El embargo inmobiliario y la Ley No. 189-11 (Fideicomiso y Mercado Hipoterario)

EL EMBARGO INMOBILIARIO Y  LA LEY NO.  189-11

PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO HIPOTECARIO

Y EL FIDEICOMISO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Por.: Yoaldo Hernández Perera.

(Gaceta Judicial, año 16, No. 306)

 

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RESUMEN

El autor estudia la cuestión de saber si el procedimiento de embargo inmobiliario instituido en la Ley No. 189-11 es restrictivo para los negocios de fideicomiso o si aplica extensivamente en beneficio de todo acreedor hipotecario.  

PALABRAS CLAVES:

Embargo Inmobiliario, Ley No. 189-11, interpretación sistemática, Desarrollo del Mercado Hipotecario, Fideicomiso, supresión de audiencia para lectura de pliego, agilización procesal, Código de Procedimiento Civil, República Dominicana.

 

El 16 de julio de 2011 fue promulgada la Ley No. 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, la cual persigue incentivar el desarrollo del mercado hipotecario de la nación, partiendo de que, básicamente, a nivel internacional se ha establecido que el crecimiento económico está estrechamente vinculado al desarrollo del mercado de valores. Esto así, porque el mismo contribuye al aumento del flujo de recursos hacia los sectores productivos de la economía y a minimizar el riesgo sistémico, generando en consecuencia, mayor riqueza y empleos en el país.

 

A tales efectos, esta nueva normativa, entre otras cosas, ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico la figura del Fideicomiso[1]; al tiempo de instituir un procedimiento especial de embargo inmobiliario, más expedito aun que el embargo abreviado previsto en la Ley No. 6186 sobre Fomento Agrícola, en aras de contribuir con el desarrollo del mercado hipotecario[2]

 

Ha sido materia de controversia la cuestión de saber si las consabidas innovaciones al procedimiento de embargo inmobiliario aplica solamente a las ejecuciones que tengan como causa un crédito nacido de algún acto constitutivo de un fideicomiso o si, por el contrario, aplica -en sentido general- a todo procedimiento de embargo inmobiliario que se persiga a causa de la ejecución de un crédito hipotecario.

 

La postura restrictiva de la aplicación de esta ley sólo al fideicomiso, promueve la idea de que debe hacerse una interpretación sistemática, partiendo de que se trata de una ley especial para un negocio jurídico específico: fideicomiso. Por tanto, según esta posición, no es válido interpretar aisladamente los artículos de esta normativa, por lo que debe concluirse que el procedimiento para ejecutar inmobiliariamente con arreglo a esta ley, ha sido concebido por el legislador como un procedimiento especial exclusivo para el negocio de fiducia. En consecuencia, lo que no verse sobre un fideicomiso no aplica para el consabido trámite de ejecución abreviada.

 

Por argumento a contrario, la interpretación extensiva, que sostiene que el consabido procedimiento de ejecución inmobiliaria aplica a favor de todo acreedor hipotecario, promueve la idea de que la Ley No. 189-11 trata, esencialmente, del desarrollo del mercado hipotecario y, justamente para contribuir a ello, incorpora la novedosa figura jurídica del fideicomiso. Por consiguiente, sostiene esta tesis, lo correcto es interpretar que todo cuanto verse para coadyuvar al desarrollo del mercado hipotecario entra en el radio de aplicación de la referida ley, independientemente de que para participar en dicho mercado, libre y voluntariamente, las partes opten por suscribir un fideicomiso o no. A tales efectos, los adeptos de esta postura hacen acopio del considerando décimo de la ley, que en términos genéricos sostiene que su finalidad es desarrollar, en sentido general, el mercado hipotecario y para eso urge simplificar los procedimientos de ejecución inmobiliaria, sin especificar que necesariamente deban las partes valerse de un fideicomiso; fundamentando este razonamiento en la máxima jurídica: “donde la ley no distingue, los jueces ni nadie deben hacerlo”.

