Resumen

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La jurisprudencia dominicana ha dado un giro trascendental en la interpretación del recurso de casación, al exigir que las infracciones procesales también acrediten un interés casacional objetivo. Este cambio alinea nuestro sistema con la evolución reciente del modelo español, cuya normativa inspiró la Ley 2-23. Se analiza este viraje jurisprudencial, su justificación legal y su coherencia con la reforma española que eliminó el recurso extraordinario por infracción procesal como vía autónoma. Un abordaje imprescindible para comprender hacia dónde se encamina el control casacional en la República Dominicana.

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Palabras clave

Casación, infracción procesal, interés casacional, interés objetivo, interés presunto, admisibilidad, jurisprudencia, reforma, España, República Dominicana, Ley 2-23, Suprema Corte de Justicia, unificación, derogación, derecho comparado, eficiencia procesal

Contenido

I.- Mirada preliminar, II.- La evolución del modelo español: de la dualidad de recursos a la unificación casacional, III.- El precedente dominicano: ¿interés presunto en infracción procesal?, IV.- El giro jurisprudencial dominicano: sintonía con la evolución española, V.- Conclusión.

I.- Mirada preliminar

La jurisprudencia dominicana, basada en la Ley núm. 2-23, sobre el Recurso de Casación (y viendo la situación de España antes de la reforma del 2023) reconocía a la infracción procesal, como fundamento de la admisibilidad de la casación, un interés presunto[1]. Esta interpretación fue desvinculándose progresivamente del sistema jurídico español que sirvió de referencia a nuestra normativa. En efecto, a partir de las reformas introducidas en España mediante el Real Decreto-ley 5/2023 y completadas con el RDL 6/2023, el sistema español eliminó el recurso extraordinario por infracción procesal como vía autónoma, integrando estas infracciones en el propio recurso de casación y sujetándolas a la prueba del interés casacional[2].

Es precisamente en este contexto que debe enmarcarse el giro jurisprudencial reciente en la República Dominicana, en virtud del cual se establece que la infracción procesal también requiere demostrar interés casacional objetivo para acceder a la casación. Este viraje en la doctrina jurisprudencial de nuestra Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, no solo representa una evolución coherente con la lógica del sistema de la Ley 2-23, sino también una muestra de la armonía interpretativa entre la jurisprudencia dominicana y la legislación comparada, especialmente la española.

II.- La evolución del modelo español: de la dualidad de recursos a la unificación casacional

Durante más de dos décadas, el ordenamiento procesal civil español contempló la coexistencia de dos vías recursivas extraordinarias: el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal, este último regulado en los artículos 468 a 476 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), y activable en supuestos de vicios formales o procesales graves.

Este esquema binario se sustentaba en la distinción tradicional entre infracciones sustantivas (materia de casación) e infracciones procesales (materia del recurso por infracción). No obstante, la práctica judicial evidenció múltiples dificultades derivadas de esa dicotomía: confusión en la identificación de las normas infringidas, solapamientos de argumentos y complicaciones en el acceso a la casación, especialmente cuando la cuestión debatida presentaba tanto implicaciones de forma como de fondo.

Estas tensiones motivaron la aprobación del Real Decreto-ley 5/2023, cuya reforma entró en vigor el 29 de julio de 2023, integrando por completo las infracciones procesales dentro del recurso de casación. Esta integración se vio finalmente consolidada mediante el Real Decreto-ley 6/2023, con efectos desde el 20 de marzo de 2024, al vaciar de contenido los artículos 468 a 476 de la LEC y su disposición final 16.ª. Así, desde esa fecha, todas las infracciones, tanto procesales como sustantivas, deben canalizarse a través del recurso de casación, y en ambos casos, demostrar la existencia de un interés casacional.

Esta transformación ha convertido el interés casacional en el eje central del sistema recursivo español, eliminando cualquier presunción automática de su concurrencia, incluso en materia procesal.

III.- El precedente dominicano: ¿interés presunto en infracción procesal?

En la práctica dominicana, la jurisprudencia inicial que interpretó la Ley 2-23 asumió que la infracción procesal tenía un interés casacional implícito o presunto, aun cuando la ley no lo expresaba textualmente. Esta visión se apoyaba indirectamente en el artículo 10.1 de nuestra Ley núm. 2-23, que enumera las materias de casación exentas de acreditar interés casacional, sin mencionar la infracción procesal, pero admitiendo su inclusión por vía interpretativa.

Dicho razonamiento encontraba eco en el antiguo modelo español, vigente hasta mediados de 2023, en el que la infracción procesal gozaba de un régimen propio, independiente del interés casacional, al canalizarse por una vía distinta a la casación.

Sin embargo, con la eliminación definitiva del recurso extraordinario por infracción procesal en España, esta lectura quedó desfasada respecto al modelo que inspiró el diseño de la Ley 2-23, lo que generaba una discordancia entre la norma dominicana y su jurisprudencia interpretativa.

IV.- El giro jurisprudencial dominicano: sintonía con la evolución española

Frente a esta disonancia, la jurisprudencia dominicana ha dado recientemente un giro doctrinal importante: ha establecido que la infracción procesal debe aparejar también un interés casacional objetivo, al igual que las infracciones sustantivas[3].

Este nuevo enfoque responde a una doble lógica jurídica:

1. Sistemática interna: La Ley núm. 2-23 estructura el recurso de casación como un recurso único y unificado, en el que el interés casacional constituye la regla general de admisibilidad. No existe previsión normativa que exceptúe expresamente a la infracción procesal, lo que obliga a tratarla con los mismos estándares de admisión.
2. Coherencia comparada: España, país cuya legislación procesal inspiró la redacción de la Ley 2-23, ha suprimido el recurso por infracción procesal como vía autónoma, sujetando su conocimiento al mismo filtro casacional. De esta forma, el cambio jurisprudencial dominicano sigue el rastro jurídico del ordenamiento español, manteniendo una necesaria unidad conceptual entre ambos sistemas.

Este alineamiento doctrinal no es simple mimetismo. Es una apuesta por la coherencia técnica, la seguridad jurídica y la consolidación de un sistema de acceso a la casación centrado en criterios objetivos, que permita a nuestra Suprema Corte de Justicia, en este caso su Primera Sala, enfocarse en aquellas controversias que presentan verdadera trascendencia jurídica para el ordenamiento.

V.- Conclusión

La evolución jurisprudencial reciente en la República Dominicana, al exigir la acreditación del interés casacional objetivo en los recursos por infracción procesal, no solo actualiza la interpretación del texto legal a la luz de su finalidad y sistematicidad, sino que también la armoniza con el modelo español vigente, fuente de inspiración directa de la Ley 2-23.

Este cambio no debe verse como una ruptura, sino como una evolución natural del sistema dominicano, que madura hacia un modelo de casación más racional, selectivo y eficiente, donde el recurso extraordinario cumple su verdadera función: garantizar la uniformidad del derecho y la protección del interés general, sin convertirse en una tercera instancia encubierta.

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[1] Sentencia SCJ, 1ra. Sala, núm. SCJ-J-PS-231869, del 31 de agosto del 2023, B.J. núm. 1353, pp. 2803-2811.

