoración conjunta y armónica de la prueba”[17].
Principio de valoración racional de la prueba. Impone, este principio, al juzgador el deber de examinar los medios probatorios conforme a criterios de lógica, experiencia, conocimientos científicos y razonabilidad, explicando por qué atribuye determinado grado de eficacia demostrativa a cada elemento.Se contrapone tanto a la arbitrariedad como a la apreciación puramente subjetiva de la prueba y enlaza directamente con el concepto de “debida motivación” que ha construido el Tribunal Constitucional. En el proceso civil dominicano debe distinguirse entre los supuestos sometidos a reglas legales de prueba y aquellos en los que corresponde una valoración racional conforme a la libertad probatoria.Imaginemos quese presentan fotografías que, supuestamente, demuestran daños en un inmueble. El tribunal no debe asumir automáticamente que las imágenes acreditan la responsabilidad del demandado. Debe examinar su fecha, procedencia, correspondencia con el inmueble, contexto y relación con los demás elementos probatorios. De suerte y manera que, como consecuencia jurídica de todo esto, destaca quela valoración probatoria debe responder a un razonamiento verificable, susceptible de control mediante los mecanismos de impugnación correspondientes.
Es importante resaltar que, si bien es un principio que, de entrada, va dirigido al tribunal, las partes pueden (y deben) invocarlo en sus respectivas teorías del caso, en el sentido de sugerir, con fundamento, cómo debe interesarse racionalmente determinado medio de prueba, y para ello hacer acopio de este principio de valoración racional de la prueba.
Principio de preclusión. Este principio procesal tiene una aplicación relativamente limitada en el proceso civil dominicano vigente, fundamentalmente porque este no responde a una estructura rigurosamente organizada por fases procesales, como ocurre, por ejemplo, en los procesos penal e inmobiliario. Su manifestación más definida se encuentra, tal vez, en la etapa in limine litis, esto es, antes de proponer medios de inadmisión o concluir al fondo, pues, una vez superada esta oportunidad procesal sin que se hayan planteado las excepciones correspondientes, opera, como regla, la preclusión de dicha facultad, resultando inadmisible su ejercicio posterior.
Fuera de ese supuesto, su aplicación es más bien casuística. Así ocurre, por ejemplo, cuando se ordena una reapertura de debates con una finalidad probatoria específica. Si esta, por ejemplo, se dispone exclusivamente para someter determinada pieza al contradictorio, pudiera sugerirse que queda precluida la oportunidad de introducir medios distintos, como una comparecencia personal o un informativo testimonial. Sin embargo, debe precisarse que la reapertura de debates constituye una figura de construcción jurisprudencial, no una fase procesal expresamente estructurada por la ley. Por tanto, nada impide que, si las circunstancias del caso lo justifican y resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos, el tribunal amplíe su alcance y autorice otros medios probatorios, siempre que garantice a las partes la contradicción y el pleno ejercicio del derecho de defensa.
En definitiva, la preclusión tiene una incidencia relativamente reducida en el proceso civil dominicano, precisamente por la ausencia de una ordenación sistemática por fases o estadios procesales. Su aplicación seguirá siendo predominantemente puntual mientras no se produzca una reforma que estructure el proceso civil en etapas claramente delimitadas, con oportunidades procesales definidas y consecuencias preclusivas expresas, solución que permitiría fortalecer la seguridad jurídica, la celeridad y la ordenación racional del debate.
Principio de extensión de la prueba. Este principio supone que la eficacia demostrativa de un medio probatorio no queda necesariamente circunscrita al hecho específico para cuya acreditación fue aportado, sino que puede proyectarse sobre otros hechos controvertidos que guarden conexión lógica y jurídica con su contenido, siempre que hayan sido regularmente introducidos al proceso y se respete el principio de contradicción. Por ejemplo, un contrato aportado para demostrar la existencia de una obligación puede acreditar, además, sus condiciones, plazos, obligaciones recíprocas y modalidades de cumplimiento, aunque inicialmente se haya depositado para demostrar un aspecto particular de la relación contractual.
Debe precisarse, sin embargo, que este principio no autoriza a ampliar la “causa” de la demanda, introducir nuevos hechos constitutivos de la pretensión ni modificar su objeto al margen de las reglas procesales correspondientes. Una cosa es extender la eficacia demostrativa de una prueba y otra, sustancialmente distinta, modificar el fundamento fáctico de la acción. En definitiva, la prueba puede extender su eficacia demostrativa, pero esa extensión no comporta, por sí misma, una ampliación del objeto litigioso, ni puede utilizarse para sorprender a la contraparte o menoscabar su derecho de defensa.
Principio de motivación probatoria. Exige que el juzgador explique de manera suficiente, coherente y jurídicamente fundada cómo ha valorado los medios probatorios y por qué considera acreditados o no los hechos relevantes para resolver la controversia.No basta con enumerar las pruebas depositadas ni con afirmar genéricamente que fueron examinadas. Es necesario exteriorizar el razonamiento que conduce de los elementos probatorios a las conclusiones fácticas.Este principio tiene fundamento constitucional en el artículo 69 de la Constitución dominicana y se relaciona directamente con la tutela judicial efectiva y el derecho a una decisión razonada. Y, desde el punto de vista forense, supone un buen manejo de la teoría de la argumentación, aunado al deber de motivación o, más bien, de una “debida motivación”, que se baste en hechos y en derecho.
Por ejemplo,si el tribunal considera demostrado un incumplimiento contractual mediante un contrato, comunicaciones electrónicas y una certificación bancaria, debe explicar qué acredita cada elemento, cómo se complementan y por qué permiten concluir que existió el incumplimiento alegado. A su vez, para convencer sobre su teoría del caso, cada parte debe hacer lo propio, a fines de conseguir que sus alegatos se conviertan en decisión judicial, al ser acogido su planteamiento. Como consecuencia jurídica de todo esto resulta queuna sentencia que no explica racionalmente cómo llegó a sus conclusiones probatorias puede incurrir en un déficit de motivación, susceptible de control mediante los recursos legalmente establecidos. Y, desde el punto de vista del abogado litigante, una tesis que no sea debidamente explicada, en el plano probatoria, estaría condenada a no ser acogida por el tribunal. Insistiendo con VIGO, citado más arriba en otro principio, no basta con tener la razón, hay que saber decirla, ¿cómo? Argumentando.
En fin, visto este y todos los principios anteriores, que hay que insistir con que no son limitativos, en el marco de una consideración integradora, hay que entenderlos como un sistema de garantías probatorias. En efecto, los principios examinados no operan de manera aislada ni constituyen compartimentos extraños entre sí. Por el contrario, conforman un sistema de garantías y directrices que debe interpretarse de manera armónica, atendiendo a la naturaleza de la controversia, las particularidades de cada medio probatorio y las exigencias constitucionales del proceso.
Por todo lo cual, la libertad probatoria encuentra sus límites en la legalidad; la pertinencia y la conducencia delimitan la idoneidad de los medios; la contradicción y la igualdad de armas garantizan su discusión; la comunidad probatoria determina su aprovechamiento procesal; y la valoración racional, junto con la motivación, controla la legitimidad de las conclusiones judiciales. Todo como un verdadero sistema de garantías probatorias.
III.- La prueba como presupuesto de la tutela judicial efectiva
En el proceso civil, la razón jurídica no basta por sí sola para obtener una decisión favorable, es indispensable acreditar, mediante los medios de prueba legalmente admisibles y regularmente incorporados al proceso, los actos y hechos que sirven de fundamento a las pretensiones formuladas. De ahí que una de las máximas fundamentales de la ciencia procesal, evocada varias veces en el apartado anterior, pueda expresarse en los siguientes términos: “alegar no es probar”. En efecto, afirmar un hecho no equivale a demostrar su existencia, y tener razón en el plano sustantivo[18] no garantiza, por sí solo, que esa razón pueda ser judicialmente reconocida.
Esta premisa encuentra una expresión normativa clásica en el artículo 1315 del Código Civil dominicano, conforme al cual quien reclama la ejecución de una obligación debe probarla, mientras que quien pretende estar liberado debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. La disposición no constituye una simple regla de técnica procesal, más que eso, representa un criterio de distribución de los riesgos derivados de la incertidumbre probatoria y, al mismo tiempo, una garantía de equilibrio entre las partes, pues impide que una pretensión sea acogida exclusivamente sobre la base de afirmaciones que no encuentren respaldo suficiente en el material probatorio.
Desde esta perspectiva, la prueba ocupa una posición central en la arquitectura del proceso civil. No es un elemento accesorio de la argumentación jurídica, ni un trámite destinado a satisfacer formalidades, sino el instrumento mediante el cual el juez reconstruye, dentro de los límites del procedimiento y con arreglo a las reglas de la sana valoración, los acontecimientos relevantes para resolver la controversia sometida a su jurisdicción. De suerte que la actividad probatoria exige un conocimiento que va más allá de saber invocar normas jurídicas. Es necesario saber qué debe probarse, a quién corresponde hacerlo, mediante qué instrumento, bajo cuáles condiciones de admisibilidad y con qué fuerza demostrativa. La eficacia de una pretensión depende, en buena medida, de la correspondencia entre el acto o hecho que se procura establecer y el medio de prueba escogido para acreditarlo.
Esta cuestión adquiere particular relevancia en el derecho procesal contemporáneo, donde confluyen dos tradiciones jurídicas de gran interés para el estudio comparado, que son la francesa, que ha experimentado una importante evolución legislativa y jurisprudencial en materia de prueba, y la dominicana, cuyo régimen conserva instituciones clásicas de raigambre francesa, pero debe interpretarse en armonía con la Constitución, las leyes especiales y las transformaciones tecnológicas que inciden en la producción, conservación y circulación de la información. El análisis conjunto de ambos sistemas permite sostener que la prueba civil debe abordarse desde una doble exigencia; por un lado, rigor jurídico en la acreditación de los actos y, por otra parte, flexibilidad racional en la demostración de los hechos, sin sacrificar la legalidad probatoria, la contradicción, el derecho de defensa ni la seguridad jurídica.