 

Particularmente, nos sumamos a la segunda posición que, dicho sea de paso, es el criterio que hasta el momento de redactarse estas líneas ha primado en los tribunales civiles de primera instancia en el Distrito Nacional y en los de algunas localidades del norte del país, como La Vega. Así, conviene interpretar que la Ley No. 189-11 aplica extensivamente para todos los embargos inmobiliarios que se instrumenten a causa de la ejecución de una hipoteca, siempre que ésta sea convencional, por mandato expreso de los artículos 149 y 150 de la ley en cuestión[3]; independientemente de que la génesis de la ejecución constituya una fiducia o no. En abono a todo lo expuesto anteriormente, importa destacar que taxativamente esa legislación establece lo siguiente: “Artículo 149.- Ámbito de aplicación. El presente Título contiene las disposiciones aplicables para el procedimiento especial de ejecución inmobiliaria al que podrán optar cualesquier tipos de acreedores hipotecarios, incluyendo, sin que esta lista sea limitativa, entidades de intermediación financiera locales o del extranjero, los agentes de garantías a los que se refiere la presente ley, titularizadoras y fiduciarios, siempre y cuando la garantíahipotecaria haya sido concedida de manera convencional, sin importar el tipo onaturaleza de la acreencia garantizada”.  (Subrayados del autor).

 

El contenido del texto legal transcrito precedentemente, haciendo ejercicio de una interpretación teleológica de la ley, pone de manifiesto  que al momento de su redacción era intención del legislador beneficiar a todo acreedor que haya constituido una hipoteca convencional, sin importar el tipo o naturaleza de la acreencia garantizada, del procedimiento de expropiación forzosa simplificado, consagrado en la ley objeto de estudio. Con lo cual, resulta de trascendental importancia que los actores del sistema de justicia civil tomen conciencia de esta situación procesal, y conozcan la factibilidad de instrumentar las ejecuciones inmobiliarias basadas en un crédito que nazca de una hipoteca convencional, siguiendo este nuevo proceso que está concebido, como hemos dicho previamente, de manera aun más simplificada que el embargo inmobiliario abreviado previsto en la Ley No. 6186 sobre Fomento Agrícola, el cual está concebido sólo a favor del Banco Agrícola y de instituciones de intermediación financiera[4]

 

Pero el artículo 150 de la ley que ocupa nuestra atención reafirma la postura extensiva de la aplicación del embargo inmobiliario instituido en la consabida Ley No. 189-11, ya que de manera expresa consagra lo siguiente: “Derecho de perseguir la venta de los inmuebles hipotecados por falta de pago. Sujeto a los términos y condiciones previstos en el contrato entre las partes, en caso de falta de pago, incumplimiento del contrato a de la ley que conlleve la pérdida del beneficio del término, podrá ser perseguida la venta de los inmuebles hipotecados por cualquier acreedor provisto de una hipoteca convencional”. (Subrayado del autor).

 

Tenemos conocimiento de que en ocasión de un procedimiento de embargo inmobiliario practicado a la luz de la Ley No. 189-11, ante la jurisdicción de San Cristóbal, se dedujo casación -pendiente de solución- bajo la prédica de que al efecto se siguió el procedimiento de la referida legislación, sin que exista un fideicomiso. Habrá que esperar el precedente que sobre el particular deberá fijar la Suprema Corte de Justicia mediante su jurisprudencia.

 

Grosso modo, podemos identificar como notas salientes de este nuevo procedimiento de embargo inmobiliario, la reducción del plazo del mandamiento de pago, de treinta días a sólo quince días; suprimiéndose trámites como el acta de embargo, etc., ya que el mismo mandamiento se convierte en embargo, si vencido el referido plazo de quince días no se procede al pago de rigor. Asimismo, es novedosa la supresión de la audiencia para fines de lectura de pliego, la cual en materia de embargo inmobiliario ordinario se ha convertido en una “rutinita” donde a pedido del propio persiguiente se  suele dar por leído el pliego y, a seguidas, se procede a librar acta de que no existen reparos ni incidentes pendientes de resolver hasta ese momento y, finalmente, prosiguiendo con la fijación de una próxima audiencia para fines de venta, licitación y adjudicación, dentro del plazo de ley. De igual forma, con arreglo a esta normativa, cualquier reparo formulado contra el cuadernillo de condiciones debe resolverse en la misma audiencia para esos fines. También contribuye a la celeridad del procedimiento, la prohibición expresa del aplazamiento de la audiencia de la adjudicación, salvo que sea a petición del persiguiente; lo que procesalmente implica que cualquier incidente tramitado conforme a los rigores legales deberá ser resuelto a más tardar el mismo día de la adjudicación, suprimiéndose la posibilidad que para el embargo inmobiliario ordinario prevé el artículo 729 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de aplazar la venta cuando existan incidentes pendientes de resolver. Asimismo, se reduce la manera de atacar la adjudicación en esta materia mediante el recurso de casación, lo cual ha sido cuestionado por algunos, alegando preceptos constitucionales, atinentes al doble grado de jurisdicción y el derecho de defensa; entre otras previsiones tendientes primordialmente a agilizar la ejecución.

