Por: Yoaldo Hernández Perera

El connotado jurista y filósofo del derecho Hans Kelsen, pensador austríaco considerado por muchos como el padre de la Teoría Pura del Derecho y una de las figuras más influyentes del positivismo jurídico del siglo XX, afirmó alguna vez que la búsqueda del conocimiento exige una actitud crítica frente a las certezas que solemos dar por sentadas. Esta idea, lejos de ser una simple reflexión académica, resulta especialmente pertinente para quienes se encuentran ante una de las decisiones más importantes de su vida: elegir una profesión.

En efecto, decidir si el derecho es la carrera que debemos elegir supone partir de la duda. No de una duda paralizante, sino de aquella que impulsa a examinar nuestras inclinaciones, capacidades y aspiraciones más profundas. La vocación jurídica rara vez surge como una certeza absoluta; con frecuencia nace de preguntas que merecen ser consideradas con serenidad: ¿me interesa comprender cómo se organiza la sociedad? ¿Siento curiosidad por las normas que regulan la convivencia humana? ¿Me atrae el desafío intelectual de argumentar, interpretar y resolver conflictos? ¿Encuentro satisfacción en la búsqueda de soluciones justas para los problemas de los demás?

Concretamente, estamos hablando de comprender qué mantiene en armonía a una sociedad, qué derechos corresponden a cada persona, qué deberes exige la convivencia y qué mecanismos existen para resolver los inevitables conflictos que surgen entre individuos, empresas e instituciones. Tal como el médico estudia el cuerpo humano para preservar la salud, el jurista estudia las normas, los principios y las instituciones jurídicas que permiten preservar el orden, la libertad y la justicia dentro de la comunidad; y el jurista, en su condición de intérprete y garante del derecho, no se limita a conocer leyes. Su labor consiste en comprender realidades humanas, identificar problemas, construir argumentos y procurar soluciones conforme a los valores y reglas que sustentan el Estado de derecho, entendiendo como tal, en términos llanos, una forma de organización social en la que tanto los ciudadanos como las autoridades están sometidos a la ley, de manera que nadie se encuentre por encima de ella y los derechos de todos puedan ser protegidos de forma efectiva.

En ese contexto, si una persona, física o jurídica, ve afectados sus derechos, incumplido un contrato, lesionado su patrimonio o desconocida una garantía fundamental, el abogado está llamado a defender sus intereses por los medios que el ordenamiento jurídico pone a su alcance. Pero su misión trasciende la defensa particular: contribuye, al mismo tiempo, a que prevalezca la justicia y a que las relaciones sociales se desarrollen dentro de un marco de seguridad, respeto y legalidad. Quizá por ello el derecho no sea simplemente una carrera universitaria. Es, ante todo, una forma de comprender la sociedad y de participar activamente en su construcción.

Reflexionar sobre estas cuestiones es mucho más importante que dejarse llevar por ideas preconcebidas acerca del prestigio de la profesión, las oportunidades económicas o las representaciones que suelen ofrecer el cine y la televisión. El derecho es, ante todo, una disciplina dedicada al estudio de la persona, de la sociedad y de las reglas que hacen posible una convivencia ordenada y justa. Por ello, quien se aproxima a esta carrera debe preguntarse no solamente qué espera obtener de ella, sino también qué puede aportar a través de su ejercicio.

La duda, entonces, no es el enemigo de la vocación jurídica. Es su punto de partida. Quizás una de las razones por las que muchas personas descartan la decisión de estudiar derecho en la universidad es porque tienen una idea incompleta de lo que realmente significa ser abogado. Con frecuencia se escuchan afirmaciones como “el abogado es alguien a quien le gusta discutir”. Sin embargo, nada más alejado de la esencia de esta profesión. La verdad es que derecho no consiste en discutir por discutir; consiste en argumentar. Y argumentar no es lo mismo que polemizar. Mientras la discusión busca, muchas veces, imponer una opinión, la argumentación jurídica procura persuadir mediante razones, pruebas y fundamentos normativos. Del mismo modo, el jurista no se limita a memorizar leyes; debe aprender a interpretarlas, comprender su finalidad y aplicarlas con criterio a situaciones concretas.