IV.- Fundamento constitucional y procesal de la actividad probatoria
La cuestión probatoria no puede examinarse exclusivamente desde las disposiciones del Código Civil, de Procedimiento Civil o de cualquier otra norma que regule los medios de prueba. En el Estado Constitucional de derecho, su interpretación debe integrarse con las garantías constitucionales que disciplinan el ejercicio de la función jurisdiccional. Así, en la República Dominicana, el artículo 69 de la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Estas garantías comprenden, entre otros aspectos, la posibilidad real de acceder a la justicia, conocer las pretensiones formuladas en contra de una persona, controvertir los elementos probatorios adversos, proponer los medios de prueba pertinentes y obtener una decisión motivada, dictada por un tribunal competente e imparcial.
De esta garantía se desprende que el derecho a la prueba no puede reducirse a la posibilidad puramente formal de depositar documentos. Debe comprender una oportunidad efectiva de aportar y discutir los elementos relevantes para la solución del litigio, siempre que se satisfagan las exigencias legales de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. A su vez, el artículo 68 constitucional impone a los poderes públicos el deber de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, mientras que el artículo 74, numeral 4, orienta la interpretación de los derechos y garantías hacia la solución que resulte más favorable a su titular, dentro del marco constitucional aplicable. En el plano internacional, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a ser oído, con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial.
Estas disposiciones no autorizan a desconocer las reglas legales de la prueba ni permiten que el juez sustituya indiscriminadamente la iniciativa de las partes. Exigen, más bien, que las normas probatorias se interpreten y apliquen de forma compatible con el derecho de defensa y con la necesidad de que el proceso constituya un instrumento efectivo de protección de los derechos. En ese orden, deben distinguirse tres dimensiones complementarias: 1.- El derecho a aportar pruebas, que faculta a las partes para presentar los elementos pertinentes destinados a sustentar sus pretensiones, defensas y excepciones, 2.- El derecho a contradecir las pruebas, que garantiza la posibilidad de conocerlas, cuestionar su autenticidad, discutir su alcance y oponerse a su utilización cuando resulte jurídicamente improcedente y 3.- El derecho a obtener una valoración racional y motivada, que obliga al tribunal a examinar los elementos regularmente incorporados al proceso y a explicar, con suficiente coherencia, las razones por las cuales les atribuye o niega eficacia demostrativa.
La tutela judicial efectiva se comprometería tanto si se impidiera injustificadamente a una parte demostrar un hecho relevante como si se acogiera una pretensión sobre la base de pruebas ilícitas, no contradichas o carentes de fuerza suficiente. La justicia probatoria, por tanto, no consiste en admitirlo todo, sino en garantizar que la controversia se resuelva a partir de un material probatorio legalmente obtenido, procesalmente debatido y racionalmente valorado. Por ejemplo, si se impidiera a una parte aportar una prueba pertinente y lícita, se vulneraría su derecho de defensa; pero también ocurriría si el tribunal fundara su decisión en elementos ilícitos o insuficientes. No sería, por tanto, una tutela judicial efectiva entendida como libertad probatoria ilimitada, sino como garantía de una actividad probatoria legítima y equilibrada. Es decir, no basta con poder probar: es indispensable hacerlo conforme al derecho y bajo el control contradictorio de las partes.
V.- Prueba de los actos jurídicos y prueba de los hechos jurídicos
Uno de los aspectos más relevantes para comprender el sistema probatorio civil consiste en distinguir entre el acto jurídico y el hecho jurídico. Esta diferenciación no es meramente conceptual, determina, en gran medida, los medios de prueba que pueden utilizarse y la intensidad de las exigencias legales para tener por acreditada una determinada realidad. Así, para la prueba de los actos jurídicos existe una preeminencia del escrito y la axiología legal. En efecto, los actos jurídicos son manifestaciones de voluntad destinadas a producir consecuencias jurídicas. El contrato de compraventa, el préstamo, el reconocimiento de deuda, la transacción y la constitución de determinadas obligaciones son ejemplos de esta categoría.
Cuando la controversia recae sobre la existencia, el contenido o la modificación de un acto jurídico, el ordenamiento puede exigir la utilización de determinados medios probatorios. En estos supuestos opera el sistema de prueba legal o tasada, con una prueba preconstituida en lo que concierne a la documentación de los actos, en cuya virtud la ley determina anticipadamente las condiciones que deben satisfacerse para acreditar ciertos negocios jurídicos. Aquí la preeminencia del escrito responde a una razón elemental de seguridad jurídica, y es que, si las partes han exteriorizado su voluntad para constituir una obligación, resulta razonable que esa voluntad quede documentada de manera que pueda verificarse posteriormente, incluso cuando surja una controversia o se haya deteriorado la relación entre los contratantes.
El documento permite fijar el contenido de lo convenido, identificar a sus autores, establecer las condiciones pactadas y delimitar las obligaciones asumidas. Cumple, por tanto, una función preventiva, al reducir las controversias, y una función procesal, al proporcionar al juez un elemento susceptible de examen y contradicción. En el derecho dominicano, esta orientación se manifiesta en las disposiciones del Código Civil relativas a la prueba literal, especialmente en los artículos 1317 y siguientes, que regulan el acto auténtico y el acto bajo firma privada, así como en las reglas que determinan su eficacia probatoria. Ahora bien, la preeminencia del escrito no debe confundirse con una superioridad absoluta e incondicionada de todo documento frente a cualquier otro medio de prueba. Es necesario diferenciar entre la existencia de un documento, su autenticidad, su admisibilidad y su fuerza demostrativa. Un escrito puede existir materialmente sin que se haya establecido quién lo produjo; puede ser auténtico sin demostrar todos los hechos alegados; o puede resultar insuficiente para acreditar una circunstancia que exceda su contenido.
De igual modo, la exigencia legal de prueba escrita no excluye automáticamente toda posibilidad de acudir a otros medios. El ordenamiento contempla excepciones, como los supuestos en que la ley admite la prueba testimonial, la existencia de un principio de prueba por escrito, la imposibilidad material o moral de procurarse un documento y otras circunstancias legalmente reconocidas, según la naturaleza del litigio y las disposiciones aplicables. Por consiguiente, el abogado debe identificar, antes de iniciar su actividad probatoria, si la pretensión se sustenta en un acto jurídico sujeto a exigencias particulares de documentación. No es suficiente presentar testigos que afirmen que un contrato existió si no existe alguna situación de hecho que haga flexibilizar la prueba documental, tal como un extravío del documento, alguna simulación del negocio jurídico, etc.
La primera regla práctica es, pues, que cuando se pretende demostrar un acto jurídico, debe comenzarse por identificar el régimen legal de prueba que lo gobierna y determinar si el escrito constituye una exigencia probatoria, una formalidad de validez o simplemente el medio más idóneo para acreditarlo. Estas tres cuestiones son distintas y no deben confundirse. Siendo, concretamente, lo determinante saber si lo que se pretende acreditar es una situación de hecho, en cuyo caso habría libertad probatoria o un acto jurídico que, por regla general, se prueba mediante documentos.
Por otro lado, la prueba de los hechos jurídicos, tal como se ha adelantado, se lleva a cabo mediante una libertad probatoria y flexibilidad de los medios. En efecto, los hechos jurídicos son acontecimientos o circunstancias a los cuales el ordenamiento atribuye consecuencias jurídicas, independientemente de que hayan sido queridos con esa finalidad por quien los realiza.La posesión material de un inmueble, la ocupación de una propiedad, la ocurrencia de un accidente, la ejecución de trabajos, la existencia de daños, la entrega efectiva de una cosa y determinadas circunstancias relativas al cumplimiento o incumplimiento de una obligación pueden requerir la acreditación de hechos jurídicos.En estos supuestos adquiere especial relevancia el principio de libertad probatoria; salvo que la ley establezca una restricción particular, el hecho puede acreditarse mediante los medios idóneos disponibles, valorados conforme a las reglas aplicables.
La doctrina más depurada sobre el régimen de prueba de las obligaciones y la distinción entre actos y hechos jurídicos, permite comprender la razón de esta flexibilidad, y es que los hechos ordinariamente no se documentan de antemano con la finalidad de utilizarlos en un proceso futuro. A diferencia de los negocios jurídicos, que pueden y suelen formalizarse mediante documentos, los acontecimientos de la vida material ocurren con independencia de la eventual necesidad de demostrarlos ante un tribunal. No sería razonable, por ejemplo, exigir que cada acto de ocupación, cada daño causado, cada conversación relevante o cada modificación física de un inmueble hubiese sido documentado previamente mediante un instrumento formal. Una exigencia semejante haría prácticamente imposible la acreditación de numerosos acontecimientos jurídicamente relevantes.
Por ello, cuando lo que se pretende demostrar es un hecho jurídico, el juez debe contar con la posibilidad de examinar un conjunto plural de elementos, entre los cuales pueden figurar documentos, tales como contratos, recibos, certificaciones, comunicaciones, fotografías, actas y otros registros relacionados con el acontecimiento; informativos testimoniales, que son declaraciones de personas que percibieron directamente los hechos o que pueden aportar información relevante sobre su desarrollo; comparecencias personales de las partes, con interrogatorios o declaraciones de las partes; descensos al lugar de los hechos, que permiten al tribunal verificar directamente las condiciones materiales del lugar, las características de una ocupación o la existencia de determinadas circunstancias. También peritajes y experticias, con análisis técnicos, científicos, topográficos, contables, informáticos o caligráficos que requieran conocimientos especializados; presunciones, mediante circunstancias acreditadas que, examinadas conjuntamente y mediante un razonamiento lógico, permitan inferir la existencia de un hecho desconocido, así como registros audiovisuales y electrónicos de fotografías, vídeos, mensajes, correos electrónicos, registros de sistemas y otros datos cuya autenticidad, integridad y procedencia puedan establecerse.
