Sobre el deslinde y el estado civil del solicitante. Si el solicitante de un deslinde figura en la constancia anotada como casado y luego para los efectos del referido trabajo técnico de individualización de derechos pretende hacer valer que está soltero, necesariamente debe aportar la prueba que persuada en torno a la variación de su estado civil. De lo contrario, la decisión rendida por el tribunal debe consignar el estado civil que conste jurídicamente en el expediente (casado). Sin que ello apareje el rechazo del deslinde, per se.  

De entrada, el principio de especialidad –como sabemos- supone la correcta determinación e individualización de sujetos, objetos y causas del derecho a registrar. Para ello es obvio que debe constar si la porción a individualizar es de una persona o de una copropiedad fomentada en una comunidad legal, la cual ha de partirse ante un divorcio. Sin esa precisión la ejecución ante el Registro de Títulos, de la decisión dictada al final del proceso de deslinde no sería viable, y el artículo 149, párrafo I, de la Constitución invita a los jueces del orden judicial a velar por el cumplimiento de sus decisiones.

Si en la casuística analizada, en un contexto más extremo, no es posible retener el estado civil de la persona solicitante, porque hay una precariedad documental que lo impida, o si la valoración conjunta y armónica de los elementos que forman el expediente alerta sobre alguna ilegitimidad, la solicitud de aprobación de trabajos de deslindes es obvio que debe ser rechazada.

Pero si lo que se presenta es la situación de que, como hemos externado al inicio, consta el estado civil del solicitante, porque figura en la Constancia Anotada, o por el medio legítimo que fuere, y lo que se invoque sea una variación del estado civil para el deslinde, de casado a soltero, sin prueba que lo demuestre, la solicitud –en sí- de aprobación de trabajos técnicos (volvemos a insistir) no tiene por qué ser rechazada. Lo propio es indicar en la decisión rendida al efecto el estado civil que, para los fines del caso, ha sido establecido.

Es incorrecto, pues, que el juez de jurisdicción original rechace la solicitud sometida a su escrutinio en el contexto estudiado, porque –por ejemplo- en la cédula de identidad y electoral se indique soltero y en la Constancia Anotada figure casado. Lo importante es revisar el estado civil al momento de la adquisición y, consecuentemente, cómo se consignó en el documento que avale la titularidad de derechos.

Si el tribunal puede apreciar el estado civil mediante el contrato de venta o de la constancia anotada, ese es el que debe consignar en su sentencia de deslinde. Si el solicitante que figuraba como casado en comunidad luego pretende que se le reconozca como soltero la resultante, debe probar que se ha hecho la partición de rigor.

Lo contrario supondría dejar desprotegido al esposo que inicialmente figuraba como copropietario, permitiendo que el otro esposo solicitante de deslinde se agencie un título solamente a su nombre. Consecuencialmente, no bastaría la sola aportación de la constancia de divorcio; como se ha dicho, ha de probarse que el estado de indivisión del bien ha cesado (mediante la partición de lugar) y el inmueble ha pasado a formar parte solamente del patrimonio del promotor del deslinde.

 Sentencia núm. 1265, del 30 de  octubre del 2013, SCJ, 1ra. Sala., mediante la cual se juzga que, en materia de tránsito, debe probarse que la acción penal está en curso para que pueda invocarse la regla de la aplicabilidad de la prescripción penal (en vez de la civil) cuando del mismo hecho surgen responsabilidades civil y penal.

Como sabemos, pretorianamente (porque no lo sostiene la ley, sino la doctrina y la jurisprudencia) se ha venido admitiendo que cuando surgen de un mismo hecho responsabilidades civil y penal la prescripción aplicable ha de ser la penal, que en materia de tránsito equivaldría a tres años, no la prescripción civil de seis meses (al margen de que se acoja la teoría de la “cosa inanimada” o se retenga responsabilidad personal cuasidelictual cuando intervenga la “mano del hombre”, igual serían seis meses).

En la sentencia comentada, la SCJ reconoce la regla descrita precedentemente, pero fija como presupuesto para su aplicación la prueba de que la “acción pública” (Sic) esté en curso, a saber:

“(…) es necesario acotar que si bien es admitido como regla general que cuando la acción civil interpuesta contra el causante del daño tiene su fuente en un hecho sancionado penalmente, la prescripción de la acción civil se produce por el transcurso del mismo período requerido parta la prescripción de la “acción pública” (Sic), contemplada en el artículo 45 del Código Procesal Penal, sin embargo, para que el reclamante pueda beneficiarse de esta extendida prescripción, es necesario que esa acción penal haya sido puesta en movimiento concomitantemente con la acción civil; que en la especie no hay constancia de que la jurisdicción represiva haya sido puesta en movimiento, o que se encuentra apoderada de dicha acción, toda vez que la demanda en cuestión trata de una acción principal en reparación de daños y perjuicios interpuesta por ante la jurisdicción civil por los actuales recurridos  contra las entidades ahora recurrentes; por tanto, la prescripción que rige es la reglamentada en la jurisdicción civil, en la especie, la que disponen los artículos 2271 y 2272 del Código Civil, disponiendo el primero la prescripción de seis (6) meses cuando se trate de un cuasidelito  y el segundo, de un año (1) para los delitos, contados a partir de la ocurrencia del hecho”.  

