Manuel Atienza ha puesto de relieve un aspecto central para la comprensión del funcionamiento del Estado en modelos de integración supranacional —tal es el caso de la Unión Europea—, a saber:

“Hoy vivimos en una situación muy compleja. Porque hasta hace relativamente poco, si pensamos en autores como Kelsen, para él el derecho y el Estado eran conceptos coincidentes. Hoy ya no es así. Además del Estado, está, digamos, los órganos y mecanismos de poder inferiores al Estado y superiores al Estado. Entonces esto se nos complica mucho. Hoy el poder no reside exclusivamente en el Estado; incluso, uno podría decir que el aspecto de poder que más puede afectar a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, de un ciudadano cualquiera del siglo XXI, pues no son decisiones que se tomen en su Estado, en el que cada uno viva. Se toman, digamos, en otros lugares. Ese es el gran problema. No es que los Estados hayan dejado de tener poder, por supuesto, pero el poder de los grandes conglomerados económicos incluso es capaz, digamos, de actuar para influir en las normas del Estado; pero, además, directamente toma decisiones que afectan más a la vida, por ejemplo, de ciudadanos de lo que puede ser que muchas veces haga el Estado”[1].

En efecto, con la evolución contemporánea de las formas de organización política, el Estado soberano clásico —el que monopolizaba la potestad normativa dentro de un territorio delimitado— ha dejado de ser la única instancia de poder efectiva en la regulación de la vida social y jurídica de las personas. Este fenómeno, que no invalida la definición conceptual de Estado, sí altera profundamente su funcionamiento y la localización efectiva de la soberanía en contextos de integración supranacional. Esta transformación es especialmente evidente en la Unión Europea (UE), un modelo normativo y político que invita a repensar la soberanía estatal en un mundo interdependiente.

En el marco del Estado y la soberanía en la sociedad internacional del siglo XXI, resulta de interés resaltar que, tradicionalmente, el Estado soberano se definía por su territorio, población y capacidad normativa exclusiva, con la soberanía como su nota caracterizadora definitiva. En esa visión clásica, la soberanía implicaba autoridad suprema e indivisa en el ámbito interno y reconocimiento externo en el plano internacional. Sin embargo, como acertadamente ha señalado Manuel Atienza, esta ecuación —propia de un marco trilateral entre estado, derecho y soberanía kelseniana— ya no describe adecuadamente la realidad contemporánea: “Además del Estado están los órganos y los mecanismos de poder inferiores al Estado y superiores al Estado… Hoy el poder no reside exclusivamente en el Estado… muchas veces las decisiones vienen de otros estamentos ‘superiores’.”

No se trata de afirmar que, en modelo de integración supranacional, el Estado haya desaparecido o se haya vaciado de poder, sino de reconocer que la soberanía real está compartimentada y compartida. En este marco, el Estado retiene potestades esenciales, pero cede voluntariamente competencias a instancias supranacionales con efectos jurídicos directos sobre sus ciudadanos.

 La Unión Europea constituye un caso paradigmático de integración supranacional. Nació como comunidad económica y ha evolucionado hacia un orden jurídico político complejo, dotado de instituciones con poder normativo propio y de un ordenamiento jurídico que, en múltiples ámbitos, prevalece sobre los ordenamientos nacionales.El principio de primacía del Derecho de la Unión Europea —reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y articulado por los Tratados— establece que el derecho emanado de las instituciones europeas tiene prioridad sobre normas nacionales contradictorias, incluso frente a disposiciones internas que surgirían de un parlamento soberano. Este principio opera sobre la base de que los Estados miembros han cedido soberanía en materias de competencia exclusiva o compartida, de modo que la norma de la UE se aplica de manera uniforme en todos los Estados miembros y obliga a los órganos internos a su cumplimiento cuando se encuentran dentro de ese ámbito.

Este carácter supranacional del derecho europeo no es mera retórica: implica que, en campos como el mercado interno, la competencia, la protección de consumidores o la regulación ambiental, las decisiones que afectan directamente a la conducta de los ciudadanos no se toman exclusivamente en los Parlamentos nacionales, sino en instancias de la UE dotadas de poder vinculante. Incluso cuando algunos estados tratan de resituar la supremacía del derecho nacional —como ha ocurrido en recientes tensiones con la Comisión Europea sobre reformas constitucionales en Eslovaquia[2]— la respuesta de las instituciones comunitarias tiende a reafirmar la primacía comunitaria como base del ordenamiento jurídico europeo.

 Desde la doctrina constitucional comparada se ha reflexionado ampliamente sobre cómo la integración europea desafía la soberanía estatal entendida como supremacía constitucional absoluta. Autores como Benito Aláez Corral han analizado cómo, en el contexto del Tribunal Constitucional federal alemán, aparecen conflictos entre las constituciones nacionales y el derecho de la UE, comprometiendo la noción clásica de soberanía, supremacía e identidad democrática constitucional[3].

Así mismo, la literatura especializada sobre el principio de primacía —como la tesis de Karine Caunes en el Instituto Universitario Europeo— muestra que el derecho europeo, al pretender subordinar normas nacionales contradictorias, ha generado un orden jurídico “sui generis” que se sitúa entre el derecho internacional clásico y un verdadero derecho constitucional supranacional, con efectos directos sobre los ordenamientos internos[4].

La misma evolución doctrinal —desde teorías intergubernamentales hasta enfoques postfuncionalistas— ilustra cómo la integración europea se ha convertido en un objeto de estudio que desborda la pura diplomacia interestatal para implicar elementos políticos, identitarios y sociales en la definición de soberanía efectiva.

Entonces, visto todo lo anterior, cuál es el mensaje para los países hispanohablantes de América: ¿replicar o reinventar? Diríamos que, si bien la Unión Europea no es un Estado federal al estilo de los Estados Unidos o Alemania, su modelo -hay que decir- desafía la concepción tradicional del Estado soberano en cuanto a la ubicación del poder real de decisión. El ciudadano del siglo XXI en aquel modelo puede verse más afectado por decisiones adoptadas en Bruselas[5] que por leyes emanadas de su propio parlamento en ciertos ámbitos regulados a nivel comunitario. Esto no significa que los Estados hayan dejado de tener poder, sino que han optado por ejercerlo en bloque, renunciando a parte de la soberanía individual en favor de decisiones integradas.

En Hispanoamérica, aunque hay que decir que la idea de “unión” ha sido más a nivel latinoamericano, dicho concepto de una integración regional con cierto nivel de supranacionalidad —en ámbitos económicos, ambientales o políticos— ha sido objeto de discusión en algún momento. Sin embargo, esas propuestas han encontrado obstáculos culturales, políticos y económicos que han impedido avances comparables a los del modelo europeo, aun cuando comparten lengua y tienen tradiciones jurídicas comunes. Esto plantea preguntas esenciales sobre voluntad política, confianza recíproca y propósitos estratégicos compartidos.

En su momento, se llegó a argumentar que si países con culturas diversas y múltiples idiomas —como los europeos— lograron un alto grado de integración, la falta de integración regional más profunda en Hispanoamérica, donde predominan lenguas y valores culturales cercanos, resulta difícil de explicar sin atender a variables políticas, institucionales y de liderazgo. En definitiva, los modelos de integración supranacional constituyen muestras harto elocuentes de que la soberanía estatal en el siglo XXI no necesariamente deben ser un monopolio exclusivo ni absoluto. El modelo de la Unión Europea pone de relieve que el concepto de Estado, sin desaparecer, puede transformar su ejercicio efectivo. Pone en evidencia que la soberanía puede compartirse sin que ello signifique la anulación de la autonomía estatal, sino su reconfiguración en bloques cooperativos con competencias precisas.

Cualquier proceso de integración regional futuro, en Hispanoamérica o en otras regiones, debe partir de un entendimiento claro de este fenómeno: la soberanía que se ejerce en bloque exige mecanismos institucionales robustos, legitimación democrática y claras reglas de primacía y responsabilidad. La integración europea no es una panacea, ni un modelo matemáticamente replicable, pero sí constituye un laboratorio jurídico-político del que pueden extraerse lecciones fundamentales para pensar el Estado soberano en tiempos de globalización y necesidades colectivas compartidas.

Si es que la agenda internacional retomare alguna vez la idea de una integración de Estados a nivel regional, proyecto que hace tiempo ha permanecido dormido, el Estado dominicano, firme en la defensa de sus principios soberanos y constitucionales, debe abordar cualquier iniciativa con cautela estratégica y claridad de objetivos. Teniendo muy en cuenta la preservación de su independencia normativa, la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y la estabilidad institucional interna, cualquier paso hacia la integración debe ser gradual y condicionado a reglas claras de cooperación y compensación.

De igual modo, es esencial considerar la diversidad económica y política de los países miembros potenciales, así como la necesidad de mecanismos que eviten la subordinación automática de la República Dominicana frente a decisiones supranacionales que puedan afectar directamente la vida cotidiana de sus habitantes. Siempre conviene mirar la situación comparada de países que ya han vivido la experiencia, como los Estados miembros de la Unión Europea, donde la integración ha traído ventajas económicas y políticas, pero también tensiones sobre la soberanía, la primacía normativa y la identidad democrática. Por lo que pudiera concluirse que, en definitiva, cualquier proyecto de unión regional en el que participe la República Dominicana solo tendría sentido si logra equilibrar los beneficios de cooperación con la protección efectiva de su autonomía constitucional, garantizando que la integración no sea un riesgo para la soberanía ni un freno a su capacidad de decidir sobre asuntos fundamentales para su desarrollo y bienestar ciudadano.

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[1] Revista Derecho. Entrevista: Manuel Atienza: https://youtu.be/_gcLIf6w3O8?si=VdMHDCpw2gYRRul-

[2] En línea: EU launches infringement procedure against Slovakia constitutional reform – JURIST – News

[3] En línea: Benito Aláez Corral, Soberanía estatal, supremacía constitucional e integración europea a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional federal alemán, Teoría y Realidad Constitucional (Núm. 30, 2012), donde se aborda cómo los conflictos entre el derecho constitucional nacional y el derecho de la Unión Europea ponen de relieve tensiones con la noción clásica de soberanía constitucional.

[4] En línea: Karine Caunes, Le principe de primauté du droit de l’Union Européenne : contribution à l’étude de la nature juridique de l’Union Européenne et des rapports de système européens, Doctoral thesis, European University Institute (Florence, 2009)— disponible en acceso abierto en el repositorio académico del European University Institute (EUI).

[5] Bruselas es la sede principal de las instituciones de la Unión Europea, especialmente la Comisión Europea (órgano ejecutivo que propone y supervisa leyes comunitarias), el Consejo de la Unión Europea (donde se reúnen los ministros de los Estados miembros), parte del Parlamento Europeo también sesiona allí. Con lo cual, decir “decisiones adoptadas en Bruselas” es una manera sintética de referirse a la actividad legislativa, ejecutiva y administrativa de la UE, sin detallar cada órgano.

Resumen

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La argumentación jurídica no es mera teoría anclada en el formalismo; distinto a ello, es la clave para ejercer el derecho con eficacia, ética y legitimidad. A través de ejemplos prácticos y el análisis de doctrinas autorizadas como las de Atienza, Alexy, Dworkin, Guastini, entre otras, se expone cómo argumentar correctamente fortalece la práctica forense, mejora la calidad de las decisiones judiciales y eleva la legitimidad de las leyes, que es esencial para comprender cómo el derecho se debe hacer, aplicar y justificar de manera racional y responsable.

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Palabras clave

Argumentación jurídica, justificación, persuasión, derecho, ética, principios, falacias, legislación, jurisprudencia, control preventivo, legitimidad, aplicación, práctica profesional, interpretación, democracia.

Contenido

I.- Mirada preliminar a la cuestión argumentativa, II.- ¿Qué es la argumentación jurídica, en términos llanos y prácticos?, III.- Principios de la argumentación jurídica, IV.- Falacias y desviaciones en la argumentación jurídica, V.- La argumentación jurídica en la producción del derecho, VI.- La dimensión ética de la argumentación jurídica, VII.- La carga argumentativa y su distribución, VIII.- El destinatario de la argumentación jurídica, IX.- Convencer no es lo mismo que justificar, X.- El tiempo y el contexto en la argumentación jurídica, XI.- La argumentación jurídica como forma de control del poder, XII.- Cierre conceptual.

I.- Mirada preliminar a la cuestión argumentativa

“Aunque el Derecho no pueda, naturalmente, reducirse a argumentación, el enfoque argumentativo del Derecho puede contribuir de manera decisiva a una mejor teoría y a una mejor práctica jurídica”, eso ha afirmado el connotado jurista español Manuel Atienza en su icónica obra titulada Curso de argumentación jurídica. Y, en efecto, esta afirmación resume con notable claridad una de las transformaciones más importantes que ha vivido el estudio y el ejercicio del derecho en las últimas décadas.

Durante mucho tiempo, la enseñanza jurídica en las universidades estuvo centrada casi exclusivamente en el conocimiento de las normas: memorizar códigos, identificar artículos aplicables y aprender esquemas rígidos de subsunción. El derecho se presentaba como un sistema cerrado, donde bastaba encontrar la norma correcta para resolver el caso. En ese contexto, la argumentación jurídica ocupaba un lugar marginal o, en muchos casos, simplemente no se enseñaba de manera sistemática. Sin embargo, la realidad del derecho —compleja, cambiante y llena de conflictos— demostró que ese modelo era insuficiente.

La llamada “moda” de la argumentación jurídica en maestrías y especialidades no es casual ni superficial. Responde a una necesidad real: comprender que el derecho no funciona como una operación matemática, sino como una práctica social en la que es indispensable dar razones, justificar decisiones y persuadir racionalmente a otros. En este punto, la argumentación jurídica se presenta como una herramienta central de la filosofía del derecho, porque reflexiona sobre cómo se razona jurídicamente, qué hace que una decisión sea correcta y cuándo una justificación es aceptable.

En términos sencillos, la argumentación jurídica puede entenderse como el conjunto de razones que se ofrecen para defender una interpretación, una pretensión o una decisión jurídica. No se trata solo de decir “la ley dice esto”, sino de explicar por qué una determinada lectura de la norma es la más adecuada, por qué se aplica a un caso concreto y por qué esa solución es razonable dentro del sistema jurídico y acorde con ciertos valores, como la justicia, la igualdad o la seguridad jurídica.

Desde esta perspectiva, la argumentación jurídica cumple varias funciones. En primer lugar, sirve para evitar la arbitrariedad. Un juez o un abogado que argumenta está obligado a mostrar el camino que lo llevó a su conclusión, permitiendo que otros la analicen, la critiquen o la compartan. En segundo lugar, fortalece la legitimidad del derecho, porque las decisiones no se imponen solo por autoridad, sino que se justifican ante la comunidad jurídica y la sociedad en general.

Pero quizá el aspecto más relevante es su dimensión práctica, la cual, dicho sea de paso, es ignorada con más frecuencia de la deseada. La argumentación jurídica no es una teoría abstracta reservada para filósofos del derecho. Muy por el contrario, dominar la argumentación permite un ejercicio profesional mucho más eficaz. Para el abogado litigante, saber argumentar significa construir demandas más sólidas, contestaciones mejor estructuradas y alegatos capaces de persuadir al juez. No basta con citar normas o precedentes; es necesario articularlos de manera coherente, mostrar su pertinencia para el caso y anticipar las objeciones de la contraparte.

Por ejemplo, no es lo mismo que, en un juicio por incumplimiento contractual, el abogado del actor se limite a afirmar que “existe un contrato válido y que la contraparte incumplió”, citando de manera genérica los artículos del código civil relativos a la fuerza obligatoria de los contratos, que construir una argumentación en la que se explique cómo se perfeccionó el contrato, cuáles eran las obligaciones específicas asumidas por cada parte y de qué manera concreta se produjo el incumplimiento. En este último caso, como se ve, el abogado no solo invoca normas, sino que las conecta con los hechos probados, muestra por qué la conducta del demandado vulnera el principio de buena fe contractual y justifica por qué la pretensión de resolución o de cumplimiento forzoso resulta la consecuencia jurídicamente más razonable. Pero eso, precisamente, es el resultado de un ejercicio argumentativo consciente, que va más allá de la simple cita normativa y que permite al juzgador comprender con claridad por qué la solución propuesta no es solo legal, sino también justa y coherente con el sistema contractual.

Otro caso harto elocuente sobre la importancia de la argumentación jurídica, desde el punto de vista forense, del abogado litigante, es aquel en el que, en un juicio por incumplimiento de un contrato de compraventa, el abogado del actor se limite a señalar que el demandado no pagó el precio pactado y a citar los artículos del código civil sobre la obligatoriedad de los contratos, que no es lo mismo que explicar al juez, concretamente, que el 15 de marzo las partes celebraron un contrato por escrito, que el vendedor entregó el bien en la fecha acordada —hecho acreditado con la factura y el acta de entrega— y que, pese a haberse concedido un plazo adicional de diez días, el comprador no realizó el pago.

En este último caso, como se ve, la argumentación no se reduce a repetir la ley, sino que ordena los hechos, los vincula con la norma aplicable y muestra con claridad por qué la conducta del demandado constituye un incumplimiento relevante y no una simple demora. Justamente, la argumentación jurídica es la que permite que la pretensión de condena al pago del precio, más intereses y daños, aparezca ante el juez como una consecuencia lógica y razonable, y no como una petición aislada o meramente retórica. En palabras de VIGO, no basta tener la mejor razón, hay que saber decirla, ¿cómo? Argumentando[1].

Del mismo modo, desde el punto de vista judicial, una buena argumentación se traduce en sentencias mejor motivadas. Un juez que razona y explica adecuadamente su decisión no solo cumple con una exigencia formal, sino que ofrece una resolución más justa y comprensible. La motivación de las sentencias deja de ser un mero requisito y se convierte en el núcleo de la función jurisdiccional, especialmente en los llamados casos difíciles, donde no existe una respuesta evidente y es necesario ponderar principios y valores en conflicto.

En definitiva, la argumentación jurídica ha revolucionado la manera de estudiar y aplicar el derecho, porque pone el acento en el razonamiento, en la justificación y en la responsabilidad del jurista frente a sus decisiones. Lejos de ser una moda pasajera o una construcción puramente teórica, se trata de una herramienta indispensable para ejercer el derecho de manera más consciente, racional y democrática. Como bien sugiere Atienza, el enfoque argumentativo no reduce el derecho, sino que lo enriquece, contribuyendo a una mejor teoría y, sobre todo, a una mejor práctica jurídica.

II.- ¿Qué es la argumentación jurídica, en términos llanos y prácticos?

En sí, la argumentación jurídica es el ejercicio mediante el cual los operadores del derecho transforman hechos, normas y principios en razones que justifican una determinada solución jurídica. No se trata solo de aplicar mecánicamente una regla al caso, sino de ofrecer una justificación racional que explique por qué esa solución es la correcta o, al menos, la más razonable entre las alternativas posibles. En este sentido, la argumentación constituye el núcleo de la práctica jurídica contemporánea.

Esta concepción se encuentra claramente presente en la obra de Manuel Atienza, quien entiende el derecho como una práctica argumentativa orientada a la justificación de decisiones. Para Atienza, argumentar implica someter las decisiones jurídicas a criterios de racionalidad, coherencia y corrección, lo que permite distinguir entre buenas y malas razones jurídicas. La argumentación no es un adorno retórico, sino el instrumento que hace posible una práctica jurídica más controlable y menos arbitraria[2].

A su vez, Robert Alexy aporta una dimensión normativa a esta idea al sostener que la corrección de las decisiones jurídicas depende de su justificación mediante razones susceptibles de ser aceptadas en un discurso racional. Su teoría de la argumentación y de los principios muestra que, especialmente en los denominados casos difíciles, el derecho exige ponderar razones en conflicto y explicar por qué un principio debe prevalecer sobre otro. De este modo, la decisión judicial deja de ser una mera expresión de autoridad y se convierte en el resultado de un razonamiento estructurado y justificable[3].

De su lado, Ronald Dworkin refuerza esta visión al afirmar que el derecho es una práctica interpretativa, en la que los jueces deben ofrecer la mejor interpretación posible del sistema jurídico en su conjunto. Para Dworkin, decidir un caso implica construir un argumento que muestre la coherencia del derecho y su compromiso con ciertos valores fundamentales. La respuesta jurídica correcta no surge de la discrecionalidad, sino de una argumentación que integre reglas, principios y precedentes de la manera más consistente[4].

Guastini, sobre la argumentación jurídica, plantea, en concreto, que interpretar y argumentar son actividades inseparables en el derecho. La interpretación jurídica nunca es mecánica: siempre requiere decidir el significado de las normas y cómo se aplican a los hechos, especialmente frente a vacíos, antinomias o conflictos de principios. Sin embargo, interpretar no basta; es necesario justificar la interpretación mediante argumentos que muestren por qué una lectura es preferible a otra, atendiendo a la coherencia del sistema jurídico, jerarquías normativas y principios constitucionales. La argumentación, según Guastini, es un proceso racional y lógico que conecta normas, hechos y valores de manera que las decisiones sean persuasivas y defendibles ante tribunales o colegas, siendo la interpretación constitucional un ejemplo paradigmático de la necesidad de argumentar cuidadosamente[5].

En conjunto, estas perspectivas permiten comprender que la argumentación jurídica no es una actividad meramente teórica, sino una exigencia práctica del ejercicio profesional. Argumentar bien significa razonar con el derecho, justificar las decisiones y hacer visible el camino que conduce de los hechos a la solución del conflicto, fortaleciendo así tanto la eficacia del litigio, desde el punto de vista forense (de los abogados litigantes) como la legitimidad de las decisiones judiciales.

Lo que la argumentación es al derecho, la brújula lo es a la navegación, porque sin ella se puede avanzar, incluso cumplir ciertas normas, pero sin rumbo claro, sin orientación sobre qué camino es más seguro, más coherente o más justo. La argumentación marca la dirección, permite tomar decisiones fundadas y evita que el ejercicio del derecho se reduzca a un mero formalismo o a la aplicación mecánica de reglas, guiando tanto al abogado como al juez en la travesía que va de los hechos concretos a la solución jurídica más razonable.

Imaginemos que un ciudadano quiere presentar una demanda sobre derechos registrados ante la Jurisdicción Inmobiliaria, pero la Ley del IPI establece que toda demanda es inadmisible si no se paga dicho impuesto. Ante esta situación, un abogado que domine la argumentación jurídica no se limitaría a señalar que la ley es estricta, sino que construiría un razonamiento que conecte hechos, normas y principios. Primero, podría invocar el principio constitucional del acceso a la justicia, que garantiza que toda persona pueda acudir a los tribunales para defender sus derechos. Luego, explicaría cómo la exigencia del IPI, aplicada como presupuesto de admisibilidad de una demanda, produce un efecto desproporcionado: impide reclamar derechos fundamentales incluso en casos donde la persona no tiene recursos suficientes para pagar el impuesto.

A continuación, el abogado podría analizar precedentes judiciales o interpretaciones doctrinales que reconozcan la necesidad de ponderar la Ley del IPI frente a derechos constitucionales, mostrando que, en efecto, algunos tribunales han inaplicado esa norma, por la vía difusa, por reñir con la Carta Sustantiva. Pero, además, podría articular un argumento de ponderación, señalando que admitir la demanda no significa desconocer la ley, sino interpretar su aplicación de manera coherente con la Constitución y los principios de proporcionalidad y justicia. Así, el juez puede autorizar la admisión de la demanda, justificando su decisión con una argumentación sólida, transparente y racional, que demuestra que no se trata de arbitrariedad, sino de un ejercicio responsable del derecho.