Esta enumeración no implica que todos estos medios sean admisibles en cualquier controversia ni que tengan idéntico valor probatorio. Significa que la naturaleza del hecho debe orientar la selección de los instrumentos adecuados para demostrarlo. Así, si se discute la autenticidad de una firma, una experticia caligráfica puede resultar decisiva; si se controvierte la ocupación efectiva de un terreno, un descenso judicial acompañado de testimonios y levantamientos técnicos puede aportar información que ningún documento aislado ofrece; y si se debate la ejecución de una transferencia bancaria, los registros electrónicos de la operación pueden resultar más relevantes que las declaraciones generales de los interesados. La flexibilidad probatoria, por consiguiente, no equivale a ausencia de reglas. Supone adaptar los medios de demostración a la naturaleza del hecho, sin desconocer las exigencias de legalidad, pertinencia, autenticidad, contradicción y fiabilidad.
Casos con actos jurídicos y con hechos jurídicos. Visto todo lo anterior, resulta de interés resaltar que un mismo litigio puede exigir ambos regímenes: para acto y para hechos jurídicos. Es importante evitar una interpretación excesivamente rígida de la clasificación precedentemente comentada. En un mismo proceso, vale insistir, pueden concurrir actos jurídicos y hechos jurídicos, cada uno sometido a sus propias exigencias probatorias.En una demanda en cumplimiento de contrato, por ejemplo, el demandante puede necesitar demostrar documentalmente la existencia y el contenido de la convención, mientras que la entrega de la cosa, la ejecución de los trabajos, la ocurrencia de los daños o el incumplimiento material pueden acreditarse mediante una combinación de documentos, testimonios, peritajes y otros medios legalmente admisibles.
Del mismo modo, en una controversia inmobiliaria, el título puede ser determinante para establecer la titularidad de un derecho registrado, mientras que un levantamiento parcelario y las declaraciones testimoniales pueden resultar necesarios para esclarecer la ubicación de una ocupación, la identidad física del área controvertida o las circunstancias de una intervención material. En estos casos, la cuestión no consiste en elegir entre prueba escrita y libertad probatoria como si fueran categorías incompatibles, sino en determinar qué elementos de la pretensión requieren la acreditación de un acto jurídico y cuáles exigen demostrar hechos concretos relacionados con su existencia, ejecución o consecuencias. La técnica procesal comienza precisamente con esa descomposición de la controversia en hechos relevantes y con la identificación del régimen probatorio correspondiente a cada uno.
VI.- El derecho francés moderno: entre la prueba legal y la libertad probatoria
El derecho francés constituye un referente particularmente útil para el análisis de la cuestión probatoria dominicana, no solo por la influencia histórica del Código Civil francés sobre nuestro ordenamiento jurídico, sino también por la evolución experimentada por su régimen de prueba a partir de la reforma del derecho de las obligaciones introducida mediante la Ordenanza núm. 2016-131, de 10 de febrero de 2016[19]. Esta reforma reorganizó las disposiciones relativas a la prueba de las obligaciones en el Código Civil francés, actualmente contenidas en sus artículos 1353 y siguientes. En efecto, el artículo 1353 mantiene la regla tradicional de distribución de la carga de la prueba, conforme a la cual quien reclama la ejecución de una obligación debe probar su existencia, mientras que quien afirma haberse liberado de ella debe justificar el pago o el hecho que haya producido su extinción.
Por su parte, el artículo 1358 consagra la libertad de prueba como principio general, al disponer que, salvo los casos en que la ley establezca lo contrario, la prueba puede aportarse por cualquier medio. A su vez, el artículo 1359 establece determinadas exigencias de prueba escrita para los actos jurídicos cuyo importe o valor exceda el umbral fijado reglamentariamente, así como restricciones para probar contra o más allá del contenido de un documento que acredite un acto jurídico[20]. De este régimen se desprende una idea fundamental, y es que la libertad probatoria constituye la regla general, pero no elimina las restricciones legales que protegen la seguridad de los actos jurídicos. Justamente, sobre la prueba de los actos jurídicos en el Código Civil francés, resulta de interés resaltar que el artículo 1364 del Código Civil francés dispone que la prueba de un acto jurídico puede preconstituirse mediante un escrito auténtico o bajo firma privada[21].
Esta disposición expresa con claridad la utilidad preventiva de la documentación, ya que las partes pueden anticiparse a una eventual controversia y dotar al negocio jurídico de un soporte susceptible de acreditar su existencia y contenido. El artículo 1359, por su parte, exige, como hemos visto más arriba, prueba escrita para los actos jurídicos relativos a sumas o valores superiores al umbral establecido reglamentariamente y limita, en los términos que establece, la posibilidad de probar contra o más allá de un escrito mediante testimonios u otros medios. La aplicación de estas exigencias debe complementarse con las excepciones y reglas especiales previstas en el propio ordenamiento. Esta solución pone de manifiesto que la preeminencia del escrito no es un vestigio formalista desprovisto de justificación.
Lo anterior responde a la necesidad de preservar la estabilidad de las relaciones jurídicas, impedir que el contenido de los acuerdos quede sujeto exclusivamente a reconstrucciones testimoniales contradictorias y ofrecer parámetros objetivos para la solución de los conflictos. Sin embargo, la regulación francesa tampoco permite confundir la prueba del acto jurídico con la demostración de todos los acontecimientos relacionados con él. Que un contrato de compraventa deba acreditarse mediante el medio legalmente exigido no significa que la entrega del bien, su ocupación, el cumplimiento de determinadas prestaciones o los daños derivados de su ejecución deban demostrarse necesariamente por el mismo instrumento. La técnica probatoria requiere, por tanto, separar la prueba de la convención de la prueba de los hechos que la preceden, acompañan o suceden.
Por otro lado, en cuanto a la libertad de prueba de los hechos jurídicos, hay que decir que el artículo 1358 del Código Civil francés establece que, fuera de los casos en que la ley disponga lo contrario, la prueba puede aportarse por cualquier medio. Esta regla permite utilizar testimonios, documentos, indicios y otros elementos adecuados para acreditar acontecimientos o circunstancias relevantes para el litigio. La libertad probatoria se complementa con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil francés. Su artículo 9 impone a cada parte la carga de probar, conforme a la ley, los hechos necesarios para el éxito de su pretensión[22]. El artículo 10 reconoce al juez la facultad de ordenar de oficio medidas de instrucción legalmente admisibles[23], mientras que el artículo 11 establece el deber de colaboración de las partes y contempla, bajo las condiciones legales, la posibilidad de ordenar la producción de documentos en poder de una parte o de terceros[24].
Este modelo revela una distribución funcional de responsabilidades. Por un lado, a las partes corresponde alegar los hechos relevantes, aportar los elementos probatorios disponibles y solicitar oportunamente las medidas necesarias para sustentar sus pretensiones. De su lado, al juez corresponde dirigir el procedimiento probatorio dentro de sus atribuciones, resolver las controversias relativas a la admisibilidad y eficacia de los medios y, cuando legalmente proceda, ordenar medidas de instrucción. Y a los auxiliares técnicos y peritos corresponde aportar conocimientos especializados que permitan esclarecer aspectos que exceden la formación ordinaria del juzgador.
El proceso civil francés no descansa, por consiguiente, en una concepción puramente pasiva del juez ni en una investigación judicial ilimitada. Reconoce la iniciativa de las partes, pero admite facultades de instrucción destinadas a esclarecer los hechos relevantes, preservando las garantías de contradicción y defensa[25]. Este planteamiento ofrece una enseñanza importante para el proceso dominicano, y es que la actividad probatoria debe organizarse de manera que la distribución de la carga de la prueba no se convierta en un obstáculo irrazonable para esclarecer hechos decisivos, especialmente cuando determinados elementos se encuentran bajo el control exclusivo de la contraparte o de terceros. Teniendo en cuanta que, en todo caso, la Ley 834, que modifica nuestro Código de Procedimiento Civil, prevé la producción forzosa de documentos, bajo astreinte, tanto respecto de la contraparte como en relación de terceros, en su artículo 55 y siguientes.
En lo que tiene que ver con el derecho a la prueba y la evolución jurisprudencial francesa, resulta de interés resaltar que uno de los desarrollos más significativos del derecho francés contemporáneo se refiere a la relación entre el derecho a la prueba, la lealtad procesal y la protección de los derechos fundamentales.Así,en su sentencia de Asamblea Plenaria de 22 de diciembre de 2023, dictada en el asunto núm. 20-20.648, la Cour de cassation estableció que la ilicitud o deslealtad en la obtención de un medio de prueba no conduce necesariamente a excluirlo del proceso civil. Cuando se plantea el conflicto, el juez debe ponderar los derechos e intereses contrapuestos y examinar si la utilización del elemento resulta indispensable para ejercer el derecho a la prueba y si la afectación de los derechos de la contraparte es estrictamente proporcionada al objetivo perseguido.
Esta decisión representa una evolución importante. La cuestión deja de resolverse mediante una exclusión automática basada exclusivamente en el modo de obtención y exige un examen concreto de la equidad del procedimiento en su conjunto. No significa que cualquier prueba obtenida ilícitamente deba admitirse, ni que el derecho a la prueba justifique la vulneración indiscriminada de la intimidad, el secreto profesional o los derechos de terceros. La solución exige ponderación judicial, indispensabilidad y proporcionalidad. Y hay que destacar que la relevancia constitucional de esta orientación es evidente, ya que el derecho a la prueba forma parte de las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos sustantivos[26], pero su ejercicio debe armonizarse con los demás derechos fundamentales[27].
Conviene precisar, sin embargo, que esta doctrina francesa no puede trasladarse automáticamente al proceso dominicano como si constituyera una regla jurisprudencial vinculante para nuestros tribunales. Su valor comparativo consiste en ofrecer criterios argumentativos para resolver tensiones entre la eficacia probatoria, la tutela judicial efectiva y la protección de otros derechos, siempre dentro del marco de la Constitución y de la legislación dominicanas.