[2] Ver en línea: Apostillas a nuestro abordaje titulado “La infracción procesal en el marco de la casación y el riesgo de legislar desde la interpretación” (https://yoaldo.org/?p=1033)

[3] Sentencia SCJ, 1ra. Sala, núm. SCJ-PS-25-1664, del 29 de agosto del 2025.

Resumen

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Se aborda el giro jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre la infracción procesal como fundamento de admisibilidad de casación, cuestionando su anterior inclusión pretoriana en el interés casacional presunto y valorando positivamente su reubicación en el interés casacional objetivo, como garantía de seguridad jurídica y respeto al rol del legislador.

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Palabras clave

Casación, Ley núm. 2-23, jurisprudencia, admisibilidad, infracción procesal, interpretación, interés casacional, interés objetivo, interés presunto, reforma procesal, seguridad jurídica, Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, doctrina jurisprudencial, legalidad, Estado constitucional de derecho, presunción legal, función judicial, competencia legislativa.

Contenido

I.- Aproximación crítica a la infracción procesal como causal de admisibilidad en casación: notas a una reflexión anterior a la luz de un reciente giro jurisprudencial, II.- Una interpretación sin asidero legal claro, III.- Una intención loable, una vía inadecuada, IV.- Un giro jurisprudencial saludable, V.- Conclusión: legislar desde la interpretación no es el camino

I.- Aproximación crítica a la infracción procesal como causal de admisibilidad en casación: notas a una reflexión anterior a la luz de un reciente giro jurisprudencial

En un análisis anterior, bajo el título “La infracción procesal en el marco de la casación y el riesgo de legislar desde la interpretación”, criticábamos con énfasis una peligrosa tendencia que se advertía en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia dominicana: la habilitación de la “infracción procesal” como causa casacional presunta, a partir de una interpretación extensiva del artículo 12 de la Ley núm. 2-23 sobre el Recurso de Casación. Esta práctica, si bien impulsada por motivaciones legítimas y pragmáticas, ya que muchos de los casos -si acaso la mayoría- versaban sobre infracciones procesales (deficiente motivación, etc.), suponía una suerte de legislación por vía pretoriana que, lejos de coadyuvar al propósito de la reforma, parecía contradecirlo.

Recordemos que el espíritu de la Ley 2-23 era claro: racionalizar el acceso a la casación, reducir la histórica carga recursiva que obstaculiza el rol esencial del Poder Judicial —la tutela judicial efectiva y oportuna— y limitar el recurso extraordinario únicamente a los casos expresamente previstos por el legislador. En ese marco, nos resultaba particularmente desafortunado que se abriera, por vía interpretativa, una compuerta que invitaba a una potencial avalancha de recursos, al entenderse que la infracción procesal constituía una causa casacional por interés presunto, pese a que la ley no lo contemplaba de manera expresa.

II.- Una interpretación sin asidero legal claro

Lo cuestionable no era solo la apertura del recurso en sí, sino el mecanismo utilizado para justificarla. La jurisprudencia se apoyaba en el artículo 12 de la Ley 2-23, disposición que, en rigor, versa sobre los fundamentos del recurso, esto es, sobre el estudio de sus méritos, y no sobre su admisibilidad. Esta distinción no es menor. Utilizar una norma que regula el fondo del análisis para inferir consecuencias procesales relativas a la admisión del recurso, implica una desviación metodológica grave que erosiona la seguridad jurídica. Pero, como todo tiene un porqué, suponemos que eso fue así siguiendo la línea española, que con la reforma del 2023, mediante el Decreto-ley 5/2023, materializado luego por el Decreto-ley 6/2023, que entró en vigor el 20 de marzo del 2024, unificó lo que era la infracción procesal con el recurso de casación, dejando de ser la primera un recurso independiente; de suerte que la casación española abarcaría tanto aspectos sustantivos como procesales.

Así, como el artículo 12 de nuestra Ley 2-23, de Recurso de Casación, emplea el término “infracción”, como causa de casación, precisando -tipo España- que comprende tanto el fondo como la forma, bueno, pues ese parecía el artículo más idóneo para echarle mano, a fines de construir la noción de “infracción procesal”. Pero como con la reforma española se requiere que para fundar la procedencia de la “infracción procesal” (ahora vista dentro de la casación) la prueba del interés casacional, pues en ello probablemente se inspiró el giro que ahora comentamos, en el sentido de dejar de calificar como “interés presunto” la infracción procesal, pasando a incluirla en el interés objetivo.

III.- Una intención loable, una vía inadecuada

No desconocíamos entonces —ni lo hacemos ahora— que la intención de la Suprema Corte de Justicia respondía a una realidad palmaria: un gran número de recursos de casación, si no la mayoría, versaban sobre supuestas infracciones procesales (motivación deficiente, omisión de estatuir, etc.). El intento de dar respuesta a esa problemática era comprensible. Sin embargo, advertíamos que la vía elegida no era la adecuada.

Crear una categoría de “interés casacional presunto” para las infracciones procesales, sin base legal expresa, no solo abría una puerta que la ley intentaba cerrar, sino que sentaba un precedente inquietante: la potestad de los jueces de legislar por la vía pretoriana. En otras palabras, el riesgo era instaurar una costumbre pretoriana de legislar desde la interpretación, lo cual constituye una amenaza para la separación de poderes y para la seguridad jurídica. Una cosa es armonizar reglas y principios, a fines de llegar a la justicia, tal como propone un derecho dúctil en el Estado constitucional de derecho, y otra cosa es agregar algo que debe estar -objetivamente- en la ley para ser “presunto”, y que no está.

IV.- Un giro jurisprudencial saludable

Recientemente, sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia número SCJ-PS-25-1664, del 29 de agosto del 2025, ha rectificado su postura. En lo que constituye un importante viraje jurisprudencial, la referida alta Corte ha determinado que la infracción procesal deja de considerarse como interés casacional presunto y pasa a integrarse expresamente dentro del interés casacional objetivo, en virtud del artículo 10.3 de la Ley 2-23. Como hemos dicho, esta fórmula es la planteada en la nueva casación española, reformada en el 2023, que suprime la “infracción procesal” como recurso extraordinario autónomo, incluyéndola en la casación, como recurso único, pero que requiere para su procedencia (de la infracción procesal) la prueba del interés casacional.

Hasta hace poco, en nuestro país, la infracción procesal era considerada, por vía jurisprudencial, como una de las materias comprendidas dentro del interés casacional presunto, conforme al artículo 10.1 de la Ley núm. 2-23. En ese grupo se incluyen, de forma expresa, casos vinculados al estado civil de las personas, niñas, niños y adolescentes, relaciones de consumo, referimiento, nulidad de laudos arbitrales, execuátur de sentencias extranjeras y conflictos de competencia, los cuales, por mandato de la parte capital del referido artículo 10, no requieren prueba adicional de interés casacional, ya que este se presume por disposición legal.

Sin embargo, con el nuevo criterio jurisprudencial adoptado por la Suprema Corte de Justicia, como hemos visto, la infracción procesal deja de integrarse en ese elenco de materias susceptibles de casación y se traslada al régimen del artículo 10.3, que exige la verificación de un interés casacional objetivo. En esta nueva ubicación normativa, el recurrente debe demostrar, además de la alegada infracción procesal, la concurrencia de alguno de los supuestos que configuran dicho interés objetivo: la contradicción con la doctrina jurisprudencial establecida por la propia Suprema Corte, la existencia de criterios disímiles entre tribunales de alzada o de la propia SCJ o la necesidad de iniciar la construcción de doctrina jurisprudencial sobre un tema determinado.