 

 

Es importante destacar que esta concepción expedita del proceso es afín con la redacción del artículo 1056, párrafo, del Anteproyecto del Código Procesal Civil, el cual de manera expresa sostiene que la adjudicación en el embargo inmobiliario no puede ser pospuesta por incidente ni recurso alguno[5].

 

No obstante lo anterior, para optimizar aun más la celeridad del embargo inmobiliario, consideramos que debió eliminarse la disfuncional fase de puja ulterior. Somos de opinión que esta ley debió modificar esa parte[6]. Aspiramos a que los comisionados encargados de la redacción del nuevo Código Procesal Civil reflexionen sobre el particular, y tomando en consideración la experiencia cotidiana en los tribunales de la República, eliminen esta fase posterior a la adjudicación y con ello, sabiamente, imposibiliten el “negocio” en que han convertido dicha puja ulterior algunos desaprensivos. Si la finalidad de la puja ulterior es evitar que el inmueble embargado sea vendido por un precio muy inferior a su valor real, lo procedente sería legislar para que, igual que se ha admitido en el país de origen de nuestra legislación, sea posible cuestionar el precio ofrecido como primera puja por el persiguiente.

 

 

No obstante los frutos positivos del régimen legal precedentemente expuesto, nos preocupa que las entidades de intermediación financiera, las que por norma general incluyen en la mayoría de los contratos de préstamos con garantía hipotecaria, una cláusula que les permite revisar unilateralmente la tasa de los intereses convenidos originalmente, puedan abusar de esta forma de ejecución inmobiliaria extremadamente expedita, y hagan un uso descomedido de ésta en detrimento de la clase media de la nación, la cual es la que mayormente acude a este tipo de transacción hipotecaria. Por eso, saludamos la decisión de la sala civil de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 17 de noviembre de 2010, transcrita de manera inextensa en esta revista Gaceta Judicial, en su edición correspondiente al año 15, número 303, p.p. 76-80, en el sentido de que para que sea válida esa revisión unilateral por parte de los Bancos, es menester que dicha institución notifique esa variación a tiempo al cliente, a fines de que este último pueda impugnar la misma, en caso de entenderla injusta, atendiendo al comportamiento en el mercado financiero del país para la época del pretendido cambio de intereses.

 

A continuación, pasamos a desarrollar, esquematizadamente, el nuevo procedimiento de embargo inmobiliario instituido en la Ley No. 189-11, a partir del artículo 151, sobre Desarrollo de Mercado Hipotecario y Fideicomiso en la República Dominicana, a saber:

 

1.- Instrumentación del mandamiento de pago, en la persona del deudor o en su domicilio, con las menciones previstas en el artículo 152 de la ley, que son similares a las del embargo inmobiliario de derecho común; advirtiendo que deberá proceder al pago dentro de un plazo de quince días, a contar desde la notificación de dicho mandamiento, a pena de convertirse el acto en embargo, de pleno derecho[7].

2.- Inscripción del mandamiento de pago[8], ya convertido en embargo, ante el Registrador de Títulos del distrito judicial correspondiente al inmueble registrado, o ante la Conservaduría de Hipotecas, si se tratase de inmuebles no registrados[9].

3.- Depósito por parte del persiguiente, del pliego o cuadernillo de condiciones, dentro de los diez días que sigan a la última inscripción del embargo. Dicho pliego deberá contener, a pena de nulidad, las menciones descritas en el artículo 155 de la ley, que son muy similares a la previstas en el Código de Procedimiento Civil, para el embargo inmobiliario ordinario[10].   

