Por: Yoaldo Hernández Perera

En la historia de la República Dominicana, el debate sobre quién fue el primer presidente tiene sus matices debido a la confusión sobre los roles y la naturaleza de los cargos en los primeros momentos de la independencia del país.

Pedro Santana es generalmente considerado el primer presidente de la República Dominicana, ya que asumió formalmente la presidencia en 1844, tras la proclamación de la independencia en febrero de ese mismo año. Santana fue elegido presidente en una convención nacional que lo nombró para ese puesto, y es conocido por haber liderado el país en los primeros años de la República.

Por otro lado, Francisco del Rosario Sánchez fue uno de los líderes más importantes en la lucha por la independencia y, aunque presidió la Junta Gubernativa Provisional en 1844 antes de la elección formal de Santana, su rol fue más bien provisional y no el de un presidente electo de manera formal y establecida como Santana. Sánchez asumió la presidencia de la Junta Gubernamental cuando se proclamó la independencia el 27 de febrero de 1844, pero su mandato fue breve, ya que fue sucedido por Santana poco después.

En palabras del historiador Jaime de Jesús Domínguez, para gobernar la naciente República Dominicana, el día 28 se creó la Junta Gubernativa Provisional, con Sánchez presidiéndola, y el 1ro. De marzo fue sustituida por el organismo llamado Junta Central Gubernativa, integrado por diez miembros, con Tomás Bobadilla como presidente[1]. De su lado, otro estudioso de nuestra historia, Orlando Inoa, explica que luego del trabucazo de Mella los dominicanos que propugnaban la separación de Haití se trasladaron a la Puerta del Conde y allí proclamaron nuestra independencia; pero Francisco del Rosario Sánchez llegó al baluarte en la madrugada del 28 de febrero, precisando dicho historiador que Sánchez no había acudido a tiempo para la convocatoria porque algunos haitianos merodeaban alrededor de su escondite, pero que, una vez llegó, pasó de inmediato a presidir la Junta Gubernativa Provisional que se había formado horas después de la proclama, con la tarea de dirigir el levantamiento.

El mencionado historiador relata que, temerosos de una nueva invasión haitiana, los dominicanos, liderados por el sacerdote Tomás de Portes y Tomás Bobadilla (presidente de la Junta Central Gubernativa), intentaron gestionar protección de Francia. Sin embargo, los febreristas[2] se opusieron al protectorado, convencidos de que podían lograr la libertad sin ataduras extranjeras. Esto desencadenó el golpe de Estado del 9 de junio de 1844, con Francisco del Rosario Sánchez al frente. No obstante, su mandato fue breve, ya que el poder estaba dividido entre Santana, quien controlaba el sur, y Duarte, presidente del Cibao. Al enterarse del golpe, Santana marchó a la capital el 12 de julio y, sin resistencia, restableció la antigua junta, proclamándose presidente[3]. Durante su primer gobierno (1844-1848), Santana adoptó una postura dictatorial que mantuvo durante toda su carrera política[4].

En definitiva, Pedro Santana es reconocido como el primer presidente oficial de la República Dominicana. Aunque Francisco del Rosario Sánchez desempeñó la presidencia de la Junta Gubernamental Provisional, no fue un presidente formalmente electo en el mismo sentido que Santana. Así, la respuesta a la interrogante planteada en este escrito es clara: Pedro Santana fue el primer presidente constitucional de la República Dominicana.

[1] DE JESÚS DOMÍNGUEZ, Jaime. Historia dominicana, p. 103.

[2] Facción que aglutinaba a los que creían que era posible ser libres sin ataduras de ningún país. Era un grupo de líderes y patriotas dominicanos que, tras la proclamación de la independencia en 1844, se oponían a la idea de un protectorado francés y a las medidas que consideraban como una posible subordinación a un poder extranjero. Su nombre proviene de la Revolución de Febrero de 1844, en la cual buscaron un modelo republicano independiente y libre de influencias externas, especialmente tras los temores de una invasión haitiana. contaba con el liderazgo de figuras clave como Francisco del Rosario Sánchez, quien fue presidente de la Junta Central Gubernativa en 1844. Los febreristas eran, en su mayoría, patriotas que luchaban por mantener la independencia de la nueva República Dominicana sin caer bajo la tutela de naciones extranjeras como Francia. El conflicto entre los febreristas y otras facciones, como los santanistas (seguidores de Pedro Santana), se dio debido a las diferencias sobre cómo debía garantizarse la independencia del país, lo que llevó a varias tensiones políticas y enfrentamientos internos en los primeros años de la república.

[3] Cfr INOA. Orlando. Breve historia dominicana, pp. 106-110.

[4] La figura controvertida de Pedro Santana, marcada por luces y sombras, desempeñó un papel crucial en la defensa de nuestra independencia. Sin embargo, lamentablemente, sus acciones posteriores oscurecieron su legado y empañaron su lugar en la historia.

Por.: Yoaldo Hernández Perera

 La Batalla del 19 de Marzo representa para los dominicanos un hito fundamental en la defensa de la independencia nacional, porque marcó el primer gran triunfo contra el ejército haitiano, que había invadido el país tras la proclamación de la independencia. Esta victoria no solo demostró la valentía y el sacrificio del pueblo dominicano, sino que también consolidó el deseo de libertad y autonomía frente a los intentos de subyugación extranjera. Hay que recordar que este conflicto fue parte de un proceso más amplio de afirmación de nuestra independencia, que comenzó con el trabucazo del 27 de febrero de 1844, y que reflejaba el profundo sentimiento nacionalista de los dominicanos. Por tanto, esta batalla se erige como un símbolo de unidad, resistencia y determinación para mantener la soberanía del país, a pesar de las adversidades.

