Demanda en cobro de dinero (fragmento Libro “Las Demandas”

Demanda en cobro de dinero

Esta acción en justicia es denominada ordinariamente como cobro de pesos; sin embargo, preferimos emplear el vocablo “dinero” en vez de “pesos”, ya que es mucho más preciso: alude inequívocamente al aspecto monetario, en tanto que “pesos” pudiera versar sobre unidades de medición, tales como libra, kilos, etc. Pero lo cierto es que la ley no utiliza ninguna de estas palabras para referirse a esta acción personal, son  la doctrina y la jurisprudencia que las  han empleado.

Finalidad de la demanda

El fin de esta demanda es que el acreedor cobre su crédito frente a su deudor. Se trata de una acción en justicia que procede cuando dicho acreedor no cuenta con un título ejecutorio, pues si el crédito está avalado en un documento que cuenta con ejecutoriedad, es obvio que el acreedor debería proceder a ejecutar mediante las vías de ejecución correspondientes, si es que su deudor no cumple de manera voluntaria.

Con la demanda en cobro de dinero, justamente se persigue obtener un título ejecutorio, que es la sentencia que resuelva el caso. Si ya el acreedor tiene un título con ejecutoriedad y, no obstante, demanda el cobro, pudiera producirse una duplicidad peligrosa de títulos ejecutorios. Por ejemplo, la situación en que un acreedor con un pagaré notarial demande el cobro de dinero: la sentencia que se rinda será un título, pero el pagaré notarial no perderá su ejecutoriedad; por tanto, se pudiera intentar ejecutar el crédito dos veces valiéndose, por un lado,  de la sentencia del cobro y, por otra parte, del pagaré notarial.

Debe tenerse en cuenta que, por principio general de nuestro derecho procesal[1], los actos auténticos que contienen obligaciones de pago[2] constituyen verdaderos títulos ejecutorios y, por ende, no es necesario demandar el cobro cuando se cuenta con ellos: por ser un título ejecutorio, se puede proceder a embargar ejecutivamente en base a dicho contrato.

La solución procesal que más comúnmente hemos advertido que aplican los tribunales a casos como los estudiados, en que se demanda en cobro no obstante contar con un título ejecutorio,  es la inadmisibilidad por falta de objeto: si el crédito ya está reconocido jurídicamente, no tiene nada que juzgar el tribunal apoderado de un cobro de dinero en este contexto.

Sin embargo, también se registran precedentes ante los tribunales de primera instancia, que van en el sentido de solucionar la situación planteada mediante un rechazamiento al fondo de la demanda, a saber: “Que en otro orden de ideas, en relación a la demanda en cobro de dinero, partiendo de que la nulidad del pagaré notarial y del acto de cesión de crédito no ha prosperado, tales instrumentos mantienen sus efectos. Por consiguiente, tratándose el pagaré notarial de un verdadero título ejecutorio, por mandato expreso del artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, y habiendo sido válidamente cedido dicho crédito exigible al hoy demandante en cobro, es obvio que la presente demanda en cobro carece de méritos; y es que conforme a las reglas procesales vigentes, ha lugar a la demanda en cobro de dinero cuando no existe un título ejecutorio; justamente ha de acudirse al tribunal para obtener una sentencia reconociendo el crédito, para consecuentemente ejecutar valiéndose de dicha sentencia como título, una vez sea firme. Así,  en caso de existir un título ejecutorio y, no obstante, se proceda a demandar el cobro, se corre el riesgo de producir una duplicidad de títulos, dando pie a que eventualmente, de manera aviesa, se pretenda ejecutar dos veces el mismo crédito: por un lado, con el título ejecutorio primitivo y, por otra parte, con la sentencia dictada como consecuencia de la demanda en cobro”[3].

Particularmente, consideramos que –en estricto orden procesal-  el remedio jurídico de rechazamiento al fondo es más correcto; y es que los fines de inadmisión constituyen presupuestos procesales que afectan el derecho de acción. En este caso el acreedor tiene el poder jurídico para acudir a la justicia, a fin de reclamar el pago de su acreencia, sólo que en el contexto estudiado, en que ya dicho acreedor cuenta con una título ejecutorio al momento de la demanda, su pretensión carece de méritos por todo lo antes expuesto; es decir, para determinar que no procede la demanda, el tribunal debe escrutar la prueba y precisar que el documento que sirve de base al crédito cuenta con ejecutoriedad, lo cual es una labor propia del fondo.

En definitiva, sea una inadmisibilidad por falta de objeto, sea un rechazamiento al fondo,  lo cierto es que la demanda no prospera ante los tribunales de la República cuando se intenta en base a un título ejecutorio.

Condiciones que debe acreditar el demandante para que proceda la demanda en cobro de dinero

El demandante en cobro, para tener éxito en su acción en justicia debe acreditar las siguientes condiciones:

1.- La existencia de un crédito: Si no se acredita el crédito, jurídicamente no habría nada que cobrar; y si no hay nada que cobrar, es obvio que una demanda en cobro de dinero carecería de méritos y, por vía de consecuencia, su rechazo se impondría.

La manera de probar en justicia el crédito es, por norma general, mediante la aportación del documento constitutivo de la obligación de pago: una factura, un pagaré simple, un contrato bajo firma privada con una obligación de pago incursa, etc. El pago constituye un acto jurídico, en tanto que la obligación de pagar emana directamente de la voluntad de las partes; con lo cual, la manera de probarse el crédito, en principio, ha de ser mediante prueba escrita[4].

En aquellos casos en que se alegue que subyacen en el caso concreto situaciones de hecho que revelan la existencia del crédito, debe el demandante ejercer una actividad probatoria eficaz, a fines de persuadir al juez que presida el caso, en el sentido de que sólo mediante el conocimiento de medidas de instrucción, como comparecencia de partes, de informativos testimoniales, etc. Sería posible forjar su convicción sobre la casuística sometida a su escrutinio. Si no insiste sostenidamente en la existencia de una situación de hecho, es muy probable que el Tribunal rechace la solicitud de medidas de instrucción, por tratarse el cobro, tal cual se ha sostenido, de un verdadero acto jurídico y, como tal, debe acreditarse por escrito.

Una casuística en que las medidas de instrucción pudieran servir para establecer el crédito, es aquella en que –por ejemplo- conste por escrito un contrato de corretaje, con las obligaciones asumidas por cada parte; sin embargo, existan testigos que presenciaron el momento en que las propias partes, además de lo suscrito por escrito, consensuaron  de forma verbal un porcentaje por concepto de comisión a favor del demandante: cómo saber si realmente esas comisiones fueron acordadas verbalmente y, por, tanto, es ley entre partes? No hay dudas de que dicha situación fáctica debe poder probarse por cualquier medio.

2.- Que el crédito previamente probado reúna las condiciones de certeza, liquidez y exigibilidad

La certeza, la liquidez y la exigibilidad deben concurrir todas en el crédito para que proceda la demanda en cobro. Si falta alguna de estas condiciones, a lo sumo pudieran gestionarse medidas conservatorias, pero nunca un cobro, decidido definitivamente[5]. 

A continuación, vamos a estudiar cada una de las mencionadas condiciones del crédito.

La certeza: Groso modo, esta condición se refiere a que el documento contentivo del crédito no haya sido impugnado legalmente. Por ejemplo, si la base del crédito es un pagaré, y éste ha sido objeto de una demanda en nulidad lanzada por el deudor a quien se le pretende oponer, es obvio que la certeza del crédito a la luz de estas circunstancias, no se caracteriza.

Liquidez: Se dice que el crédito es líquido cuando es posible establecer su importe preciso; es decir, el documento que contenga el crédito debe  indicar a cuánto precisamente asciende la acreencia. Verbigracia: es líquido el crédito contenido en una factura, puesto que en ésta se indica exactamente cuánto es el monto de la transacción. Sin embargo, no es líquido –por ejemplo- el crédito basado en las costas y honorarios de un abogado que no han sido aún liquidadas por un tribunal: hasta que no se produzca un auto dictado en virtud de la Ley No. 302, no se configura la liquidez en ese crédito.

Exigibilidad: Implica que no existe ninguna modalidad, término o condición, que impida el reclamo del crédito. En efecto, si se ha acordado un término –por ejemplo– no podrá el acreedor demandar el cobro antes de que venza el lapso estipulado como término, a menos que expresamente el beneficiario de dicho término renuncie a él.

3.- Que el deudor haya sido constituido en mora para efectuar el pago

El principio general es que hasta tanto el acreedor no constituye en mora a su deudor, la obligación de pago no es jurídicamente exigible. Y la ley consagra varias modalidades para llevar a cabo regularmente esta constitución[6]: sea mediante un acto de alguacil requiriendo el pago, que es la modalidad por excelencia; sea mediante el mismo documento constitutivo de la obligación de pago.