Lo anterior, desde una dimensión fáctica, pone de relieve que la argumentación jurídica transforma un conflicto normativo en una oportunidad de justificar decisiones equilibradas, protege derechos fundamentales y fortalece la legitimidad del sistema judicial, demostrando que el derecho no consiste solo en aplicar reglas, sino en razonar y justificar decisiones, con base en principios que cuenten con aplicabilidad a la casuística dilucidada. Como se ve, la argumentación jurídica no es solamente teoría, es, tanto o más, una herramienta práctica indispensable del quehacer jurídico cotidiano. Es el medio a través del cual el abogado convierte una inconformidad en una pretensión jurídicamente defendible y el juez transforma una decisión en una resolución legítima y comprensible. Sin argumentación, el Derecho corre el riesgo de reducirse a la aplicación automática de normas; con ella, en cambio, se convierte en una práctica racional orientada a la justicia, al control del poder y a la tutela efectiva de los derechos.

III.- Principios de la argumentación jurídica

Sin que en modo alguno constituya una lista restrictiva, solo enunciativamente, destacan como principios rectores de la argumentación jurídica aquellos criterios que permiten evaluar la corrección y legitimidad de las razones ofrecidas en la práctica jurídica. Estos principios no funcionan como reglas cerradas, sino como pautas racionales que orientan el razonamiento del abogado y del juez en la justificación de sus decisiones.

El primero de ellos es el principio de racionalidad, que exige que toda decisión jurídica esté sustentada en razones comprensibles y evaluables. Parafraseando a Manuel Atienza, argumentar es justificar, es decir, ofrecer razones que expliquen por qué una solución es preferible a otras posibles. En la práctica, este principio se refleja, por ejemplo, cuando un abogado no se limita a pedir la resolución de un contrato, sino que explica de manera ordenada por qué los hechos acreditados encajan en el supuesto normativo y conducen razonablemente a esa consecuencia jurídica. Sin esta justificación, la decisión se reduce a una mera afirmación de autoridad.

En estrecha relación con lo anterior se encuentra el principio de coherencia, que exige compatibilidad interna entre los argumentos y consistencia con el sistema jurídico. Atienza subraya que una buena argumentación debe respetar la estructura y los valores del ordenamiento. En la práctica forense, este principio se vulnera cuando, por ejemplo, se invoca el principio de buena fe para justificar una conducta que, en realidad, contradice frontalmente la propia conducta previa del litigante. La coherencia obliga a que los argumentos no se desmientan entre sí ni desconozcan sin justificación precedentes o normas relevantes.

Otro principio esencial es el de pertinencia, según el cual los argumentos deben guardar una relación directa con el caso concreto. Riccardo Guastini insiste en que interpretar implica seleccionar, entre múltiples significados posibles, aquel que resulta jurídicamente defendible, y esa selección debe ser argumentada. Así, en un litigio contractual, no es pertinente citar extensamente normas sobre contratos administrativos si el conflicto versa sobre un contrato civil entre particulares. La pertinencia refuerza la eficacia persuasiva de la argumentación y evita la dispersión argumentativa.

A ello se suma el principio de claridad, que exige que la argumentación sea comprensible y ordenada. Para Atienza, la claridad es una condición de la racionalidad argumentativa. En términos prácticos, una demanda clara es aquella que expone cronológicamente los hechos, identifica con precisión las normas aplicables y explica, paso a paso, cómo se arriba a la pretensión planteada. Una Amendment saturada de citas legales sin hilo conductor, por el contrario, debilita la fuerza del argumento.

En los casos en que existen conflictos entre principios, adquiere centralidad el principio de proporcionalidad o ponderación, desarrollado especialmente por Robert Alexy. Según este autor, cuando dos principios entran en tensión, el juez debe justificar por qué uno prevalece sobre otro en el caso concreto. Desde la perspectiva forense (del litigante), el abogado debe llevar al ánimo del juez que debe realizarse dicha ponderación en el caso concreto. Un ejemplo práctico es el conflicto -citado más arriba- entre la exigencia legal del pago del IPI y el derecho constitucional de acceso a la justicia: admitir la demanda pese al incumplimiento formal requiere una argumentación reforzada que explique por qué, en ese caso, el derecho fundamental debe prevalecer, sin que ello implique anular la validez general de la norma.

Finalmente, destaca el principio de control y criticabilidad, conforme al cual toda argumentación jurídica debe quedar abierta a la revisión y a la crítica. Guastini subraya que las decisiones interpretativas no son evidentes ni únicas, por lo que deben ser justificadas de modo que otros juristas puedan evaluarlas. En la práctica judicial, esto se manifiesta en sentencias debidamente motivadas, susceptibles de apelación o revisión, lo que fortalece la legitimidad del sistema jurídico y evita decisiones arbitrarias. En definitiva, lo que legitima la decisión es la motivación, y la motivación se desarrolla con base en la argumentación. Motivar es argumentar: dar razones.

En conjunto, estos principios, tal como los desarrollan Atienza, Alexy y Guastini, muestran que la argumentación jurídica no es una técnica accesoria, sino el eje central del razonamiento jurídico contemporáneo. Gracias a ellos, el derecho se afirma como una práctica racional orientada a la justificación de decisiones, en la que abogados litigantes y jueces asumen la responsabilidad de explicar por qué el derecho debe decir lo que dice en cada caso concreto.

IV.- Falacias y desviaciones en la argumentación jurídica

Argumentar bien implica, también, saber identificar cuándo se argumenta mal.En efecto, la centralidad de la argumentación jurídica en el ejercicio contemporáneo del derecho hace igualmente necesario advertir sobre sus riesgos. No toda argumentación es buena argumentación, ni toda justificación aparente resiste un examen racional. En este contexto, cobran especial relevancia las denominadas falacias argumentativas, así como otras prácticas defectuosas que, sin ser siempre falacias en sentido estricto, debilitan seriamente la calidad del razonamiento jurídico.

Las falacias argumentativas pueden entenderse, en términos generales, como razonamientos defectuosos que aparentan ser correctos, pero que en realidad no justifican adecuadamente la conclusión que se pretende sostener. En el ámbito jurídico, su uso —consciente o inconsciente— es particularmente peligroso, porque puede conducir a decisiones injustas, arbitrarias o mal motivadas.

Una de las falacias más frecuentes en la práctica forense es la falacia de autoridad (argumentum ad verecundiam). Esta se produce cuando se pretende justificar una conclusión exclusivamente en función de quién la sostiene, y no por la solidez de las razones ofrecidas. Por ejemplo, cuando un abogado afirma que una determinada interpretación es correcta “porque así lo ha dicho un reconocido jurista” o “porque siempre se ha hecho así en los tribunales”, sin explicar por qué ese criterio es aplicable al caso concreto. Como advierte Atienza, la autoridad puede reforzar un argumento, pero nunca sustituir la justificación racional.

Otra falacia común es la petición de principio, que ocurre cuando la conclusión que se pretende demostrar está implícitamente contenida en las premisas. En materia contractual, esto sucede cuando se afirma que una parte incumplió el contrato “porque actuó de mala fe”, y luego se sostiene que actuó de mala fe “porque incumplió el contrato”, sin aportar hechos o razones independientes que sustenten esa afirmación. Este tipo de razonamiento aparenta justificar, pero en realidad gira en círculo.

También es frecuente la falacia de generalización apresurada, consistente en extraer una conclusión general a partir de uno o pocos casos aislados. Por ejemplo, sostener que una cláusula contractual es siempre abusiva simplemente porque en algunos precedentes judiciales fue declarada inválida, sin analizar el contenido específico del contrato, el contexto negocial o la voluntad de las partes. Este tipo de falacia desconoce la naturaleza casuística del derecho y empobrece la argumentación.

En el ámbito judicial aparece con cierta regularidad la falacia consecuencialista indebida, que consiste en justificar una decisión únicamente por sus posibles efectos, sin atender a su corrección jurídica. Un juez incurre en esta falacia cuando, por ejemplo, rechaza una demanda válida argumentando que admitirla “abriría la puerta a muchos otros reclamos”, sin explicar por qué, desde el punto de vista normativo y constitucional, esa consecuencia debería prevalecer sobre el derecho del demandante. Alexy ha advertido que las consecuencias pueden ser relevantes, pero deben integrarse en una ponderación racional,no sustituirla.

Junto a las falacias, propiamente dichas, existen otras desviaciones argumentativas que afectan gravemente la calidad del razonamiento jurídico. Una de ellas es el formalismo excesivo, que se manifiesta cuando el operador jurídico se limita a aplicar una norma de manera mecánica, sin justificar su pertinencia en el caso concreto ni considerar principios constitucionales relevantes. El ejemplo la inadmisibilidad automática de demandas por falta de agotar un trámite previo extrajudicial y “obligatorio”, sin ponderar el derecho de acceso a la justicia, ilustra claramente este problema.

Otra desviación frecuente es la acumulación irrelevante de normas y citas, que crea la apariencia de una argumentación sólida, pero carece de estructura y pertinencia. Demandas o sentencias saturadas de artículos legales, jurisprudencia y doctrina, sin una conexión clara con los hechos del caso, no fortalecen la argumentación; por el contrario, la debilitan. Como señala Guastini, argumentar no es acumular material jurídico, sino seleccionar y justificar interpretaciones.

Asimismo, debe mencionarse la ambigüedad deliberada, consistente en utilizar conceptos jurídicos indeterminados —como equidad, justicia o interés público— sin precisar su contenido ni explicar cómo influyen en la decisión adoptada. Esta práctica oscurece el razonamiento y dificulta su control crítico, afectando la transparencia y la legitimidad de la decisión.

En definitiva, el estudio de las falacias y desviaciones argumentativas confirma que la argumentación jurídica no es un mero ejercicio retórico, sino una práctica racional que exige rigor, honestidad intelectual y responsabilidad. Reconocer y evitar estos errores no solo mejora la calidad del litigio y de las sentencias, sino que fortalece la confianza en el derecho como un sistema de razones y no como un simple mecanismo de poder. Concluimos con las mismas palabras con las que iniciamos este apartado: argumentar bien implica, también, saber identificar cuándo se argumenta mal.

V.- La argumentación jurídica en la producción del derecho

Manuel Atienza, en una entrevista para la revista Derecho, ha advertido que la argumentación no es relevante únicamente para aplicar el derecho, sino también —y de manera no menos importante— para producirlo. Tradicionalmente, la reflexión sobre la argumentación se ha concentrado casi exclusivamente en el ámbito judicial y forense: cómo argumentan los jueces al dictar sentencias y cómo argumentan los abogados al litigar. Sin embargo, como señala Atienza, existe otra dimensión igualmente decisiva y todavía poco estudiada: la argumentación legislativa.

En efecto, las leyes no surgen en el vacío ni deberían entenderse como simples actos de voluntad política. Toda norma jurídica introduce deberes, restricciones y consecuencias para los ciudadanos, por lo que resulta razonable exigir que su creación esté acompañada de razones públicas que expliquen por qué se adopta una determinada regulación y no otra. Frente a la idea, todavía defendida por algunos (por suerte, cada vez menos), de que las leyes no necesitan ser justificadas más allá de su aprobación formal por el legislador, Atienza sostiene —con razón— que el derecho democrático no puede renunciar a la exigencia de motivación y argumentación en la producción normativa.

Desde esta perspectiva, los tradicionales “considerandos” o exposiciones de motivos no deberían ser vistos como un adorno retórico o una formalidad prescindible, sino como espacios fundamentales de argumentación legislativa.En ellos debe explicarse el problema que se pretende resolver, las razones que justifican la intervención del legislador, los valores y principios que se buscan proteger y las consecuencias previsibles de la norma. Una ley sin justificación es, en este sentido, una ley opaca, difícil de interpretar y pobremente legitimada.

Atienza subraya, además, que la falta de una adecuada argumentación legislativa suele traducirse en normas defectuosas, ambiguas o contradictorias, que luego generan conflictos interpretativos y un uso excesivo del control judicial. Por ello, se ha propuesto avanzar hacia mecanismos preventivos de control y revisión, tales como comisiones de expertos, evaluaciones técnicas previas o instancias de análisis constitucional antes de la promulgación de las leyes. La finalidad no es obstaculizar la función legislativa, sino mejorar la calidad del derecho producido.

Para ilustrar esta idea, Atienza utiliza una metáfora particularmente clara: la caries en los dientes. Resulta preferible acudir al odontólogo antes de que la caries aparezca, para prevenirla, que esperar a que se manifieste y luego intentar repararla. Lo mismo ocurre con las leyes: es mejor detectar errores, inconsistencias o problemas de constitucionalidad antes de que la norma entre en vigor, que corregirlos después mediante interpretaciones forzadas o declaraciones de inconstitucionalidad. La argumentación legislativa cumple así una función preventiva esencial.

Ahora bien, esta propuesta no está exenta de críticas, especialmente cuando se plantea la posibilidad de un control preventivo de constitucionalidad. Algunos sostienen que dicho control afecta la soberanía popular, en la medida en que permite a órganos no electos —como los tribunales constitucionales y, en general, del Poder Judicial— intervenir en decisiones adoptadas por legisladores que sí cuentan con una legitimidad democrática directa, derivada del voto popular. Desde esta óptica, los jueces constitucionales (ni ningún otro) no se legitiman democráticamente del mismo modo que los legisladores, sino que su función consiste en aplicar la voluntad del pueblo expresada en la Constitución y en las leyes.

Este debate es particularmente relevante en sistemas democráticos contemporáneos y no admite respuestas simples. Sin embargo, hay que decir, la legitimidad democrática no se agota en el origen electoral,sino que también se fortalece mediante la calidad racional de las decisiones públicas. Una ley bien argumentada, justificada y revisada previamente no debilita la democracia, sino que la refuerza, al hacer más transparente y responsable el ejercicio del poder legislativo.

En el caso de la República Dominicana, es justo reconocer que se han producido avances importantes en esta dirección. La práctica de conformar comisiones de expertos para la revisión de proyectos de ley antes de su promulgación representa un paso significativo hacia una mejor argumentación legislativa y una mayor calidad normativa. No obstante, el control preventivo sigue siendo objeto de recelo y censura, precisamente por las tensiones que genera con la concepción tradicional de la soberanía popular y la centralidad del legislador democráticamente electo.

En conclusión, la reflexión de Atienza sobre la argumentación en la producción del derecho invita a repensar el proceso legislativo como una práctica racional que exige justificación, deliberación y control. Argumentar bien no es solo una exigencia para jueces y abogados, sino también para quienes crean el derecho. Prevenir errores normativos mediante una adecuada argumentación legislativa no supone debilitar la democracia, sino construir un derecho más coherente, más justo y más legítimo desde su origen.

VI.- La dimensión ética de la argumentación jurídica

La argumentación jurídica no es una destreza neutral ni meramente instrumental; implica una responsabilidad ética por parte de quien argumenta. Abogados, jueces y legisladores no solo deben argumentar de forma eficaz, sino también honesta y leal al derecho. El uso deliberado de falacias, la manipulación de los hechos o la omisión consciente de argumentos relevantes en contra de la propia posición constituyen prácticas que, aunque puedan resultar estratégicamente exitosas, debilitan la legitimidad del sistema jurídico.

Manuel Atienza ha subrayado que la argumentación jurídica está orientada a la corrección y no únicamente a la persuasión. Desde esta perspectiva, argumentar mal no es solo cometer un error técnico, sino incurrir en una falta ética que compromete la función pública del jurista. La ética de la argumentación se convierte así en una condición indispensable para la justicia y la credibilidad del derecho.

VII.- La carga argumentativa y su distribución

Un aspecto central de la argumentación jurídica es que no todas las posiciones requieren el mismo esfuerzo justificativo. Existe una distribución de la carga argumentativa que depende del tipo de decisión que se adopte y de sus efectos jurídicos. Quien pretende apartarse de una regla general, modificar un criterio consolidado o restringir un derecho fundamental asume una carga argumentativa reforzada.

Robert Alexy ha desarrollado esta idea al señalar que las decisiones que afectan principios constitucionales exigen una justificación especialmente rigurosa, basada en razones públicas, transparentes y proporcionales. En la práctica, esto implica que un juez que limita el acceso a la justicia, o un legislador que restringe derechos, debe explicar de manera más intensa por qué esa decisión es necesaria y razonable. La ausencia de esta justificación no invalida solo el argumento, sino la legitimidad misma de la decisión.

En otro sentido, cuando se trata de cuestiones elementales —como una solicitud de comunicación de documentos, un aplazamiento o incidencias similares— la exigencia argumentativa no debe ser ni extensa ni compleja. Basta con una motivación suficiente que se sostenga por sí misma. Así, por ejemplo, el rechazo de una solicitud de comunicación de documentos puede justificarse de manera eficaz señalando que no se acreditó la debida diligencia para obtenerlos por los medios ordinarios, como la constancia de un oficio recibido por la institución a la que supuestamente se solicitó la documentación. Con una motivación sencilla, pero clara y contundente, se satisface plenamente la exigencia de una argumentación jurídica adecuada.

VIII.- El destinatario de la argumentación jurídica

La argumentación jurídica es, ante todo, una actividad comunicativa. No se argumenta en abstracto, sino siempre frente a un destinatario concreto: un juez, una contraparte, un tribunal superior o incluso la ciudadanía. Este hecho condiciona la forma, el lenguaje y la estructura de los argumentos.

Riccardo Guastini destaca que la interpretación y la argumentación se realizan dentro de una comunidad jurídica, lo que implica que los argumentos deben ser comprensibles y aceptables para quienes participan en esa práctica. Una sentencia, por ejemplo, no se dirige únicamente a las partes del proceso, sino también a la sociedad, que espera razones claras que expliquen el ejercicio del poder judicial. La falta de atención al destinatario debilita la función democrática de la argumentación.

IX.- Convencer no es lo mismo que justificar

Una distinción fundamental en la teoría de la argumentación jurídica es la que existe entre convencer y justificar. Convencer implica lograr la adhesión de un destinatario; justificar, en cambio, supone ofrecer razones que sean racionalmente aceptables, incluso más allá del caso concreto.

Atienza y Alexy coinciden en señalar que el derecho no puede conformarse con la mera persuasión fáctica. Un argumento puede resultar eficaz en un litigio y, sin embargo, carecer de solidez racional. La exigencia jurídica es la justificación, no la simple retórica. Esta distinción permite separar la argumentación jurídica de la oratoria política o del discurso puramente estratégico, reafirmando su carácter racional y normativo.

Por ejemplo, no es lo mismo que un abogado busque impresionar al juez mediante un lenguaje grandilocuente, apelaciones emotivas o afirmaciones categóricas sin respaldo normativo, eso sería un ejercicio de persuasión retórica carente de verdadera justificación jurídica, que construir un razonamiento ordenado en el que se expongan los hechos relevantes, se identifiquen las normas aplicables y se explique, paso a paso, por qué de ellas se sigue la consecuencia jurídica pretendida, lo cual sería una justificación racional propiamente dicha. Como se puede ver, la diferencia no radica en el estilo del discurso, sino en la calidad de las razones ofrecidas: mientras la retórica busca convencer, la argumentación jurídica busca justificar de manera objetiva y controlable una decisión o una pretensión conforme al derecho.

X.- El tiempo y el contexto en la argumentación jurídica

La argumentación jurídica se desarrolla en contextos históricos, sociales y culturales concretos. Los argumentos no son eternos ni inmutables: cambian con la evolución de los valores sociales, la transformación de la jurisprudencia y las nuevas realidades fácticas. Ronald Dworkin expresó esta idea al concebir el derecho como una práctica interpretativa continua, en la que cada decisión se inserta en una cadena histórica de interpretaciones.

Reconocer el papel del tiempo y del contexto permite comprender por qué una argumentación considerada correcta en un momento determinado puede dejar de serlo en otro. Esta dimensión dinámica refuerza la necesidad de justificar constantemente las decisiones jurídicas y evita la petrificación del derecho.

A partir de lo anterior, puede resultar intuitivamente atractivo incluir figuras como la irretroactividad de la ley o la ultraactividad normativa dentro del ámbito de la interpretación jurídica, ya que ambas ponen de relieve la importancia del factor temporal en el derecho. En efecto, tanto unas como otras parten del reconocimiento de que las normas se aplican en contextos históricos determinados y que el paso del tiempo incide en su vigencia y alcance.

Sin embargo, esta inclusión directa sería conceptualmente imprecisa. La irretroactividad y la ultraactividad no son, en sentido estricto, problemas de interpretación, sino reglas de derecho transitorio destinadas a resolver conflictos sobre la aplicación temporal de las normas. Su función principal es garantizar la seguridad jurídica, determinando qué norma debe aplicarse a determinados hechos en función del momento en que estos ocurrieron, con independencia de cómo se interprete su contenido.

Por el contrario, el enfoque interpretativo —como el que subyace en la concepción dworkiniana del derecho como práctica interpretativa— se sitúa en un plano distinto: no se pregunta cuándo se aplica una norma, sino cómo debe entenderse y justificarse una decisión jurídica a la luz de una cadena histórica de interpretaciones, valores y principios. Aquí, el tiempo opera, no como un criterio técnico de vigencia, sino como un horizonte de sentido que condiciona la corrección de los argumentos jurídicos.

En consecuencia, aunque tanto la interpretación jurídica como las reglas sobre la eficacia temporal de la ley reconocen la relevancia del tiempo en el derecho, lo hacen desde lógicas diferentes y con finalidades distintas. Confundirlas implicaría desplazar indebidamente problemas de vigencia normativa al terreno de la argumentación interpretativa, cuando en realidad pertenecen a esferas conceptuales autónomas.

Así entendido, el carácter dinámico del derecho no se traduce necesariamente en la aplicación retroactiva o ultraactiva de las normas, sino en la exigencia permanente de justificar las decisiones jurídicas en función del contexto histórico, social y valorativo en el que se adoptan, evitando tanto la rigidez normativa como la petrificación del razonamiento jurídico.

El reconocimiento del tiempo y del contexto como elementos relevantes de la argumentación jurídica permite comprender el carácter dinámico del razonamiento jurídico sin caer en simplificaciones. En primer lugar, esta dimensión contextual no implica relativismo: que las argumentaciones se formulen en marcos históricos y sociales determinados no significa que toda interpretación sea igualmente válida, sino que los criterios de corrección se construyen a partir de parámetros interpretativos compartidos y racionalmente justificables.

Por ejemplo, si se argumenta que una ley debe interpretarse de determinada manera atendiendo a los valores sociales vigentes en el momento de su aplicación, ello no autoriza a prescindir del texto normativo, de su sistemática ni de la jurisprudencia consolidada. La referencia al contexto histórico y social opera como un criterio de orientación interpretativa, no como una habilitación para introducir cualquier significado posible. Así, una interpretación que invoque cambios sociales relevantes deberá mostrar su coherencia con los principios del ordenamiento y con la trayectoria interpretativa previa, ofreciendo razones que expliquen por qué esa lectura resulta más adecuada que otras alternativas plausibles.

Pensemos en el caso en el que se argumente que una norma debe interpretarse hoy a la luz del principio de igualdad de género, ello no implica que el intérprete pueda atribuirle un significado ajeno a su estructura normativa o a los criterios interpretativos consolidados. La evolución social en materia de igualdad puede justificar una relectura de categorías jurídicas tradicionales —por ejemplo, en el ámbito de la no discriminación—, pero dicha relectura debe apoyarse en los principios constitucionales, en la jurisprudencia relevante y en una argumentación que explique racionalmente por qué esa interpretación resulta coherente con el desarrollo histórico del ordenamiento.