Es por eso que, como buenos dominicanos, debemos honrar a aquellos que dieron su vida en esta batalla, recordando su valentía y sacrificio. Debemos seguir fortaleciendo ese espíritu patriótico que nos une como nación, ya que, en definitiva, la Batalla del 19 de Marzo nos enseña que la libertad y la independencia no se logran sin esfuerzo, pero también que la unidad del pueblo dominicano es la clave para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Moya Pons narra que el día 18 de marzo apareció frente a la ciudad de Azua el ejército haitiano comandado personalmente por el presidente Hérard.

Allí tomó posiciones en las orillas del río Jura, donde estableció su campamento, y al otro día, el 19, lanzó sus tropas de vanguardia organizadas en plan de ataque, divididas en dos columnas de infantería acompañadas de caballería. Los dominicanos los recibieron a cañonazos mientras su infantería disparaba a fuego cerrado. Después de una refriega que duró un par de horas, los haitianos se replegaron a su campamento y recogieron sus heridos y muertos. No hubo, según externa el citado historiador, otro encuentro entre ambos grupos durante ese día[1].

Gutiérrez Félix, de su lado, sobre el comentado episodio bélico, ha expuesto que Charles Hérard, presidente de Haití, invadió con un gran ejército, dividido en dos cuerpos, la parte oriental para someter a los patriotas que habían proclamado la Independencia. Sostiene dicho autor que el 18 de marzo estaban en las afueras de Azua, donde encontraron la vanguardia del ejército que se había formado bajo la jefatura de Pedro Santana. Esa vanguardia estaba comandada por Antonio Duvergé, quien tenía como subalternos a Vicente Noble, Manuel Mora y Matías Vargas, quienes se habían enfrentado al ejército invasor.

Sigue sosteniendo Gutiérrez Félix que los combates comenzaron en las primeras horas de la mañana del 19. Los haitianos fueron sorprendidos por dos cañones instalados por Francisco Soñé en unos pequeños cerros a la entrada del sur. Sus disparos causaron severas bajas a los atacantes. Pero a la caída de la tarde la lucha era encarnizada debido a la superioridad del enemigo en hombres y armamentos. Entonces Duvergé, como jefe de vanguardia, ordenó un ataque en masa con el machete. Por segunda vez en la historia militar del pueblo dominicano, se utilizó ese instrumento de trabajo como arma de combate. Ya se había usado en la batalla de Palo Hincado, en 1808. En Azua, la decisión de los dominicanos y el valor y energía de sus jefes, en ese asalto inesperado, desconcertó a las tropas haitianas. Al filo del machete se retiraron en desorden del campo de batalla, dejando cientos de muertos y heridos[2].

Bajo la tinta de Orlando Inoa, se narra que el 18 de marzo Hérard, quien a su vez era el comandante de las tropas invasoras, estaba frente a Azua, donde instaló un campamento a orillas del río Jura. Había llegado sin gran dificultad, a pesar de los esfuerzos de detenerlo de Fuente del Rodeo (el verdadero bautismo de sangre de la república) y Cabezas de las Marías. Según este autor, en sintonía con los anteriores historiadores, la milicia dominicana que salió del encuentro de los haitianos estaba formada en su mayor parte por un contingente de campesinos del este del país sin entrenamiento militar que, siguiendo a Pedro Santana, llegó a Santo Domingo a principios de marzo, portando lanzas y machetes[3].

Sobre los episodios históricos narrados precedentemente, forjados a base de sangre y arrojo de grandes dominicanos, diría un poeta que la Batalla del 19 de Marzo no solo fue un enfrentamiento de armas, sino una victoria del alma dominicana, que se alzó en unidad y coraje frente a la adversidad.

En sus versos, evocaría el eco de los machetes que cortaron el miedo y la incertidumbre, y el rugir de los cañones que dejaron claro que la libertad no se regala, sino que se conquista con sangre y fuego. “El pueblo unido jamás será vencido”, cantarían las estrellas, como testigos de un amanecer de independencia que no fue solo el triunfo de un ejército, sino el triunfo del espíritu indomable de una nación que, a pesar de los desafíos, sigue firme en su propósito de ser libre.

Así, un poeta (o alguien con alma de tal) nos recordaría que la memoria de aquellos héroes no debe desvanecerse en el tiempo, sino que debe vivir en cada uno de nosotros, como un faro de esperanza y fortaleza. Porque, en lenguaje de elevación espiritual, “la libertad no se olvida, se defiende y se celebra, siempre en unidad”.

Venga, pues, un sentido canto de reconocimiento a los héroes del imborrable 19 de marzo de 1844, quienes, con su valentía y sacrificio, cimentaron el camino hacia la libertad de nuestra nación. Destacándose, aunque luego vinieran sombras que matizaran su nombre histórico, el General Pedro Santana: comandante de las tropas dominicanas, que con astucia y firmeza condujo en ese momento a nuestros hombres a la victoria; junto a Antonio Duvergé, Juan Esteban Ceara, Lucas Díaz, Luis Álvarez, Vicente Noble, Manuel Mora, Matías Vargas y otros valientes soldados.

Estos nombres están escritos en nuestra historia no solo con tinta, sino con la sangre y el esfuerzo de aquellos que dieron todo por la libertad. Son los que nos enseñaron que la independencia se defiende con coraje, unidad y amor a la patria. Su impronta resuena en cada rincón de la República Dominicana, recordándonos que la libertad que hoy gozamos fue ganada con sacrificio y dignidad, y que nunca debemos olvidar el legado de aquellos que lucharon por ella, tanto para proclamarla como para mantenerla viva.