Este giro no es menor, y reviste carácter de doctrina jurisprudencial, conforme al propio criterio sentado en el segundo acuerdo pleno no jurisdiccional de la Suprema Corte. Si bien normalmente se exige la reiteración de un criterio, al menos dos veces, para considerarlo doctrina jurisprudencial, cuando se trata de una modificación de criterio, como en este caso, basta una sola decisión para que se tenga como doctrina jurisprudencial.

 V.- Conclusión: legislar desde la interpretación no es el camino

Saludamos este giro jurisprudencial, no solo por su contenido, sino por lo que representa en términos institucionales. La función judicial no puede confundirse con la función legislativa, por más buenas que sean las intenciones. La interpretación judicial debe operar dentro del marco normativo trazado por el legislador, no suplantarlo. En sistemas jurídicos que aspiran a la seguridad jurídica y al respeto al principio de legalidad.

En definitiva, es cierto que, en un Estado constitucional de derecho, el ordenamiento jurídico se concibe como un sistema dúctil, donde coexisten principios y valores cuya aplicación debe realizarse con ponderación y sin absolutismos. En ese contexto, la función judicial no puede limitarse a interpretaciones meramente exegéticas, pues está orientada, en última instancia, a la realización de la justicia material.

Sin embargo, esta flexibilidad interpretativa no habilita a los jueces para ocupar el lugar del legislador. Cuando se trata de supuestos de interés casacional presunto, es imprescindible que estos se encuentren expresamente previstos por la ley. Incorporar nuevas causales por vía jurisprudencial —como ocurrió con la infracción procesal— implica sobrepasar los márgenes de una interpretación legítima y comprometer la seguridad jurídica, uno de los pilares fundamentales del sistema.

Por ello, hemos sostenido, y hoy reiteramos, que la reciente rectificación jurisprudencial constituye un acierto. No solo corrige un desvío metodológico, sino que también se alinea con el espíritu de la más reciente reforma en materia de casación, cuya finalidad principal fue precisamente restringir el acceso a este recurso extraordinario a los supuestos definidos con claridad por el legislador.

En la vida comunitaria de un condominio, la armonía entre los propietarios depende del cumplimiento estricto de la normativa interna y de la ley que rige la materia. La Ley 5038 sobre Condominios en la República Dominicana, junto con el reglamento debidamente aprobado a esos efectos, establecen reglas claras para la convivencia, incluyendo prohibiciones específicas que buscan proteger los derechos de los demás copropietarios. Si entre estas restricciones se encuentra la prohibición de alquilar unidades funcionales en modalidad de renta corta, como la ofrecida en plataformas tipo Airbnb, sin la autorización del consorcio, violar dicha restricción, en términos jurídicos, constituye una turbación manifiestamente ilícita que funda la procedencia del instituto del référé.

Esta violación afecta el disfrute pacífico de los demás propietarios y la integridad del régimen de propiedad horizontal. Frente a esta situación, no es necesario acudir a un proceso ordinario mediante el lanzamiento de una litis de derechos registrados —más lento y formal— para obtener protección, sino que procede acudir al juez de los referimientos, quien puede intervenir -de manera expedita- fuera de instancia; es decir, sin que exista una litis principal en curso.

En efecto, el referimiento inmobiliario “fuera de instancia” que está previsto en el párrafo del artículo 181 del Reglamento General de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria (Res. 787-2022) es procedente siempre que no exista “contestación seria” que amerite definición en el fondo. Si hubiera “contestación seria”, habría que demandar al fondo y, entretanto, acudir al referimiento “en curso de instancia”. Pero en el caso que nos ocupa, la prohibición de renta corta está expresamente establecida, por lo que no existe “contestación seria” sobre la validez de la norma ni sobre el derecho de los copropietarios a exigir su cumplimiento. De suerte y manera que mediante ordenanza del juez de los referimientos, fuera de instancia, se puede (y debe) hacer cesar de manera inmediata esta turbación, restaurando la situación conforme a la ley y al reglamento del condominio.

Esta intervención no solo garantiza la protección efectiva de los derechos de los copropietarios, sino que también se conecta con el artículo 69 de la Constitución, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. La seguridad jurídica, la preservación del Estado de derecho y la eficacia de los mecanismos judiciales se ven fortalecidas cuando el referimiento se utiliza para poner fin a violaciones manifiestas, evitando dilaciones innecesarias y asegurando la pronta restitución de los derechos afectados.

En conclusión, cuando un propietario viola el reglamento del condominio mediante la renta corta de su unidad, el referimiento inmobiliario “fuera de instancia” constituye la vía más eficaz y rápida para garantizar la tutela judicial efectiva de los copropietarios. Este mecanismo protege la convivencia, asegura la observancia de la Ley 5038 y materializa el principio constitucional de protección pronta y efectiva frente a turbaciones manifiestamente ilícitas.

Por: Yoaldo Hernández Perera

Resumen

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El presente abordaje persigue persuadir en el sentido de que la teoría general del proceso civil no es un conjunto de conceptos abstractos alejados de la realidad judicial, sino una herramienta práctica y esencial para abogados y jueces. A través de ejemplos concretos, se explica cómo el conocimiento preciso de instituciones como la jurisdicción, competencia, caducidad, prescripción, perención, etc. puede marcar la diferencia entre ganar o perder un caso. Incluso, la celeridad del proceso, evitando dilaciones innecesarias. Además, se resalta que el proceso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para tutelar derechos, que debe ser interpretado a la luz de sus principios, evitando rigideces que puedan sacrificar la justicia. Inspirado en autores como Couture, Peyrano, Gozaíni, Zagrebelsky y Alexy, estas líneas invitan a mirar el proceso con una visión más humana, flexible y comprometida con el acceso efectivo a la justicia, esencial para quienes quieren litigar con sentido jurídico y no solo con técnica mecánica.

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Palabras clave

Proceso civil, teoría general, principios, valores, reglas, constitucionalización de los procesos, tutela judicial efectiva, tutela diferenciada, debido proceso, jurisdicción, competencia, acción, caducidad, prescripción, perención, flexibilidad, justicia, interpretación jurídica

Contenido

I.- Introducción, II.- La teoría general del proceso como marco estructurante, III.- De lo teórico a lo práctico: ejemplos concretos, 3.1 Jurisdicción y competencia: no es lo mismo,3.2 Caducidad, prescripción y perención: tres figuras con efectos distintos, IV.- El proceso como instrumento de tutela, no como fin en sí mismo, 4.1 Ejemplo práctico: el plazo procesal como regla vs. el debido proceso como principio,V.- Principios procesales: brújula en la casuística, VI.- Conclusión: teoría general como práctica consciente

I.- Introducción

Durante mucho tiempo, el proceso civil fue visto como una mera extensión del derecho civil sustantivo. No se reconocía científicamente como una rama autónoma del derecho, hasta que la doctrina empezó a estudiar sus principios fundamentales. Fue entonces cuando mentes lúcidas comenzaron a observar que el proceso no era simplemente el “trámite” o la “forma” para hacer valer derechos sustantivos, sino un sistema con lógica propia, reglas y principios que lo distinguen y le otorgan autonomía[1]. Hoy, hablar de la teoría general del proceso civil no es hablar de un cúmulo de conceptos abstractos, sino de una caja de herramientas indispensable para el ejercicio profesional, tanto para el abogado litigante como para el juez.