4.- Etapa para reparos al pliego o cuadernillo de condiciones, mediante instancia a depositar ante la secretaría del tribunal que conozca del embargo, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la venta; con las menciones que establecer el Art. 156 de la ley, a pena de nulidad. Esta instancia deberá notificarse a las partes interesadas[11] por acto de abogado a abogado, si tuvieren abogado constituidos,  mediante citación a su persona, emplazándolo a comparecer a la audiencia para decidir sobre el reparo[12]. Esta notificación deberá hacerse, al menos, un día franco antes de la audiencia. 

5.- Publicación del anuncio de la venta en pública subasta, la que deberá llevarse a cabo dentro de los veinte (20) días siguientes al depósito del pliego de condiciones, mediante un periódico de circulación nacional; por lo menos un anuncio de la venta, con las menciones que, a pena de nulidad establece el artículo 158 de la ley aplicable, que son muy similares a las que prevé el Código de Procedimiento Civil para el embargo inmobiliario ordinario[13].

6.- Notificación a las partes del aviso de venta, dentro de un plazo de cinco (05) días contados desde el día de la publicación, con intimación de tomar notificación del pliego y demás documentos pertinentes. A tales efectos, dicho acto notificativo deberá indicar la fecha fijada para la venta, con llamamiento a comparecer a la misma[14]. Esta venta obligatoriamente deberá efectuarse luego de, por lo menos, quince (15) días desde la fecha de la notificación de la denuncia del aviso de la venta y llamamiento a la audiencia de adjudicación. La ley, igual que en el embargo abreviado de la Ley No. 6186 sobre Fomento Agrícola, confiere al persiguiente la facultad de elegir él la fecha de la venta. Al respecto, hacemos nuestra la postura de la doctrina criolla reciente, en el sentido de que debe estar a cargo del tribunal tal fijación[15], ya que es éste, y no el persiguiente, el que tiene conocimiento de su agenda y, por tanto, está en mejor condiciones para, dentro del plazo de ley, fijar la venta para una ocasión que no cree trastornos a su desenvolvimiento.

7.- Celebración de la venta, la que sólo podrá ser aplazada a pedimento del persiguiente, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley.  La forma de instrumentarse la subasta es similar, esencialmente, al procedimiento común en materia de embargo inmobiliario, según el Código de Procedimiento Civil: apertura de la venta; tres minutos para los licitadores presentar posturas; dos minutos para permitir otra eventual postura; decisión de adjudicación, al tenor del artículo 712 del Código de Procedimiento Civil, etc[16].

8.- Posibilidad de impugnar la adjudicación, mediante el correspondiente recurso de casación; cerrándose la posibilidad de la acción principal en nulidad y eliminándose el efecto suspensivo del consabido recurso extraordinario, previsto en la Ley No. 491-08, al tiempo de reincorporar la demanda en suspensión del recurso de casación; demanda que no surtirá efectos suspensivos con su sola interposición, pues según la ley aplicable, dicho efecto será a partir de que se decida la demanda.

9.- Etapa de la puja ulterior, la que –como hemos dicho más arriba en este trabajo- debió ser suprimida de este trámite que primordialmente persigue simplificar las ejecuciones inmobiliarias. Las reglas para esta puja ulterior son  análogas a las instituidas en el artículo 708 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, aplicable al embargo inmobiliario ordinario.

10.- Posible solicitud de declaratoria de “falso subastador”, la que en caso de proceder provocará la fijación de una nueva fecha para proceder a la reventa.

11.- Procedimiento de validación de la adjudicación que finalmente haya prevalecido: la primitiva u otra a causa de alguna puja ulterior, que no dista del derecho común.

 

Para finalizar, resulta de interés destacar que el régimen incidental en este procedimiento expedito es esencialmente práctico, pues se han tomado los miramientos de lugar, a fin de evitar que por causa de los tradicionales incidentes retardatorios, la adjudicación se demore injustificadamente[17].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

PÉREZ, Eladio Miguel. Régimen Legal del Embargo Inmobiliario y sus Incidentes, Tomo III, 2da. Edición, p. 430.

__________________ Anteproyecto de Código Procesal Civil: Santo Domingo, Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, 2010.