Pues bien, insistiendo con el tema de que el reconocimiento del tiempo y del contexto como elementos relevantes de la argumentación jurídica permite comprender el carácter dinámico del razonamiento jurídico sin caer en simplificaciones; y sostuvimos en los párrafos anteriores que no implica caer en el relativismo. Siguiendo esa línea, también hay que resaltar, en segundo lugar, que el tiempo relevante para la argumentación jurídica no se reduce a una mera sucesión cronológica de normas, propia de los problemas de derecho transitorio, sino que adopta la forma de una continuidad hermenéutica, en la que las decisiones jurídicas se insertan en una cadena histórica de interpretaciones. En este proceso, la jurisprudencia cumple un papel central como mediación entre los cambios sociales y la estabilidad del derecho, sedimentando y transformando progresivamente los sentidos normativos.

Asimismo, oportuno es aclarar que la dimensión histórica de la argumentación no supone una ruptura constante con el pasado. Por el contrario, las nuevas decisiones deben mantener un grado razonable de coherencia y ajuste con las interpretaciones previas, de modo que la evolución interpretativa preserve la identidad del sistema jurídico. Este equilibrio permite compatibilizar la adaptabilidad del derecho con su función estabilizadora y garantista.

En definitiva, atender al tiempo y al contexto en la argumentación jurídica no conduce a la arbitrariedad ni a la inseguridad jurídica, sino que refuerza la exigencia de justificación permanente de las decisiones, evitando tanto la petrificación del derecho como su disolución en interpretaciones puramente contingentes.

XI.- La argumentación jurídica como forma de control del poder

Uno de los aspectos más relevantes de la argumentación jurídica es su función como mecanismo de control del poder. La exigencia de dar razones limita la discrecionalidad de jueces, legisladores y autoridades administrativas, obligándolos a explicar y justificar sus decisiones ante la comunidad jurídica y la sociedad.

En un Estado constitucional de derecho, el poder no se legitima solo por su origen democrático, sino también por la calidad racional de sus decisiones. La argumentación jurídica permite someter el ejercicio del poder a la crítica, al debate y a la revisión, fortaleciendo así la transparencia y la confianza en las instituciones. Donde no hay razones públicas, el derecho corre el riesgo de transformarse en mera imposición, perdido en el laberinto de la arbitrariedad.

Pensemos, por un instante, que un tribunal constitucional declara la validez de una ley que restringe el ejercicio de un derecho fundamental limitándose a afirmar que responde al “interés general”, sin explicitar los criterios empleados para ponderar los derechos en juego ni las razones por las cuales considera la medida necesaria y proporcional. Ello, sin dudas, supondría una ampliación indebida del margen de discrecionalidad jurisdiccional, lo cual dificultaría el control crítico de la decisión por parte de la comunidad jurídica y de la ciudadanía. Por eso, la exigencia de una argumentación rigurosa no constituye un mero requisito formal, sino una garantía sustantiva frente al ejercicio arbitrario del poder. O, lo que equivale decir, solo allí donde las decisiones públicas se apoyan en razones explícitas y revisables puede afirmarse que el poder se ejerce conforme a las exigencias del Estado constitucional de derecho.

XII.- Cierre conceptual

En definitiva, la argumentación jurídica se revela como el eje que articula una buena práctica del derecho, y no como un mero ejercicio teórico o una exigencia formal vacía. A lo largo de estas breves líneas se ha puesto de manifiesto que argumentar no consiste simplemente en citar normas, precedentes o doctrinas, sino en ofrecer razones públicas, racionales y controlables que expliquen por qué una determinada decisión, interpretación o pretensión es jurídicamente correcta o, al menos, la más razonable posible.

Lejos de ser una moda académica, la argumentación jurídica responde a una necesidad estructural del Estado constitucional de derecho: justificar el ejercicio del poder. Tanto en la labor del abogado litigante, que debe construir pretensiones claras y persuasivas, como en la función judicial y legislativa, donde las decisiones afectan derechos e intereses fundamentales, la calidad de la argumentación incide directamente en la legitimidad y eficacia del derecho.

Asimismo, el dominio de la argumentación jurídica permite distinguir entre persuadir y justificar, entre aplicar mecánicamente la ley y razonar con el derecho, entre imponer una decisión y explicarla. Esta distinción es clave para comprender que una buena práctica jurídica no se mide únicamente por los resultados obtenidos, sino por la calidad racional y ética de las razones que los sostienen.

Por ello, la argumentación jurídica no es un complemento accesorio del derecho, sino su condición de posibilidad en una sociedad democrática. Allí donde las decisiones se explican y se justifican, el derecho se fortalece; donde se renuncia a la argumentación, el derecho corre el riesgo de reducirse a una técnica de poder. Argumentar bien, en suma, no solo mejora la práctica jurídica: la dignifica.

 

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[1] Para ampliar sobre el pensamiento de Rodolfo L. Vigo, en el marco del Estado Constitucional del derecho, consultar el libro de su autoría titulado Interpretación (argumentación) Jurídica en el Estado de Derecho Constitucional.

[2] Cfr ATIENZA, Manuel.

[3] Cfr ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica.

[4] Cfr DWORKIN, Ronald. Law’s Empire (El imperio de la justicia).

[5] Cfr GUASTINI, Riccardo. Interpretar y argumentar.

Resumen

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Una aproximación al desarrollo histórico del pensamiento jurídico, desde sus raíces clásicas hasta los desafíos que plantean la era digital y la inteligencia artificial. A través de un análisis de las principales escuelas —iusnaturalismo, positivismo, realismo norteamericano, entre otras— se expone cómo cada corriente aporta herramientas esenciales para interpretar y aplicar el derecho, y por qué su conocimiento es imprescindible para quienes aspiran a decisiones justas y fundamentadas. Esto así, reflexionando sobre la necesidad de equilibrar reglas y principios y explorando cómo el derecho puede adaptarse a una sociedad compleja, tecnológica y en constante transformación, sin perder de vista la justicia concreta. Todo como una invitación a pensar críticamente sobre cómo se puede orientar la práctica jurídica contemporánea, ofreciendo ideas útiles para estudiantes, juristas y todos quienes se interesan por la “justicia animada” de que habló Aristóteles.

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Palabras clave

Derecho, escuelas del pensamiento jurídico, legislación, interpretación, principios, reglas, positivismo, iusnaturalismo, realismo jurídico, jurisprudencia, justicia, constitucionalismo, bioética, inteligencia artificial, evolución, escuela moderna, seguridad jurídica.

Contenido

I.- Introducción, II.- Panorama preliminar desde una perspectiva contextual,III.- El iusnaturalismo o derecho natural, IV.- El positivismo jurídico, V.- El realismo jurídico norteamericano, VI.- La incorporación de los principios y el Estado constitucional de derecho, VII.- Justicia, motivación y el caso concreto, VIII.- Una propuesta: positivismo de partida y apertura principial en casos difíciles, IX.- Conclusión

I.- Introducción

José Trías Monge, en su icónica obra Teoría de la adjudicación, lectura obligada para la introducción al estudio de las escuelas del pensamiento jurídico, afirmó: “Si bien ninguna teoría ha demostrado ser la única correcta, casi todas nos han legado conceptos provechosos y algunas pueden considerarse a veces más ‘ciertas’ y útiles que otras. Al forjar nuestro propio credo no estamos condenados a escoger tan solo una, con sus virtudes y defectos. Pueden seleccionarse trozos de varias de ellas; puede beberse de distintas fuentes, aunque quizás en unas más que en otras, por la mayor claridad y frescura del agua en ese momento. Todo sistema tiene algo de otros. Toda doctrina es a la vez nueva, aunque tenga mucho de ecléctica, por presentar una respuesta singular a unas circunstancias particulares”[1].

Con ello, el indicado maestro pone de relieve que el estudio del derecho exige una actitud intelectual abierta y crítica, alejada del dogmatismo, en la que el jurista no se limita a reproducir una escuela determinada, sino que integra, de manera razonada, los aportes más valiosos de las distintas corrientes según las necesidades del tiempo y del caso concreto. El derecho aparece así, como una construcción dinámica, históricamente situada, que se nutre de diversas tradiciones teóricas y cuya validez práctica se mide por su capacidad de ofrecer soluciones coherentes, fundadas y justas, antes que por su fidelidad absoluta a una doctrina única y cerrada.

En definitiva, el derecho no es únicamente un conjunto de normas escritas. Reducirlo a la letra de la ley implica desconocer su dimensión histórica, filosófica y práctica. A lo largo del tiempo, diversas escuelas del pensamiento jurídico (positivismo, realismo, naturalismo, etc.) han intentado explicar qué es el derecho, cómo debe interpretarse y aplicarse, y cuáles son sus límites. Cada una surgió en un contexto histórico determinado, respondiendo a problemas concretos de su tiempo.

Conocer estas escuelas no es un ejercicio meramente académico: es una condición necesaria para razonar correctamente el derecho, distinguir entre legislación y derecho, y comprender que, especialmente hoy, el derecho trasciende la ley escrita. En el Estado constitucional contemporáneo, el juez y, en general, el intérprete no solo aplica reglas, sino también principios, valores constitucionales y criterios de justicia, más allá de la formal, material; siempre con la debida motivación que, en definitiva, es lo que legitima la decisión. Sin motivación hay arbitrariedad, y la arbitrariedad riñe con la Constitución; por lo que es, de plano, insostenible.

Demos, en estas breves líneas, una mirada a las principales escuelas del pensamiento jurídico, explicando su evolución, límites y tendencias interpretativas acorde con los retos actuales, a la luz de la constitucionalización del derecho, la complejidad social y la irrupción de la era digital, la inteligencia artificial y lo que todo ello apareja respecto de los derechos de las personas.

II.- Panorama preliminar desde una perspectiva contextual

 El pensamiento jurídico, como todo en la vida, ha evolucionado de manera constante; el paso del tiempo así lo impone. En la antigüedad, en el marco de las sociedades arcaicas y del pensamiento griego, desde los presocráticos hasta Sócrates, Platón y Aristóteles, y posteriormente con las escuelas postaristotélicas —epicúreos, cínicos, escépticos y estoicos—, se evidencia una primera preocupación por vincular el derecho con la razón, la virtud y el orden natural de las cosas. Allí el derecho no se concebía como un sistema técnico autónomo, sino como una expresión de la ética, de la idea de justicia y del ideal de vida buena, propia de una comunidad política organizada en torno a valores compartidos.

Por su parte, el pensamiento jurídico romano, a través de sus grandes instituciones y magistrados, como Cicerón, y de obras fundamentales como el Digesto y las Institutas, así como en autores como Séneca, muestra un giro significativo: a diferencia de la especulación filosófica griega, el derecho romano se caracterizó por su marcado pragmatismo, su vocación casuística y su extraordinaria técnica jurídica. Ello evidencia una concepción del derecho orientada a la solución concreta de conflictos y a la organización eficiente del poder, lo que en su época podía justificarse por la necesidad de administrar un imperio vasto y complejo.

Con San Agustín, ya en la Baja Edad Media, y su obra La ciudad de Dios, en el contexto del surgimiento del Estado medieval y del desarrollo del derecho canónico, se advierte una profunda espiritualización del derecho y de la justicia, subordinadas al orden divino. El derecho terrenal aparece como imperfecto y transitorio, lo que implicó una clara primacía de lo teológico sobre lo jurídico, explicable en una época marcada por la centralidad de la fe y la autoridad eclesiástica en la vida social y política.

Posteriormente, con Santo Tomás de Aquino, en la Alta Edad Media, y su Tratado de la Ley en la Summa Theologiae, se observa un esfuerzo sistemático por reconciliar razón y fe, derecho natural y derecho positivo. Su pensamiento, enmarcado en su trasfondo histórico, supuso una estructuración jerárquica del orden jurídico, que influyó decisivamente en la tradición occidental. Las reacciones posteriores, como el voluntarismo de Duns Escoto y Guillermo de Ockham, así como aportes culturales como los de Dante Alighieri, muestran tensiones propias de una época en la que se debatía la fuente última del derecho y de la autoridad, todo lo cual reflejó la transición hacia nuevas formas de entender el poder y la normatividad.

El quiebre con los antiguos patrones se acentúa con la secularización del Estado y el surgimiento del pensamiento político moderno. Autores como Marsilio de Padua, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Maquiavelo, Jean Bodin, Johannes Althusius y Hugo Grocio, junto con la experiencia inglesa del constitucionalismo —con figuras como Sir Thomas Smith, Richard Hooker y Sir Edward Coke—, revelan una progresiva autonomización del derecho respecto de la teología. Esto supuso un cambio radical frente a la tradición medieval, obedeciendo a la necesidad histórica de limitar el poder, organizar el Estado moderno y responder a profundas transformaciones sociales, religiosas y económicas.

Ya en el siglo XVII, con nuevos métodos y rumbos, pensadores como Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, Spinoza, Leibniz y John Locke evidencian una creciente confianza en la razón, el método científico y el contractualismo. El derecho comienza a pensarse como una construcción racional, producto de la voluntad humana y del acuerdo social, lo cual se explica por el contexto de consolidación del Estado moderno y el avance de la ciencia.

En la Ilustración, con autores como Montesquieu, Hume, Rousseau y Kant, así como con los grandes códigos ilustrados, se aprecia ya una concepción del derecho sistemática, racional y orientada a la universalidad. Ello se entiende por el ideal ilustrado de progreso y por la aspiración de construir órdenes jurídicos coherentes, previsibles y fundados en la razón, pudiéndose afirmar que aquí se sientan las bases del positivismo jurídico moderno.

Durante el siglo XIX, en el marco de las grandes escuelas de la modernidad, con Hegel, la Escuela Histórica del Derecho de Savigny y Maine, el utilitarismo de Bentham y Mill, la escuela analítica de John Austin, el materialismo dialéctico de Marx, así como los aportes de Ihering, Kohler, Stammler y el movimiento del Derecho Libre, junto a la sociología jurídica de Ehrlich y el relativismo de Radbruch, se observa una profunda diversificación del pensamiento jurídico. Todo ello estuvo marcado por los procesos de industrialización, cambios sociales acelerados y nuevas demandas de justicia, lo cual se entiende plenamente en el contexto histórico que les tocó vivir.

Con las escuelas sociológicas del derecho y el pragmatismo, influenciadas por William James y desarrolladas por Holmes, Cardozo[2] y Pound, se privilegia ahora la función social del derecho y sus efectos prácticos, lo que obedecía a la necesidad de adaptar el derecho a una realidad social dinámica y compleja.

Posteriormente, el realismo jurídico estadounidense, con Llewellyn, Frank, Arnold, McDougal, Lasswell y Cohen, acentúa el papel del juez, del precedente y de los factores extrajurídicos en la decisión, lo cual se explica por la desconfianza hacia los formalismos excesivos y por la experiencia concreta de la adjudicación.

Con los neoanalíticos, como Hart y Kelsen, se consolida una escuela preocupada por la estructura lógica del derecho, su validez y su normatividad, aportando claridad conceptual y rigor metodológico, en respuesta a las crisis del derecho del siglo XX.

Más adelante, los nuevos iusnaturalistas y críticos del positivismo —Fuller, Finnis, Rawls, Dworkin y Recaséns Siches— giran la interpretación hacia los principios, la moral interna del derecho y la justicia material, criticando al positivismo su insuficiencia frente a los casos difíciles, en un contexto histórico marcado por los abusos del poder y la constitucionalización del derecho.

Finalmente, las corrientes de la segunda mitad del siglo XX —Wechsler y los principios neutrales, Bickel y las virtudes pasivas, Posner y el neopragmatismo, el posmodernismo, el postestructuralismo, el deconstruccionismo y las teorías feministas— aportan miradas críticas, contextuales e inclusivas, orientadas a visibilizar nuevas tensiones y sujetos históricamente excluidos[3].

Todo ello deja como enseñanza que ninguna escuela jurídica es definitiva ni autosuficiente. Lo verdaderamente importante, al estudiar cada una de ellas, es comprender su contexto, valorar sus aportes y reconocer sus límites, pues el derecho es una construcción histórica y dinámica que exige apertura intelectual, pensamiento crítico y capacidad de adaptación para responder, con justicia y racionalidad, a los desafíos de cada época.

III.- El iusnaturalismo o derecho natural

El iusnaturalismo, en resumidas cuentas, sostiene que existe un derecho anterior y superior al derecho positivo, fundado en la naturaleza humana, la razón o valores universales como la justicia, la dignidad y la libertad. Para esta escuela, una norma injusta no es verdadero derecho.

Históricamente, el derecho natural cumplió una función crucial: poner límites al poder y ofrecer un criterio para cuestionar leyes injustas. Gracias a esta tradición se consolidaron ideas como los derechos humanos y la dignidad de la persona.

Sin embargo, su principal debilidad, según se ha dicho, radica en la indeterminación: ¿quién define qué es lo “natural” o lo “justo”? Sin reglas claras, el riesgo de arbitrariedad es evidente. Por ello, aunque el iusnaturalismo aporta valores esenciales, resulta, conforme a criterios que compartimos, insuficiente como único criterio de decisión jurídica.

Cabe añadir que el iusnaturalismo surgió como respuesta a contextos históricos en los que el poder político y normativo se ejercía sin límites efectivos, particularmente frente a ordenamientos que, aun siendo formalmente válidos, resultaban manifiestamente injustos. Sus raíces se remontan a la Antigüedad clásica —especialmente en el pensamiento estoico y aristotélico— y se consolidan en la Edad Media con Tomás de Aquino, para luego revitalizarse en la modernidad, a partir del siglo XVII, como fundamento teórico de los derechos naturales frente al absolutismo. La lógica de esta escuela consistió en afirmar la existencia de parámetros éticos y racionales superiores al derecho positivo, capaces de juzgarlo y, llegado el caso, deslegitimarlo.

No obstante, al día de hoy, tomando en cuenta la complejidad de las sociedades contemporáneas, la pluralidad de concepciones morales y la necesidad de garantizar seguridad jurídica e igualdad en la aplicación del derecho, esta escuela, como hemos dicho, parecería que, por sí sola, no ofrece herramientas suficientes para la adjudicación concreta de los conflictos jurídicos. Si bien continúa siendo indispensable como fuente axiológica y como límite último frente a la injusticia extrema, el iusnaturalismo requiere ser complementado por estructuras normativas claras y por técnicas interpretativas que permitan traducir sus valores generales en decisiones jurídicas racionales, controlables y debidamente motivadas.

IV.- El positivismo jurídico

El positivismo jurídico surge como reacción al iusnaturalismo. Afirma que el derecho es el conjunto de normas creadas por la autoridad competente conforme a procedimientos establecidos. Derecho y moral se separan: una norma es válida no por ser justa, sino por haber sido correctamente producida.

Esta escuela aportó dos valores fundamentales, que son seguridad jurídica e igualdad ante la ley. En efecto, ha de reconocerse que la regla escrita permite prever las consecuencias jurídicas y limita la discrecionalidad del juzgador. Sin embargo, el positivismo clásico partía de una premisa problemática: la idea de que el legislador puede prever todos los casos posibles y que el juez debe limitarse a aplicar la norma, si se quiere, acríticamente, porque: dura lex sed lex.

Con el tiempo, el propio positivismo evolucionó. El positivismo contemporáneo reconoce la existencia de lagunas, antinomias y “casos difíciles”, y admite que la interpretación es inevitable. No obstante, mantiene ciertas limitaciones, especialmente cuando insiste en fijar por escrito límites rígidos a la interpretación, como si todo pudiera ser anticipado normativamente.

Hans Kelsen, por ejemplo, entendía que el derecho debía ser concebido como un sistema normativo puro, autónomo y cerrado sobre sí mismo, separado de la política, de la sociología y de la moral, y fundado exclusivamente en criterios formales de validez. Esta concepción obedeció de manera directa a su contexto histórico, marcado por el derrumbe de los imperios europeos, las secuelas de la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad de la República de Weimar y la experiencia de ordenamientos jurídicos instrumentalizados por el poder político, que habían demostrado cómo la apelación a valores sustantivos indeterminados podía ser utilizada para legitimar la arbitrariedad y la violencia. En ese escenario de crisis del Estado y del derecho, la apuesta kelseniana por la pureza normativa buscaba preservar al derecho como un espacio de racionalidad y contención del poder.

Y, sin embargo, a pesar de su esfuerzo por excluir del análisis jurídico toda consideración axiológica, Kelsen concibió la idea de una jurisdicción constitucional especializada, encargada de controlar la constitucionalidad de las leyes, lo que pone de relieve que, aun en su positivismo más estricto, existía la convicción de que el legislador no podía ser omnipotente y de que la supremacía constitucional exigía un mecanismo institucional capaz de limitar jurídicamente al poder, precisamente para evitar los excesos que habían conducido a las tragedias bélicas y al colapso del orden jurídico en Europa[4].

V.- El realismo jurídico norteamericano

El realismo jurídico estadounidense desplaza el foco de la norma a la práctica judicial. Su tesis central es que el derecho es lo que los jueces efectivamente hacen, no lo que los textos dicen en abstracto.

Esta escuela otorga especial importancia al precedente judicial, entendiendo que la coherencia y la previsibilidad se construyen a partir de decisiones previas. Además, reconoce factores sociales, económicos y psicológicos que influyen en la decisión judicial.

Su gran aporte es la honestidad metodológica: revela que el juez no es un autómata y que decidir implica valorar circunstancias concretas. Sin embargo, llevado al extremo, el realismo puede debilitar la seguridad jurídica si no se apoya en reglas y principios estables.

En el derecho dominicano, la impronta del realismo jurídico, característico de la tradición norteamericana, se ha venido percibiendo con creciente énfasis. En efecto, con la instauración del Tribunal Constitucional y la promulgación de la Ley 2-23, de Recurso de Casación, se vislumbra un derecho cada vez más “jurisprudenciado”, en el que la interpretación y aplicación de las altas cortes adquiere una relevancia central. Por un lado, la casación habilita la revisión de decisiones judiciales que desconozcan la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, aun cuando esta no sea estrictamente vinculante; por otro, los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional obligan a los tribunales a ajustar sus decisiones a la orientación establecida por este órgano. Este fenómeno, como se ha señalado, constituye una clara secuela del realismo jurídico, al resaltar la práctica judicial y la autoridad de la jurisprudencia como factores determinantes en la configuración y desarrollo del derecho.

VI.- La incorporación de los principios y el Estado constitucional de derecho

Con la constitucionalización del derecho, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, emerge un nuevo paradigma: el Estado constitucional de derecho. En este modelo, la Constitución deja de ser un mero texto político y se convierte en norma jurídica suprema, cargada de principios, valores y derechos fundamentales.

Los principios no sustituyen a las reglas, pero las complementan. A diferencia de las reglas, que se aplican en forma de “todo o nada”, los principios operan mediante ponderación, especialmente en casos difíciles o de tensión de derechos. Aquí se evidencia que no es posible legislar a la misma velocidad que evolucionan los tiempos. El derecho escrito no puede prever todas las situaciones, de ahí que la justicia exige algo más que la mera subsunción mecánica[5].