Lo recomendable es que el abogado que redacte el documento base del crédito, prevea que el solo cumplimiento del término constituye en mora, a fines de evitar el riesgo de, ante una eventual incumplimiento del deudor, sea lanzada la consecuente demanda en cobro de dinero ante un tribunal que no acoja la misma si no media documento alguno que dé cuenta de la correspondiente constitución en mora.  

El término siempre se reputa a favor del deudor

Por norma general, el término se reputa a favor del deudor. Cuando vaya a acordarse a favor del acreedor, debe hacerse de manera expresa en la convención[7]; por tanto, si el documento que contiene la obligación de pago no precisa un término, ha de interpretarse que el deudor ha renunciado a él.  Y por vía de consecuencia, el acreedor podría requerir el pago en cualquier momento, previa constitución en mora. Esto quiere decir que para evitar que el crédito sea cobrado antes de que el deudor esté en condiciones de pagar, éste debe convenir un término que le beneficie.

Por ejemplo, si el crédito está contenido en un pagaré notarial[8]que no establece ningún término, el deudor debe estar consciente de que esa imprevisión le perjudicará, puesto que –conforme a lo que se ha establecido precedentemente- el acreedor podrá constituirle en mora para que pague en cualquier momento a partir de suscribirse el pagaré.

Concentración del emplazamiento y de la constitución en mora en una misma diligencia procesal

En acopio del principio de concentración del proceso civil[9], en la práctica muchos abogados optan por realizar mediante un mismo acto de alguacil la constitución en mora, para dentro de un día franco, y el emplazamiento, dentro de la octava franca de ley, para constituir abogado, a fines de comparecer en el proceso de fondo.

De lo que se trata es de indicar al deudor, en el mismo acto, que debe pagar la deuda en un plazo de un día franco, y que si no lo hace, deberá constituir abogado para conocer la demanda, para lo cual tiene en adición un plazo de ocho días francos. En total, el acreedor debe esperar, al menos, trece días antes de perseguir audiencia para conocer de la demanda en cobro de dinero: 8+2=10 (octava franca); 1+2=3 (un día franco). 10+3=13 días[10].

Con este proceder, el acreedor logra ahorrar tiempo y costos procesales.

El emplazamiento vale como constitución en mora

Existe una postura, oriunda del país de origen de nuestra legislación civil, y aplicada ya por muchos tribunales de nuestro país, que enarbola la idea de que el emplazamiento debe tenerse procesalmente como una verdadera constitución en mora; por tanto, no sería obstáculo para la procedencia de la demanda en cobro de dinero, el hecho de que –en adición al acto de emplazamiento- no conste otro acto de intimación de pago.

Monto atributivo: tribunal que deberá conocer la demanda en cobro de dinero, atendiendo al importe del crédito

El monto del crédito define cuál tribunal debe conocer de la demanda en cobro de dinero. Es de cardinal importancia que el acreedor tome en cuenta esta situación previa al fondo, puesto que se trata de una competencia de atribución, que es de orden público y-por tanto- pudiera ser suplida de oficio por el tribunal, sin que ninguna parte lo peticione[11].

Valoración del litigio con fines competenciales

En su momento fue controvertida la cuestión de determinar qué debía ser considerado al momento de valorar el importe del crédito reclamado, a fines de precisar cuál es el tribunal llamado a conocer sobre la demanda en cobro: si lo determinante era sólo lo principal, o si también a estos fines debería tomarse en consideración  lo accesorio al capital principal.

En un primer sistema, se sostenía que por aplicación de la máxima que reza: “lo accesorio sigue a lo principal”, lo único relevante para los fines competenciales que nos ocupa, era el monto principal; ya todo lo accesorio, como los intereses, deben ser conocido, independientemente de su cuantía, por el mismo tribunal apoderado del crédito principal. Así, en el caso de que –por ejemplo- la competencia de atribución sea de RD$20,000, y la demanda es por RD$18,000 en principal y RD$8,000 de intereses, según esta postura, independientemente de que sumado lo principal con lo accesorio totalice más del mencionado monto atributivo de RD$20,000, la competencia se debe mantener.

Por otro lado, en un segundo sistema, se interpretaba que para los fines de competencia objeto de estudio, debía tomarse en cuanta tanto lo principal como lo accesorio, todo junto, hasta el momento de la interposición de la demanda. Así, en el ejemplo anterior, dado que RD$18,000 más RD$8,000 totaliza RD$26,000, que es más que el monto atributivo de RD$20,000, el juzgado de paz deviene en incompetente para conocer de la demanda.

Hoy día, la segunda posición, que considera tanto lo principal como lo accesorio, es la que ha ganado mayor terreno ante los tribunales de la República; y es ese criterio el que justamente se corresponde con la tendencia de nuestro derecho, ya que en la legislación de origen y en las reformas sugeridas en materia procesal civil, se considera tanto lo principal como lo accesorio para definir la competencia del tribunal[12].

Sistema de valoración probatoria

Por ser el cobro un acto jurídico[13], ya que dicha acción nace a causa de una obligación derivada de la voluntad de las partes, el sistema de valoración probatoria que aplica es el de la prueba tasada o axiología legal, conforme al cual la prueba por escrito prevalece[14]; por tanto, lo propio es aportar la prueba escrita constitutiva de la obligación de pago al momento de reclamar el cobro de alguna acreencia ante los tribunales[15].

En caso de que, excepcionalmente, el crédito a cobrar no conste por escrito, el demandante debe ocuparse de persuadir eficazmente el tribunal, en el sentido de que la acreencia reclamada  nació a causa de una convención verbal, por ejemplo. Tal sería el caso en que conste por escrito en un contrato el acuerdo de las partes en un sentido determinado, pero no figuran  unas comisiones a favor del demandante. A esos efectos, habría que ofrecer la comparecencia de testigos que hayan presenciado el acuerdo de tales comisiones, etc.

Si el acreedor demandante no se emplea para convencer de que es necesario agotar ciertas medidas para llegar a la verdad en cuanto a su derecho de crédito, es muy probable que la solicitud de medidas sea rechazada, puesto que –como se ha dicho- el principio general es que el crédito se pruebe por escrito.

Las fotocopias y las demandas en cobro de dinero

Sobre las fotocopias, en materia civil y comercial, ha sido juzgado lo siguiente: “Las fotocopias por sí solas no constituyen una prueba idónea, pero su presentación no impide que los jueces del fondo aprecien su contenido, al unir dicho examen a otros elementos de juicio presentes en el caso sometido a su escrutinio, deduciendo las consecuencias pertinentes”[16].

El precepto jurisprudencial esbozado ut supra, como es lógico, aplica también en materia de cobro de dinero; por tanto, la parte que no desee –por la razón que fuere- dejar los originales de los documentos que prueben el crédito, debe procurar que, al menos, el secretario consigne en el inventario de piezas una anotación de “visto original”, a fines de evitar que la demanda sea rechazada por insuficiencia de pruebas[17].

Evidentemente, si el proceso ha sido conocido en presencia de ambas partes, de manera contradictoria, y nadie contradice las fotocopias, el tribunal –conforme a criterio jurisprudencial que compartimos- debe acreditar como válidos tales documentos.

Documentos que usualmente son aportados para probar el crédito

En principio, todo documento manuscrito o digitado, en soporte de papel o digital, sirve para probar el crédito del acreedor frente a su deudor. Lo determinante para estos fines es que la pieza de que se trate contenga algún indicador que vincule al deudor que se le pretende oponer la pieza; y la fórmula por excelencia para cubrir esta condición es la firma de dicho deudor: la firma da cuenta de que el deudor ha dado su consentimiento de endeudarse.

Estará a cargo del deudor poner en evidencia que la firma presentada no es la suya, mediante el incidente correspondiente de verificación de escritura o el mecanismo que fuere de lugar. Pero si es en defecto que se conoce la demanda en cobro, y el Tribunal constata que la parte demandada ha sido debidamente instanciada, la firma del deudor plasmada en el documento que sirva de base al crédito se tendrá como válida, estableciéndose así la obligación de pago reclamada.

Entre los documentos más comúnmente aportados para avalar la demanda de cobro de dinero figuran las facturas, contratos con obligación de pago incursa, cheques y pagaré simple. Si dudas, estas son las piezas que más suelen servir de base a este tipo de demandas.

Cobro basado en facturas

En virtud del principio que reza: “nadie puede fabricarse su propia prueba”, se requiere que las facturas estén debidamente aceptadas por las personas a quienes se les vayan a oponer. Admitir lo contrario daría pie a la posibilidad de que alguien aviesamente expida de su cuenta una factura por el monto que le parezca y pretenda luego oponerla en justicia a una entidad con solvencia reconocida: si no hay constancia de aceptación –como se ha dicho- por sí no sirve la factura para justificar el crédito.