 No ociosamente hemos resaltado la parte que refiere esta sentencia de “acción pública”, puesto que –a pesar de que el Constituyente ha vuelto a emplear esos vocablos en la Constitución, luego de la entrada en vigor el Código Procesal Penal, es bien sabido que, en puridad jurídica, lo propio es hablar de “acción penal”. En efecto, distinto a la situación reglada por el hoy abrogado Código de Procedimiento Criminal, que el Ministerio Público tenía el monopolio de la “acción pública” y el proceso penal solamente culminaba mediante una sentencia de fondo: condenatoria o absolutoria, hoy la acción penal puede ser privada (a cargo de la víctima, constituida en querellante, sin la participación del MP); acción penal pública a instancia privada (con el MP, pero el curso del proceso pende de una instancia privada (querella o denuncia) o acción penal puramente pública, que debe ejercerla oficiosamente el Ministerio Público, pudiendo prescindir de su instrumentación, valiéndose de alguno de los mecanismos alternos instituidos en el CPP (criterio de oportunidad, conciliación, archivo, etc.).

Ocurre que la Suprema Corte de Justicia, tomando en cuenta que el legislador se limitó en el CPP a establecer que las infracciones de tránsito se juzgarían ante los juzgados de paz, resolvió mediante Resolución núm. 295 que el proceso aplicable a tales infracciones sería el de la acción penal puramente pública, es decir, aquella que el Ministerio Público debe activar de oficio, y si por buena administración de justicia decidiere prescindir de la persecución represiva, ha de hacer acopio de algún mecanismo alterno del CPP. De suerte y manera, que como corolario jurídico –obligado- del descrito marco normativo, ha de derivarse que la presunción jurídica es que la acción penal está activada, ya que –como se ha dicho- se trata de una infracción de acción penal puramente pública. Es, pues, sobre quien pretenda demandar ante lo civil daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito que recae el fardo de la prueba, a fines de acreditar que esa acción penal que, de oficio, ha de mecanizarse ha cesado su curso por un criterio de oportunidad, o por lo que fuere. De lo contrario, vale reiterar, ha de tenerse como activa aquella instancia pública: la sola leyenda (al dorso del acta policial) “remisión al fiscalizador”, ha de tenerse como señal de que se activó lo represivo.

Cuando la Sala Civil y Comercial de la SCJ juzgó en los términos comentados, allá en el 2013, desconoció las modalidades actuales de la acción penal. No tomó en cuenta que la misma SCJ había establecido mediante resolución que a las infracciones de tránsito le aplicaría el proceso penal puramente público, el cual lo ha de activar oficiosamente el Ministerio Público.

La máxima “lo penal mantiene lo civil en estado”, según jurisprudencia constante, es de orden público, ya que persigue proteger las respectivas competencias de lo civil y de lo penal, lo que es atributivo y, por ende, de orden público; posibilitando que sea suplida oficiosamente por los jueces del fondo: si el demandante civil no prueba –él- que lo penal (que “por difol” ha de estar activo) no ha cesado su curso mediante algún medio alterno o a través de una sentencia de fondo,  se impone el sobreseimiento del proceso civil).

Justamente, para evitar que lo penal interfiera con el fiel desenvolvimiento de lo civil, es que se ha venido insistiendo tanto con el tema de la “cosa inanimada” en materia de accidentes sostenidos entre dos o más vehículos de motor, sin diferenciar si ha intervenido manipulación o no de la mano del hombre en cada caso. Como sabemos, la cosa inanimada es un sistema esencialmente civil y, por ende, si se admite que éste es el que aplica en todo caso, poco importaría la suerte de lo penal. Pero esa discusión (agotada para algunos) son otras 500’s que desbordan el eje nuclear de este breve escrito.  

Pasando balance: los deslindes administrativos están ahora “a la orden del día”.