VII.- La prueba en el proceso civil dominicano: tradición civilista y lectura constitucional
El derecho dominicano conserva la estructura clásica de la prueba civil de origen francés, particularmente visible en el artículo 1315 del Código Civil y en las disposiciones relativas a la prueba literal, testimonial, las presunciones y los demás medios previstos legalmente. El punto de partida es inequívoco: quien reclama una obligación debe probarla, y quien afirma haberse liberado debe acreditar el hecho extintivo correspondiente. Pero esta distribución de la carga probatoria no puede analizarse aisladamente de las normas que regulan los medios de prueba ni de las garantías constitucionales que disciplinan su utilización.
Así, sobre la carga de la prueba, el riesgo de la incertidumbre y el deber de argumentación, ha de precisarse que la carga de la prueba constituye, ante todo, una regla que permite determinar quién soporta las consecuencias de que un hecho relevante permanezca sin demostrar al momento de decidir.No se trata, necesariamente, de una obligación coercible de probar, sino de una carga procesal cuyo incumplimiento puede perjudicar a quien tenía interés en acreditar el hecho.Si el demandante reclama el cumplimiento de una obligación y no consigue demostrar sus elementos constitutivos, la incertidumbre puede conducir al rechazo de su pretensión. Si el demandado sostiene que pagó, compensó o extinguió la obligación por otro medio, deberá acreditar el hecho en que fundamenta esa defensa, conforme al artículo 1315 y a las reglas especiales que resulten aplicables.
La aplicación de esta disposición exige identificar con precisión los hechos constitutivos de la pretensión y los hechos impeditivos, modificativos o extintivos invocados por la contraparte. Una distribución incorrecta de la carga probatoria puede conducir a una decisión jurídicamente desacertada, incluso cuando el tribunal haya identificado correctamente las normas sustantivas aplicables[28]. En ese sentido, el artículo 1315 debe interpretarse como una regla de atribución del riesgo probatorio, no como una autorización para que el juez resuelva mecánicamente toda controversia sin examinar el material aportado ni las reglas especiales que puedan modificar la distribución ordinaria de la carga.
En cuanto a la legalidad, pertinencia y contradicción de la prueba, es importante comentar que el principio de legalidad probatoria exige que los medios empleados para demostrar los hechos se ajusten al ordenamiento jurídico. No todo elemento que pueda aportar información es necesariamente admisible, ni todo medio admitido posee, por esa sola circunstancia, suficiente fuerza para demostrar el hecho controvertido. La propia Constitución establece, en su artículo 69.8, que es nula toda prueba obtenida en violación a la ley, o sea, se trata de un principio de raigambre constitucional.
La pertinencia de la prueba supone una relación racional entre el medio ofrecido y los hechos que deben establecerse. La utilidad exige que su práctica pueda contribuir efectivamente al esclarecimiento del litigio[29]. La autenticidad, cuando resulte relevante, obliga a examinar la procedencia e integridad del elemento[30]. Y la contradicción requiere que la parte contra quien se invoca tenga una oportunidad efectiva de conocerlo y cuestionarlo. Estas exigencias se integran con el derecho de defensa reconocido en el artículo 69 de la Constitución dominicana. Como puede verse, la prueba no debe convertirse en un instrumento de sorpresa procesal ni puede valorarse de manera decisiva sin respetar las oportunidades de contradicción que correspondan.
La observancia de estas garantías es especialmente importante en los procesos en los que se presentan documentos tardíos, grabaciones, comunicaciones electrónicas, informes técnicos o piezas cuya autenticidad se cuestiona. El tribunal debe determinar, conforme a la normativa aplicable, si el elemento puede incorporarse al debate, qué objeciones suscita y cuál es su verdadera eficacia demostrativa. Y, en ese orden, sobre la motivación judicial como garantía de racionalidad probatoria, cabe destacar que la valoración de la prueba constituye una de las manifestaciones más delicadas de la función jurisdiccional, y es que el juez no se limita a enumerar los documentos depositados ni a reproducir las declaraciones de los testigos, debe explicar qué hechos considera acreditados, cuáles estima no demostrados y qué razonamiento lo conduce a esa conclusión. En palabras de nuestro Tribunal Constitucional: una debida motivación.
La debida motivación probatoria. La motivación debe permitir que las partes comprendan por qué prospera o fracasa una pretensión y que el órgano de revisión pueda controlar la corrección jurídica del razonamiento. No basta, por ejemplo, con afirmar que un documento acredita la propiedad, que un testimonio resulta creíble o que un informe pericial es concluyente. Es necesario precisar qué aspecto acredita el documento, por qué el testimonio merece credibilidad en relación con el punto controvertido y de qué manera la metodología y las conclusiones del peritaje se relacionan con los demás elementos del expediente. Siendo que la motivación probatoria cumple una función de transparencia, control y legitimación de la decisión judicial. Constituye una garantía frente a la arbitrariedad y una condición de la tutela judicial efectiva, pues permite verificar que el fallo se sustenta en razones jurídicas y probatorias susceptibles de examen.
VIII.- Las nuevas tecnologías y la transformación de la prueba civil
El desarrollo tecnológico ha modificado profundamente la manera en que se producen, conservan y transmiten los elementos de prueba. En la actualidad, una parte importante de las relaciones jurídicas se desarrolla mediante plataformas digitales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, firmas electrónicas, sistemas bancarios informatizados y bases de datos. Esta transformación, hay que reconocer, obliga a reconsiderar la noción tradicional de documento, sin abandonar las exigencias de autenticidad, integridad, fiabilidad y contradicción que garantizan su eficacia procesal.
Así, respecto del documento electrónico y su fuerza probatoria, ha de resaltarse que, en nuestro país, la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales reconoce, en su artículo 9, la admisibilidad de los documentos digitales y mensajes de datos como medios de prueba, atribuyéndoles la fuerza probatoria correspondiente a los actos bajo firma privada. Su artículo 10 establece criterios para valorar esa fuerza probatoria, entre ellos la confiabilidad de la forma en que la información fue generada, archivada o comunicada, la integridad de su conservación y la identificación de su creador o iniciador. La tendencia, hay que estar claro en eso, es la justicia digital[31]. Justamente, la reciente reforma a la Ley núm. 339-22, sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial de la República Dominicana, mediante la Ley núm. 87-26, prevé, entre otras cosas, que las sentencias con firmas digitales valen para fines de ejecución, sin necesidad de ninguna otra certificación.
O sea, ya no es necesaria la tradicional certificación secretarial para poder ejecutar una sentencia. Además de que los documentos que se vienen valorando para decidir los casos en sede judicial son los digitalizados y subidos por las partes en la plataforma de Acceso Digital del Poder Judicial. La justicia digital, más que el futuro, es ya el presente. Igual que la inteligencia artificial, esta ya se ha venido implementando en el Poder Judicial de otros países y la gestión judicial que ha iniciado formalmente en el mes de noviembre del presente año 2026, a cargo del magistrado Justiniano Montero, dentro de sus ejes de gestión, figura la implementación de la inteligencia artificial para su uso ético en el Poder Judicial dominicano.
En el marco de la justicia digital, sería deseable que la plataforma del Poder Judicial (Acceso Digital) fuera objeto de una revisión tecnológica que permita a los usuarios reutilizar, en distintos procesos judiciales, los documentos que ya han sido depositados en otros expedientes, mediante un mecanismo que posibilite vincular una misma pieza documental a más de un expediente, sin necesidad de proceder a su desglose y posterior depósito. Y es que no parece razonable que, en plena era de transformación digital, las partes deban reproducir innecesariamente operaciones materiales para incorporar a un nuevo proceso documentos que ya se encuentran bajo custodia del sistema judicial.
Una vez depositados digitalmente, estos deberían integrar un repositorio documental que permita a su titular disponer de ellos para otros procesos, con las debidas garantías de autenticidad, integridad, confidencialidad y control de acceso, así como con una trazabilidad que registre cada consulta, utilización y vinculación procesal. De esta manera, se contribuiría a optimizar la producción documental, reducir actuaciones procesales redundantes y favorecer la economía y eficiencia del sistema de justicia. Esta propuesta guarda correspondencia con el enfoque de transformación institucional que ha anunciado la actual gestión del Poder Judicial, iniciada en noviembre de 2026, en cuanto a concebir la digitalización no como un mecanismo de imposición o sustitución absoluta de la presencialidad, sino como una herramienta al servicio de los usuarios, orientada a agilizar los procedimientos y facilitar el acceso a la justicia, sin excluir a quienes, por carecer de los medios o las condiciones necesarias para desenvolverse en entornos digitales, prefieran continuar realizando sus actuaciones de manera presencial.
En Francia, los artículos 1365[32] y 1366[33] del Código Civil reconocen una concepción tecnológicamente neutral del escrito y atribuyen al escrito electrónico la misma fuerza probatoria que al escrito en papel, siempre que pueda identificarse debidamente a su autor y que su elaboración y conservación garanticen su integridad. El artículo 1367[34] regula, además, la firma electrónica y las condiciones de fiabilidad de los procedimientos de identificación. Ambos ordenamientos muestran una orientación convergente, y es que el soporte tecnológico no debe constituir, por sí solo, una razón para negar eficacia probatoria a una información jurídicamente relevante.
Sin embargo, la equivalencia probatoria entre soportes no significa que todo archivo electrónico posea automáticamente la misma fuerza que un documento auténtico o que cualquier mensaje de una aplicación pueda considerarse concluyente. Un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, una fotografía digital o una captura de pantalla pueden ser relevantes, pero su valoración exige examinar, según las circunstancias, la identidad de quien aparece como autor o emisor, la integridad del contenido y la posibilidad de alteraciones, la fecha, el contexto y la continuidad de la comunicación, la correspondencia entre el archivo aportado y la fuente de la cual procede, la existencia de elementos externos que corroboren su autenticidad y las posibilidades de contradicción y verificación técnica por la contraparte.
