Incompetencia de atribuciòn en materia de Amparo

INCOMPETENCIA DE ATRIBUCIÓN EN MATERIA DE AMPARO:

¿puede ser declarada de oficio por los tribunales?

Por.: Yoaldo Hernández Perera

(Gaceta Judicial Año 16, número 315)

RESUMEN

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Se cuestiona la posibilidad de que, en materia de amparo, los tribunales de la República  declaren su incompetencia de atribución, sin que sea peticionado por las partes.

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PALABRAS CLAVES

Acción de amparo, competencia de atribución, competencia territorial, derechos fundamentales, debido proceso, Ley No. 137-11, Ley  No. 437-06, supremacía constitucional, República Dominicana.

Durante la vigencia de la hoy abrogada Ley No. 437-06, que regía el procedimiento de amparo en nuestro país, no era materia de controversia la inviabilidad de declarar de oficio la incompetencia del tribunal de amparo, sea territorial o de atribución. De manera expresa, el artículo 9 de la citada Ley No. 437-06 sostenía lo siguiente “Ningún tribunal podrá declarar de oficio su incompetencia material o territorial para conocer de una acción de amparo”.

 

La justificación de la prohibición legal de pronunciar oficiosamente la incompetencia en materia de amparo, según se ha explicado en doctrina, es la protección de la accesibilidad a la justicia en esta materia de tutela efectiva de derechos fundamentales, al tiempo de impedir que se retarde injustificadamente el proceso como secuela de declinatorias de un tribunal a otro, sin que sea peticionado por el accionante o por el accionado.

 

En efecto, sobre la celeridad del procedimiento de amparo, ha sido admitido lo siguiente: “Siendo un procedimiento sumario, ha de suponerse como un procedimiento urgente que permita la salvaguarda con celeridad del derecho vulnerado”[1].

 

Sin embargo, la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que es derogatoria de la Ley No. 437-06, al momento de establecer la prohibición a los jueces de amparo, de declarar de oficio su incompetencia, taxativamente establece lo siguiente en su artículo 72, párrafo III: “ Ningún juez podrá declarar de oficio su incompetencia territorial…”. (Subrayado del autor). Es decir, que la normativa vigente excluye de la referida prohibición la competencia material o de atribución, preservando únicamente la competencia territorial en el contexto que nos ocupa.

 

A partir de lo precedentemente expuesto, algunos tribunales han fijado el precedente de declarar de oficio su incompetencia material o de atribución en materia de amparo, arguyendo para ello que la Ley No. 137-11 lo que prohíbe es que sea declarada de oficio la incompetencia territorial, pero nada establece respecto de la competencia material o de atribución. Y que al tenor del artículo 40.15 de la Constitución, lo que la ley no prohíbe es permitido jurídicamente; máxime cuando el aspecto competencial es consustancial al debido proceso, el cual, según ordena el artículo 69 de la Carta Fundamental, debe ser tutelado celosamente por todos los tribunales. También, que el artículo 7 de la Ley No. 137-11 instituye el principio de oficiosidad[2] en la justicia constitucional, para casos en que sea menester proteger los derechos de las personas, incluyendo el caso en que las reglas legales sean aplicadas incorrectamente por las partes. 

 

Como crítica al criterio esbozado ut supra, se ha establecido que a partir de la Ley No. 437-06, sustituida por la Ley No. 137-11, todos los tribunales de la República cuentan con atribución para conocer sobre las acciones de amparo, independientemente de que sea posible declinar el caso cuando exista otro tribunal que -atendiendo a sus atribuciones- sea más afín con el derecho fundamental alegadamente conculcado[3]. Que por esa razón, sería súper abundante que la legislación señale la competencia de atribución o material al momento de prohibir la declaratoria de incompetencia de manera oficiosa. Y que por vía de consecuencia, al día de hoy persiste en todo caso la imposibilidad de declarar de oficio la incompetencia de los tribunales de amparo.

 

Sobre la cuestión estudiada, el ingenio doctrinal ha razonado en este tenor: “Con estas disposiciones, es obvio que la LOTCPC preserva el espíritu y letra de la antigua legislación de amparo, en el sentido de “evitar que el juego de la competencia jurisdiccional o la implicación de los distintos órdenes jurisdiccionales resten la efectividad del procedimiento de protección en amparo, al tiempo de garantizar el amparo a través de todas las jurisdicciones como vía de control y protección contra la inconstitucionalidad”[4]

 

A nuestro juicio, por ser esencialmente expedito el procedimiento aplicable al instituto del amparo[5]; y por ser dicha acción constitucional un mecanismo de tutela judicial efectiva de derechos verdaderamente fundamentales[6], es forzoso convenir en que la postura más afín con el texto sustantivo es la que promueve la idea de que ningún tribunal está llamado a declarar de manera oficiosa su incompetencia, ni territorial ni de atribución. La Constitución consagra en su artículo 8 que el deber primordial del Estado es tutelar los derechos de las personas. Todos los tribunales están llamados a proteger celosamente la supremacía de la constitucionalidad; por tanto, deben estar todos los magistrados capacitados en materia de derechos fundamentales, los cuales han de prevalecer en todos los subsistemas jurídicos: penal, civil, inmobiliario, laboral, etc.

 

 Esperemos la solución que sobre este particular deberá rendir oportunamente el Tribunal Constitucional cuando esté en condiciones de hacerlo, en ocasión de las acciones sometidas a su escrutinio. Las decisiones de esta alta corte son vinculantes a los tribunales inferiores[7], por lo que contribuiría significativamente a la unidad jurisprudencial y a la consecuente seguridad jurídica, el que se fije criterio sobre el consabido aspecto competencial, apegado a los mejores intereses de la sociedad, la que para su desarrollo precisa de la existencia de estructuras normativas sostenibles y eficaces, a los fines de garantizar los derechos fundamentales de las personas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:

 

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA,  Agencia Española de Cooperación Internacional. El Recurso de Amparo, 2006, República Dominicana.   

 

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional . Una publicación del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, 2010, República Dominicana.

 

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Constitución Comentada. Una publicación editada en la República Dominicana, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2011.

 

JORGE PRATS, Eduardo. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, Editora Amigos del Hogar, 2011, República Dominicana.

 

__________________ REPÚBLICA DOMINICANA, Ley No. 437-06, que establece el Recurso de Amparo.

 

_________________  REPÚBLICA DOMINICAMA, Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.



[1] Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Inc., Constitución Comentada, p. 176.

[2] Principio de oficiosidad: “Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente”. (Art. 7.11, Ley No. 137-11).

[3] Antes de la entrada en vigor de la Ley No. 437-06, el procedimiento de amparo se regía siguiendo la decisión las pautas trazadas por la Suprema Corte de Justicia, mediante decisión dictada el 24 de febrero de 1999, que había asimilado como procedimiento a seguir en materia de amparo, el previsto para los referimientos. Y solamente era competente para conocer sobre dicha acción el juzgado de primera instancia civil y comercial. 

[4] JORGE PRATS, Eduardo. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, p. 165. (Citando a UREÑA, Miguelina y JIMÉNEZ, Pilar. El Procedimiento de Amparo en los Tribunales de la República Dominicana. En Escuela Nacional de la Judicatura. El Recurso de Amparo. Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura, 2006.

[5] Op. Cit., Constitución Comentada, p. 176.

[6] No debe perderse de vista que entre los principios rectores de la justicia constitucional figuran la accesibilidad, la celeridad y la eficacia (Art. 7 de la Ley No. 137-11).

[7] Art. 7.13, Ley No. 137-11: Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

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