 

__________________ Código Civil de la República Dominicana

 

__________________ Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana

 

__________________ Ley No. 189-11 sobre Desarrollo Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana

 

GACETA JUDICIAL, año 15, número 0303, p.p. 76-80



[1] El Artículo 3 de la Ley No. 189-11 define el negocio jurídico del Fideicomiso como: “Definición de fideicomiso. El fideicomiso es el acto mediante el cual una o varias personas, llamadas fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o personales, a una o varias personas jurídicas, llamadas fiduciarios, para la constitución de un patrimonio separado, llamado patrimonio fideicomitido, cuya administración o ejercicio de la fiducia será realizada por el o los fiduciarios según las instrucciones del o de los fideicomitentes, en favor de una o varias personas, llamadas fideicomisarios o beneficiarios, con la obligación de restituirlos a 1a restitución de dicho acto, a la persona designada en el mismo o de conformidad con la ley. El fideicomiso está basado en una relación de voluntad y confianza mutua entre el fideicomitente y el fiduciario, mediante la cual este último administra fielmente los bienes fideicomitidos, en estricto apego a las instrucciones y a los requerimientos formulados por el fideicomitente. rrafo: El fideicomiso puede ser puro y simple  o  sujeto a condición o plazos. Asimismo, puede establecerse sobre todo o parte del patrimonio del fideicomitente. ”

[2] La misma ley que rige la materia prevé distintas modalidades de fideicomisos, de manera puramente enunciativa; entre las que destacan: para el desarrollo de las viviendas de bajos costos; para planificación sucesoral; para la colocación de valores en el mercado, etc.

[3] Estos artículos (149 y 150) precisan que la modalidad de la hipoteca debe ser convencional, esto es, que las partes libre y voluntariamente convengan en ella mediante la suscripción de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. En consecuencia, es forzoso convenir en que no entran en el radio de aplicación de la Ley No. 189-11 las hipotecas judiciales ni las legales.

[4] Como es sabido, la Ley No. 6186 sobre Fomento Agrícola fue concebida inicialmente para incentivar préstamos para fines agrícolas, como una manera de promover el desarrollo de esa área vital para el desarrollo nacional. Pero a partir de la promulgación del Código Monetario y Financiero, esta normativa, incluyendo el embargo inmobiliario abreviado, fue hecha extensiva para cualquier otra actividad financiera. En la actualidad las previsiones de esta ley que más gozan de aplicación, aquellas relativas a la prenda sin desapoderamiento, de la competencia de los juzgados de paz, así como las atinentes al embargo inmobiliario abreviado, atribución de los tribunales de derecho común, en atribuciones civiles.

[5] Cfr Art. 1056, párrafo, ACPC: “Cualquier recurso contra una sentencia incidental antes de la sentencia de adjudicación será considerado sin efectos sobre el curso del procedimiento de embargo y, por lo tanto, no suspenderá la continuación del mismo, ni impedirá la adjudicación del inmueble embargado”.

[6] Justamente por las recurrentes actuaciones dolosas, el Departamento de Insectoría del Poder Judicial, previó un trámite administrativo interno, a fin de que los jueces estudien y tengan facultad para depurar las solicitudes de puja ulterior, a fin de autorizar solamente aquellas que se correspondan con la ley. Desafortunadamente, en la actualidad se siguen filtrando componendas inapropiadas, a fin de vulnerar el sistema y tergiversar la real finalidad de la puja ulterior, haciendo de ella un mecanismo de chantaje en perjuicio de personas que en buena lid han resultado adjudicatarias en la venta primigenia, en el sentido de forzarles a negociar con ellos (pujantes ulteriores), so pena de abrir la puja ulterior, con el único propósito de incidentar. Lamentablemente, muchas veces para evitar este tipo de inconvenientes se materializan acuerdos injustos en esa dirección.

[7] La recepción per el acreedor de parte de las sumas adeudadas par el deudor, no impedirá la continuación del embargo y sólo tendrá incidencia en la repartición y distribución del resultado de la venta, según 1o prescrito por el derecho común. (Art. 153, párrafo).

[8] Si se tratare de bienes situados en más de un Distrito Judicial. cada inscripción deberá efectuarse dentro de los diez (10) días que siguen a la fecha en que se ultime la inscripción anterior; a este efecto, el Registrador de Títulos o Conservador de Hipotecas hará constar en la anotación de inscripción, la fecha indicada. (Art. 154, párrafo I).