Incluso, el positivismo moderno -como hemos visto más arriba- ha debido admitir esta realidad, aunque a veces con reticencia, intentando encerrar los principios dentro de catálogos cerrados o límites interpretativos excesivamente rígidos, promoviendo la idea de “amarrar cortito a los jueces”, con lo que se sugiere que, aun dentro de la interpretación, deben existir reglas expresamente previstas que orienten cómo deben aplicarse y entenderse las normas, con el fin de evitar excesos del poder judicial. Cuando lo cierto es que, en casos complejos o de tensión entre valores, la justicia no puede limitarse a la literalidad de la norma: es necesario que el juzgador combine esas reglas con principios, contexto y finalidad, para alcanzar decisiones razonables y equitativas que realmente den contenido al ideal de justicia, garantizando tanto seguridad jurídica como la adecuada protección de los derechos sustantivos.

VII.- Justicia, motivación y el caso concreto

Desde Ulpiano, la justicia se define como dar a cada quien lo que le corresponde. Esta fórmula, lejos de ser cerrada, es profundamente abierta. ¿Por qué en un caso concreto la propiedad debe reconocerse a Juan y no a Pedro? La respuesta no se agota en la cita de una norma: exige argumentación, principios y motivación. Lo que Aristóteles denominó “justicia animada”, aquella que se consigue mediante la aplicación del derecho positivo al caso concreto, viendo sus particularidades[6].

Hay que decir, sin embargo, que la interpretación, por seguridad jurídica, no puede ser libre. Necesariamente debe tener límites, que no debe ser solo la letra de la ley, sino también (y sobre todo) la Constitución, los derechos fundamentales, el buen juicio, la razonabilidad y la debida motivación. Y es que aplicar principios no significa arbitrariedad, siempre que la decisión esté justificada racionalmente y no se convierta en la regla general. La regla general debe ser, valga la redundancia, decidir los casos con base en las reglas. Excepcionalmente, cuando la regla no dé respuesta justa, entonces han de intervenir los principios. No es un tema, como afirma Atienza[7], de preferir principios sobre reglas (ni lo contrario), es cuestión de saber combinarlos para llegar a la mejor solución; siendo la mejor la más justa.

VIII.- Una propuesta: positivismo de partida y apertura principial en casos difíciles

Así como las corrientes filosóficas —estoicismo, existencialismo u otras— requieren ser releídas a la luz de la era digital y de la inteligencia artificial, las escuelas del pensamiento jurídico también deben adaptarse y evolucionar. Los desafíos contemporáneos —algoritmos, automatización, decisiones asistidas por IA y nuevas formas de afectación de derechos— no fueron previstos por sus precursores y exigen una reflexión crítica sobre la aplicación del derecho.

Proponemos, entonces, una escuela del pensamiento jurídico inspirada en las enseñanzas de Trías Monge —la libertad de “coger y dejar” elementos de distintas escuelas—, que tenga como punto de partida un enfoque positivista. La regla escrita debe seguir siendo la base de la decisión, garantizando igualdad y seguridad jurídica. Sin embargo, debe reconocerse la excepción razonada en casos complejos: cuando la norma resulta insuficiente, entra en tensión o conduce a resultados injustos, el juez puede apartarse de la regla y recurrir a los principios del derecho para resolver adecuadamente el caso.

Toda decisión fundada en principios requiere una motivación clara y reforzada: debe explicarse por qué la regla es insuficiente y de qué manera la solución propuesta logra una justicia más acorde con el caso concreto. El uso de principios no pretende sustituir sistemáticamente a la ley y sus reglas, sino complementarla, actuando como herramienta para alcanzar decisiones justas y razonadas allí donde la norma escrita no ofrece una respuesta adecuada.

Imaginemos, en plena era digital y de la inteligencia artificial, pretender resolver con reglas estrictas casos complejos de bioética y tecnología. Por ejemplo, un algoritmo que decide automáticamente la asignación de camas en una unidad de cuidados intensivos, o un sistema de IA que determina quién recibe tratamiento médico prioritario durante una pandemia. Otro caso podría ser el uso de inteligencia artificial para seleccionar candidatos en procesos de donación de órganos o para decidir sobre el acceso a terapias experimentales, o incluso sistemas de diagnóstico automatizado que influyen en decisiones críticas de salud. Con reglas rígidas, la decisión podría limitarse a criterios predefinidos y cuantificables, sin atender a contextos, vulnerabilidades individuales o dilemas éticos, produciendo resultados formalmente correctos, pero materialmente injustos.

Claro que no: principios como la dignidad humana, la equidad, la protección de la vida y la justicia distributiva deben aplicarse para decidir de manera que se alcance lo justo en cada situación concreta. Esto, por citar solo algunos ejemplos, evidencia que en una sociedad tan compleja y dinámica como la actual —donde la tecnología evoluciona más rápido que la legislación y donde surgen nuevos riesgos, dilemas éticos y formas de afectación de derechos— lo aconsejable, desde el punto de vista de las escuelas del pensamiento jurídico, es mantener la regla escrita como punto de partida, garantizando seguridad jurídica e igualdad, pero permitir al intérprete recurrir a principios cuando la norma no sea suficiente para resolver la tensión o para alcanzar la justicia material del caso.

Solo así el derecho puede cumplir su función: no limitarse a reproducir reglas, sino orientar decisiones justas y razonadas en escenarios inéditos, complejos y cargados de implicaciones éticas y sociales. A fin de cuentas, el derecho no existe únicamente para garantizar la predictibilidad o la seguridad jurídica, sino para servir a la justicia concreta en la vida de las personas. Su verdadera función consiste en equilibrar reglas y principios, dotando de contenido ético y social a cada decisión, de manera que el ordenamiento jurídico no se convierta en un conjunto de fórmulas abstractas, sino en un instrumento capaz de responder a las tensiones, conflictos y desafíos que surgen en la realidad. Solo así puede afirmarse que el derecho cumple con su vocación esencial: dar a cada quien lo que le corresponde, adaptándose con prudencia y razonamiento a los contextos inéditos y cambiantes de nuestra sociedad, sin perder de vista los valores fundamentales que lo legitiman.

IX.- Conclusión

Conocer las escuelas del pensamiento jurídico permite comprender que legislación y derecho no son lo mismo. La legislación es texto; el derecho, en cambio, es interpretación, argumentación y justicia aplicada al caso concreto. Cada escuela surgió por razones históricas legítimas y aportó elementos valiosos, pero ninguna puede mantenerse estática. En el Estado constitucional, digital y tecnológicamente avanzado, el derecho exige una mirada evolutiva: partir de la norma, por razones de seguridad jurídica, pero abrirse a los principios cuando la complejidad del caso lo demande.

Es por ello que resulta necesario proponer una escuela moderna del pensamiento jurídico que tenga como punto de partida la regla contenida en la norma, asegurando previsibilidad, igualdad y estabilidad, pero que al mismo tiempo reconozca la necesidad de recurrir a los principios constitucionales y éticos cuando la literalidad de la ley no alcanza para resolver tensiones, conflictos o situaciones inéditas. Solo así es posible alcanzar decisiones justas y razonadas en una sociedad tan compleja como la actual, inmersa en la digitalidad y la inteligencia artificial, donde los desafíos normativos cambian más rápido que la legislación y exigen del intérprete flexibilidad, juicio prudente y compromiso con la justicia material.

De esta manera, se concreta con racionalidad y humanidad aquella idea clásica y siempre vigente de justicia: dar a cada quien lo que, en buen derecho, le corresponde, equilibrando seguridad jurídica, equidad y principios en cada decisión.

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[1] TRÍAS MONGE, José. Teoría de adjudicación, p. 392.

[2] Ver “Law is Justice”, de Benjamin Cardozo, un libro que recoge las principales decisiones en la que intervino este ex juez de la Suprema Corte de Justicia de EEUU.

[3] Para ampliar sobre la evolución de las diversas escuelas del pensamiento jurídico, consultar la obra citada más arriba, de la pluma de Trías Monge: Teoría de adjudicación.

[4] Ver, para ampliar sobre el pensamiento kelseniano, la obra maestra de Hans Kelsen: Teoría pura del derecho.

[5] Para ampliar sobre las reglas y los principios, ver: ALEXY, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, 2da. edición, p. 349 y ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil, p. 109.

[6] Cfr TRÍAS MONGE, José, p. 400.

[7] Ver, de Manuel Atienza, su obra Curso de argumentación jurídica, en la que se desarrolla su pensamiento principialista, en el marco de la argumentación jurídica.

Resumen

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Un puntual abordaje viendo cómo la Ley núm. 2-23 ha constitucionalizado la configuración legal del recurso de casación en la República Dominicana, al convertir la Constitución en un verdadero motivo casacional, incluso generando un interés casacional presunto cuando un juez inaplica una norma por inconstitucionalidad. Pasando así la casación a ser un mecanismo clave de control y unificación jurisprudencial. Y, en el ámbito comparado, se da una mirada al modelo español que, aunque inspiró parte de nuestra reforma con la Ley núm. 2-23, descansa en un esquema de control de constitucionalidad distinto al dominicano, resaltando que esa diferencia estructural repercute directamente en la técnica casacional de uno y otro país en lo que al tema constitucional-casacional se refiere. ________________________________________________________________________________________________________________

Palabras clave

Casación, Constitución, configuración legal, interés casacional, interés presunto, interés objetivo, admisibilidad, control difuso, control concentrado, Suprema Corte de Justicia, Ley 2-23, inaplicación por inconstitucionalidad, jurisprudencia, ius constitutionis, doctrina legal, unificación jurisprudencial, sistema comparado, modelo español.

Contenido

I.- Mirada preliminar, II.- Control de constitucionalidad e “interés casacional presunto” como presupuesto de admisibilidad, III.- Mirada al sistema español respecto del tema constitucional en el contexto de la casación, IV.- La Constitución como motivo de la casación, V.- Conclusión.

I.- Mirada preliminar

La Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 154 las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, entre las que se encuentra la función esencial de conocer del recurso de casación. Este mandato se inscribe dentro de un orden constitucional que reconoce, además, el derecho fundamental al recurso, un derecho de raigambre constitucional que garantiza a los justiciables la posibilidad de revisar las decisiones judiciales que afecten sus derechos. En un Estado constitucional de derecho —como el dominicano— la labor de la jurisdicción casacional no puede desligarse del componente constitucional que permea todo el sistema jurídico.

La promulgación de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación refuerza claramente esta visión. Desde su diseño, la ley integra de manera expresa la dimensión constitucional como presupuesto necesario de la función casacional. Un ejemplo paradigmático se encuentra en su artículo 10, párrafo II, que dispone:

“El recurso de casación será admisible en todos los casos, sin importar la materia, cuando la sentencia pronunciada en única o en última instancia decida inaplicar una norma por considerarla inconstitucional, pero la Corte de Casación solo estará obligada a decidir sobre este aspecto si lo principal no es susceptible de recurso de casación”.

Este texto normativo consagra una suerte de interés casacional presunto, pues el simple hecho de que un tribunal haya decidido inaplicar una norma por considerarla inconstitucional ipso factohabilita la casación, aun cuando la materia principal del litigio no sea —en circunstancias ordinarias— susceptible de casación. Se trata de un reconocimiento de la centralidad de la Constitución y de la necesidad de control judicial reforzado cuando un juez ejerce control difuso de constitucionalidad.

Nótese que el citado párrafo II del artículo 10 agrega algo importante: la Corte de Casación solo está obligada a pronunciarse sobre el tema constitucional (es decir, sobre si la norma fue correctamente inaplicada por supuesta inconstitucionalidad) cuando la parte principal del caso no puede ser objeto de casación.En otras palabras, si un juez inaplica una ley por considerarla inconstitucional, se puede llevar el caso a casación aunque usualmente esa materia no permita casación. Pero la Suprema Corte de Justicia solo revisará el tema constitucional si el asunto principal del caso no permite casación.Si el caso sí permite casación normalmente, entonces en sede casatoria se ve todo el caso como siempre, incluyendo el tema constitucional. Y si el caso no permite casación normalmente, la Corte de Casación solo se enfoca en si fue correcto o no inaplicar la norma por supuesta inconstitucionalidad.

El artículo 34 de la ley profundiza esta idea al disponer que cuando la Corte de Casación se pronuncie sobre violaciones constitucionales, puede hacerlo incluso de oficio y, evidentemente, su razonamiento debe integrarse en la motivación de la sentencia; además de que, cuando el caso lo amerite, puede prescindir de formalismos que obstaculicen el examen de fondo. El mensaje es claro: la Constitución es siempre un tema casacional, aunque la materia jurídica de origen no lo sea.

II.- Control de constitucionalidad e “interés casacional presunto” como presupuesto de admisibilidad

No resulta ocioso precisar —pues al inicio de la implementación de la Ley núm. 2-23 generó cierta confusión— que, en general, el interés casacional funciona como un filtro destinado a restringir el acceso a este recurso extraordinario únicamente a los casos de verdadera relevancia jurídica. El interés casacional es, precisamente, aquello que trasciende el litigio concreto y que resulta significativo para la construcción de la jurisprudencia que se produce a propósito del conocimiento del recurso de casación. Por ello, la propia Ley 2-23 aclara que dicho interés supera las pretensiones particulares de las partes y alcanza el interés general del derecho, contribuyendo así a la unificación de criterios y a la correcta aplicación del ordenamiento jurídico[1].

Un aporte importante —primero de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante su primer acuerdo pleno no jurisdiccional, y luego de la Tercera Sala— fue precisar que el interés casacional constituye un presupuesto de admisibilidad del recurso[2]; esto supone, en términos jurídico-procesales, que no conlleva ipso facto la anulación de la sentencia recurrida. Lo que presupone es, simplemente, que el recurso sea admitido. Admitir el recurso significa que la Suprema Corte de Justicia procede al estudio del caso, pudiendo incluso variar su propio criterio. De ahí que, con la Ley 2-23, la jurisprudencia ordinaria —contrario a ciertas interpretaciones iniciales— no sea vinculante. Podría afirmarse, en todo caso, que sus efectos han sido reforzados: ahora, el apartarse de un precedente apareja interés casacional; antes de la reforma, obviar la jurisprudencia no generaba ninguna consecuencia procesal.

En este contexto, la doctrina y la jurisprudencia —pues la ley no lo establece expresamente— han desarrollado las nociones de interés casacional presunto e interés casacional objetivo. El primero (presunto) se configura cuando la materia litigiosa está expresamente contemplada por la ley como susceptible de casación. Así, el numeral 1) del artículo 10 señala siete materias en las que procede siempre el recurso: estado y capacidad de las personas; asuntos de niños, niñas y adolescentes; derecho del consumidor; referimientos; nulidad de laudos arbitrales; exequátur de sentencias extranjeras y, finalmente, conflictos de competencia.

En tales casos, se entiende que existe un interés casacional presunto, por cuanto no se requiere acreditar nada adicional: la sola naturaleza de la materia basta. Pero este artículo no prevé un catálogo restrictivo de casos de interés casacional presunto, también se ha reconocido como interés presunto la cuestión constitucional suscitada en sede casacional, pues la ley dispone expresamente que en esos casos procede el recurso, dada la trascendencia de la materia constitucional.

De otro lado, el interés casacional objetivo, siguiendo el modelo español, se verifica con base en los parámetros que la propia ley establece. En el caso de la Ley 2-23, el artículo 10.3 prevé tres supuestos: (i) contradicción con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte; (ii) contradicción de una alzada consigo misma o con otra Corte, o entre salas de la SCJ; y (iii) inexistencia de doctrina jurisprudencial cuando resulte necesario establecerla. La existencia de cualquiera de estos tres supuestos activa el interés casacional objetivo, pues se trata de criterios normativos definidos por el legislador.

Conviene insistir en que todo lo anterior se refiere exclusivamente al ámbito de la admisibilidad del recurso de casación, no al examen del fondo. Acreditar el interés casacional solo habilita a la Suprema Corte a conocer del caso; si procede o no casar la sentencia impugnada es una cuestión propia del análisis sustantivo del recurso, no de este filtro de admisibilidad. Y, como se ha indicado, la cuestión constitucional genera interés casacional presunto por la especial trascendencia de la Constitución, que no solo es norma jurídica, sino que, como afirmaba García de Enterría, constituye la lex superior del ordenamiento.

III.- Mirada al sistema español respecto del tema constitucional en el contexto de la casación

En relación a la cuestión de saber cómo funciona hoy la casación en España ante normas cuya constitucionalidad podría estar cuestionada, es importante contextualizar -de entrada- que en aquel país solamente rige el control concentrado de constitucionalidad, exclusivamente ante el Tribunal Constitucional, distinto a la República Dominicana que, como sabemos, tiene un sistema mixto (concentrado y difuso)[3].

Aquí el artículo 10, párrafo II, de la Ley núm. 2-23 prevé la admisibilidad del recurso de casación en todos los casos, sin importar la materia, cuando la sentencia pronunciada en única o en última instancia decida inaplicar una norma por considerarla inconstitucional; y esto lo hace porque, como se ha dicho, en virtud del artículo 188 de la Constitucional, lo tribunales del orden judicial pueden, incluso de oficio, inaplicar leyes por entenderlas contrarias a la Carta Sustantiva, lo que no es posible en España, por lo que la dinámica es distinta en el contexto español.

En efecto, cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos[4]. Y si el Tribunal Constitucional español admite la cuestión, las actuaciones judiciales pueden suspenderse hasta que dicha alta Corte resuelva.

Tras el Real Decreto-Ley 5/2023, como es conocido, el recurso de casación español, igual que sucedió con la Ley núm. 2-23 en nuestro país, experimentó notables cambios[5]. Con esa reforma, el acceso a dicho recurso extraordinario, en el ámbito civil, se limita prácticamente a dos vías: 1. la “tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo” (aunque no haya interés casacional), y 2. El interés casacional propiamente dicho[6]. Se introduce además un nuevo concepto: el “interés casacional notorio”, que la Sala Primera del Tribunal Supremo español —y otras salas competentes— pueden reconocer cuando la cuestión litigiosa “sea de interés general para la interpretación uniforme de la ley” estatal o autonómica, conforme a la estructura del Estado de aquel país[7]. Por tanto, la casación española ya no depende de la cuantía (antes había una vía casacional por cuantía muy alta), sino que el interés casacional se convierte en el eje central del recurso.

Ya en cuanto a la intersección entre casación y control constitucional, ha de resaltarse que en la doctrina existe un análisis sobre cómo la Constitución puede ser invocada como “motivo casacional”. Verbigracia, Enrique Cáncer Lalanne, en su artículo “La Constitución como motivo del recurso de casación”, analiza cómo el Tribunal Supremo Español, al resolver aspectos de casación, puede usar criterios constitucionales para fijar doctrina (“doctrina legal”) y contribuir al desarrollo interpretativo de normas con base constitucional[8]. También F. Z. Urbina, en su trabajo “Control de constitucionalidad y casación”, examina las tensiones entre un sistema puro de casación (nomofiláctico) y el control constitucional mediante el TC[9].

En el orden contencioso-administrativo, la prejudicialidad casacional es un tema clave con la nueva regulación: según se ha dicho, el Real Decreto-ley 5/2023 prevé que, cuando se da identidad sustancial entre casos, el proceso “a quo” puede suspenderse si ya se ha admitido un recurso de casación para un “pleito testigo” que va a resolver la cuestión de fondo relevante para varios procesos similares[10]. Además, hay estudios sobre los riesgos y los límites de esta función casacional con orientación constitucional. Por ejemplo, Antonio Pablo Hernández ha escrito sobre el alcance de la reforma del recurso de casación y cómo el “interés casacional” puede servir como mecanismo para la unificación doctrinal con proyección constitucional[11].

El Tribunal Constitucional español, en su sentencia 105/2025, cita explícitamente el artículo 477 de la LEC (del ámbito casacional) como uno de los motivos casacionales relevantes, lo que da una confirmación formal de que el recurso de casación (y su interés) está vinculado al funcionamiento constitucional y la interpretación jurídica profunda[12]. En conclusión, en España, dado que solo el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, la casación no sustituye al control constitucional. El Tribunal Supremo de la madre patria, diferente a lo que sucede en nuestro país (que tenemos control difuso, además del concentrado), no puede “anular” una ley por inconstitucionalidad; lo que puede hacer es interponer o respetar una cuestión de inconstitucionalidad si hay duda, y si el TC asume la cuestión, se deberá esperar a su decisión.

Con la reforma del Real Decreto-ley 5/2023, el recurso de casación español se estructura más claramente en torno al interés casacional, lo que significa que el Tribunal Supremo va a centrarse más en fijar doctrina (interpretación) que en ejercer un control constitucional amplio por su cuenta. La “prejudicialidad casacional” (pleito testigo) y los mecanismos de suspensión procesal introducidos por el referido Real Decreto-ley pueden permitir que ciertos procesos esperen decisiones casacionales que tienen un carácter esencial para muchos otros casos similares, lo cual tiene una función de uniformización muy constitucional, aunque no sea un control de constitucionalidad formal. En la práctica doctrinal y jurisprudencial hay un fuerte reconocimiento de la dimensión “ius constitutionis” del recurso de casación, pero siempre dentro de los límites de lo que la casación puede hacer sin invadir la competencia del TC.

Aunque el sistema español de control de constitucionalidad es plenamente concentrado —a diferencia del modelo mixto: concentrado y difuso vigente en la República Dominicana—, lo cierto es que la reforma dominicana del recurso de casación ha tomado una inspiración notable en la configuración moderna de la casación española, especialmente en su énfasis en el interés casacional y en la función de ius constitutionis. Precisamente por ello, resulta de especial interés mirar hacia el sistema europeo, no para imitarlo, sino para poner en relieve las diferencias estructurales que condicionan cómo opera la casación en cada país. El contraste permite comprender mejor los límites y alcances del modelo dominicano, subrayando que, aun cuando se importan técnicas procesales afines, el funcionamiento de la casación —y su relación con la constitucionalidad de las leyes— depende siempre del marco institucional y constitucional propio de cada ordenamiento.

IV.- La Constitución como motivo de la casación

De entrada, hay que saber que la Constitución, cuando es objeto de motivación en casación, transforma ese recurso extraordinario en un instrumento de control más profundo y sistemático, no solo para corregir errores en sentencias individuales, sino para moldear y unificar la jurisprudencia con fundamento constitucional. En efecto, la Constitución no es solo un pretexto formal para interponer la casación, sino que actúa como un motivo sustantivo que modifica la naturaleza y el alcance de este recurso, de modo que adquiere una dimensión de control constitucional y unificación jurisprudencial; máxime cuando el artículo 7 de la Ley núm. 2-23 prevé como objeto de la casación la censura de la no conformidad de la sentencia impugnada con las reglas de derecho; hablando el párrafo del citado artículo 7 de “norma jurídica” (saber si ha sido bien o mal aplicada), y resulta que los principios, además de las reglas, son normas jurídicas[13]. Y tales principios muchas veces derivan de la norma superior, que es la Constitución[14].

Entre los puntos clave que desarrollan la temática de la Constitución en sede casacional resalta la naturaleza del recurso de casación, partiendo de las características clásicas de dicha vía recursiva (es extraordinaria, opera sobre motivos tasados, sirve para revisar errores de derecho), viendo luego cómo la invocación de la Constitución introduce matices importantes, por ejemplo: invocaciones de violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al tenor del artículo 69 de la CRD[15]; o si una regla que está en la ley se aplica a espaldas de un principio constitucional que sugería, en el marco de lo justo y útil, flexibilizar o a inaplicar la regla, caso en el que la casación pudiera contar con méritos, con base esencialmente constitucional[16].