En efecto, el artículo 109 del Código de Comercio[18] requiere la aceptación en las facturas para poder ser oponibles a una persona determinada.

Cobro basado en un cheque

Con ocasión del cobro de un cheque, en ejercicio de la acción cambiaria y bajo la fórmula de una demanda en cobro de dinero, la jurisprudencia ha interpretado lo siguiente: “Considerando, que a los términos de la parte final del artículo 52 (de la Ley de Cheques), pasado el plazo especial de 6 meses para la prescripción de las acciones establecidas en su primer párrafo, el tenedor no pagado, puede dentro de los plazos correspondientes intentar otras acciones contra el librador, sujetas para su éxito a que pruebe contra el demandado, la existencia de un enriquecimiento injusto; que además de la acción cambiaria, el tenedor tiene una acción ordinaria contra quien le endosó el cheque no pagado, es decir, una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la falta de pago, pero podrá también, subrogándose en los derechos de su endosante, remontarse hasta el girador o librador del cheque, como ha ocurrido en la especie y reclamar el pago, demandándolo en cobro de pesos; que en esa virtud,  la corta prescripción de los 6 meses sólo se aplica a las acciones cambiarias propiamente dichas, es decir, los recursos del tenedor del cheque o de un obligado contra el signatario del mismo y no a cualquier otra acción de carácter civil, la que se regirá por el derecho común; que por consiguiente, dicha acción puede ser ejercida no sólo cuando hayan expirado los plazos legales de la presentación del cheque, sino también cuando hayan transcurrido los 6 meses establecidos en el artículo 52 de la Ley de Cheques…”[19]

En resumidas cuentas, conforme a este criterio jurisprudencial, cuando ha transcurrido un lapso menor de seis meses entre el momento del libramiento del cheque y la fecha de la demanda, la sola presentación del cheque prueba el crédito. Pero en el caso de que hayan mediado entre el momento de expedirse el cheque y la demanda más de seis meses, el acreedor que vaya a demandar, además del cheque, para tener éxito en su demanda, debe aportar la prueba pertinente que acredite la causa de la expedición del cheque.

En la práctica, debemos decir, dicho criterio no es aplicado en todos los tribunales; de hecho, en la mayoría de las jurisdicciones civiles y comerciales de primer grado, no se hace acopio de esta postura jurisprudencial. Lo que se estila es requerir el protesto para probar el crédito contenido en el cheque que se aporte, bajo el entendimiento de que sólo con la existencia de un protesto, que constituye una constancia de que el cheque o pudo ser cobrado por falta de fondos, es posible establecer la existencia de la obligación de pago a cargo del deudor demandado.

Los cierto es que el criterio de nuestro máximo tribunal del orden judicial –como se ha visto- no exige el protesto para dar como válido el crédito consignado en un cheque. La jurisprudencia asume como una presunción lógica de que el cheque no se ha podido cobrar, el hecho de que el beneficiario del mismo aún lo tenga en su poder: si todavía lo tiene consigo, es porque no lo ha podido cobrar.

Sobre la acción cambiaria habilitada con ocasión del libramiento de un cheque, el ingenio doctrinal ha razonado en el siguiente sentido: El cheque evidencia una obligación de pago abstracta, o sea, que no menciona su causa. El tenedor de un cheque tiene contra el librador dos acciones: una acción cambiaria, fundada en el cheque mismo, y una acción causal, basada en el negocio que dio lugar a la expedición del cheque. Para que prospere la acción cambiaria, basta depositar el cheque como uno de los documentos que se comunican al inicio del proceso. El cheque mismo es prueba de la obligación del librador, sin necesidad de probar la causa de su libramiento, o sea, el negocio que le dio origen(…) La acción en cobro de un cheque difiere de una acción en cobro de una deuda de origen contractual, precisamente en que el cheque en sí es prueba suficiente de la existencia de la aplicación. Para que prospere la acción cambiaria surgida del cheque, no hay necesidad de probar otros elementos. Solamente después de transcurrida la prescripción de la acción cambiaria se necesita probar el origen y existencia de la deuda para ejercer contra el deudor la acción que nace del negocio que dio origen al libramiento del cheque”[20].

En ese orden de ideas, también se ha sostenido lo siguiente sobre el cheque y la acción cambiaria que dicho instrumento de pago supone: “… el endosatario de un cheque tiene contra el librador dos acciones: una cambiaria, que prescribe a los 06 meses a partir del plazo de presentación del cheque, plazo que es de dos meses a partir de la emisión del cheque según el artículo 29 y, después de transcurrido este plazo, el endosatario tiene contra el librador una acción, que la ley llama “enriquecimiento injusto” que sería mejor llamar acción causal, porque nada tiene que ver con la acción cuasicontractual de enriquecimiento injusto, y que es la misma que tendría si fuese simple cesionario civil del crédito del tomador contra el librador, sujeta a las excepciones que el librador puede haber tenido contra el tomador. Esta acción requiere la prueba de la causa de le deuda consignada en el cheque y prescribe en el plazo que corresponde a la naturaleza de la deuda”[21].

En definitiva, para evitar que la demanda sea rechazada, dado que no hay unanimidad de criterios sobre el peso probante del cheque, sería recomendable que cuando transcurran más de seis meses entre el libramiento del cheque y la fecha de la demanda, se ofrezcan los elementos de convicción pertinentes para acreditar ante el tribunal apoderado de la demanda, la causa de la expedición de este instrumento de pago: si fue librado para pagar el precio de algún inmueble vendido, para abonar alguna cuota de un préstamo personal, etc.

Cobro en base a balances de tarjetas de crédito

Los bancos, como entidades de intermediación financiera que son, enfrentan una gran dificultad en el ámbito probatorio para acreditar ante los tribunales sus acreencias por concepto de consumos llevados a cabo por sus clientes mediante sus respectivas  tarjetas de créditos; y es que el principio general es que “nadie puede fabricarse su propia prueba”, y ocurre que por norma general, cuando cada entidad bancaria va a demandar el cobro en base a este tipo de deudas, suele ofrecer como pruebas  los balances generados por el propio banco respecto de alegados consumos del cliente que ha sido demandado.

Intentan dotar de peso probatorio dichos balances de consumo, arguyendo que la usanza es indicar en los mismos que si en un plazo determinado el cliente no objeta el monto en él  precisado, ello equivale aquiescencia a esa información.  Sin embargo, como es sabido, la Ley No. 358-05 sobre los Derechos del Consumidor o Usuario, prohíbe el uso de letras extremadamente pequeñas en documentos suscritos entre proveedores de servicios y los usuarios o consumidores, cuya lectura se dificulta, ya que esta situación –sin dudas- afecta el consentimiento: no es posible consentir con plena conciencia si no es de fácil lectura el documentos suscrito. Pero eso, muchos tribunales desconocen este alegato de aquiescencia tácita por el supuesto plazo para reclamar el contenido de los balances de consumos y, por ende, suelen rechazar las demandas en cobro basadas únicamente en los consabidos balances.

Para que la actividad probatoria sea eficaz en estas circunstancias, debe el banco demandante ofrecer los vouchers recibidos por el cliente, que vienen constituyendo el nexo vinculante entre el balance que presenta la entidad que lance la demanda y el cliente demandado, quien con su firma en el voucher de manera inequívoca ha aceptado haber hecho los consumos que se les oponen.

Se ha argumentado que dichos vouchers no son retenidos por mucho tiempo en los establecimientos, y que por esa razón no siempre es posible aportarlos en los juicios. Pero lo cierto es que ante la dificultad probatoria descrita precedentemente en estos casos, debería la parte interesada tomar los miramientos de lugar, a fines de tener más acceso a los vouchers de consumo. De lo contrario, tal como ha estado sucediendo, seguirán viendo sucumbir un sinnúmero de demandas en cobro de dinero ante los tribunales.

Cobro en base a un cuota litis

En estricto rigor jurídico, las acreencias que pudieran nacer de un contrato de cuota litis suscrito entre un abogado y su cliente, deberían ser liquidadas siguiendo el procedimiento gracioso instituido en la Ley No. 302 sobre Honorario de Abogados. No parece sostenible pretender obtener el pago de los honorarios mediante una sentencia contenciosa producto de una demanda ordinaria en cobro de dinero. Esto así, puesto que en el caso concreto de los honorarios de los abogados, nacidos a causa del cuota litis, rige una ley especial que determina la forma de obtener el pago liquidado de tales honorarios; por tanto, por principio general, lo especial ha de derogar lo general.