II.- La teoría general del proceso como marco estructurante

La teoría general del proceso estudia los conceptos comunes a todas las ramas del derecho procesal (civil, penal, laboral, etc.) y proporciona una visión estructural del fenómeno procesal. ¿Por qué esto es importante? Porque entender el proceso como fenómeno jurídico autónomo nos permite identificar los elementos esenciales que deben estar presentes en cualquier procedimiento que pretenda ser justo y eficaz.

Algunos de esos elementos son:

• La jurisdicción: poder del Estado para “decir el derecho” en un caso concreto.
• La competencia: medida de esa jurisdicción, es decir, qué juez o tribunal específico debe conocer el asunto.
• La acción: el derecho de acudir al órgano jurisdiccional.
• La pretensión: lo que se pide en el proceso.
• El desistimiento: facultad de descontinuar con el curso del procedimiento.
• El acto procesal: toda manifestación de voluntad con efectos jurídicos dentro del proceso.
• Los principios procesales: directrices que orientan e interpretan las normas y actos dentro del proceso.

Entre otros conceptos. Lo que debe retenerse como nota saliente es que, en buena teoría procesal, los conceptos, todos ellos, deben ser dominados a cabalidad. Para ello, es sumamente importante la consulta de diccionarios jurídicos. Con ellos, al conocer claramente cada concepto, el abordaje se logra con mucho mayor profundidad. Y, en el caso dominicano, aunque sea ya de larga data, el diccionario de Henri Capitant (Vocabulario jurídico) sigue siendo de gran valía, porque nuestra legislación sigue siendo la misma desde que se concibió dicha obra. También el diccionario jurídico de Eduardo J. Couture constituye una herramienta importantísima para conceptualizar en el ámbito del proceso civil[2].

III.- De lo teórico a lo práctico: ejemplos concretos

3.1 Jurisdicción y competencia: no es lo mismo

Un abogado que no distingue entre jurisdicción y competencia puede presentar una demanda ante un órgano que no tiene aptitud jurídica para decidir el caso. Por ejemplo, si alguien presenta una demanda civil por daños y perjuicios en un tribunal penal, incurre en un error de jurisdicción, no simplemente de competencia. Esto lleva a la declinatoria, incluso de oficio sin nadie lo solicita. Y si nadie lo pide ni se declara de oficio en primer grado, en alzada se produciría, más que la revocación, la nulidad de la decisión dada por un tribunal sin competencia.

De igual modo, si presenta la demanda en un juzgado civil de otra ciudad, se produce una irregularidad respecto de la competencia territorial, que puede o no ser subsanable. En definitiva, se perdería tiempo y dinero producto de una falta de dominio de los fundamentos de la teoría procesal.

3.2 Caducidad, prescripción y perención: tres figuras con efectos distintos

• Caducidad: término legal fatal e improrrogable para ejercer una acción. Vencido, se extingue el derecho. No se interrumpe ni suspende su cómputo.
• Prescripción: afecta la acción, no al derecho, propiamente, y es susceptible de interrupción o suspensión.
• Perención: sanción procesal por inactividad de las partes dentro del proceso durante tres años seguidos.

Verbigracia, si una parte intenta revivir una acción ya caducada, el juez debe inadmitirla, aunque el abogado insista con que “el derecho sigue vivo”. No lo está. En cambio, si hay una prescripción en curso, puede interrumpirse con una demanda bien presentada, o bien suspenderse el cálculo dentro de las causas previstas en el Código Civil. Y si el proceso queda paralizado por más de tres años sin actuación, puede declararse la perención. Figuras procesales diferentes que, vale recalcar, debe dominarse las implicaciones de cada una de ellas.

IV.- El proceso como instrumento de tutela, no como fin en sí mismo

Eduardo J. Couture enseñó que el proceso no tiene un fin por sí solo, sino como instrumento de tutela del derecho sustancial[3]. Esto implica que el proceso debe estar al servicio del derecho, no al revés. Por eso, una visión rígida del proceso puede “aplastar el derecho”, mientras que una visión sensible, orientada por los principios, permite que el proceso cumpla su verdadera función: garantizar justicia (dando a cada quien lo que en buen derecho le corresponde, parafraseando a Ulpiano. En este caso, en términos procesales).

4.1 Ejemplo práctico: el plazo procesal como regla vs. el debido proceso como principio

Los plazos son reglas: se cumplen o no se cumplen. Pero no deben interpretarse de manera que vulneren el principio superior del debido proceso. Si una parte no pudo actuar dentro del plazo por una causa de fuerza mayor, el juez tiene la potestad de valorar si debe flexibilizar la regla, en función del principio.

Esto es lo que Robert Alexy llama la tensión entre reglas y principios: las reglas son mandatos definitivos; los principios, mandatos de optimización. Según las circunstancias, una regla puede ceder ante un principio que, en ese caso, tenga más peso.

Como corolario de lo anterior, hay que convenir en que un juez que conoce la teoría general sabrá cuándo aplicar rígidamente una regla y cuándo flexibilizarla para garantizar derechos fundamentales. La tutela diferenciada es una herramienta vital para el referido ejercicio de justicia, atendiendo a las particularidades del caso concreto y valiéndose de la debida motivación: lo que legitima la decisión es su motivación. Sin motivación hay arbitrariedad, y la arbitrariedad es inconstitucional, por lo que no debe tener cabida en el desempeño judicial.

V.- Principios procesales: brújula en la casuística

La teoría general identifica principios que orientan la actuación judicial. Y, en otra vertiente, el desempeño forense de los abogados para sustentar, con sólida base, su teoría del caso. Reconociendo, evidentemente, que, en el caso del rol de abogado, que “aboga” por intereses, sus argumentos no serán imparciales como las motivaciones judiciales, sino parciales, a favor de su patrocinado. Lo que sí debe tener en cuenta cada abogado es no salirse jamás de la ética, y ello se consigue con un mínimo aval normativo de la teoría que sea que se presente al escrutinio del tribunal.

No ociosamente hemos empleado el concepto “normativo”, en sentido lato, abierto, porque nos referimos a cualquier principio, regla, valor, ley, reglamento, ordenanza, lo que sea, algo que sustente la teoría del caso propuesta. La ley y, en general, el ordenamiento se reputa moral. Lo votó el pueblo mediante sus legisladores. Por tanto, invocar lo que existe en el ordenamiento, explícita o implícitamente, ha de tenerse como moral.

Por ejemplo, la Ley del IPI prevé que es “inadmisible” toda demanda en sede inmobiliaria sin antes pagar dicho impuesto. Salta a la vista que dicha previsión adjetiva riñe con el texto sustantivo, en tanto cuanto vulnera el acceso a la justicia, que es de raigambre constitucional. Sin embargo, estando dicho texto aún vigente en el ordenamiento[4], no afecta su ética el abogado que, en defensa de los intereses de su cliente, propone el medio de defensa de inadmisibilidad de la demanda basado en ese aspecto impositivo, a pesar de que su acervo jurídico le permita discernir que, objetivamente, se trata de un precepto que no resiste una lectura constitucional. Por convenir a los intereses por los cuales “aboga”, como abogado, puede (y debe) proponerlo dentro de su teoría del caso, en el contexto incidental, previo al fondo.