Una captura de pantalla, por ejemplo, puede mostrar el contenido aparente de una conversación por WhatsApp, pero no necesariamente permite establecer, por sí sola, que el interlocutor identificado fue efectivamente quien escribió los mensajes, que el contenido está completo o que no ha sido manipulado. Cuando exista una impugnación fundada, puede resultar necesario aportar el dispositivo original, los archivos de origen, los registros disponibles o una experticia tecnológica. La solución dependerá de la naturaleza de la controversia y de las exigencias legales aplicables. Por lo pronto, aplicando las reglas generales que gobiernan la cuestión probatoria en el derecho dominicano, de marcada raigambre francesa, si una captura de pantalla no ha sido objeto de cuestionamientos por la parte a quien se le opone, como “hecho no controvertido” que sería, se daría como válida dicha pieza en el contexto de la justicia probatoria.
Al respecto, ha sido juzgado por los tribunales de la República: “Resulta de interés destacar, en el ámbito probatorio, que ni el tribunal a-quo ni esta alzada han forjado su convicción única y exclusivamente con base en capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, sino que, más bien, judicialmente se han visto tales documentos como principios de prueba que, como tales, deben corroborarse por otros medios[35]. Y, justamente, se han robustecido, como se ha visto, con comparecencias, fotos, etc. (…) En todo caso, no es ocioso precisar que, conforme a la mejor doctrina, las conversaciones por WhatsApp pueden ser incorporadas a los procesos, equiparándose con los documentos públicos y privados tradicionales. Y, si no son contradichos, la información que contenga se da como válida en el juicio[36]. Justamente, el expediente pone de relieve que la crítica de la parte recurrente a tales medios de conversaciones por WhatsApp consistía, concretamente, en que, en el estricto plano formal, no fueron sometidos a experticia alguna, pero sin contradecir la información en ellas contenidas, propiamente. Y resulta que, como se ha visto, la experticia no es un presupuesto de validez para la información que, en sí, no se ha contradicho”[37].
Como puede advertirse, en el caso concreto, el tribunal, aun cuando tuvo ante sí el cuestionamiento relativo a la ausencia de una experticia caligráfica o informática de las conversaciones de WhatsApp incorporadas al proceso, interpretó que tal circunstancia, por sí sola, no despojaba de eficacia probatoria a dichos elementos, especialmente cuando su contenido no había sido materialmente contradicho y, además, encontraba corroboración en otros medios de prueba legítimamente incorporados al debate. Tal criterio encuentra sustento en los principios constitucionales de razonabilidad, efectividad de la tutela judicial, libertad probatoria y valoración racional de la prueba, así como en las exigencias de contradicción, igualdad procesal y proscripción del formalismo excesivo. En efecto, el debido proceso no puede convertirse en un obstáculo ritual para el esclarecimiento de los hechos, ni la seguridad jurídica puede confundirse con la imposición de solemnidades que no resulten legalmente exigibles ni constitucionalmente justificadas.
En definitiva, la actividad probatoria tiene como finalidad proporcionar al juzgador elementos objetivos y racionalmente verificables que le permitan reconstruir los hechos controvertidos y alcanzar, dentro de los límites del proceso y con pleno respeto de las garantías de las partes, la verdad jurídicamente relevante sobre la cual habrá de aplicar el derecho. De ahí que la valoración de los medios digitales no deba quedar supeditada, de manera automática, a la realización de una experticia, sino a la apreciación conjunta de su autenticidad, integridad, fiabilidad, coherencia y correspondencia con los restantes elementos probatorios. A contrario sensu, pudiera alegarse que admitir conversaciones digitales sin una experticia técnica compromete su autenticidad y abre la posibilidad de manipulación, alteración o atribución indebida de autoría. Se trata, ciertamente, de una objeción atendible, pues la naturaleza electrónica de estos medios impone cautelas particulares en su valoración. Sin embargo, de ello no se sigue que la experticia constituya, en todos los casos y bajo cualquier circunstancia, un requisito ineludible de admisibilidad o eficacia probatoria. Una cosa es reconocer la posibilidad de manipulación de un documento electrónico y otra, muy distinta, presumir su falsedad por la sola ausencia de un examen pericial.
Si, como ha sostenido la doctrina constitucional, los órganos jurisdiccionales deben decantarse por la interpretación que resulte más conforme con la Constitución, la solución constitucionalmente adecuada consiste en reconocer que la ausencia de experticia no invalida automáticamente las conversaciones digitales, siempre que su autenticidad o contenido no hayan sido objeto de una impugnación concreta y fundada, que existan elementos de corroboración suficientes y que su valoración se produzca de manera motivada, contradictoria y conjunta con el acervo probatorio. En pocas palabras, la Constitución no exige una ritualidad probatoria uniforme, sino garantías efectivas de autenticidad, contradicción y valoración racional. La prueba digital no puede ser excluida por el solo hecho de ser digital, ni aceptada acríticamente por el solo hecho de haber sido aportada al proceso.
Todo ello permite formular la siguiente regla jurídica probatoria: la ausencia de experticia técnica o caligráfica sobre conversaciones de WhatsApp no determina, por sí sola, su inadmisibilidad ni su ineficacia probatoria; por consiguiente, cuando su contenido no haya sido objeto de una impugnación específica y razonablemente sustentada, y encuentre corroboración en otros elementos de prueba legítimamente incorporados al proceso, el juzgador podrá atribuirles valor probatorio, siempre que, mediante una motivación suficiente, justifique su fiabilidad, su correspondencia con el conjunto probatorio y el respeto de las garantías del debido proceso.
Todo lo anterior, teniendo muy presente el fino abordaje jurídico-probatorio realizado por el tribunal, al distinguir entre el cuestionamiento relativo a la ausencia de una experticia técnica practicada a las capturas de pantalla de las conversaciones sostenidas por WhatsApp y la efectiva contradicción del contenido de la información que estas reflejaban. Es decir, la parte recurrente circunscribió su objeción al plano estrictamente formal, sosteniendo que dichos elementos carecían de eficacia probatoria por no haber sido sometidos a un examen pericial que acreditara su autenticidad, integridad o procedencia; sin embargo, al hacerlo, no controvirtió concretamente la veracidad de las comunicaciones, ni identificó alteraciones, manipulaciones, falsedades o inconsistencias específicas que pusieran razonablemente en entredicho la información en ellas contenida.
Precisamente, esa distinción resultó determinante, porque el tribunal no confundió la ausencia de una diligencia técnica con la demostración de una irregularidad material en el documento, ni convirtió la experticia en una solemnidad probatoria indispensable para reconocer eficacia a toda comunicación electrónica. Por el contrario, atendió al contexto fáctico-probatorio en su conjunto, constatando que aquellas conversaciones no constituían el fundamento exclusivo de su convicción, sino que operaban como elementos de corroboración, reforzados por otros medios de prueba legítimamente incorporados al proceso. Por eso, la regla jurídico-probatoria previamente desprendida de este caso debe aplicarse en contextos en los que, como el examinado, la objeción se limite a la ausencia de experticia, sin que exista una impugnación concreta y fundada de la autenticidad, integridad o veracidad del contenido, y siempre que los documentos digitales encuentren respaldo en otros elementos probatorios y su valoración se produzca con pleno respeto del contradictorio y mediante motivación racional.
En suma, no debe confundirse la falta de una experticia con la falta de autenticidad[38], ni la ausencia de una formalidad técnica con la inexistencia de valor probatorio[39]. La exigencia constitucional no consiste en someter indiscriminadamente todo documento digital a una comprobación pericial, sino en garantizar que su incorporación, contradicción y valoración respondan a criterios de fiabilidad, razonabilidad y suficiencia probatoria. Lo contrario supondría sacrificar injustificadamente la verdad jurídicamente relevante en favor de un formalismo que, lejos de proteger el debido proceso, podría obstaculizar la efectividad de la tutela judicial y la correcta aplicación del derecho.
En otro orden, sobre la firma electrónica y la contratación digital, ha de resaltarse que la contratación electrónica demuestra de manera particularmente clara la necesidad de adaptar las categorías tradicionales de la prueba a las nuevas formas de manifestación de voluntad.Un contrato puede celebrarse sin que las partes coincidan físicamente ni estampen una firma manuscrita sobre un mismo soporte. La voluntad contractual puede exteriorizarse mediante mecanismos electrónicos cuya eficacia dependerá de las normas que regulen el negocio y de la fiabilidad del procedimiento utilizado.
En este contexto, el análisis probatorio debe diferenciar tres cuestiones, que son: 1.- La existencia del documento: si el archivo que contiene las condiciones contractuales ha sido efectivamente generado y conservado, 2.- La atribución de autoría: si existen elementos fiables para vincular el documento con la persona a quien se atribuye y 3.- La manifestación del consentimiento: si el procedimiento empleado permite establecer que esa persona aceptó las obligaciones contenidas en el documento. Estas cuestiones no son equivalentes. La existencia de un archivo no demuestra necesariamente el consentimiento de una persona, del mismo modo que la identificación de un usuario no demuestra, por sí sola, que haya aceptado todas las cláusulas que se le atribuyen.
La prueba electrónica exige, por tanto, examinar el funcionamiento del mecanismo de contratación, los registros de aceptación, la identificación del usuario y las condiciones de integridad y conservación de la información. Y en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, contenido sintético y prueba digital, conviene resaltar que la inteligencia artificial introduce nuevos desafíos. Hoy es técnicamente posible generar imágenes, vídeos, voces y documentos sintéticos que reproduzcan, con distintos grados de realismo, elementos aparentemente auténticos.
Esta circunstancia obliga a distinguir entre la apariencia visual o sonora de una prueba y su autenticidad verificable. Un vídeo no debe considerarse auténtico únicamente porque parezca real; una grabación de voz no acredita automáticamente la identidad de quien habla, y un documento producido mediante una herramienta de inteligencia artificial no demuestra que el acontecimiento que describe haya ocurrido. Cuando existan dudas razonables, pueden resultar pertinentes el examen de los metadatos, la verificación de la fuente original, la comprobación de la continuidad del archivo, el análisis de posibles alteraciones y la intervención de especialistas en informática forense.