Por eso hoy, al conmemorarse otro año más de aquella icónica batalla, la historia se erige ante nosotros como una brújula que guía y un sol que brilla sin quemar. Es un llamado a las nuevas generaciones a emular las buenas acciones de nuestros héroes, a tomar en sus manos el legado de valentía y sacrificio que nos dejaron. Recordar esta lucha no solo es honrar el pasado, sino también sembrar en el presente la conciencia de que la defensa de nuestra dominicanidad es un compromiso continuo, un deber que debe perdurar a través de los tiempos.

[1] Cfr MOYA PONS, Frank. Manual de historia dominicana, 16 edición, p. 276.

[2] Cfr GUTIÉRREZ FÉLIX, Euclides. Héroes y próceres dominicanos y americanos, 6ta. edición, pp. 73-76.

[3] Cfr INOA, Orlando. Breve historia dominicana, p. 106.

Por.: Yoaldo Hernández Perera

En el latir de antaño de la Calle El Conde, una de las arterias más emblemáticas del Distrito Nacional, yace una historia que ha trascendido el tiempo y que, a pesar de las sombras de la duda, ha perdurado en el imaginario popular. Se cuenta que, durante la construcción del imponente edificio Copello[1], un grupo de trabajadores tropezó con un hallazgo insólito: una botijuela[2] enterrada, rebosante de monedas de oro. El oro, que parecía un tesoro olvidado por la historia, despertó en los obreros la tentación de apropiarse de él. Sin embargo, cuando la codicia estaba a punto de tomar la delantera, intervino la mano dura del hermano del tirano, quien, con una simple declaración: “eso pertenece al Estado”, dispuso de la suerte del botín, sellando el destino (no del todo conocido) de aquellas monedas.

Como en tantas leyendas urbanas, la veracidad de este relato ha quedado envuelta en el misterio. Las historias como estas suelen escurrirse entre los pliegues del tiempo, desafiando la evidencia. Sin embargo, a veces el pasado tiene una forma peculiar de revelar sus secretos, y cuando el río suena, es porque agua trae, como dice el pueblo. Aunque no podamos afirmar con certeza que los eventos sucedieron exactamente como se cuentan, la memoria colectiva del pueblo sigue dando testimonio de lo ocurrido.

Este breve escrito se adentra en ese relato, explorando la historia de la botijuela y las monedas de oro, y lo que la leyenda nos dice sobre el poder, la avaricia y las sombras del pasado que, aún hoy, se ocultan en los rincones de la ciudad. Al respecto, salió publicado lo siguiente en la entrega de Diario Libre del 03 de diciembre del 2017[3]:

Se cuenta que durante la demolición de las casas coloniales que ocupaban el solar donde se construyó este edificio, apareció en una de las paredes una “botija” llena de morocotas[4] de oro provocando el consabido escándalo, los obreros rápidamente se apropiaron de las monedas que pudieron, hasta que apareció Petán Trujillo y puso el orden y recogió las monedas que pudo porque “eran del Estado”.

Como hemos señalado anteriormente, no existe una prueba concluyente que respalde la veracidad del hallazgo de este supuesto “tesoro oculto”. Sin embargo, a la luz de lo que revela la historia de la oscura etapa de nuestro país, comprendida entre 1930 y 1961, y en caso de que dicho hallazgo haya sido real, no cabe duda de que el régimen de entonces dispuso cuál sería el destino de dicho botín. Y si algo queda claro es que este tipo de descubrimientos plantea interrogantes sobre la gestión de bienes culturales y patrimoniales en el país, especialmente en lo que respecta a la protección y conservación de objetos de valor histórico.

Parece como si el mismo destino de ese pedazo de tierra, sobre el cual se erigió el emblemático Edificio Copello, estuviera “condenado” a resaltar en momentos cruciales de nuestra historia. Desde sus cimientos, la supuesta aparición de la botijuela parece presagiar el florecimiento de este lugar, que, con su imponente arquitectura, no solo se distinguió en su esplendor, sino que también se convirtió en escenario de trascendentales episodios de nuestra nación, con la figura de Caamaño Deñó a la cabeza. A medida que el tiempo pasó y el edificio envejeció, ese mismo espacio sigue siendo un testigo mudo de momentos históricos. Algo grande y significativo parece estar destinado a suceder siempre en ese rincón de la patria, como si la tierra misma guardara en su interior los ecos de los momentos más relevantes de nuestro pasado.

[1] El Edificio Copello, ubicado en la calle El Conde esquina Sánchez, fue diseñado por don Guillermo González Sánchez, considerado padre de la arquitectura moderna dominicana, y fue inaugurado el 16 de agosto en el año 1939. De interés histórico es recordar que, en 1965, el gobierno constitucionalista del Coronel de Abril, Francisco Alberto Caamaño Deñó, que enfrentara dignamente la segunda invasión norteamericana del siglo XX, tuvo su sede en este elegante edificio, que aún muestra los impactos de las balas en sus paredes.

[2] En el contexto histórico, “botijuela” hace referencia a un recipiente tradicional utilizado para almacenar agua u otros líquidos, especialmente en épocas pasadas. El término “botijuela” proviene de la palabra “botijo”, que se refiere a un tipo de jarra o recipiente de barro, comúnmente usado para el agua. Ese tipo de recipiente, durante tiempos de incertidumbre, como guerras, invasiones, o épocas de crisis, muchas personas lo usaban para esconder sus bienes más preciados, como monedas de oro, plata, joyas o documentos importantes, para evitar que fueran robados o confiscados. Las botijuelas, debido a su capacidad para sellarse y la durabilidad del material (barro o cerámica), eran ideales para este propósito.