Hay que tener claro, en otro orden, que la Constitución tiene un papel distinto al de las leyes ordinarias: sus preceptos —especialmente los relativos a los derechos fundamentales— plantean exigencias específicas desde el punto de vista del juez. Como se ha dicho, se puede usar la casación para crear doctrina legal a partir de cuestiones constitucionales. En definitiva, en el marco de las funciones de la casación constitucional, hay que ver dicha vía recursiva, por basarse directamente la Constitución, como un vehículo jurídico que cumple una doble función: garantizar la seguridad jurídica, sentando pautas interpretativas uniformes y, por otra parte, establecer jurisprudencia constitucional, lo que refuerza el papel de la casación como mecanismo para la consolidación jurídica.

V.- Conclusión

El Estado constitucional de derecho dominicano exige que el razonamiento constitucional esté presente en todas las áreas jurídicas. La casación —por su propia naturaleza— debe ser uno de los vehículos principales para garantizar la coherencia del sistema jurídico con la Constitución.

El artículo 10, en su párrafo II, y el artículo 34 de la Ley 2-23 evidencian una clara voluntad legislativa de constitucionalizar la casación. El interés casacional presunto derivado de la inaplicación judicial de normas por inconstitucionalidad confirma que la Constitución no es un elemento accesorio del proceso, sino su eje.

La casación, visto todo lo anterior, se convierte en terreno fértil para la articulación entre la justicia ordinaria y la constitucional, garantizando que la Constitución —norma de normas— esté siempre presente, vigilante y operante en todos los rincones del orden jurídico, incluyendo -vale repetir- la sede casatoria.

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[1] “Considerando sexto: Que la noción de interés casacional está llamada a trascender los intereses particulares de los actores privados involucrados en la litis y a erigirse en un ente de equilibrio, de riguroso orden público procesal y de canalización de objetivos impostergables del Estado de derecho, como ocurre, por ejemplo, con la salvaguarda del debido proceso, la uniformidad coherente de la administración de justicia o la necesidad de uniformar posiciones encontradas entre los diferentes tribunales del sistema”, Ley núm. 2-23.

[2] “El interés casacional es una condición de admisibilidad del recurso, no una causa de casación. De acuerdo con las motivaciones de la Ley 2-23, sobre Recurso de Casación, la noción de interés casacional está llamada a trascender los intereses particulares de los actores privados involucrados en la litis y a erigirse en un ente de equilibrio, de riguroso orden público procesal y de canalización de objetivos impostergables del estado de derecho, como ocurre, por ejemplo, con la salvaguarda del debido proceso, la uniformidad coherente de la administración de justicia o la necesidad de uniformar posiciones encontradas entre los diferentes tribunales de última o de única instancia del sistema judicial dominicano”. Ver en línea: primer_acuerdo_pleno_nojurisdiccional.pdf

[3] Para ampliar sobre el sistema del control de constitucionalidad como garantía a la supremacía de la Constitución, consultar la práctica literatura jurídica con ese título, de la puma del juez emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta de los Santos.  

[4] Artículo 163 de la Constitución española

[5] Ver en línea: Principales modificaciones en el régimen jurídico del recurso de casación civil tras el Real Decreto 5/2023 – Confilegal

[6] Ver en línea: diariolaley – Documento

[7] Ver en línea: Modificación de la regulación del recurso de casación civil por el real decreto ley 5/2023

[8] Ver en línea: CÁNCER LALANNE, Enrique. La Constitución como motivo del recurso de casación (admin,+CDP_07_112 (1).pdf)

[9] Ver en línea: ZUÑIGA URBINA, Francisco. Control de constitucionalidad y casación (Redalyc.Control de constitucionalidad y casación)

[10] Ver en línea: Recurso de casación contencioso-administrativo, ¿cómo lograr su admisión? (publication.pdf)

[11] RIVES SEVA, Antonio Pablo. Alcance de la reforma del recurso de casación por interés casacional en España por el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio (Alcance de la reforma del recurso de casación por interés casacional en España por el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio – Derecho Penal Online)

[12] Ver en línea: Sistema HJ – Resolución: SENTENCIA 105/2025

[13] “(…) los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo a las posibilidades fácticas y jurídicas. Por ello, los principios son mandatos de optimización. Como tales, se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diferentes grados y porque la medida de cumplimiento ordenada depende no solo de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. Las posibilidades jurídicas se determinan mediante las reglas y, sobre todo, mediante principios que juegan en sentido contrario” (ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica, 2ra. edición, p. 350); “Desconocer la normatividad de los principios procesales equivale a quitar obligatoriedad a su aplicación” (PEYRANO, Jorge W. El proceso civil. Principios y fundamentos, p. 41).  

[14] “La aplicación de los principios constitucionales a la realidad exige de nosotros una reacción de apoyo o rechazo a todo lo que pueda estar implicado en la salvaguarda del principio en cada caso concreto, reacción a la cual no escapa el juez cuando ejerce su rol de control de constitucionalidad” (JORGE PRATS, Eduardo. Derecho constitucional, vol. I, 5ta. edición, p. 529).

[15] Que, dicho sea de paso, tales omisiones del debido proceso y de la tutela judicial efectiva pudieran encajarse en el concepto de “infracción procesal” (art. 12, L. 2-23) que ya la SCJ, siguiendo el rumbo español, aclaró que no tiene “interés presunto”, sino “interés objetivo”, lo que quiere decir que, desde esta postura, hay que probar interés casacional, de los previstos objetivamente en la norma, cuando se invoca la infracción procesal como causal de casación. Para ampliar sobre la “infracción procesal” en el marco de la casación y el esquema español, que fue la inspiración de la reforma mediante la Ley 2-23, ver: “La infracción procesal y el interés casacional objetivo: el giro de la jurisprudencia dominicana y su armonía con la evolución del modelo español”, en línea: www.yoaldo.org

[16] Tal sería el caso de una regla que, por ejemplo, prevea un plazo determinado, pero el principio de debido proceso no se observó en el caso concreto, porque había una circunstancia determinada que sugería flexibilizar dicho plazo previsto como regla, por razones de fallo generalizado de energía eléctrica, pandemia, etc. Cada casuística, con la debida motivación, servirá de insumo para justificar la aplicación de un principio sobre una regla. Todo eso son tema del ”derecho”, que es materia de casación, al tenor del artículo 7 de la Ley núm. 2-23.

Resumen

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La Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, representa un esfuerzo del legislador dominicano por redefinir el papel de la Suprema Corte de Justicia, no solo para combatir la mora judicial, sino también para instaurar un nuevo equilibrio entre el rigor formal y la justicia material. En estas líneas examinamos cómo el modelo casacional dominicano, inspirado en la experiencia española, transita hacia una “casación sustantiva”, donde la función nomofiláctica se ejerce desde una visión más garantista y orientada a la efectividad del derecho sustantivo (o material).

Lejos de abolir la técnica procesal, la Ley 2-23 propone armonizarla con los principios que la inspiran, evitando que el formalismo se convierta en obstáculo para la tutela judicial efectiva. El nuevo paradigma reconoce que la seguridad jurídica se fortalece, y no se debilita, cuando la forma procesal se pone al servicio de la justicia. En definitiva, la reforma consagra un modelo en el que lo formal y lo material se equilibran en función del fin último del proceso: la realización del derecho.

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Palabras clave

Casación, reforma, Ley 2-23, Suprema Corte de Justicia, derecho comparado, justicia material, justicia sustantiva, formalismo procesal, nomofilaquia, facultad dikelógica, derecho objetivo, derecho sustantivo, proceso judicial, admisibilidad, equilibrio jurídico, tutela judicial efectiva, precedentes, administración de justicia.

Contenido

I.- Introducción, II.- La acertada matización del formalismo en el modelo casacional de 2023, III. La tutela de la justicia material en las decisiones de fondo, IV.- Mirada al derecho español, que inspiró nuestro modelo casacional de la reforma del 2023, V.- Conclusión.

I.- Introducción

La Ley núm. 2-23, sobre el Recurso de Casación, promulgada en el año 2023, marcó un punto de inflexión en la historia del derecho procesal dominicano. Con ella, el legislador buscó modernizar el sistema casacional y responder a uno de los males más persistentes de la Suprema Corte de Justicia: la histórica mora judicial en materia de casación[1]. Esta finalidad, ampliamente destacada por la doctrina y los operadores jurídicos, resulta indiscutible.

No obstante, existe otro aspecto trascendental de esta reforma que merece igual atención: la orientación del modelo casacional hacia el equilibrio de la justicia material[2] con la formal[3]. Este nuevo enfoque pone de manifiesto una visión más garantista, donde el proceso deja de concebirse como un fin en sí mismo para asumirse como un instrumento al servicio del derecho sustantivo[4]. Parafraseando a Eduardo J. Couture, “el proceso no tiene más fin que la realización del derecho”[5], y, por ende, las reglas procesales deben interpretarse a la luz de sus principios y no como trabas formales que obstaculicen la justicia.

Ahora bien, hay que hacer -desde ya- la siguiente matización: la noción de “casación sustantiva” no implica que el recurso pierda su carácter extraordinario o nomofiláctico, sino que dicha función se ejerce desde una visión material del derecho, procurando que la unificación jurisprudencial y la tutela del derecho objetivo se traduzcan en una justicia efectiva. En este sentido, hablar de una “casación sustantiva” es doctrinalmente válido, siempre que se entienda que lo sustantivo no alude al interés del caso particular, sino a la correcta aplicación del derecho en todos los casos.

Visto desde una dimensión práctica, si se mantuviera un esquema estrictamente formalista, podría ocurrir que, por ejemplo, un recurso de casación fuese declarado inadmisible por un defecto procesal menor —como una omisión subsanable o un error material en la forma de proponer un medio—, impidiendo que la Suprema Corte de Justicia examine el fondo del asunto y corrija una eventual violación del derecho sustantivo[6]. En tal escenario, la forma terminaría prevaleciendo sobre la justicia, vaciando de contenido la finalidad última del proceso: la tutela efectiva del derecho.

Sin embargo, con un equilibrio entre lo material y lo formal, el juez de casación puede preservar la seguridad jurídica y la coherencia del ordenamiento sin sacrificar la justicia concreta del caso. Este equilibrio permite que la Corte, sin renunciar a su función nomofiláctica, ejerza un control más racional y finalista, priorizando la correcta aplicación del derecho sustantivo cuando el rigor procesal no resulta indispensable para la validez del procedimiento.

Esta última visión, que importantiza la justicia material en su justa dimensión, representa una evolución del modelo casacional dominicano hacia una comprensión más humana y funcional del proceso, en la que la técnica jurídica se concilia con los principios de equidad y eficacia. De este modo, la Ley núm. 2-23 reafirma que la forma procesal debe servir al derecho, y no el derecho a la forma.

II.- La acertada matización del formalismo en el modelo casacional de 2023

El nuevo texto legal consagra diversas disposiciones que evidencian un cambio de paradigma. La Ley núm. 2-23 no solo procura eficiencia procesal y reducción de mora, sino también una mayor flexibilidad interpretativa, en el contexto formal, que permita alcanzar la justicia material.

El artículo 33, en su párrafo, dispone que “en la medida de lo posible, la Corte buscará de oficio las condiciones de admisibilidad del recurso y la regularidad de su apoderamiento”. Esta disposición, aunque breve, encierra un profundo significado: introduce una dimensión de oficiosidad judicial que atenúa el rigor formalista tradicional de la casación. La Corte, en lugar de limitarse a un examen estrictamente técnico del recurso, puede actuar de oficio para garantizar que el fondo de la controversia sea conocido, reconociendo al derecho sustantivo su justo valor, de cara a defectos formales subsanables.

De igual modo, el artículo 34 reafirma este espíritu al disponer que, cuando un recurso contenga medios de casación por vicios de forma y de fondo, la Suprema Corte de Justicia solo se pronunciará sobre los vicios de fondo si considera que no hay infracciones formales invalidantes. Con ello, el legislador reafirma que la finalidad de la casación no tiene que reducirse a sancionar errores procesales, sino asegurar la correcta aplicación del derecho.

El párrafo I del mismo artículo 34 profundiza aún más esta visión al establecer que, en ocasión de los recursos de casación, la Corte deberá conocer las cuestiones de índole constitucional o relativas a derechos fundamentales, incluso de oficio, aunque no hayan sido invocadas por quien recurre. Esto representa una apertura notable hacia la justicia sustantiva, pues otorga al tribunal casacional un papel activo en la protección de derechos fundamentales, incluso más allá de los límites estrictos del principio dispositivo.

Asimismo, el párrafo II del artículo 34, en el marco del principio iura novit curia, permite que nuestra Corte de Casación decida conforme a las normas jurídicas aplicables al caso concreto, aunque no hayan sido invocadas por las partes. Este precepto reafirma el rol nomofiláctico y corrector de la casación, garantizando que el derecho material tenga su justa valoración en comparación con la mera formalidad procesal.

III.- La tutela de la justicia material en las decisiones de fondo

El necesario equilibrio entre la justicia sustantiva con la justicia formal también se refleja en los artículos 35 y 38 de la Ley núm. 2-23. El artículo 35, párrafo I, dispone que la sede casacional puede rechazar el recurso de casación sustituyendo un motivo erróneo por uno de puro derecho, siempre que el dispositivo de la sentencia recurrida sea correcto. Y, conforme al párrafo II del mismo artículo, la Suprema Corte de Justicia también podrá hacer abstracción de un motivo erróneo, pero superabundante, en aras de mantener la validez del fallo impugnado. Estas disposiciones consolidan una visión antiformalista del recurso: además de la técnica del argumento y los aspectos procesales, importa -tanto o más- la justicia de la decisión.

Por su parte, el artículo 38 introduce una innovación significativa al prever la sentencia directa o casación de instancia, que faculta a la Suprema Corte de Justicia a dictar su propio fallo —sustituyendo a la alzada de envío— cuando ello responda a razones de buena administración de justicia. Esta potestad, que expresa una dimensión dikelógica del derecho (orientada a la justicia concreta), persigue que la Corte de Casación no se limite a un control formal, sino que resuelva el fondo del conflicto cuando los hechos y pruebas ya se encuentren suficientemente establecidos.

IV.- Mirada al derecho español, que inspiró nuestro modelo casacional de la reforma del 2023

En cierta medida, en España también se observa un desplazamiento hacia la justicia material (o al fondo del derecho) en el régimen del recurso de casación, aunque con matices importantes que conviene tener presentes. En efecto, en el orden contencioso-administrativo, se ha criticado el excesivo formalismo del recurso de casación y se han señalado las tensiones que esto genera con el principio de tutela judicial efectiva.

Por ejemplo, en España se ha establecido que: “… el recurso de casación contencioso-administrativo no ha estado exento de polémica… la rigurosidad en la exigencia de los requisitos formales… claramente suponían una violación del derecho a la tutela judicial efectiva”[7]. Esto indica que se reconoce que el formalismo puede llegar a obstaculizar la resolución del fondo del litigio. Pero, además, en la reforma más reciente del recurso de casación civil en España, mediante el Real Decreto?Ley 5/2023 de 28 de junio de 2023, se ha destacado que se pretende que el recurso abarque tanto infracciones de derecho procesal como de derecho material[8].

Por ejemplo, se ha establecido: “…optando ahora solo por un único recurso extraordinario … a través del cual se deben articular tanto las infracciones de Derecho procesal como de Derecho material”, lo cual sugiere un mayor interés por que el tribunal casacional examine la correcta aplicación del derecho material, no solo meros defectos formales. Y, en esa línea, se ha señalado que los tribunales y la doctrina española identifican que el “formalismo excesivo” en el acceso al recurso puede vulnerar el derecho de acceso a la justicia[9]. Ese reconocimiento implica que la forma debe estar al servicio del fondo, no constituir un obstáculo insalvable.

Ahora bien, es importante aclarar que, tanto en España como aquí, tal como hemos expuesto en la introducción de estas líneas, el especto formal no es que ha quedado relegado a un nivel sin importancia. No se trata de eso. Más bien, lo que se pretende es un equilibrio entre lo formal y lo material, privilegiando un poco -si se quiere- lo último. En efecto, aun cuando se avanza hacia el fondo, el modelo español sigue preservando funciones legales del recurso de casación de tipo nomofiláctico (es decir: unificar la jurisprudencia, preservar el derecho objetivo)[10] más que exclusivamente la tutela del caso concreto[11]. Por ejemplo: “La nueva regulación del recurso de casación … se sitúa en una línea de restricción del acceso al recurso … y refuerza su aspecto más objetivo … para asegurar la función homogeneizadora de la actuación jurisdiccional…”[12].  Esto muestra que la función de abstracto control de la jurisprudencia aún pesa.

En España, igual que aquí, la casación sigue siendo un recurso extraordinario y sujeto a requisitos bastante estrictos (admisión, interés casacional objetivo, infracción de ley, etc.). Esto limita su utilización para todas las cuestiones de fondo y mantiene cierto protagonismo del formalismo[13].  En efecto, la doctrina ha señalado que la casación española ha sido tradicionalmente “esencialmente técnico-jurídica”[14]. El cambio hacia la justicia material no es absoluto ni sin costos: la reforma española no elimina la importancia de los requisitos formales, lo que hace es intentar equilibrar mejor forma y fondo, evitando que la forma sea barrera al fondo, pero manteniendo salvaguardas procesales. Por ejemplo, como se ha visto más arriba, en el recurso contencioso-administrativo se reclama que se garantice la tutela judicial efectiva, pero no se elimina que existan exigentes requisitos de formalidad para su admisión[15].

V.- Conclusión

La Ley núm. 2-23, lejos de ser únicamente una respuesta institucional al problema de la mora judicial, constituye una reforma estructural del modelo casacional dominicano. Su verdadera trascendencia radica en que equilibra el centro de gravedad del conocimiento del recurso de casación entre la forma y la sustancia, fortaleciendo la tutela judicial efectiva en su dimensión material.

En este nuevo paradigma, la Suprema Corte de Justicia no se erige solo como guardiana de la legalidad formal, sino también como garante de la justicia concreta, con facultades para suplir deficiencias procesales, proteger derechos fundamentales y resolver directamente los litigios cuando así lo sugiera una buena administración de justicia.

En definitiva, la reforma de 2023 reafirma que el proceso, recordando el pensamiento de Couture, “no tiene fin en sí mismo más que tutelar el derecho”. Por ello, el nuevo recurso de casación dominicano encarna la aspiración de un sistema judicial menos rígido y más justo, donde la forma no sofoque la razón de ser última del derecho: la realización de la justicia material.

Ahora bien, hay que decir que, en la medida en que tanto en España como en la República Dominicana se advierte una tendencia a que la casación no se reduzca a un formalismo procesal, sino que se refuerce su orientación a garantizar la correcta aplicación del derecho material, es perfectamente válido hablar de una casación sustantiva. Pero la idea no es que la casación se convierta en una tercera instancia o en un juicio sobre los hechos, sino que la Suprema Corte de Justicia pueda superar formalismos (defectos de admisibilidad, errores superfluos, o incluso motivos jurídicos erróneos) para asegurar que el fondo del derecho —el contenido sustantivo de la norma— prevalezca.

De suerte y manera que “casación sustantiva” no significa que el recurso pierda su naturaleza extraordinaria o nomofiláctica, sino que su función nomofiláctica se ejerce desde una visión material reforzada del derecho, buscando que la unificación jurisprudencial y la corrección del derecho objetivo se traduzcan también en una justicia real y efectiva. Por eso, expresiones como “hacia una casación sustantiva” o “la prevalencia de la justicia material en el modelo casacional contemporáneo” son doctrinalmente defendibles, si se precisa que lo “sustantivo” no se refiere a los intereses particulares del caso, sino al derecho sustantivo (o material) aplicado correctamente en todos los casos.

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[1] “Las tendencias actuales conducen a innovar la técnica de casación, confiriendo a la Corte de Casación la posibilidad excepcional de estatuir sobre el fondo en interés de una buena y pronta administración de justicia, en aquellos casos donde pronuncie la casación de la sentencia impugnada, evitando así la dilación del proceso con un envío a otro tribunal de fondo” (Considerando séptimo, Ley 2-23).

[2] En concreto, por justicia material debe entenderse la efectiva tutela del derecho sustantivo, como cuando en un proceso de cobro de dinero la Corte, aun ante un defecto formal del recurso, examina el fondo y garantiza que el acreedor reciba la suma adeudada, intereses y accesorios reconocidos por la ley, respetando su derecho de crédito conforme al contrato o la relación jurídica subyacente. Y, ya en el campo del derecho material, la Ley núm. 2-23 dio un gran avance con su artículo 7: “Objeto de la casación. El recurso de casación censura la no conformidad de la sentencia impugnada con las reglas de derecho” (Subrayado nuestro). Con esto se supera la mera “infracción de la ley”, en un modelo positivista en la antigua Ley 3726, para pasar a la violación de “las reglas de derecho”, que incluye, además de las reglas, sus principios (razonabilidad, etc.). Ver en línea: El recurso de casación en clave de principios: del legalismo al control de conformidad con el derecho, de nuestra autoría, colgado en: www.yoaldo.org

[3] En palabras llanas, justicia formal es el cumplimiento estricto de las reglas y procedimientos del proceso, sin entrar necesariamente en si el resultado final del caso refleja plenamente los derechos de las partes. Al respecto: “El recurso de casación debe conservar de manera reforzada sus características de ser de interés público, extraordinario y limitado, pero menos formalista, de efectos no suspensivos y con posibilidades de juzgar directamente el fondo del litigio” (Subrayado nuestro) (considerando octavo, Ley 2-23); “El procedimiento de casación instituido por la antigua Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación y sus modificaciones, establece formalismos que animan ser actualizados, conforme al derecho y a una justicia oportuna y accesible” (Considerando noveno, Ley 2-23).

[4] “Causas de casación. El recurso de casación solo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma jurídica, sea en el fondo o en la forma” (Subrayado nuestro) (Art. 12, Ley 2-23).

[5] Cfr COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil, 4ta. edición, 120.

[6] “En la medida de lo posible, la corte buscará de oficio las condiciones de admisibilidad del recurso y la regularidad de su apoderamiento” (Art. 33, párrafo, Ley 2-23); “Si el recurso de casación contiene medios por vicios de forma y vicios de fondo, la Corte de Casación solo se pronunciará sobre el segundo, en caso de estimar que no se ha cometido infracción formal que invalide el procedimiento” (Art. 34, Ley 2-23).

[7] En línea: La casación contencioso-administrativa: entre el formalismo excesivo y la exigencia de la equidad del proceso – LegalToday

[8] En línea: Reflexiones sobre la reforma del recurso de casación civil | Documentos – Universidad Complutense de Madrid

[9] En línea: Alcance de la reforma del recurso de casación por interés casacional en España por el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio – Derecho Penal Online

[10] En el modelo casacional de la Ley núm. 2-23 se insiste en que, de la mano a la correcta aplicación del derecho, debe importantizarse la unidad de criterios, por un tema de seguridad jurídica: “La institución de la casación no solo cumple la misión nomofiláctica referida a la garantía de la correcta aplicación de las normas jurídicas en todo el territorio de la República Dominicana, sino que además crea las condiciones que permiten establecer y mantener la unidad de la jurisprudencia nacional, en salvaguarda de un interés de orden público y de la seguridad jurídica necesaria para la estabilidad social y económica del país” (Considerando cuarto, Ley núm. 2-23).

[11] “La noción de interés casacional está llamada a trascender los intereses particulares de los actores privados involucrados en la litis y a erigirse en un ente de equilibrio de riguroso orden público procesal y de canalización de objetivos impostergables del estado de derecho, como ocurre, por ejemplo, con la salvaguarda del debido proceso, la uniformidad coherente de la administración de justicia o la necesidad de uniformar posiciones encontradas entre los diferentes tribunales del sistema” (Considerando sexto, Ley núm. 2-23).