Algunos principios de manejo cotidiano son:

• Principio de contradicción: derecho de ser oído.
• Principio de impulso procesal: obligación del juez de mover el proceso.
• Principio de igualdad procesal: trato equitativo entre las partes.
• Principio de concentración: evitar dilaciones innecesarias, concentrando varias actuaciones en una sola.
• Principio de economía procesal: lograr el mayor resultado con el menor gasto.
• Adquisición procesal (o comunidad de la prueba): las pruebas, una vez acreditadas, son del expediente, no de la parte que la propuso originalmente. Todas las partes pueden servirse de ellas.
• Principio de congruencia: debe existir correlación entre lo que se pide y lo que decide el tribunal. Su inobservancia apareja la nulidad de la decisión judicial por vicios de estatuir infra petita (menos de lo pedido), ultra petita (más allá de lo pedido) o extra petita (lo que no se ha pedido).
• Inmediación procesal: Contacto directo del juez con la prueba.
• Saneamiento procesal: expurgar cualquier irregularidad que afecte la marcha del proceso, dejando la “nulidad”, como sanción procesal, para casos extremos, de vicios insalvables.
• Carga dinámica de la prueba: debe probar el que esté en mejor condiciones de hacerlo, derivado del artículo 1315 del CC, anclado a la tutela diferenciada.
• Principio de buena fe: la buena fe se presume, no hay que probarla, la mala fe debe ser probada por quien la invoque.

El listado anterior no es limitativo, es meramente enunciativo. Los principios tienen como nota característica que son dinámicos y, por tanto, pueden seguir surgiendo en la medida que las circunstancias lo vayan determinando. La clave, como afirma Peyrano, es ver su capacidad para explicar de forma satisfactoria un conjunto significativo de normas del proceso civil [5]. Y para ello, claro, debe partirse de algo que ya exista: art. 1315, sobre la prueba, etc.  

 Si, por ejemplo, el juez conoce la principiología del proceso civil, sabrá que, aunque el Código permita múltiples audiencias, lo ideal es concentrarlas en una sola si ello garantiza mejor economía procesal, sin afectar el derecho de defensa. Esa decisión, aparentemente “de trámite”, puede ser decisiva en la duración y calidad del proceso. Igual, en virtud de los principios de concentración y de economía procesal pudiera el tribunal, mediante una misma sentencia y aunque no lo prevea expresamente la ley, ordenar un aplazamiento, una experticia caligráfica, una comparecencia personal de las partes, un informativo testimonial y todo lo que sea necesario, siempre que las partes hayan opinado al respecto mediante el desarrollo del contradictorio de rigor. Como se ve, con los principios se logra ir mucho más allá de la literalidad de la norma. Algo sumamente útil.

VI.- Conclusión: teoría general como práctica consciente

Lejos de ser una materia abstracta, la teoría general del proceso civil es la base para actuar con precisión, inteligencia y justicia dentro del proceso. No basta con conocer el Código y las leyes sueltas complementarias que puedan existir; hay que saber leerlo con lentes teóricos claros. Distinguir conceptos, interpretar en clave de principios y saber cuándo una regla debe ceder ante una necesidad de tutela diferenciada, es lo que hace la diferencia entre un abogado eficiente y uno que simplemente “presenta escritos” sin superar la fórmula literal que presenta cada norma: ley, ordenanza, resolución, reglamento, etc.

Como bien ha afirmado Gustavo Zagrebelsky: el derecho es dúctil”[6],
y debe adaptarse a los principios y valores que orientan el orden jurídico, sin perder de vista las reglas. Como enseña Alexy, las reglas son mandatos cerrados (se cumplen o no se cumplen)[7], pero -igual- deben ser vistas dentro del marco de los principios, porque con base en ellos, cada regla pudiera ser flexibilizada o, incluso, inaplicada, tal como hemos visto más arriba. Es decir, la justicia del caso concreto exige sensibilidad, conocimiento teórico y pericia práctica.

En definitiva, conocer la teoría general del proceso no es un lujo académico: es una necesidad práctica. Es la diferencia entre ver el proceso como una trampa formalista o como lo que realmente es: el camino que hace posible la justicia. Como bien sostiene COUTURE, un verdadero instrumento de tutela sin cometido propio, más que tutelar el derecho[8].

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[1] “La clásica noción procedimentalista concebía el “juicio” como una mera sucesión de actos procesales (de iniciación, de alegación, de aportación normativa y probatoria, y de conclusión), llevados a cabo en el tiempo y la forma requeridos por la respectiva ley ritual” (PEYRANO, Jorge W. El proceso civil, p. 7).

[2] La jurisprudencia también aporta a la conceptualización. El legislador, de su lado, debe ser cuidadoso, porque las definiciones tienen implicaciones importantes. Es más recomendable dejar esa labor de dotar de definiciones las diversas figuras a la doctrina y a la jurisprudencial. Evidentemente, la ley debe ser clara, eso no lo discutimos, lo que referimos es la labora doctrinaria de desarrollar conceptualizaciones elaboradas.

[3] Cfr COUTURE, Fundamentos del derecho procesal civil, 4ta. edición, p. 120.

[4] Algunos tribunales inaplican este texto por la vía difusa, pero, dado el efecto Inter partes de este control de constitucionalidad, sigue vigente en el ordenamiento, hasta que el TC, por la vía concentrada, extirpe dicho texto del sistema jurídico.

[5] “La clave para determinar si se está ante un verdadero principio procesal radica en su capacidad para explicar de forma satisfactoria un conjunto significativo de normas del proceso civil”. Jorge W. Peyrano

[6] Cfr ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil, p. 14.

[7] Cfr ALEXY, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, 2da. edición, pp. 349-350.

[8] “La tutela del proceso se realiza por imperio de las previsiones constitucionales” (Op. Cit. COUTURE, Eduardo J., p. 120).

Por: Yoaldo Hernández Perera

Resumen

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Este artículo analiza la figura del juez de la ejecución en el derecho privado francés como modelo para una reforma pendiente en República Dominicana. Se destaca cómo su creación podría garantizar una ejecución judicial más efectiva, protegida por garantías procesales, al tiempo de responder a la exhortación del Tribunal Constitucional dominicano, mediante la sentencia TC/0110/13, para fortalecer la tutela judicial efectiva en materia civil y comercial.

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Palabras clave

Juez de la ejecución, derecho privado, derecho francés, reforma legislativa, República Dominicana, ejecución judicial, proceso civil, garantías procesales, Tribunal Constitucional, fuerza pública, sentencia firme, recursos judiciales, derecho comparado, ejecución hipotecaria, derecho civil.