Los deslindes administrativos previstos en la nueva Resolución núm. 3642-2016, que instituye el Reglamento de Desjudicialización de Deslinde y Procedimientos Diversos, tal como habíamos predicho en escritos previos, han venido contando con cada vez más acogida ante la Jurisdicción Inmobiliaria, a pesar de las severas críticas (en su gran mayoría infundadas) que durante las primeras semanas del dictado de la referida pieza reglamentaria se difundieron por las redes sociales, esencialmente: fueron vientos que no tumbaron cocos.

Como sabemos, la indicada tramitación administrativa (directo de M.C. a R.T.) aplica solamente a deslindes que no entrañan contestación algunas; son trabajos técnicos de individualización de derechos que -en principio- no son controvertidos, y en caso de surgir alguna controversia en el ínterin, la propia reglamentación prevé la remisión del asunto a sede judicial.

La realidad es que ya los deslindes no están llegando a los tribunales de tierra de jurisdicción original en la misma cantidad que meses atrás; y es que en muchos casos (más de lo que pensaríamos) tales solicitudes no contienen contestación entre la personas con posible interés (colindantes, vendedores, acreedores inscritos, etc..). Ese “cuello de botella” que tenían en la JI las numerosas solicitudes de aprobación de trabajos de deslinde, ha empezado a desaparecer vertiginosamente.

La factibilidad de esta modalidad administrativa de deslindes ha sido tan marcada que se registran casos en que las personas que han diligenciado solicitudes de deslindes no litigiosos que han sido rechazadas en jurisdicción original (por el motivo que fuere), en vez de proceder a recurrir dicha decisión, optan por reintroducir el asunto ante M.C. bajo la consabida fórmula administrativa.

De igual modo, va ganando terreno el petitorio (en su momento, fuertemente criticado por algunos) de peticionar ante los tribunales de jurisdicción original el archivo de las actuaciones de los procesos de deslindes que califiquen para el trámite administrativo comentado, así como la remisión de tales piezas, por parte del tribunal, hacia la Dirección Regional de Mensuras correspondiente, a fines de proseguir con el trámite de la nueva resolución.

Los cambios, por regla general, implican resistencia; esta ha sido una muestra harto elocuente de ello. Sin embargo, tal como sostuviésemos en su momento, el tiempo es el juez más cauto que, sin casi ningún margen de error, sentencia el éxito o el fracaso de las cosas. Parecería, por lo pronto, que el fallo ha sido favorable para esta controversial modalidad administrativa de deslindes.

Enhorabuena!

Sobre la inscripción en falsedad y la comparecencia de los notarios, en el marco del carácter flemático del trámite del referido incidente de la prueba literal. Tomando en cuenta que las máximas de experiencia aleccionan en el sentido de que la inscripción en falsedad, como incidente de la prueba literal, en la práctica ha venido utilizándose muchas veces como mera chicana dilatoria, y que atendiendo a ello, la SCJ se ha visto precisada a juzgar que cuando los tribunales puedan edificarse en base a otros elementos que reposen en el expediente, están facultados para rechazar dicho incidente, sin necesidad de agotar el flemático (y casi tortuoso) procedimiento instituido en el artículo 214 y siguientes del CPC, ha sido una práctica cada vez más socorrida, el requerir la comparecencia del notario actuante para que ilustre sobre la falsedad argüida y, en base al acta que recoja tales declaraciones, sostener que no sería necesario inscribirse en falsedad, puesto que ya habrían elementos suficientes para forjar la convicción del tribunal.     

El principio general prescribe que cuando se trata de actos auténticos, su contenido hace fe hasta inscripción en falsedad; por tanto, en principio no procede demandar de forma principal su nulidad y, como sabemos, tampoco sería suficiente una mera experticia caligráfica, cual si se tratase de un acto bajo firma privada.

La estrategia ha sido, dado que la inscripción en falsedad se tramita mediante un proceso demasiado lento, lo cual solamente convendría a quien deseare incidentar, no al propio demandante, que lo que se propone es que sus pretensiones se conozcan rápido, valerse de la comentada comparecencia para saltar dicho proceso incidental.

En efecto, la SCJ, mediante sentencia núm. 26, del 22 de enero del 2014, compendiada en el Boletín Judicial núm. 1238, juzgó que los jueces del fondo tienen la facultad de acoger o de rechazar el pedimento de falsedad incidental, si entienden que en el expediente reposan elementos de prueba suficientes que les permitan formar su convicción; máxime cuando estiman que el incidente resulta innecesario y frustratorio, y que conduciría a retardar indebidamente el conocimiento del asunto.

Pues bien, en el contexto estudiado, tal elemento capaz de edificar sobre la falsedad, sin necesidad de adentrarse en el tortuoso artículo 214 del CPC, justamente sería el acta de audiencia contentiva de las declaraciones del notario. Si la Suprema Corte de Justicia admite que se rechace este incidente cuando existen elementos que edifiquen en torno a la falsedad, ha de admitirse -por argumento a fortiori– que aportando tales elementos no sería necesario inscribirse en falsedad.