El contrato de cuota litis, en sí mismo, no contiene una acreencia líquida. Necesariamente debe un tribunal liquidar los honorarios, y es dicho auto de liquidación lo que servirá de sustento a la acreencia. Por consiguiente, dado que –como se ha visto- para que proceda el cobro necesariamente deben concurrir en el crédito las condiciones de certeza, liquidez y exigibilidad, debe ser rechazada toda demanda en cobro de dinero que se base en un cuota litis, en ausencia de un auto gracioso que liquide los honorarios a cobrar. Y es que dicho auto de liquidación de honorarios, una vez sea firme, constituye un título ejecutorio; con lo cual, tampoco debe proceder la demanda en cobro basada en un auto de liquidación de honorarios: el auto per se constituye un título ejecutorio, por lo que dictar una sentencia reconociendo el crédito en estas circunstancias, implicaría una duplicidad de títulos respecto del mismo crédito.

Cobro por concepto de mantenimiento de un condominio

Esta demanda persigue obtener el pago forzoso de las cuotas que, por mandato del artículo 4 de la Ley No. 5038, sobre Condominios, debe pagar cada condómino en un condominio debidamente constituido como tal, por concepto de mantenimiento de las cosas comunes; esto así, en casos en que el pago no se produce voluntariamente.

De conformidad con el artículo 9 de la citada Ley 5038, todos los propietarios integran –de pleno derecho- un consorcio con personería propia, el cual puede accionar en justicia en interés del condominio, frente a los terceros y a los mismos propietarios.

 En relación a este tipo de cobro de dinero, en la práctica se verifica con frecuencia un problema de incompetencia negativo, puesto que tanto los tribunales de derecho común como los tribunales de jurisdicción original han estado declarando su incompetencia para decidir estos asuntos; y hasta el momento de redactar estas líneas, la Suprema Corte de Justicia no ha fijado criterio sobre el particular.

Los tribunales de derecho común  motivan su incompetencia en función de la combinación de los artículos 4 y 17 de la Ley No. 5038. El primero de estos textos (Art.4) establece la obligación de los condóminos de pagar una cuota por concepto de mantenimiento y el segundo (Art. 17) sostiene que es el Tribunal de Tierras el llamado a conocer todo cuanto verse sobre la ejecución de esta normativa. Por consiguiente, siendo la jurisdicción inmobiliaria una instancia de excepción, dado que existe un texto legal que expresamente le ha conferido la competencia para conocer todo lo relativo al cumplimiento de la consabida ley, no vemos espacio a mucha discusión en torno a la precisión de la competencia discutida. Es evidente que de los que se trata es de cobros de mantenimiento, que –sin dudas- tienen como génesis el cumplimiento de la Ley No. 5038.

Por argumento a contrario, los tribunales de jurisdicción original, sobre todo del Distrito Nacional, basan su incompetencia en que, por principio general, ese tribunal sólo conoce de asuntos vinculados a inmuebles registrados, y que sólo podrían conocer sobre daños y perjuicios con ocasión de alguna demanda reconvencional entablada en el curso de un litigio sobre terreno registrado. Asimismo, han establecido que el cobro constituye una verdadera acción personal, cuya naturaleza es afín con el tribunal de derecho común: particularmente estimamos que –insistimos- tales alegatos, con aparente fundamento, deben sucumbir ante la elemental pero contundente realidad de que, por ser un tribunal de excepción, debe la  jurisdicción inmobiliarias conocer todo lo que expresamente la ley sostenga; y en este caso –como se ha dicho- es el artículo 17 de la ley que establece que todo lo que verse sobre el cumplimiento de la Ley de Condominios es competencia del Tribunal de Tierras.

Inviabilidad de la demanda en cobro de mantenimiento de condominios

Al margen de la discusión competencial tratada en el apartado anterior, en torno a los cobros por concepto de mantenimiento de los condominios, importa reflexionar respecto de la inviabilidad de este tipo de acción en justicia. Y es que de manera expresa el artículo 18 de la Ley No. 5038 consagra que en caso de atrasarse algún propietario de un apartamento en el pago del mantenimiento, podrá el condominio con personería propia, y en representación de todos los propietarios, hacerse inscribir un privilegio, a fines de ejecutar forzosamente la acreencia debida por el mencionado concepto.  Pero además, el artículo 33 de la citada normativa, taxativamente establece lo siguiente: “La comprobación de los avances garantizados por el privilegio establecido en el artículo 18 y la fijación de las cuotas contributivas no pagadas, serán hechas por la asamblea de los propietarios, mediante declaración preparada por el administrador, con los detalles y comprobantes correspondientes. El administrador lo comunicará por carta certificada al o a los propietarios deudores. La copia del acta, certificado por el administrador y legalizada por un notario, construirá título suficiente para fines de inscripción del  privilegio en el Registro de Títulos…”.

 

Es decir, el trámite de demandar el cobro para luego entonces ejecutar no tiene razón de ser, porque la misma ley prevé cómo hacerse cobrar forzosamente este tipo de deudas. Si nos detenemos a razonar, recordaremos que el interés de demandar el cobro ante los tribunales, es obtener finalmente una sentencia que reconozca la acreencia, para emplear la misma como título, a fines de embargar quirografariamente al deudor condenado al pago. Pero ocurre, tal como se ha establecido, que la Ley No. 5038 instituye un procedimiento especial, que no consiste en otra cosa que en asentar en el acta de asamblea la deuda por concepto de mantenimiento atrasado, firmada por el administrador del condominio y legalizada por un notario, para luego con dicha acta pasar a inscribir el privilegio del condominio, y consecuentemente ejecutar el mismo de manera privilegiada.

 

En conclusión, los más factible para conseguir el pago de mantenimientos atrasados  es, en vez de perder tiempo demandando el cobro, proceder desde que se produzca la deuda a inscribir el privilegio  y luego embargar inmobiliariamente el apartamento del propietario deudor; beneficiándose del privilegio, para luego con el producto de la venta del apartamento ejecutado, cobrar la deuda por mantenimiento, y si hubiere  un excedente, pues retornarlo a dicho propietario moroso.

 

Cobro en base a medidas de coerción personales, al tenor del Código Procesal Penal

Aunque parezca insólito, personalmente tuvimos ocasión de conocer, en nuestra condición de juez que ha presidido un tribunal de derecho común durante varios años, demandas en cobro de dinero fundadas en resoluciones penales que imponían medidas de coerción personales.

En efecto, resoluciones dictadas por un juez de la instrucción disponiendo una garantía económica (Fianza) a un imputado, como medida de coerción, se han aportado como base de demandas en cobros, ante la no presentación del imputado a los requerimientos de la justicia penal. La idea es cobrar los montos de la póliza de la aseguradora con la que se firmó la garantía para asegurar que el imputado no se sustraería del proceso represivo.

Sobre estas pretensiones, sin que sea necesario agotar muchas líneas, basta con asegurar categóricamente que estas resoluciones penales no avalan ningún crédito capaz de fundar la procedencia de una demanda en cobro de dinero lanzada por la víctima en el proceso penal contra el imputado rebelde ante el tribunal civil. En todo caso, si el imputado no se presenta, los montos de la póliza se ejecutan a favor del fisco, nunca de la víctima. A favor de la víctima se imponen por sentencia de fondo las indemnizaciones peticionadas con ocasión de una actoría civil llevada en el proceso penal.

Estas resoluciones que imponen medidas de coerción, vale decir, no constituyen sentencias de fondo, sino providencias provisionales, previas al juicio penal de fondo, a fin de– justamente- prevenir que el imputado se sustraiga del proceso antes de ser sentenciado, cuando pesa sobre él un peligro de fuga. Por tanto, no siendo una decisión de fondo, es obvio que no concurren en los valores reclamados impropiamente en este contexto jurídico,  las condiciones de certeza, liquidez y exigibilidad necesarias para que sea posible demandar el cobro.

 

Cobro de alquileres atrasados

Cuando con ocasión de un contrato de alquiler el inquilino no paga oportunamente las cuotas vencidas, el propietario puede demandar en justicia el cobro de las mismas, sin requerir a la vez la resiliación del contrato de inquilinato y el consecuente desalojo. Todo dependerá de las pretensiones del propietario: si éste quisiere terminar la relación contractual, demandaría conjuntamente con  el cobro la resiliación y el desalojo por falta de pago. Pero si el interés es solamente recibir el pago de las cuotas vencidas, pero continuar con el contrato vigente, entonces demandaría sólo el cobro.

Sea que se demande el cobro únicamente o el cobro acompañado de la resiliación contractual y del desalojo por falta de pago, la competencia de excepción para conocer de ello, sin importar el monto de la demanda, es de los juzgados de paz ordinarios.

Se trata de una competencia de atribución, que es de orden público; por tanto, pudiera ser suplida de oficio por los tribunales del fondo.

Cobro de la aseguradora de la víctima contra el demandado

Sobre la facultad que tienen las aseguradoras de demandar el cobro de valores, cuando éstas ejecutan la póliza a favor del asegurado, ha sido juzgado lo siguiente: “Cuando la aseguradora desinteresa con el pago de la cobertura de la póliza a su asegurado, aquella queda subrogada en los derechos de este último, pudiendo en este caso perseguir judicialmente el cobro de los valores que pudieran haber lugar, mediante una acción en repetición”[22].