[3] El edificio Copello, 1939 – Diario Libre

[4] La morocota es una moneda de oro histórica de Venezuela, pero su significado ha trascendido a la cultura popular como sinónimo de un objeto de gran valor o riqueza.

Por.: Yoaldo Hernández Perera

Sumario

I.- Aproximación a la cuestión, II.- Lectura restrictiva: el silencio absoluto de la Corte sobre una norma jurídica, III.- Lectura flexible: La necesidad de reforzar o rectificar los precedentes, IV.- Cultura exegética y el futuro de la interpretación de la “trascendencia de iniciar a crear doctrina jurisprudencial”, como causa del interés casacional, V.- Conclusión.

I.- Aproximación a la cuestión

El artículo 10.3 de la Ley 2-23, que regula el recurso de casación, establece el concepto de “interés casacional”, y en la letra c) se prevé cómo la Corte de Casación debe actuar en situaciones donde no existe una doctrina jurisprudencial establecida sobre una norma jurídica. La interpretación de este artículo ha generado diversas opiniones, especialmente en cuanto a la posibilidad de que el interés casacional se limite solo al silencio absoluto de la Corte sobre una determinada norma jurídica o, por el contrario, que se amplíe para incluir la necesidad de rectificar o reforzar precedentes jurisprudenciales existentes.

Expresamente, el comentado artículo 10.3.c) de la Ley núm. 2-23, de Recurso de Casación, sobre la trascendencia de iniciar a crear doctrina jurisprudencial como causa del interés casacional, establece lo siguiente: “Las sentencias que apliquen normas jurídicas sobre las cuales no exista doctrina jurisprudencial de la Corte de Casación, y esta última justifique la trascendencia de iniciar a crear tal doctrina”. En este breve escrito abordaremos ambas posturas sobre la interpretación de este texto (rígida y flexible), con el fin de reflexionar sobre cuál de ellas es más adecuada para el desarrollo del derecho y para la consolidación de un sistema judicial coherente con el Estado constitucional de derecho.

II. Lectura restrictiva: el silencio absoluto de la Suprema Corte de Justicia sobre una norma jurídica

Una interpretación restrictiva del artículo 10.3.c podría entender que el interés casacional solo se presenta cuando la Suprema Corte de Justicia no se ha pronunciado nunca sobre una norma jurídica en particular. Según esta visión, el interés casacional surgiría exclusivamente ante la ausencia total de pronunciamientos previos sobre una norma, sin considerar los matices que podrían derivarse de las interpretaciones de la doctrina y de los precedentes judiciales.

Sin embargo, este enfoque resulta reduccionista, pues limita la función de la Corte a la mera ausencia de pronunciamientos previos sobre una norma jurídica. Siendo oportuno señalar que la noción de “norma jurídica” no debe reducirse exclusivamente a la ley escrita, obviando otros elementos fundamentales en el sistema jurídico. El derecho no se conforma únicamente con la ley; existen otros tipos de normas, como los principios generales del derecho, los precedentes normativos y vinculantes del TC, etc. Una visión estrictamente literal del texto no debe restringir el concepto de norma jurídica solo a la ley, sino considerar todas las fuentes del derecho que influyen en la creación y aplicación del ordenamiento jurídico.

III. Lectura flexible: La necesidad de reforzar o rectificar los precedentes

Por otro lado, una interpretación más flexible del artículo 10.3.c sugiere que el interés casacional no debe limitarse al silencio total de la Corte sobre una norma, sino que también debe incluir situaciones en las que sea necesario rectificar o reforzar precedentes jurisprudenciales existentes. Este enfoque se basa en la premisa de que la jurisprudencia no es estática, sino que es un cuerpo normativo vivo que debe evolucionar con el tiempo para adaptarse a los cambios sociales, políticos y económicos.

En este sentido, la creación de doctrina jurisprudencial puede ser necesaria, no solo para abordar cuestiones inéditas, sino también para aclarar, corregir o reforzar interpretaciones previas. Esto se vuelve especialmente relevante cuando un precedente anterior del tribunal es contradictorio con un principio constitucional, una nueva ley, o incluso con la evolución del pensamiento jurídico. Así, la Corte de Casación podría ejercer su papel no solo al crear doctrina sobre normas no interpretadas antes, sino también al rectificar o fortalecer precedentes existentes que se vean desfasados o que hayan sido contradichos por nuevos desarrollos en el derecho.

Este enfoque refleja una visión más dinámica del derecho, acorde con el principio de que la justicia debe evolucionar y ajustarse a las nuevas realidades sociales y jurídicas. De este modo, se contribuiría a la consolidación de un “derecho jurisprudenciado”, en el que la jurisprudencia no sea un conjunto rígido de normas, sino una herramienta de interpretación y adaptación continua.

IV. Cultura exegética y el futuro de la interpretación de la “trascendencia de iniciar a crear doctrina jurisprudencial”, como causa del interés casacional

La tradición exegética de nuestra comunidad jurídica ha favorecido históricamente la interpretación literal y restrictiva de las normas. Esto ha generado una cultura en la que se tiende a ver la jurisprudencia como algo fijo y definitivo. Como resultado, es probable que, con el tiempo, se consolide la interpretación más restrictiva del artículo 10.3.c, entendiendo que el interés casacional solo existe en caso de un silencio total de la Corte sobre una norma jurídica. No obstante, esta interpretación puede resultar incompatible con el dinamismo propio del Estado constitucional de derecho, que exige una jurisprudencia flexible y adaptativa.