También es necesario reconocer que estas técnicas tienen limitaciones, y es que los metadatos pueden modificarse, algunos archivos pierden información durante su transmisión y los detectores automáticos de contenido sintético no son infalibles. Por ello, la autenticidad debe establecerse mediante una evaluación conjunta de las características técnicas del archivo, su procedencia, el contexto en que se produjo y los restantes elementos probatorios. La inteligencia artificial puede auxiliar en la clasificación de documentos, la detección de inconsistencias o el análisis preliminar de grandes volúmenes de información. Sin embargo, sus resultados no sustituyen la prueba del hecho controvertido ni liberan al juez de su deber de motivar la decisión. La tecnología debe servir a la justicia, no reemplazar el razonamiento judicial ni crear presunciones de veracidad carentes de fundamento legal.
IX.- La prueba pericial, la inspección judicial y el deber de esclarecimiento
La evolución tecnológica no disminuye la importancia de los medios tradicionales de prueba. Por el contrario, en numerosas controversias, su combinación con herramientas modernas resulta indispensable. En efecto, la prueba documental puede demostrar la existencia de una relación jurídica, pero no siempre permite esclarecer la realidad material de los acontecimientos. El testimonio puede aportar información sobre lo percibido por una persona, pero quizá no resulte suficiente para determinar una cuestión científica o técnica. El peritaje puede explicar una circunstancia especializada, pero tampoco sustituye al juez en la decisión sobre las consecuencias jurídicas de los hechos. De ahí la importancia de utilizar los medios de prueba de forma complementaria.
La comparecencia personal y la prueba testimonial. La comparecencia de las partes puede contribuir a esclarecer contradicciones, precisar las circunstancias de una operación o identificar hechos que requieren explicación. Incluso, no es ocioso recordar que, distinto a lo penal -que no hay autoincriminación-, en materia civil: a confesión de parte, relevo de prueba. Y, como enseña el profesor Froilán (hijo), la confesión, como prueba perfecta que es, no siempre surge espontáneamente, sino producto de una comparecencia personal, basado en un interrogatorio bien estructurado. La prueba testimonial, por su parte, permite reconstruir acontecimientos mediante las declaraciones de quienes tuvieron conocimiento de ellos.
No obstante, el testimonio debe examinarse atendiendo a la fuente de conocimiento, la coherencia interna, la precisión de las declaraciones, su correspondencia con otros elementos y las circunstancias que puedan afectar su credibilidad. La inmediación judicial puede favorecer esa evaluación, pero no autoriza a fundar la decisión exclusivamente en impresiones subjetivas sobre la conducta del declarante. La credibilidad debe justificarse mediante razones susceptibles de control, visto todo de manera conjunta y armónica; es decir, no solamente fallar en función de un testimonio, sino corroborar dicho testimonio con una foto, una experticia, otros testimonios, etc. Y esto ocurre, básicamente, en materia de hechos jurídicos que, como hemos visto más arriba, se prueban por todos los medios; y en ese ámbito es que adquieren relevancia los informativos, las comparecencias, etc. Lo que versa sobre actos jurídicos (contrato, factura, pagaré, etc.), por regla general, se prueba por escrito.
En otro orden, respecto la inspección de lugares (o descensos al lugar de los hechos), importa destacar que dicha medida adquiere especial relevancia cuando el litigio se relaciona con circunstancias materiales que pueden verificarse directamente.En materia inmobiliaria, por ejemplo, un descenso puede permitir observar la ocupación efectiva de un terreno, la existencia de construcciones, los accesos, los linderos aparentes o las condiciones físicas del área controvertida. En materia civil, propiamente, permite advertir si, ciertamente, el inmueble alquilado ha sido usado para un fin distinto al previsto contractualmente, etc. La inspección proporciona información directa; el peritaje permite interpretarla desde una perspectiva especializada; y la documentación registral aporta los elementos jurídicos que correspondan. La decisión debe resultar de su valoración conjunta, sin atribuir a ninguno de estos medios un alcance que legalmente no posee.
Las experticias caligráficas, informáticas y técnicas. Las experticias son especialmente útiles cuando la controversia requiere conocimientos que el juez no está llamado a suplir mediante intuiciones personales.Una experticia caligráfica puede contribuir a determinar si una firma presenta características compatibles con la escritura de una persona. Una experticia informática puede examinar la integridad de un archivo digital. Un levantamiento parcelario (deslinde, subdivisión, etc.) a cargo de un agrimensor puede esclarecer la correspondencia entre un área física y su representación técnica. No obstante, el informe pericial no es una sentencia anticipada. Su valor depende de la idoneidad del especialista, la suficiencia de los materiales examinados, la metodología empleada, la claridad de las conclusiones y la posibilidad de someterlas a contradicción.El juez, hay que decir, conserva la responsabilidad de apreciar el informe junto con los demás elementos de prueba y de explicar por qué lo acepta o se aparta de él.
X.- La prueba ilícita, el derecho de defensa y la protección de los derechos fundamentales
La búsqueda de la verdad procesal no puede justificar cualquier método de obtención de información. El derecho a la prueba debe armonizarse con la intimidad, el secreto profesional, la protección de datos, la inviolabilidad de las comunicaciones y los demás derechos que puedan resultar afectados. En este ámbito, resulta útil la evolución jurisprudencial francesa antes examinada, pero su recepción en el derecho dominicano debe realizarse con cautela. En efecto, la admisibilidad de una prueba obtenida mediante una actuación cuestionable no puede decidirse mediante una regla abstracta que ignore las circunstancias concretas. Es necesario identificar la naturaleza de la irregularidad, el derecho afectado, la relevancia del elemento, las alternativas probatorias disponibles y las consecuencias que su utilización tendría para la equidad del proceso.
En el ordenamiento dominicano, este examen debe realizarse conforme a la Constitución y a la legislación aplicable, sin trasladar automáticamente criterios extranjeros ni convertir la necesidad de probar en una autorización general para vulnerar derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, pueden formularse cuatro criterios orientadores, que son: 1.- Legalidad, en el sentido de determinar si la obtención, incorporación y utilización de la prueba respetan las normas aplicables, 2.- Necesidad, en el orden de establecer si el elemento es realmente relevante para esclarecer un hecho decisivo y si existen medios alternativos menos lesivos, 3.- Proporcionalidad, que implica valorar la intensidad de la afectación de los derechos contrapuestos frente a la finalidad probatoria perseguida y 4.- Contradicción, que supone garantizar que la contraparte pueda conocer el elemento, impugnarlo y discutir su autenticidad y alcance.
Estos criterios no reemplazan las reglas legales de exclusión que resulten aplicables. Sirven para orientar el análisis constitucional allí donde el ordenamiento permita una ponderación judicial. Y es que la tutela judicial efectiva no protege exclusivamente a quien pretende aportar una prueba. También protege a quien se opone a ella por razones legítimas y tiene derecho a que su utilización no se convierta en una fuente de indefensión.
XI.- Una metodología práctica para saber probar en el proceso civil
De las consideraciones anteriores se desprende una metodología que puede ser útil para abogados, jueces y demás operadores jurídicos. Antes de presentar una prueba o decidir sobre su admisión, conviene recorrer ordenadamente las siguientes etapas. Primero, Identificar el hecho controvertido, esto es, precisar qué acontecimiento, circunstancia, obligación o situación necesita demostrarse, evitando afirmaciones genéricas. Segundo, determinar quién soporta la carga probatoria, aplicando el artículo 1315 del Código Civil y las reglas especiales pertinentes e identificando los hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos. Tercero, distinguir el acto jurídico del hecho jurídico, para a partir de ello precisar el método de valoración probatoria aplicable, si la axiología legal o prueba tasada o la axiología racional o prueba libre. Cuarto, seleccionar los medios idóneos, en el sentido de elegir documentos, testimonios, comparecencias, inspecciones, peritajes, indicios o registros digitales según la naturaleza del hecho y las exigencias legales.
Igualmente, quinto, verificar legalidad, autenticidad y fiabilidad, en el orden de examinar la procedencia de los elementos, su integridad, la regularidad de su obtención y las posibles objeciones de admisibilidad. Sexto, garantizar la contradicción, permitiendo que las partes conozcan, cuestionen y controviertan los medios de prueba en las condiciones y oportunidades establecidas por la ley. Séptimo, valorar el conjunto probatorio, examinando las convergencias, contradicciones y limitaciones de cada elemento, evitando conclusiones automáticas o aisladas. Y, octavo, motivar la conclusión judicial, explicando cuáles hechos se consideran probados, cuáles no y cómo esa conclusión conduce a la solución jurídica del litigio.
Esta metodología permite comprender que la actividad probatoria no consiste en acumular documentos indiscriminadamente. La eficacia de la prueba depende de su adecuación al hecho o al acto jurídico que se pretende demostrar, de su regular incorporación al proceso y de su capacidad para sustentar una conclusión racional. Pero todo lo anterior debe estar necesariamente acompañado de una adecuada argumentación jurídica; y es que, como ha afirmado, con sobrado acierto, VIGO, no basta con tener la mejor razón para que esta triunfe; hay que saber expresarla, ¿cómo? Argumentando. De suerte que todo el acervo probatorio ofrecido debe presentarse acompañado de una argumentación que, con rigor jurídico, explique su pertinencia, conducencia, utilidad y fuerza demostrativa, estableciendo con claridad qué hecho pretende acreditarse, mediante qué elemento y por qué de este puede inferirse racionalmente su existencia.
Esto supone superar la simple enumeración o depósito de medios probatorios y construir un verdadero razonamiento probatorio, que conecte los elementos aportados con los hechos controvertidos, anticipe y responda las posibles objeciones y permita al juzgador comprender la relevancia de cada prueba dentro del conjunto. Solamente así, la actividad probatoria y la argumentación jurídica se integran en una misma operación racional, orientada a proporcionar al tribunal fundamentos verificables para establecer los hechos, alcanzar la verdad jurídicamente relevante y aplicar correctamente el derecho, con pleno respeto de la contradicción, la igualdad procesal, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
XII.- Consideraciones finales: probar es convertir una afirmación en una conclusión jurídicamente justificable
La comparación entre el derecho francés moderno y el dominicano permite advertir que la ciencia probatoria se encuentra en una posición de equilibrio entre dos exigencias que no deben sacrificarse mutuamente, que son la seguridad jurídica de los actos y la necesidad de esclarecer los hechos relevantes para la decisión. El sistema de la prueba legal o tasada conserva una función indispensable cuando el ordenamiento exige determinadas formas de acreditación de los actos jurídicos. La documentación escrita, en particular, permite preservar el contenido de las convenciones, identificar a sus autores y reducir la incertidumbre en torno a las obligaciones asumidas.