Esta diferencia es importante porque revela una de las características más fascinantes de la carrera: su enorme versatilidad. No todos los abogados están llamados a litigar ante los tribunales, ni todos encuentran su vocación en la confrontación procesal. Quien solo disfruta del análisis intelectual, sin el ruido de los estrados, puede desarrollar una brillante carrera como asesor jurídico, consultor, investigador o académico. Quien siente inclinación por el servicio público, puede desempeñarse como juez, representante del Ministerio Público, defensor público o funcionario de organismos estatales, centrados en la cuestión jurídica. Quien prefiere el ejercicio privado, puede dedicarse a la asesoría empresarial, al derecho corporativo, tributario, laboral, civil o internacional. Incluso la diplomacia, la administración pública y la formulación de políticas públicas encuentran en el derecho una herramienta fundamental.

De hecho, la actividad política adquiere una dimensión especialmente valiosa cuando se ejerce desde una sólida formación jurídica. No es casual que numerosos líderes políticos, aun habiendo iniciado su formación profesional en otras disciplinas, decidan posteriormente estudiar derecho. La razón es sencilla: comprender el funcionamiento del Estado, sus límites, sus competencias y sus responsabilidades exige conocer instituciones jurídicas fundamentales, entre ellas la teoría general del Estado, el derecho constitucional y los principios que organizan el poder público. Gobernar implica tomar decisiones que afectan derechos, libertades e intereses colectivos; comprender el derecho permite hacerlo con mayor responsabilidad y legitimidad.

A ello se suma una realidad que suele pasar inadvertida para quienes observan la profesión desde fuera: el derecho está lejos de ser una disciplina estática. Al igual que ocurre con la medicina o con la tecnología, evoluciona constantemente para responder a nuevas necesidades sociales. Como fenómeno cultural y contingente, el derecho cambia con el tiempo y las circunstancias. Durante siglos, el iusnaturalismo desempeñó un papel fundamental al sostener la existencia de principios de justicia inherentes a la persona humana. Más adelante, el positivismo jurídico enfatizó la importancia de la ley como fuente principal del derecho y contribuyó decisivamente a la construcción de sistemas jurídicos modernos. En la actualidad, bajo el paradigma del Estado constitucional de derecho, los principios constitucionales, los derechos fundamentales y la ponderación como método para resolver los denominados “casos difíciles” ocupan un lugar central en la argumentación jurídica, dando lugar a corrientes que destacan el papel del principialismo en la interpretación y aplicación de las normas.

Por esta razón, quien estudia derecho nunca deja realmente de estudiar. Cada reforma legislativa, cada nueva sentencia relevante, cada avance tecnológico y cada transformación social plantean desafíos inéditos para el mundo jurídico. Hoy los juristas, además de los tradicionales asuntos de derecho civil, penal, laboral, etc., reflexionan sobre inteligencia artificial, protección de datos personales, ciberseguridad, biotecnología, comercio digital y derechos emergentes que hace apenas unas décadas ni siquiera formaban parte del debate académico.

Naturalmente, esta profesión exige ciertas disposiciones personales. Es conveniente disfrutar de la lectura, sentir curiosidad por comprender problemas complejos y desarrollar hábitos de investigación. Sin embargo, conviene aclarar algo importante: nadie nace sabiendo investigar. La capacidad de análisis, la comprensión lectora, la redacción jurídica y el razonamiento crítico son habilidades que se fortalecen con la práctica constante. En gran medida, se aprende a leer leyendo, a escribir escribiendo y a argumentar argumentando; es decir, haciendo de cada desafío una oportunidad de superación constante, entendida como el esfuerzo continuo por ser mejor de lo que se fue ayer. En el derecho, ello implica formación permanente, estudio riguroso y autocrítica, como condiciones esenciales para un ejercicio más consciente, responsable y ético de esta hermosa y apasionante profesión.

En definitiva, el derecho ofrece un universo extraordinariamente amplio para que cada persona encuentre su propia vocación dentro de la profesión. No existe un único modo de ser abogado. No obstante, quienes suelen destacar en este campo comparten ciertos rasgos: curiosidad intelectual, sentido de la justicia, capacidad de observación, disciplina, pensamiento crítico, empatía para comprender los problemas ajenos, disposición para el aprendizaje permanente y habilidad para comunicar ideas de manera clara y fundamentada. Todo ello, hay que decir, se afianza leyendo mucho y poniendo en práctica lo que se va aprendiendo.

Si al leer estas líneas descubres que disfrutas formulando preguntas, comprendiendo realidades humanas, buscando soluciones razonables a los conflictos y aprendiendo continuamente sobre el funcionamiento de la sociedad, quizás la verdadera pregunta no sea si el derecho es una carrera difícil o exigente. La pregunta podría ser otra: ¿y si parte de tu vocación ya se encuentra, silenciosamente, en el mundo jurídico? Ahora bien, si después de comprender, siquiera de manera general, qué significa estudiar derecho, aquello que inicialmente te generaba curiosidad no logra despertar en ti una auténtica pasión intelectual, lo responsable y sensato es dirigir la mirada hacia otros horizontes profesionales. Ninguna carrera merece ser elegida por inercia, ni ninguna vocación debe ser forzada.