Es preferible que prime la segunda postura, la que entiende la comentada causal del interés casacional de manera más amplia y flexible. Este enfoque es más coherente con el modelo constitucional actual, en el que la jurisprudencia desempeña un papel fundamental en la interpretación y aplicación del derecho. Un sistema judicial que promueva la creación continua de doctrina jurisprudencial y la rectificación de precedentes obsoletos fortalecerá el Estado de derecho, garantizando que la justicia se adapte a las necesidades de la sociedad.

V.- Conclusión

La interpretación del interés casacional y su relación con la creación de doctrina jurisprudencial es un tema que debe ser analizado con cuidado, dada su importancia para el desarrollo del derecho y la consolidación de un sistema judicial moderno y justo. Si bien es probable que, debido a nuestra cultura exegética, se consolide la interpretación restrictiva del artículo 10.3.c de la Ley núm. 2-23, de Recurso de Casación, lo deseable sería que se adoptara una postura más flexible. Esto permitiría que la Corte de Casación no solo cree doctrina sobre normas no previamente interpretadas, sino también que refuerce o rectifique precedentes existentes. Esta visión más dinámica y adaptable de la jurisprudencia está alineada con el Estado constitucional de derecho y contribuiría a consolidar un “derecho jurisprudenciado”, que es la tendencia, en el que la justicia evoluciona de manera coherente con los tiempos y las realidades sociales.

Por.: Yoaldo Hernández Perera

                    Sumario

I.- Aproximación a la cuestión, II.- Un panorama de dependencia y control, III.- La perspectiva jurídica del tecnofeudalismo, IV.- La necesidad de un marco legal internacional, V.- Conclusión.

1. Aproximación a la cuestión

En concreto, el denominado tecnofeudalismo consiste en un sistema socioeconómico en el que las grandes corporaciones tecnológicas, como Google, Amazon, Facebook y Apple, han adquirido un control tan profundo sobre los datos, las infraestructuras digitales y las plataformas esenciales para la vida cotidiana que los usuarios se ven relegados a un rol similar al de los siervos en el feudalismo tradicional. En este nuevo paradigma, las corporaciones se convierten en los “señores” que gestionan el acceso a recursos fundamentales, como la información, los servicios y las redes sociales, mientras que los individuos, en lugar de ser libres propietarios de su autonomía digital, se ven atrapados dentro de un sistema de dependencia, en el que su acceso a bienes y servicios está condicionado por las reglas impuestas por estas empresas.

Varios autores se han referido a este concepto, destacando sus implicaciones tanto en el ámbito económico como en el social. Entre ellos, el sociólogo Shoshana Zuboff, en su obra The Age of Surveillance Capitalism[1], ha sido una de las voces más influyentes al señalar cómo las empresas tecnológicas han transformado los datos personales en un recurso valioso, sometiendo a los usuarios a una constante recolección y comercialización de su información. Otros estudiosos como Evgeny Morozov[2] también han explorado cómo las plataformas digitales han concentrado poder en manos de unos pocos actores, creando un escenario donde el control de la infraestructura tecnológica redefine las relaciones de poder globales.

Es una nueva realidad que, para explicarlo, se ha comparado con el feudalismo tradicional de la época medieval, consistente en una estructura social jerárquica en la que los señores feudales controlaban grandes extensiones de tierra y los siervos dependían de ellos para acceder a los recursos necesarios para vivir. De manera análoga, en el tecnofeudalismo, los “señores digitales” controlan vastos recursos de información y tecnología, mientras que los usuarios, aunque no poseen tierras, dependen de estas plataformas tecnológicas para llevar a cabo funciones esenciales de la vida cotidiana, como trabajar, comunicarse, comprar o incluso educarse. Este control de las plataformas y de los datos genera una nueva forma de subordinación, donde la autonomía del individuo queda limitada y los derechos fundamentales[3] de los usuarios se ven vulnerados por la falta de regulación y transparencia en las prácticas digitales de estas corporaciones.

En el contexto actual, dominado por la digitalización y las grandes corporaciones tecnológicas, el concepto de “tecnofeudalismo” ha emergido como una nueva forma de organización socioeconómica, que podría redefinir las relaciones de poder y propiedad en la sociedad globalizada. Este término, inicialmente acuñado en el ámbito de la economía, ha generado un amplio debate, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde una óptica jurídica. Específicamente, surge la necesidad de reflexionar sobre cómo este nuevo orden impacta los derechos fundamentales de los individuos y cómo los marcos legales existentes pueden quedar obsoletos frente a los nuevos retos que plantea este fenómeno. Es fundamental, por tanto, que la cuestión del tecnofeudalismo también sea abordada desde una perspectiva jurídica, reforzando la necesidad de un marco legal robusto, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar la protección de los derechos fundamentales en este nuevo contexto digital.

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II.- Un panorama de dependencia y control

El tecnofeudalismo, como hemos adelantado, se refiere a una forma de organización social y económica en la que una élite de grandes corporaciones tecnológicas ejerce un poder de control absoluto sobre los recursos digitales y las infraestructuras tecnológicas, generando un panorama de dependencia en la que los individuos se ven relegados a un papel similar al de los siervos medievales. Esta nueva “feudalización” no se basa en la propiedad de tierras, como en el caso del feudalismo tradicional, sino en la posesión y el control de los datos y las plataformas digitales que estructuran la vida moderna.