Pero el proceso civil no puede quedar prisionero de un formalismo que desconozca la naturaleza de los acontecimientos sometidos a juicio. Los hechos jurídicos requieren, ordinariamente, una aproximación más flexible, capaz de integrar documentos, testimonios, comparecencias, experticias, presunciones y medios electrónicos. La experiencia francesa demuestra, además, que el derecho a la prueba continúa evolucionando, especialmente frente a las tensiones entre la eficacia probatoria, la lealtad procesal y la protección de los derechos fundamentales. La legislación dominicana sobre documentos y firmas digitales confirma que las nuevas tecnologías deben incorporarse a la práctica judicial mediante criterios de autenticidad, integridad y fiabilidad, sin confundir el soporte electrónico con la demostración automática de la verdad de su contenido.
En definitiva, el artículo 1315 del Código Civil dominicano conserva plena relevancia como punto de partida, pero su aplicación exige una técnica probatoria rigurosa, una comprensión adecuada de la naturaleza de los hechos y una lectura constitucional del proceso. Y es que la tutela judicial efectiva no se satisface con permitir que una persona presente una demanda; exige que tenga una oportunidad real de sustentarla conforme a la ley y, a su vez, que el demandado pueda defenderse con las garantías mínimas previstas. El debido proceso no se agota en la celebración de audiencias, requiere que las pruebas puedan ser conocidas, discutidas y valoradas racionalmente. Y la seguridad jurídica no depende únicamente de la existencia de normas claras, sino también de que los tribunales determinen los hechos relevantes mediante procedimientos confiables y decisiones debidamente motivadas.
Por todo lo anterior, saber probar constituye una competencia jurídica tan importante como saber interpretar el derecho. El abogado debe comprender que una pretensión bien formulada puede fracasar por insuficiencia probatoria; el juez debe reconocer que la aplicación correcta del derecho presupone una reconstrucción razonada de los hechos; y el legislador debe procurar que las reglas probatorias respondan a las transformaciones sociales y tecnológicas sin debilitar las garantías fundamentales. La máxima de que “alegar no es probar” debe entenderse, entonces, como una invitación a ejercer el derecho con rigor, previsión y responsabilidad.
No basta con afirmar que un derecho existe, es necesario identificar el régimen probatorio que lo gobierna, seleccionar los medios idóneos para demostrarlo y someterlos a un debate respetuoso de las garantías procesales. Justamente, en un Estado constitucional de derecho, la prueba es el puente entre la afirmación de un derecho y su reconocimiento jurisdiccional. Su correcta administración permite que la decisión judicial no sea el resultado de una mera convicción subjetiva, sino la conclusión jurídicamente fundada de un procedimiento en el que las partes hayan tenido una oportunidad efectiva de defender sus intereses.
En definitiva, la prueba es al proceso lo que los cimientos son al edificio, porque constituye el soporte fáctico sobre el cual descansa la decisión jurisdiccional y del que depende, en buena medida, su legitimidad. Dicho de otro modo, y más contundentemente, sin prueba suficiente, lícita y regularmente incorporada al contradictorio, la decisión judicial corre el riesgo de convertirse en una mera afirmación de autoridad, antes que en una expresión razonada de justicia. Un poeta, desde la sensibilidad de sus versos, diría: «La verdad necesita luz para hacerse visible». Un jurista, desde la razón del derecho y el ideal de justicia, afirmaría: «La justicia necesita de la prueba para transformar las afirmaciones en hechos jurídicamente acreditados y convertir el derecho invocado en una tutela jurisdiccional legítima».
[1] “En general, dícese de todo aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de lo conocido hacia lo desconocido” (COUTURE, Eduardo J. Vocabulario jurídico, 4ta. edición, p. 609).
[2] Si la función de la prueba es la de producir la convicción psicológica del juzgador en torno a la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado, apreciar la prueba procesal no puede querer decir sino expresar el resultado psicológico de las operaciones probatorias: exteriorizar la convicción del juez tal como esta surge al finalizar los actos de prueba” (GUASP, Jaime. Derecho procesal civil, tomo I, p. 338.
[3] El artículo 1347 del Código Civil precisa que para que exista un principio de prueba por escrito es necesario: a) que se trate de un escrito, b) que emane de aquel a quien se le opone o de quien lo representa y c) que haga verosímil el hecho alegado. En concreto, es un elemento de convicción que, por sí solo, no persuade, sino que debe corroborarse por otros medios. La jurisprudencia ha ido identificando documentos que pueden fungir como principio de prueba en el proceso civil, a saber: “Las fotocopias constituyen un principio de prueba por escrito si no muestran signos de alteración” (SCJ, 3ra. Sala, 17 de octubre de 2012, núm. 35, B.J. 1223, pp. 1747-1761); “Los recibos de pago hechos por una sociedad vendedora de vehículos y su presidente constituyen un principio de prueba por escrito de la existencia de un contrato verbal de venta de vehículo” (SCJ, 1ra. Sala, 13 de abril de 2011, núm. 9, B.J. 1205, pp. 140-148); “Los cheques con que se pagó parte del precio de venta de un inmueble constituyen un principio de prueba de la existencia de un contrato verbal de venta de inmueble” (SCJ, 1ra. Sala, 14 de enero de 2015, núm. 3, B.J.1250, pp.82-91); “Un correo electrónico puede constituir un principio de prueba por escrito” (SCJ, 1ra. Sala, 31 de octubre de 2018, núm. 63, B.J. 1295, pp. 815.823); “Las fotografías no constituyen por sí solas un medio de prueba; solo pueden ser aceptadas de manera complementaria a otra u otras pruebas que sirvan de orientación al juez, quien, valorando el conjunto de pruebas producidas, podría dar por probado el hecho alegado” (SCJ, 1ra. Sala, 14 de diciembre de 2021, núm. 81, B.J. 1333, pp. 714-722). De su lado, Juan Manuel Pellerano Gómez realizó una sustanciosa aproximación al principio de prueba por escrito, mediante un trabajo de 20 páginas con ese mismo título, el cual se encuentra disponible en línea.
[4] “Medio de prueba es todo aquel elemento que sirve, de una u otra manera, para convencer al juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado” (GUASP, Jaime. Derecho procesal civil, tomo I, p. 340).
[5] “Carga de la prueba. El art. 1315 del C. Civil, colocado en el punto de vista de la prueba de las obligaciones, enuncia acerca de la carga de la prueba dos reglas correlativas (…) En el terreno procesal esas reglas significan, en primer término, que el demandante debe proar los hechos y actos que alega en apoyo de su demanda y, en segundo término, que el demandado debe probar los hechos y los actos que alega en apoyo de su defensa o de los medios de inadmisión y excepciones que opone al demandante” (TAVARES, Froilán (hijo). Elementos de derecho procesal civil dominicano, vol. II, p. 222). Y hay que resaltar que pretorianamente, a nivel jurisprudencial, basado en el citado artículo 1315, se ha reconocido la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba que, en concreto, significa que debe probar el que esté en mejores circunstancias de producir la prueba. Por ejemplo, en materia de desalojo, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central estableció que, con base en el citado principio, está la parte demandada en mejores condiciones para probar que no tiene calidad de “intruso”, sino de copropietario por alguna relación de hecho del tipo more uxorio, por algún contrato o por lo que sea. De su lado, el demandante en desalojo cumpliría su carga probatoria con establecer su titularidad del inmueble del cual presente desalojar a la parte demandada.
[6] “El objeto de la prueba lo constituyen los mismos datos que integran el contenido de las alegaciones procesales” (GUASP, Jaime. Derecho procesal civil, tomo I, p. 328).
[7] “El procedimiento de la prueba viene integrado por el encadenamiento de todas aquellas actividades que se dirigen específicamente a convencer al juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado” (Ibidem, p. 336).
[8] En el estado actual del derecho comparado, y local, el ordenamiento jurídico se analiza en clave principiológica. No solamente se toma en cuenta la ley y las reglas que esta prevé, sino también los principios, estén estos expresamente previstos o no en la normativa positiva. Ambos: reglas y principios, tal como aclara PEYRANO, tienen fuerza normativa. Tanto así que el artículo 7 de la Ley 2-23, de Recurso de Casación, sobre el objeto de la casación, habla, ya no de violación a la ley, sino de violación a “las reglas de derecho”, que es más amplio, considerando reglas y principios. Por tanto, la cuestión probatoria, en esa línea, debe verse, igualmente, en la matriz de los principios aplicables: carga dinámica de la prueba, comunidad probatoria, igualdad de armas, inmediación, etc. Y, en general, manejar espuelas del pensamiento jurídico, sistemas de interpretación y de argumentación, etc.
[9] Cfr COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil, 4ta. edición, p. 120.
[10] “A diferencia de la prueba de los actos jurídicos, que normalmente en derecho civil, como lo acabamos de ver, es una prueba legal, la prueba de los hechos jurídicos es, en principio, una prueba libre. El sistema de libertad de la prueba está justificado para los hechos jurídicos debido a la imposibilidad de acomodar una prueba preconstituida…” (LARROUMET, Christian. Derecho civil. Introducción al estudio del derecho privado, p. 405).