[12]En línea: Dialnet-UnaReflexionSobreLaPrimaciaDelDerechoEuropeoLaApli-6275513 (1).pdf

[13] En línea: EL VIGENTE RECURSO DE CASACIÓN.Notas básicas | E&J

[14] Ídem

[15] Op cit La casación contencioso-administrativa: entre el formalismo excesivo y la exigencia de la equidad del proceso – LegalToday

Resumen

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En estas breves líneas se examina un importante pilar del régimen casacional dominicano: la indivisibilidad del recurso de casación, prevista en el artículo 24 de la Ley núm. 2-23, explicando cómo esta regla garantiza la unidad de la decisión judicial, la autoridad de la cosa juzgada y el derecho de defensa de todas las partes vinculadas por un mismo objeto litigioso. Para ello, se analizan las dos vertientes del precepto de indivisibilidad —el efecto extensivo del recurso interpuesto por una parte y la sanción de inadmisibilidad cuando no se emplaza a todas las involucradas—, ilustradas con ejemplos prácticos y precedentes jurisprudenciales relevantes de la Suprema Corte de Justicia; presentando la indivisibilidad no como un formalismo procesal, sino como una garantía estructural del debido proceso y de la coherencia judicial.

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Palabras clave

Casación, indivisibilidad, solidaridad procesal, recurso, inadmisibilidad, derecho de defensa, cosa juzgada, unidad de la decisión, emplazamiento, Suprema Corte de Justicia, litigio, co-litigantes, objeto litigioso, jurisprudencia, doctrina, seguridad jurídica

Contenido

I.- Aproximación a la temática de la indivisibilidad casacional, II. Concepto procesal de indivisibilidad, III. Primera vertiente del artículo 24: el recurso interpuesto por una de las partes con derecho a recurrir que aprovecha a las otras, IV. Segunda vertiente del artículo 24: la situación inversa, el recurrente omite emplazar a algunas partes adversas, V.- Mirada jurisprudencial, VI. Conclusión.

I.- Aproximación a la temática de la indivisibilidad casacional

El artículo 24 de la Ley núm. 2-23, de Recurso de Casación, bajo influjos de criterios jurisprudenciales y reflexiones doctrinales, introduce una regla esencial para garantizar la coherencia de las decisiones judiciales y la protección del derecho de defensa: la indivisibilidad del recurso de casación.

El referido artículo 24 establece una doble vertiente. La primera,cuando existe indivisibilidad y una de las partes con derecho a recurrir interpone el recurso de casación correctamente, esa acción aprovecha a las demás partes ligadas al mismo objeto, aunque éstas no se unan al recurso. La segunda (situación inversa), si el recurrente emplaza solo a algunas de las partes adversas y omite emplazar a otras vinculadas al mismo objeto indivisible, el recurso deviene inadmisible respecto de todas las partes.

Ambas situaciones se enmarcan en la lógica de preservar la unidad de la decisión judicial, el principio de cosa juzgada y el derecho de defensa de todas las partes involucradas en una litis indivisible. En efecto, la unidad de la decisión judicial se preserva en tanto cuanto se evita que, frente a un mismo objeto litigioso, puedan coexistir fallos contradictorios o parciales respecto de sujetos que comparten una misma situación jurídica. La indivisibilidad impide que el recurso de casación produzca efectos fragmentados que alteren la armonía del fallo, garantizando así que la controversia se resuelva definitivamente mediante una sola decisión que abarque a todas las partes ligadas por el vínculo común.

Por su parte, el principio de cosa juzgada se salvaguarda al impedir que la sentencia impugnada sea modificada o anulada en beneficio de personas que no fueron llamadas a defenderse en la instancia casacional. La exigencia de emplazar a todas las partes involucradas en un litigio indivisible evita que la autoridad de la cosa juzgada se quiebre en favor de unas y en perjuicio de otras, preservando la estabilidad del orden jurídico y la eficacia de las decisiones judiciales.

Finalmente, el derecho de defensa de todas las partes involucradas en una litis con objeto indivisible se garantiza en la medida en que cada una de ellas es puesta en condiciones de ejercer sus medios de contradicción y argumentación frente al recurso. De este modo, la indivisibilidad, más que una noción formal, constituye una manifestación del debido proceso, al asegurar que ninguna parte vinculada al litigio quede privada de su oportunidad real de intervenir ante la Suprema Corte de Justicia cuando la sentencia que las afecta conjuntamente es objeto de casación.

II. Concepto procesal de indivisibilidad

En el contexto de la casación, la indivisibilidad surge cuando el objeto litigioso es común e inseparable para todas las partes que intervinieron en el proceso. Esto ocurre cuando la decisión que se dicte no puede escindirse válidamente sin afectar el interés jurídico de los demás co-litigantes. Tal sería el caso de dos copropietarios que demandan conjuntamente la nulidad de una venta de un inmueble común. Si la sentencia de apelación rechaza la demanda y uno de ellos interpone recurso de casación, el litigio es indivisible, porque la nulidad o validez del contrato afecta a ambos por igual. No podría casarse la sentencia solo respecto de uno sin alterar los derechos del otro.

De suerte y manera que la indivisibilidad implica que la suerte procesal de una parte arrastra la de las otras, ya sea en beneficio o en perjuicio, dentro de un único objeto litigioso. Otro ejemplo sería el de varios herederos que, en su calidad de copartícipes de una sucesión, accionan o son accionados en relación con un mismo bien hereditario. Si la sentencia de apelación dispone, por ejemplo, la partición o adjudicación de un inmueble perteneciente al acervo sucesoral y solo uno de los coherederos interpone recurso de casación, el objeto litigioso —la indivisible masa hereditaria o la validez de la partición— afecta a todos en conjunto.

En tal hipótesis, la suerte del recurso interpuesto por uno se extiende a los demás, puesto que la decisión de la Suprema Corte de Justicia no podría recaer únicamente sobre la porción de un coheredero sin comprometer la estructura jurídica de toda la herencia.

Por otro lado, también ilustra sobre la indivisibilidad el caso de una condena solidaria en materia de responsabilidad civil, en la que dos o más demandados son declarados responsables de un mismo daño. La obligación solidaria implica una unidad del objeto —la reparación del perjuicio—, por lo que, si uno solo de los condenados interpone recurso de casación, la decisión de fondo afecta necesariamente a todos los coobligados. Del mismo modo, si el recurrente omite emplazar a alguno de los demás codeudores solidarios, el recurso deviene inadmisible para todos, en atención a la indivisibilidad de la obligación y a la imposibilidad de dictar sentencias contradictorias sobre un mismo daño y un mismo crédito.

Sobre la solidaridad, en el marco del concepto de indivisibilidad, la doctrina vernácula ha sostenido que cuando hay pluralidad de partes que han sucumbido, todas unidas por un vínculo de indivisibilidad -igual si el vínculo en vez de indivisibilidad fuese de solidaridad, mutatis mutandis– la casación interpuesta por cualquiera dentro del plazo de ley aprovecha a todas las demás. Estas últimas podrían incorporarse al recurso aun cuando para ellas dicho plazo hubiera expirado[1].

Lo cierto es que la distinción entre solidaridad e indivisibilidades una de las más finas dentro del derecho de las obligaciones y de su proyección procesal. En efecto, la solidaridad no produce necesariamente indivisibilidad, aunque en ciertos casos ambas figuras pueden coexistir o tener efectos procesales similares(como en materia de casación). No decimos que la solidaridad “sea” indivisibilidad, sino que puede producir efectos procesales equivalentes cuando el objeto litigioso común no admite decisiones separadas. Y es que, en el ámbito del recurso de casación, ambos institutos confluyen en un mismo principio: la unidad de la decisión judicial y la imposibilidad de separar los efectos del fallo entre partes vinculadas por una misma causa o un mismo objeto litigioso.

Por ejemplo, produce solidaridad la obligación asumida por varios deudores frente a un mismo acreedor para el cumplimiento íntegro de una prestación divisible —como el pago de una suma de dinero—, en la cual cada obligado responde por el todo, sin que la naturaleza del objeto cambie. En cambio, genera indivisibilidad aquella situación en la que el objeto del litigio es común e inseparable —como la nulidad de un contrato, la reivindicación de un inmueble indiviso o la partición de una herencia—, de modo que la decisión judicial no puede dividirse sin afectar el interés jurídico de todas las partes vinculadas.

Pero para fines del recurso de casación, ambas figuras producen efectos procesales equiparables, en la medida en que la suerte de una parte necesariamente repercute sobre las demás, impidiendo que la Suprema Corte de Justicia decida de manera fragmentada sobre un mismo objeto litigioso o sobre una obligación solidaria única. En ambos casos, la exigencia de emplazar a todas las partes involucradas responde al propósito de preservar la coherencia de la decisión judicial, la autoridad de la cosa juzgada y el derecho de defensa, tal como hemos referido previamente.

Por eso, en definitiva, ha de concluirse que la solidaridad y la indivisibilidad, aunque distintas en su esencia jurídica, convergen en el ámbito casacional bajo un mismo principio rector: la unidad de la decisión judicial, que exige tratar como inseparables a todas las partes vinculadas por un mismo interés jurídico, evitando así que el recurso prospere parcialmente o que se quiebre la coherencia del fallo mediante sentencias contradictorias.

III. Primera vertiente del artículo 24: el recurso interpuesto por una de las partes con derecho a recurrir que aprovecha a las otras

La parte capital del citado artículo 24 de la Ley núm. 2-23 establece: “En caso de indivisibilidad, el recurso de casación regularmente interpuesto por una de las partes con derecho a recurrir, aprovecha a las otras y las redime de la inadmisibilidad en que hubiesen incurrido, aun si éstas no se unen a la instancia de casación, a menos que se base en motivos exclusivamente personales del recurrente”.

Como corolario jurídico del texto anterior deriva que, cuando varias partes están unidas por una causa común e indivisible, la ley permite que, si una sola parte interpone el recurso de casación de manera regular, esa interposición beneficie a las demás que tenían igual derecho, aunque no lo ejercieron. Esto se conoce como efecto extensivo del recurso en casos de indivisibilidad.

El fundamento está en que la decisión de casación, al referirse a un objeto común, no puede beneficiar o perjudicar sólo a una parte sin afectar a las demás. Por tanto, el legislador evita la nulidad o contradicción de fallos extendiendo los efectos del recurso. Así, supongamos que A y B son copropietarios demandados conjuntamente por C en reivindicación de un inmueble. La Corte de Apelación condena a ambos. Solo A interpone recurso de casación. En este caso, el objeto de la litis (propiedad del inmueble) es indivisible; con lo cual, aunque B no recurra, el recurso interpuesto por A le aprovecha también a B, porque la suerte jurídica de uno depende del mismo objeto. Y si el recurso es declarado con lugar y se casa la sentencia, los efectos alcanzan a B, “redimiéndolo” de la inactividad procesal.

Ahora bien, como límite a la regla procesal comentada, ha de citarse que si A basa su recurso en un motivo exclusivamente personal (por ejemplo, alegar nulidad del emplazamiento solo en su contra), entonces ese motivo no puede aprovechar a B.

En una casuística en que varias partes estaban ligadas en un mismo proceso buscando un beneficio común. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que la inadmisibilidad puede derivarse de la naturaleza del objeto del litigio, o cuando las partes en litis están unidas en una causa común procurando un mismo resultado. El tribunal entendió que, si la cuestión debatida es indivisible, el recurso ejercido por una parte produce efectos respecto de las demás, en virtud de esa causa común[2].

En nuestro concepto, esta decisión refuerza la primera vertiente del artículo 24: cuando existe comunidad de interés e indivisibilidad del objeto, la interposición válida por una de las partes salva de la inadmisibilidad a las otras, preservando la unidad procesal.

IV. Segunda vertiente del artículo 24: la situación inversa, el recurrente omite emplazar a algunas partes adversas

El texto del párrafo del citado artículo 24 reza de la siguiente manera: “En la situación jurídica inversa a lo establecido en la parte capital de este artículo, esto es, cuando es el recurrente que ha emplazado en casación a una o varias de las partes adversas y no lo ha hecho con respecto a otras, el recurso es inadmisible con respecto a todas…”

En esta hipótesis, la infracción no proviene de la pasividad de las partes, sino del error del propio recurrente, quien al interponer el recurso omite emplazar a todas las partes adversas que participaron en la instancia anterior. La irregularidad procesal es insubsanable, porque vulnera el derecho de defensa de las partes no emplazadas; además, quebranta la autoridad de la cosa juzgada, al intentar modificar una sentencia sin oír a todos los interesados y, además, afecta la unidad de la decisión judicial, al dejar fuera a partes vinculadas al mismo objeto indivisible.

Por ello, la ley sanciona esta situación procedimental con inadmisibilidad total del recurso. Por ejemplo, imaginemos que X interpone recurso de casación contra una sentencia que condena solidariamente a Y y Z.
Sin embargo, X sólo emplaza a Y, omitiendo a Z, aunque ambos resultaron gananciosos en apelación. En esa casuística, el objeto (la condena solidaria) es indivisible. Al no emplazar a Z, el recurso es inadmisible respecto de todas las partes (Y y Z). Por consiguiente, la Suprema Corte de Justicia no puede examinar el fondo, porque el derecho de defensa de Z fue lesionado.

V.- Mirada jurisprudencial

Sentencia SCJ, 3ra. Sala, núm. 90, del 31 de enero de 2020 (B.J. núm. 1310, p. 3550)

En este precedente, la Suprema Corte sostuvo que cuando en un proceso concurren varias partes y existe indivisibilidad en el objeto del litigio, todas deben ser emplazadas en casación.
Si el recurrente emplaza sólo a una o algunas, el recurso debe declararse inadmisible respecto de todas las partes, con el objetivo de preservar los fines esenciales de la administración de justicia y la unidad de las decisiones judiciales.

Esta jurisprudencia expresa de forma literal el principio consagrado en el párrafo del artículo 24. El fundamento es evitar que una decisión de casación rompa la coherencia del fallo anterior o beneficie a partes no oídas, lo cual vulneraría la cosa juzgada y el derecho de defensa.

Sentencia SCJ, 3ra. Sala, núm. 033-2021-SSEN-01241, del 13 de diciembre de 2021

En este caso, la parte recurrida alegó que una persona no fue puesta en causa en el recurso de casación. La Suprema Corte de Justicia analizó que, cuando una sentencia beneficia a varias partes con un vínculo de indivisibilidad, el recurso debe dirigirse contra todas ellas, bajo pena de inadmisibilidad. Sin embargo, en este expediente se determinó que la citada persona no había resultado ganadora en la sentencia impugnada, sino que había sido condenada (ordenado su desalojo). Por tanto, no debía ser emplazada como recurrida, sino que, si quería impugnar, debía interponer su propio recurso de casación. El incidente de inadmisibilidad, por tanto, fue desestimado.

Este precedente ilustra sobre la situación de que la sanción de inadmisibilidad sólo se aplica cuando la parte omitida está vinculada por la indivisibilidad del objeto y resultó gananciosa en el fallo recurrido.
Si la parte omitida fue perdidosa, la carga de recurrir le corresponde a ella misma, no al recurrente.

Sentencia SCJ, 3ra. Sala, núm. SCJ-TS-23-0849, del 31 de julio de 2023 (B.J. núm. 1352)

En este proceso, la Suprema Corte observó que la parte recurrente no notificó su recurso de casación a todas las partes que participaron en el proceso ante los jueces del fondo, pese a que estas resultaron gananciosas y estaban ligadas por un vínculo de indivisibilidad sobre el objeto litigioso. El tribunal concluyó que ello vulneraba el principio de cosa juzgada y el derecho de defensa, y declaró el recurso inadmisible por falta de emplazamiento.

Esta decisión aplica rigurosamente la regla del artículo 24, párrafo, de la hoy vigente Ley 2-23, de Recurso de Casación. Aun sin mediar oposición expresa, la Suprema Corte de Justicia actuó de oficio para proteger la regularidad procesal, declarando inadmisible el recurso por violación de los principios esenciales de defensa y cosa juzgada.

Como puede verse, la jurisprudencia dominicana se ha ocupado, incluso desde antes de la entrada en vigor de la Ley núm. 2-23, de construir y consolidar el principio de indivisibilidad del recurso de casación como una garantía esencial de coherencia y regularidad procesal. En efecto, la Suprema Corte de Justicia, a través de decisiones reiteradas, ha establecido que en los procesos donde el objeto litigioso es común e indivisible, todas las partes deben ser emplazadas en casación, pues de lo contrario el recurso deviene inadmisible respecto de todas.

Lo anterior revela que el criterio jurisprudencial no surgió como una innovación legislativa, sino como una evolución interpretativa del principio de unidad de la decisión judicial y de los derechos fundamentales de defensa y contradicción. La jurisprudencia ha sido constante en afirmar que no puede admitirse un recurso de casación parcial cuando la litis afecta inseparablemente a varias partes, ya que ello quebrantaría la autoridad de la cosa juzgada y produciría sentencias contradictorias.

Hay que decir, además, que esta línea jurisprudencial ha resultado sumamente coherente y funcional, porque armoniza la técnica procesal con los fines esenciales de la administración de justicia, al asegurar que nuestra Corte de Casación conozca y decida sobre la totalidad del conflicto jurídico en una sola decisión, sin exclusiones indebidas ni indefensiones procesales. Este desarrollo pretoriano, posteriormente positivizado en el artículo 24 de la Ley núm. 2-23, demuestra que, como dijéramos al inicio de este breve ensayo, el legislador recogió y sistematizó una doctrina jurisprudencial ya consolidada, reafirmando el papel del tribunal de casación como garante de la unidad, la coherencia y la seguridad jurídica en el sistema judicial dominicano.

VI. Conclusión

El artículo 24 de la Ley 2-23 representa un pilar de técnica procesal avanzada dentro del régimen casacional dominicano. Su correcta aplicación exige al abogado litigante un cuidadoso análisis previo de la naturaleza del objeto de litigio, en el sentido de definir si es o no indivisible. También debe observar la posición procesal de las partes: quién ganó, quién perdió y quién debe ser emplazado. También la regularidad formal del recurso: si cumple los requisitos de interposición y notificación.

Ha de tenerse presente que, en sede casacional, si existe indivisibilidad y solo una parte recurre correctamente, su recurso beneficia a las demás. Pero si el recurrente omite emplazar a alguna parte vinculada al objeto indivisible, el recurso perece para todas. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha sido constante y clara: la unidad de la decisión judicial y el derecho de defensa son principios rectores que no admiten fisuras. Por ello, el estudio de la indivisibilidad en casación no es un mero formalismo, sino una garantía estructural del debido proceso y de la seguridad jurídica.

Si esta regla de indivisibilidad casacional no existiera, pudiera darse, por ejemplo, el caso de que la Suprema Corte de Justicia casara parcialmente una sentencia respecto de una de las partes, manteniéndola firme para las demás, a pesar de que todas estuvieran unidas por un mismo objeto litigioso. Ello conduciría a una situación procesal insostenible, en la que coexistirían decisiones contradictorias sobre un mismo hecho o derecho, afectando la autoridad de la cosa juzgada y lesionando gravemente el principio de igualdad procesal entre los co-litigantes. Sin dudas, se atentaría contra la coherencia del sistema judicial y contra la finalidad misma del recurso de casación, que es garantizar la uniformidad en la interpretación del derecho y la corrección de los vicios de forma o fondo en las decisiones jurisdiccionales.

Pero con este tema bien definido por la ley y la jurisprudencia, en cambio, el sistema casacional dominicano asegura que las controversias con objeto indivisible se decidan en forma unitaria, preservando la integridad del fallo y la armonía del orden jurídico. Así, la exigencia de emplazar a todas las partes involucradas en un litigio común no es una carga formalista, sino un instrumento de garantía sustantiva, que impide que alguno resulte beneficiado o perjudicado sin haber sido oído.

Por eso, el artículo 24 de la Ley núm. 2-23 no solo introduce una regla técnica, sino que consagra un verdadero principio de justicia procesal, que impone al abogado litigante la responsabilidad de asegurar la correcta integración de las partes en el recurso y al tribunal de casación el deber de velar, incluso de oficio, por la preservación del derecho de defensa, la unidad de la decisión y la seguridad jurídica del proceso.

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[1] ALARCÓN, Edynson. Los recursos del procedimiento civil, 4ta. edición, p. 535.

[2] Sentencia SCJ, 1ra. Sala, núm. 38, del 12 de marzo de 2014, B.J. núm. 1240, p. 424.

Resumen

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Una mirada a la facultad de la Suprema Corte de Justicia de dictar fallos directos,conforme al artículo 38 de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación, explorandocómo esta figura permite a la Corte de Casación dominicana decidir el fondo sin enviar el caso a otra alzada, en aras de la buena administración de justicia y la eficiencia procesal. Todo ello, mediante un abordaje crítico y citando ejemplos prácticos, viendo los límites, procedimientos y alcances de esta innovación que consolida una casación más ágil y sustantiva.

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Palabras calve

Fallo directo, casación, Suprema Corte de Justicia, Ley 2-23, artículo 38, artículo 78, fin de la reforma, agilización, buena administración de justicia, jurisdicción de envío, procedimiento judicial, sentencia sustitutiva, reenvío judicial, fundamentos jurídicos, recurso extraordinario, justicia material.

Contenido

1. Introducción, 2. Operatividad normativa del fallo directo en sede casacional: contenido y estructura del artículo 38,3. Vinculación con el artículo 78: el cierre del ciclo procesal, 4. Valor jurídico y doctrinal del fallo directo, 5.- No deben confundirse las figuras de casación sin envío (art. 37) con la de sentencia directa (art. 38), 6.- Conclusiones.

1. Introducción

La promulgación de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación representó una reforma trascendental en el sistema casacional dominicano. Esta norma redefinió la naturaleza, alcance y efectos del recurso de casación, fortaleciendo su rol como instrumento de uniformidad jurisprudencial, corrección de errores de derecho y garantía de la buena administración de justicia. Todo, hay que resaltar, con el propósito de agilizar los trámites en sede casacional, que históricamente han sido muy flemáticos.

Entre las innovaciones más relevantes de la referida reforma se encuentra la facultad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de dictar fallos directos, esto es, resolver de manera definitiva el fondo del litigio sin enviar el asunto a otra alzada. Esta potestad, recogida en el artículo 38 y complementada por el artículo 78 de la Ley núm. 2-23, de Recurso de Casación, constituye un avance hacia una justicia más ágil, material y eficiente, inspirada en los principios de economía procesal, celeridad y tutela judicial efectiva.

En definitiva, de lo que se trata es de fortalecer la capacidad de la Suprema Corte de Justicia para garantizar decisiones definitivas sobre el fondo de los litigios cuando los hechos y la prueba están suficientemente establecidos, evitando demoras innecesarias y posibles duplicaciones procesales. Y, siendo un objetivo esencial de la reforma la celeridad, este mecanismo de fallo directo resulta crucial, ya que permite una resolución judicial inmediata, protege los derechos de las partes y asegura la eficacia de la tutela judicial efectiva. Por consiguiente, la facultad de dictar fallos directos no solo optimiza la administración de justicia, sino que consolida un modelo de casación más ágil, sustantivo y orientado a resultados concretos.

2. Operatividad normativa del fallo directo en sede casacional: contenido y estructura del artículo 38

El artículo 38 de la Ley núm. 2-23 regula de manera detallada el régimen del fallo directo, estableciendo nueve párrafos que delimitan las condiciones, los procedimientos y los efectos de esta facultad jurisdiccional. Veamos a continuación su contenido, párrafo por párrafo.