Particularmente, no vemos descabellado el comentado proceder procesal. Todo está en que la parte que denuncie la falsedad esté en condiciones de localizar al notario actuante. En principio, se supone que dicho notario, hasta por respeto a su investidura notarial, no debería dar fe de lo que certifica, pero si se le ilustra sobre el interés de celeridad, parecería que no sería tan grave el asunto. Éste pudiera ir, tanto para decir que no es su firma la argüida de falsedad; que no ha instrumentado el acto en cuestión, etc., como para confirmar que sí lo son, según las particularidades del caso concreto.

Sobre la competencia de excepción “abierta”. La doctrina vanguardista ha abordado la temática de la denominada competencia de excepción “abierta”. Aunque -de entrada- chirría con la regla general atinente a los tribunales de excepción, la tendencia es reconocer que situaciones no consagradas expresamente en la norma pudieran encuadrarse en determinada competencia de excepción, siempre que exista un mandato “abierto” atributivo competencial. Verbigracia: el artículo 198 de la Ley núm. 6186, de Fomento Agrícola, que sostiene que todo cuanto verse sobre la ejecución del contrato de prenda sin desapoderamiento ha de incluirse en la competencia de excepción de los juzgados de paz. Esto así, sin supuestos predeterminados por el legislador. Es un mandato abierto: todo lo que derive de la ejecución del referido contrato.

Lo cierto es que el tema aún no es pacífico. Todavía muchos sostienen que la competencia de excepción debe estar –siempre- taxativamente prevista en la ley. De ahí que la máxima “lo accesorio sigue lo principal” no cuente con aplicabilidad en los tribunales de excepción: si lo “accesorio” no ha sido consagrado como parte de la competencia de excepción, no puede considerarse como tal. No obstante, como se ha dicho, hay mandatos legales “abiertos” que justifican una apertura competencial, tales como (además del mencionado más arriba) el consagrado en la Ley núm. 00086, que modifica la Ley núm. 483, de Venta Condicional de Muebles, que sostiene que todo cuanto nazca de la ejecución de dicha contratación es competencia del juzgado de paz; o la competencia abierta prevista en la Ley núm. 5038, de Condominios, que sostiene que –abiertamente- toda controversia suscitada entre condóminos respecto de áreas comunes es atribución de la Jurisdicción Inmobiliaria, etc.

El caso de los daños y perjuicios, en el contexto de la competencia de excepción de los juzgados de paz para conocer la resiliación del contrato de alquiler por falta de pago, parecería que dicha competencia no es “abierta”; la misma se limita a la terminación del contrato (resiliación), exclusivamente por la causa de falta de pago, así como al pago de los alquileres vencidos y al consecuente desalojo. De suerte y manera, que si -además de lo anterior- el demandante pretende derivar otras partidas monetarias invocando daños y perjuicios como secuela del incumplimiento del inquilino, dicho demandante debería canalizar tales pretensiones ante el tribunal de derecho común. Igual que si deseare demandar la resiliación por alguna causa que no sea la falta de pago.

Lo cierto es que, en definitiva, cuando se demanda la resiliación del contrato de alquiler por falta de pago y el consecuente desalojo del inquilino, es justamente basado en dicha “falta de pago”; es decir, está ahí subyacente una “demanda en cobro”, y no debemos olvidar que el artículo 1153 del Código Civil consagra que los daños y perjuicios en materia de cobro no son otra cosa que los intereses generados por el capital principal. De ahí que sea usanza que todo se ventile ante el mismo juzgado de paz. No porque sea una competencia de excepción “abierta” en sí, sino porque –como se ha dicho- las indemnizaciones en materia de cobro son los intereses de la deuda. Y en efecto, la usanza es cobrar tanto las cuotas vencidas como los intereses generados por éstas; intereses que es habitual que se prevean en la fórmula de una cláusula penal incursa en el contrato de alquiler, aplicable ante un atraso en el pago de rigor.

En definitiva, sí, tal como sostienen los más conservadores: la competencia de excepción supone –por regla general- que esté expresamente prevista en la ley. Sin embargo, (y aquí es que deseamos llamar la atención) cuando la misma ley consagre una competencia de excepción “abierta”, deberá cada intérprete determinar si la situación concreta argüida ha de tenerse como parte o no de la competencia de excepción “abierta” invocada al efecto (materia de ejecución del contrato de prensa sin desapoderamiento (Ley núm. 6186), del contrato de venta condicional de muebles (Ley núm. 483), de conflictos entre condóminos (Ley núm. 5038), etc.).