Es decir, tan pronto la aseguradora cumple frente a su asegurado, pagándole el monto de la póliza por el importe contratado, si finalmente se determina que la falta la tuvo la otra parte, los derechos que tenía el asegurado pasan a asistir a la aseguradora, la que podrá demandar en cobro al que haya incurrido la falta. Evidentemente, si quien incurrió en falta es el asegurado, independientemente de que la aseguradora pague, no habría derecho de acción en esa hipótesis. El derecho de acción surgiría en toda hipótesis en que el asegurado pudiera tener derecho a reclamar a alguien por concepto de reparación.

En fin, las pretensiones descritas precedentemente, han de canalizarse bajo la fórmula de una demanda en cobro de dinero, que es justamente el tipo de acción de justicia estudiado en este apartado. Sin embargo, dado que –en esencia- esta demanda se contrae a una verdadera acción en repetición, sugerimos complementar esta parte con el apartado correspondiente a la acción en repetición, más adelante en este libro. 

Cobro promovido por el Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción

 Se ha argumentado en contra de este precedente que el crédito reclamado en este caso no es cierto que constituya un impuesto, sino una tasa y que, como tal, bien pudiera ser cobrada por ventanilla. Sin embargo, es la propia ley la que establece que es a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a  la que le corresponde recaudar dichos valores, no la entidad en cuestión ni a ninguna otra, de manera directa. Por vía de consecuencia, el criterio jurisprudencial esbozado precedentemente parece contar con mayor sustento legal.

Cobro por trabajo realizado y no pagado

El delito de trabajo realizado y no pagado es originario de la Ley No. 3143, del 11 de diciembre de 1951, y fue reproducido literalmente por el artículo 211 del Código de Trabajo. Además del delito de trabajo realizado y no pagado, la citada Ley No. 3143 prevé el delito de trabajo pagado y no realizado, el cual expresamente ha sido incluido dentro de las infracciones de acción penal a instancia privada, a la vista del artículo 31 del Código Procesal Penal [23].

Sobre el delito de trabajo realizado y no pagado, y el tribunal llamado a conocer del mismo, se ha establecido los siguiente:  “ (…) Si el trabajador persigue exclusivamente que se sancione la falta del empleador, el tribunal penal será el competente. Estamos en presencia de lo que el nuevo Código Procesal Penal denomina una acción pública a instancia privada[24].  Por el contrario, si el trabajador reclama el pago de su crédito y apodera al tribunal de trabajo, éste será competente, aunque su demanda haya sido calificada como una acción por trabajo realizado y no pagado, pues en cualquier caso toda reclamación de salario tiene como fundamento un trabajo que ha sido prestado y no se ha pagado. La circunstancia de que en la demanda se apele al artículo 211 del CT no debe ser determinante para pronunciar la incompetencia del tribunal, pues el juez de trabajo, en uso de su papel activo y de su potestad de suplencia de la demanda, le bastará con condenar al deudor al pago de su obligación contractual.  El trabajo convenido ha sido cumplido y el salario acordado no ha sido pagado en la fecha pactada o en la terminación de las tareas, de modo que uno de los presupuestos del contrato de trabajo se ha incumplido: el abono de la remuneración, con lo cual se violenta su carácter sinalagmático, lo que impone al juez de trabajo exigir el cumplimiento de la obligación contractual (…)”[25].

Sobre el trabajo realizado y no pagado, ha sido juzgado que sus elementos constitutivos son los siguientes: a) la contratación de trabajadores para la ejecución de una obra o la prestación de un servicio; b) la ejecución del trabajo o el servicio contratado; c) el impago a los trabajadores de la remuneración correspondiente en la fecha convenida o a la terminación del servicio; y d) la intención fraudulenta, comprobada por el hecho de no haberse efectuado el pago de la retribución[26]. Y aunque no se incluyó en esta sentencia la existencia de un contrato de trabajo como elemento constitutivo del delito de trabajo realizado y no pagado, mediante sentencia previa la misma cámara había dejado sentado que el contrato de trabajo constituye un presupuesto de este delito[27].  En efecto, podemos dar fe de que en la práctica la mayoría de los tribunales conciben la existencia de un contrato de trabajo como condición para retener el delito objeto de estudio.

Pues bien, enlazando el tema del trabajo realizado y no pagado con las demandas en cobro de dinero, importa resaltar que en la práctica ocurre que muchas veces los abogados, por desconocimiento, califican la demanda como trabajo realizado y no pagado, cuando en realidad se trata de un cobro de dinero, por concepto de una obligación nacida de un contrato de empresa, no de un contrato de trabajo, el cual supone una subordinación. Este yerro conceptual pudiera implicar cuestiones competenciales en detrimento de los intereses del demandante, pues se corre el riesgo de que la otra parte pretenda capitalizar dicha situación, al tiempo de articular como medio de defensa una excepción de incompetencia. Pero además pudiera suceder que el tribunal, de oficio, declare su incompetencia de atribución, por tratarse de un aspecto de orden público. Sin embargo, en derecho puro, lo determinante no ha de ser el nombre que las partes pongan a sus demandas, sino lo que verdaderamente se persigue con cada acción en justicia. Por consiguiente, al margen del calificativo propuesto de entrada, si el tribunal advierte que se trata de un asunto que no se corresponde con lo precisado en el título de la demanda, debe darle la verdadera fisonomía al asunto.

Sistema de daños y perjuicios

En materia de cobro de dinero rige un sistema de responsabilidad civil especial, aplicable cuando el deudor no pague la deuda al acreedor en el tiempo debido. Según este sistema, los daños y perjuicios nunca consisten en otra cosa que en los intereses producidos por la deuda[28].

Para fundar la procedencia de los daños y perjuicios no hay que probar un agravio en sí, como típicamente debe hacerse en los diversos sistemas de responsabilidad civil. En esta materia el “agravio” equivale a la mora del deudor: bastará, pues, con que el acreedor pruebe que el deudor no pagó oportunamente la deuda.

Problemática a partir de la entrada en vigor del Código Monetario y Financiero

Ocurre que el Código Civil al reglamentar los daños y perjuicios en materia de cobro de dinero,  remite a un “interés legal”, pero el artículo 91 del Código Monetario y Financiero, taxativamente derogó la Orden Ejecutiva No. 312[29] que era la que instituía el interés legal; es decir, en el estado actual de nuestro derecho, no existen intereses legales: evidente vacío normativo, y es que -por un lado- un precepto legal remite a unos intereses legales, lo cuales –por otra parte- han sido derogados por otra ley posterior; cómo entonces aplicar el sistema indemnizatorio en esta materia?

A partir de este evidente vacío normativo, los tribunales, por mandato legal, no tuvieron otro camino que interpretar[30]. En efecto,  algunas jurisdicciones se inclinaron por –pura y simplemente- rechazar todo tipo de interés moratorio, arguyendo que por no existir ningún interés legal, no procede conceder algo que no forma parte del derecho positivo: un razonamiento simplista que favorece descomedidamente al deudor moroso. Particularmente, no pensamos que la intención del legislador al derogar la Orden Ejecutiva No. 312, que instituía el interés legal, haya sido dejar sin sanción alguna la mora; es obvio que se trata de una pifia legislativa, la cual debería –entretanto se subsana la situación por la vía legal- ser resuelta por los tribunales, a través de sus facultades interpretativas.

Por otra parte, otros tribunales optaron por imponer sumas fijas por concepto de indemnización en materia de cobro, evitando así incurrir en una contradicción con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de otrora, la cual sentó el precedente de que en materia civil no procedía imponer ningún tipo de interés a partir de la entrada en vigor del Código Monetario y Financiero, ni si quiera por una tasa diferente al 1% que establecía como interés legal la consabida orden ejecutiva. Así, por ejemplo, si la condenación era a RD$100,000.00, el tribunal que hacía acopio de la solución comentada, condenaba a dicho monto, más una cantidad adicional por concepto indemnizatorio; siendo usanza el calcular dicho importe indemnizatorio, en función de un 1% desde la fecha de la demanda hasta la fecha del dicado de la sentencia que condenaba al cobro.

Particularmente, en nuestra condición de juez de primera instancia civil y comercial, a la vista del panorama jurisprudencial que existía,  nos inclinamos por aplicar este método indemnizatorio de suma fija; y es que la Suprema Corte de Justicia era constante en establecer y reiterar que mal administraban justicia los tribunales inferiores que imponían intereses legales, luego de regir el Código Monetario y Financiero. Si bien la jurisprudencia ordinaria[31] no vincula, lo cierto es que  por un tema de seguridad jurídica, y considerando la nomofilaquia casacional[32], preferimos aplicar un remedio jurídico cónsono con la postura fijada por la máxima instancia del sistema judicial.