[9] En caso de que el embargo no fuere inscrito dentro del plaza indicado, se tendrá de pleno derecho como un desistimiento implícito del mandamiento de pago y sus efectos, debiendo el acreedor notificar otro mandamiento de pago, si quisiere promover esta vía de ejecuci6n para el cobro de las sumas que le son adeudadas. (Art. 154, párrafo II).

[10] EI persiguiente podrá establecer también en el pliego de condiciones, que todo licitador deberá depositar previamente en la secretaría del tribunal una garantía, mediante cheque certificado de una institución bancaria domiciliada en la República Dominicana, expedido a favor del persiguiente, no pudiendo dicha garantía exceder del diez por ciento (10%) de la primera puja, salvo que se hubiere convenido una suma mayor entre eI persiguiente y el deudor.(Art. 155, párrafo).

[11] Artículo 157.- Partes que pueden demandar reparos al pliego de cargas, cláusulas y condiciones. Las partes con interés para demandar reparos al pliego, además del persiguiente mismo y el deudo r, 1o serán, el propietario del inmueble embargado cuando

fuere una persona distinta a la del deudor, y que hubiere participado como garante real del crédito en defecto; el nuevo adquiriente del inmueble hipotecado al que se refiere el presente Titulo, este como los demás acreedores hipotecarios convencionales a legales. inscritos e incluso los judiciales, sólo cuando la hipoteca fuere definitiva.

[12] La causa se instruirá mediante debates verbales y el juez deberá fallar en la misma audiencia, sin necesidad de motivar su decisi6n, la cual no será objeto de ningún recurso y será ejecutoria en el acto. (Art. 156, párrafo II).

[13] Todos los anuncios judiciales relativos al embargo se insertaran en el mismo periódico. La justificación de haberse publicado los anuncios se hará por medio de un ejemplar que contenga el anuncio de que se trata. Cualquiera otra parte que tenga interés en que se otorgue a la venta mayor publicidad que la establecida en este artículo, podrá hacer otras publicaciones a sus expensas, dentro del plazo de los veinte (20) días previstos en la parte capital del artículo 158 de la ley aplicable.

[14] Artículo 159.- Notificación del aviso de venta al deudor y llamamiento a comparecer a la audiencia de adjudicación. El aviso de la venta será notificado al deudor, al propietario del inmueble embargado, cuando fuere una persona distinta a la del deudor y que hubiere participado como garante real del crédito en defecto, al nuevo adquiriente del inmueble hipotecado al que se refiere el presente Titulo, así como a los demás acreedores hipotecarios convencionales 0 legales inscritos e incluso los judiciales, s6lo cuando la hipoteca fuere definitiva. dentro de un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la publicación, con intimación de tomar comunicaci6n del pliego de cargas. clausulas y condiciones, copia en cabeza del mandamiento de pago, del 0 de los ejemplares del periódico que contienen las publicaciones del o los avisos de venia en pública subaste. Asimismo, el acto contendrá la notificación a1 deudor de la fecha fijada para la vente en pública subasta y llamamiento a comparecer a la audiencia de adjudicación.

[15] PÉREZ, Eladio Miguel. Régimen Legal del Embargo Inmobiliario y sus Incidentes, Tomo III, 2da. Edición, p. 430.

[16] Igual que en el embargo inmobiliario ordinario y en el abreviado de la Ley No. 6186, todo subastador está obligado a depositar en secretaria del  tribunal, antes de iniciarse la subasta, la garantía requerida por el pliego de condiciones, si este hubiere estipulado alguna. No se cobrarán tasas, impuestos o contribuciones de ninguna clase para las sumas así depositadas..

[17] El régimen de los incidentes está previsto en el artículo 168. Esta ley hace acopio de la doctrina extensiva de los incidentes en materia de embargo inmobiliario. Así, todo aspecto que guarde relación con el embargo y surja durante su desarrollo, será considerado un incidente del mismo. Los plazos son iguales para toda cuestión incidental, a diferencia del embargo ordinario, que instituye plazos dependiendo de si se trata de incidentes ordinarios, de nulidades de antes de la lectura del pliego o de luego de la lectura del pliego, al tenor de los artículos 718, 728 y 729, respectivamente, del C.P.C. Asimismo, se prohíbe el recurso de apelación contra toda decisión que resuelva incidentes.

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