En ese caso, me permitiré sugerirte que detengas aquí la lectura. Las breves líneas restantes están dirigidas únicamente a quien, después de la reflexión, ha descubierto que el mundo jurídico le resulta verdaderamente atractivo. A ellos, futuros juristas, con la autoridad que otorgan los años de estudio, ejercicio y aprendizaje constante, les recomendaría no apartarse jamás de la ética profesional. Y conviene preguntarse: ¿cómo se protege la ética en el ejercicio cotidiano del derecho? Ante todo, procurando que cada actuación encuentre respaldo en un fundamento normativo. Y no utilizo el término normativo de manera casual. Me refiero a cualquier elemento legítimo del ordenamiento jurídico: una disposición legal, una norma reglamentaria, un principio, una regla, un valor, un precedente o una disposición constitucional que razonablemente sustente la posición que se defiende.

Ello se explica porque el derecho no es una simple colección de mandatos dispersos; constituye un sistema de convivencia que aspira a realizar determinados valores. Por esa razón, mientras una norma forme parte válidamente del ordenamiento, no resulta contrario a la ética que el abogado la invoque en favor de los intereses legítimos que representa, aun cuando pueda albergar dudas sobre su compatibilidad con principios de jerarquía superior. El abogado, después de todo, no está llamado a ser imparcial. Su misión consiste precisamente en defender una posición. La imparcialidad corresponde al juez. La parcialidad corresponde al abogado; pero debe ser una parcialidad ejercida con honestidad intelectual, respeto por la verdad de los hechos y fidelidad a las reglas del juego jurídico.

Por ello, no resulta jurídicamente correcto ni éticamente justo reprochar a un abogado por gestionar la libertad condicional de una persona condenada, por grave que haya sido la infracción cometida. Mientras el ordenamiento jurídico contemple esa posibilidad y el solicitante reúna los requisitos legalmente establecidos, el jurista no hace más que procurar la aplicación del derecho vigente. Del mismo modo, cuando procura la sustitución de una medida de coerción privativa de libertad por otra menos gravosa, no desafía la justicia; ejerce, precisamente, una de las funciones que el propio sistema le encomienda. Y es que, al igual que el médico tiene el deber de atender a todo paciente sin juzgar previamente su historia personal, el abogado está llamado a garantizar el sagrado derecho de defensa de toda persona, independientemente de la valoración moral que la sociedad pueda tener sobre ella.

Justamente, esa es una de las expresiones más nobles del Estado de derecho: que los derechos no dependan de la simpatía que despierte quien los invoca. Por supuesto, hay que insistir, esta labor debe desarrollarse siempre dentro de los límites de la ética profesional, que, en su esencia más profunda, no es otra cosa que la fidelidad al derecho, a la verdad de los hechos y a la dignidad inherente de toda persona humana.

Por otro lado, y ya casi concluyendo, quisiera advertir sobre una tentación frecuente. Muchas personas eligen una profesión pensando exclusivamente en el beneficio económico que podría reportarles. Sin duda, el éxito profesional suele traer consigo estabilidad y progreso material. Sin embargo, cuando el dinero se convierte en el único propósito, el ejercicio profesional pierde parte de su sentido más profundo. Las carreras no se sostienen durante décadas únicamente por la expectativa de ingresos; se sostienen por la convicción de que aquello que hacemos merece ser hecho.

Si estudias con disciplina, investigas con rigor, actúas con responsabilidad y aprendes a amar el conocimiento jurídico, las posibilidades de convertirte en un excelente profesional serán altas, cualquiera que sea el camino que decidas recorrer: la judicatura, el ministerio público, la defensa pública, el ejercicio privado, la academia, la diplomacia, la política o, en general, el servicio público. Pero que la Constitución permanezca siempre presente en cada una de tus actuaciones profesionales. Y, sobre todo, ejerce el derecho con la convicción de que detrás de cada expediente, de cada contrato, de cada proceso y de cada norma, existe una persona cuya dignidad merece ser respetada. Porque, en última instancia, el derecho no fue concebido para servir a los textos, los textos fueron concebidos para servir al ser humano. Y ello es extensivo a las personas jurídicas (compañías, etc.) que, a través de las personas físicas que las integran, reclaman justicia respecto de sus legítimos intereses.