[11] “Las pruebas digitales aportadas en el contexto de la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico de Documentos y Firmas Digitales, constituyen medios equiparables a los actos bajo firma privada” (SCJ, 1ra. Sala, 25 de noviembre de 2020, núm. 160, B.J. 1320, pp. 1900-1912); “Los correos electrónicos no tienen que ser corroborados con otros elementos de prueba para tener validez, pues conforme a la Ley 126-02, estos elementos de prueba son perfectamente válidos en justicia” (SCJ, 1ra. Sala, 29 de septiembre de 2021, núm. 153, B.J. 1330, pp. 1500-1514), entre otros criterios de nuestra SCJ que ponen de relieve el auge de la tecnología en materia probatoria. Y a ello debe sumarse la Ley de Medios Digitales, núm. 339-22, con su reciente reforma en el año 2026, mediante la ley núm. 87-26, que permite que las pruebas sean valoradas en versión digital por los tribunales, aportadas por las partes en la plataforma del Poder Judicial, Acceso Digital.
[12] Ver: “Del formalismo al debido proceso y la tutela judicial efectiva: extraer principios, construir justicia”, del suscrito, colgado en: www.yoaldo.org.
[13] Ver: “La teoría general del proceso civil: una herramienta práctica para la tutela efectiva del derecho”, de la autoría del suscrito, colgado en www.yoaldo.org.
[14] Recordemos que, por regla probatoria general, los hechos no controvertidos, igual que los hechos notorios y los hechos evidentes, constituyen dispensas de prueba y, como tales, no requieren actividad probatoria. Distinto a los hechos controvertidos, que sí implican demostración.
[15] Ver, más abajo, el principio de conducencia de la prueba.
[16] Distinto pasa en procesos de orden público, como el saneamiento, de interés general y efectos erga omnes, o la materia de tutela de derechos fundamentales, como el amparo, o asuntos relacionados con el interés superior del niño, como la manutención, o bien conflictos entre trabajadores y empleadores, de marcado interés social, que el tribunal, por la naturaleza de lo decidido, tiene un papel activo que impacta el tema probatorio. En materias como esas, de oficio, el tribunal pudiera ordenar descensos, experticias, comparecencias, etc. En cambio, como se ha dicho, en procesos de interés privado, como el civil, el principio dispositivo prima: el tribunal es más pasivo, son las partes que deben ofertar pruebas.
[17] “Los tribunales, al valorar la prueba sometida a su escrutinio, pueden (y deben) valorar todos los elementos de convicción de manera conjunta y armónica, a fines de llegar a la verdad jurídica, despejando, siempre que sea posible, cualquier aparente incongruencia que pudiera existir entre un documento y otro” (Sentencia núm. 0031-TST-2024-R-00249 dictada, el 10 de diciembre del 2024, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
[18] Entendiendo por plano sustantivo el ámbito de las normas que reconocen, regulan y protegen los derechos y obligaciones de las personas, con independencia de las reglas procesales que disciplinan su reclamación ante los tribunales.
[19] Ver en línea: Article 4 – Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – Légifrance
[20] Mediante decisión del 28 de agosto del 2025, en Francia, el Tribunal Judicial de Évreux, RG n. 24/01648, estableció, en concreto, que la reclamación judicial de una obligación dineraria superior a 1.500 euros exige, como regla general, prueba escrita conforme a las formalidades legales y que, cuando el documento presentado no reúne los requisitos del artículo 1376 del Código Civil francés, el acreedor debe aportar otros elementos probatorios que corroboren la existencia de la obligación reclamada; de lo contrario, procede desestimar su pretensión por insuficiencia probatoria. Es decir, deriva de este criterio la regla jurídica general, en el contexto probatorio, de que los actos jurídicos deben acreditarse mediante los medios de prueba y las formalidades legalmente exigibles, mientras que los hechos jurídicos pueden demostrarse por cualquier medio probatorio admisible, sin perjuicio de las restricciones establecidas por la ley.
[21] En Francia se ha establecido que la prueba de los derechos subjetivos se estructura sobre la distinción entre la carga de la prueba, que corresponde en principio a quien invoca el derecho, y los medios de acreditación, cuya admisibilidad depende de la naturaleza del objeto probatorio, reconociéndose la libertad probatoria respecto de los hechos jurídicos y estableciéndose, como regla general, la exigencia de prueba escrita para los actos jurídicos que superen el umbral lega (Ver en línea: CAPACITE EN DROIT INTRODUCTION AUX DROITS SUBJECTIFS SECOND SUPPORT. UNIVERSITE DE STRASBOURG. FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION. Année universitaire 2025/2026)
[22] Article 9: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
[23] Article 10: “Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admisibles”.
[24] Article 11: “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
[25] La Cour de cassation, deuxième chambre civile, mediante sentencia del 7 de marzo de 1979, pourvoi n° 77-13.385, reconoció judicialmente que el juez tiene la facultad de ordenar a una parte o a un tercero la producción de documentos.
[26] Entendiendo por derechos sustantivos, en este contexto, aquellos derechos e intereses jurídicamente protegidos por el ordenamiento, tales como la propiedad, el honor, la intimidad y los derechos contractuales, cuya existencia, reconocimiento o protección se procura obtener mediante el proceso judicial.
[27] Recordando que los derechos fundamentales son, de acuerdo a nuestra constitución y, en general, a todo el bloque de constitucionalidad, aquellos derechos inherentes a la dignidad humana, reconocidos y garantizados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, que imponen límites al poder público y aseguran las condiciones esenciales para el libre desarrollo de la persona. Y, en el ámbito procesal, constituyen garantías esenciales que tutelan a las partes frente a actuaciones arbitrarias y aseguran un proceso justo, contradictorio y respetuoso de la dignidad humana.
[28] Las normas sustantivas aplicables son, en concreto, aquellas disposiciones jurídicas que reconocen, regulan, modifican o extinguen los derechos y obligaciones cuya tutela se reclama en el proceso. Por ejemplo, la obligación de cumplir lo pactado, que deriva de la fuerza obligatoria de las convenciones consagrada en el artículo 1134 del Código Civil, así como la responsabilidad que puede generar su incumplimiento.
[29] Por ejemplo, poco importa que se prueba ser propietario de un vehículo, si dicho bien mueble es extraño al conflicto de que se trata; por ejemplo, la obligación de entrega de otro bien diferente. Esa titularidad, siendo el conflicto sobre otro bien, no tendría pertinencia.
[30] Ahora, con el tema de la IA en boga, la autenticidad de la prueba ha cobrado relevancia, porque son muchos los materiales audiovisuales, entre otros, que se generan con IA induciendo al error. Experticias en tecnología son esenciales en estos casos.
[31] Por justicia digital, a la cual ha apostado la República Dominicana, debe entenderse, en concreto, la incorporación, utilización e integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia, con el propósito de modernizar la función jurisdiccional, agilizar los procedimientos, facilitar el acceso a los órganos judiciales y garantizar una tutela judicial efectiva, sin menoscabo de las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y los demás derechos fundamentales de las partes. Es en ese contexto que se ha creado la plataforma Acceso Digital, en la que las partes pueden depositar documentos y dar, en general, seguimiento a sus casos, sin tener que desplazarse al tribunal. Y, de igual modo, se han acompañado dichos pasos con la promulgación de la ley de medios digitales en la justicia, núm. 339-22, modificada recientemente mediante la Ley núm. 87-26, reforzando la eficacia digital. Un avance que, sin dudas, constituirá realmente una conquista si, lejos de ser una imposición y la única alternativa para los usuarios del sistema de justicia, se ve como una herramienta al servicio solamente del que desee servirse de ella. Y, justamente, esto último, por fortuna, es el enfoque que se le ha venido dando en los últimos tiempos a la cuestión de la digitalización de la justicia.
[32] Article 1365: “L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.”
[33] Article 1366: “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”.
[34] Article 1367: “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.”
[35] “En el estado actual de nuestro derecho y de las reglas que gobiernan la prueba, la fotografía no es admitida como medio de prueba, sino que su presentación, por lo tanto, solo puede ser recibida de manera complementaria a otra u otras pruebas que sirvan de orientación al juez, quien, valorando en su conjunto todas las pruebas producidas, podría tener eventualmente por acreditados los hechos alegados” (SCJ, 1ra. Sala, 02 de julio del 2023, núm. 6, B.J. 112, pp. 85-90). En la especie, trátese de fotos de conversaciones de WhatsApp tomadas como “capturas” mediante un dispositivo móvil o celular, corroboradas con declaraciones ofrecidas mediante comparecencias, etc.
[36] GARCÍA MESCUA, Daniel. Aportación de mensajes de WhatsApp a los procesos judiciales, pp. 63-64.
[37] Sentencia núm. 0031-TST-2024-S-00182 dictada, el 03 de abril de 2024, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.
[38] La falta de experticia constituye la ausencia de un mecanismo técnico de comprobación; la falta de autenticidad, en cambio, supone una duda razonable sobre la genuinidad, integridad o procedencia del documento. Son cuestiones distintas, pues la ausencia de peritaje no demuestra, por sí sola, falsedad, alteración o manipulación. En el caso concreto, la parte recurrente cuestionó la ausencia de experticia, pero no contradijo materialmente el contenido de las conversaciones ni acreditó circunstancias que comprometieran su autenticidad. Por ello, el tribunal valoró dichos elementos atendiendo a su corroboración con otras pruebas y al conjunto del acervo probatorio. En definitiva, la falta de experticia no equivale a falta de autenticidad, ni determina automáticamente la ineficacia probatoria del documento digital; su valoración dependerá de su fiabilidad, de las posibilidades efectivas de contradicción y de una motivación judicial racional, conforme al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.
[39] La ausencia de una formalidad técnica, en sí, consiste en la omisión de un mecanismo instrumental de comprobación; de su lado, la inexistencia de valor probatorio implica la falta de aptitud del elemento para acreditar, siquiera como principio de prueba, los hechos que pretende demostrar. En el caso concreto, se verificó lo primero, pero no lo segundo, pues el contenido de las conversaciones no fue materialmente contradicho y, además, encontró corroboración en otros medios de prueba. Es decir, la ausencia de experticia no se tradujo en ausencia de fiabilidad ni de eficacia probatoria, por lo que su exclusión automática habría supuesto privilegiar el formalismo sobre la valoración racional e integral de la prueba, en detrimento de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la búsqueda de la verdad jurídicamente relevante.