Contenido

I.- Mirada preliminar,II.- Funciones del Juez de la Ejecución, III.- Competencia y Procedimientos, IV.- Actuaciones en procedimientos específicos, V. Plazos y Procedimientos Especiales,VI.- Intervención del Estado y del Ministerio Público, VII.- Reconocimiento internacional, VIII.- Ejecución de sentencias y títulos, IX.- Regulación de expulsiones y vivienda, X.- Distribución del precio en ejecución hipotecaria, XI.- Otros Aspectos Clave,XII.- Cierre conceptual sobre la función del juez de la ejecución en el derecho privado: referencia al modelo francés y su posible recepción en el derecho dominicano

I.- Mirada preliminar

En concreto, el juez de la ejecución (juge de l´exécution)[1] en el derecho privado francés es un magistrado especializado encargado de resolver todas las dificultades que surgen durante la ejecución forzosa de las decisiones judiciales, así como de las medidas conservatorias. Tiene competencia exclusiva en la materia y actúa como juez único; es decir, ejerce sus funciones de manera individual, sin formar parte de un tribunal colegiado (es decir, sin otros jueces deliberando con él)[2].

La intervención del juez de la ejecución está regulada, entre otros, por el Código de Procedimiento Civil, el Código de Organización Judicial y el Código de Procedimientos Civiles de Ejecución vigentes en Francia, así como por una jurisprudencia abundante que ha precisado y delimitado sus competencias. Y, aunque sus decisiones no son susceptibles de oposición[3], pueden ser objeto de recursos en retractacióno apelación, según el caso, y su procedimiento no requiere necesariamente representación por abogado, salvo en los supuestos legalmente establecidos.

En suma, sus funciones incluyen:

• Resolver controversias relacionadas con los títulos ejecutorios, incluso si estas afectan al fondo del derecho, siempre que no excedan los límites de la jurisdicción del orden judicial.
• Autorizar y controlar las medidas conservatorias sobre los bienes del deudor, sin necesidad de motivación específica cuando la solicitud se formula por procedimiento no contradictorio.
• Conocer de las reclamaciones por daños derivados de la ejecución o inejecución de medidas forzosas o conservatorias, incluso si estas ya no están en curso.
• Liquidar astreintes y decidir sobre su aplicación o suspensión.
• Resolver sobre la validez formal de actos ejecutivos, como el mandamiento de pago, la ejecución hipotecaria o la adjudicación de bienes.
• No tiene competencia para modificar el contenido sustancial de la decisión que sirve de base a la ejecución (por ejemplo, no puede anular ni alterar el título ejecutorio).
• Dirige las ventas forzadas, en especial las relativas a bienes inmuebles, y puede autorizar la venta amistosa si se cumplen ciertos requisitos legales.
• Garantiza el respeto al procedimiento de distribución del producto de las ejecuciones forzosas, en particular en las subastas judiciales.
• Tiene también poderes de apreciación soberana en cuanto a la necesidad de imponer astreintes y en ciertos aspectos de la ejecución[4].

II.- Funciones del Juez de la Ejecución

Las funciones del juez de la ejecución las ejerce el presidente del tribunal, quien puede delegarlas en uno o varios jueces. Cada tribunal judicial cuenta con un juez especializado denominado Juez de la Ejecución. Este conoce de las dificultades relativas a los títulos ejecutivos y de las impugnaciones surgidas durante las medidas cautelares, incluso si afectan al fondo del derecho, salvo que estén fuera de la competencia de las jurisdicciones del orden judicial.

Este funcionario judicial también conoce de las demandas de indemnización derivadas de la ejecución o de la no ejecución perjudicial de medidas de ejecución forzada o medidas cautelares, independientemente de si aún están en curso al momento de su intervención. Además, tiene competencia para tratar impugnaciones sobre la regularidad formal de actos relacionados con el cobro de impuestos, puede reclasificar actos o cláusulas contractuales (por ejemplo, convertir una cláusula de penalización convencional en cláusula penal) y resolver situaciones derivadas del incumplimiento en el pago del precio de una adjudicación.

III.- Competencia y Procedimientos

El Decreto N.º 2019-1333 del 11 de diciembre de 2019reformó el procedimiento civil y definió el ámbito de la representación obligatoria por abogado ante este juez de la ejecución en el contexto del derecho privado francés. Este magistrado, como hemos dicho más arriba, actúa como juez único. Sus órdenes no son susceptibles de oposición[5], pero sí de un recurso de retractación. Si la decisión es apelable, la apelación se tramita conforme al procedimiento sin representación obligatoria. De acuerdo con el artículo R. 121-1, cualquier juez que no sea el de la ejecución debe declarar de oficio su incompetencia en las materias asignadas a dicho magistrado especializado en el ámbito ejecutivo.

Ámbito de Competencia Exclusiva. El juez de la ejecución en Francia tiene competencia exclusiva en los siguientes contextos:

1. Dificultades relativas a títulos ejecutivos.
2. Impugnaciones surgidas durante la ejecución forzosa, incluso si afectan al fondo del derecho.
3. Solicitudes vinculadas a medidas de suspensión de ejecución.
4. Casos de venta forzada de bienes, resolución de ventas por falta de consignación, entre otros.

Limitaciones de Competencia. El juez de la ejecución no puede:

• Modificar el contenido de un título ejecutivo.
• Rechazar la reintegración de un expulsado (o desalojado) con base en la falta de derecho de ocupación si previamente anuló la orden de expulsión.
• Conocer una demanda de pago (esto es competencia del juez de fondo).
• Decidir sobre la nulidad de un contrato de fianza notarial si no está vinculado a la ejecución forzada.
• Liquidar daños y perjuicios por incumplimiento abusivo más allá de la liquidación de astreintes.

IV.- Actuaciones en procedimientos específicos

 

En materia de sanciones y astreintes, el juez de la ejecución puede decidir su aplicación o modificación, pero no valorar el daño ocasionado por la resistencia del deudor.

En los procedimientos de ejecución hipotecaria, el juez en cuestión tiene plena competencia: puede autorizar o denegar la venta amistosa, y su decisión no es recurrible ante la Corte de Casación.

Las promesas de venta contrarias a las decisiones de este juez son nulas. Y este no puede revocar ni modificar otras decisiones judiciales incluso si actúa como tribunal de apelación. Teniendo en cuenta que cuando un acreedor desiste de un procedimiento de ejecución, el juez de la ejecución pierde competencia para conocer demandas derivadas de dicho procedimiento.

V. Plazos y Procedimientos Especiales

El plazo para apelar un juicio de orientación[6] en materia de ejecución hipotecaria es de dos meses. La falta de publicación de la orden en este plazo puede acarrear la caducidad de la medida. El juez de ejecución tiene poder soberano para decidir si una situación amerita la aplicación de una astreinte.

Como puede verse, el juez de la ejecución en Francia desempeña un rol central y autónomo en el procedimiento, dotado de amplias facultades tanto en la conducción del proceso como en la adopción de medidas coercitivas. Su intervención no se limita a una función meramente formal, sino que ejerce un verdadero control jurisdiccional sobre el desarrollo y regularidad de la ejecución forzada. La posibilidad de imponer una astreinte, como mecanismo de coacción, ilustra su capacidad para garantizar la eficacia de sus decisiones, mientras que su apreciación soberana de las circunstancias refuerza su margen de maniobra. Además, la caducidad de las medidas por falta de publicación en plazo subraya la importancia de la diligencia procesal, tanto por parte del juez como de las partes.