No obstante, debemos reconocer que, a diferencia de lo que han interpretado tratadistas consagrados, humildemente entendemos que este método, de una suma fija para indemnizar en materia de cobro, no era el más idóneo, pues con el paso del tiempo dicha suma adicional se devalúa igual que la condenación principal; no se indexa automáticamente como ocurre con el método de intereses moratorios: los intereses siguen corriendo con el paso del tiempo[33].  Probablemente, en otro medio donde la moneda no sufra una devaluación tan marcada con el paso del tiempo, como sucede en estos países en vía de desarrollo, el sistema de la suma fija funcione, pero entre nosotros –insistimos- no pensamos que sea lo más factible.

Para esa época coexistía el criterio, originario de las Cortes de apelación, de imponer en el contexto jurídico estudiado, el denominado “Interés Judicial”. El razonamiento de los  tribunales que empleaban este tipo de interés era que ante el vacío de la ley respecto de los intereses legales, y dada la obligación que el Código Civil impone a los jueces, en el sentido de decidir los casos, no obstante deficiencia legal, lo propio era solucionar la situación imponiendo intereses a sus condenas; intereses que por ser creación de la jurisprudencia, lo denominaron “judiciales”.

Pues la Suprema Corte de Justicia hizo suya la noción de “intereses judiciales”, pero lo hizo en materia de responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, ese precedente abrió la brecha para que los tribunales inferiores hicieran acopio de tales intereses judiciales, ahora también reconocidos por la máxima instancia judicial, en materia de cobro de dinero: si ya la SCJ reconoce que los jueces tienen facultad de imponer intereses a las condenaciones que impongan, es lo propio interpretar que los intereses de que habla el Código Civil al referirse a la indemnización en materia de cobro, han de suplirse por los judiciales, por no existir los legales.  

Irrelevancia de la inexistencia del interés legal en materia comercial

En materia comercial la costumbre constituye una fuente preponderante. Recordemos que esta es un área más informal que la civil[34]; por tanto, el impasse que representa el hecho de que haya sido derogada la Orden Ejecutiva No. 312, que instituía el interés legal, no afecta la órbita de lo comercial; aquí bastará con indagar acerca de cuál es la costumbre en la localidad donde se haga la transacción, y en base a ella se fijará el interés. Por ejemplo, si en San Pedro de Macorís se estila prestar a un 2%, pues esa costumbre será suficiente para fijar ese interés al préstamo en cuestión.

Cláusula penal y el sistema de daños y perjuicios en materia de cobro de dinero

Hasta esta parte hemos sostenido que, conforme a la legislación vigente, en materia de cobro de dinero los daños y perjuicios no consisten en otra cosa que en los intereses que generen la deuda principal. Y que por no haber intereses legales en la actualidad, ya que fueron derogados por el Código Monetario y Financiero, la mayoría de los tribunales han optado por suplir esa deficiencia normativa mediante la implementación de intereses judiciales,  admitidos al día de hoy por la Suprema Corte de Justicia[35]. Sin embargo, en este apartado resulta de interés destacar que existe otra vía para el acreedor ser indemnizado por concepto del retraso de su deudor en el pago debido: la cláusula penal.

Sobre este particular, el genio doctrinario ha razonado en el siguiente sentido: “(…) es perfectamente posible prever en el contrato que la inejecución del deudor en el vencimiento previsto se sancionará con el pago de una indemnización global en aplicación de una cláusula penal. La cláusula penal no es exclusiva de las obligaciones distintas a las que consisten en el pago de suma de dinero. Por el contrario, es muy frecuente en las obligaciones de pagar una suma de dinero. Se puede encontrar en los más diversos contratos, tales como el arriendo, la venta y el préstamo especialmente (…)”[36].

Como puede advertirse, los tratadistas más autorizados han sostenido que bien pudieran las partes, libre y voluntariamente, acordar de antemano cuál será la consecuencia jurídica ante el incumplimiento del deudor. A tales efectos, perfectamente pudieran las partes emplear, a parte del método de intereses, el sistema de sumas fijas libremente consensuado. Si las partes llegan a un punto de entendimiento sobre la manera de indemnizar al acreedor por el retraso del deudor, ello constituirá ley entre partes. Por vía de consecuencia, pudiera ser reclamado ante los tribunales, si es que no se cumple voluntariamente con el peso de la palabra empeñada.

Sistema de monto fijo para los daños y perjuicios en materia de cobro de dinero

Sobre este sistema, los connotados tratadistas franceses Marcelo Planiol y Jorge Ripert, sostienen lo siguiente: “El establecer la indemnización por mora en una cifra fija, en materia de deudas de dinero, ofrece grandes ventajas. La naturaleza y la extensión de los daños que puede haber sufrido el acreedor como consecuencia del retraso de su deudor, serían muy difíciles de determinar. Por medio de una tasación fija, toda incertidumbre desaparecen (…)”[37].

A nuestro juicio, el hándicap que presenta esta fórmula de indemnización en base a una suma fija, es que se devalúa con el paso del tiempo, igual que la condenación principal; en tanto que el sistema de intereses supone una indexación automática que posibilita la corrección monetaria en el tiempo.

No debe perderse de vista que el interés en que se sostengan en el tiempo los métodos empleados al momento de dar a cada quien lo que en buen derecho se merece, obedece al hecho notorio de que, desafortunadamente, la justicia civil al día de hoy es muy lenta; por tanto, el lapso que transcurre entre la condenación que se logra en primera instancia y el momento en que dicha decisión se torna definitiva muchas veces consiste en años: no es lo mismo un millón de pesos hoy, que un millón de pesos dentro de cuatro, cinco o seis años.

Liquidación de los intereses judiciales

Es frecuente que los demandantes peticionen los intereses judiciales, tanto en materia de cobro de dinero, para suplir la deficiencia provocada por la ausencia de un interés legal, como en materia de responsabilidad civil en sentido general. Sin embargo, la liquidación de tales intereses no constituye una demanda muy recurrente.

La demanda en liquidación de intereses legales o judiciales no ha sido prevista de manera expresa en nuestro país ni por la ley, ni por la doctrina local, ni por la jurisprudencia. Es en el ámbito comparado donde nos encontramos con demandas de esta naturaleza.

Lo cierto es que al momento de ejecutar la sentencia que dispone estos intereses judiciales, se presenta el inconveniente de que no existe una cifra líquida en ese sentido. Por ejemplo, la sentencia condena al pago de una deuda de un millón de pesos, así como a un 1.5% de interés judicial, a modo de indemnización moratoria. Ese porcentaje suele dejarse abierto para que lo calculen las partes, lo cual es obvio que dificulta la ejecución de la decisión.

Es por la situación descrita precedentemente que la parte interesada ha de demandar ante el mismo tribunal que acogió los intereses por primera vez, la liquidación de los mismos. Así, en el ejemplo propuesto en el párrafo anterior, si la condenación fue de un millón, más un 1.5%, calculados desde la fecha de la demanda hasta la total ejecución de la sentencia firme que deberá intervenir en el proceso, el Tribunal de primer grado que decidió acogiendo primigeniamente los intereses, al momento de liquidarlos, debe realizar la operación matemática de rigor, en función del importe de la deuda principal, el porcentaje acogido como interés legal y el lapso que haya transcurrido entre la primera decisión y la última que la consolidó.

La oferta real de pago: trámite que detiene el cómputo de los intereses

La oferta real de pago constituye un trámite legal que impide que el deudor deba soportar el cómputo de los intereses, no obstante estar en la disposición de pagar. En efecto, al  realizar la oferta real de pago, desde el momento de la consignación  del monto ofrecido, el cómputo de los intereses se detiene.

Sobre los efectos de la consignación, la doctrina de origen ha sostenido lo siguiente: “(…) La consignación pone término a las demandas del acreedor, pone fin a los intereses para lo futuro y traslada los riesgos de la cosa o de la suma consignada sobre el acreedor (…)”[38].

Muchas veces deudores aviesos “echan mano” a esta brecha legal, y emplean la oferta real de pago con el  real propósito de evitar que sigan calculándose los intereses, pero a conciencia de que no se ha ofrecido el monto debido. Es decir, si por ejemplo, el deudor debe cien pesos y ofrece treinta, es obvio que el acreedor no aceptará ese monto ofrecido por no cubrir la deuda; sin embargo, entretanto se produzca una sentencia de validez rechazando esa oferta pírrica, el deudor habrá obtenido lo que deseaba: suspender el cómputo de los intereses en su contra.