El principio general del fallo directo está en la parte capital del citado artículo 38, a saber: “Si la Corte de Casación casare la decisión en cuanto al fondo del asunto, y si lo considera de una buena administración de justicia, podrá dictar directamente la sentencia que en su lugar correspondiere…” De ello deriva como corolario jurídico-procesal que cuando la Suprema Corte de Justicia casa-anula una sentencia por error de derecho en el fondo, puede dictar directamente la sentencia que en derecho corresponde, sin necesidad de enviar el caso a otra alzada, si ello responde al interés de una buena administración de justicia.

Lo anterior supone las siguientes condiciones esenciales: 1.- La casación debe referirse al fondo del asunto (no solo a vicios formales), 2.- Los hechos deben estar claramente fijados en el expediente, 3.- Debe existir suficiencia probatoria documental y 4.- La Corte debe considerar que el fallo directo favorece la buena administración de justicia. Por ejemplo, una sentencia de apelación aplica erróneamente la prescripción de una acción civil, aunque los hechos del caso —fecha del acto, interrupción y demanda— están claros en el expediente. La SCJ puede anular la sentencia y dictar directamente la correcta decisión sobre la prescripción, evitando un reenvío innecesario.

El párrafo I del comentado artículo 38 aborda los límites del fallo directo, en el marco de los vicios de forma y debido proceso, visto:“Si la sentencia es casada por vicios de forma… la Corte de Casación anulará el fallo y remitirá el proceso…”Este párrafo delimita cuándo no procede el fallo directo: si la casación se fundamenta en vicios procesales, violaciones al debido proceso o inobservancia de reglas procedimentales, debe reenviarse el expediente.Verbigracia,si un tribunal de apelación dictó sentencia sin oír a una de las partes o sin motivar adecuadamente su decisión, la SCJ no puede resolver el fondo directamente; debe casar con envío para que se repare la violación.

Por otro lado, el párrafo II del consabido artículo 38 prevé el tema del fallo directo por prescripción: “Siempre que la Corte de Casación advierta… que ante los jueces del fondo fue debatida la prescripción… dictará sentencia directa si… se configura la inadmisibilidad por prescripción”. Este párrafo obliga a la SCJ a dictar fallo directo cuando constate que la acción está prescrita y que este punto fue debatido en las instancias anteriores. Se trata de una medida de economía procesal: si la acción es inadmisible, reenviar sería inútil. Por ejemplo, una demanda en responsabilidad cuasidelictual donde el demandante lanza su demanda estando ya vencidos los seis meses aplicables prescriptivamente en esa materia. Los tribunales inferiores ignoran la excepción de prescripción. La SCJ, al revisar, constata que la comentada prescripción corta se cumplió. En aplicación de este párrafo II, debe dictar sentencia directa declarando inadmisible el ejercicio de la acción.

El párrafo III, en otra línea, aborda la iniciativa de las partes para solicitar fallo directo: “Las partes podrán solicitar… que la Corte de Casación dicte fallo directo…”Aquí se reconoce la participación procesal activa de las partes. Tanto el recurrente como el recurrido pueden pedir que la Suprema Corte de Justicia ejerza su facultad de fallo directo. Aclarando la norma que, si la solicitud proviene del recurrido, no implica aceptación de los medios de casación (es decir, no equivale a admitir los errores alegados).Tal sería el caso en que el abogado del recurrido pide, en su memorial de defensa, que, si la Corte considera procedente la casación, resuelva directamente el fondo sin envío. La SCJ puede acoger esa sugerencia si se cumplen las condiciones del artículo objeto de análisis.

Por otra parte, el párrafo IV prevé una advertencia previa a las partes: “Si la Corte de Casación está considerando estatuir sobre el fondo, el presidente de la sala… deberá advertir a las partes…” Este párrafo refuerza el principio de contradiccióny el derecho de defensa: antes de dictar fallo directo, la SCJ debe advertir a las partes de su intención de hacerlo, especificando qué puntos piensa casar y sobre qué aspectos de fondo podría decidir. A esos efectos, las partes dispondrán de un plazo común para presentar observaciones. Esta previsión evita que la Corte actúe sorpresivamente.

Por ejemplo, si durante el estudio del expediente, la Sala Civil considera dictar fallo directo sobre una cláusula contractual, debe notificar a las partes, indicando el punto y otorgando un plazo para observaciones escritas.

El párrafo V, en otro orden, trata el tema relacionado a la solicitud de documentos complementarios:“La Corte de Casación podrá requerir a las partes el depósito de documentos útiles… siempre que hubieren sido debatidos ante los jueces del fondo.”Aquí se reconoce que la Suprema Corte de Justicia puede pedir documentos adicionales para esclarecer el fondo, pero solo si ya fueron introducidos en las instancias anteriores. Esto reafirma que el fallo directo no abre una nueva instrucción probatoria, sino que se limita a usar el material ya existente.

Por ejemplo, en un litigio civil, la Suprema Corte de Justicia puede solicitar copias legibles de un contrato o comprobante de pago que ya formaban parte del expediente, para verificar un punto jurídico esencial antes de decidir directamente.

En otro orden, el párrafo VI versa sobre el tema de la audiencia contradictoria:“La corte podrá convocar a las partes a una audiencia contradictoria…”Este párrafo otorga flexibilidad a la Suprema Corte de Justicia para convocar una audiencia oral con el fin de escuchar aclaraciones o argumentos adicionales antes de decidir.
Se trata de una práctica excepcional que refuerza la transparencia y el debate.Por ejemplo,si en el expediente hay ambigüedad sobre la interpretación de una cláusula o sobre la naturaleza jurídica de un contrato, la Suprema Corte puede convocar a las partes a una audiencia breve para oír argumentos antes del fallo directo.

El párrafo VII prevé reparos sobre documentos:“Las partes podrán hacer reparos sobre los depósitos de documentos realizados por la contraparte.”Este párrafo garantiza igualdad de armas procesales: si una parte deposita un documento a solicitud de la Suprema Corte, la otra puede impugnarlo o formular observaciones. Así se evita que la práctica del Párrafo V se convierta en una fuente de indefensión.

Sobre el párrafo VIII, este aborda la prohibición de reforma en perjuicio del recurrente: “La prohibición de reforma en detrimento del recurrente exige que el resultado del fallo directo no pueda perjudicar…” Este párrafo reafirma el principio clásico de reformatio in peius prohibida.
Cuando la SCJ ejerce la facultad de fallo directo —asumiendo la función del tribunal de envío— no puede empeorar la situación del recurrente, quien ha sido el que promovió el recurso. Por ejemplo, si el recurrente impugna una condena de 2 millones de pesos, la SCJ no puede, al dictar fallo directo, aumentar la condena o agravar su responsabilidad.

El párrafo IX, en otro orden, versa sobre fallo directo en única instancia: “Si el fallo casado fue dictado en única instancia, el fallo directo podría ser pronunciado en cualquier sentido”. Este párrafo amplía la potestad de la SCJ: cuando la decisión anulada proviene de un tribunal que conoció en única instancia, en sede casacional se puede dictar directamente cualquier tipo de decisión, ya sea confirmatoria, revocatoria o sustitutiva. Aquí no hay tribunal de envío posible, por lo que el fallo directo se vuelve una necesidad práctica. Imaginemos que una sentencia dictada en única instancia es casada. La SCJ puede resolver el fondo directamente, sin envío, en el sentido que considere conforme a derecho.

3. Vinculación con el artículo 78: el cierre del ciclo procesal

El artículo 78 complementa el 38 al disponer: “En ningún caso podrá producirse un tercer reenvío… En ocasión de una tercera casación… corresponde a las Salas Reunidas dictar sentencia directa sobre el fondo, poniendo fin a la controversia.” Esta disposición garantiza que un litigio no se prolongue indefinidamente. Si un caso llega por tercera vez en casación, las Salas Reunidas deben resolverlo definitivamente, aplicando la figura del fallo directo. Por ejemplo, un litigio civil es casado dos veces, reenviado y vuelto a casarse. En la tercera ocasión, el órgano de las Salas Reunidas de la SCJ debe dictar sentencia definitiva, cerrando el ciclo y evitando que el proceso se eternice.

4. Valor jurídico y doctrinal del fallo directo

La figura del fallo directo equilibra dos valores esenciales del sistema judicial: Formalismo garantista, porqueasegura el respeto al debido proceso y a la estructura jerárquica judicial y, por otro lado, la eficiencia material, ya queevita la burocracia procesal y las dilaciones injustificadas. La SCJ, al ejercer esta facultad, no se convierte en un tercer grado de jurisdicción, simplemente sustituye la jurisdicción del tribunal de envío cuando ello sea aconsejable para una justicia pronta y efectiva.

No es que, vale reiterar, la Suprema Corte de Justicia actúe como un tercer grado de jurisdicción, revisando nuevamente todos los aspectos del caso como si reabriera el proceso, ni que elimine la posibilidad de que los tribunales inferiores ejerzan su función jurisdiccional. De lo que se trata, más bien, es de una facultad excepcional de sustitución limitada, que permite a la referida alta Corte dictar directamente la sentencia sobre el fondo cuando los hechos y la prueba ya están fijados, asegurando una resolución eficiente sin comprometer los principios de debido proceso ni la jerarquía judicial, que es otra cosa, puesto que su objetivo no es ampliar la competencia de la Corte, sino garantizar justicia pronta, efectiva y conforme a derecho.

5.- No deben confundirse las figuras de casación sin envío (art. 37) con la de sentencia directa (art. 38)

No deben confundirse las figuras de casación sin envío, conforme al artículo 37, con la de sentencia directa, al tenor del artículo 38. La primera es, en concreto, una decisión mediante la cual la Corte de Casación pone fin al litigio sin remitir el caso a otro tribunal, porque no queda nada nuevo por juzgar o porque puede aplicar directamente la norma al caso, en tanto que la segunda supone que la Corte, tras casar la sentencia por razones de fondo y por buena administración de justicia, dicta ella misma la nueva decisión que sustituye a la anulada.

Es decir, en la casación sin envío la Corte cierra el proceso aplicando el derecho sin volver a juzgar, mientras que en la sentencia directa la Corte sustituye al tribunal de envío y dicta una nueva sentencia sobre el fondo. En pocas palabras, la casación sin envío termina el litigio; la sentencia directa lo resuelve.

Por ejemplo, casación sin envío: se alega que la sentencia recurrida no era susceptible de casación, porque el monto del litigio era inferior al umbral legal establecido. Y, al comprobar que -efectivamente- la sentencia no era recurrible en casación, la Corte casa sin envío, porque no queda nada que reenviar ni juzgar de nuevo: simplemente anula la decisión y pone fin al proceso. La Corte declara que no procedía el recurso y cierra definitivamente el litigio.

Por otro lado, sentencia directa: un tribunal de apelación rechaza una demanda de cumplimiento de contrato alegando erróneamente que el documento presentado no tenía valor probatorio. El demandante recurre en casación alegando error de derecho. La Suprema Corte de Justicia constata que los hechos fueron correctamente establecidos (el contrato existía y estaba firmado por ambas partes), pero que el tribunal aplicó mal la ley. Por razones de buena administración de justicia, la Corte casa la sentencia y dicta directamente una nueva, sobre la base de los hechos ya fijados y de la prueba ya acreditada, reconociendo la validez del contrato y ordenando el cumplimiento. Como se ve, en este caso, la Corte de Casación sustituye la sentencia anulada por la suya, resolviendo el fondo del litigio sin devolverlo a otro tribunal.

6.- Conclusiones

A modo de cierre conceptual, cabe destacar que el artículo 38 de la Ley núm. 2-23, de Recurso de Casación, dota a la Suprema Corte de Justicia de un instrumento excepcional y moderno para garantizar la justicia efectiva: el fallo directo. Esta potestad se rige por principios de buena administración de justicia, economía procesal y seguridad jurídica. Los nueve párrafos del citado artículo delimitan cuidadosamente las condiciones, el procedimiento y las garantías de contradicción.

De su lado, el artículo 78 complementa este esquema, imponiendo el deber de cerrar definitivamente el litigio en caso de tercera casación. En suma, el fallo directo no es una desviación del modelo de casación, sino su perfeccionamiento funcional: permite a la Suprema Corte de Justicia, sin invadir la esfera de los hechos, dictar justicia material cuando el expediente está en condiciones para decidirse.

En definitiva, el propósito último de la reforma de la casación es agilizar la administración de justicia, reduciendo retrasos y redundancias que afectan la tutela judicial efectiva. En este marco, el fallo directoconstituye un instrumento idóneo para fomentar la celeridad procesal, al permitir que la Suprema Corte de Justicia decida el fondo de los litigios cuando los hechos y la prueba ya están debidamente establecidos. En este sentido, nos apartamos del modelo español, que no contempla la figura del fallo directo; sin embargo, el tiempo dirá si esta innovación ha resultado más beneficiosa que inconveniente. Cabe señalar que, en nuestro país, el Código Procesal Penal ha experimentado un esquema similar sin mayores contratiempos, lo que sugiere que no hay razones suficientes para suprimir este mecanismo, y que, por el contrario, puede consolidarse como un recurso eficiente para garantizar justicia pronta, efectiva y conforme a derecho.

Sumario

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Se realiza una exposición fundamentada acerca del nuevo modelo casacional dominicano, que abandona el viejo positivismo legalista para abrir paso a un paradigma más constitucional, donde principios y reglas coexisten y se combinan en favor de una justicia más sustantiva. A través de un análisis técnico, doctrinal y práctico, se argumenta por qué la “no conformidad con las reglas de derecho” permite a la Suprema Corte de Justicia desempeñar una labor nomofiláctica más completa, sin comprometer la seguridad jurídica. Un abordaje imprescindible para comprender hacia dónde va —y debe ir— la casación en un Estado constitucional de derecho.

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Palabras clave

Casación, Ley 2-23, principios jurídicos, reglas de derecho, Estado constitucional, nomofilaxis, seguridad jurídica, control difuso, interpretación, debido proceso, tutela judicial efectiva, ponderación, neopositivismo, flexibilización normativa, Suprema Corte de Justicia.

Contenido

I. Introducción, II. El nuevo objeto del recurso de casación: del texto legal al control de juridicidad, III. Principios como normas jurídicas: implicaciones casacionales, IV. La nomofilaxis en clave constitucional: de la legalidad a la juridicidad,V. Casación y el Estado constitucional de derecho, VI. Conclusión.

I. Introducción

La promulgación de la Ley núm. 2-23, sobre el Recurso de Casación, ha supuesto un giro epistemológico profundo en la configuración de esta vía recursiva extraordinaria. Si bien pudiera parecer, a primera vista, una cuestión de simple semántica, lo cierto es que la modificación del objeto del recurso —ya no limitado a la “infracción de la ley”, sino orientado a censurar la “no conformidad de la sentencia impugnada con las reglas de derecho”— representa una mutación estructural en la lógica del control casacional. Esta transformación abre las puertas a un entendimiento más sustantivo, menos literalista y más acorde con las exigencias del Estado constitucional de derecho.

La superación del positivismo normativista y la incorporación del principialismo como fundamento interpretativo y valorativo del ordenamiento jurídico, ubican a la casación dominicana en el horizonte de los modelos más avanzados del constitucionalismo contemporáneo. En este contexto, resulta pertinente analizar el alcance de esta modificación legal y sus implicaciones dogmáticas y prácticas para la labor nomofiláctica de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

II. El nuevo objeto del recurso de casación: del texto legal al control de juridicidad

El artículo 7 de la Ley núm. 2-23, de Recurso de Casación, establece con claridad: “Objeto de la casación.El recurso de casación censura la no conformidad de la sentencia impugnada con las reglas de derecho.”

Y en su párrafo, se agrega que: “La Corte de Casación decide si la norma jurídica ha sido bien o mal aplicada en los fallos dictados en única o en última instancia por los tribunales del orden judicial”.

Este giro conceptual reemplaza el paradigma tradicional, centrado exclusivamente en la violación o errónea aplicación de la ley, como lo contemplaba la derogada Ley núm. 3726-53, por un modelo en el que lo que se impugna es la no conformidad de la sentencia con las “reglas de derecho”, entendidas estas en un sentido amplio.

Tal redacción, lejos de ser meramente ornamental, abre paso a una comprensión integral del derecho como sistema normativo compuesto por reglas y principios, tal como ha sido desarrollado por la mejor doctrina contemporánea, especialmente en la obra de autores como Ronald Dworkin[1], Gustavo Zagrebelsky[2], Robert Alexy[3], Manuel Atienza[4], entre otros, quienes -en esencia- han coincidido en sostener que los principios forman parte del derecho y pueden ser determinantes en la solución de los casos difíciles, incluso por encima de las reglas legalmente previstas.

En términos llanos, para que se comprenda con claridad: mientras que antes, en un modelo más legalista, el derecho se concebía como un conjunto cerrado de normas escritas, aplicables de forma casi automática, en el derecho actual —bajo la égida del Estado constitucional de derecho— la labor del juez implica también interpretar, ponderar y aplicar principios jurídicos, incluso cuando estos no están expresamente formulados en la ley.

Esto significa que ya no basta con aplicar una norma legal de manera literal: es necesario evaluar si esa aplicación, en el caso concreto, resulta compatible con principios como la justicia, la equidad, el debido proceso, la proporcionalidad, la tutela judicial efectiva, entre otros. Si no lo es, el juez no solo puede, sino que debe apartarse de la letra estricta de la regla, en favor de una solución que respete el contenido material del derecho[5].

Por tanto, la casación, al redefinirse como un control de conformidad con las reglas de derecho, amplía el espectro del control judicial más allá del cumplimiento formal de la ley, para incluir también la evaluación de la razonabilidad y legitimidad de la sentencia, a la luz de los principios que informan y dan sentido al ordenamiento jurídico.

III. Principios como normas jurídicas: implicaciones casacionales

La clave para entender el impacto de esta nueva formulación radica en reconocer que los principios jurídicos también constituyen normas, aunque de naturaleza distinta a las reglas[6]. Mientras las reglas prescriben consecuencias jurídicas cerradas para supuestos de hecho específicos, los principios tienen un grado mayor de indeterminación y operan como razones de peso que deben ser ponderadas conforme al caso concreto.

Así, cuando el artículo 7 de la Ley 2-23 señala que la casación debe evaluar la conformidad con las “reglas de derecho”, debe entenderse —como bien lo ha señalado la doctrina— que la expresión “norma jurídica” utilizada en el párrafo subsiguiente incluye tanto reglas como principios. En consecuencia, la SCJ no está limitada a controlar la correspondencia entre la sentencia y el texto de la ley, sino también su adecuación a los principios fundamentales del ordenamiento, como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la proporcionalidad, la razonabilidad, la igualdad ante la ley, entre otros.

Este entendimiento tiene consecuencias prácticas profundas. Por ejemplo, si una norma procesal establece un plazo perentorio para ejercer un derecho, pero en el caso concreto resulta desproporcionado su rechazo por una circunstancia que afecta la garantía del debido proceso, la Corte podría —bajo el nuevo modelo— anular la decisión por incorrecta ponderación entre regla y principio, es decir, por no haberse aplicado correctamente la “norma jurídica”, entendida de forma completa.

En otras palabras, ya no se trata simplemente de verificar si el juez aplicó una ley de forma literal o si cumplió formalmente con una disposición normativa. Lo que ahora se exige es una decisión jurídicamente correcta en sentido amplio, es decir, conforme no solo con la letra de la norma, sino también con los principios que la sustentan y que, en determinadas circunstancias, pueden exigir su interpretación flexible o incluso su inaplicación.

De este modo, una sentencia que aplique una regla sin considerar el principio que la modula —o que decide un caso desconociendo el equilibrio entre ambos— incurre en una mala aplicación de la norma jurídica. Y en el marco del nuevo modelo casacional, eso habilita a la Suprema Corte de Justicia a acoger el recurso y corregir el fallo, no por una infracción meramente formal, sino por una deficiencia sustantiva en la justificación jurídica de la decisión, que afecta su conformidad con el derecho en su sentido más completo y constitucional.

IV. La nomofilaxis en clave constitucional: de la legalidad a la juridicidad

En este nuevo marco, el papel de la Corte de Casación se eleva desde una función meramente correctiva de errores legales, hacia una labor nomofiláctica sustancial, que vela por la unidad, coherencia y legitimidad del derecho, no solo en sus aspectos legales, sino también constitucionales y axiológicos.

La doctrina nacional ha captado con claridad esta transición, a saber: “Entre las novedades más interesantes del nuevo régimen casatorio, a partir de la L. 2-23, está el reemplazo, en la construcción del concepto nomofiláctico, de la vieja fórmula referida a la mala aplicación de la ley por la de no conformidad de la sentencia impugnada con las reglas de derecho. (…) Una redacción ambiciosa y omnicomprensiva que, más allá del proceso legal en frío, se extiende al principialismo (…) porque, como enseña Dworkin, el quehacer jurídico no solo se nutre de leyes materiales y procesales. También lo hace de los principios que orbitan a su alrededor, dan sentido a su contenido e, incluso, le anteceden en tiempo y en relevancia”[7].

Esta interpretación no solo es doctrinalmente consistente, sino que se alinea con el principio de interpretación conforme a la Constitución, consagrado en el artículo 6 de la Constitución dominicana, así como con los criterios del control difuso de constitucionalidad que la propia SCJ ha venido desarrollando en sus más recientes jurisprudencias.

En pocas palabras, la casación deja de ser un simple mecanismo para corregir tecnicismos legales y se convierte en una herramienta decisiva para garantizar que las decisiones judiciales sean, al mismo tiempo, legalmente correctas, constitucionalmente legítimas y axiológicamente justas, entendiendo lo justo, en el contexto de la justicia -recordando a Ulpiano-, como dar a cada quien lo que en buen derecho le corresponde.

V. Casación y el Estado constitucional de derecho

En el marco del Estado constitucional, el derecho deja de ser un sistema cerrado de normas positivas para convertirse en un orden abierto a los principios, a la justicia del caso concreto, a la ponderación de valores y a la interpretación conforme a la Constitución y a los derechos fundamentales.

La casación, entonces, se convierte en una herramienta de constitucionalización del derecho común, donde el juez de casación no solo es garante de la legalidad, sino también del contenido sustantivo del orden jurídico, que incluye los valores fundantes del sistema democrático.

Por eso, no ha de sorprender que, en el futuro inmediato, se multipliquen las impugnaciones por violación de principios jurídicos implícitos, y que la SCJ, en ejercicio de su labor nomofiláctica, acoja recursos de casación fundados en tales principios. Hacerlo será una exigencia de coherencia constitucional, no una innovación caprichosa.

Ahora bien, conviene advertir —para disipar cualquier malentendido— que lo anteriormente expuesto no debe interpretarse como una invitación a la inseguridad jurídica. Con frecuencia, ciertos sectores del neopositivismo jurídico, renuentes a aceptar la evolución del derecho hacia un modelo impregnado de constitucionalismo y principios, formulan críticas en torno a una supuesta pérdida de certeza y previsibilidad, alegando que permitir a los jueces flexibilizar —o incluso inaplicar— reglas legales invocando principios abstractos abre la puerta a decisiones arbitrarias o caprichosas.

Esta objeción, sin embargo, parte de una premisa falsa, que confunde la ponderación responsable con el relativismo judicial. Como bien lo ha señalado Manuel Atienza, esa es una falacia que no representa fielmente el pensamiento de quienes —como él mismo o como Robert Alexy— han desarrollado con profundidad la teoría de los principios. No se trata de sustituir las reglas por principios, ni de establecer una jerarquía en la que unos desplacen necesariamente a los otros. El verdadero desafío consiste en saber combinarlos armónicamente, y hacerlo con fundamento, motivación adecuada y solo en los casos que verdaderamente lo exijan.