En este sistema, las grandes empresas tecnológicas (como Google, Amazon, Facebook, Apple, entre otras) poseen y gestionan los datos personales, las infraestructuras de comunicación y las plataformas a través de las cuales los usuarios acceden a servicios esenciales como la información, el comercio, la educación y la comunicación. De esta manera, los usuarios dependen de estas empresas para acceder a bienes y servicios básicos, mientras que las corporaciones acumulan poder y riqueza de manera desmesurada.

III.- La perspectiva jurídica del tecnofeudalismo

Desde una perspectiva jurídica, el tecnofeudalismo implica la erosión de varios principios fundamentales que protegen los derechos de los individuos en una sociedad democrática. Uno de los aspectos más críticos es la vulneración de la autonomía y la libertad de los individuos. Al depender de gigantes tecnológicos para acceder a servicios esenciales, los ciudadanos se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por estas corporaciones, que a menudo no están sujetas a regulaciones adecuadas. La falta de competencia, la invasión de la privacidad y el control sobre la información personal son solo algunos de los problemas que surgen en este contexto.

Además, el tecnofeudalismo pone en cuestión el derecho a la igualdad. Al concentrarse el poder en unas pocas entidades, se profundiza la brecha entre aquellos que tienen acceso y control sobre las infraestructuras digitales y aquellos que quedan excluidos de ellas. En muchas ocasiones, los servicios ofrecidos por estas corporaciones no son accesibles para todos los individuos, especialmente en países con menor desarrollo económico, lo que genera una especie de “apartheid digital”, que es un término que describe la desigualdad en el acceso, uso y control de la tecnología y la información digital.

En el contexto de los derechos fundamentales, el tecnofeudalismo plantea serias preocupaciones sobre el derecho a la privacidad, el derecho a la información y el derecho a la participación. Estas prerrogativas se ven constantemente comprometidas por la falta de transparencia en el uso de los datos, la manipulación de la información y las prácticas de vigilancia masiva que las grandes empresas tecnológicas pueden llevar a cabo sin un control adecuado.

IV.- La necesidad de un marco legal internacional

Ante este panorama, la reflexión sobre el tecnofeudalismo debe trascender el análisis económico y sociológico, y profundizar en la necesidad de crear un marco legal global que regule las actividades de las corporaciones tecnológicas, proteja los derechos fundamentales de los usuarios y garantice la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien muchos países han comenzado a implementar normativas nacionales sobre la privacidad de datos y la competencia digital, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, aún existe una gran fragmentación normativa a nivel global. En nuestro país, justamente, existen aprestos para replantear aspectos de libertad de expresión y, en general, asuntos ligados al auge tecnológico.

La creación de un marco legal internacional es esencial para homogenizar las reglas y garantizar la protección de los derechos de los usuarios en un mundo digital interconectado. Tal marco debe ser flexible y adaptarse a la rapidez de los cambios tecnológicos, pero a la vez debe ser lo suficientemente robusto para evitar la concentración excesiva de poder en manos de unos pocos actores. Este marco debe incluir regulaciones claras sobre la libertad de expresión en contextos digitales, porque -al menos, en nuestro país- se ha llegado a creer que lo que se ha regulado para los medios convencionales (televisión y radio) no aplica a las redes sociales; la protección de datos personales, la propiedad intelectual, el acceso a la información y los derechos de los trabajadores digitales, entre otros aspectos.

Además, un marco legal internacional permitiría a los países en desarrollo acceder a la infraestructura digital de manera más equitativa, reduciendo las desigualdades en el acceso y uso de las tecnologías. Esto podría lograrse a través de la implementación de políticas que promuevan la competencia y la cooperación internacional en el sector digital, en lugar de la dominación por parte de unas pocas empresas multinacionales.

V.- Conclusión

El tecnofeudalismo no es solo un fenómeno económico, sino también un reto jurídico que implica la necesidad urgente de reforzar las normas y regulaciones legales en el ámbito digital. La protección de los derechos fundamentales, como la privacidad, la igualdad y la participación, está en juego, y es necesario que los marcos legales nacionales e internacionales evolucionen para adaptarse a los nuevos desafíos que plantea la digitalización. La creación de un sistema normativo global para regular las grandes corporaciones tecnológicas y garantizar la justicia social en el entorno digital es esencial para evitar que se profundicen las desigualdades y para proteger los derechos de todos los individuos en un mundo cada vez más interconectado.

Solo a través de un enfoque jurídico coherente y coordinado podremos enfrentar de manera efectiva las amenazas del tecnofeudalismo y construir una sociedad digital más justa y equitativa. En definitiva, no debemos olvidar que el desafío del tecnofeudalismo no solo reside en las prácticas abusivas de las grandes corporaciones, sino también en la fragilidad de los marcos legales existentes para hacer frente a la velocidad y la complejidad de los avances tecnológicos. Mientras las empresas tecnológicas continúan expandiendo su influencia global, la legislación se ve rezagada, con normas muchas veces desactualizadas para abordar la magnitud de los problemas emergentes, como la privacidad de datos, la monopolización digital y la desigualdad en el acceso a las tecnologías.

Es crucial que, en el proceso de construcción de un entorno digital más justo, no solo se busque regular a las grandes empresas tecnológicas, sino también fomentar una cultura de responsabilidad social, ética digital y transparencia. Además, debemos garantizar que el acceso a la tecnología y la información sea equitativo, protegiendo a las poblaciones vulnerables y asegurando que los avances digitales no profundicen las brechas existentes, sino que contribuyan a una mayor inclusión y justicia social. Solo con un enfoque legal y social que ponga a las personas en el centro y promueva el respeto a los derechos fundamentales será posible forjar una sociedad digital que sea verdaderamente democrática, participativa y, sobre todo, respetuosa de la dignidad humana que, como sabemos, es el eje donde se sustentan todos los demás derechos fundamentales.