De ello se concluye que el juez de la ejecución no solo es garante del respeto al debido proceso en materia ejecutiva, sino también un verdadero director del procedimiento, con atribuciones que le permiten sancionar inactividades, ordenar medidas coercitivas y controlar el cumplimiento de los plazos. Su función excede lo meramente declarativo o administrativo: se trata de una jurisdicción especializada, con poderes propios, orientada a la efectividad práctica del derecho reconocido en el título ejecutivo. Esta centralidad explica tanto su carácter de juez único como la configuración restrictiva de los recursos en su contra, en aras de preservar la celeridad y eficacia de la ejecución forzada.

VI.- Intervención del Estado y del Ministerio Público

El Estado tiene la obligación de cooperar en la ejecución de las sentencias y otros títulos ejecutivos. El Ministerio Público vela por su cumplimiento y puede ordenar a los alguaciles (huissiers de justice) que actúen.

Con esto se refuerza la idea de que la ejecución no es un asunto meramente privado entre partes, sino una función pública que compromete directamente al Estado en la garantía de los derechos reconocidos judicialmente. La participación del Ministerio Público y la posibilidad de movilizar a los alguaciles (huissiers de justice) como agentes de ejecución demuestran que el aparato estatal se pone al servicio del cumplimiento forzado, asegurando que las decisiones judiciales no queden sin efecto. Esta concepción refleja una lógica de eficacia y autoridad del derecho, en la que el poder público se convierte en garante último de la fuerza obligatoria de los títulos ejecutivos.

VII.- Reconocimiento internacional

El juez francés no puede ordenar medidas de ejecución en el extranjero salvo que lo permita una convención internacional o normativa comunitaria (como el artículo 3 y 16 de la Directiva 2010/24/UE del 16 de marzo de 2010).

La lógica que resalta de esta limitación es la del respeto a la soberanía de los Estados en materia de ejecución forzada. El juez de la ejecución francés actúa dentro de un marco territorial definido, y solo puede extender su competencia más allá de las fronteras nacionales cuando existe una base jurídica supranacional clara, como una directiva de la Unión Europea o un tratado internacional. Esta restricción refleja el principio de no injerencia y la necesidad de cooperación judicial internacional en el ámbito de la ejecución transfronteriza. En consecuencia, la eficacia de las medidas de ejecución fuera del territorio francés depende de mecanismos de reconocimiento mutuo y asistencia entre Estados, lo que refuerza la dimensión internacional del derecho de la ejecución.

VIII.- Ejecución de sentencias y títulos

Las decisiones pueden ser ejecutadas una vez agotados los recursos o cuando han transcurrido los plazos sin ser utilizados. La omisión de la fórmula ejecutoria en la copia de la sentencia constituye solo una irregularidad de forma, salvo que cause perjuicio al ejecutado. Y el alguacil (huissier de justice) puede iniciar la ejecución después del último requerimiento infructuoso: embargo, subasta pública, expulsión, demolición, etc.

Con esto, el legislador francés ha buscado equilibrar la celeridad en la ejecución con el respeto a las garantías procesales del deudor. Al permitir que la ejecución se inicie tras el vencimiento de los plazos de recurso o la confirmación de la decisión, se asegura la autoridad de cosa juzgada. A su vez, al considerar la omisión de la fórmula ejecutoria como una simple irregularidad formal —salvo que cause un perjuicio efectivo—, se evita que defectos meramente formales paralicen injustificadamente el proceso de ejecución. Finalmente, al habilitar al alguacil para actuar tras el requerimiento infructuoso, el derecho francés confiere a la ejecución forzada un carácter operativo y eficaz, reafirmando el rol central del juez de la ejecución como garante del cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

IX.- Regulación de expulsiones y vivienda

Durante el invierno (1 de noviembre al 15 de marzo), no se pueden ejecutar expulsiones de viviendas, salvo excepciones: peligro de ruina, ocupación ilegal, o reubicación decente asegurada. Se requiere impago de al menos tres rentas netas consecutivas o una deuda equivalente a dos veces el alquiler mensual para que proceda la resolución del contrato de arrendamiento.

Es evidente que, en el derecho francés, la ejecución forzada de las decisiones judiciales en materia de vivienda está atravesada por un enfoque de equilibrio entre el respeto a los derechos del acreedor y la protección de los derechos fundamentales del deudor, particularmente el derecho a la vivienda. La llamada “trêve hivernale” (tregua invernal) constituye una expresión concreta de esta lógica, al establecer un período en el que las expulsiones quedan suspendidas por razones humanitarias. Al mismo tiempo, la normativa establece criterios objetivos —como el número de rentas impagas o el monto de la deuda acumulada— para permitir la resolución del contrato de arrendamiento, evitando arbitrariedades pero sin desproteger al arrendador. Este enfoque revela una voluntad legislativa de conciliar la efectividad de las decisiones judiciales con principios de dignidad humana y solidaridad social.

X.- Distribución del precio en ejecución hipotecaria

Los acreedores deben declarar su crédito en un plazo de 15 días desde la notificación. El incumplimiento implica la pérdida del beneficio de la garantía.

Esta declaración de crédito de los acreedores no solo constituye un acto esencial para preservar sus derechos en el marco del procedimiento de ejecución, sino que también cumple una función de orden público al permitir la organización transparente y equitativa de la distribución del producto de la ejecución. Al exigir que esta manifestación se produzca dentro de un plazo breve —15 días desde la notificación—, el legislador francés busca garantizar la celeridad y seguridad jurídica del procedimiento. La sanción por incumplimiento, esto es, la pérdida del beneficio de la garantía, refuerza el carácter perentorio de la obligación y disuade conductas negligentes que podrían entorpecer el curso regular de la ejecución.

XI.- Otros Aspectos Clave

El juez de la ejecución no puede revocar un juicio si ya se ha dictado sentencia firme. Tiene competencias definidas estrictamente por ley y no puede extralimitarse al modificar decisiones previas. Sus decisiones tienen efecto de cosa juzgada, pero solo respecto a los actos posteriores a la audiencia de orientación o nacidos con posterioridad que impidan la continuación de la ejecución.

Lo anterior supone que el juez de la ejecución actúa dentro de un marco jurisdiccional claramente delimitado, en el que su función se restringe al control de legalidad y viabilidad de las medidas ejecutorias, sin posibilidad de reabrir controversias ya resueltas con autoridad de cosa juzgada. Esta limitación refuerza la seguridad jurídica y evita una duplicación indebida de instancias, reservando al juez de la ejecución un rol funcional centrado en la eficacia de lo decidido y no en su contenido sustancial. En consecuencia, su intervención se circunscribe a los incidentes de ejecución surgidos con posterioridad a la sentencia, garantizando así un equilibrio entre la estabilidad de las decisiones judiciales y la posibilidad de remover obstáculos que impidan su cumplimiento efectivo.

XII.- Cierre conceptual sobre la función del juez de la ejecución en el derecho privado: referencia al modelo francés y su posible recepción en el derecho dominicano

El estudio del juez de la ejecución en el derecho privado francés revela una arquitectura judicial específica que sitúa la función ejecutiva bajo la tutela de un juez especializado, investido con competencias definidas y limitadas por ley, pero con suficiente autoridad para asegurar la efectividad de las decisiones judiciales. Esta figura judicial, actuando como juez único (o autónomo) dentro del tribunal de primera instancia, juega un papel clave en el equilibrio entre los derechos del acreedor y las garantías del ejecutado, constituyendo una manifestación institucional del principio de efectividad de la justicia.