En efecto, la mayoría de los asuntos judiciales pueden y deben resolverse aplicando las reglas legales de manera directa. Los principiosno desplazan a las reglas en condiciones normales; solo intervienen en casos difíciles, donde se produce una tensión normativa, especialmente entre derechos fundamentales o entre estos y una regla legal cuyo resultado, aplicado mecánicamente, conduciría a una solución materialmente injusta o desproporcionada.

Ese es, precisamente, el valor de los principios jurídicos en el Estado constitucional de derecho: permitir que, en situaciones excepcionales, y mediante una ponderación seria, razonada y debidamente motivada, se llegue a la solución más justa, dentro de los márgenes del propio ordenamiento.

En definitiva, no se trata de debilitar la seguridad jurídica, sino de enriquecerla, haciendo que el derecho positivo no se convierta en una camisa de fuerza, sino en un instrumento al servicio de la justicia. Y eso —ni más, ni menos— es lo que permite el modelo actual: resolver conforme a derecho, cuando sea posible con reglas, y cuando sea necesario, con principios o, incluso, con la combinación de ambos: matizando la aplicación de una regla con base en un principio que lo justifica en el caso concreto.

VI. Conclusión

La Ley núm. 2-23 ha reformulado sustancialmente la naturaleza del recurso de casación en la República Dominicana. Al sustituir la noción de infracción de ley por la de no conformidad con las reglas de derecho, se ha abierto un espacio para el diálogo entre reglas y principios, entre legalidad y juridicidad, entre derecho positivo y valores constitucionales.

Esta mutación exige un nuevo modelo de razonamiento judicial, capaz de trascender el positivismo cerrado y abrazar un derecho vivo, donde las decisiones judiciales sean coherentes no solo con la letra de la ley, sino también con los principios que le dan legitimidad.

La casación dominicana, en esta nueva etapa, se convierte así en instrumento de justicia material, en garantía de integridad jurídica y en vehículo de realización del derecho en su expresión más alta: el respeto a los principios fundamentales que rigen un Estado social y democrático y de derecho.

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[1] Cfr DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio, p. 146 y sgts.

[2] Cfr ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil, p. 19 y sgts.

[3] Cfr ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica, 2da. edición, p. 349 y sgts.

[4] Cfr ATIENZA, Manuel. Curso de argumentación jurídica, p. 301 y sgts.

[5] Una de dos alternativas se impone al juzgador: o bien armoniza la aplicación de la regla con el principio que la matiza, flexibilizando su alcance mediante una motivación razonada y constitucionalmente fundada; o, en caso de que dicha armonización resulte imposible por una contradicción insalvable con la Constitución, procede a inaplicar la norma, en ejercicio del control difuso de constitucionalidad que la propia Constitución reconoce a todos los tribunales del orden judicial.

[6] “Desconocer la normatividad de los principios procesales equivale a quitar obligatoriedad a su aplicación…” (PEYRANO, Jorge. El proceso civil, p. 40 y sgts.

[7] ALARCÓN, Édynson, Los recursos del procedimiento civil, 4.ª ed., pp. 397-398.

Es fundamental, al abordar los debates contemporáneos del mundo jurídico, comprender en profundidad el pensamiento de los grandes precursores de tesis influyentes. Tal es el caso del jurista italiano Gustavo Zagrebelsky, quien, en una de sus obras más emblemáticas, sostiene —y así la titula— que el derecho es dúctil. ¿Por qué afirma esto? Porque, en efecto, el derecho no es una estructura rígida, sino un sistema abierto que debe adaptarse con sensibilidad a la complejidad del mundo real, sin perder su vocación normativa. De esta concepción se desprenden numerosos elementos clave del constitucionalismo contemporáneo: la tensión entre estabilidad y cambio, la apertura al diálogo democrático y la necesidad de interpretar el derecho a la luz de los valores constitucionales.

En palabras llanas, ha dicho que el derecho es “dúctil/moldeable”, porque su estructura está conformada por principios y valores que, lejos de operar en términos absolutos, exigen una convivencia armónica dentro del sistema jurídico. Ello implica que ninguno puede imponerse de manera incondicionada, pues su vigencia efectiva se materializa en diálogo con los demás principios que coexisten en el ordenamiento. Es la casuística la que orienta al intérprete sobre cuál de ellos ha de prevalecer en una situación concreta, conforme a las técnicas de ponderación y razonabilidad.

Ahora bien, esta ductilidad no significa relativismo ilimitado. Cada principio y cada valor contienen un “núcleo esencial” o “contenido duro” que debe permanecer incólume. Dicho núcleo no admite sacrificio ni supresión, aun cuando se produzca una modulación en su alcance aplicativo.

Así, por ejemplo, la libertad de expresión puede ser objeto de restricciones razonables y proporcionadas cuando entra en tensión con derechos como el honor o la intimidad, pero nunca puede aniquilarse hasta el punto de vaciarla de contenido o impedir la crítica legítima. De igual modo, el derecho de propiedad puede admitir limitaciones por razones de utilidad pública o interés social, mas no puede desconocerse su reconocimiento mismo ni despojar de toda protección al titular.

En suma, la ductilidad del derecho responde a la necesidad de articular un sistema de convivencia normativa que, siendo flexible y abierto a la ponderación, conserva como intangible el núcleo esencial de los principios y valores que lo integran.

Y más allá de principios y valores, la ductilidad alcanza también a las reglas. En efecto, aunque las reglas son mandatos absolutos, coexisten con principios y valores; por ello, en ciertos casos deben interpretarse o incluso ceder ante un principio superior. Ejemplo: la regla procesal que fija plazos estrictos puede flexibilizarse cuando, de aplicarse sin excepción, se vulneraría el principio de tutela judicial efectiva. Por citar un caso.

En conclusión, Zagrebelsky, al decir que el derecho es dúctil, nos invita a concebir el orden jurídico no como un sistema cerrado y autosuficiente, sino como una práctica interpretativa en constante diálogo con la realidad social, los principios constitucionales y la dignidad humana. Y, ciertamente, en el Estado constitucional de derecho, esta ductilidad no implica relativismo ni arbitrariedad, sino una exigencia de responsabilidad hermenéutica: interpretar el derecho a la luz de los principios y valores fundantes de la Constitución, en un equilibrio siempre dinámico entre certeza y justicia, entre legalidad y legitimidad.

Una reflexión desde la teoría del derecho y el constitucionalismo contemporáneo

Por: Yoaldo Hernández Perera

Resumen

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Lo más riguroso hoy no es sostener la “estricta legalidad” como categoría cerrada, sino hablar de una legalidad en clave constitucional, dúctil y abierta a la ponderación de principios. El derecho actual exige que los jueces interpretan y apliquen las leyes bajo el prisma de la Constitución; de lo contrario, caemos en un positivismo rígido que ya no se corresponde con el paradigma constitucional.

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Palabras clave

Constitucionalismo, legalidad, supremacía constitucional, juez constitucional, control difuso, derechos fundamentales, ponderación, principios, justicia material, interpretación, Estado social y democrático de derecho, motivación judicial, proporcionalidad, seguridad jurídica, casuística.

Contenido

I. Introducción, II. La noción clásica de “estricta legalidad”,III. El giro constitucional: de la ley a la Constitución, IV. La ductilidad del derecho y el rol de los principios, V. La tensión entre seguridad jurídica y justicia constitucional,VI. Conclusión.

I. Introducción

La evolución del Estado de derecho ha estado marcada por la tensión entre la legalidad y la constitucionalidad. Mientras en el siglo XIX predominó el paradigma del Estado legal, caracterizado por la sumisión absoluta a la ley como expresión de la soberanía popular, el constitucionalismo del siglo XX y XXI ha desplazado dicho esquema hacia uno en el que la Constitución constituye el centro de validez y legitimidad del ordenamiento. Surge así la pregunta: ¿es sostenible, en rigor técnico jurídico, seguir hablando de “estricta legalidad” como categoría autónoma, o toda legalidad debe ser comprendida bajo la luz de la Constitución?

No obstante, persisten corrientes de pensamiento —particularmente ciertas vertientes del neopositivismo jurídico— que se resisten a este tránsito del Estado legal al Estado constitucional de derecho. Desde esas posturas, se intenta desacreditar el carácter expansivo de la Constitución, tildando peyorativamente esta transformación como “constitucionalitis” o una hipertrofia del control constitucional, como si se tratara de una deformación indeseable del sistema jurídico.

Tales críticas, sin embargo, desconocen un hecho fundamental: la Constitución no es un mero conjunto de principios políticos o una declaración de aspiraciones, sino una norma jurídica en sentido pleno, vinculante, jerárquicamente suprema y directamente aplicable. En este sentido, la Constitución no solo debe ser observada como cualquier otra norma, sino que constituye la ley sustantiva por excelencia, la ley de leyes. Por tanto, todo intento por reivindicar la idea de una “estricta legalidad” desligada del marco constitucional no solo resulta anacrónico, sino también técnicamente insostenible en el derecho del siglo XXI. Esta tensión, y las implicancias que de ella se derivan, serán objeto de las reflexiones que siguen.Principio del formulario

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II. La noción clásica de “estricta legalidad”

El principio de legalidad, en su concepción clásica, implicaba que el juez debía aplicar la ley sin más, sin margen para valoraciones subjetivas ni para contraponer principios o consideraciones metajurídicas. Esta idea responde a una visión positivista del derecho, vinculada al modelo del Estado legal de derecho, donde la certeza y la previsibilidad se aseguraban por la obediencia estricta a la norma legal, independientemente de su contenido axiológico.

En este esquema, el juez era “la boca que pronuncia las palabras de la ley”, parafraseando a Montesquieu. La justicia material se subordinaba a la seguridad jurídica formal. En otras palabras, conforme a los postulados del Estado legal de derecho, la legalidad se agotaba en la ley formalmente válida, sin atender a su conformidad con principios superiores; en tanto que, en el vigente Estado constitucional de derecho, la legalidad se encuentra subordinada a la constitucionalidad, lo que equivale a decir que la validez y aplicabilidad de toda norma jurídica dependen de su compatibilidad con la Constitución como norma suprema del ordenamiento.

Evocando a Manuel Atienza, el paso del Estado legal al Estado constitucional supone que el derecho ya no se identifica exclusivamente con el conjunto de normas dictadas por el legislador, sino que incluye también los principios y valores constitucionales que operan como criterios de validez y de corrección jurídica. Y, en efecto, hay que insistir en que la legalidad, en el Estado constitucional, no se agota en la fidelidad a la norma legal, sino que exige una interpretación conforme a la Constitución, orientada por los principios de justicia material, dignidad humana y derechos fundamentales. Esta transformación impone al juez un rol activo en la realización del derecho (que trasciende la ley adjetiva), ya no como mero aplicador mecánico de la ley, sino como garante de la supremacía constitucional.

Ahora bien, afirmar que en el Estado constitucional el juez ya no es una “boca que pronuncia las palabras de la ley” no significa convertirlo en un soberano del derecho, libre de toda atadura normativa. No se trata, en modo alguno, de habilitar un Poder Judicial que haga y deshaga a su arbitrio. Todo lo contrario: el juez constitucional está sujeto a límites precisos, siendo el primero y más importante de ellos la propia Constitución. Sus decisiones deben estar debidamente motivadas, pues sin motivación suficiente no hay control, y sin control hay arbitrariedad; y la arbitrariedad —por definición— es inconstitucional. Ningún tribunal puede justificar una actuación contraria al texto o a los principios constitucionales sin violentar la esencia misma del Estado de derecho.

Además, es fundamental recordar que el rol activo del juez en la interpretación constitucional no le permite ignorar las reglas legales cuando estas sean claras, aplicables y suficientes para resolver el caso. La intervención principialista o axiológica solo encuentra justificación en los denominados “casos difíciles”, aquellos en los que existe una tensión real entre derechos fundamentales o donde las normas legales resultan insuficientes, equívocas o conducen a soluciones injustas o inconstitucionales.

En tales escenarios, los principios constitucionales no solo permiten, sino que exigen una labor interpretativa más profunda, guiada por la finalidad del derecho: la protección de la dignidad humana, la justicia material y la preservación del orden constitucional. Así entendido, el juez constitucional no se erige como un creador caprichoso de normas, sino como un garante de la supremacía constitucional y del equilibrio entre legalidad, legitimidad y justicia.

III. El giro constitucional: de la ley a la Constitución

La consolidación del Estado constitucional de derecho supuso un cambio de paradigma. La Constitución dejó de ser un texto político programático para convertirse en una norma jurídica vinculante y suprema. En el caso dominicano, el artículo 6 de la Constitución establece la nulidad de toda norma contraria a la Carta Magna, lo que evidencia que la validez de la ley está supeditada a su conformidad con la Constitución.

Este giro implica que el principio de legalidad no puede desligarse del principio de constitucionalidad. El juez, al aplicar la ley, no se limita a ejecutar su tenor literal, sino que debe interpretarla conforme a la Constitución e, incluso, inaplicarla cuando resulte incompatible con esta (control difuso). Así, la legalidad deja de ser estricta para convertirse en legalidad constitucionalizada.

Imaginemos, entonces, que en plena era digital, en un contexto de avances tecnológicos, sociales y culturales sin precedentes, se pretenda seguir insistiendo en una concepción de “estricta legalidad” desvinculada de la Constitución. ¿Cómo podrían resolverse, exclusivamente con reglas legales, casos complejos como los que involucran el uso de inteligencia artificial en decisiones administrativas, el tratamiento masivo de datos personales, la libertad de expresión en plataformas digitales, o los conflictos entre libertad religiosa y derechos de minorías? En estos escenarios, donde se tensionan principios y derechos fundamentales, pretender una solución puramente reglada sería sencillamente insuficiente y, en muchos casos, injusta.

El fin de la actividad judicial, como señala Vigo, es alcanzar la justicia a través del derecho; y el derecho, más allá de la ley, comprende también los principios constitucionales, los valores democráticos y los derechos fundamentales. La ley, por tanto, ya no es el único parámetro de juridicidad: debe ser entendida e interpretada a la luz del marco constitucional que le da sentido y legitimidad.

Por eso, hay que insistir en que el principio de legalidad, en un Estado constitucional, ya no puede operar como una categoría cerrada, aislada o autosuficiente. La legalidad es constitucionalizada, y con ello, el juez no solo aplica normas, sino que realiza el derecho, garantizando que cada decisión sea respetuosa de la supremacía constitucional, de los derechos fundamentales y de la justicia material. Esta es la única vía para que el derecho no se convierta en una técnica vacía, sino en un instrumento de dignidad y libertad en las sociedades contemporáneas.

IV. La ductilidad del derecho y el rol de los principios

Como señala Zagrebelsky en El derecho dúctil, el derecho contemporáneo no se compone únicamente de reglas rígidas, sino también de principios y valores, los cuales carecen de carácter absoluto y exigen una labor de ponderación. De ahí que la aplicación judicial no pueda reducirse a la subsunción automática en la norma legal: requiere un ejercicio hermenéutico complejo, donde la razonabilidad, la proporcionalidad y la justicia material tienen un rol determinante.

Los principios constitucionales —igualdad, dignidad, justicia, utilidad social— actúan como criterios de validez y corrección de la ley. Por tanto, la ley no se agota en su formalidad, sino que debe armonizarse con el conjunto de valores superiores del ordenamiento.

Los neopositivistas insisten en que a los jueces hay que “atarlos cortito”, argumentando que estos no deben ponderar principios y valores libremente, sino que la ley debe delimitar expresa y estrictamente cómo y hasta dónde pueden llegar en su labor interpretativa. Según esta crítica, si se acepta que cualquier principio puede derrotar una regla, entonces el juez tendría una discrecionalidad ilimitada, lo que abriría la puerta a decisiones arbitrarias, justificadas bajo principios seleccionados de forma antojadiza. Esta visión revela, en el fondo, una desconfianza estructural hacia el poder judicial —una suerte de temor a la “gobernanza de los jueces”— que, hay que decirlo, es un sentir crónico desde las bases mismas del positivismo clásico y su rechazo al judicialismo.

Pero lo cierto es que, en el Estado constitucional de derecho, no se concibe al juez como un sujeto caprichoso o activista sin límites, ni tampoco como un mero ejecutor de textos legales. El juez constitucional es, ante todo, un garante de la supremacía normativa de la Constitución y de los derechos fundamentales. No se trata de “atarlo cortito”, sino de exigirle motivación rigurosa, sujeción a estándares de razonabilidad y fidelidad a los principios y valores constitucionales. La ponderación no es licencia para decidir arbitrariamente, sino una técnica jurídica con estructura argumentativa que permite resolver conflictos normativos complejos en contextos donde las reglas legales resultan insuficientes o contradictorias.

Por tanto, todo lo contrario: lejos de reducir su función, en el Estado constitucional el juez ve ampliadas sus responsabilidades hermenéuticas y de control. No para sustituir al legislador, sino para garantizar que toda decisión jurídica —aun basada en la ley— sea conforme con la Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento. La confianza no debe depositarse exclusivamente en el texto de la ley, sino en un sistema de garantías donde el juez cumple un rol esencial como intérprete último del sentido constitucional del Derecho.

En este contexto, es importante destacar que el sistema constitucional dominicano presenta una particularidad que lo distingue incluso frente a esquemas europeos de control concentrado: en la República Dominicana, todos los jueces del Poder Judicial son, en efecto, jueces constitucionales. Esto se debe a la existencia de un sistema de control de constitucionalidad difuso, reconocido expresamente por la Constitución, que les permite inaplicar, en el caso concreto, cualquier norma legal que consideren incompatible con el texto constitucional.

Esta facultad no es una excepción ni una prerrogativa extraordinaria, sino una manifestación directa de la supremacía constitucional consagrada en el artículo 6 de la Carta Magna. La Constitución no solo autoriza, sino que ordena a todos los jueces “decir el Derecho” conforme a su contenido, lo que supone un mandato de interpretación y aplicación constante bajo la óptica del Estado social y democrático de derecho que la misma Constitución define como su modelo político-jurídico.

Y esto implica, a su vez, que el derecho no se reduce a la ley, ni la labor judicial se limita a la subsunción mecánica. Supone asumir que, tal como hemos venido sosteniendo, la Constitución no es un texto decorativo ni una declaración política de intenciones, sino la norma fundamental que informa y rige todo el ordenamiento. Por tanto, los jueces dominicanos, en su función cotidiana, están llamados no solo a aplicar la ley, sino a garantizar que esta se aplique conforme a los principios de dignidad, igualdad, justicia social y democracia sustantiva que la Constitución reconoce y protege. Así entendido, el control difuso no es un privilegio judicial, sino una responsabilidad constitucional indeclinable.

V. La tensión entre seguridad jurídica y justicia constitucional

El rechazo a la noción de “estricta legalidad” no significa negar la importancia de la seguridad jurídica. De hecho, quienes defienden su vigencia alegan que la apertura de los jueces a principios puede dar lugar a un activismo judicial desbordado, debilitando la certeza del derecho y transfiriendo al juez un poder discrecional que podría sustituir al legislador.

No obstante, la respuesta del constitucionalismo es clara: el límite al poder judicial no se encuentra en la “estricta legalidad”, sino en la fidelidad a la Constitución. El juez no aplica su propia justicia, sino la justicia constitucional. Así, se equilibra la seguridad jurídica con la supremacía constitucional.

Es tan categórica la expansión constitucional en los sistemas jurídicos contemporáneos, que ya no es posible concebir la legalidad como un espacio autónomo y autosuficiente, desligado de los principios, valores y derechos fundamentales consagrados en la Constitución. La ley, para ser válida y aplicable, debe no solo emanar del procedimiento formal adecuado, sino también respetar sustancialmente el contenido constitucional.

Por eso, la seguridad jurídica del Estado constitucional no se garantiza por el apego ciego a la literalidad de la norma, sino por la coherencia entre la actuación judicial, la ley y la Constitución. El juez no puede —ni debe— sustituir al legislador, pero tampoco puede convertirse en un ejecutor irreflexivo de normas legales inconstitucionales. Su rol consiste en integrar el ordenamiento jurídico bajo la guía de la supremacía constitucional, aplicando la ley en tanto sea conforme a ella, y asegurando que sus decisiones estén debidamente motivadas, fundadas y orientadas por la justicia constitucional, no por subjetividades ni arbitrios.

En definitiva, el rechazo a la “estricta legalidad” no debilita el Estado de derecho; al contrario, lo fortalece, al subordinar toda función jurisdiccional al marco constitucional, garantizando un equilibrio entre certeza normativa, legitimidad democrática y justicia material. Y es que la violación de derechos fundamentales no puede analizarse en abstracto ni resolverse exclusivamente con base en reglas generales y predeterminadas. Por su propia naturaleza, los derechos fundamentales operan en contextos específicos, muchas veces conflictivos entre sí, y su eventual vulneración requiere un análisis casuístico, es decir, caso por caso, atendiendo a las particularidades fácticas, jurídicas y axiológicas de cada situación concreta.

Este carácter casuístico es inherente a la estructura misma de los derechos fundamentales, los cuales —a diferencia de las reglas legales— no se aplican de forma automática, sino que requieren ponderación, interpretación sistemática y un juicio de proporcionalidad que permita armonizar los distintos bienes constitucionales en juego. Pretender resolver conflictos de derechos únicamente a partir de reglas generales, pretextando que se trata de un ámbito de “estricta legalidad”, sin atender a las circunstancias específicas del caso, conduce irremediablemente a soluciones injustas, ineficaces y contrarias a la finalidad misma del Estado constitucional de derecho.

En efecto, la tutela judicial efectiva, reconocida como pilar del Estado de derecho, exige no solo acceso a un juez, sino también una respuesta razonada, fundada y ajustada a la Constitución. Y esto no es posible sin un margen de apreciación judicial que permita valorar el contexto, identificar la existencia o no de una restricción indebida a un derecho fundamental y determinar si dicha restricción es legítima, necesaria y proporcionada.

Por tanto, la interpretación judicial rígida, atada únicamente a reglas legales abstractas, resulta incompatible con una comprensión moderna y garantista de los derechos fundamentales. En el Estado constitucional, la legalidad -hay que insistir en eso- no puede ser un obstáculo para la justicia material, y la labor del juez consiste precisamente en transformar el mandato normativo en soluciones jurídicas que concreten los derechos constitucionales en situaciones reales. La regla general es punto de partida, no de llegada; el destino final es siempre la justicia conforme a la Constitución.

VI. Conclusión

En el contexto del constitucionalismo contemporáneo, sostener la existencia de una “estricta legalidad” desligada de la Constitución resulta anacrónico. El derecho actual exige comprender la legalidad como legalidad constitucionalizada, es decir, como una legalidad filtrada por los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta Fundamental de la nación.

La ley solo puede ser legítima si es justa y útil, como ordena la propia Constitución dominicana (Art. 40.15), y su aplicación debe estar mediada por la razonabilidad y la proporcionalidad. De ahí que el juez, lejos de ser un autómata de la norma, se convierte en garante de la supremacía constitucional, asumiendo que el derecho es, como diría Zagrebelsky, esencialmente dúctil.

La estricta legalidad, en sentido decimonónico, cede su lugar a la juridicidad constitucional, donde la certeza y la justicia no se conciben como opuestas, sino como dimensiones complementarias de un mismo ideal jurídico.