De su lado, los acreedores para defenderse de chicanas como la descrita precedentemente, se defienden demandando en referimiento la suspensión del acto de ofrecimiento y de consignación, por ser claro que tal ofrecimiento no se corresponde con lo debido. Y es que la doctrina moderna ha admitido que si bien el juez de los referimientos no puede anular ningún acto, ya que la nulidad es propia del fondo de la controversia, bien pudiera suspender dicho magistrado de la provisionalidad, los efectos de un acto cuando estime que es manifiestamente improcedente[39].

Prescripción

La regla general es que el derecho de crédito que se ejercita ante los tribunales bajo la fórmula de demandas en cobro de dinero prescribe a los veinte años[40]. Pero cuando se trate de cobros particulares que la ley prevea otra prescripción más corta, evidentemente será esta última prescripción la que habrá de aplicar; tal es el caso del cobro de pagos sucesivos, como los alquileres, de los intereses, etc., que prescribe a los tres años[41]. O la situación en que el crédito nazca de una transacción llevada a cabo entre un comerciante como vendedor y un no comerciante como comprador, cuya prescripción sería de solo un año[42].

Punto de partida del cálculo de la prescripción para ejercer válidamente el cobro

El cómputo de la prescripción del cobro de dinero principia a partir de que es exigible la obligación de pago. Si el documento constitutivo de la obligación de pago es un pagaré simple,  el cual tiene un término de dos meses para efectuar honrar la deuda, por ejemplo, será partir del vencimiento de dicho plazo cuando el acreedor podrá constituir en mora a su deudor para que proceda a realizar el pago. No es el vencimiento del término –per se-lo que jurídicamente marca el inicio del cómputo prescriptivo, sino la fecha de la constitución en mora que haga el acreedor a su deudor: hasta que el acreedor no haga del conocimiento de su deudor su interés por que éste cumpla con el pago debido, ha de presumirse –según la mejor doctrina- una especie de aquiescencia del acreedor al incumplimiento de su deudor.

Como medida útil, el acreedor pudiera prever en el mismo documento contentivo del crédito, que la sola llegada del término vale constitución en mora[43].

Si se trata de pagos sucesivos que, como se ha sostenido precedentemente, prescriben a los tres años, se ha admitido que prescriben por separado cada cuota a partir de su exigibilidad. Así, por ejemplo, si se trata de un inquilinato por un año, y el propietario no cobra la mensualidad de mayo luego de tres años de trascurrido dicho mes, prescribe la acción para reclamarlo. Por otro lado, si el acreedor es negligente, y permite transcurrir muchos años sin cobrar, y sólo aplican tres años de la prescripción respecto de algunas cuotas, no así en relación a otras, el evidente que el tribunal sólo reconocerá aquellos que jurídicamente sea posible cobrar para la época de la demanda.

Sin embargo, no debe perderse de vista que en el estado actual de nuestro derecho, la prescripción constituye un fin de inadmisión que afecta el derecho de acción, pero que es de interés privado; por tanto, el principio general es que no puede suplirlo de oficio el tribunal[44]. Si alguien intenta cobrar acreencias vencidas y el deudor, por negligencia o por lo que fuere, no invoca la prescripción, el tribunal acogerá tales montos vencidos que no han sido no cuestionados.



[1]El artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, entre otros, consagra como títulos ejecutorios los actos auténticos con obligaciones de pago incursas.

[2]Un contrato de alquiler suscrito ante un notario público, por ejemplo, es un verdadero título ejecutorio, ya que contiene obligaciones de pago y es auténtico por haber sido instrumentado por un Notario.

[3] Sentencia No. 105, dictada el 30 de enero de 2014, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

[4]Para ampliar sobre la manera de probar los actos jurídicos y los hechos jurídicos, consultar la obra de nuestra autoría titulada “Soluciones Procesales, ante los Juzgados de Paz y de Primera Instancia”.

[5]Por ejemplo, si la obligación de pago está afectada de un término y el mismo aún no se ha cumplido, es evidente que la exigibilidad no se caracterizaría; pero ello no quita la certeza, en caso de no cuestionarse el documento constitutivo del crédito, ni la liquidez derivada de estar precisado el monto del crédito en el documento que le sirve de base. Si se teme que entretanto llegue el término, el acreedor pueda disipar los bienes, pudiera optarse por un embargo conservatorio: general, si están los bienes en poder del deudor o retentivo, si están en manos de un tercero. La idea es indisponer dichos bienes embargados conservatoriamente, hasta que llegue la exigibilidad del crédito, para entonces demandar al fondo el cobro.

[6]El artículo 1139 del Código Civil, es la base legal de la constitución en mora.

[7]“Convención” es una noción jurídica amplia. Se ha dicho que toda convención es un contrato, pero no todo contrato es una convención. El contrato viene siendo la especie dentro del género, que es la convención. El contrato sólo genera obligaciones, en tanto que la convención pudiera suprimir una obligación, como la quita o perdón, por ejemplo. Sin embargo, el connotado jurista Christian Larroumet ha aclarado en su obra “Teoría General del Contrato” que esa distinción entre “convención” y “contrato”, carece de utilidad normativa, ya que es el mismo Código Civil napoleónico el que en su artículo 1101 define el contrato como una convención.

[8]El pagaré notarial es un acto auténtico, porque es suscrito ante un notario. En éste una persona (deudor) admite que debe una suma de dinero a otra persona (acreedor). La ley no requiere para la instrumentación de este tipo de documento la presencia de testigos. La vía idónea para atacarlo es mediante el procedimiento de inscripción en falsedad, que es como se atacan los actos auténticos; pero existe un precedente jurisprudencial que admite la nulidad de actos auténticos bajo la fórmula de demandas principales en nulidad, cuando los vicios del documento auténtico son manifiestos. Para ampliar sobre el pagaré notarial y la forma de atacarse, consultar el libro de nuestra autoría titulado “Los Incidentes del Embargo Inmobiliario”, 2da. Edición, 2013.

[9]Para ampliar sobre el principio de concentración del proceso civil, consultar la obra de nuestra autoría titulada “Soluciones Procesales, ante los Juzgados de Paz y de Primera Instancia”, 2da. Edición.

[10]Aplica aquí la regla general de los plazos francos: si el último día es feriado, se rueda, sumándose otro día más, etc.

[11]El artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley No. 38-98, consagra que cuando el crédito sea igual o menor a la suma de RD$20,000, el tribunal competente es el Juzgado de Paz; y si es mayor a la citada suma de RD$20,000, será el tribunal de derecho común el llamado a estatuir al respecto.  La tendencia es hacia elevar el referido monto atributivo, al tiempo de emplear una fórmula que permita que dicho monto de atribución se indexe con el pago del tiempo, sin necesidad de reformar la ley cada vez que las sumas vigentes sufran devaluaciones; esto así, estableciendo cifras variables, como serían los parámetros del salario mínimo del sector privado, por ejemplo.

[12]Art. 150, párrafo, del Anteproyecto del Código Procesal Civil: “Para calcular, se suma el valor del objeto principal de la pretensión, los frutos, intereses y gastos y otros conceptos devengados al tiempo de la interposición de la demanda, pero no los frutos, intereses, gastos y otros conceptos posteriores”.

[13] Acto jurídico es todo aquello que nace de la voluntad de las partes: factura, pagaré, contrato, etc.; en tanto que los hechos jurídicos no resultan de un acuerdo de partes, tal sería el caso de un accidente de tránsito; alguna fractura sufrida por una persona por estar el suelo mojado en un establecimiento, etc.

[14]Doctrinalmente se le llama “prueba tasada” a este sistema, porque el legislador ha determinado previamente el peso probatorio de cada pieza, a diferencia del sistema de la axiología racional y de la sana crítica, en que el juez es soberano en cada caso de conferir un peso probatorio determinado a cada pieza, con el deber de motivar por qué ha dado más o menos valor a cada elemento aportado.

[15] En el ámbito probatorio, se ha dicho que hay tres pruebas perfectas: 1.- La prueba escrita, 2.- La confesión y 3.- El juramento decisorio. Pero lo cierto es que las máximas de experiencia persuaden en el sentido de que tanto la confesión como el juramento decisorio son al día de hoy “letra muerta”; la prueba escrita es la que en la práctica se utiliza; por tanto, es esa la prueba perfecta por excelencia en materia de actos jurídicos.

[16] Sentencia SCJ, 1ra. Cám, No. 2, del 10 de noviembre de 2004, B.J. No. 1128, p.p. 152-159

[17]Si bien dicha indicación de “visto original” puesta por el secretario en el inventario, da más fuerza a las fotocopias que finalmente sean dejadas en el expediente, lo cierto es que la SCJ ya ha juzgado que dicha constancia de “visto original” no vincula a los jueces del fondo; por tanto, aunque no sea la usanza, pero pudiera ocurrir que, no obstante el demandante haber diligenciado que el secretario coloque el “visto original” en su inventario, el juez finalmente rechace la demanda por falta de pruebas.