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[1] Esta connotada académica, escritora y profesora emérita de la Harvard Business School, conocida por sus estudios sobre la tecnología, el poder y la economía digital, analiza cómo las grandes corporaciones tecnológicas, como Google, Facebook, han desarrollado un nuevo modelo económico basado en la recopilación masiva de datos personales para predecir y manipular el comportamiento de los usuarios, lo que ella ha denominado “capitalismo de vigilancia”.

[2] Este escritor investigador y crítico del país de Europa llamado Bielorrusia, especializado en el impacto político, social y económico de la tecnología. Es conocido por su enfoque escéptico hacia el optimismo tecnológico y por sus críticas a la creencia de que internet y la digitalización conducirán automáticamente a sociedades más democráticas y justas. Es sus obras, tales como “The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom” (2011) y “To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism” (2013), lanza críticas al poder de las grandes corporaciones tecnológicas y del tecnofeudalismo, y ha sido una voz importante de los debates sobre privacidad, vigilancia y el papel de Silicon Valley en la economía global.

[3] En palabras llanas, los derechos fundamentales son aquellas prerrogativas inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos, que deben ser protegidos por el Estado y respetados en todos los ámbitos de la vida. Estos derechos están reconocidos tanto en las constituciones nacionales como en instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, y abarcan aspectos esenciales como la dignidad, la libertad, la igualdad, la privacidad, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, el acceso a la educación, y la participación política, entre otros.

Precisión jurídica. Deslindes basados en derechos en cuotas porcentuales. El deslinde de una porción de terreno en base a constancias anotadas con derechos porcentuales, y no a metros cuadrados, constituye un tema complejo que debe ser abordado con una perspectiva que contemple tanto las disposiciones reglamentarias como las realidades socioeconómicas subyacentes, en la matriz de la cuestión constitucional. En este sentido, el vigente Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde (Res. núm. 790-2022) establece, en su artículo 4, párrafo II, que cuando los derechos sobre un inmueble estén expresados en términos de porcentaje o de proporción, procede la partición total del mismo, no así el deslinde ni la regularización parcelaria[1].

Al respecto, la doctrina inmobiliarista vernácula ha sostenido lo siguiente: “los derechos que están expresados en cuota porcentual, aparados en extractos de certificado de título, no se pueden deslindar, porque primero hay que someterlo a una partición total; recuérdese que el que tiene un extracto de certificado de título, su derecho está en cuota porcentual; en consecuencia, no sabe qué superficie, qué área le corresponde. Por esta razón, porque no están expresados sus derechos en metros cuadrados, no procede el deslinde”[2].

No obstante, existen circunstancias excepcionales que, por su naturaleza, requieren que los tribunales ejerzan una tutela diferenciada, con la debida motivación, en casos específicos. Como ha sostenido la doctrina constitucionalista, la tutela diferenciada no está sujeta a que el legislador prevea todo. La imprevisión o ambigüedad en la norma, en este caso, del reglamento aplicable, no debe servir de excusa para no ejercer una tutela diferenciada. Lo propio es ver cada caso concreto y decidir atendiendo a la realidad socioeconómica y, en general, de los principios y valores envueltos, con la debida motivación, que es lo que legitima -por regla general- la decisión[3].

Tal enfoque es particularmente relevante cuando los derechos son numerosos, ya que una persona que ha adquirido una porción de tierra expresada en porcentaje y en un metraje considerable, enfrenta, en la mayoría de los casos, la imposibilidad de financiar la partición total de esos derechos. En tales situaciones, la imposibilidad de cumplir con la partición de la totalidad del metraje no debe interpretarse como un impedimento para la protección de los derechos de quien ha comprado en buena lid solo una parte de dicho terreno. En este sentido, los tribunales, a fin de tutelar eficazmente el derecho patrimonial fundamental de la propiedad, deben buscar una solución procesal adecuada que permita la individualización del derecho de propiedad sin que la persona que ha comprado esté obligada a permanecer en un estado de indivisión.

Hay que tener en cuenta que ejercer la tutela judicial diferenciada significa reconocer la necesidad de adaptarse a las particularidades de cada caso, en aras de hacer justicia de forma equitativa y adecuada a las circunstancias[4]. Justamente, en un caso como este, con una nota particular, en el que el metraje del inmueble es muy elevado, lo que hace prácticamente imposible para el comprador pagar la mensura de todo el terreno para la partición, la cual, como regla general, prevé el reglamento como requisito para el deslinde, se plantea la dificultad inherente a aplicar la norma de forma estricta. Ante este escenario, y dado que el reglamento prohíbe el deslinde por cuotas porcentuales, la justicia sugiere diferenciar este tipo de situaciones, no “retorciendo” la norma, sino interpretándola conforme a los principios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, buscando una solución que respete el fin último de la norma, que no es otro que propiciar el pleno disfrute del derecho de propiedad, sin aplicar una interpretación literal que conduzca a un resultado desproporcionado o injusto para las partes involucradas.