Como se ha expuesto, el juez de la ejecución en Francia tiene competencias soberanas dentro de su campo de actuación, especialmente en lo que concierne a medidas como embargos, subastas públicas, desahucios, imposición de astreintes, entre otras. Su intervención se encuentra rodeada de garantías procesales: desde la posibilidad de presentar recursos limitados, como el de oposición, hasta el respeto de ciertos plazos esenciales para evitar la caducidad de la ejecución. Al mismo tiempo, se han impuesto restricciones claras a sus facultades: no puede revocar decisiones firmes, ni extender su competencia a ejecuciones internacionales fuera del marco de convenios o normativas específicas.

Un aspecto importante es el rol del Estado y, en particular, del Ministerio Público en la ejecución de las decisiones judiciales. Este debe cooperar activamente con el juez y los huissiers de justice (alguaciles), garantizando que los títulos ejecutivos no queden inoperantes por la simple falta de ejecución. Además, la regulación de fenómenos como la trêve hivernale (moratoria invernal de expulsiones), la necesidad de una declaración de créditos en plazos breves, o la delimitación de los actos que generan cosa juzgada, dan cuenta de una estructura legal refinada que protege tanto la función ejecutiva del juez como los derechos fundamentales en juego.

En contraste, el derecho dominicano aún no reconoce en materia civil o comercial la figura del juez de la ejecución. Actualmente, los jueces dominicanos que conocen del fondo de un proceso, en virtud del artículo 149, párrafo I, de la Constitución, deberían velar por su cumplimiento, pero lo cierto es que, en el día a día, dicha función recae sobre los alguaciles y una fuerza pública administrada por el Ministerio Público que, a partir de la Ley núm. 396-19 que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias, ha provocado un estancamiento que, a lo sumo, favorece a los deudores, complicando la situación a los acreedores.

La emblemática Sentencia TC/0100/13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana reconoció una deficiencia estructural en el ámbito de las ejecuciones y, mediante sentencia exhortativa, exhortó al Congreso Nacional a legislar sobre la creación de la figura del juez de la ejecución en el ámbito civil y comercial. En dicha decisión, el Tribunal observó que la falta de ejecución de las decisiones judiciales vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, especialmente cuando las órdenes judiciales quedan en suspenso por la negativa o inercia de las autoridades administrativas llamadas a colaborar con su ejecución.

La adopción del modelo francés podría ofrecer respuestas concretas y funcionales a estos vacíos. Un juez especializado permitiría asegurar una ejecución ordenada, efectiva y ajustada al debido proceso. Además, descargaría a los tribunales ordinarios de múltiples solicitudes posteriores a la sentencia, que hoy saturan el sistema judicial dominicano. En paralelo, el rol de los alguaciles quedaría sujeto al control judicial, y con ello se establecerían garantías procesales claras para proteger tanto a los acreedores como a los ejecutados.

En conclusión, de la experiencia francesa se desprende una lógica de especialización y racionalidad jurídica en la ejecución de decisiones, que apunta a garantizar la eficacia real del derecho sustantivo. En República Dominicana, donde las deficiencias de ejecución civil aún comprometen seriamente la tutela judicial efectiva, la institucionalización del juez de la ejecución civil constituye no solo una reforma necesaria, sino una exigencia constitucional latente. La recepción de esta figura, adaptada al contexto dominicano, implicaría un salto cualitativo hacia un sistema de justicia más eficiente, justo y coherente con los estándares del Estado de derecho.

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[1] Ver en línea: https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/juge-de-l-execution-jex.php

[2] Hay que recordar que, en Francia, existen tribunales colegiados incluso en primera instancia, aunque no en todos los casos. Decir que el juez de la ejecución actúa como juez único aclara cómo está organizada la justicia en materia de ejecución forzada, distinguiéndola de otras materias que se tramitan ante tribunales colegiados, incluso en primera instancia. No es ocioso recordar que en el sistema judicial francés hay dos tipos principales de jueces/tribunales de primera instancia: 1.- Juez individual (juge unique): algunos asuntos se resuelven por un solo juez. Por ejemplo, el juez de ejecución (juge de l’exécution), el juez de familia (juge aux affaires familiales), el juez de tutelas (juge des tutelles). Por otro lado, está el tribunal colegiado (formation collégiale). En otros casos, está el tribunal judicial (tribunal judiciaire) puede actuar en formación colegiada con tres jueces. Esto ocurre típicamente cuando: la materia es más compleja, hay apelaciones internas dentro del tribunal (algunas decisiones del tribunal pueden ser objeto de recursos (recours) ante otra formación del mismo tribunal o de una sección diferente), se trata de ciertos juicios civiles ordinarios de cierta cuantía.

[3] No es ocioso recordar que el recurso de oposición (opposition) no ha sido suprimido en Francia, pero tiene un campo de aplicación limitado y muy específico, sobre todo tras las reformas procesales de los últimos años (como las ordenanzas de 2019). Sigue siendo un recurso ordinario que permite al demandado, condenado por una sentencia dictada en efecto (par défaut), obtener un nuevo examen del asunto por el mismo tribunal, esta vez con su presencia y participación. Antes de la reforma, si el demandado no comparecía, el tribunal podía dictar una sentencia “par défaut”, susceptible de oposición. Después de la reforma (tras 2020), si el demandado fue citado regularmente, pero no compareció, la sentencia se considera “contradictoire” par défaut de comparution. Este tipo de sentencia no admite oposición, solo apelación. ¿Qué se busca con esta restricción?Pues reducir los recursos incidentales y acelerar los procesos, simplificar los regímenes recursivos (evitar duplicidades entre oposición y apelación) y responsabilizar a las partes: si una parte fue válidamente citada y no compareció, no se le concede una segunda oportunidad automática. Entonces, ¿Cuándo sigue existiendo el recurso de oposición? Cuando se trata -como se ha dicho- de una sentencia “par défaut” en sentido estricto, es decir: el demandado no compareció, no fue citado válidamente (defecto de notificación), o fue impedido de defenderse debidamente. En esos casos, la sentencia no se considera contradictoria y, por tanto, la oposición sigue siendo posible y legítima.

 

 

 

[4] Para ampliar sobre sus facultades, ver en línea: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35820

[5] Ya en la mirada preliminar de este escrito realizamos algunas precisiones sobre el recurso de oposición en Francia, el cual, si bien sigue existiendo, ha sido restringido progresivamente solamente para cuando no haya sido citada la persona. Si se cita y no va, es la apelación que procede. En nuestro país, aunque no exactamente en el mismo sentido, pero -igual- se ha restringido el recurso de oposición mediante la reforma del 1978. Aquí, actualmente, la oposición y la apelación son excluyentes, porque, entre otros requisitos, debe tratarse de una materia que se decida en única y última instancia. Por lo que, si no es en única y última instancia, se apela: se excluye la oposición. Casi nunca, por ende, procede el recurso de oposición. Mejor es suprimirlo, tal como se ha hecho en otras materias, como la inmobiliaria.

[6] Ver en: www.yoaldo.org una aproximación sobre la audiencia de orientación en el ámbito del embargo inmobiliario francés.