[18]El Art. 109 del Código de Comercio instituye el principio general de la prueba en materia comercial, igual que el Art. 1315 del Código Civil consagra el principio general de la prueba en materia civil. En el ámbito comercial hay libertad probatoria. En materia civil, si se trata de actos jurídicos, prima la prueba por escrito, pero si es en materia de hechos jurídicos, igual que en lo comercial, aplica una libertad probatoria.

[19]Sentencia SCJ, No. 7, del 9 de marzo de 2000, B.J. No. 1072

[20]HEADRICK, William C.”Diez Años de Jurisprudencia Civil y Comercial, desde el 1997 hasta 2007”, p.p. 343-344

[21] Idídem, p. 345.

[22]Sentencia SCJ, 1ra. Cám, No. 35, del 25 de febrero del 2004, B.J. No. 1119, p.p.302-310

[23]A la vista del artículo 29 del Código Procesal Penal, la acción penal puede ser pública y privada. Y la acción penal pública –a su vez- se divide en acción penal puramente pública y en acción penal a instancia privada. Para saber cuándo una infracción penal determinada debe conocerse conforme a las reglas del procedimiento para la acción penal puramente pública, para la acción penal a instancia privada o para la acción penal privada, basta con consultar los listados de infracciones contenidos en los artículos 31 y 32 del CPP. El primero atinente a la acción penal a instancia privada y el segundo sobre acción penal privada. Si el delito no se encuadra dentro de ninguno de estos listados, pues ha de concluirse que se trata de una infracción de acción penal puramente pública: todo lo que no esté previsto expresamente para que se conozca conforme a un proceso penal especial, ha de tramitarse a la luz del procedimiento común, que es el de acción penal puramente pública, que debe ser impulsada de oficio por el Ministerio Público. Para ampliar sobre los diversos procesos penales, consultar la obra de nuestra autoría titulada “Soluciones Procesales, ante los Juzgados de Paz y de Primera Instancia”. 

[24]Lo cierto es que lo que se tipifica expresamente en el artículo 32 del CPP es el delito de trabajo pagado y no realizado. Asimismo, es de interés apuntalar que a partir de esta norma procesal penal, los tratadistas se han inclinado por calificar a la acción represiva como “penal”, no “pública”, ya que a partir de la reforma procesal penal del 2004, la acción penal no es sólo pública, también hay acción penal privada y a instancia privada.Antes el Ministerio Público tenía el monopolio de la impulsión de la acción represiva, hoy día la víctima también puede constituirse en querellante y promover por sí la acción penal.

[25]ALBURQUERQUE, Rafael F. Gaceta Judicial, año 17, número 324, p.p. 32-39

[26]Sentencia SCJ, 2da. Cám, del 29 de marzo de 2006, B.J. No. 1144, p. 1280

[27]Sentencia SCJ, 2da. Cám, del 26 de enero de 2005, B.J. No. 1130, p. 387

[28]Art. 1153 del Código Civil: “En las obligaciones que se limitan al pago de cierta cantidad, los daños y perjuicios que resulten del retraso en el cumplimiento, no consisten nunca sino en la condenación de los intereses señalados en por la ley; salvas las reglas particulares del comercio y de las fianzas”.

[29]Se denomina Orden Ejecutiva, porque fue promulgada en la época de la intervención norteamericana, cuando no había una estructura congresual como funciona en la actualidad, sino que emanaba del ejecutivo; pero para todos los fines, al día de hoy, sería una ley adjetiva ordinaria.

[30] El artículo 4 del Código Civil manda a los jueces a decidir los casos sometidos a su consideración, no obstante exista un vacío legal, a pena de incurrir en denegación de justicia.

[31]En doctrina se habla de jurisprudencia ordinaria, aludiendo a aquellas decisiones de la SCJ que aplican a un caso concreto. Por ejemplo, aquella que sostiene que procede descargar al deudor, porque la factura que avalaba el crédito no estaba recibida por él: es obvio que esa solución es para ese caso concreto. Por otra parte, se habla de jurisprudencia de principio, para cuando se hace una interpretación jurisprudencial que rige para todos los casos, como sería la situación de, justamente, establecer que no existen intereses legales luego de entregar en vigencia el Código Monetario y Financiero: se trata de un precepto que ha de aplicar a todos los casos que versen sobre cobro, pues la jurisprudencia ha fijado en este caso un principio general. Algunos estiman que las jurisprudencias de principio sí deben vincular a los tribunales inferiores, pero la mayoría sostiene que ninguna jurisprudencia de la SCJ debe vincular. Particularmente, comulgamos con este último criterio,  ya que entre nosotros rige un sistema romano-germánico, conforme al cual, por norma general, la jurisprudencia constituye una fuente indirecta del derecho que no ha de vincular a los tribunales del orden judicial. Por consiguiente, sólo debería admitirse el carácter vinculante de las jurisprudencias constitucionales y de tribunales Supranacionales que entren al bloque de constitucionalidad.

[32]La nomofilaquia de la casación es un concepto desarrollado por la doctrina que, concretamente, trata del carácter de unificación de criterios de la SCJ.

[33]Recordemos que la justicia civil, desafortunadamente, no es entre nosotros tan rápida como desearíamos; hay mucho trabajo y la mora es frecuente en los fallos. Pudiera ocurrir que se obtenga ganancia de causa en primera instancia, pero el lapso que transcurra entre la fase de apelación y de casación pudiera sumar años, los cuales sin dudas van a afectar el valor de la moneda. Por tanto, es obvio que lo más inteligente en estos casos es tomar los miramientos de lugar para lograr la corrección monetaria de rigor con el paso del tiempo: un millón de pesos al día de hoy nunca será lo mismo que un millón dentro de uno, dos, siete … años.

[34]La informalidad en materia comercial muchos la atribuyen a la presunción de que los comerciantes no guardan mucha formalidad en las cotidianas transacciones que realizan como actos de comercio. Sin embargo, algunos autores, como el Magistrado Biaggi Lama, en su Tratado de Derecho Comercial Dominicano, sostienen que tal presunción no es tan así, puesto que hoy por hoy, los comerciantes toman las precauciones de formalidad tanto o más que los particulares que no son comerciantes. No obstante, lo cierto es que la materia comercial, en la actualidad, y la tendencia no parece apuntar a otro sentido, tiene una reglamentación menos formal que la civil ordinaria.

[35]Recordemos que el artículo 4 del Código Civil manda a los tribunales a decidir todos los asuntos sometidos a su consideración, aun cuando la ley sea ambigua, so pena de incurrir en denegación de justicia. Justamente para evitar denegar justicia, ante la ausencia de intereses legales, se suple ese vacío mediante los intereses judiciales.

[36]LARROUMET, Christian. “Teoría General del Contrato”, Vol. II, p. 111.

[37]PLANIOL, Marcelo & RIPERT, Jorge. “Tratado Práctico de Derecho Civil Francés”, Tomo 7mo., 2da. Parte, p. 190.

[38]Op. Cit, PLANIOL & RIPERT, p. 548

[39]Cfr LUCIANO PICHARDO, Rafael. “De las astreintes y otros escritos”, 2da. Edición, p.p.307-308

[40]La prescripción afecta el derecho de acción, no así al derecho mismo. Por tanto, en este caso, aunque transcurran 20 años o el plazo prescriptivo que sea que aplique, el derecho de crédito persistirá, sólo que no podrá reclamarse en justicia: o sea, es como no tener nada, ya que en esas condiciones no es posible reclamar el derecho. En cambio, la caducidad afecta es al derecho; cuando algo caduca se aniquila la prerrogativa misma. En este caso no es un tema de que no hay acción para reclamar algo que materialmente persiste, como en la prescripción, con la caducidad no hay derecho, desaparece.

[41]Art. 2277 del Código Civil: “Los réditos de rentas perpetuas y vitalicias, los de pensiones alimentarias, los alquileres de casas y el precio del arrendamiento de bienes rurales, los intereses de sumas prestadas, y generalmente, todo lo que se paga anualmente o en plazos periódicos más cortos, prescriben por tres años”.

[42]Art. 2272 del Código Civil: “La acción (…) de los mercaderes, por las mercancías que venden a los particulares que no lo son (…) prescriben por un año”.

[43]El Art. 1139 del Código Civil, prevé esta posibilidad de hacer que el acto que contenga la obligación de pago valga constitución en mora al deudor, sin necesidad de instrumentar ningún acto de alguacil a esos efectos.

[44]La Ley No. 834, en su artículo 44 y siguientes, regula los fines de inadmisión, sosteniendo que son medios de defensa de interés privado, salvo cuando se trate de la falta de interés o de un aspecto que incumba al orden público. Sin embargo, el Anteproyecto del Código Procesal Civil prevé que los medios de inadmisión pueden ser suplidos todos de oficio por los tribunales del fondo.

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