La jurisprudencia de los tribunales ha mostrado que, en ciertos casos, el deslinde puede ser acogido incluso cuando los derechos constan en un formato porcentual en un certificado de título, lo cual, en rigor, convertiría dicha papelería en una suerte de “constancia anotada”[5]. De hecho, la Dirección Regional de Mensuras Catastrales está aprobando deslindes basados en derechos porcentuales, a pesar de que, inicialmente, el reglamento técnico prohíbe tal práctica[6].

En definitiva, los tribunales, si no advierten vulneración de derechos de terceros, deben ejercer una tutela diferenciada en estos casos, reconociendo el derecho del comprador que ha adquirido una porción porcentual[7]. Esto se encuentra en línea con el principio de justicia, que exige otorgar a cada quien lo que legítimamente le corresponde. La efectividad de esta tutela judicial se basa en la capacidad de los jueces para adaptarse a las circunstancias concretas, garantizando la seguridad jurídica y protegiendo los derechos de los adquirentes de bienes en formato porcentual, cuando, por el elevado porcentaje, no resulte posible para el comprador pagar la partición por el todo, que es la regla general. La comentada sería la excepción, diferenciando, con la debida motivación.

[1] La regularización parcelaria, en su esencia, constituye una modalidad de deslinde administrativo. En aquellos casos en los que no existen contradicciones ni circunstancias que requieran un examen exhaustivo por parte de los tribunales de jurisdicción original, se establece este trámite administrativo directo, que permite una tramitación más ágil desde la Dirección Regional de Mensuras Catastrales hasta el Registro de Títulos. Este no es el primer intento del sistema por agilizar las solicitudes de individualización de derechos en situaciones donde no haya controversia entre las partes. Con la Resolución núm. 3642-2016, que instauraba el Reglamento de Desjudicialización de Deslinde y Procedimientos Diversos, el órgano del Pleno de la Suprema Corte de Justicia había concebido los deslindes administrativos; sin embargo, la denominación “deslinde” en aquella oportunidad generó una controversia considerable, lo que llevó a la anulación de esa parte por el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Esto se debió a que el artículo 130, párrafo, de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, establece que el deslinde es un proceso contradictorio. En consecuencia, siendo la ley superior al reglamento en el sistema de fuentes, no era posible que un reglamento contraviniera el carácter contradictorio del deslinde. Esa decisión, buena o mala, fue acatada por el Poder Judicial: los deslindes administrativos fueron descontinuados, lo que provocó una nueva congestión de los tribunales inmobiliarios debido a la gran cantidad de solicitudes de deslinde que debían judicializarse. No obstante, por suerte, se retomó la fórmula administrativa con el nuevo Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde. No hay razón para temer a esta modalidad, que ha demostrado ser altamente eficiente, pues, ante cualquier situación que requiera un estudio más profundo, el asunto se judicializa de inmediato, conforme a lo previsto en la normativa.

[2] MONCIÓN, Segundo E. La litis, los incidentes y la demanda en referimiento en la jurisdicción inmobiliaria, 4ta. edición, pp. 521-522).

[3] Cfr JORGE PRATS, Eduardo. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, pp. 36-37.

[4] Viene al caso aquello que Aristóteles denominó “justicia animada”. En efecto, la ley tiene reglas generales, corresponde a los tribunales aplicarlas con justeza a cada caso concreto, dándole una razonable concreción. Para ello, evidentemente, debe aplicarse una debida motivación que se baste en hecho y en derecho. A saber: “La esencia de la justicia estriba en la particularización de las normas (…) El legislador puede proveer justicia tan solo en un plano relativamente general y abstracto. La tarea de realizar lo que Aristóteles llamó “justicia animada”, la de impartir justicia en el caso concreto, le corresponde al juez” (TRÍAS MONGE, José. Teoría de adjudicación, p. 400).

[5] Se sostiene comúnmente que, aunque la documentación corresponda a un certificado de título (CT), en realidad debería considerarse como una suerte de constancia anotada (CA). Esto se debe a que el CT implica una mensura que abarca la totalidad de los derechos, debidamente delimitados. No obstante, al venderse una parte del inmueble, los derechos ya no se refieren a la totalidad, sino únicamente a la porción que continúa siendo propiedad del vendedor. En consecuencia, la propiedad se limitaría a una fracción de la superficie original, lo cual, en términos estrictos, correspondería a lo que define una CA, que tiene por objeto la validación de derechos sobre porciones específicas del inmueble.

[6] Cabe señalar, sin que resulte innecesario, que la aprobación técnica no obliga al tribunal de jurisdicción original. Aunque la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente haya aprobado técnicamente el deslinde, el tribunal tiene la facultad, y la obligación, de rechazar dicho levantamiento parcelario si detecta algún aspecto jurídico, e incluso técnico, que considere irregular. Para ello, el tribunal puede recurrir a inspecciones u otros recursos técnicos a fin de evaluar con mayor profundidad el caso. De hecho, este tipo de rechazos se presenta con relativa frecuencia.

[7] El Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, en sintonía con la cuestión constitucional, de cara al Estado constitucional de derecho, ha emitido una valiosa doctrina jurisprudencial sobre la tutela judicial diferenciada, a saber: “una garante administración de justicia sugiere ejercer una tutela diferenciada y, dadas las particularidades del caso concreto, dar como regular el procedimiento de que se trata, al margen de que expresamente el legislador no haya previsto la hipótesis de que el Abogado del Estado remita el asunto a los tribunales cuando estime que no existe un aspecto penal en el caso, tomando en consideración que, como se ha visto, las partes, en definitiva, han sometido sus pretensiones, marcando la extensión del proceso y el alcance de la sentencia a intervenir” (Sentencia núm.0031-TST-2024-S-00245 dictada, el 06 de mayo del 2024, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).